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domingo, 10 de febrero de 2019

La captura del coronel García Palomo

-Una serie de contratiempos, y la ausencia de articulación política permitieron al Gobierno abortar la Operación Constitución

@javiermayorca

En la página de los diez “más buscados”, la violencia criminal fue reemplazada por la violencia política. Cuando estas listas comenzaron, en septiembre de 2017, alias Coqui era un objetivo habitual, al menos desde el punto de vista declarativo. Luego de casi tres años de OLPs y operativos puntuales en la Cota 905, el líder de una de las principales megabandas de Caracas sigue en libertad. Pero ya como que no lo buscan mucho.
El Gobierno recompuso sus prioridades en materia de seguridad. La delincuencia sigue, pero ahora los “más buscados” son los que de una u otra forma han perturbado la tranquilidad de Miraflores. Quinto en la lista figura todavía el coronel retirado de la Guardia Nacional Oswaldo García Palomo.
En esta web gubernamental como que no se enteraron de que ya este oficial de 54 años de edad tiene varios días en los sótanos (o en la azotea) de la Dirección de Contrainteligencia Militar, en Boleíta.
La captura del coronel tiene numerosos detalles de interés para comprender las aristas del actual conflicto político venezolano. En una declaración suministrada el 31 de enero, el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, afirmó que esta detención fue posible gracias a la previa captura en los Valles del Tuy de un sargento técnico de segunda, Miguel Antonio Palacio, alias Marco, de 44 años de edad, y la del primer teniente del Ejército Alberto Salazar Cabañas, de 43 años, también conocido como Pancho. Este último procedimiento fue llevado a cabo en San Antonio de los Altos, el domingo 27 de enero, según Reverol.
El funcionario indicó que los análisis de telefonía a los dispositivos decomisados a Palacio y a Salazar permitieron dar con la probable ubicación de García Palomo.
Aunque estos dos hombres pueden estar detenidos y sus teléfonos decomisados, esta versión de Reverol tiene inconsistencias. La información en poder del director del Foro Penal, Alfredo Romero, y del general retirado del Ejército Antonio Rivero establece que García Palomo fue privado de libertad el sábado 26 de enero en horas de la mañana. Por lo tanto, lo dicho por el ministro es, en el mejor de los casos, una verdad a medias.
Según Rivero, García Palomo forma parte de un movimiento cívico-militar cuyo objetivo es deponer a Nicolás Maduro. El general, ex director de Protección Civil, se incluye en ese mismo grupo. La idea era aprovechar la conmoción ocasionada en el país a propósito de la sorpresiva juramentación de Juan Guaidó como presidente interino, para dar así el golpe final al régimen.
Este interinato, sin embargo, los tomó por sorpresa también a ellos. De repente, el coronel llegó a la convicción de que se necesitaba apurar los preparativos, y se adentró en territorio venezolano con la esperanza de ultimar la ejecución de la llamada Operación Constitución. Pero no había un consenso en torno a la pertinencia de la acción en este momento. Rivero indicó que a García Palomo le habían advertido sobre los altos riesgos que correría.
Según fuentes castrenses, García Palomo había coordinado un encuentro con otros integrantes del movimiento en un punto de la autopista José Antonio Páez, en Barinas. En ese preciso lugar estaba una comisión de la policía judicial, esperándolo. Era claro que lo habían delatado.
Los problemas de comunicación entre los distintos participantes, así como las dificultades para encontrar gasolina, también perjudicaron la fluidez de la operación.
Según la ficha suministrada por el Gobierno, este oficial retirado está ligado a “actos terroristas contra el Estado venezolano, protegido y financiado por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia”. Nada que ver con el hombre que residía con su familia en una casa erigida en las apacibles montañas de Carrizal, rodeado de canes. En concreto, al coronel lo implican en todas las conspiraciones presenciadas en 2018. Desde la encabezada por el comandante del batallón Ayala del Ejército Igbert Marín Chaparro hasta la de los drones que estallaron el 6 de agosto en el centro de Caracas, precisamente en el acto aniversario de la Guardia Nacional.
Rivero recordó haberle preguntado a García Palomo sobre su involucramiento en los estallidos de estos artefactos.
“El me lo negó, dijo que no tenía nada que ver con eso, aunque conocía a los que estaban en el plan. Pero era otro grupo”, recordó el general.
500 brazaletes, solo 6 detenidos...
Según Reverol, las pesquisas en torno al coronel dieron como resultado las detenciones de seis personas. Igualmente, son buscados dos oficiales activos de la Armada.
En la camioneta Tucson donde se trasladaba García Palomo, junto al también coronel retirado José Acevedo y el civil Antonio Iabichela Barrios fueron encontrados 500 brazaletes con una bandera tricolor y las siglas OC, por Operación Constitución.
Todo indica que las verdaderas dimensiones de este movimiento son desconocidas para el régimen. A juzgar por lo incautado y la escasa información aportada, abarca tanto a efectivos de tropa como a oficiales de tres componentes castrenses. Estas iniciativas atomizadas, como fue también la de los sargentos de la Guardia Nacional que se atrincheraron en Cotiza el 21 de enero, añade un factor importante de presión a lo interno de la Fuerza Armada, e igualmente al oficialismo y a los factores políticos de la oposición que intentan una salida concertada a la crisis venezolana. El desenlace es impredecible.

Breves

Coca tierna, lista para la cosecha
-En la medida en que avanza la crisis económica, la economía de la droga toma nuevos espacios en el país. Antes, el dinero derivado de esta industria surgía de las ventas al detal y al mayoreo, así como también del suministro de precursores e insumos, y de las comisiones por legitimación de capitales. Sin embargo, desde 2018 se tiene constancia por tres fuentes independientes de que hay contingentes de venezolanos dedicados al cultivo de la coca, en el departamento colombiano Norte de Santander. Los primeros viajes fueron de jóvenes residenciados en poblaciones del Sur del Lago y Táchira. Pero rápidamente llegaron merideños e incluso gente de Aragua. No hubo anuncios de prensa ni convocatoria a través de las redes sociales. Todo fue boca a boca: “Me dijeron que allá sembraban, y fui a ver”, dijo uno de ellos. Los jóvenes se trasladan por sus propios medios a La Gabarra, donde buscan alojamiento por muy pocos días, hasta que llega un “patrón” y los convoca para llevarlos a determinados fundos, donde pueden pasar hasta dos semanas continuas, llenando bongos de hoja que han cosechado. A ellos los llaman “raspachines”. Debido a la necesidad de ingresos, los jóvenes venezolanos se han convertido en mano de obra barata para las primeras etapas de elaboración de la cocaína, es decir, hasta que el arbusto se transforma en pasta base. Los cultivadores venezolanos de coca pueden hacer hasta cuatro viajes anuales a Colombia. Todo depende de variables ambientales. Según estimados de Naciones Unidas, en Norte de Santander ha ocurrido un notable incremento de la superficie cultivada con coca, hasta abarcar el 9% del total colombiano.

-Mucho se ha comentado sobre la situación de hambre que se pasaría en unidades militares. Esto es cierto hasta un determinado punto. En el estado Miranda, por ejemplo, en un día de diciembre el menú para los uniformados era arepa con pescado en picadillo para desayunar, pasta con el mismo guiso para almorzar y arroz aderezado con lo mismo para la cena. En otra unidad comen mejor: arepa con caraota y queso para empezar el día; pasta con pollo y berenjena para almorzar y prácticamente lo mismo para cerrar la jornada. Durante la época de mayor escasez de carne, hubo unidades que se vieron desprovistas de proteína para sus tropas y oficiales, y tuvieron que solicitar “colaboraciones” de dueños de abastos y supermercados. Otra cosa ocurre con los guardias nacionales y efectivos del Ejército cuando se encuentran desplegados en operaciones. En zonas urbanas, se ha podido ver a los militares pidiendo almuerzo a las mismas comunidades a las que prestan un servicio de policía preventiva. En las zonas rurales, la cosa depende también de los aportes privados. A finales de 2018, un hacendado de Apure se vio en un dilema: o entregaba una res para que los militares comieran, o quedaba a merced de elenos y faracos convertidos en bandoleros.

-El domingo 13 de enero, el Comando Estratégico Operacional (Ceofanb) anunció que el día siguiente comenzaría en todas las regiones militares el primer proceso de alistamiento correspondiente a 2019. Este año el llamado a filas castrenses tiene especial importancia, debido a las condiciones políticas del país y a la evidente pérdida del pie de fuerza de la FAN, en especial en los componentes de ocupación terrestre, como son el Ejército y la Guardia Nacional. Sin embargo, para ese momento la información no había bajado hasta todos los comandos de zona. De manera que aún no había un mandato claro en cuanto a cuál sería el número mágico que debía aportar cada componente en cada estado. A esto se le llama “cuota”. Cuando Chávez llegó al poder, en 1999, hasta 2014, se consideraba cuarteles adentro que no era necesario acudir a métodos compulsivos para alcanzar la cifra de conscriptos, pues las personas de ambos sexos con edades que podían ir desde los 18 años hasta los 30 años, acudían voluntariamente, atraídas por las facilidades para adquirir conocimientos sobre algún oficio, y la seguridad de que recibirían alimentación y alojamiento. Ahora, eso no es así. Entonces, está en el ambiente la posibilidad de que sean aplicados procedimientos que veíamos en los últimos años del siglo pasado: policías y militares en la calle, bajando a los pasajeros de las busetas e interceptando a transeúntes para exigir que les mostraran la constancia de inscripción. Pero, hasta el momento de la redacción de estas líneas, eso no ha ocurrido. Pensar, además, que se meterán en centros educativos para llevar a cabo la recluta es absurdo. Aun así, hay que estar pendientes con lo que suceda en las calles, pues el aumento de la conflictividad, interna y externa, podría suscitar medidas desesperadas.

Libros 

Quizá una de las palabras más publicadas en la actualidad sea “transición”. Pero muchas veces se habla de eso sin saber muy bien cuál es su real significado. El desafío de llenar de contenido a este término fue asumido por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. En noviembre de 2018 fue lanzado el libro La consolidación de una transición democrática. El desafío venezolano III. En esta entrega, el grupo coordinado por los profesores Benigno Alarcón y Sócrates Ramírez abordó los temas medulares de lo que debería ser el paso de un estatus político a otro, tomando en cuenta la particular realidad nacional: los problemas económicos, las relaciones internacionales, el sistema electoral, las relaciones entre los líderes y la sociedad civil, la libertad de expresión, el estado de derecho, la seguridad ciudadana y la Fuerza Armada Nacional. Para la realización de cada capítulo, se hicieron jornadas de reflexión con la participación de estudiosos de los temas correspondientes. En asuntos de seguridad ciudadana, se plantean nueve recomendaciones, destinadas a producir “victorias tempranas” y enviar un mensaje en el sentido de que se puede tener efectividad distanciándose de las tácticas militaristas y reivindicando el estado de derecho. En materia de control a las armas de fuego, se propone establecer un sistema de incentivos para policías y militares que muestren efectividad en el cumplimiento de esta tarea. Igualmente, se plantea la conformación de un Centro Nacional de Inteligencia criminal, adscrito al ministerio de Relaciones Interiores, así como también la convocatoria a la Organización de Naciones Unidas para conformar una Comisión contra la Impunidad en materia de lucha contra la corrupción, inspirada en el modelo guatemalteco. El tema de la Fuerza Armada, en cambio, fue tratado en términos mucho más generales. Y es lógico: la perspectiva de una frágil gobernabilidad en una situación de transición hace pensar que los militares seguirán teniendo una importancia vital en el devenir político. Sin embargo, era necesario retomar dos conceptos que propiciarían un debate posterior sobre una eventual reinserción de la FAN en los nuevos tiempos: prevalencia del mando civil y control sobre todos los procesos de la institución, desde las adquisiciones hasta los ascensos. En este terreno, el texto queda en deuda.

domingo, 27 de enero de 2019

Sargentos en armas

-El alzamiento de los sargentos de la Guardia Nacional, el lunes 21 de enero, es una señal más de la peligrosa descomposición de la Fuerza Armada Nacional

@javiermayorca

La madrugada del 21 de enero ocurrió un hecho inusitado en la historia militar de Venezuela: un grupo de por lo menos 27 sargentos de la Guardia Nacional, emplazados en unidades del Distrito Capital, se rebeló contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Este hecho, se reitera, no tiene parangón. Ni siquiera los alzamientos frustrados de febrero y septiembre de 1992 se le pueden equiparar. En este caso, hubo dos aspectos fundamentales: 1) se trató de un movimiento ejecutado exclusivamente por efectivos de tropa, y 2) solamente participaron uniformados de la Guardia Nacional.
Bandres, líder de la asonada
Lo ocurrido ese lunes, a partir de las 3 am, tomó por sorpresa al estamento castrense del país. En los días previos, aunque con mucha antelación, fueron emitidas algunas alertas ante la posibilidad de que factores externos a la FAN intentaran tomar por asalto alguna unidad desprotegida, especialmente en el interior del país. Pero no se esperaba que las irrupciones fuesen ejecutadas por gente de la propia institución, actuando además de forma independiente y en apariencia impulsiva.
El grupo liderado por el sargento mayor José Gregorio Bandres se adueñó de los parques de armas de despachos militares en Macarao y Petare. En este proceso, por lo tanto, logró cruzar toda la ciudad sin ninguna resistencia. Luego se hizo fuerte en la sede del Escuadrón Montado de la propia GN en Cotiza.
Desde allí, Bandres y su grupo emitieron por lo menos seis videos, que corrieron como pólvora a través de los sistemas de mensajería, y eventualmente tuvieron eco en la prensa independiente. Aun así, la gente veía estas acciones con escepticismo, lo que le restó apoyo popular al grupo militar en las primeras de cambio. Tuvo que salir la hermana del profesional de armas, Rosangel Bandres, en una declaración rebotada por la prensa internacional, a asegurar que lo ocurrido en Cotiza no era ningún “pote de humo”.
Según los primeros partes conocidos ese mismo día, Bandres formaba parte de la plantilla del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) de la GN en Macarao. Esta es la misma sede que se vio “tocada” por agentes de Contrainteligencia Militar durante las pesquisas sobre un supuesto complot en el que participaban efectivos de fuerzas especiales de tres componentes de la FAN, en mayo de 2018. De hecho, en Macarao fueron detenidos seis oficiales en aquella oportunidad.
Es posible, entonces, que estemos ante un capítulo más de un movimiento que se viene gestando al interior de la FAN desde hace meses, y que no ha crecido más debido a las detenciones y a la incomunicación entre las distintas fuerzas, lo que impide agrandar la magnitud de estas conspiraciones.
Una vez más, los llamados “planes de reacción” en las unidades militares tardaron tanto que el sargento Bandres y su grupo tuvieron tiempo suficiente para ir de un extremo a otro del valle caraqueño sin contratiempos. Su decisión de atrincherarse en el Escuadrón Montado de Cotiza e iniciar la emisión de videos no tiene otra explicación más allá del interés de visibilizar la fractura interna de la Fuerza Armada. En las negociaciones, otros efectivos de tropa alzados se quejaban por la falta de medicamentos y expresaban que ellos padecían los mismos males que el resto de la población venezolana.
Es claro que el sargento y sus 26 acompañantes no tenían la intención de hacer armas contra la jerarquía castrense que salió a negociar con ellos. El riesgo de bajas colaterales era muy alto en esa zona densamente poblada. Aun así, estaba latente la repetición de la solución aplicada por la FAES contra el inspector jefe de Cicpc Oscar Pérez, hace apenas un año. De allí los reiterados llamados para que los pobladores de ese sector al norte de la ciudad salieran a manifestar en apoyo a los sublevados. Y lo hicieron, a pesar del riesgo que significaba expresar oposición al Gobierno en la antesala de uno de los colectivos más poderosos en la actualidad, el 5 de Marzo, que se adueñó de la antigua sede de la Policía Metropolitana.
A estas alturas, la Guardia Nacional es el componente que más presos tiene por razones políticas desde 2018. No solo los hubo en mayo, a propósito del complot de las unidades especiales, sino también en agosto con el caso de los drones en la avenida Bolívar. A estos dos episodios habrá que sumar otros 27 por la rebelión de los sargentos.

Breves

-¿Para qué ha servido la política de desarme aplicada por el Gobierno a partir de 2012? Esta iniciativa fue anunciada como una fórmula para disminuir la letalidad del delito. Para el momento en que fue lanzada por el extinto Hugo Chávez, se hablaba con preocupación de la alta frecuencia del uso de armas de fuego en homicidios, robos genéricos y robos de vehículos. La propaganda asegura que ha sido una política eficaz, puesto que según el ministro Reverol durante 2018 fueron destruidas más de 25000 armas. Sin embargo, este no es un indicador real sino un dato suelto, que se divulga para impresionar. Es necesario hacer una comparación entre la situación antes de iniciado el desarme, es decir, en 2011, y lo que ha sucedido después. Según el documento que dio origen a la Gran misión A Toda Vida Venezuela, en los años previos a la política de desarme eran usadas pistolas, revólveres, escopetas y afines en el 79% de los homicidios registrados en el país. En 2018, de acuerdo con datos conocidos extraoficialmente, fueron usadas armas de fuego en el 83,56% de los homicidios. Esto es 4,56 puntos porcentuales más que lo registrado hace siete años. Si se suma a esta cifra las muertes por “resistencia a la autoridad” –que también son homicidios-, el porcentaje de uso de armas de fuego sube a 88,6. Con estos datos, se puede evaluar si ha sido efectiva o no la política de desarme en Venezuela.

-La detención del diputado Juan Guaidó a manos de un grupo especial del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), el domingo 13 de enero, revela hasta qué punto llega la disputa por los espacios de poder dentro del régimen. El presidente del Parlamento fue interceptado por tres vehículos sin rotulado policial y privado de libertad durante apenas una hora, lapso en el que los agentes encabezados por el comisario Hildemaro José Rodríguez (conocido en la policía política por la violencia de su proceder) lo trasladaron hasta la central de Plaza Venezuela con la aparente pretensión de encarcelarlo en La Tumba, tal y como hicieron con el ex ministro de la Defensa, Raúl Baduel. Pero esta orden no corrió por los canales regulares. En la policía política esto es habitual, tal y como lo han corroborado informes sobre detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas presentados por organizaciones no gubernamentales ante la Corte Penal Internacional. Igual, hubiesen podido montar un expediente con posterioridad, basados en supuestos o datos de patriotas cooperantes, y avalados por un fiscal y un juez. El problema, en este caso, es que la orden no provino de Miraflores sino de la misma fracción radical del oficialismo que a finales de 2018 interceptó la caravana presidencial en el sector Boquerón. El comisario Rodríguez, además, aparece mencionado directamente en el expediente sobre la muerte del concejal Fernando Albán.

El VN4 ardió el Guanare
-La policía judicial adelanta las averiguaciones sobre los homicidios de dos manifestantes y las lesiones a otros doce durante las protestas reportadas en Guanare, el 23 de enero. Las víctimas fatales fueron el estudiante de ingeniería de la Universidad Yacambú Juan Rafael Medina Torres, de 19 años de edad, y el vendedor informal Jhonny Jesús Pacheco, de 23 años. Medina murió como consecuencia de un impacto de proyectil en el pecho, mientras que Pacheco tenía varias heridas por proyectil en el costado derecho. Diez de los lesionados fueron heridos por proyectiles, mientras que el resto recibió impactos por objetos contundentes. Todo esto ocurrió entre el mediodía y las 4 pm. En la contención a la protesta antigubernamental participaron efectivos de la Guardia Nacional adscritos al destacamento 311, así como al Centro Penitenciario de los Llanos, quienes fueron enviados como refuerzo. También estaban agentes de las policías Nacional y del estado Portuguesa. Los militares acudieron a rendir declaración ante el eje de investigación de homicidios en Guanare dos días después. Se suponía que algunos manifestantes pudieron morir debido a una reacción desmedida de estos funcionarios. Algunos de ellos tripulaban un blindado VN4 que fue incinerado por molotov, luego de que se detuviera debido a una falla mecánica. Algo que llama la atención es la similitud de los testimonios rendidos ante Cicpc. Como si hubiesen aprendido un libreto. Sin embargo, hay testimonios de víctimas y de los propios militares que señalan a personas vestidas de civil, algunas provistas de escopetas y otras de armas cortas, mezcladas entre los manifestantes. Es posible entonces que se tratara de policías o miembros de colectivos. Por cierto, entre los heridos por disparos figura un agente del cuerpo de seguridad regional, Luis Alberto Hernández, de 36 años de edad.

-Mientras transcurren los meses, se profundiza la intervención a la policía municipal de Chacao. La medida inicialmente fue tomada por el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, mayor general Néstor Reverol, en octubre de 2018, ante una evidente insubordinación de jefes de unidades frente al director de entonces, comisario Luis Godoy. Parecía algo meramente provisional, para transitar por la crisis y devolver estabilidad. Tres meses después, da la impresión que el gobierno central no está dispuesto a soltar la conducción de este organismo, ejercida a través del comisionado jefe de la Policía Nacional Valmore Cirilo Turín. En ese lapso, por el contrario, los funcionarios municipales que ejercían posiciones de mando han sido desplazados por agentes de la PNB. Ahora vemos a un cuerpo municipal que se incorpora de manera activa a los actos del oficialismo. Así sucedió durante la juramentación de Maduro para su nuevo período. PoliChacao aportó 27 funcionarios para la operación Ratificación de la Soberanía Democrática 2019, con lo que entregó prácticamente la mitad de su pie de fuerza operativo.

Tres preguntas a… Rocío San Miguel (directora de Control Ciudadano)

-Llama la atención la tardanza en el pronunciamiento del Alto Mando sobre el tema Guaidó. ¿Hay pleno consenso en la cúpula militar al respecto?
-Es lo más sorprendente que ocurrió el 23 después de asumir Guaidó la Presidencia de la República, la ausencia de un pronunciamiento del Alto Mando Militar, que esperó hasta el día siguiente para realizarlo. El resultado puede verse de esta manera: la FANB no fue capaz de pronunciarse conjuntamente en favor de Maduro o Guaidó el 23 de enero. Eso para mí es muy revelador del estado de ánimo dentro de la institución.

-Luego de muchos rumores a finales de 2018, vemos que no se han concretado los cambios en el Ministerio de la Defensa. ¿Qué factor es el considerado para que Padrino se prolongue tanto en el cargo?
-Se esperaba un cambio, dada la antigüedad de Padrino y el previsible deseo de relevo generacional de quienes vienen atrás. Sin embargo, el 10E ha significado el inicio de una ruta de profunda inestabilidad para el poder que detenta Maduro, de allí que haya preferido no alterar el estado de cosas en la única fuente de poder real que lo sostiene: la FANB.

-MinDefensa ordenó de repente unos ejercicios cívico-militares. ¿Cómo interpretar esa orden en este contexto político?
-El anuncio lo hizo Maduro al momento de juramentarse de manera espuria ante el TSJ. Era para ese momento una manera de fortalecer su imagen como Comandante en Jefe de la FANB, por si había dudas. Sin embargo, a estas alturas, ese ejercicio se está convirtiendo en un pesado equívoco, entre otras razones por el esfuerzo económico que supone, imposible para un Maduro que está siendo objeto de un bloqueo económico en el acceso a recursos de Venezuela en el exterior, que están siendo orientados por países como Estados Unidos y el Reino Unido, al control de Guaidó. Y por el error estratégico que significa revelar el estado de apresto operacional de una Fuerza Armada que espera una supuesta “invasión”, como reiteradamente advierte Maduro. Es jugar una posición adelantada, que puede terminar por ser contraproducente para los intereses de Maduro en el poder.

Libros

Luego de los ataques contra el World Trade Center y el Pentágono, el 11 de septiembre de 2001, la literatura sobre el tema del terrorismo se ha multiplicado de manera exponencial. Son numerosos los periodistas, politólogos y académicos de otras disciplinas que han reflexionado y aportado distintas perspectivas para entender esta forma de violencia política en el siglo XXI. Lawrence Wright figura entre los más destacados, luego de publicar en 2006 La torre elevada. Esta obra lo hizo acreedor del premio Pulitzer. Once años después llega a los anaqueles Los años del terror. De Al Qaeda a Estado Islámico (Barcelona, 2017). En este caso, se trata de una colección de reportajes, aderezados con vivencias del autor en su tránsito por diversos territorios dominados por el islamismo, así como las investigaciones sobre actores y movimientos que han marcado pauta en el particular conflicto que se libra en Afganistán, Irak y Siria. Aunque toda la obra resulta especialmente interesante y deliciosa de leer –lo que dice además de una excelente traducción del idioma original-, hay tres capítulos que en lo personal resultaron de especial atención. El primero, una larga semblanza del médico egipcio Ayman al Sawahiri, conocido como “el hombre detrás de Bin Laden”, y actual líder máximo de Al Qaeda. Un texto sincero, que refleja las contradicciones y alianzas por conveniencia dentro del movimiento que ejecutó el mayor atentado terrorista de la historia. Wright confirma que al Sawahiri era la verdadera mente maestra del grupo, con miras mucho más profundas y lejanas que las del líder saudí. Más adelante en el libro,  encontramos un detallado relato de la iniciativa de David Bradley, un empresario y filántropo estadounidense, dueño del emporio Atlantic Media, que a partir de 2014 motorizó la iniciativa, dulce y amarga a la vez, de liberar a cinco rehenes de grupos terroristas en Irak y Siria, muchos de ellos periodistas independientes a los que Bradley ni siquiera conocía. El libro finaliza con una reflexión sobre cuáles son los mejores métodos para mitigar o eliminar el terrorismo, que en fin de cuentas es una forma de violencia política. Wright suscribe lo afirmado por académicos, en el sentido de que los grupos terroristas no siempre fracasan. De hecho, han alcanzado sus objetivos de lucha en el cinco por ciento de los casos. Aunque se trate de una porción muy pequeña, sirve para dar ilusión a quienes adoptan ese camino. Incluso, en casos como el de las FARC en Colombia, no se puede hablar de éxito pero tampoco de una derrota, puesto que la guerrilla más antigua de las américas logró transformarse e insertarse en la llamada “política legal” de ese país, lo que le da la posibilidad de obtener cuotas de poder. Para atacar al terrorismo, insiste el autor, no hay fórmulas mágicas. Lo que sirve en ciertos escenarios es totalmente inútil en otros. Lo cierto es que, desde septiembre de 2001, el mundo en general se ha hecho más inseguro y menos libre.  

domingo, 13 de enero de 2019

Las claves de la sanción a Gorrín

-La decisión del Departamento del Tesoro contra el presidente de Globovisión tiene detalles reveladores de la estrategia estadounidense contra el régimen de Maduro

@javiermayorca

La decisión de incorporar al empresario venezolano Raúl Gorrín a la llamada “lista negra” de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) reviste numerosos e interesantes detalles que conviene explicar, para lograr un mejor entendimiento de la estrategia que adopta en la actualidad el gobierno de Donald Trump hacia el régimen venezolano.
1.-Es el primer gran empresario sancionado por su complicidad con el régimen. En el preámbulo de la decisión anunciada por el Departamento del Tesoro, el martes, se invoca una Orden Ejecutiva emitida por el presidente Trump en noviembre de 2018, basada a su vez en el Acta de Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela, una ley aprobada por el Congreso estadounidense en 2014. De manera que a Gorrín no se le aplican disposiciones por asuntos de drogas o de terrorismo, sino porque a los ojos de Washington ha puesto sus activos en defensa del régimen de Nicolás Maduro.
En atención a la secuencia de hechos, se debe recordar que en mayo de 2018 otro empresario, Rafael Sarría, también fue sancionado en virtud de la Ley de Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela. Pero en ese caso el Tesoro lo caracterizó como un “testaferro” del actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Es decir, un hombre que opera en las sombras con dinero que no le pertenece. A Gorrín, en cambio, se le coloca como el centro de una operación de sobornos y corrupción, que abarcó a dos tesoreros de nación, como fueron Alejandro Andrade y Claudia Díaz, así como también a testaferros e individuos ligados por nexos de afinidad y consanguinidad, a través de los cuales se manejaba un emporio de 23 empresas, entre ellas el canal Globovisión (luego de ser vendido en 2013) y Seguros La Vitalicia.
2.-Un expediente administrativo, y otro penal. A menudo, la gente confunde las decisiones del Departamento del Tesoro con investigaciones penales. Ambas cosas son independientes, pero eventualmente pueden ser complementarias. En el caso de Gorrín, un Gran Jurado aprobó un juicio por supuestos delitos sancionados en una ley estadounidense que impide sobornar a funcionarios públicos en el extranjero (Acta de Prácticas Corruptas en el Exterior). La acusación correspondiente cita supuestas operaciones de lavado de dinero a través del Banco Peravia, una entidad financiera dominicana que entró en quiebra y defraudó a cientos de clientes, algunos de ellos venezolanos. Peravia también fue usado para legitimar dinero procedente del tráfico de drogas. Pero en el caso de Gorrín era solo un instrumento más de su entramado para manejar el dinero obtenido a través de las manipulaciones en el sistema cambiario venezolano.
3.-Uso de paraísos fiscales, dentro y fuera de EEUU. De las 23 empresas cuyos activos fueron congelados por el Tesoro, tres fueron registradas en Caracas (Globovisión, Corpomedios GV y Seguros La Vitalicia), pero dos de ellas (Globovisión Tele y Corpomedios) tienen especies de corresponsales registrados en Miami (Globovisión Tele Ca Corp y Corpomedios LLC). En la ciudad de Florida también fueron inscritas otras siete corporaciones. En Nueva York fueron detectadas otras cinco empresas, generalmente destinadas al manejo de bienes inmuebles. Junto a ellas, fueron congelados los activos de otras cinco compañías inscritas en Dellaware, un pequeño estado en la costa este de Estados Unidos cuya legislación permite la incorporación de sociedades anónimas a través de agentes autorizados, no tiene regulaciones a la usura, las empresas pueden ser unipersonales y algunas tasas de impuestos son menores que las de otros estados. Por estas y otras razones se le califica como un “paraíso fiscal corporativo”.
Igualmente, en la estructura empresarial comandada por Gorrín hay por lo menos una compañía (Constello Inc) que opera en otro paraíso fiscal, el archipiélago Saint Kitts & Nevis, o San Cristóbal y Nieves, conocido por las facilidades que brinda para la instalación de bancos off shore, que ofrecen absoluta confidencialidad para el manejo de los fondos y muy bajos impuestos. Las historias de lavado de dinero que transcurren en esos parajes caribeños han sido relatadas en cientos de páginas del periodista Jeffrey Robinson.
4.-Más de 3,5 millardos de dólares en la estructura. Según el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, las siete personas sancionadas el martes lograron beneficios de aproximadamente 2,5 millardos de dólares gracias a las influencias en el régimen de cambio diferencial, que por cierto aún impera en Venezuela. A esta cifra se debe sumar otro millardo de dólares, presumiblemente acumulado por el ex tesorero de la nación, Alejandro Andrade. Son entonces 3,5 millardos, una suma astronómica para los ojos de cualquier venezolano común. Pero este monto palidece ante la magnitud del flujo ilícito de capitales detectado en el país desde que se implantó el diferencial cambiario, en 2003. Los números varían según quién los calcule. De acuerdo con la organización Global Financial Integrity, durante los últimos quince años salieron del país mediante operaciones ilícitas de todo tipo un promedio anual de 12,3 millardos de dólares. Entonces, la tramoya en la que participaban Gorrín, Andrade y su reemplazo Claudia Díaz, así como el resto del grupo, si bien es muy importante como caso ejemplarizante no es para nada el punto final en la historia de la corrupción venezolana. El tema Petróleos de Venezuela sigue pendiente. En Estados Unidos se debaten sobre si la estatal venezolana puede ser caracterizada como una empresa criminal en sí misma, instrumento de un “estado mafioso”, o si por el contrario se trata de una entidad eventualmente utilizada en provecho de un grupo de individuos, pero que mediante una reingeniería puede volver a su cauce normal. En fin de cuentas, de allí surgieron las divisas que engrosaron las fortunas de Gorrín y compañía. Sobre el sector petrolero venezolano muy probablemente tomará Washington algunas decisiones en el futuro inmediato.

Gorrín era el centro de la estructura

Finalmente, se debe reconocer que la sanción al dueño de Globovisión fue estratégica en varios sentidos. Es muy claro que el emporio de Gorrín no era de uso exclusivo del Gobierno sino también de un sector de la oposición, que ahora quiere cubrir este caso bajo un manto de silencio.

PS: cuando esta columna era publicada por Runrun.es y Tal Cual, el jueves 10 de enero, el gobierno de Perú publicaba una lista de cien personas ligadas al régimen, y a las cuales se les congelaría los bienes que poseen en ese país, y se les prohibiría la entrada. Los últimos siete nombres son, precisamente, los de Gorrín y el resto de los sancionados por el Tesoro. El ex tesorero de la nación, Alejandro Andrade, no fue incluido.

Breves

-El 26 de diciembre, tres efectivos de la Armada adscritos a la base científico-naval Simón Bolívar, en Isla de Aves, se hicieron a la mar en un pequeño bote inflable. Poco después, los perdieron de vista, y desde entonces no se ha sabido nada más de ellos. La embarcación tipo zodiac -equipada con un motor fuera de borda- era tripulada por el sargento primero Víctor García Navarro, y los cabos segundos Gustavo Fuentes Vera y Yohander Bravo Colmenares. El primer parte conocido sobre esta situación indica que los militares salieron a hacer una “prueba de mar”, y que aproximadamente a las 4:30 pm se perdió el contacto visual entre los tripulantes y la base, que opera en una edificación tipo palafito.  Aparentemente, el motor sufrió un desperfecto y la nave quedó a la deriva. De acuerdo con el comisario jubilado de Cicpc Héctor García, tío del sargento García Navarro, la búsqueda del bote siniestrado y sus tripulantes se inició con excesivo retraso y “en sitios equivocados”. Según el parte militar, para el rastreo del bote fue asignado el buque de vigilancia Naiguatá, que estaba en La Guaira, y la isla donde está la base de la Armada se encuentra a 650 kilómetros de allí. También se hizo coordinación con el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, que hizo algunos recorridos aéreos por su jurisdicción, pero resultaron infructuosos. Al comisario le causa suspicacia la actitud de los voceros del componente militar: “Hay un silencio hermético”. Además, las pocas informaciones que le han suministrado extraoficialmente han sido contradictoras. Con esto, podrían intentar el ocultamiento de las deficiencias de la institución, como por ejemplo que se permitió a los efectivos zarpar sin contar con equipos de supervivencia ni de comunicaciones. No se descartan otras explicaciones. Para el momento de la redacción de esta nota, eran pocas las esperanzas de encontrar a los tripulantes con vida. El caso será denunciado ante las autoridades competentes.

A la deriva por el Caribe
 -Hay un auténtico deslave en la Policía Nacional. Los informes de gestión emitidos a finales del año pasado reflejan la preocupación de los jefes de las distintas unidades por las carencias de recursos, tanto materiales como humanos. En la región de Los Andes, por ejemplo, el comandante de uno de estos despachos tuvo que admitir por escrito que las motocicletas y automóviles a menudo eran reparados con los recursos aportados por los propios funcionarios o por entidades privadas. En Caracas, la situación no es mejor. Por ejemplo, el servicio de vigilancia a las vías expresas, con más de 550 agentes en nómina, perdió en 2018 más del 20% de su pie de fuerza debido a deserciones y abandonos injustificados del puesto. Otro 40% de los efectivos no asiste a trabajar por razones diversas, como son los permisos, vacaciones y comisiones de servicio. Esta es uno de los factores por los que se percibe cada vez menos vigilancia policial en las calles de las grandes ciudades del país. Desde luego, en los cuerpos de seguridad municipales ocurre otro tanto, e igualmente en la Guardia Nacional. Según fuentes castrenses, este componente –que también es destinado a trabajos de vigilancia preventiva- perdió más del 10% de su tropa solamente en 2018.

-El martes 15 de enero se cumple el primer año de la muerte del inspector jefe de la policía judicial Oscar Pérez. El funcionario, caracterizado por acciones espectaculares como el hurto de un helicóptero de su policía en La Carlota para sobrevolar al Tribunal Supremo de Justicia y lanzar dos granadas aturdidoras, o el asalto al parque de armas de un puesto de la Guardia Nacional en Lagunetica de la Montaña, sin que hubiese un solo herido o muerto, falleció a manos de un grupo de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, cuando ya había depuesto sus armas y había manifestado su intención de entregarse. Todo esto lo saben en la policía judicial, donde Pérez desarrolló su carrera profesional como instructor. Pero la procesión va por dentro. No quieren que se manifieste. En una reunión llevada a cabo a principios de esta semana, el director de Cicpc Douglas Rico prohibió a los agentes la emisión de cualquier tipo de cadenas o mensajes conmemorativos a través de whatsapp u otros sistemas de mensajería. No quiere que trascienda el descontento que aún existe en las filas de la institución a propósito de este caso. Amenazó con tomar medidas disciplinarias contra los jefes de unidades que permitan la “propaganda” a favor del funcionario caído.

Tres preguntas a… Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia

-Ud ha advertido sobre la existencia de una “cifra negra” en los homicidios en Venezuela. Esto desafía las nociones clásicas. ¿En qué consiste eso y cuál sería la actual magnitud de tal cifra negra en el país?
-En general, la idea es que los homicidios no tienen cifra negra, porque no es necesario que sean denunciados, porque hay un cadáver y las autoridades deben actuar. Sin embargo, esto se ha visto muy discutido en el mundo, incluso en países desarrollados, con sistemas policiales y criminales completos. Se han establecido cifras negras, y las razones pueden ser varias: 1) el cadáver es ocultado, algo que ha ocurrido alrededor de las masacres; 2) mala clasificación o de intencionalidad para ocultar las causas de muerte. En Venezuela, hicimos un estudio detallado. Nos indica que al menos tenemos un 33% de cifra negra de homicidios. Digo al menos, pues el estudio, cuyos resultados presentaremos de manera detallada en los próximos meses, nos habla de una cifra mayor. Esta cifra la presentamos en nuestro informe anual de 2018. Pero para que no se pensara que intentábamos manipular, mantuvimos la misma metodología que usábamos en años anteriores, y que al final nos arroja este mínimo de cifra negra.

-¿Bajó la criminalidad en el país durante 2018, tal y como lo asegura el Gobierno?
-La criminalidad ha cambiado de forma en Venezuela, y eso ha hecho que algunos indicadores disminuyan o bajen. En nuestro informe de 2018 establecemos una reducción en la tasa de homicidios. Hay diversas explicaciones. Una es la notable emigración. Otra pudiera ser el resultado de las operaciones de exterminio del Gobierno, y hay menos homicidio porque hay menos homicidas en la calle. Otra explicación puede ser una restricción notable en el acceso a los datos. Globalmente, se pueden apreciar algunos cambios en las modalidades de delitos que pudiera ser interpretada como disminución, pero que lo que indica es el movimiento de un tipo de delito al otro. Por ejemplo, en Venezuela desaparecieron los robos a bancos. ¿Qué sentido tiene robar un banco si no hay efectivo, o si este efectivo que pudiera tomarse no tiene ningún valor? En diciembre detuvieron a un hombre que robaba en un banco, pero no era el dinero sino las computadoras. Es decir, era un robo a una oficina, no a un banco. También desaparecieron los paseos millonarios, esos secuestros para que la gente sacara dinero de los cajeros automáticos. Algo similar puede decirse sobre los robos de vehículos. Hay menos vehículos en el país, y por eso hay menos robos. Además, hay menos denuncias de estos robos, pues hay menos personas asegurando sus vehículos, y ese era uno de los principales motivos de las denuncias. Ahora prefieren negociar directamente con los delincuentes.

-¿Cuáles son en la actualidad los principales actores de la violencia en Venezuela?
-Son dos: el crimen organizado, y en segundo lugar los cuerpos policiales y militares, a través de sus acciones cuyas víctimas son calificadas como de “resistencia a la autoridad”. El crimen está actuando en distintas partes del país, buscando instaurarse. Hay un nivel de organización menor, que es el de las pequeñas bandas. Pero estos grupos se han desarticulado, y muchos de sus componentes han salido del país, han emigrado. Por esto en Venezuela uno puede ver que en muchas zonas las policías y los militares matan tanto como los delincuentes. Pero incluso hay zonas donde la letalidad de estos cuerpos es superior a la de los delincuentes.

Libros

La verdad es que un libro dedicado al ex presidente colombiano Juan Manuel Santos, de buenas a primeras, no resulta muy atractivo para un lector venezolano. El hombre que gobernó a Colombia desde agosto de 2010 y por dos períodos consecutivos, a pesar de la importante posición que desempeñó, carece del carisma de su antecesor Álvaro Uribe, o del verbo que podía tener Belisario Betancur. Además, padecía de una timidez inocultable, aderezada por una gaguera que se manifestaba precisamente cuando la presión lo acogotaba. Así que el libro Santos, paradojas de la paz y del poder (Bogotá, 2018) uno lo compra, en primer lugar, por la mano que lo escribió: Maria Jimena Duzán, la misma autora de aquella obra extraordinaria Crónicas que matan, periodista como pocas, con un culto hacia el dato duro que, en el caso de su última obra, se complementa con el acceso casi irrestricto a las esferas del poder de turno, lo que no le ha impedido mantener su independencia de criterio. El título del libro, además, puede llevar a equívocos. Más que una biografía, es un extenso reportaje sobre el proceso que desembocó en la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En este relato los hechos giran en torno al Presidente, que se constituyó en el principal impulsor de la iniciativa pacifista. Alrededor, van apareciendo los líderes del grupo guerrillero, los militares que les hacían la guerra y que luego fueron encomendados para construir la paz, Uribe –su principal promotor y luego su némesis- y, en algunos momentos, Chávez y Maduro. Y así, entonces, estas 400 páginas se leen con extremada rapidez. En oportunidades, la autora parece haber sido un testigo oculto de las conversaciones que se desarrollaron en La Habana, con sus conflictos y entendimientos. En la medida en que el proceso transcurría, nos enteramos por ejemplo de que los primeros tres encuentros de la fase secreta y exploratoria entre las FARC y el gobierno de Santos se llevaron a cabo respectivamente en un campamento de esta guerrilla en Rio de Oro (Zulia), La Orchila y Barinas; que Santos intentó preservar hasta último momento las relaciones cordiales con Chávez y, sobre todo, con Maduro, aunque por razones netamente tácticas, y que una vez finalizado el proceso con las FARC la cúpula de la otra gran guerrilla, el ELN, se trasladó a Venezuela. Una lectura agradable y bien documentada sobre hechos de tanta relevancia que hicieron a su figura central acreedora del Premio Nóbel de la Paz.