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domingo, 18 de noviembre de 2018

La FAN desnuda



-El ataque al convoy de la Guardia Nacional en Amazonas, y los eventos posteriores, pusieron en evidencia el deterioro de la Fuerza Armada Nacional

@javiermayorca

El ataque al convoy militar en el sector Picatonal del estado Amazonas, y la posterior reacción de la jerarquía castrense, pusieron en evidencia las deficiencias que aquejan a la Fuerza Armada Nacional, y que le impiden cumplir a cabalidad sus tareas primordiales.
El enfrentamiento con una columna del Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejó un saldo de tres sargentos de la Guardia Nacional muertos y otros once efectivos heridos, de acuerdo con los partes que fueron conocidos extraoficialmente, en la medida en que avanzaban las horas del domingo 4 de noviembre.
La primera deficiencia es producto de conductas que son arrastradas desde mucho antes que Hugo Chávez asumiera la Presidencia. Estamos ante una Fuerza Armada incapaz de hacer una comunicación efectiva sobre los hechos que realmente interesan a la sociedad. Uno se asoma a los órganos divulgativos del estamento castrense, desde el twitter hasta una pomposa televisora, y se percata de que solo son vehículos para una propaganda en la que nadie cree.
Militares documentaron la matanza
Esto contrasta con el silencio oficial durante las horas clave que corrieron durante la mañana de ese domingo hasta la tarde. El vocero por excelencia de la Fuerza Armada, que es el ministro de la Defensa, estaba más pendiente de adelantar las navidades. Los civiles nos dimos cuenta de esa situación, pero primero lo hicieron los militares. Evidencia clara de esto es que, en medio de la crisis originada en el ambulatorio de Puerto Ayacucho ante la llegada de los cuerpos ensangrentados, la información sobre lo ocurrido comenzó a fluir, con minutas y fotos incluidas, a través de canales irregulares y extraoficiales, con una proximidad a los hechos que solo era posible si se viste un uniforme.
Un lector crítico podría pensar que estas líneas las escribe un periodista deseoso de lograr noticias. Y es verdad. Pero esto no exime a la FAN de cumplir con los parámetros mínimos en la divulgación de los hechos relevantes, en la segunda década del siglo XXI, cuando las guerras incluso son transmitidas en directo.
Es que ni siquiera lo hacen para cumplir con los protocolos internos. Luego del asalto a la 41 brigada blindada en Valencia, en agosto de 2017, uno de los aspectos revisados con mayor detenimiento fue la tardanza en la aplicación de los llamados “planes de reacción”, que implican la ejecución de una serie de medidas luego de que se ha verificado un hecho de tal naturaleza. Luego, corrieron radiogramas por todas las unidades, revelando lo inocultable.
Quince meses después de este asalto, nos damos cuenta de que la lección no fue aprendida. Los correctivos no fueron aplicados. La orden de reforzar la vigilancia perimetral e interna a las otras instalaciones castrenses de Amazonas fue transmitida por la jerarquía militar casi al mediodía, es decir, más de cinco horas después del ataque de los elenos. La cosa no fue peor, básicamente, porque los guerrilleros se contentaron con la emboscada.
Uno conversa sobre este tema con militares retirados y las respuestas son generalmente miradas gachas y gestos de negación. Como dando la cosa por perdida. Creen que esta Fuerza Armada tiene pocas posibilidades de mejoría en lo inmediato. La conducta errática del titular de Defensa en los días posteriores al enfrentamiento armado pareciera confirmar esta impresión: de hablar casi en tono comprensivo de unos “muchachos con prendas militares” pasó 48 horas después a una alocución histriónica donde aseguraba a gritos que irían contra todos los irregulares que ya sentaron plaza en el país. Aun así, fue incapaz de singularizar al grupo que protagonizó la matanza, cosa que ya sabíamos gracias al comunicado oficial de la cancillería colombiana.
En este contexto, nos enteramos del contenido de la última Guía de planeamiento distribuida en los componentes castrenses a través del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb). Lo que uno ve a allí también desnuda a la Fuerza Armada: una pirámide que en su base pasa hambre y enfermedades, como la hepatitis que diezma a los estudiantes de la GN, y que en su tope ordena a todas sus capas constituir empresas, de cualquier naturaleza, puesto que para los de arriba la guerra que vale es la económica, y no la que se manifiesta con la presencia activa de grupos irregulares en buena parte del país.
Mientras las cosas sigan como van, veremos muchas más cartas como la del capitán de corbeta Miguel Angel León, obstinado por el “cáncer” que ve cuarteles adentro.
   
Breves

*Siete de los nueve detenidos en Amazonas, señalados de formar parte del grupo del Ejército de Liberación Nacional (ELN) liderado por Luis Ortega Bernal, alias Garganta, fueron recluidos en el Centro Nacional para Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques. Como suele ocurrir en estas circunstancias, una parte de este grupo fue enviado de inmediato a celdas de aislamiento, ubicadas en la planta baja, no se sabe por cuánto tiempo. Estos nuevos integrantes de la población penal podrán ser un verdadero dolor de cabeza, puesto que la mayoría de los reclusos son efectivos de la Fuerza Armada, para quienes los elenos son enemigos naturales. Más aún si llegan allí con el antecedente de haber propiciado la muerte de tres sargentos en funciones. Habrá que estar pendientes de esta situación.

*Desde el mes de octubre, una ola de secuestros sacude al estado Anzoátegui. Esto ha tenido incluso un impacto en las cifras manejadas por el Gobierno. Los despachos policiales admiten que el número de casos denunciados se ha elevado en 150% con respecto a 2017. Pero esto es apenas un pálido reflejo de lo que ocurre en las calles, donde la mayoría de los plagios no es informada a los cuerpos de seguridad. En octubre, por ejemplo, cinco sujetos armados y en motocicletas interceptaron a un hombre cuando salía de una marina en Lecherías. Simulaban un procedimiento policial. Le dijeron que conducía una camioneta robada, y que tendría que ir con ellos a una comisaría para comprobar la legalidad del vehículo. Pero no fueron a ninguna instalación gubernamental sino a una casa particular. Allí le informaron que sabían que él tenía una cuenta en la banca estadounidense, y que no lo dejarían en libertad hasta que transfiriera a otra cuenta en el exterior la cantidad de diez mil dólares. La víctima argumentó que no tenía a disposición los medios para cumplir con tales demandas. Luego le dieron un teléfono y le indicaron que instruyera a su esposa para hacer la transferencia. Poco después, el hombre fue liberado. Ya no se encuentra en el país.

*Con la entrada del nuevo director, general de división (Ejército) Manuel Christopher Figuera, comenzaron algunos intentos de corregir irregularidades en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Hay un nuevo jefe en Investigaciones Estratégicas, que según fuentes internas es un comisario de carrera en la institución. Allí el trabajo apenas comienza. En las regiones se ordenó suspender las “operaciones negras”, en las que utilizaban personas y vehículos sin ningún tipo de identificación, frecuentemente con el propósito de robar, secuestrar y extorsionar. De igual forma, como ocurre cuando hay cambios de mando en este tipo de organizaciones, está planteada la suspensión y renovación de las credenciales ad honorem. Por cierto, durante los últimos días también se han detectado irregularidades con tales carnets en Cicpc y la Policía Nacional, donde incluso detuvieron a seis personas tras el hallazgo de un mercado de chapas de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES). Usaban computadoras e impresoras de alta gama y entregaban los documentos a cambio de pagos en dólares.

*Una lectora escribió al correo crimenessincastigo@gmail.com para relatar un hecho que cada día se hace más frecuente. Sus palabras lo describen con precisión: “Paré mi carro en un estacionamiento privado, y resulta que cuando salgo me percato de que no tengo el caucho de repuesto. El estacionamiento no se quiere hacer responsable”. El aparcadero queda en la esquina Perico de la avenida Universidad, en Caracas. Ante la indiferencia por los reclamos al hurto del caucho de su Chery Arauca, la víctima optó por formular la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. El hurto de partes y piezas de los vehículos de todo tipo en locales públicos y privados obliga a tomar algunas precauciones, como por ejemplo la constatación previa y posterior de la existencia del caucho de repuesto y las herramientas para su recambio en la maletera del vehículo, es decir, antes y después de estacionarlo. Estas empresas, además, argumentan que solo disponen de seguros de responsabilidad civil y que, por ende, no pueden hacerse responsables por este tipo de pérdidas. En última instancia, los ciudadanos salimos con la peor parte: si estacionamos el vehículo en la calle, lo más probable es que se lo lleve el hampa o lo deje inservible. Si confiamos en un estacionamiento privado, la molestia será doble.

Tres preguntas a…William Jiménez (ex coordinador de Investigaciones Estratégicas de la Inspectoría del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, Senamecf)

-Explique las irregularidades más frecuentes que encontró durante su gestión en el Senamecf

Entre las irregularidades más relevantes detectadas durante mi gestión destacan las siguientes: en una supervisión realizada en la sede del Senamecf en el estado Zulia se observó que durante la gestión del Dr F.R. se efectuaron unas 1000 inhumaciones (sepulturas) de cuerpos sin la identificación de registro para el órgano forense. Las identidades de estos cadáveres fueron utilizadas para la compra de vehículos, bienes raíces, aeronaves, yates, entre otros. Este Dr es hermano de una expresidenta del circuito judicial del estado Zulia, Ismelda Rincón, y del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia Iván Rincón. El informe fue presentado  por el Inspector General del Senamecf al despacho del ministro (Néstor) Reverol (…) se acordó solo la destitución del citado funcionario, y fue sustituido por el Dr Vivas Landino.
Otra irregularidad observada fue en el cementerio de Chirica, estado Bolívar, donde localizaron diecisiete cuerpos humanos, en diferentes estados, algunos con perforaciones en cráneos, de lo cual se presume que han sido ajusticiados por órganos de seguridad del Estado (…) Se encontraban apilados en una estructura tipo habitación, que suelen llamar La Morguesita, y que conforme a la Ley de Cementerios es obligación de cada municipio proveer de un espacio para las autopsias de cadáveres en avanzado estado de descomposición. Pero en el caso que nos ocupa muchos de los cuerpos localizados eran casi esqueletos. Esto todavía no ha sido publicado en Venezuela.

-¿Su salida de Venezuela tiene que ver con su gestión en este cargo?

El 15 de enero de 2018, en compañía del coronel Domingo García Pérez, director del Senamecf para el momento, estuve de guardia en la morgue ubicada en Colinas de Bello Monte. En horas de la tarde recibí el cuerpo del ex policía Oscar Alberto Pérez. En días siguientes mi jefa me extiende una comunicación para efectuar un informe detallado de ese caso, dado lo delicado del registro de cada una de las novedades asentadas en el citado instrumento, y en virtud de haberlo suscrito, y cuyo contenido comprometía a altos funcionarios del Estado, algunos que me conocían y sabían que una vez que el ministro Reverol tuviera conocimiento, esto podría traerme consecuencias, incluso en contra de mi integridad física. Mi salida de Venezuela se materializó el 14 de mayo. Aproximadamente a las 10:45 am atravesé el puente Simón Bolívar escoltado por un oficial superior de la FAN, y otros adscritos a la Dgcim, algunos activos y parte de la resistencia (…) En Colombia fue recibido por el jefe de Control Migratorio del lugar, y funcionarios de la Policía Nacional. Me solicitaron que les hablara con la verdad en relación con lo sucedido con el ajusticiamiento extrajudicial del ex policía Oscar Pérez. Luego proseguí hasta la frontera en Rumichaca, donde proseguí mi ruta pasando por Ecuador hasta Lima, donde fui recibido por el doctor Patricio Rubio, jefe de la Oficina de Refugiados adscrita a la Cancillería.

-En el caso del concejal Fernando Albán, Ud ha desmentido la versión oficial de muerte por “caída de altura”. Pero el fiscal designado por la ANC asegura que la autopsia fue grabada. ¿Ud se retracta?

Ninguna autopsia puede ser grabada. Ni siquiera la de un caso tan emblemático como lo fue el de Oscar Pérez. Nada de grabación. Lo único que puede hacerse es fijar con fotos antes de cualquier autopsia. Y es algo normal. Lo hacen en cualquier parte del mundo. En cuanto al Fiscal General, fíjese que ni siquiera ha opinado sobre mí. No ha refutado mi versión de los hechos. Tanto es así que a pesar de que el Ministerio Público sustenta su tesis del suicidio y hace ver que el Dr Arnoldo Pérez practicó la autopsia. En su aparición pública de fecha 10 de octubre de 2018 no pudo ocultar la presencia de la Dra Yaunacelis Cruz, diciendo que ella estuvo presente. Y esta médico si fue quien la practicó, pero siguiendo las instrucciones del ministro Reverol decidió cambiar la versión real del examen y demás observaciones hechas al cadáver, para dejar en su contenido otra cosa distinta a lo que observó en esa autopsia, procediendo a dictarle la versión simulada al doctor Pérez.

Libros

Tradicionalmente, los libros sobre el tema de las drogas enfocan su atención en los actos de los carteles o grupos de traficantes y sus líderes, los antihéroes de la historia. También hay un número importante de obras que refiere la historia de las drogas prohibidas y el impacto geopolítico que han tenido los conflictos asociados al control de sus respectivos comercios, desde las guerras del opio en China hasta la guerra general contra las drogas decretada en mal momento por el entonces presidente estadounidense Richard Nixon. Hacía falta, sin embargo, la perspectiva de un periodista especializado en economía. El producto ha sido Narconomics. Cómo administrar un cártel de drogas (Barcelona, 2016).  Un título retador para una obra brillante, en la que Tom Wainwright aplica los principios básicos de la ciencia económica para encontrar algún tipo de racionalidad en las acciones emprendidas por los distintos estados para reprimir una industria que genera, según cálculos de Naciones Unidas, más de trescientos millardos de dólares en ganancias todos los años. La obra surge en un momento en que las tendencias liberalizantes han logrado la legalización o, en todo caso, la despenalización del consumo de la marihuana en Uruguay y en varios estados de la unión americana. Tales experiencias apenas están siendo documentadas. Por ende, sus efectos aún no son conocidos a cabalidad. Sin embargo, las páginas de Wainwright pueden ser tomadas como punto de partida en un debate que aún está por darse.

domingo, 4 de noviembre de 2018

Un lastre muy pesado

-De la noche a la mañana, la yunta Harrington-González López se convirtió en una carga imposible de llevar para el régimen, acosado por sus aliados internacionales a partir de la muerte del concejal Fernando Albán

@javiermayorca

En la policía política, las principales razones para quitar y poner a sus directores son políticas. Que nadie se engañe: este despacho, adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, no es un bastión para la defensa de los valores democráticos. Su propia reglamentación interna lo define como una herramienta para la preservación y la consolidación del proceso político, antes liderado por Hugo Chávez, hoy por Nicolás Maduro.
Desde febrero de 2014, el mayor general del Ejército Gustavo González López asumió esta tarea con denuedo. Heredó la estructura para la represión diseñada por Miguel Rodríguez Torres, y la elevó hasta niveles antes nunca vistos. Claro está: en el camino él sabía que no todos en sus filas actuarían guiados por una convicción revolucionaria. Sabía que era necesario hacerse de la vista gorda ante esos deslices de los “muchachos” del comisario Calderón en Investigaciones Estratégicas, o los de Contra, que se redondeaban con uno que otro secuestro en el Country, o mediante la extorsión a los presos de conciencia y a esos que conocían como “población”. Había para todos: 400 mil bolívares de los de 2017 por dejar pasar un celular, o los millones que el Turco Walid pagaba para llevar una vida más o menos digna en El Helicoide. Todos allá adentro lo sabían.
Pero esto era lo de menos, a los ojos del Gobierno. Realmente, hace dos meses, hubiese sido imposible predecir la salida del Sabueso. Las quejas de volumen creciente en foros internacionales por el trato inhumano a los detenidos, que incluían sistemáticas golpizas y torturas como la famosa “crucifixión”, aún no pasaban de ser un secreto a voces en el país. La muerte de Rodolfo González, “suicidado” en marzo de 2015 en una de las mazmorras, no solo fue convenientemente encubierta. Además, según testimonios de ex presos, fue utilizada como medio de amedrentamiento. El cadáver del Aviador fue sacado de la celda y abandonado durante horas en un pasillo, a la vista de todos.
En septiembre, González López parecía atornillado en su cargo, eficaz como ninguno para impartir terror desde la maquinaria del Estado y desmantelar todo atisbo de oposición.
Hasta que ocurrió la muerte del concejal Fernando Albán.
El 8 de octubre representó un auténtico punto de quiebre, por lo menos en el Sebin.
Los efectos de este suceso comenzaron a verse donde menos lo pensaban: en España. El cogobierno Psoe-Podemos, que llegó al poder tras la destitución parlamentaria de Mariano Rajoy, iba en un lento viraje para alinearse con el madurato. Ya habían dado prueba de ello, al oponerse públicamente a nuevas sanciones para el régimen, a través de la Unión Europea.
Pero allá aún existe un balance de poderes. Y la muerte del edil, calificada sin ambages como un “asesinato” a manos de la policía política, durante debates parlamentarios a los que acudía Sánchez, puso un frenazo al maridaje.
La secuencia de hechos no da pie a dudas. España –en la actualidad, firme creyente de una salida negociada a la crisis venezolana- aprovechó la conmoción ocasionada por el caso Albán para lograr de una vez por todas la liberación y el destierro de Lorent Gómez Saleh. Este caso era una especie de punto de honor para el régimen. Durante las negociaciones que posibilitaron la libertad de varios de sus compañeros de celda, el Gobierno había reiterado que este activista no saldría. Pero ocurrió la “caída de altura” de Albán, y las cosas dieron un giro radical. Cuando el gobierno de Pedro Sánchez envió en misión oficial al secretario de cooperación para Latinoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, en Caracas ya habían tomado la decisión de dar un salvoconducto a Gómez Saleh.
Al ex preso político no le impusieron voto de silencio en su nuevo destino. Apenas se bajó del jet en Barajas hizo todo lo posible para dejar al descubierto ante la comunidad internacional el sistema instaurado por González López y su pareja, la entonces vicefiscal Catherine Harrington.
Ante este escenario, el Gobierno optó por aplicar tácticas de “reducción del daño”. De repente, la dupla Harrington-González López dejó de ser la estrella de la represión y se convirtió en un lastre demasiado pesado. Primero, destituyeron a la abogada mediante un decreto constituyente, el 19 de octubre. Una semana después, el mayor general también fue cesanteado. En ninguno de estos casos hubo declaración oficial. La fracción madurista sabe que ambos cuentan todavía con poderosos aliados, de los que gustan jugar la “carta dura”.
A estas alturas, es probable que González López se sienta traicionado. Es por eso que, según fuentes de la policía política, se negó a hacer entrega formal a su sucesor, el general de división (Ejército) Manuel Cristopher Figuera. Hubo un acto administrativo, durante el cual él entregó la dirección, y luego llegó su reemplazo, mano derecha del general Hernández Dala en Contrainteligencia Militar, quien ahora tiene en su alforja todo el aparato de espionaje, y quizá pase a ser el militar más poderoso del país.
PS: luego de la divulgación de este artículo en Tal Cual y Runrun.es, el jueves 1 de noviembre, algunos lectores han preguntado por el supuesto incidente entre la caravana presidencial y un grupo de la policía política, la noche del viernes 26 de octubre. Algunos atribuyen la remoción de González López a ese hecho. Diversas fuentes indican que hubo una especie de encuentro hostil entre escoltas del Presidente y del Sebin en la autopista Francisco Fajardo, cerca de La Planicie. Sin embargo, no es ni siquera factible que tuviese la relevancia que se le ha atribuido. En todo caso, para ese momento la destitución del director del Sebin ya estaba decidida. Esa no sería la causa sino una de las consecuencias. Las otras estarán por verse.

Breves

-Un sombrío panorama en materia de seguridad ciudadana le espera a Venezuela en los meses por venir. Por una parte, el municipio Libertador ya rebasó al estado Vargas como el lugar con la tasa más elevada de delitos en general. En la actualidad, la diferencia entre ambas localidades es de unos 20 puntos. Y eso que Vargas estuvo en la delantera hasta julio. Esto es consecuencia del acelerado impacto que está teniendo en Distrito Capital una ola de delitos contra la propiedad. Aunque lo nieguen los voceros gubernamentales y hagan todo lo posible por mantener artificialmente bajas las estadísticas, en las calles de la capital se siente: hay más delincuentes y actúan con mayor frecuencia. En los estados fronterizos con Colombia, la situación se torna aún más compleja. La combinación drogas/grupos irregulares está originando brotes de violencia armada. Y vendrán más. Este año, Naciones Unidas calcula que en el país vecino hay 209 mil hectáreas cultivadas con coca, un récord para el siglo XXI que va aparejado con un mejoramiento en la productividad por hectárea. Ahora, la coca ha sido potenciada genéticamente. Una de las zonas con mayor densidad en cuanto a siembras de este arbusto está en el eje Tibú-Rio de Oro. Allí se concentra el 9% del total de plantíos. Algunos están en Zulia, otros en Táchira. La salida “natural” de esta producción no es por el Pacífico sino por Venezuela. Por ahora, el control de este trayecto se lo disputan el ELN y los llamados “pelusos” o miembros del Ejército Popular de Liberación, donde han recalado ex integrantes de las FARC. Pero esta violencia no es del todo “importada”. Allí también participan venezolanos, que han servido de anfitriones a guerrilleros y bandoleros.

Fiesta en la Cota 905
-A partir del lunes 29 se hicieron virales en las redes de mensajería los videos de una celebración, presuntamente llevada a cabo el fin de semana anterior en la platabanda de una vivienda de la Cota 905, en la que participaron varios de los individuos que figuran en la lista de “los más buscados” por el Gobierno. Primero entre ellos está Carlos Luis Revette, alias Coqui, descrito por Relaciones Interiores como el líder de una banda de secuestradores que opera en la Cota 905, específicamente en el sector conocido como La Chivera. Pero esta fría descripción no hace honor a la importancia que esta figura ha tenido en la historia de la criminalidad venezolana. Cuando se iniciaron formalmente las operaciones conocidas como Liberación del Pueblo (OLP), en julio de 2015, el lugar escogido para la gran redada fue precisamente el predio de Coqui. En esa oportunidad, los cuerpos policiales mataron a 16 personas. Pero Revette salió bien librado, al igual que sucedió durante otras tres operaciones llevadas a cabo posteriormente en el mismo sector. El hombre de 39 años de edad parece disponer de información privilegiada. Desde entonces han pasado más de tres años, y Coqui sigue allí, celebrando. Solo que ahora, desde luego, tiene menos competencia. Las policías le han hecho el favor.

-La inminencia de un ataque a la representante de Vente Venezuela, Maria Corina Machado, había sido advertida a su equipo político y de seguridad por varias vías. Pero no se sabía con precisión dónde ocurriría ni cuáles serían los medios aplicados. Por una parte, se manejaba la posibilidad de una agresión física, tal y como sucedió en Upata durante un recorrido el 24 de octubre. Efectivamente, luego se supo que los organizadores de la agresión formaban parte del gobierno local. “Si la hubiésemos considerado como un rival, la hubiésemos linchado y nos quitamos de encima esa escoria”, fue el comentario de un director de la alcaldía, días después. En otras palabras, el propósito era hacer precisamente lo que se hizo, y nada más. Es la violencia como medio de hacer política. La otra posibilidad fue conocida durante una reunión de líderes opositores exiliados, celebrada en Puerto Rico. Allí se enteraron de la existencia de un grupo de supuestos terroristas de origen cubano, conocidos como Avispas Negras (cuya presencia fue reconocida por el jefe del Ceofanb durante la movilización militar reportada a finales de octubre en Táchira) que inocularían una sustancia tóxica a la ex directora de Súmate. El expresidente colombiano Andrés Pastrana también recibió ese dato, y de inmediato lo puso en redes, como medio de advertencia.


Tres preguntas a Javier Tarazona (Fundación Redes)

1) Ud ha denunciado el avance del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Táchira. ¿Cúales frentes de este grupo actúan en el estado, y quiénes los lideran?

Respuesta: En el Táchira y en otros estados del País. FundaRedes ha documentado las operaciones de este y otros grupos irregulares colombianos en Venezuela, y en particular en Táchira el frente Gustavo Villamizar tiene control sobre varias zonas. Hay municipios novedosos para el ELN, como García de Hevia, el Panamericano, Ayacucho y Lobatera, ahora los controlan ellos con ese frente y algunas compañías. Hay varios comandantes, pero el Gustavo Villamizar, el frente oriental de guerra…en el caso del Táchira son alias Luis Aquiles, otro María la Popa, una comandante de Rafael Urdaneta, y alias Miguel. Junto a ellos hay unos comandantes que trabajan en lo nacional, como alias Gabino, Antonio García alias Pablito, Rafael Sierra y Ramiro Vargas que son miembros del Comando Central.

2) ¿Existe algún acuerdo con factores de poder regional o nacional que permita a este grupo trabajar en la distribución de alimentos Clap en el Táchira?

Respuesta: Esto se ve. Hemos recabado testimonios de vecinos que nos dicen que la guerrilla llega con miembros del gobierno y carros del Gobierno. Pareciera que existe un acuerdo bilateral entre la guerrilla y el gobierno de Maduro para esta distribución. Es de alta frecuencia. Cada 22 días reparten la caja Clap con propaganda alusiva al grupo. Eso demuestra que hay un trabajo conjunto, mancomunado.

3)¿Hay alguna participación del ELN en los brotes de violencia armada en sectores del estado Bolívar, o se trata de otros grupos?


Respuesta: Así se ha podido constatar a través de defensores que son aliados de FundaRedes en Bolívar. En mayo hubo importante presencia en el sector minero. Lo que ha pasado allí es que el Gobierno perdió el control de las minas, a través del pramato desarrollado en Bolívar, y el régimen de Maduro encontró en la guerrilla un factor para extirpar a los pranes y ganar control conjunto con la guerrilla. Es un preacuerdo. Hay un híbrido de pramato, grupos armados no vinculados a la guerrilla y el ELN, que sigue avanzando con las emisoras de radio. Son cinco. Sobre esto hubo una actuación militar a finales de mayo. La ZODI Apure tuvo un procedimiento en Cutufí con el desmantelamiento de la 95.5 FM. Pero la emisora sigue al aire.

Libros

La historia del tráfico de drogas en Venezuela aún está por escribirse. Generalmente, la literatura (de ficción o histórica) se enfoca en las peripecias de los líderes de los grandes carteles colombianos. Últimamente, por ejemplo, ha salido gran cantidad de obras relativas a Pablo Escobar y al Chapo Guzmán. Árboles caídos. Pero poco sabemos de sus socios al otro lado del Atlántico y de los pequeños pero importantes socios que tenían en el camino. Fariña, escrita por el periodista Nacho Carretero (Madrid, 2016) pone una importante pieza a este rompecabezas. Si uno ve la serie estrenada por Netflix este año, se enterará en el último capítulo que esta obra había sido prohibida en España por una decisión tribunalicia. Aparentemente, uno de los personajes centrales de estas páginas, y por ende de la llamada “mafia gallega”, Laureano Oubiña, se quejó ante un juez por la revelación de aspectos de su vida privada. Y bueno, allá la justicia escucha con mucha diligencia a los narcos. Pero la tecnología nuevamente rompe estas barreras: Fariña puede ser adquirida a través de Kindle, a un costo inferior que el de una botella de buen vino. Y allí, nuevamente, podemos ver cómo de Venezuela salía cocaína a raudales, en virtud de esta sociedad con los reconocidos navegantes gallegos, que supieron explotar la llamada “autopista del paralelo 10”. Oubiña, por cierto, no era el representante más connotado de este grupo. Carretero nos aclara que la “ruta” hacia las costas gallegas fue trazada por José Ramón Prado, alias Sito Miñanco, en alianza con el cartel de Medellín. Ahora, en la segunda década del siglo XXI, con Prado preso, hay una nueva generación de traficantes, socios y aprendices de éste y de los demás “históricos”, que siguen llevando droga a raudales para saciar la demanda europea. Desde luego, no son los únicos…

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