Publicidad

domingo, 15 de julio de 2018

Ascensos y descensos en la FAN


Luego del 5 de julio, queda claro que la llave Maduro-Padrino consolida su poder en la Fuerza Armada, o en lo que queda de ella, y mantiene la línea de reducción progresiva de la cúpula castrense

@javiermayorca

            Luego de los ascensos y de la recomposición del Alto Mando Militar, anunciada el 7 de julio, se pueden sacar algunas conclusiones provisionales sobre lo que acontece en la Fuerza Armada Nacional:

1)    Maduro se afinca en Vladimir Padrino para consolidar su poder. El general en jefe del Ejército es el oficial más antiguo en servicio dentro del Alto Mando. Es el único en situación de actividad egresado de la Academia Militar en 1984. Muchos lo ven como un elemento del Gobierno con el que todavía se puede negociar, a pesar de sus declaraciones públicas en las que se rasga las vestiduras por la “revolución”. Quizá esta sea la razón por la que el gobierno estadounidense todavía no lo haya sancionado, al tiempo que son frecuentes sus viajes a Rusia, donde se reúne con diversos integrantes del gabinete de Putin. Padrino ha sido ratificado en el ministerio de la Defensa durante cuatro años consecutivos. El ex titular de esa misma cartera, general de división retirado Fernando Ochoa, cree que de esta forma Maduro intenta estabilizar el entorno militar. El único precedente que encuentra en la historia nacional es el del general de división Ramón Florencio Gómez, que ejerció ese ministerio durante todo el gobierno de Raúl Leoni. En el exterior han ocurrido varias situaciones similares, pero la más cercana –por diversas razones- es la de Cuba durante la época de los hermanos Castro, donde la prolongación en el poder de las armas facilitó la formación de una “gerontocracia militar”.
2)    Cabello se desdibuja. Aunque nadie niega el poder del actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, es claro que Diosdado Cabello cada vez tiene menos ascendencia en los cuarteles. Esto no es casualidad. Desde 2017, Maduro y Padrino tomaban nota del ascenso de los oficiales graduados en 1987. Algunos de ellos, como el mayor general Carlos Martínez Stapulionis, llegaron a ejercer importantes cargos en las regiones de defensa operativa, a pesar de haberse graduado en la quinta decena de su promoción. Luego, fueron devorados por las intrigas y la burocracia. Sin embargo, era natural que algunos profesionales de armas graduados ese año se colaran en el Alto Mando. Y aquí viene otra de las conclusiones.
3)    El balance de las fuerzas. Luego de los últimos cambios, el Ejército tiene a tres integrantes en el Alto Mando (tomando en cuenta que José Ornela Ferreira es el jefe de Estado Mayor del Ceofanb), la Armada dos, al igual que la Aviación, y uno la Guardia Nacional. Al revisar los comandos de fuerza, los más antiguos son los del Ejército y la GN (los MG Jesús Suárez y Richard López, graduados en 1986), mientras que los de la Aviación y la Armada tienen un año menos de carrera, y por ende tienen menos ascendiente en la toma de decisiones. Estos son los que se graduaron con Cabello en 1987. En las regiones militares, el Ejército tiene cuatro oficiales (dos de la promoción 87), la Armada 2, la Aviación y la GN 1, respectivamente. El poder del Ejército en estos niveles es claro.
4)    Reducción de la cúpula. El 4 de julio, en un acto celebrado ex profeso en un recinto cerrado –para evitar sorpresas-, Maduro ascendió a 127 oficiales a los grados de generales de brigada y de división, así como sus equivalentes en la Armada. Posteriormente, elevó al grado de mayor general y almirante a otros ocho oficiales, entre ellos figura el actual director de la Contrainteligencia Militar y comandante de la Guardia de Honor Iván Hernández Dala. Son entonces 135 ascendidos a las distintas posiciones del generalato venezolano. Si se compara con los estándares seguidos en la época previa al chavismo, esta cifra puede parecer escandalosa. Durante el segundo gobierno de Caldera, por ejemplo, ascendían a general o almirante unos 40 militares anualmente. Pero este ha sido de hecho el año de la administración Maduro en que menos generales fueron ascendidos. Incluso, fueron menos que los beneficiados por Chávez entre 2010 y 2012. Antes de Chávez, los criterios para sumar o quitar oficiales de la cúpula castrense eran básicamente las necesidades de la institución y la disponibilidad de plazas, debido a los pases a retiro y a las promociones de oficiales a otros cargos o posiciones. A partir de 1999, con la nueva Constitución, se inició una era de autogobierno militar. Los ascensos partían y finalizaban en la FAN, sin que hubiese un control externo. Y ahora es muy difícil saber cuáles son los factores tomados en cuenta para ascender en un año a 229 oficiales para los grados de general y almirante, como fue en 2013, y en otro a menos de 130. A juzgar por lo declarado durante las últimas alocuciones, la lealtad al Comandante en Jefe ha sido una condición más importante, por ejemplo, que el debido cumplimiento de las tareas y la sujeción a las normas vigentes.

Fuente: FANB/elaboración propia


5)    Se prolonga la crisis en los cuarteles. Maduro busca a todo trance una estabilización en el mundo castrense. En esto va la manzana, representada en la triplicación de los ingresos mensuales para los profesionales de armas (en contraste con el trato recibido por enfermeras y educadores), así como la oferta de viviendas y vehículos, a precios de baratija y con créditos de BanFanB. Y en el otro lado va el garrote, encarnado en una Dgcim comandada por el recién ascendido Hernández Dala, cuyos funcionarios no tienen el menor reparo en decirle a los detenidos de cualquier grado y condición que la Constitución llega hasta la puerta de la instalación, y que adentro las leyes son las que ellos impongan. Pero el miedo prevalece sobre los beneficios, y en consecuencia la carrera de armas ha perdido atractivo y el aprecio de la sociedad. Las bajas en los componentes tradicionales son pedidas por miles, y esta situación no parece tener un correctivo inmediato. De allí la necesidad de acudir a la Milicia, tal y como se ha visto en los últimos ejercicios Independencia y Soberanía. Hasta ahora, en Boleíta han logrado desmantelar las dos conspiraciones detectadas en apenas tres meses, y tal parece que por el momento estos grupos han sido neutralizados. Pero eso no quiere decir que la crisis militar haya sido superada.
           
Breves

*El maquillaje de estadísticas sobre criminalidad en el Gobierno llega al punto en que ni siquiera toman en cuenta hechos tan públicos y notorios como la masacre de 68 detenidos en el retén de PoliCarabobo. Fuentes del ministerio de Relaciones Interiores indicaron que para el Ejecutivo en distintos los centros de detención del país han muerto 76 personas durante la primera mitad del año. Pero este saldo no incorpora los cadáveres que sacaron de las celdas de la referida policía regional, en marzo. Serían entonces 144 homicidios, en lugares que se supone custodiados por los cuerpos del Estado. Por cierto, lo mismo hicieron en 2017 con los fallecidos en el retén de Puerto Ayacucho, a manos de funcionarios gubernamentales. Luego de Carabobo, Anzoátegui es el estado en el que más detenidos han muerto entre enero y junio de este año, con 33. El lugar más peligroso es el retén de la Policía Nacional en el sector Tronconal de Barcelona, donde las riñas y ajustes de cuentas han ocasionado el fallecimiento de diez personas. En Aragua, Tocorón sigue siendo el sitio de reclusión más violento. Nueve personas han muerto allí en lo que va de año.

*El Gobierno evalúa la creación de un Cuerpo Nacional contra el Terrorismo. El punto de cuenta con el correspondiente decreto ya está listo para ser presentado al Presidente. El órgano estaría adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores. Junto a este documento, también le presentarán a Maduro un Plan Nacional contra el Terrorismo 2018-2019. Hasta ahora, el análisis y la investigación de los casos relacionados con esta materia eran desarrollados por la división correspondiente de la policía judicial, o en su defecto por el Sebin. La institución de un cuerpo especial para investigar el terrorismo es llamativa si se toma en cuenta la fragilidad institucional del país y la tendencia mostrada hasta el momento por la Fiscalía y los órganos de instrucción penal en cuanto a calificar como terrorismo las iniciativas antigubernamentales de la oposición y de la sociedad civil, y no la exhibición de poder armado y las amenazas –abiertas y veladas- contra los opositores por parte de los grupos paramilitares que defienden al régimen.

*La policía judicial tiene adelantadas las pesquisas sobre el asesinato del activista político e ingeniero de sistemas Gabriel de Mendonça. El hombre de 33 años de edad salió a correr el sábado por La Lagunita y más nunca lo vieron con vida. Su cadáver fue encontrado el lunes en un matorral del sector El Encantado del mismo municipio, con cuatro heridas por proyectiles. Inicialmente, se pensó que había sido una víctima más de secuestro. Pero, de acuerdo con información conocida de fuente policial, durante una de las últimas comunicaciones telefónicas con su familia, admitió que tenía una deuda de 50 mil dólares, que no podía pagar. Lo que no se ha precisado es el origen de esa deuda, aunque para el momento de escribir esta nota una de las teorías se refería a negocios con moneda virtual. Entonces, no se ha descartado del todo la posibilidad de un plagio, pero también se evalúa si este homicidio fue producto de un sicariato.

El paso, un día de 2018 (Foto: M. Rendón)
*Los relatos sobre los obstáculos que deben superar las personas que salen del país vía San Antonio son asombrosos. Edgar explicó con toda crudeza las cosas que vio y las que tuvo que hacer para llegar a Cúcuta, donde tomaría un vuelo a Brasil. “Es algo para locos. A los taxis los paraban en la carretera cualquier alcabala de la Guardia Nacional o el Ejército, y bajaban a la gente. Nosotros pasábamos en un carro particular, y veíamos cómo les sacaban hasta el último trapito de la maleta, les quitaban la ropa, cualquier dólar que apareciera lo robaban. Luego, aparecían en San Antonio llorando, los chamos a los que les quitaron la plata (…) una tragedia. Luego, en la Plaza de las Dos Naciones, donde está el Saime (…) allí nos agarraron unos gestores. Había como tres mil personas en una cola, y nos cobraron 30 mil pesos para ponernos de primeros. De la mano del gestor, nos coleamos, y de repente llegaron funcionarios del Saime y del Ejército amenazando que nos iban a quitar el pasaporte, porque cómo era posible que nos coleáramos. Al parecer, los gestores no hicieron bien su trabajo y nos metieron en un zaperoco. Nos devolvieron al final de la cola, y eran miles de personas (…) Me encomendé a Dios. Me le pegué a un guardia y le dije que tenía la tensión muy baja, que ni voz tenía. Me sentía muy mal. Pregunté a quién tenía que pagarle para pasar al otro lado a ver a un médico. Le conté lo del gestor y los 30 mil pesos. El tipo decía que eso no era posible, dio media vuelta y se fue. A los diez minutos, cuando estaba a punto de colapsar, se me pegó un tipo y me dijo que tenía dos opciones: darle el pasaporte con 50 mil pesos y confiar en él, o quedarme ahí. Pensé que volvería con el guardia a decirle que me habían quitado el pasaporte. Resulta que el tipo había ido de parte del guardia. Se fue y a los cinco minutos salieron el guardia y el tipo, me dio media vuelta y me dijo que fuera a comprarle una malta, que me costó el equivalente a dos millones de bolívares. Yo me tomé una también. Allí me dio mi pasaporte, sellado (ríe). Sí (…) Pasamos para el lado colombiano y allí súper amables, siga no más, siga no más. El guardia echó el pitazo para que me pasaran. Llegamos a otra cola como de 500 personas, donde estaba la gente de Cáritas y médicos argentinos que me tomaron la tensión y me dieron agua. Eso sí, tuve que hacer mi cola. Y me sellaron mi pasaporte (…) Si no hubiese traído dólares no llego. Era el infierno. La GN repartiendo cachazos a los clandestinos que iban por el rio. Sientes que las autoridades del lado venezolano están ahí para robarte y violar tus derechos. Y las del lado colombiano para evitar que pases, y proteger su país”.

*El deterioro de la seguridad en la vía hacia oriente comienza poco después de Guarenas y se extiende, por lo menos, hasta Clarines. El fin de semana, tres funcionarios de cuerpos de seguridad padecieron en carne propia el accionar de las bandas. Dos de ellos fueron despojados a punta de pistola de sus vehículos cuando regresaban a sus viviendas. El tercero era un sargento segundo de la Guardia Nacional que murió mientras cumplía su turno en un punto de control en la Troncal 9, entre Araira y Cupo. Los antisociales, aparentemente, no esperaban la presencia del militar en plena vía, y la emprendieron a tiros contra él. En este contexto, el general retirado del Ejército Rafael Delgado relató que el fin de semana pudo ver cómo vías locales que pasan por El Guapo son cerradas en la noche para evitar que los conductores las transiten y sean víctimas del “hampa desbordada”. Más allá, entre Clarines y Puerto Píritu, está el área en la que más vehículos de carga han sido saqueados durante el primer trimestre de 2018, según lo afirmado por el presidente de la Asociación Civil de Transportistas de Carga Pesada, Jorge Hernández. Buena parte de esta situación es consecuencia directa del programa gubernamental de las zonas de paz, que fortaleció a las bandas criminales en tales sectores.

*Tres veces han detenido en 2018 a la estudiante de medicina Ariana Granadillo. Según el director del Foro Penal, Alfredo Romero, todo es consecuencia del parentesco que ella guarda con el coronel retirado de la Guardia Nacional Oswaldo García Palomo. Romero explicó que en virtud de esa relación ella residió durante un tiempo en la vivienda del oficial en Carrizal, mientras adelantaba sus estudios en Caracas. Granadillo fue capturada por Cicpc en Táchira y traída a la capital, para su presentación ante el juzgado segundo militar, donde se ventila la causa por la conspiración conocida como Armagedón, en la que también han implicado a la principal dirigente de Vente Venezuela Maria Corina Machado. Luego de pasar varios días detenida, Granadillo recibió una medida cautelar. Según Romero, para el 9 de julio estaban tras las rejas 80 personas ligadas a supuestas conspiraciones castrenses. El abogado afirmó que en las últimas semanas ha disminuido el número de detenidos por razones de conciencia. Pero indicó que ese puede ser el prólogo a una nueva ola de represión selectiva, en la que saldrán afectados dirigentes políticos, militares y periodistas.