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domingo, 17 de junio de 2018

El país más inseguro


-Los resultados de la última encuesta mundial Gallup sobre Ley y Orden echan por tierra la catarata de propaganda gubernamental y ponen en evidencia la realidad de una nación acogotada por el hampa y la desconfianza hacia sus cuerpos policiales

@javiermaayorca

Hace dos semanas, unos guardias nacionales emplazados en el terminal internacional del aeropuerto de Maiquetía se quedaron con 20 dólares pertenecientes a una mujer que viajaba para México. Los militares hallaron el billete durante la revisión a un bolso que ella portaba. Percibieron que la víctima se iba definitivamente del país, y que por ende no denunciaría el “impuesto” con el que los sargentos estaban llenando sus bolsillos.
Días antes, un joven estudiante de medicina que caminaba a las 6:30 am entre la Universidad Central de Venezuela y el Metro se percató de que lo seguían. Aceleró el paso para entrar al subterráneo, pero cuando descendía por la escalera sintió cómo lo herían por la espalda con un objeto cortante, presumiblemente el pico de una botella que rompieron mientras se desarrollaba la persecución.
¿Cuáles son las coincidencias entre esta viajera venezolana y el estudiante? En primer lugar, ambas personas fueron victimizadas en su propio país. Una, por militares uniformados y en servicio. El otro, por delincuentes callejeros. Pero ambos fueron objeto reciente de acciones delictuales. En segundo lugar, ninguno de ellos acudió a los cuerpos de seguridad para formular la denuncia correspondiente. Para las policías, estos hechos, simplemente, no ocurrieron.
Esta podría ser una de las razones que explicarían una gran disparidad: mientras el común de los ciudadanos percibe que la delincuencia está en permanente crecimiento, desde el Gobierno el ministro de Relaciones Interiores y el director de la policía judicial aseguran que el delito ha disminuido. Incluso, el ministro Reverol se atrevió recientemente a culpar a los medios independientes por el sentimiento de inseguridad que padecen los venezolanos.
Este debate parecía zanjado desde 2010, cuando se conocieron (gracias a una filtración desde el propio Ejecutivo) los resultados de una encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad ciudadana, en la que más del 90% de los 20.000 entrevistados atribuyó la inseguridad a lo que viven cerca del lugar de residencia, y no a lo que reportan o dejan de reportar los medios.
Pero han pasado más de ocho años desde entonces, y el Gobierno -como sabemos- juega al olvido. La pregunta clave continúa sobre la mesa: ¿esta creciente inseguridad obedece a una situación objetiva?
Ahora, la respuesta viene de una afamada encuestadora internacional. En la primera semana de junio, Gallup Inc. dio a conocer los resultados de su último estudio mundial sobre Ley y Orden. Al igual que en las ediciones anteriores, el sondeo consistió en cuatro preguntas, formuladas a 148.000 personas en 142 países. Las dos primeras miden aspectos netamente subjetivos (confianza en las policías y el sentimiento de seguridad al caminar en las calles de noche). Las otras dos, la victimización, tanto la sufrida en forma directa como la que pudieron padecer los miembros del círculo familiar más próximo durante los últimos doce meses.


Los territorios en blanco, entre ellos Venezuela, tienen la mayor inseguridad del planeta


En el caso venezolano, 42% de los encuestados declaró haber sido víctima de un robo o un hurto de sus propiedades durante el último año. En la encuesta anterior, el resultado fue de 38%. Esto ubica a Venezuela en el cuarto lugar del planeta en cuanto a la victimización de los ciudadanos en delitos contra la propiedad. Los primeros tres países son Sudán del Sur (50%), Uganda (49%) y Afganistán (46%). Entonces, un creciente número de ciudadanos del país reconoce que el hampa se ha apoderado de sus pertenencias o de las de su círculo familiar. Más de cuatro personas de cada diez. De continuar a este ritmo, en apenas dos años y medio todos los venezolanos habremos sido víctima de algún delito contra la propiedad, y algunos, incluso más de una vez.

Pero el Gobierno insiste en que la criminalidad está en baja. Lo dicen ahora, como lo dijeron en 2017. Algunos funcionarios, incluso, han mostrado porcentajes. En diciembre pasado, por ejemplo, Reverol sostuvo que la delincuencia había mermado 20,9% en promedio, y que los robos disminuyeron 18,7% con respecto a 2016. En ese mismo lapso, la encuesta Gallup refleja un 10% de incremento.
Como se puede colegir a propósito de los ejemplos citados al inicio, ocurre que Venezuela en la actualidad tiene unos cuerpos de seguridad que andan a ciegas. No conocen todos los delitos, y tampoco quieren conocerlos. Según el estudio mundial, Venezuela fue por segundo año consecutivo el país cuyos ciudadanos expresaron los menores niveles de confianza en sus cuerpos de seguridad. Solo el 24%. En otros términos, el 76% de los habitantes del país confía poco o nada en las policías y en los militares. Este sentimiento se traduce en hechos concretos, pues rara vez la gente va a informar que ha sido víctima de un hecho delictivo. Menos aún si es un guardia nacional quien se queda con los dólares, o si el secuestro lo cometen oficiales de la Policía Nacional Bolivariana.
El otro punto que se debe considerar como base para esta desconfianza tiene que ver con el alineamiento ideológico de los cuerpos de seguridad nacionales. Ya lo decía el criminólogo Luis Gerardo Gabaldón, miembro de la extinta Conarepol: una policía no puede declararse socialista, bolivariana ni revolucionaria, puesto que al hacerlo está marginando automáticamente a la porción del país que no comulga con tales caracterizaciones. Y en este caso, hablamos de la gran mayoría de los venezolanos.
Alta victimización y una desconfianza mayor aún hacia los cuerpos policiales: la mezcla que hace de Venezuela hoy día el país más inseguro.
Retomar la confianza en los cuerpos de seguridad no será una tarea fácil. Mucho menos si los jerarcas de tales instituciones se declaran “revolucionarios”, antes que fieles cumplidores de la ley.

Breves
*En la medida en que avanzan las excarcelaciones de presos políticos o de conciencia, comienzan a conocerse las circunstancias en las que se produjo el motín en el retén del Sebin Helicoide, el 16 de mayo. Desde meses atrás, varios activistas recluidos allí evaluaban la posibilidad de hacer una toma de estos calabozos, para llamar la atención del país y el mundo en torno a las condiciones de hacinamiento y opresión a las que los tenían sometidos. Las injusticias llegaban al punto en que allí permanecían por lo menos tres detenidos sin orden judicial –“secuestrados”, indicaron las fuentes-, y otros que estaban allí a pesar de que los tribunales habían ordenado liberarlos. Sin embargo, no se había logrado el consenso que permitiera reunir las suficientes fuerzas. Además, era una incógnita la actitud que asumirían los presos comunes, que representaban el mayor porcentaje de la población reclusa. Había dos líderes en este grupo. Por una parte, estaban Walid Makled y sus hermanos, los cuales gozaban de un trato preferencial por la jerarquía de la policía política, y en especial del jefe de Investigaciones, comisario Carlos Calderón, lo que le permitía a este clan disponer de una amplia celda y gozar de visitas a cualquier hora. El turco Makled es, si se quiere, un detenido excepcional. Por otra parte, entre los llamados “población” el mandamás era Carlos García Martínez, alias Tintín, procesado por el asesinato del diputado Robert Serra. Este sería uno de los personajes fundamentales en la toma del retén. Pero el detonante estaba en otro lugar: el calabozo de Gregory Sanabria. El estudiante de ingeniería de la UNET y activista de Voluntad Popular tenía una rencilla con un inspector que formaba parte de uno de los tres grupos de régimen interno en el Sebin Helicoide. El origen del conflicto era el hurto de pertenencias de Sanabria. El funcionario, sin embargo, evitaba cualquier roce directo con el activista. Pero, en víspera del motín, supuestamente, dejó abiertas las rejas para permitir que un grupo de detenidos en las celdas llamadas Gamma accedieran al sector donde se encontraba Sanabria, y le propinaran una golpiza, de la que salió con una fisura craneal y rotura del tabique nasal, además de contusiones múltiples. Los demás presos políticos interpretaron esto como un mensaje de lo que les podría ocurrir, e iniciaron el alzamiento. La primera resistencia la encontraron en los presos comunes, que entendían que iban contra ellos en represalia por lo hecho contra Sanabria. Hubo golpes entre ambos bandos, pero gracias al liderazgo ejercido por Villca Fernández y Daniel Ceballos fue posible mitigar las tensiones. Así consta en los videos que fueron transmitidos desde Helicoide por Joshua el Gringo Holt, y que luego eran reproducidos en el exterior por medios independientes e influenciadores. Al unificar voluntades, los presos se hicieron fuertes en el retén. Alias Tintin designó los gariteros para detectar cualquier movimiento de las fuerzas del Sebin y de la PNB. Y así fueron mantenidos a raya. Hasta que el Gobierno, por intermedio de Iris Varela y su segundo a bordo en Servicio Penitenciario, Wilmer Apostol, obtuvo permiso de los prames de Tocorón y de Tocuyito para que les enviaran a los presos comunes. Esto se logró mediante conversaciones telefónicas con los líderes de ambos internados. Al sacar del Helicoide a más del 70% de la población reclusa, los detenidos por razones de conciencia temieron lo peor. Pero ya para ese momento se había instalado una comisión del Ministerio Público, cuyos fiscales por primera vez en años pudieron acceder al feudo de González López y Calderón.

No salía sin "pasajes en mano"
*La excarcelación e inmediata salida del país del detenido por razones de conciencia Villca Fernández hacen pensar en la existencia de una nueva forma de sanción, como es el destierro. Esta figura no existe en la legislación penal venezolana. Pero se sabe que durante los últimos meses se han ejecutado desde el poder muchas acciones que no están previstas en las normas vigentes. Este es el relato que el propio activista dio, una vez asentado en Lima: “El miércoles hubo un acto en la Casa Amarilla en el que seis presos del Sebin fueron liberados. Yo iba en ese lote. Me tomaron fotos para la salida. Pero luego del examen médico me devolvieron. Me quedé vestido y alborotado (…) Me decía que otra vez quedaría preso, y así lo asumí. Volví al aislamiento en mi celda, debido al conflicto que planteamos el 16 de mayo (…) Luego, dos comisarios encargados del área de Control (retén), Goicoechea y Salazar, me dijeron que me quedara quieto, que debía firmar ‘algunos compromisos’, como ocurrió con (Daniel) Ceballos, Gabo (Vallés) y Renzo (Prieto). Los cuervos (funcionarios-informantes) ya me habían adelantado que el tribunal 24 de control había emitido una boleta de excarcelación, pero con restricciones. Luego, los mismos cuervos me dijeron que el gobernador de Mérida (Ramón Guevara) me buscaría el jueves en la mañana, pues me mandarían en un vuelo a Mérida. Ya eso no me gustaba, pues no era una libertad. Pero me quedé callado. A la 1 pm del jueves, calculo yo, aparecieron los comisarios, y me dijeron: ‘Te vas ya’. Yo les dije que me bañaría, que esperaran cinco minutos. Ellos llevaban un papel, y me dijeron que firmara rápido y pusiera mis huellas. No me permitieron leerlo. Firmé tres hojas. Me dijeron que no recogiera mucho, pues me iba en avión, así que dejé muchas de mis pertenencias a otros reclusos. Luego llegó una comisión diplomática. Yo pregunté para qué, que dónde estaba el gobernador. Allí les dije que me estaban expulsando. Me quitaron el grillete electrónico, y me dijeron que ‘de una’ me montara en una camioneta del Sebin con personal vestido de civil. Mientras me llevaban a Maiquetía, decían: ‘Vamos bajando con el objetivo’. Ahí confirmé que me estaban desterrando del país. Al llegar al aeropuerto me dijeron que ignorara a las personas que conociera. En el área de chequeo hubo un problema. Allí estaban una comisión del Consulado de Perú, el abogado Alonso Medina, mi papá y el gobernador de Mérida. El Consulado me pidió la cédula, y les dije que no me habían dado nada. El comisario del Sebin alias Gato le dijo al diplomático que no la tenía. Es raro, pues hace quince días hubo un operativo de cedulación de presos en el Sebin. Allí vi lo que me hicieron firmar: era un salvoconducto para salir del país. El Consulado de Perú lo había llevado en la mañana al Helicoide y no los dejaron pasar. Al final, me hicieron el chequeo. Pude hablar dos minutos con mi hija (al recordar esto, lloró). No dejaron tomar fotos. Pero ellos lo grabaron todo en video. Allí me enteré que papá viajaba conmigo, pues Amnistía Internacional le había pagado el pasaje. Pero yo no pude pasar con papá. El Sebin me encerró en su oficina del aeropuerto hasta las 6 pm, cuando ya habían embarcado todos en el avión. Salimos en vuelo de Copa a Panamá. El gobierno peruano pagó mis pasajes. Era una condición exigida por el gobierno venezolano. ‘Pasajes en mano’, le dijo Delcy Rodríguez a mi papá. Eso demuestra el destierro”.

*Un peligroso cuadro de impunidad se está configurando en torno al mentado plan Ubica tu casa, cuya existencia no ha sido desmentida por el Ejecutivo, a pesar de las solicitudes que al respecto ha formulado la Cámara Inmobiliaria. En primer lugar, hay comandos de zona de la Guardia Nacional que se han negado a afrontar este delito en el interior del país, con el argumento de que no disponen de una orden judicial. Y son muy pocos los jueces del país que actualmente tienen el coraje de ordenar el desalojo de una vivienda invadida, pues perciben que eso va contra la línea del Gobierno. En esta misma onda se inscribió recientemente el director de la policía judicial, comisario Douglas Rico, quien ordenó que bajo ninguna circunstancia los agentes de ese cuerpo podían participar en desalojos. El argumento es que Cicpc es una policía de investigación, cuyos recursos no pueden ser distraídos en estas actividades, que formalmente competen a cuerpos preventivos. Pero esa explicación no es convincente. La policía judicial, de hecho, destina importantes recursos a otras tareas que sí corresponden a policías estatales o municipales, e incluso a la PNB, como por ejemplo la vigilancia de mercados populares o el patrullaje en determinadas zonas de la capital, para lo cual han dispuesto a grupos de agentes de las divisiones contra Robos y de la brigada contra Bandas, por citar algunas. La invasión de propiedades es, además, un delito en el que las condiciones de flagrancia son evidentes. Por ende, cualquier cuerpo de seguridad tendría la potestad y la obligación de reprimirla y de reponer la legalidad cuanto antes.  Esto, desde luego, lo saben el director de Cicpc y los comandantes de la Guardia Nacional.

*En el Gobierno aún no toman una decisión con respecto a los funcionarios policiales y militares que no votaron en las presidenciales del 20 de mayo. Parece que los niveles de abstención en tales instituciones rebasaron cualquier cálculo previo. En las policías y los componentes castrenses elaboraron informes con los grados, números de cédula y nombres de los efectivos que no ejercieron este derecho. Por ejemplo, en la dirección de custodia diplomática de la Policía Nacional se abstuvo el 50% del pie de fuerza. En la región Los Llanos identificaron a 77 uniformados que no acudieron a las urnas. Todo apuntaba a que harían una nueva lista Tascón. Los informes se inscriben dentro de lo que llamaron Sistema de Seguimiento del Derecho al Voto. Pero hasta el momento no se ha notificado qué sucederá. Una fuente consultada indicó que, debido a la magnitud de la abstención, es poco probable que haya una purga masiva en lo inmediato. Pero sí se tomaría esta información como un factor para decidir, por ejemplo, los ascensos y las promociones a los puestos de mayor importancia en las instituciones. De manera que los abstencionistas quedarían rezagados y, hasta cierto punto, serían execrados.

*Otra institución que afronta serios problemas para el mantenimiento de sus contingentes es la Fuerza Armada. En el estado Apure, por ejemplo, son los ganaderos los que pagan -generalmente en especias- la comida de los militares que custodiarán sus predios. De lo contrario, quedarán a merced de los guerrilleros y miembros de bandas criminales. Pero esto no solo ocurre en lugares apartados del país. La primera semana de junio, la gerencia de una conocida beneficiadora de pollos en el municipio Plaza del estado Miranda recibió una solicitud escrita de la Guardia Nacional en el sentido de que les donen veinte pollos “para el consumo diario del personal militar”. El oficio firmado por un mayor del componente no explica si la mercancía debería entregarse diariamente o como aporte único. Todo esto habla de un deterioro acelerado a lo interno de la FAN, lo que desde luego ocasiona que los jóvenes ya no vean la carrera militar como una vía para asegurar su futuro. El déficit en el pie de fuerza de la FAN ha obligado al Gobierno a aplicar tácticas inusuales para la captación de personal. En la última semana de mayo, por ejemplo, enviaron un mensaje de texto a todos los suscriptores de un servicio de telefonía celular para exhortar a la gente a alistarse “en la unidad militar más cercana”, si tienen hasta 30 años de edad.

*El comandante de la unidad de Inteligencia Antidrogas 44 de la Guardia Nacional, mayor Jorge González Hernández, solicitó mediante comunicación escrita al aeropuerto Metropolitano de los Valles del Tuy los nombres de todos los propietarios de aeronaves, los modelos, matrículas y estado de cada uno de los aparatos que utilizan ese terminal aéreo. Incluso, solicitó que le fuesen remitidas fotos “con la finalidad de facilitar los controles de seguridad antidrogas, enmarcados en el Plan Nacional Antidrogas”. Esta solicitud fue remitida el 6 de junio, e implica una nueva remisión de información, tal y como se hizo en noviembre de 2014, con motivo de la operación Cielo Soberano.

domingo, 3 de junio de 2018

Un extraño complot


-En la última andanada de detenciones, Contrainteligencia Militar está metiendo en una misma conspiración a un grupo heterogéneo que va desde un traumatólogo de origen colombiano hasta el general Tomate

@javiermayorca

Y llegó la nueva conspiración militar contra Maduro. Tenía que suceder. Y si no existía, había que fabricarla. A juzgar por las detenciones e interrogatorios en masa que se adelantan en los cuarteles, la Contrainteligencia Militar huele que algo grande se cocina, pero todavía no tiene en sus manos todos los ingredientes.
Las detenciones comenzaron el jueves 17 de mayo, cuando ya estaba en desarrollo la fase electoral de la Operación República para la elección presidencial. Y continuaron durante todo el fin de semana. Hubo un primer grupo, conformado por siete efectivos de la Armada y dos de la Aviación, casi todos pertenecientes a unidades élite emplazadas, respectivamente, en Turiamo y Maracay. Fueron trasladados a Caracas, interrogados en Boleíta y presentados entre el lunes 21 y el martes 22 de mayo en los tribunales de Fuerte Tiuna.
En esta primera camada destacan los capitanes de corbeta Luis Cunes (oficial técnico, paracaidista) y Carlos Macsotay Rauseo, jefe de uno de los regimientos de la Brigada de Comandos del Mar. Este oficial egresó de la Escuela Naval en 2001. Inicialmente, se informó de manera extraoficial sobre la detención del segundo comandante de la unidad, el capitán de navío Luis Humberto de la Sotta Quiroga. Pero el oficial aún no ha sido presentado en los tribunales militares.
Simultáneamente fueron privados de libertad el comandante del Grupo 20 de Operaciones Especiales de la Aviación, con sede en la base Libertador de Maracay, teniente coronel Ruperto Molina, y el coronel Juan Pablo Saavedra, un especialista en derecho mercantil asimilado a la fuerza castrense.
La investigación parecía apuntar hacia una supuesta conspiración de efectivos de fuerzas especiales de por lo menos dos componentes armados emplazados en el centro del país, donde se encuentra precisamente el corazón de la FAN, por razones históricas y operativas.
Las cosas, sin embargo, comenzaron a enrarecerse con la detención de dos civiles, a quienes ligan a este supuesto complot. En San Antonio del Táchira los de la Dgcim se llevaron al comerciante Carlos Andrés Mora, y en El Hatillo al traumatólogo de origen colombiano José Alberto Marulanda.
La abogada del Foro Penal y defensora de ambos civiles, Maria Fernanda Torres, dijo que hasta el momento desconoce cuáles fueron los elementos evaluados para meter en el mismo saco a un médico ligado al ámbito universitario en Caracas y a un comerciante tachirense. Indicó que el único documento al que ha tenido acceso desde que se constituyó en apoderada judicial es la notificación sobre las imputaciones por traición a la patria e instigación a la rebelión. Esta ha sido una práctica recurrente: en las primeras de cambio, el expediente de la investigación por la que resultan detenidos tanto civiles como militares es dosificado, de manera que no se puede tener una noción real sobre el alcance de las pesquisas ni la solidez de los delitos atribuidos.

Mezuca y el general Tomate

Las cifras sobre las detenciones practicadas durante los últimos días varían desde cuarenta personas hasta doscientas. Pero en el caso del último complot contra Maduro solo han sido presentados ante los juzgados en Fuerte Tiuna dieciocho militares y dos civiles.
El 22 de mayo la Dgcim protagonizó un controversial procedimiento en el municipio Sucre, que dejó un saldo de un muerto y por lo menos dos personas heridas. Se investigaba una supuesta sustracción de fusiles. Uno de los sargentos, plaza del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur-Sucre), fue detenido luego de una persecución desde Mezuca, donde cumplía funciones. Se trata de Jorge Luis Morillo Fernández, quien supuestamente se resistió al arresto junto al también sargento Edgar Andrés García Florida.
Pero estos no fueron los mismos efectivos de tropa presentados por la supuesta conspiración de las fuerzas especiales (Alonso Ojeda, Blanco Rondón y Peña Quintana) e imputados también por incitación al motín. El asunto se complica todavía más cuando se involucra a un general de división y uno de brigada de la Guardia Nacional. Son, respectivamente, Pedro Naranjo Suárez y Nelson José Morales Guitián. El primero fue comandante de la División Aérea de la GN, y desde octubre se desempeñaba como Director de Apoyo al Desarrollo Nacional de la referida fuerza. Morales, en cambio, se dio a conocer en 2017 por haberse negado a enviar tropas para reprimir a manifestantes en Carabobo. Desde entonces, fue removido del comando de zona y lo depositaron en la jefatura de Productos Agrícolas Tomate, Pimentón, Cebolla, Papa y Ají. Al titular de ese cargo se le conoce en la FAN como el general Tomate. Naranjo y Morales, por lo tanto, eran una parte más de la creciente burocracia militar, y carecían de mando sobre tropas.
Como se ve, estos veinte detenidos forman un grupo heterogéneo en el que resulta muy complicado encontrar un hilo conductor. Esto hace pensar que las detenciones continuarán, especialmente en el seno de la institución militar.
Si la conspiración cuyo liderazgo fue atribuido en marzo al comandante del batallón Ayala Igbert Marín era protagonizada por un grupo de importantes jefes del Ejército, esta de mayo más bien parece un menestrón, donde todo cabe.
Oficiales juran lealtad por escrito
Una nota final: si tendemos la mirada hacia los complots contra Maduro, reales o ficticios, nos daremos cuenta que los primeros fueron encabezados por oficiales aislados o retirados, usualmente generales que no hacían otra cosa sino rumiar su descontento hacia el Gobierno. Eran, además, de la Guardia Nacional (golpe Fénix) y en menor medida de la Aviación (golpe Azul). Ahora, esto ha cambiado. Los últimos son de unidades operativas del Ejército y la Armada, con importante poder de fuego y movilidad. Fueron, además, oficiales formados plenamente durante el gobierno de Hugo Chávez. Algo que se sale de todo cálculo. Acaso sea por eso que ahora el presidente reelecto se empeña en que los militares le juren lealtad. Jurar lo obvio resulta, cuando menos, sospechoso.

Breves

*La reyerta en el retén del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), sede Helicoide, el miércoles 16 de mayo, tuvo más de una consecuencia. En primer lugar, comenzó un desalojo de la mayoría de los presos comunes, acumulados allí durante años en condiciones infrahumanas, de acuerdo con un informe presentado en 2017 por la organización Una Ventana para la Libertad. Para el momento de la redacción de estas líneas, se informó que en esos calabozos quedaban aproximadamente 50 personas. En 2017, la población reclusa llegó a rondar los 340. En segundo lugar, se generaron condiciones que permitieron constatar otras irregularidades, más allá del evidente hacinamiento, como por ejemplo, la permanencia de cuatro menores de edad y de otras personas que seguían en poder de la policía política, a pesar de que los tribunales habían emitido órdenes de excarcelación, así como otras que estaban recluidas sin órdenes de aprehensión, es decir, en una privación ilegítima de su libertad. Una comisión designada a regañadientes por el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público evaluó los casos de los detenidos en Helicoide, con la finalidad de otorgarles la libertad mediante un acto especial de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta situación ya había sido evaluada en 2017 por la presidenta de esa entidad, Delcy Rodríguez, pues entonces la idea era incorporar a un grupo de militares –tanto activos como retirados- que no se encuentran en el Helicoide. Todavía no está claro cuál será la figura jurídica a la que acudirá el régimen, ni si será aceptada por los beneficiarios, en virtud de lo que eso implicaría un reconocimiento tácito a un poder cuya legitimidad está cuestionada, tanto en el país como en el extranjero.

Gabriel Vallés, recibido por su mamá
*El viernes 1 de junio –un día después de la divulgación del breve anterior en Runrunes y Tal Cual- se produjo la liberación de un primer grupo de detenidos en Helicoide. El hecho dejó una sensación agridulce, pues de acuerdo con las cuentas del Foro Penal (certificadas por la OEA) de los 37 beneficiarios solo 17 podían ser catalogados como presos de conciencia. El caso más grotesco fue el de Angelis Gibelli Quiroz, gerente del concesionario La Venezolana, detenida en abril de 2015 por una estafa a 6400 personas, mediante la venta por adelantado de vehículos. Este caso fue una de las averiguaciones de mayor importancia para el Ministerio Público durante ese año. El informe anual presentado por Luisa Ortega Díaz en febrero de 2016 indica que Gibelli Quiroz fue acusada por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y estafa continuada. Junto a otro de los implicados, John Quiroz, se prohibió su salida del país y fueron confiscados sus bienes y cuentas. Su expediente para nada entraba en la categoría de lo político. Pero ahora, obtuvo un beneficio por iniciativa del Presidente reelecto. “Ellos siempre intentan sacar a los suyos”, afirmó al respecto el abogado del Foro Penal Gonzalo Himiob. Lo cierto es que se ha constatado una disminución provisoria de la población reclusa en el retén del Helicoide. Para el momento de redactar este breve, se hacían los preparativos para la excarcelación de un nuevo grupo. Pero los agentes de la Policía de Chacao, cuya libertad ha sido ordenada por un juzgado, todavía están tras las rejas. “El Estado tendrá que resarcir esos daños físicos y morales causados en el Sebin y en otros centros de reclusión, con los que han estado de acuerdo los poderes Ejecutivo, Judicial, Moral y Legislativo; saben lo que allí ocurre y mantienen al agresor, lo honran, lo enaltecen, lo ascienden y protegen”, afirmó la abogada de los policías Zoraida Castillo. Las atrocidades cometidas en ese centro de detención han sido debidamente documentadas, y fueron consignadas en extensos informes como el presentado recientemente por un grupo de expertos, a petición de la OEA.


Douglas Rico: sin marcha atrás
*Diez días después de las elecciones, el miércoles 30 de mayo, el director nacional de Cicpc, comisario general Douglas Rico, tuvo una intervención pública que contribuye a explicar en buena medida la actitud mostrada por él durante los últimos meses, en especial a la luz de lo sucedido con el inspector jefe de ese cuerpo, Oscar Pérez. El funcionario tomó la palabra durante la inauguración de la sede de la subdelegación Cabudare, en el estado Lara. Dijo lo siguiente: “(…) El día 16 de mayo de 2013 a las 9 pm estoy en mi casa y recibo una llamada de la Almirante en Jefe (Carmen Meléndez, actual gobernadora de Lara), quien para ese entonces era ministra de la Secretaría del Presidente. Me dice: ´Usted mañana recibe la subdirección de Cicpc´. Una sorpresa. Primero, no esperaba la llamada, y luego uno se queda como en la duda de su será o no será. (…) Para mí fue un día muy especial, puesto que ese día recibí la llamada para ser Subdirector del cuerpo. Hoy en día soy el Director, después de cinco años trabajando con todo el equipo que me acompaña, fiel y leal al Presidente y a la revolución. Siempre he dicho en los momentos difíciles en que han puesto a la institución, buscando personas que utilicemos para otros fines, he dicho que la institución se mantendrá firme con el proceso revolucionario. Jamás se utilizará a Cicpc para otra cosa que no sea defender esta revolución. Aquí no hay marcha atrás, el Cicpc estará firme, mientras yo esté al frente, con el proceso revolucionario.  Y lo digo porque quiero dejar claro ante tantas cosas que se dicen de los hombres y mujeres que aquí trabajamos. Y el que no esté de acuerdo con nuestra posición, lo invitamos a que abandone nuestra fuerza”.

*Desde este espacio se ha advertido sobre el creciente involucramiento de los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana en actividades delictivas. Las últimas informaciones ya indican que el delito llegó hasta las barracas y los cuarteles de la propia institución, favorecido por una ausencia de controles que ya parece crónica. El 23 de mayo, por ejemplo, se detectó que tres funcionarios de la Brigada Motorizada introdujeron en el dormitorio policial a igual número de menores de edad, de 15, 16 y 17 años, con fines aparentemente sexuales. Una de ellas, incluso, era solicitada por haber desaparecido de su vivienda. Cuando el comisionado director de la brigada se percató de la situación, el grupo ya se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas. Otro caso: el sábado 26 de mayo, la Policía de Chacao recibió información sobre un asalto perpetrado en El Rosal por agentes uniformados de la PNB, que circulaban a las 4:30 am en una patrulla Land Cruiser con el rotulado de esa policía. A la víctima la despojaron de dos millones de bolívares, un teléfono celular e incluso le quitaron un par de zapatos deportivos. Tercer caso: el 28 de mayo, tres oficiales de esa policía fueron aprehendidos por el secuestro express de una mujer, a la que interceptaron en Santa Mónica. El rescate fue pagado mediante una transferencia bancaria a la cuenta de una mujer, aparentemente ligada a este grupo. Todos estos incidentes fueron reportados en un lapso de apenas cinco días, y solamente en el Área Metropolitana.

*El lunes 28 de mayo, una comisión de inteligencia antidrogas incautó en el terminal especializado en contenedores del puerto de La Guaira 100 panelas de cocaína (peso bruto 111 kgs) que iban a ser embarcados en carguero Panavera con destino en Kingston, Jamaica. Los militares bajo el mando del coronel Carlos Gómez detuvieron a los sargentos Carlos González Ramírez, supervisor de Operaciones del terminal, y a Dulio Herrera, encargado de colocar los precintos a los contenedores. También fueron privados de libertad los civiles José Armao Colomo, receptor de contenedores vacíos, y el conductor Juan Carlos Blanco, quien supuestamente manejó el vehículo en el que entró el contenedor con la droga. Durante la pesquisa, uno de los militares de guardia, el sargento Daniel Alberto Palladino, huyó del lugar. Fue detenido en el sector Marapapiache de Catia La Mar. Armao Colomo es empleado de la empresa portuguesa Texeira Duarte, que opera el terminal desde 2017 gracias a un convenio con la estatal Bolivariana de Puertos.

Para comunicarse con el autor de esta columna puede escribir al correo electrónicocrimenessincastigo@gmail.com.