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domingo, 20 de mayo de 2018

El futuro de las sanciones

-Las últimas medidas aplicadas por Estados Unidos contra operadores de oficialismo venezolano tienen un carácter netamente administrativo, y es posible que estén ligadas a casos judiciales. Eso sí: siempre tienen un propósito político

@javiermayorca

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones a otros tres venezolanos. Dos de ellos, Pedro Luis Martín y Mario Antonio Rodríguez Espinoza, son comisarios generales jubilados de la policía política (Disip-Sebin), mientras que el tercero (Walter del Nogal) es propietario de empresas registradas tanto en el país como en Panamá, está ligado a escándalos de toda índole, desde homicidios hasta tráfico de drogas, y fue indultado por Chávez.
Este hecho, conocido el 7 de mayo, coloca nuevamente sobre el tapete el tema de las sanciones de EEUU a venezolanos. Algunas veces, parecieran ser la reafirmación de una posición del gobierno de Washington frente a la crisis venezolana. En otras, tendrían propósitos más punitivos, consecuencia de investigaciones criminales cuyo contenido generalmente se desconoce. Entre una y otra cosas, el ciudadano tiende a confundirse, a meterlo todo en un mismo saco, y esto sienta las bases para que el gobierno de Maduro eche la culpa al “imperio” por cuestiones tan cotidianas como la escasez ya crónica de comida y de medicamentos. Si leemos Aporrea, entenderemos que mucha gente así lo cree.
Lo primero que se debe explicar es que todas las sanciones son el producto de “órdenes ejecutivas”, emitidas por el presidente de Estados Unidos. Pero el mandatario no puede decidirlas sin contar con una ley aprobada previamente por el Congreso de ese país, que le sirva de marco regulatorio.
En el caso venezolano, hasta el año 2015 la principal ley utilizada para imponer sanciones individuales fue el Acta para la Designación de Capos Extranjeros de la Droga (Kingpin Act). Otra utilizada en términos más genéricos ha sido el Acta de Asistencia Foránea, vigente desde 1961, mediante la cual se llevan a cabo los criticados procesos de certificación en materia de cooperación antidrogas. Desde hace diez años, por cierto, Venezuela no pasa este examen, pero el mandatario de turno en la Casa Blanca se ha negado a aplicar las sanciones previstas, entre ellas el cese de todo tipo de cooperación financiera a organizaciones civiles, pues entiende que eso afectaría más a la población del país que a su gobierno.
A finales de 2014, luego de tomar en consideración la represión a manifestantes venezolanos durante el proceso conocido como La Salida, el Congreso estadounidense aprobó el Acta de Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela. En los últimos tres años, este ha sido el instrumento jurídico mayormente invocado por los presidentes Obama y, especialmente, Trump, para sancionar a operadores del oficialismo venezolano, negándoles los visados y ordenando el congelamiento de los bienes y cuentas que puedan tener en la banca de ese país. 
A propósito de estas medidas se han planteado situaciones de extremada rareza. Por ejemplo, la de una nación cuyo Presidente en ejercicio ha sido sancionado por violaciones a los Derechos Humanos y cuyo Vicepresidente Ejecutivo simultáneamente ha sido incorporado a la lista de capos de la droga.
En el caso venezolano, además, un mismo funcionario ha sido colocado tanto en la lista relativa al tráfico de drogas como en la de violaciones a los Derechos Humanos. Se trata de Freddy Bernal, ex alcalde de Libertador, actual ministro de Agricultura Urbana y Protector del estado Táchira.
En tercer lugar, Venezuela también figura en los listados de financiamiento al terrorismo. Dos agencias de viajes cuyas oficinas están en la avenida Baralt, Hilal y Biblos, así como sus propietarios, han sido señalados como conductos del dinero utilizado para respaldar las operaciones del grupo Hezbollah. Pero esa es otra lista.
Todos estos aspectos, que podrían ser considerados anecdóticos, son el producto de largos procesos de acumulación de información por parte de distintas agencias estadounidenses, pero no necesariamente están ligados a juicios penales. Lo importante para EEUU es enviar un mensaje al gobierno de Maduro, con la intención de que desista de su línea. De allí que muchos sancionados ni siquiera tuviesen un visado norteamericano. Este es el caso del fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, quien era considerado no elegible para obtener el permiso de entrada a EEUU, a propósito de su afinidad con grupos islámicos. Por lo tanto, sin permiso de entrada, era poco probable que tuviese cuentas o bienes en territorio estadounidense. Y aún así lo sancionaron en 2017.
Las dos últimas rondas de sanciones, aplicadas este año contra siete personas en total, han afectado si se quiere a operadores de segundo plano. No es lo mismo señalar por violaciones de Derechos Humanos a Tibisay Lucena, jefa del Poder Electoral, que al presidente de los Seguros Sociales, cuyo nombre pocos recuerdan. No es lo mismo tachar al presidente del TSJ Maikel Moreno que a un oscuro comisario jubilado del Sebin. Esto sucede por dos razones. En primer lugar, de acuerdo con fuentes consultadas en EEUU, las medidas verdaderamente fuertes vendrán luego de las elecciones del 20 de mayo. Pero durante los meses previos no se quería enviar el mensaje equivocado en el sentido de que la administración Trump habría perdido interés en el caso venezolano. Lo otro es que, con la salida del subsecretario de Estado Thomas Shannon, en febrero, se abrió un paréntesis en cuanto a las decisiones gruesas sobre el caso venezolano.
Esto quiere decir, entonces, que probablemente Washington elevará el perfil y el alcance de las sanciones en los próximos días. Sin embargo, para el momento de hacer las consultas referidas a este trabajo, no existía un consenso sobre el sector que podría ser atacado con las próximas decisiones. Algunos piensan que debería ser la renta petrolera, mientras que otros prefieren apuntar a las fuerzas armadas.
Hay además la clara intención de involucrar a otros países en las próximas medidas. “EEUU no quiere ser el dueño absoluto de problema, de allí la necesidad de lograr soluciones consensuadas”, explicó un consultor y exfuncionario del Servicio Exterior de ese país, que declaró bajo la reserva de su nombre. Pero eso implica procesos de negociación que podrían retardar las medidas, y mitigar el impacto inmediato.
En el caso venezolano, la mayoría de las sanciones ha tenido carácter individual. En otras palabras, afectan a personas o a empresas específicas. Pero ya se han tomado algunas decisiones, como por ejemplo negar los visados a funcionarios oficialistas y a sus familiares, restringir el financiamiento a la industria petrolera y prohibir operaciones con la moneda virtual Petro, que podrían marcar la pauta luego del domingo electoral. 

Breves

*A propósito de las sanciones, luego de la divulgación de esta columna en Runrunes y Tal Cual, el jueves 17 de mayo, una persona ligada al Servicio Exterior relató pormenores de la reunión sostenida el 10 de mayo entre el ministro de Información Jorge Rodríguez y embajadores europeos. Rodríguez hizo varias menciones al impacto que según su óptica han tenido las sanciones aplicadas por la comunidad internacional contra el régimen de Maduro. Sostuvo que debido a esto no se ha superado la escasez de medicamentos. En vista de su insistencia, una embajadora tomó la palabra y le recordó dos puntos: 1) hasta el momento las sanciones han sido aplicadas en forma individualizada contra personeros del Ejecutivo, y con la finalidad de impedir la adquisición de nuevas armas por el régimen, de manera que la escasez de medicinas no se debe a estas medidas sino a que el Gobierno de Maduro continúa adeudando montos millonarios a los laboratorios que producen tales fármacos; 2) debido a que la Comunidad Europea ha desconocido la convocatoria a los comicios del 20 de mayo, lo más probable es que las sanciones de los países que la integran continuarán en el futuro cercano.

*Durante la campaña electoral, hubo detalles que (re) confirman la pérdida de imparcialidad de la Fuerza Armada. Esto no es nuevo. Sin embargo, las cosas han ido sucediendo con rapidez, una tras otra, de manera tal que a veces el ciudadano común pierde la perspectiva, y eventualmente puede pensar que son normales algunas actividades que en estricto sentido no lo son. A continuación, un breve listado:
El candidato de la FAN
-los militares fueron comisionados para participar en las jornadas de carnetización del Partido Socialista Unido de Venezuela, con la excusa de evitar situaciones de orden público. En ese plan, se involucraron activamente en la emisión de los plásticos de la parcialidad oficialista. Simultáneamente, ejercieron el mismo rol en la emisión del Carnet de la Patria. Partido y Estado fusionados;
-la Casa Militar fue utilizada abiertamente como apoyo logístico a la campaña del candidato-presidente. Los miembros de la Guardia de Honor fueron los encargados de hacer las pregiras y tantear el ambiente de apoyo o rechazo en la sociedad civil a las pretensiones reeleccionistas de Maduro;
-en las unidades de la Fuerza Armada, así como en sus centros de formación, se ordenó que todo el personal, tanto castrense como civil, acudiese a las urnas de votación este 20 de mayo. Los jefes de unidades estaban obligados a enviar partes periódicos sobre los efectivos que votaron. Estos reportes se harían mediante mensajes de texto (sms) a los teléfonos de oficiales designados para recibir tal información. De esta forma, en virtud de los intereses del Ejecutivo, un derecho se convirtió en una obligación;
-debido al deterioro de los servicios públicos, y en especial del transporte colectivo, las unidades militares fueron utilizadas para trasladar a votantes a los centros de interés para el oficialismo.

Peravia: por ahora, nada qué hacer
*En un punto muerto se encuentra el proceso judicial por el fraude masivo a través del Banco Peravia, una entidad financiera de República Dominicana que fue usada como vehículo para el desvío de fondos de los ahorristas, el cohecho con funcionarios militares y el lavado de dinero. Por este caso, los fiscales del Distrito Nacional de República Dominicana Yeni Berenice Osorio, Ysidro Vásquez Peña y Milcíades Guzmán solicitaron la extradición de los venezolanos José Luis Santoro, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Daniel Morales Santoro, Cristina Martidona de Santoro, Maria Cristina Santoro Martidona, Máximo Bartilomo y Lorenzo Labiosa, además de cinco dominicanos. La entidad fue disuelta en noviembre de 2014, al verificarse un recurrente estado de insolvencia, a pesar de los “planes de fortalecimiento” ordenados por la Superintendencia de Bancos de la isla. La solicitud de extradición indica que Santoro “se vinculó al mundo del narcotráfico y el lavado de activos a través del capitán de la Policía Nacional Brezhnev Jiménez Jiménez”, quien por cierto era propietario de una compañía de alquiler de vehículos en Florida, EEUU. Según el abogado César Amadeo Peralta, quien ha participado activamente en la querella contra los venezolanos, el Ministerio Público dominicano está al tanto de que la Constitución aprobada en 1999 prohíbe la extradición de nacionales. Sin embargo, la entidad tampoco está ganada a intentar la detención y el procesamiento en Venezuela de los propietarios del banco. “No creen que allá (en Venezuela) los juzgarán con el rigor necesario por los delitos que cometieron aquí (Dominicana), y por eso no ha querido participar (…)”. Para el abogado, tanto Santoro como los demás implicados algún día cometerán el error de pisar un territorio donde las autoridades se percaten de que tienen una notificación roja de Interpol, y ejecutarán la extradición.  

*Escribió un lector al correo crimenessincastigo@gmail.com, con información sobre la terrible situación que viven los pobladores de Caucagua debido a la inseguridad. La capital del municipio Acevedo no se recupera todavía del impacto negativo del programa de “zonas de paz”. Actualmente, las bandas se dedican a asaltar los transportes colectivos que cubren las rutas aledañas a Los Cerritos, Mendoza y San Rafael. No les importa si las unidades pertenecen al servicio de transporte comunal o si son privadas. Los pasajeros son despojados incluso de las viandas con comida. Este año, los delincuentes del mismo sector secuestraron a un conductor cerca de la almacenadora de refrescos. Las víctimas son interceptadas mediante la colocación de objetos en la vía, o la simulación de “puntos de control” policiales, en una carretera escasamente iluminada.

*El territorio venezolano fue usado activamente como punto de origen de los mensajes dirigidos al público de habla castellana para apoyar la independencia catalana. Oculto en el respaldo abierto que el gobierno venezolano dio al movimiento separatista, a través de declaraciones emitidas por el propio presidente Maduro, había toda una actividad a través de los medios electrónicos que pretendía mantener sobre el tapete, como trending topic, aspectos del conflicto como por ejemplo la represión a los manifestantes. Este es un tema que concita mucha atención entre expertos académicos y estudiosos de los conflictos de cuarta generación, o híbridos. En una presentación, realizada recientemente a puertas cerradas, se divulgó el resultado del análisis de más de cinco millones de mensajes relacionados con esta crisis, emitidos a través de las principales redes sociales entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 2017. Venezuela fue, luego de Rusia, el principal origen de tales divulgaciones. 29% de las cuentas usadas se identificaban abiertamente con el oficialismo nacional; otro 28% solo era utilizado para hacerse eco a las noticias de agencias como Russia Today y Sputnik, que poseen emisiones en español, aunque mezclados con otros contenidos; otro 36% solo rebotaba las emisiones de estas agencias, y 7% era de emisores que fueron suspendidos, por decisión de los administradores de las herramientas, al verificarse que se trataba de robots.

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domingo, 6 de mayo de 2018

El policía de Pdvsa


La acusación ventilada en Texas contra cinco ex importantes operadores de la industria petrolera revela mucho más que actos de corrupción

@javiermayorca

Hace dos meses, el gobierno estadounidense dio a conocer el contenido de una acusación presentada en agosto de 2017 ante un Gran Jurado constituido en el Distrito Sur del estado de Texas, en contra de cinco venezolanos que hasta hace muy poco tiempo fueron importantes operadores de la industria petrolera venezolana.
Se trata del ex viceministro de Energía Nervis Villalobos; el ex director de Finanzas de la Electricidad de Caracas Luis de León Pérez; César David Rincón Godoy, ex gerente general de Bariven; Alejandro Iztúriz Chiesa, ex asistente de la presidencia de la misma filial, y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, alias Nadal, quien llegó a ser gerente de Prevención y Control de Pérdidas de la estatal petrolera durante la gestión del ex ministro de Energía y ex embajador ante la ONU Rafael Ramírez.
Este grupo fue solicitado en extradición a España, país donde disfrutaban de las fortunas que supuestamente fueron amasadas gracias a un sistema de sobornos para el otorgamiento de contratos a terceros, así como de tráfico de influencias.
Villalobos y sus presuntos cómplices fueron detenidos por autoridades españolas en octubre de 2017. Ya para ese momento, habían transcurrido por lo menos cinco años de investigaciones a sus actividades y las de otros integrantes del entorno de Ramírez, como su primo Diego Salazar.
El primer indicio fueron las irregularidades detectadas en 2011 en la Banca Privada de Andorra. Estas operaciones de presunto lavado de más de dos millardos de dólares llevaron al gobierno estadounidense a emitir una alerta internacional, que en mayo de 2015 desencadenó la intervención de esa entidad, filial del Banco Madrid. Villalobos también aparece ligado directamente al expediente del principado europeo.
Pero los estadounidenses acumularon tal cantidad de información sobre este grupo que la acusación presentada ante el juzgado de Texas solo toca algunas transacciones que fueron conducidas a través de un entramado de empresas y cuentas afiliadas en Curazao y Suiza. Estas corporaciones pertenecen a dos empresarios, juzgados y sentenciados en ese estado por delitos similares: Roberto Rincón y Abraham Shiera.
El documento de acusación deja en claro que Rincón, Shiera, Villalobos y los otros cuatro forman parte de un esquema que involucra a muchas más personas, perseguibles de acuerdo con lo dispuesto en el Acta de Prácticas Corruptas en el Exterior. De allí que algunos sean caracterizados, para los efectos del proceso penal, como individuos de “interés doméstico” (caso de Luis de León) y otros como “oficiales foráneos”. En esta última categoría entran Alejandro Istúriz y Rafael Reiter.
Nadal, de 39 años de edad, tenía a su cargo la dependencia conocida comúnmente como la “policía interna” en la estatal petrolera. Su función principal era impedir la ocurrencia de hechos que atentaran contra la integridad del patrimonio de la institución. Por ende, contar con su complicidad era vital para la permanencia del esquema corrupto. Hay testimonios que ligan a Reiter con el grupo de Shiera desde hace por lo menos cuatro años, cuando estaba en marcha un proceso para negociar la refinería de Pdvsa en Aruba.
Reiter: lujos a expensas de Pdvsa
Pero Reiter se cuidaba. Solía actuar a través de terceros. Las pesquisas detectaron, por ejemplo, que “ordenaba que parte del dinero que le debían en conexión con el esquema fuese usado para comprar un condominio a nombre de una compañía controlada por un familiar”. Esta transacción implicó transferencias por más de 860 mil dólares. El inmueble está en el Four Seasons de Miami. Otro millón y medio de dólares supuestamente fue solicitado por Reiter para financiar la filmación de una película, a través de una productora cuyo nombre no ha sido divulgado por los acusadores.
Otras formas de pago incluían fines de semana a todo dar en hoteles de Aruba, la adquisición de vehículos blindados en una fábrica de Texas, compras de bolsos de marca por 10 mil dólares e, incluso, el pago de cursos de inglés para allegados. Todo a expensas de Rincón y Shiera.
Sin embargo, una comparación con los señalamientos que se hacen a Reiter y los formulados a los otros integrantes del mismo grupo de acusados permite concluir que estaría abierta la posibilidad de una negociación entre Nadal y las autoridades estadounidenses. Pdvsa, donde Reiter trabajó por años, fue vital para la conformación de grupos armados (los “colectivos de La Campiña”) y el financiamiento de actividades políticas en Venezuela y otros países, como por ejemplo la Argentina de los Kirchner.
El caso de Reiter, por lo tanto, podría tener un curso distinto al del resto de los acusados por el esquema de sobornos de Pdvsa.

Breves

*El director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, notificó en una circular distribuida en todas las unidades que la caja de ahorros “temporalmente se encuentra inactiva” en lo relativo a suscripción de documentos y a transacciones financieras. Esto ocurre en días inmediatamente posteriores a la elección de una nueva junta directiva entidad. El comisario general jubilado Vicente Márquez, que participó en una de las planchas durante este reciente proceso, afirmó que existen indicios sobre presuntas irregularidades en la administración saliente. “El dinero que entraba no se revertía debidamente a los funcionarios, y la caja ya no prestaba fondos como antes lo hacía”, recordó. Añadió que se retardó la construcción de un complejo turístico con fondos de la entidad en el estado Falcón, pues solo se ha concluido una de las dos torres del proyecto original. En la referida circular, el director de Cicpc ofreció que el supermercado de la caja retomaría sus actividades, lo que confirma además que este comercio estaba en plan de cierre. Según Márquez, la caja recibe aportes de hasta 10% del salario de unos 25.000 miembros (funcionarios de policía judicial, activos y jubilados) e igual cantidad por aporte del patrono, lo que sumaría unos Bs 25 millardos mensuales. En la actualidad, la directiva entrante lleva a cabo las gestiones de protocolización de firmas, pero aún no se ha presentado formalmente el informe de gestión de la directiva saliente.

Trato suave a Urdaneta
*Manuel Enrique Urdaneta Pino, hijo del exdirector de la Disip, teniente coronel retirado del Ejército Jesús Urdaneta Hernández, se evadió de la vivienda en la que permanecía recluido en virtud de las averiguaciones por el homicidio del taxista César Ibarra. Este profesional del volante, de 47 años de edad, fue ultimado con un tiro en la nuca el lunes 26 de febrero en la calle El Manguito de La Unión. Urdaneta era el único detenido por este crimen. Según fuentes policiales, lo identificaron como la última persona que pidió los servicios de la víctima, luego de comprar un helado en el Farmatodo de La Lagunita. Los registros de cámaras de vigilancia, ubicadas en ese local y en otros lugares en el trayecto recorrido por el taxista, permitieron establecer un nexo entre la víctima y el victimario, así como también una correspondencia con las horas en las que se cometió el homicidio. Urdaneta Pino fue aprehendido en marzo por una comisión mixta de Cicpc y la Policía de El Hatillo. Su papá, oficial retirado y uno de los líderes del golpe del 4 de febrero de 1992, intentó mediar con los agentes. Pero al presentársele la orden de captura tuvo que entregarlo. El 20 de abril, la juez octava de control Diana Marcano Lira ordenó que Urdaneta Pino tuviese casa por cárcel, sin apostamiento policial. El argumento era que este abogado de 30 años de edad padecía problemas de hipertensión. Los agentes solo debían hacer dos verificaciones diarias sobre la presencia del detenido en el inmueble. El viernes, a las 11 am, los uniformados tocaron a la puerta de la casa 5-68 de la urbanización El Halcón. Nadie atendió. Llamaron a la mamá del imputado. Ella dijo que no estaba allí, que insistieran pues seguramente el hombre se encontraba en el baño. Volvieron a tocar y no hubo respuesta. Ella regresó al inmueble a las 4 pm, y al abrir los policías confirmaron la sospecha. Urdaneta Pino había sido detenido bajo cargos de homicidio calificado por motivos fútiles. Cuando le hicieron la prueba de análisis de trazas de disparo (ATD), en la policía judicial, dio positivo. El arma homicida, sin embargo, nunca fue recuperada, aunque sí dos cajas de cartuchos 9 mm, que tenía guardadas en la misma vivienda de la cual escapó.

*El ministerio de Relaciones Interiores evalúa un plan integral de seguridad para el parque nacional El Avila, también llamado Waraira Repano. La iniciativa fue planteada por la Guardia Nacional en atención a las quejas cada vez más frecuentes sobre la actividad de delincuentes en distintas áreas de este pulmón vegetal. Esencialmente, se pretende trasladar el sistema de los cuadrantes de patrullaje a las trochas y veredas del cerro, en sus costados sur y norte. Tres cuadrantes serían atendidos por 186 militares y los restantes quedarían bajo la responsabilidad de 120 oficiales de la Policía Nacional. Serían en total 306 uniformados para cubrir unas 85.000 hectáreas. En el caso de la PNB, las áreas que deberán vigilar son Humboldt, Mecedores y Lagunazo (cuadrante 3) y San Francisco, El Guamito y Manzanares (cuadrante 2). La coordinación de la vigilancia correría por cuenta del Escuadrón Montado de la GN.

*La Fuerza Armada y la policía judicial ordenaron en forma simultánea una revisión detallada de todos los parques de armas y de las armas consignadas en las salas de evidencia, como consecuencia de procedimientos penales. En menos de dos semanas, fueron reportados casos en Carabobo y Falcón en los que estallaron granadas mientras eran manipuladas de manera inadecuada por civiles. En el último episodio, reportado en una vivienda frente a la plaza Libertad de Coro, un hombre murió y otras tres personas fueron heridas por las esquirlas. Tal parece que luego de una etapa de relativo control, han resurgido con fuerza las transferencias ilegales de armas y municiones a bandas criminales.

*En los días previos a la elección presidencial, hay un ambiente de crispación en la Fuerza Armada. En unidades de la Aviación se ordenan acuartelamientos inesperados y sin aparente razón. El espionaje a las redes de mensajería se hizo casi rutinario en todos los componentes, hasta el punto en que han ordenado que los militares entreguen la información correspondiente al código IMEI de sus teléfonos celulares. En la Guardia Nacional, luego de varios meses en los que habían represado los otorgamientos de bajas, se resolvió sacar de la fuerza a más de 1770 efectivos de tropa. El deslave en la oficialidad de la institución también es de pronóstico. En medio de este ambiente, hay unidades del interior del país que han ordenado estado de alerta máximo en los días que vienen. Los comandantes de zonas militares exigieron a los jefes de estas instalaciones la presentación inmediata de “planes de desconcentración”, que permitan relocalizar con rapidez las tropas y sus armamentos, cuando se detecte un ataque inminente. Mientras tanto, exigen que los oficiales y las tropas salgan a votar para la reelección del actual mandatario. De lo contrario, no habrá carnet de la patria, ni bonos, ni vivienda barata ni Clap.

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