El último
informe anual de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), confirma que los
traficantes de drogas pueden actuar a sus anchas en el territorio nacional
El grupo
más numeroso de supuestos delincuentes ultimados en casos catalogados como
“resistencia a la autoridad” tiene un máximo de 26 años de edad. Se trata de
personas que tenían apenas siete años cuando Chávez llegó al poder. Los otros
grupos de mayor relevancia tienen edades inferiores a los 24 años. En fin de
cuentas, el 58% de estos casos involucra a personas que nacieron y crecieron
durante las eras de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, su heredero.
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@javiermayorca
En febrero,
la Oficina Nacional Antidrogas presentó un “balance” de las acciones del
Gobierno en materia de represión al tráfico ilícito de sustancias
psicotrópicas. Un análisis a este documento confirma que Venezuela se ha
robustecido como escenario para la acción de los distintos grupos dedicados a
esta actividad.
Las fichas
elaboradas por la ONA deben ser revisadas, en contexto y con sentido crítico.
Actualmente,
el mercado mundial de las drogas –y en especial el de los países occidentales-
está experimentando importantes cambios. Por una parte, están irrumpiendo nuevos
psicoactivos de origen no vegetal, fácilmente transportables, difíciles de
detectar mediante los métodos convencionales y que a menudo ni siquiera figuran
en los listados de “sustancias controladas”. Del otro lado, hay fuertes
tendencias despenalizadoras del consumo de la marihuana, así como disposiciones
que permiten el “uso medicinal” de esta hierba, no solo en países como Uruguay
y Portugal (Chile también está revisando su legislación sobre la materia) sino
también en más de la mitad de los estados de la unión americana, por citar
algunos. Canadá también se ha incorporado a esta ola.
Sin
embargo, el consenso mayoritario entre los reguladores de este mercado es que
la fabricación, el traslado y el consumo de la cocaína permanezcan en la
ilegalidad. A pesar de esto, los datos aportados en el último Reporte Mundial
sobre Drogas de la Organización de Naciones Unidas revelan que la producción
mundial estimada de cocaína tuvo un leve descenso a principios de la década.
Para 2015 –último año con datos disponibles- era de unas 640 toneladas, que podrían
llegar al doble cuando la droga es colocada en el destino final.
A partir de
2013, la producción de cocaína específicamente en Colombia ha ido
incrementándose. Además, las bandas de ese país (con el Clan del Golfo a la
cabeza) y los carteles mexicanos (principalmente Sinaloa y los Zetas) también
absorben parte de la producción de Perú y Bolivia. Todo esto eleva el riesgo de
operaciones ilegales de transporte, ocultamiento, venta y legitimación de
capitales en territorio venezolano. También, por cierto, de producción final de
la cocaína. Aunque Venezuela no es tenida mundialmente como un país productor
sino de tránsito, los hechos sugieren que estas categorías ya no son puras. En
el caso venezolano, según el balance de la ONA, fueron detectados durante 2017
unos 64 enclaves destinados mayoritariamente a la conversión final de la pasta
base en clorhidrato de cocaína. Pero en algunos casos, detectados en Machiques
de Perijá, también había sembradíos de arbusto de coca. De manera que estamos
ante un proceso incipiente de integración de toda la industria de producción de
cocaína en territorio nacional.
Lo que pasa
y lo que se queda
El último
estimado conocido sobre el paso de esta droga por Venezuela lo dio el
Departamento de Estado estadounidense: aproximadamente 120 toneladas métricas.
Entonces, por Venezuela transitaría el 19% de la producción mundial de esta
droga. Pero si se toma en cuenta solo la producción colombiana, esta cifra sube
a 41%.
En 2017,
según la ONA, fueron confiscadas 33 toneladas de cocaína. En este caso, la
matemática indica que por cada kilo de cocaína que quedó en poder de las
autoridades nacionales hubo por lo menos otros tres que pasaron.
Una de las
preguntas que siempre se debe formular es cómo se construye la estadística, aún
en estos asuntos donde la opacidad es la norma predominante. Una práctica que
se detectó en años anteriores es que el Gobierno incorpora como éxito propio lo
realizado en aguas internacionales por las marinas de otros países. El
argumento es que, cuando las embarcaciones son inmovilizadas en esas
condiciones, se debe cumplir un protocolo según el cual la marina actuante debe
pedir autorización al gobierno del país donde está registrada dicha nave. Y
Venezuela generalmente da la luz verde. Esto ocurrió en dos averiguaciones a un
mismo grupo, adelantadas por autoridades españolas, y que permitieron el
hallazgo de 3,6 toneladas del alcaloide, en mayo y junio de 2017.
Por otra
parte, el Departamento de Estado alertó en un informe que las autoridades
venezolanas lo que realmente divulgan es el peso bruto de los alijos
decomisados, y no el peso real, que se obtiene al restar los pesos de los
plásticos, maletas y otros envoltorios y sustancias utilizados para ocultar la
droga o para impedir su detección. Esto explicaba la diferencia entre lo que se
consigna en los partes de “efectividad” para la propaganda y los documentos que
el propio Gobierno ha enviado a organismos como la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes.
En
consecuencia, Venezuela continúa siendo uno de los pasos más importantes –y
seguros para los narcos- de la
cocaína elaborada en los países andinos. Así lo indica este gráfico, tomado del
último Reporte Mundial sobre Drogas de la ONU:
Tres de las
rutas más relevantes de la cocaína fabricada en la región andina tienen a
Venezuela como punto vital. Sus destinos finales son Estados Unidos y Europa.
Cuando va al norte, puede hacer escalas en países centroamericanos como
Honduras (caso de los sobrinos) o República Dominicana/Haití.
Lo más
importante de esto, lo que ven los carteles, es que Venezuela carece de
contrapesos institucionales. Se diluyó la división de los poderes. Esta
condición incrementa la posibilidad de que los funcionarios del país, en todos
los niveles, sean corrompidos por quienes se dedican a este comercio.
La ausencia
de balances explica además por qué es tan poco lo que se investiga fronteras
adentro sobre el involucramiento de funcionarios en el tráfico de drogas, y
tanto lo que se ha dicho y documentado sobre este mismo punto en el exterior,
en los países de destino.
Al
respecto, una de las primeras conclusiones es que el rol de las autoridades
venezolanas en el comercio internacional de drogas ha cambiado con el pasar de
los años. Inicialmente, se trató de un “dejar hacer, dejar pasar”, desde luego,
a cambio de los pagos correspondientes. Pero en un punto del camino,
aproximadamente en 2006, comenzaron a producirse alianzas con distintos grupos
(FARC, ELN, Norte del Valle, Rastrojos, Urabeños y mexicanos, por citar solo
algunos). Algunas, muy estrechas, y otras meramente coyunturales. Posteriormente
hubo un apoderamiento de las rutas internas, donde el ejercicio de la fuerza
armada resultó vital, con la finalidad de enviar mensajes claros a los
distintos actores. El negocio de las drogas, definitivamente, resultaba muy
lucrativo para dejarlo en manos de simples brokers
como Makled.
Breves
*El 16 de
abril, la comandancia general de la Guardia Nacional ordenó a sus unidades en
todo el país un conjunto de medidas para prevenir situaciones similares a la
registrada en el retén de la Policía de Carabobo, donde según recuentos
oficiales hubo 68 muertos durante una reyerta que terminó en un incendio. A
partir de ahora, las visitas a los detenidos -civiles y militares- en
instalaciones de la GN solo podrán prolongarse por tres horas. Además, se
deberá destinar un personal adicional para la vigilancia de los privados de
libertad, hacer requisas cada dos días, prohibir las llamadas pernoctas, así
como la introducción de teléfonos en las celdas, y hacer el conteo de la
población reclusa por lo menos cuatro veces al día. Finalmente, los detenidos
deberán permanecer dentro de sus respectivas celdas todo el tiempo. Estas
directrices serán muy difíciles de cumplir. Hay unidades de la GN en el
interior del país cuyos retenes simplemente no se dan abasto. Los presos
permanecen todo el día en el área de los llamados “casinos”, que han sido
habilitados como dormitorios, y van y vienen como les da la gana. Esto no solo
ocurre en ese componente. En Ramo Verde, el hacinamiento ha llegado a niveles
tales que han habilitado espacios no aptos para alojar a presos políticos y
soldados detenidos por delitos comunes.
*La razón
de la orden emitida por el mayor general Richard López tiene que ver en parte
con el incremento sostenido de las detenciones de elementos del componente
militar que él comanda. Fuentes de la GN indicaron que durante los primeros
tres meses de 2018 quedaron a las órdenes del Ministerio Público por delitos
comunes unos 280 efectivos. Son generalmente sargentos que han cometido delitos
contra la propiedad (robos o hurtos). Pero cuando se juntan, casi siempre
aparece un oficial subalterno comandando la banda. En ocho casos, los guardias
han sido detenidos por delitos relacionados con la sustracción de armas de sus
respectivos parques o de salas de evidencia, donde son consignadas las armas u
otros efectos incautados durante procedimientos. Esto explica por qué
últimamente se observa un incremento en el poder de fuego de las bandas
criminales: esas armas (granadas, fusiles, ametralladoras y pistolas)
generalmente van a parar a las manos de delincuentes. A partir de marzo, el
delito que se puso de moda entre los militares es la llamada “sustracción de
material estratégico”, es decir, el hurto de cables, guayas, fibra óptica y
material ferroso que luego puede ser contrabandeado a Colombia, donde se paga a
precios internacionales. De continuar a este ritmo, más de mil efectivos de la
GN serán detenidos en 2018.
*La
Asamblea Nacional iniciará la discusión de un anteproyecto de ley destinado a
regular la permanencia de detenidos en retenes policiales. Luego de la masacre
en los calabozos de la comandancia de la Policía de Carabobo, en Valencia, un
grupo de abogados se abocó al análisis del texto constitucional y de las demás
normas que inciden sobre el asunto. La propuesta será planteada ante el
Parlamento en abril, indicaron personas involucradas en este trabajo. El punto
central es que se fijará un lapso máximo de permanencia en tales instalaciones,
y la obligatoriedad de transferir a internados judiciales bajo la
administración de Servicio Penitenciario a todas las personas que excedan ese
tiempo. El criterio preponderante es que un privado de libertad no puede estar
en instalaciones policiales más de 96 horas continuas. La norma establecerá
además una disposición transitoria para desalojar los retenes de todos los
cuerpos de seguridad. Esto, de hecho, rompería con el sistema de “cupos”
implantado por el ministerio de Maria Iris Varela.
*El
director de la policía judicial, comisario Douglas Rico, ordenó a todas las
delegaciones estatales de ese cuerpo remitir cuanto antes la data completa
sobre los casos y el número de muertes por enfrentamientos con efectivos de
cuerpos de seguridad, mejor conocidos como “resistencias a la autoridad”. La
información debe abarcar todos los expedientes iniciados por este delito a
partir de 2013 y hasta la actualidad. De igual forma, todas las averiguaciones
por el referido concepto deberán ser notificadas al Ministerio Público en un
lapso no menor de quince días, contados a partir de momento en que se verifica
la muerte. No se indica claramente si se remitirá también la data relativa a
las muertes dentro de retenes policiales e internados judiciales, atribuibles a
agentes de cuerpos de seguridad, tal y como sucedió en los retenes de Puerto
Ayacucho y Valencia.
*A
propósito de la entrega anterior, el colega José Rafael Ramírez me preguntó
cuántos años tenían las personas ultimadas en supuestos casos de “resistencia a
la autoridad”. Su teoría es que la mayor porción de estos individuos tiene
edades que rondan los dieciocho años, es decir, fueron criados según los
valores predominantes durante la era del chavismo/madurismo. La indagatoria
hecha en fuentes de Relaciones Interiores fue reveladora. Resulta ser que el
44% de las personas fallecidas en supuestos “enfrentamientos” con policías y
militares durante este año no tiene una edad claramente determinada. Esto
sugiere serias deficiencias en los procesos de identificación judicial, que son
mandatorios en estos casos. En otras palabras, cuatro de cada diez muertos en
tales condiciones no fueron plenamente identificados. La consecuencia directa
es que los posibles excesos y usos ilegítimos de la fuerza letal quedarán
impunes. Las edades de los demás fallecidos se distribuyen de la siguiente
manera:
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