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domingo, 22 de abril de 2018

Venezuela, ruta segura

El último informe anual de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), confirma que los traficantes de drogas pueden actuar a sus anchas en el territorio nacional

@javiermayorca

En febrero, la Oficina Nacional Antidrogas presentó un “balance” de las acciones del Gobierno en materia de represión al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas. Un análisis a este documento confirma que Venezuela se ha robustecido como escenario para la acción de los distintos grupos dedicados a esta actividad.
Las fichas elaboradas por la ONA deben ser revisadas, en contexto y con sentido crítico.
Actualmente, el mercado mundial de las drogas –y en especial el de los países occidentales- está experimentando importantes cambios. Por una parte, están irrumpiendo nuevos psicoactivos de origen no vegetal, fácilmente transportables, difíciles de detectar mediante los métodos convencionales y que a menudo ni siquiera figuran en los listados de “sustancias controladas”. Del otro lado, hay fuertes tendencias despenalizadoras del consumo de la marihuana, así como disposiciones que permiten el “uso medicinal” de esta hierba, no solo en países como Uruguay y Portugal (Chile también está revisando su legislación sobre la materia) sino también en más de la mitad de los estados de la unión americana, por citar algunos. Canadá también se ha incorporado a esta ola.
Sin embargo, el consenso mayoritario entre los reguladores de este mercado es que la fabricación, el traslado y el consumo de la cocaína permanezcan en la ilegalidad. A pesar de esto, los datos aportados en el último Reporte Mundial sobre Drogas de la Organización de Naciones Unidas revelan que la producción mundial estimada de cocaína tuvo un leve descenso a principios de la década. Para 2015 –último año con datos disponibles- era de unas 640 toneladas, que podrían llegar al doble cuando la droga es colocada en el destino final.


A partir de 2013, la producción de cocaína específicamente en Colombia ha ido incrementándose. Además, las bandas de ese país (con el Clan del Golfo a la cabeza) y los carteles mexicanos (principalmente Sinaloa y los Zetas) también absorben parte de la producción de Perú y Bolivia. Todo esto eleva el riesgo de operaciones ilegales de transporte, ocultamiento, venta y legitimación de capitales en territorio venezolano. También, por cierto, de producción final de la cocaína. Aunque Venezuela no es tenida mundialmente como un país productor sino de tránsito, los hechos sugieren que estas categorías ya no son puras. En el caso venezolano, según el balance de la ONA, fueron detectados durante 2017 unos 64 enclaves destinados mayoritariamente a la conversión final de la pasta base en clorhidrato de cocaína. Pero en algunos casos, detectados en Machiques de Perijá, también había sembradíos de arbusto de coca. De manera que estamos ante un proceso incipiente de integración de toda la industria de producción de cocaína en territorio nacional.

Lo que pasa y lo que se queda

El último estimado conocido sobre el paso de esta droga por Venezuela lo dio el Departamento de Estado estadounidense: aproximadamente 120 toneladas métricas. Entonces, por Venezuela transitaría el 19% de la producción mundial de esta droga. Pero si se toma en cuenta solo la producción colombiana, esta cifra sube a 41%.
En 2017, según la ONA, fueron confiscadas 33 toneladas de cocaína. En este caso, la matemática indica que por cada kilo de cocaína que quedó en poder de las autoridades nacionales hubo por lo menos otros tres que pasaron.
Una de las preguntas que siempre se debe formular es cómo se construye la estadística, aún en estos asuntos donde la opacidad es la norma predominante. Una práctica que se detectó en años anteriores es que el Gobierno incorpora como éxito propio lo realizado en aguas internacionales por las marinas de otros países. El argumento es que, cuando las embarcaciones son inmovilizadas en esas condiciones, se debe cumplir un protocolo según el cual la marina actuante debe pedir autorización al gobierno del país donde está registrada dicha nave. Y Venezuela generalmente da la luz verde. Esto ocurrió en dos averiguaciones a un mismo grupo, adelantadas por autoridades españolas, y que permitieron el hallazgo de 3,6 toneladas del alcaloide, en mayo y junio de 2017.
Por otra parte, el Departamento de Estado alertó en un informe que las autoridades venezolanas lo que realmente divulgan es el peso bruto de los alijos decomisados, y no el peso real, que se obtiene al restar los pesos de los plásticos, maletas y otros envoltorios y sustancias utilizados para ocultar la droga o para impedir su detección. Esto explicaba la diferencia entre lo que se consigna en los partes de “efectividad” para la propaganda y los documentos que el propio Gobierno ha enviado a organismos como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
En consecuencia, Venezuela continúa siendo uno de los pasos más importantes –y seguros para los narcos- de la cocaína elaborada en los países andinos. Así lo indica este gráfico, tomado del último Reporte Mundial sobre Drogas de la ONU:


Tres de las rutas más relevantes de la cocaína fabricada en la región andina tienen a Venezuela como punto vital. Sus destinos finales son Estados Unidos y Europa. Cuando va al norte, puede hacer escalas en países centroamericanos como Honduras (caso de los sobrinos) o República Dominicana/Haití.
Lo más importante de esto, lo que ven los carteles, es que Venezuela carece de contrapesos institucionales. Se diluyó la división de los poderes. Esta condición incrementa la posibilidad de que los funcionarios del país, en todos los niveles, sean corrompidos por quienes se dedican a este comercio.
La ausencia de balances explica además por qué es tan poco lo que se investiga fronteras adentro sobre el involucramiento de funcionarios en el tráfico de drogas, y tanto lo que se ha dicho y documentado sobre este mismo punto en el exterior, en los países de destino.
Al respecto, una de las primeras conclusiones es que el rol de las autoridades venezolanas en el comercio internacional de drogas ha cambiado con el pasar de los años. Inicialmente, se trató de un “dejar hacer, dejar pasar”, desde luego, a cambio de los pagos correspondientes. Pero en un punto del camino, aproximadamente en 2006, comenzaron a producirse alianzas con distintos grupos (FARC, ELN, Norte del Valle, Rastrojos, Urabeños y mexicanos, por citar solo algunos). Algunas, muy estrechas, y otras meramente coyunturales. Posteriormente hubo un apoderamiento de las rutas internas, donde el ejercicio de la fuerza armada resultó vital, con la finalidad de enviar mensajes claros a los distintos actores. El negocio de las drogas, definitivamente, resultaba muy lucrativo para dejarlo en manos de simples brokers como Makled.

Breves

*El 16 de abril, la comandancia general de la Guardia Nacional ordenó a sus unidades en todo el país un conjunto de medidas para prevenir situaciones similares a la registrada en el retén de la Policía de Carabobo, donde según recuentos oficiales hubo 68 muertos durante una reyerta que terminó en un incendio. A partir de ahora, las visitas a los detenidos -civiles y militares- en instalaciones de la GN solo podrán prolongarse por tres horas. Además, se deberá destinar un personal adicional para la vigilancia de los privados de libertad, hacer requisas cada dos días, prohibir las llamadas pernoctas, así como la introducción de teléfonos en las celdas, y hacer el conteo de la población reclusa por lo menos cuatro veces al día. Finalmente, los detenidos deberán permanecer dentro de sus respectivas celdas todo el tiempo. Estas directrices serán muy difíciles de cumplir. Hay unidades de la GN en el interior del país cuyos retenes simplemente no se dan abasto. Los presos permanecen todo el día en el área de los llamados “casinos”, que han sido habilitados como dormitorios, y van y vienen como les da la gana. Esto no solo ocurre en ese componente. En Ramo Verde, el hacinamiento ha llegado a niveles tales que han habilitado espacios no aptos para alojar a presos políticos y soldados detenidos por delitos comunes.

*La razón de la orden emitida por el mayor general Richard López tiene que ver en parte con el incremento sostenido de las detenciones de elementos del componente militar que él comanda. Fuentes de la GN indicaron que durante los primeros tres meses de 2018 quedaron a las órdenes del Ministerio Público por delitos comunes unos 280 efectivos. Son generalmente sargentos que han cometido delitos contra la propiedad (robos o hurtos). Pero cuando se juntan, casi siempre aparece un oficial subalterno comandando la banda. En ocho casos, los guardias han sido detenidos por delitos relacionados con la sustracción de armas de sus respectivos parques o de salas de evidencia, donde son consignadas las armas u otros efectos incautados durante procedimientos. Esto explica por qué últimamente se observa un incremento en el poder de fuego de las bandas criminales: esas armas (granadas, fusiles, ametralladoras y pistolas) generalmente van a parar a las manos de delincuentes. A partir de marzo, el delito que se puso de moda entre los militares es la llamada “sustracción de material estratégico”, es decir, el hurto de cables, guayas, fibra óptica y material ferroso que luego puede ser contrabandeado a Colombia, donde se paga a precios internacionales. De continuar a este ritmo, más de mil efectivos de la GN serán detenidos en 2018.

*La Asamblea Nacional iniciará la discusión de un anteproyecto de ley destinado a regular la permanencia de detenidos en retenes policiales. Luego de la masacre en los calabozos de la comandancia de la Policía de Carabobo, en Valencia, un grupo de abogados se abocó al análisis del texto constitucional y de las demás normas que inciden sobre el asunto. La propuesta será planteada ante el Parlamento en abril, indicaron personas involucradas en este trabajo. El punto central es que se fijará un lapso máximo de permanencia en tales instalaciones, y la obligatoriedad de transferir a internados judiciales bajo la administración de Servicio Penitenciario a todas las personas que excedan ese tiempo. El criterio preponderante es que un privado de libertad no puede estar en instalaciones policiales más de 96 horas continuas. La norma establecerá además una disposición transitoria para desalojar los retenes de todos los cuerpos de seguridad. Esto, de hecho, rompería con el sistema de “cupos” implantado por el ministerio de Maria Iris Varela.

*El director de la policía judicial, comisario Douglas Rico, ordenó a todas las delegaciones estatales de ese cuerpo remitir cuanto antes la data completa sobre los casos y el número de muertes por enfrentamientos con efectivos de cuerpos de seguridad, mejor conocidos como “resistencias a la autoridad”. La información debe abarcar todos los expedientes iniciados por este delito a partir de 2013 y hasta la actualidad. De igual forma, todas las averiguaciones por el referido concepto deberán ser notificadas al Ministerio Público en un lapso no menor de quince días, contados a partir de momento en que se verifica la muerte. No se indica claramente si se remitirá también la data relativa a las muertes dentro de retenes policiales e internados judiciales, atribuibles a agentes de cuerpos de seguridad, tal y como sucedió en los retenes de Puerto Ayacucho y Valencia.

*A propósito de la entrega anterior, el colega José Rafael Ramírez me preguntó cuántos años tenían las personas ultimadas en supuestos casos de “resistencia a la autoridad”. Su teoría es que la mayor porción de estos individuos tiene edades que rondan los dieciocho años, es decir, fueron criados según los valores predominantes durante la era del chavismo/madurismo. La indagatoria hecha en fuentes de Relaciones Interiores fue reveladora. Resulta ser que el 44% de las personas fallecidas en supuestos “enfrentamientos” con policías y militares durante este año no tiene una edad claramente determinada. Esto sugiere serias deficiencias en los procesos de identificación judicial, que son mandatorios en estos casos. En otras palabras, cuatro de cada diez muertos en tales condiciones no fueron plenamente identificados. La consecuencia directa es que los posibles excesos y usos ilegítimos de la fuerza letal quedarán impunes. Las edades de los demás fallecidos se distribuyen de la siguiente manera:


El grupo más numeroso de supuestos delincuentes ultimados en casos catalogados como “resistencia a la autoridad” tiene un máximo de 26 años de edad. Se trata de personas que tenían apenas siete años cuando Chávez llegó al poder. Los otros grupos de mayor relevancia tienen edades inferiores a los 24 años. En fin de cuentas, el 58% de estos casos involucra a personas que nacieron y crecieron durante las eras de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, su heredero.

Si desea comunicarse con el autor de este blog puede escribir al correo crimenessincastigo@gmail.com. Sus aportes, opiniones, críticas y observaciones serán bien recibidas.

domingo, 8 de abril de 2018

El oro y el retén


-Dos hechos simultáneos ameritan análisis e investigación: la sustracción de oro de las bóvedas del Banco Central de Venezuela y la matanza de detenidos y de visitantes en el retén de la Comandancia General de la Policía de Carabobo

@javiermayorca

1) El oro a escondidas

Mucho revuelo ocasionó la información sobre el traslado de 2.1 toneladas de oro que estaban almacenadas en el Banco Central de Venezuela, el pasado miércoles 28 de marzo. Mientras que algunos –generalmente anónimos o militantes robotizados- acudieron a los tradicionales insultos, las amenazas y las descalificaciones personales, otros manifestaron su estupor y legítima curiosidad por conocer algunos detalles adicionales.
En esta operación aplicaron el sigilo y la opacidad que caracterizaron a por lo menos tres traslados previos del metal precioso, de los que se tiene alguna información documentada. Sobre este punto, cabe destacar que el transporte del metal se hizo de madrugada.
En esta oportunidad, sin embargo, se pudo conocer que la aeronave fletada a la línea Rotana Jet, un Airbus A319, siglas A6-RRJ, estacionó en la rampa 31, ubicada en el extremo oeste del aeropuerto internacional Simón Bolívar. Hasta allí llegaron a las 5:30 am unos veinte efectivos militares comisionados para vigilar el cargamento traído desde las bóvedas del Banco Central de Venezuela, el cual entró por la llamada Puerta Cojedes del terminal, que da hacia Catia La Mar. El oro en barras iba en 57 cajas. La operación de carga culminó a las 9 am. Aunque el destino final sería Dubai (Emiratos Arabes Unidos), el jet hizo escalas en Nassau (Bahamas) y Belfast (Irlanda del Norte), de acuerdo con datos arrojados por la herramienta flightradar.com. El Airbus aterrizó en Dubai al día siguiente, 29 de marzo. Una fuente militar indicó que esta operación forma parte de las actividades relativas al “cono monetario” vigente, pero no explicó la relación entre el traslado del oro y la emisión del papel moneda. Lo cierto es que el domingo siguiente, 1 de abril, llegaron a Venezuela en vuelo desde Sri Lanka 80 millones de billetes de 20.000 bolívares, y fueron descargados en una de las rampas del sector este del aeropuerto.
El oro fue llevado a Dubai en este jet
El embarque del oro –el más cuantioso efectuado este año, hasta donde se tiene información- ocurrió en forma simultánea a la masacre de 68 personas en el retén de la Policía de Carabobo, en Valencia. Hasta ahora, no hay datos que permitan establecer la existencia de alguna correlación entre ambos hechos. Ahora bien, es claro que la opinión pública centró su atención en la matanza mientras sacaban el metal precioso por Maiquetía. Llama la atención que el 15 de enero, justo cuando efectivos de la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB disparaban cohetes contra la vivienda donde se atrincheraba el inspector jefe de Cicpc Oscar Pérez, salía hacia Dubai otro avión cargado con oro del Banco Central de Venezuela.

2) Los muertos que no quieren contar

Para el momento de la redacción de esta nota, ha pasado más de una semana desde que ocurrieron los hechos en el retén de la Policía de Carabobo. El conteo oficial indica que ese día murieron 66 detenidos y dos mujeres, que supuestamente hacían pernocta en una de las celdas. La mayoría de estas personas perdió la vida como consecuencia de la inhalación de gases tóxicos y la exposición a las llamas. Pero también fueron sacados cadáveres que tenían heridas por proyectiles y armas blancas. De ello hay evidencia fotográfica.
Las primeras minutas elaboradas por las policías que llegaron al lugar indican que la mortandad se inició por una disputa entre presos, a propósito de la presencia de estas mujeres. Una situación similar a la que desató una reyerta en el internado judicial de Los Teques, en septiembre de 2013. A partir de esa pelea se desataron otras acciones, entre ellas un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los custodios de guardia, que supuestamente arrojaron una granada lacrimógena para aplacar los ánimos, y en cambio eso sirvió como iniciador de las llamas.
La presencia de féminas en el lugar era la consecuencia de un sistema de sobornos a los funcionarios policiales, que fue puesto de relieve por los familiares de los reclusos.
Un factor que incidió sobre la magnitud de la tragedia fue el hacinamiento. Quien escribe estas líneas tuvo la oportunidad de visitar ese retén, para hacer una entrevista al boxeador Edwin Valero, alias El Inca, apenas horas antes de que se suicidara, en abril de 2010. Esa instalación apenas tenía capacidad para albergar unas 40 personas, pero según recuentos extraoficiales para el momento del incendio estaban allí 255 personas. Un hacinamiento mayúsculo, que ya ha sido denunciado por las organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema penitenciario.
La sobrepoblación en los retenes es consecuencia directa de la política de “cupos” aplicada por el ministerio para Servicio Penitenciario, que impide el traslado de los detenidos a los internados judiciales, una vez que han sido presentados en los juzgados de control. Entonces, el despacho de Varela traslada costos y responsabilidades penales por el cuido de los presos a las gobernaciones, las alcaldías y cuerpos como la Policía Nacional y a la Guardia Nacional.
Por otra parte, el claro que el Ministerio de Relaciones Interiores no encuentra en dónde colocar estas 68 muertes sin que se le disparen las cifras por homicidios. Es lo mismo que hicieron a propósito de la matanza en el retén de Puerto Ayacucho. Esos muertos, simplemente, no existen ni siquiera desde el punto de vista estadístico. Según fuentes de ese despacho, durante el primer trimestre de 2018 fueron contabilizados 56 asesinatos en internados judiciales o retenes policiales. Con los 68 de PoliCarabobo totalizarían 124. Por cierto, según fuentes ministeriales trece días antes de esta matanza, el 15 de marzo, hubo otra de menor magnitud en el mismo retén. En ese episodio, cinco hombres murieron a cuchilladas.
De todas las muertes reportadas durante el primer trimestre, solo doce ocurrieron en instalaciones administradas por Servicio Penitenciario. De manera que Varela tuvo éxito en trasladar la violencia a lugares donde ella dice que no es responsable.

Breves

*Una nueva ola de extorsiones telefónicas se registra en los estados centrales del país. De acuerdo con víctimas que han escrito al correo crimenessincastigo@gmail.com, las llamadas amenazantes son atribuidas a miembros del Tren de Aragua, quizá la mayor megabanda del país en la actualidad, no solo por el número de miembros sino también por las fuertes evidencias de su enganche con factores de la política regional y nacional. Por citar una: en diciembre de 2016, la ministra para Servicio Penitenciario Maria Iris Varela prometió que el internado judicial de Aragua entraría en su particular noción del “régimen penitenciario”. Todavía se espera que cumpla lo dicho. Mientras tanto, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional intenta aprovechar la situación. Recientemente, fue distribuida una encuesta entre los jefes de las unidades regionales, en las que se les exhorta a responder que están de manos atadas frente a la catarata de extorsiones, porque supuestamente no disponen de los recursos humanos ni la tecnología para afrontar esta tarea. El mensaje al Ministerio de la Defensa, desde luego, es que necesitan más dinero. Veremos qué contestan desde Caracas.

*Desde el ministerio de Relaciones Interiores indican que, al cerrar el primer trimestre de 2018, los cuerpos policiales han ultimado a 1.413 personas en el curso de 1.550 casos de supuestas resistencias a la autoridad. Esto representa un tercio de todos los homicidios reportados durante este lapso (4.686). Esta cifra no toma en cuenta los fallecidos durante motines en los retenes policiales e internados judiciales, ya referida más arriba. Tampoco incorpora el número creciente de “averiguaciones/muerte”, o casos en los que no se ha determinado con claridad la causa del fallecimiento. Desde enero hasta marzo, el total de muertos a manos de policías y militares no ha cesado de aumentar, desde 423 en el primer mes hasta 607 en el tercero. En la actualidad, todos los días mueren en promedio 16 personas a manos de agentes de los distintos cuerpos de seguridad.  Las lógicas de represión y “mano dura” operan tanto en el Gobierno como en la oposición. Muy pocos quieren observar este asunto, y caracterizarlo como problema. Creen que actualmente la eliminación física de las personas que delinquen es la única solución efectiva para la inseguridad, ante el evidente colapso de las instituciones, entre ellas las encargadas de impartir justicia.

*El lunes 2 de abril, el ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia recibió una carta firmada por los abogados Evelyna del Carmen D’Apollo, Gonzalo Antonio Alvarez y Gonzalo José Oliveros, quienes tuvieron que huir de Venezuela luego de ser juramentados por la Asamblea Nacional como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y permanecen en ese país en calidad de refugiados. El documento se describe como un “derecho de petición” formulado ante el despacho de Maria Holguin, pero realmente es una declaración en la que los remitentes dicen ser “no intervinientes y no participantes” en el antejuicio de mérito al presidente Nicolás Maduro. La carta tiene seis páginas, y desde luego aquí no serán transcritas. Solo uno de los últimos párrafos que condensa la idea principal: que “se tenga a los peticionantes, a los efectos de la República de Colombia y la protección como refugiados que nos ha otorgado, como no participantes ni interesados del evento”, que finalmente se llevó a cabo el martes 3 en instalaciones del Congreso colombiano. Como se recordará, ese día la fiscal destituida por la Asamblea Nacional Constituyente Luisa Ortega solicitó a los magistrados del llamado TSJ Legítimo la admisión de las pruebas sobre supuestos sobornos al presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios por parte de la Constructora Odebrecht, y que en consecuencia sea emitida una orden de captura internacional en su contra. La posición de los tres magistrados tomó por sorpresa a algunos que sí participan en el proceso judicial contra el Jefe del Estado. "Es una locura", exclamó uno, al ser consultado sobre la misiva. Luego, advirtió que esta decisión pudo obedecer a la presión de factores políticos que favorecen un entendimiento con el Gobierno. Mientras tanto, el hijo de uno de los magistrados argumentó que ellos no se sienten parte del grupo que motoriza el antejuicio de mérito:"(Esos magistrados) empezaron a hacer sentencias en las que por ejemplo no se citan a las partes, lo cual viola el debido proceso, y es lo que criticamos del actual modelo que impera desde hace 18 años (...) Lo que se hizo en Bogotá no solo menoscabó el debido proceso sino que también creó enormes expectativas, que desafortunadamente no van a cumplirse".

Para comunicarse con el autor de este blog, hacer denuncias o enviar algún dato de interés sobre el problema de la criminalidad en Venezuela puede escribirme a mi correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com.