Publicidad

domingo, 25 de marzo de 2018

Los presos verdes del presidente Maduro


-Los militares, y especialmente los civiles, deben entender que el futuro de todos los oficiales detenidos por participar en conspiraciones, reales o ficticias, está exclusivamente en manos del Presidente

@javiermayorca

La detención y el posterior enjuiciamiento en los tribunales de Fuerte Tiuna de los oficiales que supuestamente lideraban y participaban en el autodenominado Movimiento de Transición de la Dignidad del Pueblo es una decisión que recae directamente sobre el presidente Nicolás Maduro.
Estos presos son suyos, así como los de los complots anteriores, reales o ficticios, y de los que puedan venir. En este sentido, la privación de libertad al mayor general retirado Miguel Rodríguez Torres es también una determinación del Jefe del Estado.
La promoción 1999 de la Academia Militar
Esto no es un juego retórico. La justicia militar, me explicó una vez el coronel retirado Antonio Guevara, es de comando. Contrario a lo que supone la justicia civil ordinaria, en cuanto a su configuración clásica como instancia independiente del Ejecutivo, en las fuerzas armadas los tribunales operan como un órgano más de este poder. Esto es algo difícil de entender para los civiles, aún en países como Venezuela donde los juzgados ordinarios han sido cooptados por el Gobierno.
El artículo 54 del Código Orgánico de Justicia Militar lo dice con claridad, cuando enumera las atribuciones del Presidente de la República: 1) ordenar, por medio del ministro de la Defensa, el enjuiciamiento de los oficiales generales y almirantes; 2) ordenar que no se abra juicio militar en casos determinados; 3) ordenar el sobreseimiento de los juicios militares; 4) conceder indultos, y 5) conmutar las penas establecidas por sentencia ejecutoriada por otra menor que la señalada en el propio código.
De manera que el Presidente no solo es el comandante en jefe de la FAN, sino también la primera autoridad de la justicia militar. El ministro de la Defensa, en este caso Vladimir Padrino, es simplemente un ejecutor de sus designios.
Se podrá señalar que Rodríguez Torres ya estaba retirado y que los demás implicados en el movimiento sedicioso no eran generales sino tenientes coroneles, primeros tenientes e incluso algún sargento. Eso no importa, puesto que la autoridad militar que ordena el procesamiento de todos ellos termina siempre agachando la cabeza ante Maduro. Siempre será un subalterno del Comandante en Jefe.
Si todo sale bien para el Presidente, el día de mañana reafirmará su autoridad en las filas castrenses. Para eso fue diseñada la justicia militar, para que cunda la disciplina por vía del ejemplo, en positivo o en negativo. Pero si las cosas no le salen como él pensaba, él será a los ojos de la oficialidad el primer responsable por lo que ocurra cuarteles adentro.
Lo que sucede actualmente dentro de la FAN solo tiene un precedente desde que Chávez llegó al poder, y fue la convulsión militar que desembocó en la crisis de abril de 2002. Pero entre aquel episodio y este hay diferencias fundamentales. Hace 16 años se manifestó abiertamente contra el Presidente un conjunto mayoritario de oficiales generales de los cuatro componentes armados. Pero en la oficialidad media y subalterna prevalecía la afinidad hacia Chávez. Esto facilitó la retoma del poder, el 13 de abril.
Ahora se percibe un movimiento en el que participan exclusivamente comandantes de batallones del Ejército, sin auxilio de otras fuerzas militares. Es la cabeza de los “comacates” (comandantes, mayores, capitanes y tenientes). Las informaciones iniciales, conocidas extraoficialmente, indican que se habían involucrado 18 unidades. Las cuentas no cuadran. Ante los tribunales fueron presentados los jefes de cinco unidades. ¿Dónde quedó el resto? Tal parece entonces que Maduro y Padrino han intentado un “control de daños” a lo interno del Ejército. Solo el futuro inmediato dirá si la jugada les salió como querían.

Breves

*El contrabando de extracción de combustible no cesa en la frontera del estado Apure. Fuentes de la zona indica que esta actividad se ha organizado de tal forma que prácticamente involucra a funcionarios de todos los organismos del Estado, en especial a los militares, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional, capaces de reconocer a simple vista cuáles automóviles, camionetas y camiones están “alineados”, como se le dice en el argot local. Los vehículos, convenientemente adaptados, están en capacidad de trasladar desde 210 litros hasta 600 litros. La carga de gasolina suele llevarse a cabo en Mantecal o Elorza. Para evitar confusiones, se establecen palabras que son utilizadas como “santo y seña” para cada jornada en la que está abierta la ruta. Un vehículo con 200 litros de combustible puede generar 180.000 pesos colombianos, cancelados en efectivo apenas al pasar al departamento de Arauca. Saquen cuentas.

*Entre los grandes beneficiarios del contrabando de combustible en Apure también figuran los individuos que anteriormente lideraban los frentes del Bloque Oriental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el área limítrofe, ahora dedicados exclusivamente a actividades ilegales, aquí y allá. El nombre que más suena es el de Noé Sánchez, alias Grannobles, hermano del extinto Germán Briceño, mejor conocido como Mono Jojoy, quien fue el jefe militar del grupo guerrillero. Hay viejos informes de la policía judicial que advierten que algunos centros de acopio de combustible, establecidos en fincas del municipio Rómulo Gallegos, son también utilizados como puntos para la carga de alijos de drogas en avionetas. En esto jugaría un papel fundamental Germán Arturo Rodríguez Ataya, conocido como el piloto de las FARC. Este hombre, de unos 48 años de edad, fue detenido por agentes de la policía judicial en el hato San Rafael de Apure, pero una decisión de la Sala Penal del TSJ ordenó liberarlo en junio de 2015.

El caso de las residencias Metro traerá cola
*Está en desarrollo un enfrentamiento entre la policía judicial y la Policía Nacional. Luego del incidente del 12 de marzo en las residencias Metro de la avenida Sucre, cuando agentes de la División contra Homicidios intentaron de manera infructuosa la detención de un grupo de oficiales adscrito a la Fuerza de Acciones Especiales de la PNB (FAES), hay en ambas instituciones una expectativa de ver quién del otro cuerpo comete un desliz. En unidades de la PNB han recibido la orden de vigilar las actividades de Cicpc. Los de este organismo, mientras tanto, adelantan diversas pesquisas sobre el involucramiento en delitos de oficiales del “cuerpo pionero” del nuevo modelo policial. En el último caso conocido, agentes de la División contra Robos detuvieron a 3 PNB por estar supuestamente implicados en el asalto a viajeros que llegan por el aeropuerto de Maiquetía. Más de esto se verá en los próximos días. Es posible que estemos ante una secuela de la masacre de El Junquito, en la que elementos de la FAES actuaron sin contemplaciones contra el grupo liderado por el inspector jefe de Cicpc Oscar Pérez, cuando éste ya había manifestado su intención de rendirse.

*Las últimas informaciones conocidas públicamente indican la existencia de un acelerado proceso de incorporación de policías y militares a actividades delictivas. Este punto ha sido tocado en este mismo espacio, pero la cosa pareciera agravarse cada día que pasa. El fin de semana, un sargento de la Guardia Nacional casi fue linchado cuando intentó asaltar a residentes de los edificios Rio Arriba en Mérida. La comunidad enardecida finalmente lo entregó, ensangrentado y semidesnudo, a una comisión de la zona de defensa integral. En ese momento, solo vestía un pantalón corto con el logo de la Fuerza Armada. El día anterior, cinco detectives del Servicio Bolivariano de Inteligencia y un oficial de la Policía Nacional fueron apresados luego de perpetrar un robo masivo a un centro de juegos en Acarigua, estado Portuguesa. En Anzoátegui, cinco guardias nacionales y dos civiles fueron apresados por conformar una banda de asaltantes de fincas y vehículos en las carreteras. En Yaracuy, dos oficiales de la policía regional fueron detenidos pues hurtaron la pistola reglamentaria Beretta 9 mm a un compañero de trabajo, aprovechando que se encontraba ebrio, y la negociaron con delincuentes. En Vargas, son consistentes las denuncias sobre extorsión a los viajeros por oficiales que instalan puntos de control en la entrada al aeropuerto, mientras que adentro los guardias nacionales son fotografiados por cuando supuestamente reciben coimas de viajeros que intentan llevar todo tipo de mercancías en vuelos a La Habana. Cicpc tampoco se salva. El hacinamiento de detenidos en oficinas administrativas no aptas para esta función ha generado un pequeño mercado de paso de teléfonos. Tres agentes han sido detectados en ese plan, y uno se pregunta cuántos más continúan haciéndolo. Esto por referir solamente lo conocido desde la segunda quincena de febrero hasta ahora. Tantos casos y tan seguidos dicen mucho de lo deficiente del proceso de reclutamiento y selección, y de los peores procesos de supervisión, que no permiten la detección temprana de los agentes corruptos, de manera que los correctivos se imponen generalmente por vía jurisdiccional, cuando la sangre ya llegó al rio. Desde luego, un proceso como este merma la confianza en los cuerpos policiales, y hace que la gente desista de denunciar los hechos en los que ha sido víctima. Por eso, cuando el ministro de Relaciones Interiores dice satisfecho que el delito está bajando, lo que sucede en realidad es que cada día los organismos de seguridad conocen menos denuncias. Y ahora andan a ciegas.

*La Fuerza Armada todavía no ha comenzado los eventos preparatorios para la Operación República correspondiente a la elección presidencial, fijada para el domingo 20 de mayo. Cuando la fecha de los comicios era en abril, lo primero que hicieron fue instruir a la tropa sobre los distintos delitos electorales. Eso, desde luego, tiene un efecto residual con miras en este evento. Sin embargo, fuentes militares aseguran que en esta oportunidad habrá un despliegue castrense masivo, cuyo propósito esencial será disuadir cualquier tipo de manifestación contra la jornada de votación, cuya legitimidad ha sido ampliamente cuestionada por la mayoría de los sectores políticos del país y la comunidad internacional. En la FAN, al parecer, manejan escenarios de protestas callejeras, tanto en los días previos a los comicios como durante la propia jornada.

*El 19 de marzo el Departamento de Estado divulgó el último informe de “estrategia internacional para el control de narcóticos”. Como es tradicional, el extenso documento consta de dos partes. La primera se refiere a los controles aplicados por los distintos países en cuanto al flujo de drogas ilícitas y las sustancias químicas utilizadas para fabricarlas. El segundo tomo tiene que ver con la cooperación para investigar, prevenir y reprimir el lavado de dinero. Según este informe, las regulaciones establecidas por el Gobierno a los distintos mercados del país ocasionan que “muchos comerciantes legítimos contacten a actores ilegales para obtener acceso a dólares estadounidenses, facilitando así el lavado de dinero”. El mercado negro del dólar fue calificado de “robusto”, y de acuerdo con el documento se nutre de divisas obtenidas del tráfico de drogas y de manipulaciones cambiarias. Se hace referencia a una variación del método conocido como el “mercado negro del peso colombiano”. Consiste en que los traficantes de drogas entregan el producto de sus ventas a contrabandistas, agentes de viajes e inversionistas, a cambio de pesos colombianos, que luego son transformados en bolívares en la frontera, a la tasa de cambio paralela, y utilizados posteriormente para comprar dólares a través de los esquemas establecidos por el Gobierno, como son las subastas y las ventas de bonos. En resumen, se usa al aparato estatal para la legitimación de capitales. El capítulo referido a Venezuela reitera que desde 2006 no hay intercambio de información entre los órganos de EEUU y este país encargados de regular e investigar la legitimación de capitales, presumiblemente debido a una infidencia de las autoridades nacionales.

*Si desea comunicarse con el autor de este blog, puede escribir al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com, o rellenar el formulario correspondiente en el margen derecho de la página. Su mensaje recibirá oportuna respuesta.

domingo, 11 de marzo de 2018

Descontento en el Ejército

-Un nuevo movimiento que supuestamente pretendía sacar a Maduro del poder fue detectado en la principal fuerza castrense del país. Oficiales que estaban al mando de unidades con alto poder de fuego ahora son llevados a los tribunales

@javiermayorca

Desde la primera semana de marzo quedó en evidencia –nuevamente- la delicada situación por la que atraviesa el Ejército. Luego de unos ejercicios Independencia en los que no creyeron ni siquiera los mismos militares, agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar detuvieron a un conjunto de tenientes coroneles y de oficiales subalternos que, hasta ese momento, ejercían en su mayoría posiciones de comando o eran segundos comandantes en unidades operativas con alto poder de fuego.
Marín en 2010. Foto Facebook
El oficial de mayor relevancia es Igbert José Marín Chaparro, comandante del batallón de infantería motorizada Juan Pablo Ayala, con sede en Fuerte Tiuna. Fue aprehendido el viernes 2 de marzo aproximadamente a las 9 am, cuando acudió a trabajar a la sede de la unidad. De allí, según fuentes con conocimiento directo del caso, fue trasladado al despacho del ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino. Luego de una breve reunión, lo llevaron a un calabozo en la Dgcim Boleita.
Marín fue alférez mayor de la promoción graduada en 1999 en la Academia Militar. Es, por lo tanto, el oficial más brillante de su grupo, y eso lo confirma la posición clave para la defensa del proceso político que ejercía para el momento en que lo privaron de libertad.
Otros compañeros de la misma camada de Marín están en igual condición. Ejercían el comando de unidades militares en los Andes y en el centro del país. En el grupo también figura el teniente coronel Eric Peña Romero, administrador del Hospital Militar de Caracas, quien fuera ayudante del general Miguel Rodríguez Torres, ex ministro de Relaciones Interiores, un disidente del chavismo que fue inhabilitado recientemente para optar para la Presidencia.
Para el momento de la redacción de esta nota estaba pautada la presentación de Marín y otros oficiales ante los tribunales de control militar de Caracas, con sede en Fuerte Tiuna. Hasta ahora, han involucrado a diecinueve. Les imputarán rebelión militar y traición a la patria, aunque la lista de delitos podría ser más larga. Curiosamente, en la fase previa a la audiencia de presentación el expediente no había llegado al Ministerio Público militar. Por ende, las actas con los detalles de la investigación solo eran del conocimiento de Contrainteligencia Militar, el Alto Mando y líderes del Gobierno. Son las cosas de la justicia de comando.
Este es el segundo movimiento de disidencia al Presidente detectado en filas del principal componente castrense en apenas un año. En 2017 también fue desmantelado a última hora un grupo de tenientes y primeros tenientes, en su mayoría de la promoción 2012 de la Academia Militar. 
Cuando Maduro empezó su presidencia, los supuestos movimientos militares involucraban mayoritariamente a altos oficiales en posiciones administrativas, sin mando sobre tropas o ya retirados. Eran de la Aviación y de la Guardia Nacional. Seis años después, cuando Maduro pretende reelegirse contra la voluntad de la mayoría del país y la comunidad internacional, en medio de la peor crisis económica e institucional de la que se tenga memoria en Venezuela, los calabozos de la Dgcim se llenan con oficiales superiores y subalternos del Ejército, el principal componente de la Fuerza Armada.
En Venezuela, el miedo impide a los oficiales hablar de manera abierta. Desde el exterior, el general (recientemente expulsado por Maduro de la FAN) Antonio Rivero advierte que este último ha sido el movimiento más importante detectado en el seno de la Fuerza Armada.
“Cuando van sobre tenientes coroneles, van sobre niveles de comando muy importantes en la institución. Y, además, se trata del Ejército, que es la principal fuerza militar del país”, explicó. 
Actualización: luego de la publicación de esta nota en Runrunes y Tal Cual, Control Ciudadano informó que el viernes 9 de marzo un juzgado de control militar con sede en Fuerte Tiuna confirmó las detenciones de nueve militares, 7 de ellos oficiales, de los cuales cuatro comandaban respectivamente los batallones Ayala (Caracas), Cipriano Castro (Calabozo), Pedro León Torres (Valencia) y Juan Paredes (Táchira). La organización representada por Rocío San Miguel indicó que las aprehensiones ocurrieron “por no adoptar una conducta política partidista en favor de la Revolución”.
El abogado Alonso Medina indicó que, de acuerdo con el Gobierno, los siete oficiales y los dos efectivos de tropa profesional enviados a tribunales formaban parte del autodenominado Movimiento de Transición de la Dignidad del Pueblo. Desde el exterior, el general (también expulsado de la FAN) Hebert García Plaza atribuyó al comandante Marín el liderazgo de esta agrupación, en la que participarían otros jefes de unidades tácticas. “Hay una desobediencia en marcha en la FANB, que el Gobierno oculta”, alertó.

Breves

*El ministerio de Relaciones Interiores ordenó a un grupo de técnicos la elaboración de un informe sobre el delito de secuestro durante los primeros dos meses de 2018. Hay un interés especial en continuar una campaña propagandística que intenta transmitir a las comunidades, en especial a las de Distrito Capital, que las calles ahora son seguras. Pero no hay modo. Hasta en los propios documentos internos surgen los datos indicativos de que todavía el problema persiste. Dos elementos preocupantes: en primer lugar, según se conoce extraoficialmente, continúa reafirmándose la tendencia a los secuestros de dos o más personas (padres e hijos, parejas, grupos familiares completos, etc), ya detectada durante 2017. Es por eso que los voceros del Gobierno se concentran en la divulgación del número de casos, y no en la del número de víctimas, que sigue siendo muy alto. Por otra parte, se detecta una dispersión en el accionar de las bandas. Ahora, la mayoría de los secuestros no ocurre en Chacao, Sucre o Baruta sino en municipios periféricos de Miranda. Los habitantes de Rio Chico lo padecen.

*Hasta Caracas ha llegado la información sobre un conflicto entre comisarios de la policía judicial. Por un lado, están los investigadores de la subdelegación Guanare, y por el otro una comisaria, Bella Pacheco, en comisión de servicio para ejercer la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación. Cicpc adelantaba una pesquisa sobre el hurto de lo que llaman “material estratégico”, perpetrado en un galpón de Construpatria ubicado en la avenida Bolívar de la referida ciudad. El botín fue de 105 rollos de cable número 12, lo que representa una considerable suma de dinero. El 22 de febrero, según documentación disponible, la comisaria informó a los agentes sobre la posible ubicación de los rollos hurtados, en dos ferreterías de la misma urbe. La información no fue del todo exacta, pues solo encontraron cinco rollos en el depósito de una de las empresas. Junto al cable, hallaron ventanas panorámicas y una puerta de seguridad como las que se utilizan en edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El dueño del local explicó que esos materiales en realidad pertenecían a una cooperativa llamada Caballo Viejo, que participa en la construcción de las edificaciones de interés social. Allí comenzaron los problemas. Las inspecciones por parte de Cicpc cesaron. La policía estatal continuó revisando locales, pero de acuerdo con la información transmitida por el Ministerio Público a los pesquisas, estos procedimientos no contaban con notificación de flagrancia ni orden judicial.

*La Fuerza Armada inició un censo para determinar cuáles edificaciones y áreas específicas, tanto públicas como privadas, pueden ser utilizadas como “refugios para la población civil”. La orden correspondiente para hacer el levantamiento de información fue impartida a unidades ubicadas en estados fronterizos y de Los Llanos. Fuentes castrenses indicaron que los informes deben incluir los datos sobre el propietario de la estructura inspeccionada, sus dimensiones, la ubicación, el uso que se le puede dar y las reformas que serían requeridas con tal finalidad. Esto indica que no sólo servirían para albergar a personas en una situación de emergencia, sino también para guardar equipos, materiales e incluso sistemas de armas. El trabajo de campo se inició una vez finalizados los ejercicios Independencia 2018.

*Al momento de entregar estas notas es divulgado el último informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, que coloca a Caracas como la segunda ciudad más violenta del mundo, en términos de tasas de homicidios, solo superada por la urbe mexicana Los Cabos. En ambos casos, el resultado es superior a 111 por cada 100.000 habitantes. Esto sucede mientras las autoridades venezolanas sostienen que el delito violento disminuyó durante 2017. La ONG mexicana sustenta su trabajo en reportes periodísticos, puesto que carece de acceso a los registros oficiales, al igual que sucede con los grupos de investigadores en Venezuela. De manera que la cifra es fijada sobre la base de ingresos de cadáveres en la morgue de Bello Monte. El impacto internacional de estas informaciones es enorme. Uno de los factores que comienza a ser evaluado en estos centros es la exactitud de las tasas calculadas sobre la base de proyecciones de población hechas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que no toman en cuenta la masiva migración desde Venezuela hacia otros países. Lo que sugiere la ONG mexicana es que la tasa real de homicidios en Caracas podría ser mucho más elevada, en vista de que la población de la ciudad sería menor que la proyectada.

*Una nueva movilización militar se lleva a cabo en estados fronterizos con Colombia, especialmente en Táchira y Apure. Esta vez, con el pretexto de atacar el contrabando de alimentos a precios subsidiados y el abigeato. La operación, llamada Centinela, parte del supuesto de que tales actividades son ejercidas en la frontera por “grupos estructurados de delincuencia organizada” o GEDO, como si se tratara de algo totalmente ajeno a la Fuerza Armada. Las últimas denuncias del director de la Fundación Redes, Javier Tarazona, indican que el mercado ilegal de alimentos es controlado en la zona limítrofe de Táchira por elementos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con la anuencia de uniformados. Esta información es corroborada por trabajos periodísticos de medios colombianos. En septiembre de 2017 El País de Cali documentó mediante videos cómo opera la corrupción militar para permitir el paso de artículos de primera necesidad y personas por las trochas que van entre Colombia y Venezuela. La operación Centinela, por lo tanto, podría tener objetivos distintos y no declarados, al emplazar elementos del Ejército y los demás componentes castrenses en una zona de conflicto potencial, derivado del creciente flujo de personas que huyen hacia Colombia y otros países en virtud de la terrible crisis nacional.

*Los halcones. Según el periodista Ricardo Ravelo, así son llamados en México a los grupos armados que hacen la custodia de los cargamentos de drogas, en especial cuando son traslados por tierra o cuando se hacen los procesos de carga y descarga de alijos que son transportados por avión. Otros halcones también vigilan desde las alturas los contingentes de emigrantes ilegales en su ruta hacia la frontera norte, con Estados Unidos. Esa fue una de las primeras funciones asignadas a los integrantes de grupos tácticos de la Aviación mexicana que servían a Osiel Cárdenas, entonces líder del cartel del Golfo. Estos profesionales de armas fueron creciendo en número y poder hasta convertirse en Los Zetas. La referencia viene a propósito de un incidente reportado en la población de Mene Mauroa, Falcón, en la que un grupo armado se enfrentó a una comisión de la Guardia Nacional que intentaba detener a los ocupantes de una avioneta en vuelo sospechoso, el 7 de marzo. Uno de los vehículos militares se accidentó, y los que hacían la custodia del cargamento de drogas dieron alcance a los uniformados. En el tiroteo murió el sargento primero de la Guardia Nacional Gregory José Luzardo, y otro militar fue herido. Estas son señales muy claras de lo que ocurre en el país.

*Para comunicarse con el autor de esta columna puede escribir al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com. También puede registrarse y enviar mensajes director llenando el formato correspondiente en el margen derecho de este blog. Oportunamente, sus mensajes serán respondidos.