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domingo, 25 de febrero de 2018

Las cárceles de la FAN (Y II)


-La puesta en marcha de la Operación Zamora elevó a 77% el hacinamiento general en los centros para procesados militares, y obligó a los directores de los penales a instaurar sistemas de delación, que permitieran mantener el control celdas adentro

@javiermayorca

Venezuela tiene tres grandes centros para procesados militares: Ramo Verde, Santa Ana y La Pica. Las dimensiones de tales instalaciones permiten albergar a unos 540 detenidos. Pero una investigación de la organización Una Ventana para la Libertad determinó que, en septiembre de 2017, la población total en esos sitios llegaba a 961 personas. El hacinamiento superaba el 77% en promedio. En el anexo de Santa Ana llegó a ser superior a 214%.
Desde luego, en un país donde los internados judiciales “civiles” tienen niveles de hacinamiento de superan el 300%, los que están bajo el cuidado de la Fuerza Armada podrían parecer hoteles. Y ese es el término que muchos utilizan para describirlos. De hecho, durante la investigación se constató que una de las amenazas de las autoridades en tales lugares hacia los detenidos que consideran problemáticos es el inmediato traslado a instalaciones para presos comunes, como El Rodeo, Yare o El Dorado.
Contrario a lo que sucede en Contrainteligencia Militar, donde hay una intención explícita en hacer sentir al oficial detenido que fue despojado de su graduación, en los llamados “centros para procesados militares” sí existe cierto respeto hacia la antigüedad de los profesionales de armas. Eso hace que, por ejemplo, en Ramo Verde y en Santa Ana los generales y coroneles gocen de más espacio en sus celdas, mientras que los efectivos de tropa a menudo carezcan de lugar para tender una colchoneta.
Las cárceles militares por excelencia, ubicadas en los estados Miranda, Monagas y Táchira, se hacen llamar “centros para procesados”. Pero al revisar la población interna se encuentra que en ellas también están mezclados los individuos aún sometidos a juicio con aquellos que ya fueron sentenciados. La proporción general entre procesados y penados podría ser 70/30, es decir, similar a la de los internados judiciales administrados por Servicio Penitenciario. Pero esta cifra cambia durante las épocas de conflictividad política y social, sobre todo luego de la activación de la Operación Zamora, por orden del presidente Maduro en abril de 2017, que militarizó las labores de preservación del orden público, así como también el enjuiciamiento de las personas privadas de libertad por protestar. El pretexto que dio en su momento el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino, fue que estos manifestantes incurrían en el delito militar de “ultraje al centinela” cuando atacaban a los guardias. Hubo, por cierto, personas que fueron apresadas por efectivos de la Policía Nacional y enviadas a instalaciones de la FAN, sin que hubiesen arremetido contra ningún efectivo castrense.
Las cárceles militares se llenaron de civiles
El hacinamiento prevaleciente en las cárceles de la Fuerza Armada acarreó otros efectos colaterales, como por ejemplo las deficiencias en la alimentación de los internos. Los familiares de los detenidos se ven obligados a asumir los costos de la comida. Otros dependen de la solidaridad de sus compañeros de reclusión. En Ramo Verde y La Pica, por ejemplo, es frecuente que un recluso cocine en una gran olla para dar también a quienes no tienen bocado.
Otro factor común son las condiciones generales de insalubridad y el retardo de la atención médica. En las cárceles de la FAN te bañas “cuando llega el agua”. En Táchira, esta situación ocasionó un brote de sarna, que tuvo que ser atendido por organizaciones no gubernamentales en condiciones de absoluta discreción, pues la dirección del penal no quería que esto fuese del conocimiento público.
Las tres cárceles de la FAN están bajo un sistema de dirección rotatoria, ejercida por un coronel o capitán de navío por lapsos que –teóricamente- no deberían superar los seis meses. Los designa el titular de Defensa, por intermedio de un director general de Servicio Penitenciario, que tiene el grado de general de brigada.
Desde luego, los directores de estas cárceles son oficiales que poco o nada entienden de penitenciarismo. Además, carecen de apego por el trabajo que desempeñan, y su mayor interés es evitar en lo posible que la instalación bajo su mando sea motivo de escándalos públicos. Cualquier información que se filtra sobre los castigos excesivos hacia algún detenido o sobre las condiciones generales de reclusión terminará afectando al propio detenido, quien con seguridad será castigado mediante “aislamiento celular” en una celda de 2 x 2, conocida como tigrito.
Como estos directores carecen de personal suficiente para imponer su régimen, en las cárceles de la FAN se instauró un sistema de delaciones, según el cual algunos elementos de la población penal reciben privilegios y poder en la medida en que contribuyen a identificar a los presos que están con murmuraciones o que tienen conductas no apropiadas. De manera que la aplicación de los castigos viene a ser un trabajo compartido entre la dirección del penal, el jefe de régimen y el delator, que generalmente es un individuo ya sentenciado y con mucho tiempo de permanencia en el lugar.
Estos castigos van desde el ya referido confinamiento hasta una golpiza, la privación de alimentos o el robo de las pertenencias del detenido, en el desarrollo de supuestas requisas.

Ocio y coliseos

Como en las cárceles para presos comunes, en las militares los internos pasan la mayor parte del tiempo en ocio. Si eres un coronel o general, podrás introducir computadoras y equipos de televisión por cable, que permanecerán a todo volumen hasta altas horas de la noche. Otros, quizá algún libro, y desde luego sus teléfonos celulares. Pero el sistema no está diseñado para un reaprendizaje ni para el aprovechamiento de las jornadas.
En La Pica, donde los militares detenidos estuvieron mezclados con jóvenes llevados allí por protestar contra el Gobierno, hay testimonios sobre la celebración de los llamados “coliseos”, que en este caso no eran peleas a cuchillo sino a puños, y que eran usadas como rituales de iniciación o introducción en la población interna. El que no participaba, no se ganaba el respeto. En Ramo Verde también las hacían, pero a escondidas.

Breves

*En la última semana de noviembre, las autoridades mexicanas anunciaron que habían “rescatado” a diez venezolanas que supuestamente permanecían en la población de Toluca, atrapadas en una red de trata de personas que las obligaba a tener relaciones sexuales por lo menos cinco veces al día, en un motel llamado Gran Vía. Uno de los aspectos que se intentó determinar fue el mecanismo aplicado para captarlas en Venezuela, toda vez que provenían de distintos lugares del país. Según fuentes mexicanas, en todos los casos hubo un factor en común: las ofertas de empleo fueron conocidas a través de una misma página web, cuyos espacios eran usados por la organización para difundir la propuesta de trabajo temporal con visa de turista. Pero al llegar al territorio mexicano, las venezolanas eran despojadas de sus pasaportes, con el pretexto de que debían cancelar los préstamos que les habían hecho para financiar los pasajes y la estadía en México.

*A propósito de una nota publicada en esta misma sección, relacionada con el último informe de la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), una fuente gubernamental indicó que la cifra de policías, militares y oficiales de seguridad, activo y retirados, víctimas de homicidio durante 2017 ascendió a 440. Esto representa un incremento de aproximadamente 5% con respecto al número de fallecidos de tales profesiones durante el año antepasado. Los estudios preliminares de la policía judicial indican que 217 decesos, es decir, poco menos de 50%, fueron producto de la resistencia al robo, ya sea del arma o del vehículo del policía, el militar o el escolta. Esto indicaría un cambio en las tendencias que se vieron al respecto durante los años precedentes. En 2017 hubo, además, 12 casos de muertes de individuos de estos sectores que fueron producto de sicariatos. El resto de los fallecimientos sería producto de “ajustes de cuentas” o problemas pasionales.

*El 15 de febrero, el director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, divulgó una circular en la que se instruye a los jefes de ese cuerpo sobre un nuevo procedimiento para registrar las reprimendas verbales que dan a los subalternos, en el cumplimiento de sus labores cotidianas. Según el máximo jefe de Cicpc, tales llamados de atención se quedan generalmente en meras palabras, y no gozan de mayor impacto, con lo que se repiten las conductas reprochadas. A propósito de esta nueva instrucción, el funcionario hizo una reflexión, que da cuenta del deterioro de la imagen pública del cuerpo detectivesco: “Históricamente, el Cicpc se ha caracterizado por su disciplina, legado de nuestros fundadores. Los líderes modernos, con mayor preparación académica, y un abanico de herramientas tecnológicas, han dejado a un lado lo importante de la disciplina (el horario, el vestir, el corte de cabello, la higiene personal, el respeto a la jerarquía, respeto al órgano regular, el trato al público, la discreción al portar el arma, el buen uso de las unidades, etc) por atender lo urgente como sería las desviaciones graves (extorsión, hurto, robo, corrupción, homicidios, etc). Los resultados están a la vista: pérdida de la credibilidad de nuestros conciudadanos, deterioro de nuestra imagen, críticas de nuestros predecesores, sociedad de cómplices”.

Cicpc mal parado en informe de la ONA
*El último informe de gestión de la Oficina Nacional Antidrogas tiene algunos detalles que conviene destacar. Por una parte, se reafirma una tendencia ya vista en los años anteriores en cuanto a la disminución de los decomisos. En 2017, de acuerdo con el documento, fueron poco más de 39 toneladas de psicotrópicos. Esto ocurre en un contexto general de incremento en la producción de cocaína en los países de la región andina. Se debe suponer, entonces, que el paso de esta droga por Venezuela pudo haberse incrementado, con un elemento adicional, que ya es la evidente incorporación de elementos de la Fuerza Armada y del Servicio Bolivariano de Inteligencia en el transporte de alijos. Una mención especial amerita la policía judicial. Las cifras de la ONA reflejan que este cuerpo abandonó la investigación sobre la materia, y ahora sus funcionarios se contentan con la detención de pequeños vendedores o jíbaros, e incluso consumidores. Cicpc practicó más detenciones que ningún otro organismo (5.378), pero solamente incautó 77 kilos de drogas. En otras palabras, cada detenido por esta policía, que ahora se hace llamar “científica”, tenía solo 14 gramos de droga en promedio.

*Los hampones definitivamente ya no quieren nada que sea en bolívares. Los primeros en dolarizarse fueron los secuestradores. Hace dos años cobraban rescates en bolívares y también en divisas extranjeras. Ahora, rechazan por completo la moneda nacional. Los extorsionadores siguieron este mismo camino. El miércoles 21 de febrero, la policía del municipio San Francisco (Zulia) apresó in fraganti a cuatro venezolanos que intentaban huir del barrio 28 de Julio, donde habían citado a una víctima para que pagara 1.100 dólares americanos a cambio de la devolución de un vehículo que supuestamente le habían robado. El dinero iba en un sobre blanco, y en realidad eran billetes nacionales, metidos allí para que hicieran bulto. Apenas recibieron la plata fueron apresados. Este patrón de extorsiones en dólares se repite en otras partes del país como Aragua, Margarita y Distrito Capital, donde el delito es muy frecuente.

domingo, 11 de febrero de 2018

Las cárceles de la FAN (I)



-Los centros de detención y los retenes de la Fuerza Armada padecen el impacto de la Operación Zamora, y cada día se parecen más al resto de las instalaciones penitenciarias del país

@javiermayorca

            La organización no gubernamental Una Ventana para la Libertad presentó un informe sobre la situación de derechos humanos en los centros de reclusión dependientes de la Fuerza Armada Nacional. El documento tiende una mirada no solo a las cárceles y anexos militares, como son Ramo Verde (Miranda), La Pica (Monagas) y Santa Ana (Táchira), sino también a las celdas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
La Operación Zamora llenó Ramo Verde
            El trabajo de campo fue desarrollado durante los meses de septiembre a noviembre de 2017, cuando esas instalaciones continuaban impactadas por la ola de detenciones registrada apenas meses atrás en todo el país, como consecuencia de la puesta en marcha de la operación Zamora, y la militarización de los juicios a quienes manifestaron contra el Gobierno.
            La primera y más evidente consecuencia fue el colapso de los centros para procesados militares y de la sección de calabozos de la Dgcim. En esta última instalación, ubicada en la zona industrial Boleíta Norte, los presos llegaron a estar en los pasillos de las zonas D y E de celdas, donde de acuerdo con testimonios pasaban todo el día de pie, esposados y de espaldas al área de paso, puesto que no había espacio en las celdas.
            En la Dgcim, al igual que en el Sebin, las detenciones sin orden judicial y sin estar en condiciones de flagrancia son una práctica usual. El trabajo también documentó casos en los que se negaba a los familiares y abogados la presencia de detenidos en los calabozos. Esto fue aplicado no solo a civiles aprehendidos durante las manifestaciones, sino también a oficiales en retiro como el ex ministro de la Defensa, general en jefe Raúl Baduel.
            Una característica de la Dgcim es que sus funcionarios no respetan los grados de los oficiales procesados o bajo pesquisa, algo que es mandatorio en el resto de la institución militar. Los agentes de Contrainteligencia Militar se creen y actúan como si estuviesen por encima de las leyes. Entonces, a un general de brigada activo, preso por la investigación a propósito de un comentario, lo tenían en sudadera, en una celda a temperaturas cercanas a los diez grados centígrados.
            El trabajo, además, documentó casos de tortura en el curso de interrogatorios a individuos detenidos por manifestar. No solo se trataba de la exposición al polvillo de granada lacrimógena (casi una marca registrada de la Dgcim), tal y como le hicieron al capitán Juan Carlos Caguaripano y al teniente Jefferson dos Ramos. También se aplican procedimientos tales como sofocar a la persona durante los interrogatorios, colocándole un saco en la cabeza, a veces impregnado con insecticida; golpear al detenido mientras le llueven preguntas en un local cerrado, o introducirle tachuelas debajo de las uñas.
            La Dgcim nació al final del gobierno de Hugo Chávez, pero se podría decir que se formó y creció a imagen y semejanza de su heredero. Este despacho se erigió en una especie de policía interna de la Fuerza Armada, que a propósito de la militarización de la justicia ordinaria cada día proyecta su accionar más allá de los cuarteles.  No es casualidad, entonces, que el acento se ponga en la contrainteligencia, es decir, en la detección y “neutralización” de las amenazas –reales o ficticias- al régimen de Maduro.

Ola de presos

            Según este reporte, la conflictividad política ocasionó un auténtico tsunami de presos a lo interno de la Fuerza Armada. Ya no eran solamente los oficiales y tropas descontentos con el Gobierno, sino los civiles detenidos por participar en protestas.
            La Dgcim, desde luego, se hizo insuficiente. El trabajo de la ONG logró documentar que para inicios de 2017 permanecían más de 2.800 personas en calabozos de unidades militares. Cada comando de zona de la Guardia Nacional albergó detenidos tanto por razones políticas como por cometer algún delito, y a menudo permanecían mezclados en las mismas celdas o espacios de reclusión.
            Lo mismo ocurrió en la Brigada de Policía Militar José de San Martín, en Fuerte Tiuna, antaño un lugar destinado a lo que llamaban “presos VIP” (Chávez estuvo allí en abril de 2002), que en 2017 llegó a situaciones de hacinamiento hasta del 50%.

Breves

*Cinco sargentos fueron puestos a las órdenes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar a propósito de la queja colectiva que protagonizaron el 10 de enero en el destacamento de Seguridad Urbana de Fuerte Tiuna. Los uniformados, como se recordará, divulgaron a través de YouTube un video en el cual se comunicaban con la jerarquía castrense con la finalidad de expresar las precarias condiciones en las que les tocaba trabajar, y el hambre que estaban pasando. Al tratarse de una queja colectiva, el incidente fue abordado como una falta a la autoridad, que incluso podría ameritar la apertura de expedientes en el fuero castrense. El tema es que la situación de precariedad al interior de los cuarteles resulta inocultable. Poco después de esto, a través de las redes sociales se divulgó las características de la ración que estaba recibiendo un capitán activo, y que consistía en pasta y agua. El factor hambre también está afectando a la oficialidad, y definitivamente está minando la moral de las tropas, las mismas que permanentemente son llamadas por Maduro y el Alto Mando para que den la cara en defensa del proceso político.

*El director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, introdujo un nuevo control para la manipulación de los registros del Sistema Integrado de Información Policial (Siipol). En una circular interna, dispuso que los operadores debían llevar también un cuaderno manuscrito con los datos sobre las personas que estaban haciendo las solicitudes de información, así como las fechas, horas y demás detalles. Ya en 2016 habían comenzado las restricciones para las búsquedas a través de este sistema, pues era claro que la información manejada posee un valor muy elevado, en virtud de los antecedentes penales de muchos de los altos representantes del régimen. Esta nueva circular fue divulgada en los despachos policiales en momentos en que se desarrolla una investigación contra tres funcionarios del cuerpo detectivesco en el estado Táchira, señalados de haber participado en una búsqueda de antecedentes del constituyentista Diosdado Cabello, así como otros altos funcionarios.

*El clima institucional en la policía judicial está muy enrarecido. A la directiva, encabezada por el comisario general Douglas Rico, se le reclama la falta de solidaridad en el proceso que finalizó el 15 de enero con la matanza del inspector jefe de ese organismo Oscar Pérez. En los foros policiales se recordó que el comisario se involucró directamente en las negociaciones para la resolución de una situación de rehenes protagonizada por Claudio Giménez Gómez, un secuestrador radicado en la Cota 905 conocido como Buñuelo, en febrero de 2016. En cambio, nada hizo para salvar la vida del instructor, acorralado junto a otras seis personas en una vivienda de la urbanización El Araguaney, que había manifestado su intención de entregarse. Rico se dejó atrapar por el discurso polarizante del Gobierno, que pretendía colocar al inspector Pérez en el mismo plano que los miembros de los grupos fundamentalistas. Luego, para colmo, permitió que sus agentes fuesen vejados y asaltados por miembros de colectivos armados en la avenida Urdaneta. Tantos hechos y tan seguidos solo contribuyen a minar aún más la moral y la efectividad de una institución de rango constitucional, creada en democracia para la investigación y la represión de la actividad criminal.

*Cada vez son más frecuentes las informaciones extraoficiales sobre la inminente reactivación de la industria de los juegos de azar en el país. Dos fuentes independientes han advertido que los casinos, salas de apuestas y de máquinas traganíqueles se unirían al creciente número de centros de juegos on line o bookings que ya existen. Esta medida iría a contracorriente con la tendencia mostrada desde el Ejecutivo a partir de 2011, cuando allanaron y cerraron estos locales, que hasta entonces operaban en la capital y el interior del país. La razón indicada es la necesidad del fisco de obtener recursos a como dé lugar. Uno de los principales operadores de la industria del juego en Venezuela, Domingo Goncalves, fue detenido hace seis años por averiguaciones sobre un presunto lavado de dinero y defraudación al fisco, pero obtuvo una medida cautelar en 2016, y logró salir de las celdas de la Dirección de Contrainteligencia Militar donde permaneció desde las primeras de cambio.

El Petro: aún muchas dudas
*Otra operación que ha traído mucha suspicacia es el lanzamiento, precisamente en estos momentos, de la criptomoneda virtual conocida como Petro. Al respecto circuló en la Fuerza Armada un papel de trabajo en el que se explican algunas ventajas y desventajas de este mecanismo. Entre las primeras, figura la posibilidad de eludir las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense a través del Departamento del Tesoro, siempre y cuando los “socios” o aliados de Venezuela, como China, Irán y Rusia, accedan a utilizarlo. Otro aspecto positivo sería la posibilidad de atraer nuevos capitales, incluso desde el interior de Venezuela. Entre las desventajas, en cambio, está que otros países con economías más sólidas como Rusia y Estonia están en procesos para sacar sus propias criptomonedas, lo que atraería más capitales hacia esos países que hacia el suramericano. Para el abogado Fernando Fernández, el Petro es un mecanismo “más bien de orden bursátil, en el plano de emisión de deuda, que sería cancelada no en dólares sino en euros, pero que a su vez tiene un valor representativo en barriles de petróleo”. Pero lo más grave es que el Petro sea utilizado para ocultar el origen de dinero sucio. “La criptomoneda se puede prestar para todo tipo de fraude, no solo el lavado de dinero, sino para todo tipo de engaño, mientras se mantenga la confidencialidad”. Fernández reconoció que las otras criptomonedas mantienen trazabilidad a través del mecanismo conocido como blockchain. Por lo tanto, lo recomendable es investigar bien quiénes son los que pretenden transar los petros, e igualmente cómo se constituye su red de clientes.