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domingo, 28 de enero de 2018

Anotaciones sobre la masacre de El Junquito

-La matanza del inspector jefe de Cicpc Oscar Pérez fue el producto de una actuación contradictoria que deja muchas interrogantes. Aquí algunas respuestas

El lunes 15 de enero, nueve personas resultaron muertas y por lo menos otras cinco heridas como consecuencia de un supuesto enfrentamiento entre cuerpos de seguridad y el grupo liderado por el inspector jefe de la policía judicial Oscar Eduardo Pérez.
Este hecho ha suscitado la atención de todo el país y de la comunidad internacional. A pesar del interés manifiesto del Gobierno por dosificar en lo posible las informaciones, y generar confusión mediante la filtración de datos falsos, hay varios aspectos que ya están claros.
Ubicación de la masacre
*Fue una masacre. Más allá de cualquier connotación sensacionalista, la palabra masacre es aceptada internacionalmente para designar la matanza de cuatro o más personas en un solo hecho. El Buró Federal de Investigaciones (FBI), incluso, admite esta denominación para sucesos en los que las víctimas fallecen en lugares distintos, aunque íntimamente relacionados por tener un perpetrador común. Un ejemplo es la llamada Masacre en Kennedy, en la que agentes de Inteligencia Militar, Cicpc y PoliCaracas mataron a un grupo de estudiantes de la Universidad Santa María, en el curso de una misma secuencia de hechos, aunque en sitios de suceso distintos.
*¿Cuál fue la extensión de esta masacre? Este es un punto polémico. El Gobierno, a través del ministro de Relaciones Interiores Néstor Reverol, atribuyó al accionar de las fuerzas del Estado las muertes de Oscar Pérez, Jairo y Abraham Lugo Ramos, Abraham Agostini, José Díaz Pimentel, Daniel Enrique Soto y Lisbeth Andreína Ramírez. Pero hay indicios de que la lista pudo ser más amplia. Heiker Vásquez, líder del colectivo Tres Raíces del 23 de Enero, pudo morir al ser herido por lo que se denomina “fuego amigo”. Una de las fotos conocidas la tarde del 15 de enero muestra el cadáver de Vásquez, boca arriba y totalmente desnudo, presumiblemente en la morgue del hospital Miguel Pérez Carreño. La gráfica, de muy baja resolución, muestra una herida en la parte baja de la clavícula derecha. Al analizarla, una conocida docente de patología forense (que pidió la reserva de su nombre) señaló que esa lesión tiene las características de ser ocasionada por la salida de un proyectil. “Los bordes se ven muy evertidos (volteados), por lo que pareciera ser un orificio de salida”, dijo. Debido al diámetro de esta lesión, no se descarta que el proyectil fuese de un fusil. Esto nos acerca aún más a la versión según la cual el grupo de Pérez estaba totalmente sometido, inerme. Sugiere, además, una situación en la que factores del Gobierno aprovecharon para ajustar cuentas. Lo mismo que sucedió con el jefe del secretariado de colectivos de Caracas, Juan Montoya, en febrero de 2014.
Usaron armas de guerra
*Una “ejecución extralegal”. Para las 10:30 am del 15 de enero, Oscar Pérez había manifestado su intención de rendirse junto a su grupo, y estaba en negociaciones con el jefe de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, mayor (GN) Rafael Bastardo. No hay evidencias de que sus actuaciones en ese momento tuviesen otra orientación, a pesar de lo declarado posteriormente por el titular del MRI Néstor Reverol, para justificar la matanza. Para el inspector era claro que no tenía la más mínima posibilidad de salir de allí bien librado, si no era entregándose. Minutos después, los comandos de la PNB dispararon armas de repetición y RPG contra el inmueble. Oscar Pérez recibió por lo menos ocho tiros, incluido uno de gracia en la cabeza, según lo indicado por fuentes policiales. Al ser esto así, quedarían descartados los supuestos de la legítima defensa y entraríamos en los de la ejecución extralegal o extrajudicial, según los términos fijados por el Protocolo de Minnesota de la Organización de Naciones Unidas.
Dos millones de euros por Pérez
*Una cabeza con precio. En diciembre, el Gobierno colocó en los despachos públicos, e incluso en el aeropuerto de Maiquetía, un afiche en el que calificaba a Oscar Pérez como “terrorista, asesino, fascista”, y más abajo ofrecía “recompensa por su captura”. El panfleto no especificaba cuánto iban a pagar, pero fuentes extraoficiales de la policía judicial indicaron que la oferta era de dos millones de euros. Para ese momento, aún no había ocurrido el robo de fusiles en la estación de la Guardia Nacional en Laguneta de la Montaña, en las afueras de Los Teques. Esta acción pudo elevar la “cotización” del inspector jefe, ante un Gobierno que lucía humillado por tales ejecutorias. Cabría preguntarse, entonces, si la avaricia no pudo ser un factor que incidiera en la acción inusitada los colectivos/policías.
*Buscaron ayuda de Interpol. En por lo menos dos oportunidades, el Gobierno solicitó a Interpol ayuda para localizar la señal de los teléfonos satelitales que utilizaba Oscar Pérez. Los aparatos habían sido vendidos en Estados Unidos, según las pesquisas oficiales. Estas gestiones comenzaron en julio de 2017, poco después del hurto de un helicóptero de Cicpc y el fallido ataque a la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Se desconoce si las respuestas de la organización de policía internacional fueron oportunas y útiles para el Gobierno, pero luego de ambas solicitudes se produjeron detenciones de personas supuestamente ligadas al entorno del jefe del autodenominado grupo Libertad 350.

Breves

*En sus momentos de esplendor, la sociedad de los venezolanos Hjalmar Gibelli y Fabrizio Della Polla (en la que por cierto también participan otras dos personas) llegó a tener no solo un jet y dos yates registrados en EEUU, además de millonarias cuentas en dólares. En Venezuela, además del emporio para la producción avícola registrado bajo la razón social Servinaca (Guárico), estos comerciantes tenían una flota de tres helicópteros basada en un helipuerto situado en la vía a Guarenas. Una de estas aeronaves fue adquirida a un conocido banquero venezolano, la otra les fue entregada por un empresario de medios y petróleo ligado al madurismo, como pago de una deuda. La última aeronave fue adquirida de un empresario del ramo hípico, propietario de un haras de purasangres. Las dos primeras fueron negociadas a terceros, en la medida en que se estrechaban las ganancias del principal negocio de esta sociedad, que era la compra y venta de divisas, valiéndose desde luego de los contactos con el Gobierno. Una declaración jurada del fiscal de San Luis (EEUU) Jeffrey Jensen indica que Gibelli admitió a los agentes encargados de la investigación del caso (pertenecientes a la Administración para el Control de Drogas, DEA) que había movido más de 170 millones de dólares, principalmente a través de una cuenta en la entidad bancaria estadounidense Wells Fargo, entre octubre de 2011 y abril de 2015, en transacciones relacionadas con el denominado “mercado negro del dólar en Venezuela”.

*El 17 de enero, el ministro de Economía y Finanzas Simón Zerpa designó a Néstor Eduardo Gil como nuevo presidente de la Comisión Nacional de Loterías (Conalot), mediante resolución ministerial 006, en reemplazo de Nelly María Carrillo, quien ejercía esta posición desde febrero de 2014. Las informaciones surgidas de ese despacho indican que ha comenzado una movida de mata, así como la revisión de los registros de licencias para operar en los distintos estados del país, lo que ha permitido entre otras cosas la proliferación de la conocida lotería de “animalitos”. Igualmente, se intentará determinar si los operadores de loterías enteraron al fisco de manera oportuna las ganancias derivadas de las jugadas. Este tema también está siendo investigado por el Ministerio Público, pero hasta ahora no se han producido medidas concretas.

*El Gobierno está echando mano del oro almacenado en las bóvedas del Banco Central de Venezuela con la aparente intención de financiar -aunque sea parcialmente- las operaciones del Estado. Esto lo saben los militares, que son encomendados para hacer los inventarios de lo acumulado, así como también para resguardar los locales y vigilar las operaciones de traslado de las remesas. La primera noticia que se tuvo al respecto fue en junio de 2017, cuando fueron traídos desde Puerto Ordaz 250 kilos del metal precioso. El mes siguiente hicieron lo mismo, pero con 780 kilos. En la última semana de diciembre, los militares fueron llamados para hacer un “repesaje”, y encontraron 996 sacos, donde había 8,27 toneladas de oro. Desde el 1 de enero hasta el momento de publicación de esta columna se tuvo noticia de dos operaciones. En una sacaron más de una tonelada del metal, usando un jet de la línea Air France que despegó desde Maiquetía el 9 de enero. La remesa iba a China. Luego, sacaron una cantidad aún sin determinar hacia Dubai, y el viernes 26 hicieron los preparativos para sacar otra media tonelada, que sería comerciada en varios países. Para el diputado Angel Alvarado, el Gobierno está “raspando la olla” con la finalidad de obtener algunos recursos frescos en el mercado internacional de metales preciosos. Aclaró que estas operaciones no necesariamente deben contar con autorización del Parlamento, y tampoco han sido prohibidas por las sanciones de EEUU, Canadá o los países de la Unión Europea. Lo extraño del asunto, indicó, es que las remesas no sean sacadas directamente a Basilea (Suiza), donde se emite una certificación de origen del metal, y tampoco se ha detectado que sean negociadas en los mercados de Londres. En todo caso, se trata de operaciones llevadas a cabo en medio del mayor sigilo.

*En torno a la renovación de los pasaportes se ha conformado todo un mercado negro, en el que las estafas están a la orden del día. En Instagram, por ejemplo, se anuncia una persona que ofrece realizar esta diligencia en forma express, de manera que el interesado solo debe acudir a la oficina del Saime el día de la cita, previo pago de 30 dólares. Si el titular del documento vive en el exterior, la situación es mucho más delicada y costosa. Una persona radicada actualmente en Perú indicó que para obtener la renovación del documento exigen una transferencia electrónica de cien dólares a la cuenta de una compañía privada registrada en Panamá. En ese caso, luego de haber cancelado la referida suma el trámite no se llevó a cabo. Vale señalar que ese mecanismo, por demás irregular le fue indicado a la víctima a través de la página de servicios consulares. La diáspora, que según el último estudio de Consultores 21 sobrepasa los 4 millones de personas, ofrece un mercado potencial de víctimas para este y otros tipos de fraudes.

*El último informe de la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro) indica que durante 2017 fueron ultimados 309 policías, militares o escoltas. Los datos que llegan de manera extraoficial desde el Gobierno permiten concluir que esta es una cifra prudente, de casos reportados a través de minutas y noticias en los distintos medios de comunicación. Ahora bien, si comparamos este número con el de civiles muertos en el marco de supuestos enfrentamientos con policías o militares, nos daremos cuenta de que ambas estadísticas no guardan ninguna proporcionalidad: por cada policía o militar víctima de homicidio, los agentes de la ley se cobraron 17 vidas durante 2017. Entonces, lo que estamos viendo en mucho más grave y profundo que la mera aplicación de la Ley del Talión (“Ojo por ojo…”). Se trata de una política que apunta al exterminio físico de determinados sectores sociales. Cuando se publicó el trabajo sobre letalidad policial, en la entrega anterior, muchos lectores criticaron que se coloque la lupa sobre el accionar de las policías y no sobre el de los supuestos delincuentes. Pero lo que se intenta demostrar es la existencia de prácticas totalmente ajenas a la legalidad, que tarde o temprano terminan siendo incontrolables, y se llevan por delante a personas totalmente inocentes. Esta dinámica es bien conocida por el Gobierno. La crisis de inseguridad generada por sus acciones y omisiones termina desesperando a la población, que exige medidas drásticas e inmediatas. Entonces, los cuerpos de seguridad pasan de la cesión de espacios y la negociación con hampones a la represión indiscriminada. Un péndulo de nunca terminar…

domingo, 14 de enero de 2018

Letalidad policial

-Las cifras divulgadas recientemente por el ministro de Relaciones Interiores reflejan que la acción de los policías y los militares fue la más mortífera de la historia reciente

@javiermayorca

En 2017, la expresión “resistencia a la autoridad” se convirtió, más que nunca antes, en un sinónimo de muerte.
De nada sirvió que a las operaciones Liberación del Pueblo (OLP) el Gobierno de Nicolás Maduro le pusiera el adjetivo “humanista”, y que de hecho al final del período las hayan borrado por completo de su léxico. Como si nunca hubiesen existido.
Con o sin OLP, las policías y los militares continuaron matando.
En 2017, más letalidad
Es cierto: hay circunstancias en las que el uso de la llamada “fuerza potencialmente letal” se justifica plenamente. Cuando no hay otro recurso para neutralizar una amenaza a la vida del funcionario, o incluso para resguardar a terceras personas; cuando la oportunidad no permite el uso de un recurso distinto para afrontar una situación de riesgo inminente para la integridad física, pues no queda otro remedio que acudir a la pistola, a la escopeta o incluso el fusil, en el caso de los guardias nacionales.
Uno supone que estas deben ser situaciones excepcionales. Nadie en su sano juicio debería enfrentarse a individuos como los policías y los militares, que han sido entrenados para utilizar sus recursos con la mayor efectividad posible. Y entre estos recursos desde luego están las armas de reglamento. Para decirlo de otra manera: cuando un individuo está en el proceso de formación para convertirse en policía, le dicen muy claramente que una pistola solo debe ser desenfundada para matar. Por ende, esta no puede ser una acción cotidiana.
En Estados Unidos, un país con una población diez veces mayor que la de Venezuela, fueron registradas 1.093 muertes a manos de policías en 2016, de acuerdo con un trabajo publicado por The Guardian. Ese mismo año, la acción de los cuerpos de seguridad venezolanos arrojó 6.042 cadáveres, según cifras de la policía judicial, conocidas extraoficialmente.
Este ya es un indicio de que las cosas no van bien en Venezuela.
Pero hay más. Ese año fue récord en cuanto a número de cadáveres producto de los supuestos enfrentamientos entre delincuentes y miembros de los cuerpos de seguridad. Estos casos, como se dijo más arriba, están clasificados bajo el rótulo de “resistencia a la autoridad”. Cuando se divide el número de muertos entre el total de casos, tenemos un resultado de 0,84. La cifra podría ser denominada índice de letalidad policial. Como el resultado fue inferior a 1, se puede concluir que durante 2016 no todas las resistencias a la autoridad terminaron con cuerpos tendidos sobre el pavimento.
Pero en 2017 la situación cambió. Los supuestos enfrentamientos en los que intervinieron policías o militares totalizaron por lo menos 5.545 muertos. Hubo casos en los que claramente el bando de los llamados delincuentes fue masacrado, como sucedió durante la intervención al retén de Puerto Ayacucho (37 muertos). El total de expedientes por “resistencia a la autoridad” fue de 5.040, lo que ubica el índice de letalidad en 1,1.
Entonces, durante el año recién finalizado, las policías y los componentes de la Fuerza Armada declararon una menor cantidad de casos de resistencia a la autoridad, pero en cada ocasión la probabilidad de un final fatal fue más elevada que la vista en 2016.
Este es el resultado de las tácticas de “mano dura”, que en círculos académicos son asociadas generalmente a gobiernos de derecha.
Otro dato interesante es que las muertes por “resistencia a la autoridad” se incrementaron más de 20% en Distrito Capital con respecto a 2016. Esto explicaría por qué algunos delitos, como el secuestro, se desplazaron hacia regiones periféricas, sin abandonar del todo la principal plaza, representada por los municipios del Area Metropolitana de Caracas.
Cuando un jefe policial advierte a sus subalternos: “No quiero presos”, ya sabemos a qué se refiere.

Breves

*Los países de la Unión Europea, así como Estados Unidos y Canadá, continuarán sancionando al régimen de Nicolás Maduro. La primera medida, tomada por este conglomerado a finales de 2017, implicó un embargo que afecta esencialmente algunos sistemas de armas de la Marina, así como la dotación de fusiles de la Guardia del Pueblo, marca Beretta. Ahora, las sanciones serán individualizadas. Se habla de los nombres de altos jerarcas, que hasta el momento no han sido tocados. La extensión de esta nueva lista dependerá de los resultados que arroje las negociaciones entre el Gobierno y la oposición en República Dominicana. El proceso de sanciones en la Unión Europea es más lento que el de los países norteamericanos, puesto que requiere de unanimidad, y esto implica conciliar diversidad de intereses. En la primera ronda, Grecia y Portugal fueron los más reticentes. Veremos ahora…

*Un lector escribió al correo crimenessincastigo@gmail.com para exponer la delicada situación que se vive en los campos petroleros de Morichal, estado Monagas. Allí, como en el norte de Trujillo, las bandas actúan a sus anchas, ante la ausencia o la mirada indiferente de los cuerpos de seguridad, en especial la Guardia Nacional. Por su ubicación geográfica, en los complejos de Morichal confluyen grupos hamponiles de Anzoátegui, Sucre e, incluso, de Bolívar. Se llevan los vehículos pertenecientes a las subcontratistas de Petróleos de Venezuela, o a empleados de estas compañías, los ocultan en zonas de difícil acceso y posteriormente los negocian vía telefónica. Las averiguaciones han permitido establecer que existe un nexo entre estos grupos y organizaciones que operan desde los internados judiciales de Puente Ayala, La Pica y Vista Hermosa. Las empresas han tenido que pagar a los delincuentes por la recuperación de los equipos. Solo una de ellas canceló Bs 160 millones en dos años, hasta que se vio obligada a cesar sus operaciones.

La pollera de Della Polla
*Hay que poner atención en el caso que se ventila en una corte de San Luis, estado de Missouri, en contra de los venezolanos Hjalmar Gibelli-Gómez y Fabrizio Della Polla De Simone. Hasta ahora, debido a las pesquisas, las autoridades estadounidenses han confiscado dos yates, un jet y dinero por $1,8 millones, que permanecía depositado en cuentas de los procesados en los bancos Wells Fargo e International Finance Bank. Se trata de una investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA). El documento de confiscación de la corte del Distrito Este de Missouri indica que las embarcaciones, la aeronave y el dinero fueron entregados voluntariamente por los investigados, lo que implica la existencia de un acuerdo para intentar un “control de daños”. Esto por el cargo de llevar a cabo operaciones cambiarias que son penadas por la legislación estadounidense, debido a que eran efectuadas sin licencia. Della Polla había recibido un cuantioso crédito gubernamental con el que instaló una pollera en Guárico. Informes extraoficiales hablan de una relación que iba más allá de lo meramente institucional con el exministro de Economía y Finanzas, mayor general Rodolfo Marco Torres. De allí la simultaneidad de las acciones llevadas a cabo contra Della Polla en los tribunales de EEUU y la sanción impuesta al militar por el Departamento del Tesoro de ese país, que implica un embargo de todos sus activos y la prohibición de entrada al territorio estadounidense. La foto que acompaña este breve fue divulgada por el propio Della Polla en la cuenta twitter @servinaca1, y supuestamente corresponde al emporio avícola que instaló en Guárico. 

*El deterioro de la situación socioeconómica de los militares venezolanos -especialmente los efectivos de tropa- está teniendo consecuencias nunca vistas en el seno de la Fuerza Armada. A finales de 2017, el diario El Nuevo Herald publicó una nota que refería la preocupación de la Fiscalía Militar por el acelerado involucramiento de los militares de los más bajos rangos en delitos comunes. Los de la Guardia Nacional son los más señalados, debido a dos factores: 1) su permanente presencia en las calles, en trabajos relativos a la seguridad ciudadana y el orden interno, y 2) las deficiencias en la formación, debido a la exigencia de incrementar cuanto antes el pie de fuerza. Como sucede con la Policía Nacional, ocurren evidentes fallas en los niveles de supervisión o inspectoría. Hay guardias que simplemente abandonan sus puestos, o aprovechan situaciones en las que se encuentran sin el control de superiores, para cometer delitos. Los ejemplos abundan. Un lector relató a través del correo crimenessincastigo@gmail.com cómo fue detenido durante la primera semana de enero en un “punto de control” de guardias en la avenida Casanova, y despojado de su vehículo. El hombre simplemente fue dejado a pie. Otra consecuencia son los actos de indisciplina que pueden rayar en los delitos tipificados en la legislación castrense. Por ejemplo, la llamada que varios guardias hicieron para expresar a la superioridad que tenían hambre, y que las quejas anteriores gestionadas a través de los “canales regulares” no tuvieron ningún efecto. Esto se supo debido a que uno de los presentes grabó un video del momento en que se hizo esta comunicación. Debido a esta situación, la segunda semana de enero el Ministerio de la Defensa envió a las unidades de la Fuerza Armada una comunicación en la que se ordena a los jefes respectivos tomar “todas las acciones de comando correspondientes” para que los profesionales de armas aprovechen el sistema de ayudas elaborado a través de las “misiones socialistas”. Esto no es más que una versión refinada de los mismos mecanismos diseñados para manipular el hambre del resto de la población.

*Hay quienes ven un cuestionamiento al poder en la ola de saqueos que se ha intensificado durante los primeros días de enero en los estados andinos, en oriente y sur, y que al momento de publicarse esta nota ya sobrepasa los 107 casos, según el Observatorio de Conflictividad Social. Esto no necesariamente es así. Hay saqueos que van mezclados con actos vandálicos, y que son originados por estados de ira colectiva que se disparan por situaciones específicas. Un ejemplo más allá de nuestras fronteras fue el de los destrozos ocurridos en Los Angeles en abril de 1992, luego de la absolución de los policías señalados de golpear brutalmente a Rodney King. En el caso venezolano, los saqueos ya ocurrían con cierta frecuencia, incluso luego de la “paz” impuesta por Maduro y su Constituyente. La vía Lara-Zulia, la Troncal 9 y las calles de Catia eran escenarios frecuentes de tales hechos, rara vez reportados a través de los medios de comunicación. Ante la impunidad, la gente de esos sectores fue organizándose. Luego, los despojos de mercancías dejaron de ser actos espontáneos y se convirtieron en una manifestación más del delito colectivizado, que trata de ocultarse tras una fachada de descontento social. Lo que se está viendo actualmente en Mérida, Trujillo, Guárico, Sucre, Monagas y Bolívar, por citar algunos estados, no necesariamente conducirá a un cambio político. Allí los pobladores no quieren remover al Gobierno, quieren que les cumplan las promesas fallidas. El Ejecutivo, en su lógica militarista, está dando a esta situación el mismo tratamiento que dio a las protestas que hubo entre abril y julio de 2017. Eso fue advertido en este mismo espacio. En consecuencia, se sientan las bases para un giro del actual régimen hacia un mayor autoritarismo.