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domingo, 26 de marzo de 2017

La matanza humanista

Las operaciones de Liberación del Pueblo, las de antes y las de ahora, tienen un factor en común: una letalidad que incide sobre las cifras generales de desempeño de los cuerpos de seguridad

@javiermayorca

Este artículo se gestó hace dos semanas, cuando unos agentes enmascarados de Contrainteligencia Militar y de la Policía Nacional Bolivariana terminaban de peinar la calle 17 de El Valle y sus alrededores, en el curso de una operación de Liberación Humanista del Pueblo (Olhp).
La pregunta inicial era si la acción de los cuerpos de seguridad era más o menos letal desde que comenzaron estas operaciones. La respuesta parecía obvia. En el caso de El Valle, por ejemplo, se exhibió como un logro que hayan ultimado a nueve supuestos delincuentes. Pero si analizamos la historia reciente encontraremos despliegues policiales que arrojaron múltiples muertes sin que tuvieran en su frente la marca OLP.
Estas operaciones fueron vistas por primera vez en julio de 2015, cuando se llevó a cabo una acción combinada y envolvente en la Cota 905. Desde entonces se llamaron simplemente OLP, hasta que el presidente Maduro anunció, el 17 de enero de este año, que a partir de ese momento tendrían un carácter “humanista”.
Lo primero que habría que determinar es si los agentes policiales eran más o menos letales en su accionar antes de que comenzaran estas redadas. Para llegar a una respuesta se tuvo acceso de manera extraoficial a una interesante data, cuyos resultados quedan resumidos en el siguiente gráfico:


 Aquí se muestran las cifras correspondientes a los enfrentamientos entre policías y supuestos delincuentes (línea azul), los muertos que arrojaron estos casos (línea naranja) y los porcentajes de casos con muertes en cada mes de 2015 (línea gris). En un recuadro aparece destacado el inicio de las OLP. Asi se puede visualizar el antes y el después.
Antes de las OLP ya existía una tendencia leve pero sostenida al aumento de las muertes por “resistencia a la autoridad”. Pero con el inicio de estas operaciones las cifras netas de muertes se elevaron. A partir de octubre de 2015 las acciones se hicieron más selectivas. De hecho, en diciembre de 2015 la proporción llegó a ser casi de un muerto por cada expediente de resistencia a la autoridad.
En 2016 esta tendencia en cuanto a la letalidad de la acción policial se mantuvo, a juzgar por los datos divulgados por el Observatorio Venezolano de la Violencia en su último informe annual (5.281 fallecidos en casos de “resistencia a la autoridad”)..
En febrero el ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz distribuyó un instructivo para el diseño y planificación de las Olhp. El documento indica que estas acciones deben contar con la aprobación previa del vicepresidente Tareck El Aissami y del titular del MRI, Néstor Reverol. Se debe delinear un proceso en cinco fases. La primera, denominada “preparación”, comporta un arqueo de las fuerzas con las que se contará para ejecutar la redada, los medios de que dispondrán y una identificación clara de las bandas que operan en el sector a ser impactado. Esto implica colocar allí tanto los nombres de las organizaciones, su ámbito de acción y principales delitos, así como las identidades de sus líderes y lugartenientes.
Las fases de la OLHP
Las fases II y III se llaman “ejecución” y “búsqueda”. Los participantes reúnen los recursos que ya habían inventariado y constituyen bloques por cada una de las fuerzas que actuarán en sectores delimitados mediante un mapeo satelital. En esta etapa se reúnen las órdenes de captura correspondientes a cada uno de los objetivos. En el documento que se entrega a Reverol y El Aissami debe haber una tabla con el resumen de estos documentos expedidos por los correspondientes juzgados.
La fase IV comienza el día posterior a la redada. Los cuerpos de seguridad preventivos son asignados para patrullar en los respectivos cuadrantes. Esta actividad debe ser permanente, en especial en las áreas consideradas “críticas”.
La fase V es la que incorpora el aspecto “humanista” de la operación. Aquí el Gobierno se plantea cuestiones como el rescate de la convivencia y de la infraestructura de la zona donde se llevó a cabo la redada, la distribución de alimentos, etc..
El problema para llegar a este punto es que los pobladores quedan con una impresión negativa de la acción del Estado y rechazan cualquier continuación. Así ocurrió en El Valle, donde la Olhp no ha llegado a feliz término. Por lo tanto, su ejecución aún queda restringida a lo que era el formato anterior: los policías que “limpian” la zona, matan y luego se van.

Breves

*Llegó una carta escrita por el capitán de la Guardia Nacional Jesús María Alarcón, ex jefe de la segunda compañía del destacamento 212 de Barquisimeto, quien fue detenido en noviembre de 2015 por una supuesta conspiración llamada Golpe Fénix. El oficial permanece recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, en Los Teques. El texto es largo, pero de extremada importancia. Aquí un extracto: “(…) por mantener siempre una conducta intachable en mi profesión he caído donde aquellos creyeron que me destruirían (…). Soy un oficial de la honorable Guardia Nacional de Venezuela en el grado de capitán, que por tener un pensamiento fiel, justo y ante todo respetuoso a la Constitución y a las leyes estoy privado de mi libertad (…). Soy un fiel amante a la democracia y a mi país, ya que para eso fui formado y entrenado en la mejor de las escuelas militares, la Efofac, recibiendo toda la inversión que la Nación hizo en mí para que una vez cumplidas todas mis metas físicas y académicas pudiera tener en mis manos el sable que genera mando y comando sobre las honorables tropas, que fielmente he sabido comandar. Juré solemnemente ante el país y mi bandera defender la Constitución, las leyes de la República y la integridad de los espacios venezolanos, hasta perder la vida si fuese necesario, vida que en muchas oportunidades arriesgué. Todo lo que he narrado suena muy bonito y poético, pero la realidad es que al graduarme y ejercer todos mis conocimientos teóricos en la práctica me dí cuenta de que no todo era como me lo habían dibujado, no era nada parecido a aquellas largas conversaciones nocturnas que tuve en mi formación de cadete (…) Veía constantemente cómo se incorporaba la militancia política dentro de la Fuerza Armada. Eso realmente comenzaba a preocuparme ya que no fui criado para ser político (…) Sin embargo observaba cómo la teoría marxista se involucraba cada día más en los oficiales superiores, especialmente en los grados de generales, que a decir verdad no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Observaba cómo adulaban a un Presidente de la República que constantemente citaba a Fidel Castro como el Padre del socialismo, mismo personaje que en los años sesenta quiso invadir Venezuela. Realmente estábamos por mal camino. Posterior al fallecimiento del presidente Chávez, sentí una gran decepción al ver las órdenes de los oficiales generales de colocar imágenes del fallecido Presidente en todos los comandos de la Guardia Nacional. Aún mayor fue la decepción cuando observaba oficiales cubanos opinando sobre las operaciones militares venezolanas. La exaltación del presidente Chávez era tan grande que ni siquiera a Dios nuestro creador y creador del universo se le ha dado en las filas de la Fuerza Armada un ápice de lo que al mencionado Presidente se le está dando. Y así fue como nos obligaron a tenerlo en los cuarteles. Pero lamentablemente nadie podía opinar de ese descontento porque automáticamente sería preso (…) He sido crítico de las opiniones del sistema de Gobierno, opiniones que constitucionalmente son amparadas, ya que la Ley Fundamental de la República permite que los militares deliberemos sobre las circunstancias políticas del país. Pero eso realmente no importa. Como ya sabemos la aplicación de la norma es para todos aquellos que estamos en contra de sus ideales comunistas o ventajistas, ya que estoy convencido de que lo que pasa en el país va más allá de un ideal político, está atado al oportunismo y a las consecuencias de la corrupción desmedida en todo este tiempo (…) Me he llenado de orgullo de conocer a grupos de personas, incluyendo jóvenes y adultos, que estamos presos por las mismas circunstancias dictatoriales. Para ellos mis saludos y respeto. A todos los presos políticos, especialmente a los integrantes de los grupos conocidos como el plan Jericó (Aviación), Golpe Azul (Aviación), Golpe Fénix (Guardia Nacional) y francotiradores (Ejército), valientes hombres que están presos solo por pensar constitucionalmente y ajustados a una realidad (…) Solo nosotros sabemos lo podrido del sistema de justicia al que nos enfrentamos, solo los familiares de cualquier preso, cualquiera que sea su delito, conoce verdaderamente que la dama ciega no tiene los ojos completamente vendados (…) Para conocer de injusticias solo basta estar preso. Aquí es donde nos damos cuenta de la cantidad de violaciones a los derechos humanos (…) No quiero protagonismo. Solo busco que se conozca la realidad (…) Presidente: le exhorto a que se vea en un espejo y se siente a pensar acompañado de la soledad a darse cuenta de que ha fracasado, que el modelo socialista que plantearon no dio resultados positivos. Lo invito a entender que hay muchos venezolanos pasando hambre. Quizá usted no lo sienta tanto por los lujos y beneficios de sus temporales cargos, que repito es lo que los ata al poder. Sea humano y sepa que lo hizo mal. Dese la oportunidad de renunciar (…) Si se hace llamar democrático llame a elecciones generales. ¿Cuál es el miedo de contarse en votos? (…) Ya a usted y su modelo chavista no lo quiere nadie, al punto que usted mismo comenta en cadena nacional que espera una puñalada de su misma gente. No es justo que un país tan rico en minerales, en petróleo, en alimentos, tan rico en su gente esté muriendo por falta de medicamentos y de alimentos (…) No me arrepentiré jamás de mis acciones y pensamientos. Mis hijas en su momento entenderán que su papá estuvo preso solo por opinar en cambiar y lograr la libertad para Venezuela (…)”.

*Durante un evento del Observatorio del Delito Organizado en San Cristóbal, el periodista Gustavo Azócar afirmó que guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se incorporaron a la distribución de alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Esta afirmación está sustentada en noticias divulgadas a través de las redes sociales en esa localidad, que citan los testimonios de vecinos, cuyos nombres desde luego no son referidos por razones de seguridad. “Esa información es cierta”, señaló el diputado por ese estado Javier Tarazona, quien ya ha denunciado la penetración de los guerrilleros en otras instancias del quehacer en la región. El parlamentario dijo haber conocido los testimonios de primera mano.

*En marzo hemos comenzado a ver lo que aparentemente son “filtraciones” de estadísticas oficiales sobre criminalidad. Las tablas van con el sello del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El general Reverol de vez en cuanto las ha mostrado, y también los directores de Seguridad de algunos estados y jefes de zonas militares. De repente, pareciera que hubo una apertura de las cifras sobre seguridad ciudadana, como no existía desde 2005, cuando el Ejecutivo clausuró la oficina de prensa de la policía judicial.. Pero esto hay que tomarlo con cuidado. No se trata de súbitos arrestos de transparencia. En primer término, no se toma en cuenta toda la criminalidad, ni siquiera la que puede entrar en la categoría de violenta. Un delito que fue eliminado de la lista oficial es la extorsión, que cunde por doquier, especialmente en los estados centrales del país. Además, la delincuencia es medida ahora  mediante un peculiar sistema de puntos, según el cual lo más importante es la sumatoria de todos los casos. Por lo tanto, este método tiende naturalmente a colocar en los primeros lugares a las regiones del país donde los ciudadanos denuncian los delitos con más frecuencia. Es decir, Miranda y el municipio Libertador. Pero el sistema de medición internacional no es así, sino que toma en cuenta la proporción de casos por conglomerados de población (generalmente 100.000 personas) en un municipio, estado o país. Cuando se calculan las tasas, el panorama cambia. En el caso de los homicidios, además, no se pueden desagregar las muertes por “resistencia a la autoridad”. Ciertamente, Miranda figura con la tasa de homicidios más elevada del país, 254, pero Aragua surge como el segundo estado más violento, con 241; Libertador queda con 197 y Bolívar con 191, con tendencia a subir.

Evidencia del ataque
*En cuanto al estado Aragua, la situación de criminalidad tiende a agravarse. Hay claros visos del fortalecimiento de la principal banda de esa región, el llamado Tren de Aragua, cuyas operaciones han sido reportadas incluso en el estado Zulia. La máxima jerarquía de esta organización está en el centro penitenciario conocido como Tocorón. En 2016, como se pudo ver, Aragua fue uno de los estados más violentos del país, lo que también trajo como consecuencia un alta cifra de policías ultimados. Esta tendencia se mantiene en 2017. El último caso conocido ocurrió el lunes 20 de marzo a las 6 am, cuando individuos armados con fusiles AK103 acribillaron al oficial agregado de Inteligencia de la policía regional David Aguirre. En ese momento el funcionario se disponía a llevar a su hijo a la escuela en Maracay. El menor recibió tres tiros de fusil, y al momento de la redacción de esta nota aún estaba con vida. En los días previos, un panfleto atribuido a la megabanda aragueña corrió por el sector San Vicente, con amenazas claras tanto para los uniformados como para sus familiares. La orden impartida por los criminales fue abandonar el sector. En el cuerpo de seguridad temen una crisis similar a la planteada meses atrás, cuando varias familias de agentes debieron salir de ese mismo lugar y se refugiaron en la comandancia general mientras ubicaban una vivienda.

*La policía judicial inció una averiguación en torno a la autenticidad de las documentaciones del ex alcalde de la municipalidad colombiana de Sardinata (Norte de Santander) José Luis Durán Herrera, y quien fue el Tesorero durante esa misma gestión (2004-2007) Rubén Elías Mrad Uribe, quien fue apresado por los agentes de Cicpc en el sector La Romera de San Cristóbal, en febrero de este año. Durán y Mrad figuran como solicitados mediante una notificación roja de Interpol, pues fueron condenados a nueve años de prisión en 2011 por peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos y “falsedad ideológica”. La justicia colombiana concluyó que Durán y Mrad se confabularon mientras estaban en la administración municipal para apropiarse de más de 33 millones de pesos durante la adquisición de materiales para la construcción y mantenimiento de baños. Luego de la detención de Mrad, los agentes indagaron en la oficina del Saime y determinaron que ambos solicitados obtuvieron sus cédulas de identidad en forma totalmente legal en marzo de 2007, cuando finalizaba la gestión en la alcaldía colombiana. Este caso hace recordar el del traficante de drogas del cartel del Norte del Valle Farid Feris Domínguez, alias el Médico, capturado en La Lagunita y deportado a Colombia en 2006. En una entrevista con El Nuevo Herald, Feris dijo que su cédula y pasaporte venezolanos fueron emitidos a través de los mecanismos convencionales, previo pago al director de la oficina nacional de identificación para la época. Al parecer, estas redes aún operan al interior del Saime.


*La corrupción se ha convertido en un problema que impacta negativamente a la institucionalidad y la economía venezolanas. Un país con abundantes recursos naturales y una extraordinaria ubicación geográfica ve mermadas las inversiones de dinero fresco extranjero porque simplemente la corrupción se hizo sistémica. Esto transforma a Venezuela en un lugar de altísimo riesgo, según los estándares internacionales.. No existe contrato de obras de magnitud que no incorpore a sus costos cantidades solapadas para el pago de sobornos o coimas. Así lo confirman los expedientes Banca Privada de Andorra I y II, Roberto Rincón y, últimamente, Odebrecht. Sobre el caso de la corporación brasileña aún queda mucho por escribir. Se sabe, sin embargo, que Venezuela fue el segundo territorio en magnitud de pagos ilegales, con más de 98 millones de dólares. Por otra parte, las transnacionales que aún operan aquí son presionadas para que violenten sus normas internas sobre debido cumplimiento (compliance) y paguen comisiones a funcionarios gubernamentales, pues de lo contrario no les cancelarán lo que se les adeuda, ni siquiera con bonos-basura. Y así como hay lo grande, también lo pequeño: se le exige al constructor o suplidor de materiales que “contribuya” con las movilizaciones partidistas o que simplemente reparta las ganancias por sobreprecios con el jefe del despacho oficial que lo contrata. En una situación como esta es vital para los grupos de delito organizado contar con una justicia tarifada, que garantice la impunidad. Por eso no extraña la afirmación hecha en el último informe del Departamento de Estado, a principios de mes, sobre la imposibilidad de procesar en Venezuela a narcos de importancia debido a la “corrupción política”. 

domingo, 12 de marzo de 2017

En el corazón de la zona de paz

Los habitantes de Cumbo son sobrevivientes de tres años de asedio de las bandas que crecieron allí a la sombra de un programa del MRI. Ahora, el Gobierno ejecuta la operación Orión para erigirse en salvador del daño que ocasionó

@javiermayorca

Para llegar a Cumbo se puede tomar dos vías. La primera es la Troncal 9. A 15 minutos de eludir huecos desde Caucagua hacia oriente encontrará a mano izquierda un cruce que solo conocen los lugareños. No hay letrero ni luces. El asfalto se lo traga la selva.
La otra posibilidad es ir hasta San José de Rio Chico por la autopista. Desde allí hay una carretera que también conecta con esa población, tras un recorrido de unos 10 minutos. Nunca lo hicimos.
“Es demasiado peligroso. Las bandas ponen alcabalas allí”, advirtió Miguel, un ingeniero que trata de rescatar lo poco que queda de Cumbo, haciendo trabajos de “promotor social”.
Gracias a su advertencia, un traslado que no debía durar más de un cuarto de hora se prolongó por tres cuartos de hora por razones de seguridad.
Uno no se adentra en una zona de paz sin guía.
Al aproximarse al pueblo se pueden ver algunas de las viviendas abandonadas debido al asedio de las bandas.
La siguiente advertencia de Miguel también se cumplió: a la izquierda del camino, agazapados, estaban cinco sargentos de la Guardia Nacional, enviados a propósito de la operación Orión, la misma que en noviembre de 2016 ocasionó la muerte de doce personas en el sector El Café.
Uno de los uniformados se colocó adelante del carro, e impidió el paso. El otro, del lado del piloto. Los AK103 listos para disparar. Preguntó hacia dónde íbamos, y al escuchar la respuesta repreguntó dónde quedaba ese lugar, para pescar cualquier mentira.
Una vez adentro, la desolación. La sensación de abandono se acrecentó debido a que el pueblo tenía más de quince horas sin energía eléctrica.
En Cumbo es poco lo que queda en pie. Incluso la iglesia cerró en diciembre. Solo abre los fines de semana, cuando los lugareños traen en sus vehículos particulares al párroco de San José. El cura que laboraba allí pidió transferencia.
En Cumbo, hasta la iglesia cerró
De las instituciones públicas solo se mantienen la Casa del Pueblo y la unidad educativa Coto Paúl, ambas a cargo de la Gobernación. El ambulatorio es un cascarón vacío. Los pacientes deben ir a San José de Río Chico para recibir atención médica.
De la iniciativa privada solo queda una chocolatera, cuyo producto por cierto es muy bueno. Este local podría confundirse con cualquier casa del poblado. No tiene avisos ni publicidad, aunque todos allí saben dónde queda. También hay una venta ambulante de lotería. El resto de los comerciantes huyó de la criminalidad: el panadero, el del cyber, el de la lunchería…
Esa es la consecuencia de tres años en el corazón de una “zona de paz”.
El jefe local de PoliMiranda, comisionado Alberto Rojas, dijo que desde 2014 hasta ahora los descuartizamientos y decapitaciones se han vuelto frecuentes.
“Hay lugares aquí en los que para meternos necesitamos apoyo de otros cuerpos. No se puede ir solo”, confesó Rojas.
En ese confín de Barlovento parecieran no haberse enterado de la declaración del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Néstor Reverol, en el sentido de que las zonas de paz ya no existían.
El municipio Andrés Bello, donde está Cumbo, tuvo en 2016 la tasa de homicidios más alta de Miranda, 298 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con datos aportados por el director de la policía estatal, comisario general Elisio Guzmán. Esta cifra incluye las muertes ocasionadas por supuestos enfrentamientos con policías o militares. El municipio que le sigue, Acevedo, tuvo 208 muertes por cada 100.000 habitantes, y colinda con esta población.
Los guardias apostados en una entrada del pueblo tienen poco conocimiento del lugar, pues llegaron de oriente y rara vez hacen patrullaje. Las bandas generalmente operan en el lado opuesto del sector, donde está la vía que conecta directamente con San José.
Los uniformados, sin embargo, permiten cierto respiro a una población que ha mermado 10% debido a las muertes violentas o a las migraciones forzadas, según datos aportados por un representante de la Casa del Pueblo que pidió la reserva de su nombre.
“Aquí, a las 6 pm, no podíamos salir de las casas”, recordó.
El dominio de las bandas sobre este lugar era tal que a finales de 2015 el personal de la unidad educativa tuvo que permanecer en esa instalación una semana, indicó el director de Educación de Miranda Juan Maragall.
La sospecha es que, apenas ordenen la reubicación de los militares desde Caracas, las bandas saldrán de nuevo a ajustar las cuentas pendientes.

Breves

Las máscaras solo protegen el nombre
*Profundo impacto en la opinión pública ocasionó el uso de “máscaras tácticas” por parte de los agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar y de la Policía Nacional que participaron en la Operación de Liberación Humanista del Pueblo llevada a cabo el viernes en la calle 17 de El Valle y alrededores. Fue tal la impresión que la mayoría de los comentarios se centró en el aspecto cadavérico de los implementos, y no en el hecho de que durante la acción policial/militar hubo 9 muertos y más de 50 detenciones. También pasó desapercibido que el objetivo de esta redada masiva o “saturación” era la captura o “neutralización” de Carlos Luis Revette, alias Coqui. Este fue el propósito de la primera OLP, en julio de 2015 en la Cota 905, y de otras cuatro movilizaciones posteriores. En todas, los cuerpos policiales han fracasado, aunque luego exhiban partes de muertes y detenciones. En cuanto a las máscaras se han pronunciado tanto la organización de derechos humanos Provea como el diputado Ricardo Sánchez. La primera para cuestionar su utilización y el parlamentario para defenderla. Sánchez aseguró en una declaración distribuida por redes de mensajería el sábado 11 de marzo que este uso obedece a “estándares internacionales”. En realidad, el estándar internacional de las acciones policiales y de las militares en funciones de seguridad ciudadana apunta hacia la dirección contraria. Sánchez debería saber esto, pues ha participado activamente en las comisiones que intentan una reforma de la Policía Nacional. Las “máscaras tácticas”, tal y como fueron apreciadas en las fotos, no proporcionan protección balística. Los modelos exhibidos (skull tactical mask) son utilizados primordialmente en prácticas de Paintball. Los fabrican en China y los venden por e-bay con precios que van desde los 9 dólares hasta los 20 dólares, dependiendo de si llevan bufanda u otros aditivos.  Por lo tanto, solo sirven en estas operaciones policiales para encubrir o impedir la correcta identificación de los funcionarios. Por otra parte, podrían ser consideradas como ilegales, desde luego, por tribunales independientes que analicen los enmascaramientos a la luz del artículo 66 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, que establece un principio fundamental de identificación permanente de los funcionarios, que solo tiene excepción en operaciones encubiertas y de inteligencia policial. Y las OLHP son todo lo contrario. Son redadas masivas. La participación de “policías sin rostro” o militares en la misma condición (supuestos integrantes de la unidad Delta de la DGCIM) es en realidad una forma más de ocultar las identidades de los participantes y dificultar por ende cualquier investigación posterior sobre violación a derechos fundamentales. En 2009 hubo en Inglaterra un fuerte debate ante el caso de un agente policial que se negó a identificarse plenamente durante un procedimiento. Ante esto el criterio del jefe de la Policía Metropolitana de Londres fue claro: “Los policías (…) deben llevar sus placas en todo momento”. Ese es el estándar internacional.

Arduo trabajo falta en la PGV
*Luego de un prolongado silencio, el Ministerio Público precisó que han encontrado catorce osamentas enterradas en fosas en la caballeriza de la antigua Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de los Morros. Cinco de los cadáveres carecían de cabeza, es decir, estaban decapitados. Los rumores divulgados a través de redes sociales y sistemas de mensajería hablaban de cientos de personas presuntamente ultimadas y enterradas allí. Pero el trabajo forense hasta el momento indica una cifra mucho menor, aunque no por eso carente de gravedad. La versión inicial aportada por la ministra de Servicio Penitenciario Maria Iris Varela indica que las osamentas fueron encontradas cuando removían la antigua instalación. Como se sabe, la PGV fue desalojada en octubre de 2016, luego de una cadena de hechos en la que incluso se determinó que el pram de los internos, Franklin Hernández, había adquirido un lote de 86 granadas vendido por militares del Ejército. Uno de tales explosivos fue lanzado contra individuos que supuestamente querían desafiar la autoridad de alias Masacre. Las experticias determinarán si los cadáveres hallados en los escombros de la antigua prisión fueron de este hecho u otros. Este trabajo no es sencillo. Involucra a muchas personas, y por lo tanto es difícil de ocultar. Al momento de escribir esta nota, la Fiscalía recaba datos sobre personas desaparecidas en Guárico, así como registros dentales, radiografías o informes sobre otras características que permitan la correcta identificación de los restos. Esta historia seguramente tendrá continuación.

*El ministerio de la Defensa intenta poner orden en la utilización de las unidades élite o fuerzas especiales de la FAN. Un radiograma distribuido en una zona operativa de defensa integral de la región andina establece que tales grupos no podrán ser incorporados a ninguna actividad si no se cuenta con la aprobación directa del Comando Estratégico Operacional de la FAN, en la actualidad bajo el mando del general en jefe Vladimir Padrino, o en su defecto del jefe de Estado Mayor de esa misma instancia. El documento indica que se trata de unidades de carácter “estratégico militar”, que sólo pueden aparecer para “neutralizar objetivos sensibles y neurálgicos, que atenten contra la seguridad y la soberanía de la nación”. Por lo tanto, el empleo de las fuerzas especiales para participar en desfiles, festines o paradas no podrá hacerse sin contar con la aprobación expresa del Ceofanb. De esta forma se evitará mostrar a posibles fuerzas enemigas cuáles son las verdaderas capacidades de los grupos élite de la institución militar.

*Interpol emitió una orden de búsqueda y captura internacional contra un colombiano nacionalizado venezolano, que supuestamente huyó de Curazao cuando se determinó su participación en el traslado al aeropuerto internacional de esa isla de 429 kilos de cocaína, que serían embarcados en la bodega de un jet de matrícula estadounidense. El alijo fue detectado el 22 de octubre por las autoridades curazoleñas, cuando circulaba en el vehículo de carga por la plataforma del Jet Center. El hombre de 53 años de edad también habría participado en la adquisición del vehículo. Se cree que huyó por vía marítima hasta las costas de Falcón.

*La Fuerza Armada Nacional adelanta una operación para la vigilancia del proceso de renovación de los partidos políticos. Luego de recibir una solicitud del Poder Electoral, el Ceofanb ordenó la utilización de unidades de la GN y de otros componentes para evitar posibles saboteos a este proceso, que se desarrollará por diez fines de semana consecutivos, entre los meses de febrero y abril. En concreto, de acuerdo con fuentes militares, se trata de “prestar apoyo de seguridad, vigilancia y custodia al CNE” y a las personas que deseen manifestar su adhesión a alguna tolda política. También el “orden, custodia, traslado y resguardo del material e instrumentos electorales”. En esta ocasión, las jornadas de renovación comienzarán a las 8 am y finalizarán a las 4 pm, sin prórroga posible. Una vez terminada la actividad “se procederá a la desinstalación de la máquina de registro y su repliegue hasta el comando de la unidad militar responsable de cada punto de registro, donde permanecerá en custodia (…) hasta la semana siguiente”.

*La división contra Delitos Financieros de la policía judicial continúa una investigación relativa a un supuesto desfalco contra la empresa Oceánica de Seguros. La pesquisa, iniciada hace más de cinco meses, ha permitido la detención de tres personas (una de ellas mujer) y la identificación de otras doce, que supuestamente pertenecen a una red con ramificaciones en Nueva Esparta, Anzoátegui, Amazonas, Monagas, Carabobo, Aragua y Distrito Capital. La última detención se produjo el lunes 6 de marzo en el distribuidor Montesano de la autopista a La Guaira. Los sujetos captan a sus víctimas a través de mensajes de phishing que conducen a un portal web falso de un banco, o también a través de invitaciones por redes sociales. En ambas modalidades, la intención es apoderarse de la información sobre las cuentas bancarias de la víctima. Posteriormente, contratan a personas para que compren en locales pequeños productos tales como teléfonos celulares o tabletas, que luego pueden revender en portales web. Los pagos por estos aparatos son hechos mediante transferencias contra las cuentas de las víctimas. Según la pesquisa, las transacciones se concretan entre las 4 pm y las 6 pm, y los pagos no van directamente a las cuentas de los comercios sino a las de los propietarios, con lo que también existiría una posible evasión fiscal. El procedimiento en Montesano fue contra un mensajero motorizado que regresaba de una tienda en La Guaira con varios aparatos celulares recién adquiridos.