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domingo, 26 de febrero de 2017

Un vicepresidente en la lista Clinton



Las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense contra el vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami y el empresaro Samark López, aunque son de carácter individual, tienen ingredientes políticos que comprometen al Gobierno en Venezuela y en el exterior

@javiermayorca

El 13 de febrero el Departamento del Tesoro estadounidense anunció la incorporación del vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami en la lista de supuestos jefes de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas.
Esta es definitivamente una decisión de alto calibre. Otros funcionarios del régimen habían sido colocados en esta lista, por diversas razones. Entre ellos están, por ejemplo, Freddy Bernal, coordinador nacional de los Clap, y el actual gobernador de Trujillo y exministro de la Defensa  general en jefe Henry Rangel Silva, ambos por una supuesta cooperación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Antes señalaron a ministros y funcionarios de jerarquía. Ahora, a la segunda figura del Ejecutivo. Eso no había ocurrido en ningún país de las américas.
Las sanciones del Tesoro no son el producto de acusaciones judiciales. Por eso no están sometidas a los requisitos de la justicia penal estadounidense. No requieren pruebas avaladas por un fiscal y sometidas a la consideración de un gran jurado. Aún así son apelables. El Aissami y López podrían solicitar visas especiales para ir a EEUU y exigir una reconsideración..
La red de empresas según el Tesoro
No creo que lo hagan. Posiblemente actuarán a través de abogados, que suelen ser personas egresadas de las propias instituciones que imponen las medidas, y cobran jugosos honorarios por ese conocimiento.
Hay además algunos detalles a tomar en cuenta. La medida fue impuesta en forma simultánea contra El Aissami y López, puesto que según el Tesoro el empresario actuaría como “hombre de fachada” del actual vicepresidente. Entonces, en lo atinente a estas sanciones, ambos son vistos como una sola entidad. En otras palabras, desde la lógica del Tesoro, a Samark López le congelan sus cuentas, apartamentos y demás bienes en EEUU porque de esa forma afectan los intereses de El Aissami.
El Aissami responde a las características de una persona “políticamente expuesta”, o PEP. Por ende los bancos nacionales y extranjeros están obligados a vigilar muy de cerca todos sus movimientos financieros, así como los de quienes estén en su círculo íntimo, y los de las personas que se relacionan con él desde el punto de vista económico. De lo contrario, estos bancos correrán el riesgo de sanciones por omisión. Y ahora mucho más pues El Aissami y López han sido mencionados en forma explícita.
En este sentido, está por verse cómo afectará esta sanción del Tesoro el ejercicio de la atribución recientemente conferida a El Aissami por el presidente Nicolás Maduro, en el sentido de “ aprobar, diferir o negar los puntos de cuenta (…) para la solicitud de adquisición de divisas relacionadas con operaciones del sector público ante el Banco Central de Venezuela”. La pregunta en este caso es cómo reaccionarán los bancos que poseen cuentas en divisas del estado venezolano cuando vean que las operaciones fueron autorizadas con la firma de un funcionario que figura en la famosa lista Clinton.
Está claro que esta decisión, así como la divulgación que se dio de ella a través de los canales del Departamento de Estado, constituyen un mensaje directo a El Aissami y, más allá, al régimen de Nicolás Maduro. EEUU, ahora con el republicano Donald Trump a la cabeza, no sólo ha mantenido en vigencia el famoso decreto de Obama, que declara “amenaza para la seguridad” de ese país al régimen venezolano, sino que ahora parece profundizar en sus argumentos. Cabe destacar que la decisión del Tesoro no invocó el tema de los pasaportes vendidos a extremistas sino la supuesta relación con traficantes de drogas. Pero no se puede descartar que en un futuro el punto del terrorismo salga a relucir como sustento de una nueva sanción.

Breves

*Hay grupos de delincuencia organizada que están intentando reinsertar en la economía el país los billetes que anteriormente habían sacado, y que llegaron a acumular en pilas de hasta 30 toneladas, tal y como se vio en el caso del comerciante paraguayo Leandro da Costa y su familia. El 20 de febrero a las 7 pm, funcionarios de la Guardia Nacional detuvieron al brasileño Ubiraja Moura de Oliveira, cuando se detectó que tenía cinco millones de bolívares en efectivo guardados en sus dos maletas. El hombre había salido desde Sao Paulo en un vuelo de Avianca que hizo escala en Lima. Esta cantidad estaba conformada en su totalidad por billetes de cien bolívares. Fue puesto a las órdenes del fiscal 12 del Ministerio Público en Vargas. Pero las cosas no son tan sencillas como parece. El problema con esto es que semejante cantidad no equivale ni siquiera a mil dólares americanos si hacemos la conversión al cambio libre, y a la tasa Dicom tampoco rebasa una cantidad equivalente a diez mil dólares. De haber sido más alta hubiese tenido la obligación de declarar lo que llevaba. Por otro lado, el traslado de moneda no es un delito. Incluso, de acuerdo con abogados que han estudiado el tema como Fernando Fernández, el envío a otros países de papel moneda venezolano tampoco infringe ninguna norma.

*El 16 de febrero, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada envió una comunicación a las grandes unidades militares del centro y de los llanos para recordar el “estricto cumplimiento” de una directiva emitida en 2015, relacionada con las “Normas y procedimientos para el control y la seguridad del armamento, las municiones, explosivos, el material de guerra y orden público, almacenados en parques, almacenes (sic) y depósitos”. Según esta directiva, todas las unidades castrenses deben tener al día 16 libros con informaciones relativas a los distintos tipos de armas manipuladas en esas instalaciones, sus usos, traslados e igualmente quiénes son las personas que los efectúan. Los arsenales militares se han convertido en un botín codiciado por criminales de todo tipo. El fin de semana pasado, cuatro fusiles AK103 fueron robados durante el asalto a una unidad fronteriza de la Guardia Nacional en Amazonas. Los primeros partes indicaron que los perpetradores pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, aunque hay dudas al respecto. En Vargas y Apure se han reportado deserciones de soldados que se llevan los fusiles con el supuesto propósito de venderlos en el mercado negro. En Guárico, han simulado hurtos.

*Hay en los cuerpos policiales la convicción de que las bandas criminales han dado un paso más en el ejercicio de la violencia. “Ahora van por las familias”, advirtió un funcionario de la Policía de Miranda. El oficial hizo alusión al caso del agente de la Policía del Municipio Sucre Carlos Martínez, quien murió el martes 20 de febrero al recibir cinco disparos mientras estaba con su hermana y sobrinas en la Cota 905. Los antisociales supuestamente habían advertido a la familia de Martínez que no admitirían su permanencia en el barrio. Este crimen ocurrió una semana después de la muerte de dos adolescentes, hijos de una oficial de la Policía del municipio Zamora (Guatire), aunque en este caso no está claro si los asesinatos se produjeron debido a la profesión de la mujer. Aún así, este se está convirtiendo en un elemento adicional en la violencia venezolana.

*Extraño cruce de informaciones a propósito del episodio sobre el atentado en Margarita contra Wilmer Brizuela, mejor conocido com Wilmito, sentenciado por una cadena de delitos que van dede el robo de blindados hasta el sicariato. A Brizuela se le atribuye haber ordenado en 2010 la muerte de la presidenta del circuito judicial de Bolívar, Mariela Casado. Pero los ejecutores del contrato se equivocaron y mataron a la hermana Maria Gabriela Casado. Por este caso el hombre fue condenado en agosto de 2012 a 16 años 20 días de prisión. En diciembre de 2016 el ministerio para Servicio Penitenciario le otorgó un beneficio denominado “confianza tutelada”, que no existía hasta la implantación del Código Orgánico Penitenciario. Se establecen allí un conjunto de requisitos para ser elegible, como haber sido condenado por un delito con pena menor que ocho años de prisión. Además, este régimen debe aplicarse en locales del mismo internado judicial donde se encuentra el penado. Para ese momento, Brizuela estaba en Tocorón, estado Aragua. Pero la titular de Servicio Penitenciario ordenó su traslado a un centro erigido donde anteriormente estaba el retén La Planta, en El Paraíso. El atentado en Margarita, entonces, puso en evidencia un conjunto de irregularidades que nuevamente hacen pensar sobre la veracidad de denuncias previas, como por ejemplo, las supuestas salidas intempestivas de Johnny Bolívar, el homicida de Adriana Urquiola, y de otros presos de renombre.

*Luego del asedio al que fue sometido mientras daba una misa en la iglesia San Pedro Claver del 23 de Enero, el 29 de enero a la 1 pm, el párroco Angel Tortolero se vio obligado a salir del país. El religioso participaba en el oficio dominical junto al obispo auxiliar de Caracas Jesús González de Zárate, cuando el templo fue tomado por miembros de colectivos armados que hacen vida en ese sector de la capital. Durante unos 40 minutos, más de 300 personas que habían acudido a la misa fueron obligadas a escuchar una sucesión de consignas contra la jerarquía eclesiástica y a favor del proceso liderado por el presidente Nicolás Maduro. Algunos activistas opositores que estaban entre la muchedumbre fueron reconocidos y amenazados. En los días posteriores, debido a amenazas directas, Tortolero optó por viajar a Perú.

*El juicio sobre la quieba fraudulenta del Banco Peravia en República Dominicana tuvo un giro esta semana cuando la Fiscalía de ese país confirmó que las pesquisas se extenderían a un grupo de venezolanos que supuestamente recibió cuantiosos préstamos en moneda extranjera. Según el abogado César Amadeo Peralta, acusador privado en nombre de un conjunto de víctimas, las autoridades dominicanas solicitaron a Interpol la emisión de notificaciones rojas (órdenes de búsqueda y captura internacionales) contra un conjunto de personas que supuestamente participó en el esquema fraudulento. Entre ellos están los directivos de la entidad financiera José Luis Santoro, Gabriel Arturo Jimérez Aray, Daniel Alejandro Morales Santoro, Cristina Martiradona de Santoro, Luis Manuel Peña Melo, Maria Cristina Santoro Martiradona, Evelyn Serret Aponte de Santana, Miriam Altagracia Serret Sugrañez, Luis Herrera Valerio, José Carlos Bergantiños y Lorenzo Laviosa López. Además de ellos, otros venezolanos y corporaciones manejadas por personas de esta nacionalidad están bajo la lupa. Se indaga si formaban parte activa del esquema fraudulento. Por ejemplo, una mujer de apellido Lauría, venezolana con pasaporte italiano, obtuvo un empréstito por 7,5 millones de pesos dominicanos. Otra de apellido Toncetich recibió 14,4 millones de la misma moneda. Un hombre Abello Cañas obtuvo 18,5 millones…En fin, la lista se extiende hasta 89 nombres. Cabe destacar que por este caso permanece detenido y enjuiciado Omar Farías, llamado en Venezuela el Zar de los Seguros, así como su hijo homónimo. Ambos gozan actualmente del beneficio de casa por cárcel en ese país.

*El tema de la inseguridad fue tratado en el congreso pemón celebrado entre el 12 y el 17 de febrero en la comunidad indígena Waramasén, a 25 kilómetros de Santa Elena de Uairén. La nota publicada en el órgano divulgativo de la fundación Mujeres del Agua indica que en sectores de Ikabarú “los prames (…) están tomando el control de esas zonas de donde sale el oro y diamantes, y están amenazando de muerte a las autoridades del pueblo indígena pemón”. En ese congreso se acordó solicitar al Ejecutivo “una limpieza de las bandas armadas que actúan en las zonas mineras de la Gran Sabana”, pues de lo contrario la justicia sería impartida por miembros de estas mismas comunidades. La nota divulgada el 24 de febrero advierte que desde agosto de 2016 han llegado a la zona de Ikabarú unas 1.600 personas para ejercer la minería, lo que ha incrementado “las disputas por los yacimientos, los robos y amedrentamientos contra los indígenas”. Se confirmó además la información divulgada en la anterior entrega de este espacio, sobre el robo de 600 gramos de oro a manos de una banda que se trasladó a Parkupí en helicóptero.

domingo, 12 de febrero de 2017

El PCAO de la FAN

La Fuerza Armada podrá participar en ejercicios para contrarrestar invasiones imaginarias. Pero a la hora de la verdad su capacidad para responder ante situaciones concretas es ínfima

Javier Ignacio Mayorca
@javiermayorca

Para el momento de la publicación de esta columna habrán transcurrido 40 días desde que desapareció en las selvas de Amazonas el helicóptero Mi17 del Ejército siglas EV0796. El rastro del aparato se perdió mientras volaba con 13 personas a bordo, cinco de ellas civiles a unas 70 millas de Puerto Ayacucho.
La aeronave también llevaba una carga de alimentos (cajas Clap mexicanas y perniles) para una “jornada social” que se llevaría a cabo en La Esmeralda. Desde entonces, el Gobierno ha realizado dos desfiles y un ejercicio cívico-militar, todos con propósitos eminentemente políticos, pero que no pueden esconder la terrible realidad que se vive dentro de los cuarteles.
El ministro de la Defensa general en jefe Vladimir Padrino ha insistido en la necesidad de que la FAN logre lo que llama “plena condición de apresto operacional” o PCAO. Esto implica que las unidades militares gocen de los medios humanos y materiales para el cumplimiento eficaz de las órdenes impartidas, y en términos más generales de la misión que les asigna la Constitución.
Pero una cosa es desfilar y hacer ejercicios sobre la invasión de un imperio imaginario y otra es la capacidad de reaccionar con celeridad ante situaciones reales y concretas. Allí es que se mide el verdadero PCAO. En el caso del helicóptero, la reacción ocurrió dos días después. La primera información oficial fue difundida el 1 de enero, es decir, tres días después de haber perdido contacto con la tripulación. Los militares incluso tuvieron que admitir en lo interno su incapacidad para ubicar los restos del aparato de fabricación rusa, hasta el punto en que el presidente Maduro hizo una convocatoria pública para incorporar a expertos civiles en cuestiones de búsqueda y salvamento. Esto se hizo a regañadientes dos semanas después.
El apresto es casi nulo
La ausencia del “pleno apresto” también se evidenció en diciembre, cuando se declaró un acuartelamiento tipo A en unidades de la FAN para responder ante la eventual extensión a otras partes del país de las revueltas y saqueos que se desarrollaban primordialmente en Bolívar y Apure, así como en otros seis estados, debido a la súbita desincorporación de los billetes de Bs 100.
La orden de regresar a filas ocurrió en medio del primer turno de asueto navideño, y solo fue cumplida por la oficialidad que posee vehículos personales. Pero la mayoría de los militares no pudo acatarla, ni siquiera luego de que los llamaran a sus teléfonos (“plan de localización”), pues ellos tampoco tenían dinero para tomar transportes públicos, y en muchas oportunidades estos autobuses tampoco prestaron servicio, debido precisamente al riesgo que eso implicaba. Según documentos revisados, en esa oportunidad hubo unidades castrenses en las que solo el 40% de la tropa cumplió con el acuartelamiento.
En ambas situaciones, los laboratorios gubernamentales aplicaron tácticas abiertas y encubiertas de desinformación y engaño. Hubo incluso un vocero militar que hizo un desmentido público del acuartelamiento, cuando en todas las unidades de la FAN circulaba el radiograma correspondiente. En el caso del helicóptero ordenaron a los familiares de los tripulantes y pasajeros que evitaran contactos con la prensa independiente, para así reafirmar el vacío de información.
La Fuerza Armada, como ocurre con el resto del país, está sintiendo el deterioro económico, y esto afecta la capacidad para cumplir sus tareas básicas. Hay guardias nacionales que son enviados en comisión de servicio sin prever siquiera la asignación para alimentos, el llamado “rancho”. Por lo que estos militares llegan a su destino a ejercer la mendicidad, o peor aún a vender sus servicios al mejor postor.
Esto resume el verdadero PCAO de la FAN.

Breves

*El 2 de febrero el director de la Policía Nacional Bolivariana, mayor general Franklin García Duque, emitió una orden “de estricto cumplimiento” relativa al porte y el uso del arna orgánica, es decir, la que asigna ese cuerpo a sus funcionarios. Los agentes, indica el documento, deberán contar con un “acta de asignación personalizada” por cada arma que se entregue. Pero estas pistolas (generalmente marca Beretta modelo PX4 calibre 9 mm) deberán ser dejadas en custodia de la institución cuando el agente finalice su jornada laboral. En otras palabras, no podrán llevarlas cuando estén francos de servicio. Los únicos exceptuados de esta medida son los oficiales con el grado de comisionado jefe. La orden de García Duque lleva implícito un reconocimiento sobre la imposibilidad de dotar a cada agente de la PNB con una pistola, pues indica que los parques de armas de cada dependencia deberán ser dotados de forma conveniente para que desde allí se entreguen las Berettas a los agentes cuando salgan a ejercer sus funciones. La decisión del máximo jefe de la PNB fue tomada en parte como una forma de prevenir los numerosos ataques del hampa a los funcionarios, especialmente los de menor jerarquía. Según la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), en 2016 fueron ultimados 414 policías, militares o escoltas. En el rubro de las policías civiles la PNB fue la institución que más víctimas acumuló con 62.

*El jefe del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional, general de brigada Ramón Pimentel, envió una circular a todas sus dependencias para recordar que la comercialización de telefonía es un delito, y que además está prohibido lo que denominó la “resolución privada de casos”. Previamente, se había prohibido la entrada a las unidades del Conas en todo el país al representante de una operadora de telefonía celular, quien al parecer actuaba en combinación con oficiales de esa unidad a los efectos de fomentar este mercado negro. Algunos efectivos del Conas, como en otras policías, también han tratado de mejorar sus ingresos económicos mediante la venta de información. Antes de emitir la referida comunicación, Pimentel se reunión con todos los operadores del Sistema de Información Policial (Siipol) para recordarles que la data de este archivo solo puede ser utilizada con fines de investigación penal.

*El director de la organización Una Ventana para la Libertad, Carlos Nieto Palma, reveló que en Venezuela la población carcelaria ronda ya las 100.000 personas. Hay aproximadamente 55.000 presos en internados judiciales y otros 45.000 en retenes policiales o “centros de detención preventiva”. Esto implica que la población “privada de libertad” según la jerga oficial se ha incrementado en 30% durante 2016. Este dato coincide parcialmente con informes elaborados por el Servicio de Seguridad Penitenciaria de la Guardia Nacional. Según ese despacho, en octubre de 2016 había 53.087 presos distribuidos en 37 centros penitenciarios. Para diciembre, la cifra se había elevado a 53.487 internos. Ahora bien, la GN también tiene centros de detención en sus cuarteles. Allí hay 2.881 personas. Se trata entonces de civiles que permanecen en instalaciones militares. Los grupos más grandes están en sedes de Lara (384) y Anzoátegui (319). A veces ni siquiera están en celdas sino en salones donde anteriormente se celebraban reuniones, ahora convertidos en retenes. Esto desde luego ocasiona incomodidades en el personal militar.

La orden del día
*El 31 de enero el director de Cicpc, comisario general Douglas Rico, envió una circular a todas las dependencias de esa policía para recordar a los funcionarios el deber de “ser cuidadosos con las imágenes, fotografías o datos que colocan en sus respectivos pin, whatsapp, twitter, Facebook, Instagram, tomando en cuenta que muchas de estas imágenes o informaciones son visualizadas por personas que buscan desprestigiar nuestra institución o por delincuentes que de un momento a otro pueden accionar contra el funcionario o su grupo familiar (…)”. Simultáneamente las redes de mensajería conformadas por policías alertaron que el Gobierno haría cumplir la prohibición de transmitir por esa vía los datos sobre procedimientos policiales, y que se harían revisiones sorpresivas a los teléfonos de los agentes para determinar si habían acatado esta directriz. Desde diciembre han sido detenidos tres detectives de la policía judicial por enviar datos sobre sitios de suceso, previa investigación a los aparatos por efectivos de la División contra Delitos Informáticos. No es cacería de brujas, sino de agentes. Una policía que se preciaba de su estrecha relación con los periodistas (hay libros sobre esto) ahora se maneja como si estuviese en una burbuja plástica, en pleno siglo XXI. Hay, desde luego, mucho de ocultamiento de la “corrupción endógena”, que antes se ventilaba públicamente gracias a las redes sociales.

*Esto lo escriben desde la selva. El hecho referido fue durante la última semana de enero. Un helicóptero, indican los lugareños, aterrizó en la población minera de Parkupí, cercana a Santa Elena de Uairén (Bolívar). Del aparato bajaron “malandros bien armados que obligaron a los mineros indígenas a reasumir el corte (de minerales) y se llevaron 600 grs de oro”. A pesar de las amenazas, un representante de la comunidad acudió a la comandancia del Ejército en Caracas para solicitar mayor presencia de los militares. Pero entre los indígenas no hay consenso al respecto debido a numerosos incidentes en los que los soldados han cometido abusos contra la población predominantemente indígena.

Reconstrucción a paso de morrocoy
*La caída del puente Guanape II tomó por sorpresa a las autoridades de la Gobernación del estado Vargas y del ministerio de Infraestructura. Como no encontraban una explicación distinta a la de la falta de mantenimiento preventivo, intentaron culpar a la oposición y a algún periodista que venía reflejando las denuncias de las comunidades sobre el mal estado de este paso, vital para la comunicación terrestre hacia el este de la región. El gobernador García Carneiro incluso dijo que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) estaba en el lugar investigando el suceso, como si ellos contaran con especialistas en siniestros de este tipo de estructuras. Lo cierto es que la vialidad en Vargas deja mucho que desear. García Carneiro no lo dijo, pero en Catia la Mar todos saben que mes y medio antes de la caída del puente Guanape II se desplomó otro que pasa sobre la quebrada de Puerto Viejo, en una vía de servicio que lleva desde Catia la Mar hacia Playa Grande. Como el puente no tiene dolientes, su reconstrucción va a “paso de morrocoy”, según el testimonio de uno de los residentes del lugar. En este caso, la caída de la estructura ocurrió cuando una gandola que remolcaba una grúa lápiz intentó pasar por allí. En el lugar, además, no hay ni siquiera una valla que indique quién ejecuta la obra, tal y como lo exige la legislación vigente. La foto que acompaña esta nota fue tomada el 8 de febrero. Juzgue usted…