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domingo, 29 de enero de 2017

El nuevo plan de Maduro

Lo único nuevo que ofrece la versión más reciente de Patria Segura es la incorporación abierta de formaciones políticas para la recopilación de inteligencia en materia criminal

Javier Ignacio Mayorca
@javiermayorca

El presidente Nicolás Maduro anunció la reformulación de las operaciones conocidas como Liberación del Pueblo (OLP). Ahora supuestamente tendrán una cara más amigable, y por eso se llamarán Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP). La primera conocida luego de este anuncio se llevó a cabo en la Cota 905, justo en el mismo lugar donde se realizó la primera OLP en julio de 2015. En aquella oportunidad, las reseñas periodísticas dieron cuenta de por lo menos doce muertos en supuestos enfrentamientos con agentes de la ley. En la del pasado 23 de enero hubo tres fallecidos. Claro está, entre ambos extremos se llevaron a cabo otras tres OLP en la Cota 905.
Las OLP de entonces y las OLHP que comenzamos a ver desde enero de 2017 obedecen al mismo formato: son redadas en espacios geográficos más o menos delimitados que intentan mitigar la criminalidad mediante la ¨neutralización” de determinados individuos o conglomerados que operan en esos sectores, ya sea por la muerte o por la detención de sus integrantes. En la Policía Nacional las llaman ¨operaciones de saturación¨, puesto que las calles de estos barrios se ven inundadas de uniformados, quienes abandonarán el lugar a la vuelta de unas horas o, en casos excepcionales, un par de días.
Decir que las OLP u OLHP se inspiraron en las experiencias de Brasil y Colombia es una expresión de ignorancia, cuando no de un interés deliberado por engañar a la gente. Entre unas y otras hay parecidos. En las comunas del Medellín colombiano y las favelas brasileñas se hicieron operaciones de saturación, con tanta o más violencia que las vistas en Venezuela, pero el propósito no era matar a los líderes de las bandas. De hecho, por lo menos en Brasil, en las últimas versiones los funcionarios de la Policía Militar han anunciado su entrada mediante perifoneos, de manera que los criminales han abandonado el territorio. Y estos sectores han sido ocupados y reinstitucionalizados. Esto quiere decir que los policías permanecen allí, y a la vez son construidas escuelas, comedores, dispensarios, bibliotecas y desde luego estaciones para los cuerpos de seguridad. Todo esto en las partes altas, lo que permite ejercer un mayor control sobre la actividad del barrio. Por lo tanto la finalidad de las operaciones en otras partes del mundo no es la eliminación física de los líderes o miembros de las bandas sino la retoma del territorio por parte del Estado.
Este es el error de concepto de las OLP, con o sin H.
La reformulación de estas operaciones fue decidida ante las numerosas críticas, algunas incluso de sectores afines al Gobierno, que advertían la creciente impopularidad de las OLP en lo que llaman la ¨base de sustentación política¨ del chavismo-madurismo.
Ahora bien, esta decisión se inscribe dentro del llamado relanzamiento del plan Patria Segura. La primera versión de este plan fue en 2013 por iniciativa del entonces ministro de Relaciones Interiores, general Miguel Rodríguez Torres, quien luego incorporó un sistema de patrullajes por circuitos, calcado de la experiencia en algunas ciudades de Colombia.
El gran problema con este sistema, según me comentó el actual director de PoliMiranda Elisio Guzmán, es que resulta inviable en Venezuela debido a la crónica carencia de recursos en las policías. Este déficit se incrementará ahora, puesto que el Gobierno planea aumentar 15% el total de circuitos en el país y cada uno deberá tener un ¨estado mayor¨.
Me pregunto cómo llevar a la práctica esta expansión de los circuitos de patrullaje, cuando actualmente las flotas de patrullas y motocicletas de todos los cuerpos policiales, incluida la PNB, están inservibles en más del 45%, de acuerdo con diagnósticos disponibles. La situación es tan grave que los propios funcionarios motorizados deben pagar de su bolsillo los repuestos y las reparaciones. En la PNB además se ha admitido ya que algunos vehículos sean ¨canibalizados¨, es decir, despojados de las piezas que aún sirven para colocárselas a otros y ponerlos en funcionamiento.
También está el problema del llamado ¨pie de fuerza¨ de los cuerpos de seguridad. En la Gran Caracas solamente son necesarios unos 36.000 policías, pero no se dispone de más de 9.000. A esto hay que restar los agentes que no van a trabajar porque están de reposo, presos, de permiso académico, en comisión de servicio en otros cuerpos, en grupos de apostamiento (vigilancia de detenidos) o son escoltas de algún jerarca. Además, hay otros que no van a sus cuarteles porque no les da la gana, se jubilan y se ponen a trabajar como parceleros o custodios de pequeños comercios, léase  abastos o panaderías.
Estas carencias terminarán por desvirtuar el plan Patria Segura II. Sin embargo, Maduro cree que las podrá afrontar mediante la incorporación de nuevos recursos humanos desde varias procedencias: 1) 10.000 nuevos oficiales de la Policía Nacional; 2) 10.000 tropas de la Fuerza Armada Nacional; 3) el Sebin, y 4) miembros de colectivos y unidades de batalla que actúen como ¨patriotas cooperantes¨ y apoyen en determinadas operaciones.
Patria Segura II: más politización
Sobre el último punto hay que señalar que la participación de colectivos y miembros de formaciones políticas oficialistas ya venía ocurriendo en asuntos de seguridad ciudadana.  Para esto se tomaban en consideración las disposiciones de las leyes orgánicas de Seguridad de la Nación, los Consejos Comunales y las Comunas. Hubo experimentos en sectores como Catuche, Mérida, Juan Pablo II y Ciudad Caribia. En esto se avanzó hasta tal punto que ciertos colectivos de ¨inteligencia popular¨ participan en operativos de control a transeúntes en Catia y Sabana Grande, tal y como quedó en evidencia a finales del año pasado.
Todas estas decisiones acentuarán la politización de la actividad de los cuerpos policiales, algo que es rechazado no sólo por buena parte de los funcionarios de tales instituciones sino también por la población en general. Quede claro entonces que el problema de fondo no será proteger a la ciudadanía sino incrementar el control político a través de cuerpos profundamente ideologizados.
Ahí está el sentido de la segunda versión de Patria Segura.

Breves

*La Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionará el 9 de febrero en San José de Costa Rica para debatir sobre una posible denegación de justicia por parte del Estado venezolano en el caso del homicidio del estudiante de la Guardia Nacional Johan Alexis Ortiz. Esta muerte se produjo el 15 de febrero de 1998 durante un ejercicio en una cancha del destacamento 19 de ese componente militar en Táchira. Por este caso ha sido imputado Jean Carlos Rafael Malpica, un efectivo de tropa que se suponía debía disparar salvas con un fusil M61 calibre 7.62mm. Malpica se encuentra en libertad. Además, de acuerdo con el papá de la víctima, Edgar Ortiz, él no fue el responsable por este homicidio. Las pruebas de planimetría y experticias balísticas indican que los dos disparos que mataron a Johan Ortiz fueron hechos desde un lugar distinto al que ocupaba el imputado, presumiblemente por un oficial que entonces tenía el grado de capitán y hoy es flamante general de brigada de la GN, gracias a un ascenso otorgado por Maduro en 2013.

*La Policía Nacional adelanta un plan para el ¨rescate de la imagen¨ de ese cuerpo. El documento correspondiente no hace un diagnóstico preciso sobre las condiciones de hecho que motivaron esta iniciativa. Pero es obvio que la evaluación general de la PNB entre la ciudadanía no es positiva. Una de las evidencias más claras al respecto es que se trata del cuerpo armado civil con mayor número de procesados por diversos delitos, en especial homicidios, robos y extorsiones. El plan establece dos frentes de acción: puertas adentro y hacia las comunidades. En el primero se intentará incrementar el ¨sentido de pertenencia¨ y el orgullo de formar parte de las filas de esta policía. Algunas historias relativas a procedimientos exitosos serán exaltadas, al punto que un comité escogerá al ¨héroe del mes¨. Hacia afuera la cuestión es más complicada. El plan reconoce de antemano las dificultades para transmitir una sensación de efectividad. La Dirección de Comunicaciones será reestructurada. Se ordenó un monitoreo constante a las redes sociales, los medios y los periodistas que general opinión en cuestiones de seguridad. El mensaje a transmitir es que ¨los funcionarios que roban y matraquean son lunares en la institución¨.

*El criminólogo y docente Luis Gerardo Gabaldón llevó a cabo una encuesta de victimización para la región centro-norte-costera del país, que incluye a los estados Aragua, Carabobo, Vargas, Miranda y Distrito Capital. Se hicieron entrevistas en hogares para determinar si esa persona había sido afectada por secuestros y extorsiones, lesiones personales, robo y hurto genéricos, corrupción, abuso sexual, estafa, amenaza y el homicidio de algún familiar directo. Por razones metodológicas, las preguntas abarcaron el lapso julio 2014 a julio 2015. Los resultados indican hasta qué punto la criminalidad violenta arremete contra la población. Por ejemplo, se proyectó una cifra de 28.241 secuestros y 32.151 extorsiones solo para los referidos estados, así como 845.406 robos y 12.285 homicidios. Este último dato es muy relevante, pues la región centro-norte-costera suele abarcar el 50% de tales crímenes. Por lo tanto, durante el año objeto de investigación la cifra homicidios para el país debió estar alrededor de 24.570. Esto se acerca mucho a los cálculos hechos por el Observatorio Venezolano de la Violencia. Gabaldón fue miembro de la Comisión Nacional para la Reforma Policial y corredactor del Estatuto para la Función Policial.

*En la medida en que avanza la disolución del Estado venezolano, los medios para el ejercicio legal de la fuerza son reemplazados por agrupaciones de diversa índole. Llámelas comités de vigilancia, frentes bolivarianos o colectivos. En este último caso, es claro que algunos gozan de beneficios clientelares a través de instituciones estatales como Petróleos de Venezuela o el Ministerio para las Comunas, por citar algunos. Pero el flujo de dinero también ha mermado para estos grupos. La crisis finalmente les llegó, y para mantener las lealtades ahora es necesario acudir a otros mecanismos. El primero es la extorsión. Los comerciantes de la avenida Sucre de Catia pueden hablar de esto. También los habitantes de los barrios ubicados a partir del kilómetro 7 de la vía a El Junquito. En octubre del año pasado un colectivo se reunió con los residentes para exigir el pago de 2 mil bolívares mensuales a cambio de garantizar la seguridad. Posteriormente, pasaron casa por casa para reunir los aportes. El dinero era recibido por una mujer acompañada por un sujeto encapuchado. En una oportunidad, colocaron una pancarta con los números telefónicos a los que se podía llamar para comunicar las novedades.  Pero los robos continuaron y el colectivo no dio respuesta, así que la removieron.

*El diputado Guillermo Palacios consignó una serie de documentos ante la subcomisión especial del Parlamento que investiga el caso de Franqui Flores de Freitas y Efraín Campo Flores, los sobrinos de la Primera Dama Cilia Flores condenados en el Distrito Sur de Nueva York por conspiración para traficar drogas a los  Estados Unidos. Según el parlamentario, los documentos se refieren a las contrataciones que supuestamente ha obtenido la compañía Coinspectra, propietaria del jet que llevó a los sobrinos a la cita en Puerto Príncipe (Haití), en septiembre de 2015, cuando fueron detenidos por la policía local y entregados a agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Palacios indicó que esta constructora ha sido la beneficiaria de numerosos contratos para la reconstrucción de internados judiciales en el país, supuestamente entregados por decisión de la ministra para Servicio Penitenciario Maria Iris Varela. El diputado dijo que el jet fue recuperado luego de un embargo, y que por esta razón fue puesto a nombre de una empresa homónima de la venezolana, inscrita en Norteamérica. Para Palacios no es casual que esa aeronave haya llevado a los sobrinos hasta la isla, en la que ultimarían detalles sobre el traslado de un alijo de 800 kilos de cocaína, pues al parecer existe un nudo de relaciones entre los propietarios de la empresa y el entorno presidencial. “Estos jóvenes no actuaban solos. Gozaban de apoyo para obtener prebendas”, dijo en referencia a Flores y Campo. Los documentos correspondientes fueron entregados al diputado José Luis Pirela, quien preside el grupo parlamentario que investiga este caso.


*Esta semana fue presentado ante un tribunal militar de control en Caracas el general de brigada retirado de la Guardia Nacional Ramón Lozada Saavedra. Le imputaron instigación a la rebelión militar, entre otros delitos. Su detención fue practicada por efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar poco después del nuevo encarcelamiento del exministro de la Defensa general en jefe Raúl Baduel. Entre ambos oficiales existe una vieja amistad. Lozada es el mismo militar que fue víctima de un extraño secuestro en noviembre de 2013. En aquella oportunidad fue interceptado cuando circulaba en su vehículo particular por Montalbán. El oficial retirado de 57 años de edad apareció ileso en Apure dos semanas después. Sus familiares aseguraron entonces que no pagaron rescate.

lunes, 2 de enero de 2017

Un año de masacres

Si algo distinguió a la violencia de 2016 fue la sucesión de hechos con múltiples víctimas, en algunos casos a manos de funcionarios de cuerpos policiales o militares

@javiermayorca

En Venezuela no existe una definición legal de masacre. Sin embargo, cuando uno revisa lo sucedido en 2016 se percata de que fueron reiterativas las muertes de personas en conglomerados en diversas partes del país.
El Manual de clasificación de delitos (1995) del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) define a las masacres como homicidios masivos, es decir, las muertes de cuatro o más personas ocasionadas por las acciones ilegales de terceros. Esto no quiere decir que todas las víctimas tienen que estar reunidas en un mismo sitio de suceso. Pero al menos deben existir proximidades temporal y geográfica entre los fallecidos. Según esta categorización, existen las masacres clásicas, las familiares y los llamados asesinatos en sucesión, en los que una persona o grupo van matando en una o más locaciones.
Venezuela recorre desde hace tiempo por un proceso de colectivización de la criminalidad violenta. Primero fueron los asaltos masivos, en transportes colectivos como buses o vagones del Metro, en salas de cine o viviendas (incluso varios apartamentos de una misma edificación), y los robos de varios vehículos en un mismo estacionamiento. Luego vinieron los secuestros llamados carrousel, una marca registrada en 2005 por la banda Los Invisibles que posteriormente se extendió a otras organizaciones criminales hasta el día de hoy. Y desde luego tarde o temprano llegarían los homicidios de grupos enteros.
Antes las masacres eran esporádicas y ocasionaban escándalo público. Por ejemplo, la de El Amparo en el estado Apure, en la que catorce personas murieron debido a la acción de funcionarios adscritos al extinto Comando Específico José Antonio Páez (octubre de 1988), ameritó una condena al Estado venezolano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se convirtió en un caso de estudio.
Aunque la definición de masacre ya referida no lo indica de manera explícita, se supone que en todo hecho de esta naturaleza las víctimas están en condición de minusvalía con respecto a sus victimarios. No están armadas o fueron reducidas antes de que fuesen ultimadas. De no ser así, entraríamos en casos de muertes por legítima defensa. Como vemos, una de las condiciones necesarias para determinar la existencia de una masacre es la ilegalidad de la acción de los victimarios.
Tumeremo: el escándalo rompió el silencio
En 2016 contamos tres grandes masacres: la de Tumeremo (Bolívar), la de Cariaco (Sucre) y la de Barlovento (Miranda). Estos tres sucesos totalizaron 31 muertes, aunque todavía se dice que el número de víctimas en los casos de Bolívar y Miranda podría ser mayor.
En los dos últimos casos, los perpetradores eran funcionarios activos de componentes militares incorporados por decisión explícita del Ejecutivo a los planes de seguridad. En el caso de Barlovento, la matanza se desarrolló en el marco de una operación Liberación del Pueblo. Este es un aspecto que eventualmente podría llamar la atención de los organismos internacionales de protección de los derechos fundamentales.
En los tres casos, además, intervinieron las bandas criminales como una justificación o una causa eficiente de las matanzas. Ya en este mismo espacio habíamos advertido que estas estructuras delictivas se habían instalado como parte del panorama de seguridad ciudadana, esencialmente por las decisiones erráticas y a menudo contradictorias tomadas por el Ejecutivo a partir de 2013, con el inicio del programa de las “zonas de paz”.
Pero también alertamos que en muchas oportunidades las acciones y mensajes atribuidos a estas bandas serían tomados como pretexto para emprender tácticas de “mano dura”, que a la postre han convertido a los cuerpos de seguridad en importantes factores de la violencia criminal en todo el país.
El Observatorio Venezolano de la Violencia señaló que durante 2016 ocurrieron en promedio 22 masacres mensuales en todo el país. Pero la institución dirigida por el sociólogo Roberto Briceño León elaboró este cálculo sobre la base de las muertes de 3 o más personas reportadas a las distintas universidades que participan en la evaluación periódica de los homicidios. Si se toma como referencia la definición del FBI y se cruza con datos del Ministerio de Relaciones Interiores conocidos extraoficialmente el promedio mensual de masacres en el país fue siete. El último caso conocido ocurrió entre la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, cuando un supuesto “cambio de gobierno” en el seno de una banda criminal que opera en el sector Pueblo Nuevo de Ocumare del Tuy dejó seis muertos. Sobre este caso, por cierto, no se ha producido ningún anuncio de la Fiscalía.
Un aspecto interesante es que las instituciones del Estado parecieran tener hacia las masacres la misma actitud omisiva y negligente que muestran con respecto a las muertes individuales. Evidencia de esto es que dos de los tres casos más sonados de 2016 (Tumeremo y Barlovento) fueron investigados una vez que los deudos hicieron pronunciamientos que sensibilizaron a la opinión pública. Aun así, en el caso de Bolívar se debe recordar que hasta último momento el Gobernador de la entidad intentó desvirtuar las denuncias, colocando la carga de la prueba sobre los individuos y no sobre los cuerpos del Estado que debían iniciar las pesquisas. Esto abrió un lapso que fue aprovechado por los perpetradores para ocultar evidencias y abandonar el sitio del suceso.

Breves

*El ciberespacio será uno de los ámbitos de conflicto entre los periodistas independientes y el actual régimen venezolano. Hay en el Gobierno la convicción de que se deben ejercer mayores controles sobre lo que se divulga a través de internet, así como también incrementar los riesgos legales derivados de la divulgación de informaciones incorrectas o falsas. Y es que, ante la censura que prevalece en los medios convencionales, el público ha migrado en masa hacia los medios web. Esto incluye también a los oficialistas. Para incrementar las presiones no será necesaria la elaboración de nuevas leyes sino una aplicación de las disposiciones sobre terrorismo existentes en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo. Ya el director general de Conatel Andrés Eloy Méndez así como otros voceros del régimen han adelantado los escenarios. También se ha ensayado con la inducción al error mediante la divulgación de informaciones falsas a través de redes de mensajería, con la finalidad de que sean avaladas y difundidas por algún medio, para luego aplicar sanciones ejemplarizantes. Mucho de esto se ha intentado en el ámbito de los sucesos. El último consistió en la “filtración” de una foto que supuestamente era de un grupo de comerciantes chinos que, según el chisme, fueron víctimas fatales de las hordas que saquearon Ciudad Bolívar. La gráfica en realidad fue tomada durante una protesta contra la inseguridad en Brasil.

*Las extorsiones cometidas por agentes de cuerpos de seguridad llegaron en diciembre a niveles insospechados. Hubo denuncias de todo tipo: desde comerciantes que fueron emboscados por agentes de la Policía Nacional cuando se disponían a cerrar la venta de algún bien ofrecido a través de páginas web hasta funcionarios que se presentaron en consultorios para exigir cuantiosos pagos a cambio de no instruir expedientes por mal praxis médica. Esto sucede en medio de un proceso de supuesta refundación de la institución pionera del “nuevo modelo policial”. Un proceso que hasta ahora no ha rendido los frutos previstos y que aparentemente se hundirá en el mar de la burocracia, tal y como sucedió con la “revolución policial” que alguna vez fue asignada por Maduro al entonces diputado Freddy Bernal.

*El 16 de diciembre, el International Crisis Group publicó un reporte en el que advierte, como han hecho otras entidades, sobre la delicada situación política y de orden público que atravesará Venezuela en 2017. Un extracto: “Al negar el poder a la Asamblea Nacional electa y cancelar o suspender elecciones, el Gobierno se arriesga a provocar más violencia política, aunque ese no es el único resultado posible. A pesar de sus debilidades, podría, bajo ciertas circunstancias, consolidarse como una dictadura militar de facto, por medio de elecciones fraudulentas o la total abolición de estas. Para salvar su democracia, Venezuela necesita negociar los términos de la transición con mediación externa, ya que ninguna institución doméstica cuenta con el respeto de ambas partes. Una abrupta transferencia de poder, incluso si fuera posible, podría provocar una grave inestabilidad y violencia.”

*Uno de los delitos que mayor repunte tuvo en el país fue el secuestro. Para el momento de escribir esta entrega todavía los cuerpos de seguridad no tenían una cifra consolidada sobre los casos reportados en todo el país. Pero definitivamente Aragua fue una de las regiones donde las bandas arremetieron con más fuerza, demostrando además un creciente nivel de organización. En noviembre, por ejemplo, un estudiante de 20 años de edad fue plagiado en San Mateo, y una vez cancelado el rescate fue liberado en Plaza Venezuela. Esto sugiere incluso que las organizaciones de la capital pudieron entablar acuerdos o alianzas con elementos que operan en el centro del país. Cuando faltaban diez días para finalizar 2016 los secuestros en Aragua se habían incrementado en 71% con respecto a todo el período anterior.


*El Ejecutivo y el Ministerio Público avanzan en la consolidación de un proyecto para ejercer un mayor control sobre la información relativa a la criminalidad del país. La iniciativa es denominada Sistema de Consulta de Datos. Hay aspectos loables, como por ejemplo abrir las posibilidades de un intercambio de datos más fluido entre los componentes civiles y militares que participan en tareas de policía, con la Fiscalía como eje pivotante de la información. De otra parte, las filtraciones de información serán tratadas como delitos de “traición a la patria”. Los analistas y operadores del sistema deberán firmar una caución en la que se comprometen a guardar la confidencialidad sobre los datos manejados aún después de haber cesado en esas funciones