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domingo, 17 de diciembre de 2017

Para entender los casos de Andorra (primera parte)

La Banca Privada de Andorra operó como un magneto para capitales de oscuros orígenes y lugares tan diversos como Rusia, China y, desde luego, Venezuela

@javiermayorca

En torno a la Banca Privada de Andorra se han desarrollado dos grandes averiguaciones por el supuesto delito de legitimación de capitales, que involucraban a personas de interés para el gobierno venezolano en el momento en que fueron iniciadas.
El primer caso se hizo del conocimiento público en junio de 2010, a propósito de la detención en el principado europeo del comisario general jubilado de la policía judicial Norman Puerta, cuando hacía intentos para desbloquear el equivalente a 855.000 dólares. Según el ex funcionario, este dinero era el producto de actividades ligadas a la ganadería, sumadas a las prestaciones sociales devengadas durante 27 años de trabajo en Cicpc, donde llegó a ser el jefe de la División Antidrogas y luego director de Criminalística.
Puerta declaró en varias oportunidades ante los órganos de investigación de la Bastilla de Andorra. Apenas trascendió el dato de su detención, el Ministerio Público por intermedio de la fiscal Yemina Marcano solicitó al principado la información que hubiese sobre este caso. Una táctica repetida: invocar acuerdos de cooperación, obtener información sobre pesquisas en el exterior, para luego no hacer nada.
Ya entonces la Fiscalía señalaba que junto a Puerta aparecían mencionados varios individuos. Uno de ellos, Miguel Djamous Kasale, ultimado en Los Chorros durante un intento de secuestro, un año antes.
Todos los demás eran descritos como propietarios o copropietarios de empresas de tapadera registradas en Panamá, que eran utilizadas para enviar fondos a cuentas de la BPA, a través de la sucursal que operaba en el país centroamericano.
A Puerta lo asociaron en ese momento con un empresario de la construcción con antecedentes por tráfico de drogas, Gabriel Gil Yánez, quien abrió su cuenta en 2006 en la oficina de representación de BPA en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco utilizando un pasaporte diplomático, que lo acreditaba como un supuesto asesor del Ministerio de Finanzas.
En el mismo grupo, otro con antecedentes por drogas (confeso) era Tulio Hernández Fernández. Poseía un pasaporte diplomático con la misma función que Gil.
Estos documentos fueron consignados en la investigación que adelantaban las autoridades andorranas, y enviados a Venezuela en atención a la rogatoria hecha por la fiscal antidrogas venezolana.
Un magneto para capitales sucios
Pero las pesquisas fueron engavetadas. El Ministerio Público, bajo la égida de Luisa Ortega, solo llevó a cabo unas acciones espasmódicas cinco años después, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una decisión que impedía cualquier transacción con la BPA, bajo el argumento de que había servido como conducto para lavar fondos de los grupos de delincuencia organizada de China (Gao Ping), Rusia (Andrei Petrov) y de Venezuela (Diego Salazar, Nervis Villalobos y otros). Entonces, desempolvaron el expediente y se dieron cuenta de que podían emprender algunas acciones a la ligera, como para guardar las apariencias. Llamaron a declarar al comisario jubilado, y en ese mismo acto lo dejaron preso.
Días después aprehendieron en el aeropuerto de Maiquetía a Richard Cammarano, quien ya había denunciado la extorsión a la que era sometido supuestamente por funcionarios de Delincuencia Organizada de Cicpc, precisamente para no ponerlo tras las rejas.
Nada más pudieron hacer los fiscales, toda vez que los otros individuos señalados en el primer expediente de Andorra se habían esfumado.
En junio de este año, el juzgado 17 de juicio de Caracas condenó al comisario por el delito de enriquecimiento ilícito a cinco años y medio de prisión. Nada que ver con el lavado de dinero que inicialmente le atribuían.
Desde su prisión, el ex funcionario insiste en que fue la víctima de una conspiración para tapar un lavado de dinero de dimensiones mayores, aunque no precisa nombres ni fechas. Probablemente se refiera al segundo capítulo de esta historia. Fue ese, y no este, el que verdaderamente hizo doblar las campanas en el exterior. Y adentro del país activó todas las presiones posibles para que prevalecieran el silencio y la impunidad.

Breves

*El día de la publicación de esta columna (14 de diciembre) está pautada la imposición de sentencia a los sobrinos de la pareja presidencial Franqui Flores y Efraín Campo Flores, juzgados en Nueva York por conspiración para traficar 800 kilos de cocaína. La discusión en este caso no es si estos hombres quedarán en prisión, sino por cuánto tiempo. En favor de los culpables obra el hecho de que no poseen antecedentes penales en territorio estadounidense. Eran primerizos. Aunque en el curso de la investigación desarrollada por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) se obtuvieron informaciones reveladoras de aparentes envíos anteriores de alijos a ese país y a Europa, en especial a Francia. Igualmente, hubo indicios de otros delitos muy graves. Para el actual esquema de prioridades en Estados Unidos, el más relevante sea quizá la asociación con elementos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la declaración hecha durante una de las conversaciones grabadas a Efraín Campo, según la cual él decía estar en “guerra” contra el país donde ahora está preso. Por otra parte, los representantes de la fiscalía de Manhattan han puesto de relevancia durante las últimas semanas la actitud de escaso arrepentimiento mostrada por Flores y Campo. Como si pensaran que los hilos del poder se moverían a última hora para favorecerlos. Son los gestos de quien se siente poderoso. A pesar de que los acusadores han solicitado pena de cadena perpetua, esto es poco probable. Las sentencias por este tipo de delitos suelen estar entre los quince y los veinticinco años tras las rejas. En un caso similar Dino Bouterse, hijo del presidente de Surinam Desi Bouterse, fue condenado en 2016 a 16 años de prisión, luego de admitir el mismo delito atribuido a Flores y a Campo. En este caso, como hubo juicio, la pena debe ser más elevada.

*Nota para la edición del blog (17 de diciembre): finalmente, el juez Paul Crotty impuso una pena de 18 años y medio de prisión para los sobrinos de la pareja presidencial, sin posibilidad de obtener libertad bajo palabra. Tal y como se adelantó aquí, el letrado indicó que la ausencia de antecedentes fue uno de los criterios para decidir este lapso tras las rejas. En algunos círculos esto ha sido interpretado como que los ahora condenados no podrán apelar de esta sentencia. Eso es una equivocación. En la justicia de EEUU todas estas decisiones son apelables, hasta que llegan a la Corte Suprema. Desde luego, el ejercicio de este derecho es potestad de los reos. Eso tendrá un costo para ellos y para el empresario petrolero Wilmer Ruperti, que reconoció ser el financista de la costosa defensa. En EEUU, además, los lapsos de prisión se han constituido en un serio problema financiero. Contrario a lo que sucede en Venezuela, donde los presos son tratados como ciudadanos de un inframundo, en ese país el Estado y las organizaciones de derechos humanos toman muy en serio las condiciones de sus detenidos, en todos los niveles de gobierno. Esto ha ocasionado un crecimiento de aproximadamente 30% en el gasto público hacia las prisiones durante la última década. Un estudio de la organización InsideGov, además, estableció que las cárceles federales de Nueva York son las más costosas, con un gasto anual por detenido de 60.076 dólares (más de 59 dólares diarios). Eso quiere decir que los dos años de Flores y Campo en el retén federal de Manhattan costaron en total más de 240.000 dólares. Ahora, los condenados irán a una penitenciaría de Florida, un estado donde el gasto anual por detenido no es de los más altos de la unión. De allí saldrán dentro de 16 años, toda vez que el tiempo de detención durante el juicio también se les computará como pena cumplida.

*Un reporte interno del Ministerio de Relaciones Interiores revela que durante los primeros nueve meses de 2017 fueron verificados 151 homicidios en los distintos centros de reclusión del país. De esta cifra, 68 muertes ocurrieron en internados judiciales, y el resto en retenes policiales. Este es un claro indicador de que la violencia carcelaria no ha disminuido, sino que una porción importante de ella se desplazó hacia instalaciones bajo la responsabilidad de policías municipales, estatales e incluso de cuerpos con jurisdicción nacional como la PNB. Esto es consecuencia directa del sistema de cupos aplicado por el Ministerio para Servicio Penitenciario desde la época de Maria Iris Varela, que tiende a represar en los cuerpos policiales a buena parte de los 105.000 privados de libertad que hay en Venezuela. Finalmente, llama la atención que la estadística gubernamental no tome en cuenta a los 37 fallecidos durante la masacre en el retén de Puerto Ayacucho, reportada el 18 de agosto. De ser así, la cifra real de ultimados en recintos carcelarios se elevaría a 188. En los casos registrados, el internado judicial más violento pareciera ser Tocorón. En el feudo de Niño Guerrero han perdido la vida por homicidio 24 detenidos entre los meses de enero a septiembre.

Aquí hallaron 71 kilos
*El lunes 4 de diciembre, el Ministerio Público anunció que imputaría al inspector jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Daniel Villegas Herrera (División contra Terrorismo) y al técnico explosivista Daniel Orlando Santéliz por el tráfico de un alijo de cocaína de alta pureza, que eran llevado en vehículos rotulados con el logo del cuerpo de seguridad, en el kilómetro 25 de la carretera a Perijá. Este procedimiento lo llevó a cabo la Guardia Nacional el 1 de diciembre, y en su desarrollo murió otro funcionario de la policía política, Aigel Eduardo Barrios, cuando volcó uno de los vehículos en los que intentaban huir los agentes. Otros dos civiles fueron aprehendidos: Cesar Tulio Sinaje y César Sinaje Semprún. Las averiguaciones internas hablan de hechos de suma gravedad, que no podían ejecutarse sin el conocimiento de estratos superiores de la jerarquía en ese cuerpo, adscrito a la vicepresidencia de la República. Dos aspectos hablan por sí solos: los involucrados hasta ahora estaban adscritos a unidades distintas con sede en Caracas, y utilizaron vehículos orgánicos de la institución. Por otro lado, el hallazgo de la droga no fue producto de una casualidad. Según documentación disponible, ese viernes la Guardia Nacional manejaba información privilegiada sobre lo que iba a suceder, y buscó apoyo para la vigilancia de las carreteras en la Policía del Estado Zulia. Estos relatos indican además que el convoy con drogas, que salía de un fundo en el sector Santa Rosa, estaba conformado por tres vehículos rústico y no dos, como dijo la Fiscalía. Por cierto, en el primer pesaje del cargamento, que iba distribuido en los dos vehículos detenidos (uno escapó) había 530 panelas del alcaloide, para un peso de 588,4 kilos. Es de presumirse entonces que el alijo tenía un tamaño aún mayor. En el sitio del suceso se presentó el jefe de Estado Mayor del comando de zona de la GN número 11, coronel Hernán Rincón, quien luego notificó a la superioridad. A partir de allí, el caso quedó entubado para asegurar un control de daños. Ese mismo día, un poco después, ocurrió otro hecho significativo. En la hacienda El Carmen del sector Rio Abajo, fue reportado un prolongado enfrentamiento entre integrantes de grupos paramilitares y de la guerrilla, presumiblemente el Ejército de Liberación Nacional, que dejó como saldo cuatro muertos y un herido. Este hombre fue el único identificado de todos ellos. Era Leandro Gutiérrez, de 29 años de edad, impactado por proyectiles de fusil y esquirlas de granada. Las investigaciones determinaron que las primeras escaramuzas entre los dos bandos comenzaron el 30 de noviembre. Se desconoce si este suceso está ligado al hallazgo de la droga, pero llama la atención la coincidencia temporal entre este decomiso y la pequeña batalla.


*La extorsión ha llegado a niveles insospechados en el sur de Aragua. Una de las poblaciones más afectadas ha sido San Sebastián de los Reyes, especialmente en sectores como La Palomera y La Caridad, donde las bandas utilizan los servicios de motorizados para entregar teléfonos celulares a los comerciantes, a través de los cuales conducirán las negociaciones sobre los pagos de “vacuna”, o servicio de protección. Cuando se produce el primer contacto, los delincuentes parecen conocer hasta los más mínimos detalles de la vida íntima de los comerciantes. Esto, desde luego, los hace entrar en pánico y los obliga a guardar silencio. Estos procesos parecían restringidos al área de la frontera con Colombia, pero ya vemos que se han extendido hasta el centro del país.

En la búsqueda del cambuche
*El sábado 16 de diciembre se hizo del conocimiento público el hallazgo de los cadáveres casi putrefactos de Juvenal Bravo Sánchez y de su hermano Nolberto, así como también de Kelvin de Jesús Peña, alias Bombillo, y de una mujer que no había sido identificada para el momento de la redacción de esta entrega. Los restos de la fémina fueron hallados en estado de descomposición junto a los del líder de lo que fue una de las bandas más importantes en secuestros y extorsiones en todo el centro del país, en especial en el sur de Aragua y la troncal 13 que cruza Guárico. Se debe recordar que en 2015 las actividades de este grupo contra directores de empresas estatales chinas suscitaron una queja formal del gobierno de Pekín. A pesar de esto, Bravo logró eludir la persecución de los cuerpos de seguridad –gracias a un bien aceitado mecanismo de “alerta temprana”- pero no las intrigas suscitadas en su propio grupo delictivo. Su muerte, por lo tanto, no debe ser motivo de alivio sino más bien de preocupación, pues los remanentes de su organización comenzarán a disputar los espacios perdidos a manos de por lo menos otras dos bandas, cuyos líderes han sido plenamente identificados por los cuerpos de seguridad.


*Una lectora escribió al correo crimenessincastigo@gmail.com, para relatar lo que le ocurrió en la agencia del Banco Mercantil, centro comercial Líder, el viernes 15 de diciembre: a los beneficiarios de la pensión de los Seguros Sociales les pagaron en billetes de Bs 100 o menor denominación. En el caso conocido directamente, la persona no retiró los Bs 170.000 que le correspondían, sino solo Bs 50.000. Le dieron cinco paquetes de la referida denominación, cada uno agrupado con apretadas ligas, pero sin sello de papel. Desde luego, quienes están cobrando no se quedarán frente al cajero contando la plata, pues la cola es larga y hay presión para atender a todos los que están. Cuando la persona llega a su vivienda, se percata de que uno de los paquetes está incompleto: “Le faltaban Bs 2.700, imagínese eso mismo aplicado a todos los viejitos que estábamos allí”, indicó.


*Para comunicarse con el autor, puede escribir al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com, o llenar un formulario que aparece en el margen derecho del blog. A través de esta vía también puede transmitir las informaciones sobre sus vivencias con el hampa del país.