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domingo, 31 de diciembre de 2017

Para entender los casos de Andorra (última parte)

-Una propina excesiva durante una bacanal parisina fue el inicio del fin para Diego Salazar, empresario de seguros y primo del ex presidente de Pdvsa Rafael Ramírez

@javiermayorca

La Banca Privada de Andorra estableció en 2006 una oficina de representación o de “segundo piso” en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco. La sucursal no tenía el nombre de la entidad financiera en la puerta, como podría imaginarse, sino que operaba bajo la fachada de una “asesoría financiera”.
Para ser recibido allí, era necesario poseer la referencia de alguien que ya fuese cliente. Otros bancos internacionales operaban en Venezuela con el mismo procedimiento. En todos los casos, la intención era proveer una alternativa a las personas que deseaban eludir el control de cambio implantado por el Gobierno de Hugo Chávez.
No todas las personas que utilizaron los servicios de estas entidades estaban lavando dinero. Algunas simplemente querían poner sus ahorros fuera del alcance de un régimen que avanzaba hacia la confiscación del patrimonio individual. Pero en el caso de la BPA, había un interés especial en la captación de clientes ligados al Gobierno. Así fue declarado por los representantes de la entidad durante el juicio que hubo a propósito del congelamiento de las cuentas del comisario general jubilado de Cicpc Norman Puerta. De manera que el riesgo de manejar fondos procedentes de la corrupción estaba a la vuelta de la esquina.
El escándalo suscitado en 2010 por el caso Puerta (referido en la entrega anterior de esta columna) sería rebasado apenas dos años después, cuando comenzó una investigación por el supuesto delito de lavado de dinero contra el entorno del entonces ministro de Energía y presidente de Petróleos de Venezuela Rafael Ramírez.
Este fue el segundo caso de funcionarios venezolanos ligado a la Banca Privada de Andorra.
El expediente comenzó cuando los órganos de investigación del principado europeo recibieron una alerta de la policía antilavado de Francia, Tracfin, sobre una transferencia llevada a cabo desde la BPA a un banco francés, por 99.980 euros, “en beneficio de un empleado de una cadena hotelera (…) en gratificación o regalía por servicios prestados”. Era, en dos platos, una propina. Tanta generosidad provenía de las arcas de la firma Highland Asssets Corp, propiedad del empresario asegurador y primo de Rafael Ramírez, Diego Salazar Carreño, y representada por su primo Luis Mariano Rodríguez.
Las pesquisas de los órganos de control, de acuerdo con documentos enviados a Andorra y al Ministerio Público venezolano, revelaron que los implicados, “y especialmente Diego Salazar y su primo y hombre de confianza Luis Mariano Rodríguez, pasaban temporadas en París, hacían importantes gastos de millones de euros en establecimientos hoteleros y boutiques de lujo”. En su frenesí de consumo, Salazar solicitó a la BPA la transferencia de cuarenta millones de euros para la adquisición de un apartamento en París, a través de un banco suizo. Esta operación fue impedida momentáneamente por una decisión de congelamiento de fondos.
Más de $2,6 millardos del entorno
de Ramírez corrieron por BPA
¿De dónde venía todo este dinero? Un auto emitido en mayo de 2016 por la Sección de Instrucción Especializada 1 de la bastilla de Andorra indica que Salazar, Rodríguez Cabello y otros individuos como el ex viceministro Nervis Villalobos, el llamado “zar de los seguros” Omar Farías (preso en Dominicana por el fraude con el Banco Peravia), el ex viceministro de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa, Estibaliz Basoa, Anna Piñero Carrabina, Cristina Lozano y Luis Laplana (directivo de la BPA para el momento) “organizaron un sistema de comisiones de los contratos públicos de la empresa Pdvsa, que implica que las empresas que accedían a las licitaciones eran obligadas a contratar al entramado empresarial para poder conseguir las adjudicaciones, cobrando millones de euros a los implicados por asesoramientos”.
Los pagos de los sobornos se hacían en buena medida a través de cuentas en la BPA, a nombre de compañías registradas en Panamá, “por donde transitaron más de dos millardos de euros”, es decir, casi 2,6 millardos de dólares.
En la lista de 24 empresas, pertenecientes en forma total o parcial a Salazar y sus allegados, estaban por ejemplo la Fundación Caixa Bella, Megana International, Central Berfort, Worldwide Traders Line, Fundación Terramar Hall, Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros y Lomond Overseas.
Esta información estaba en poder del Ministerio Público venezolano poco después de que la investigación a este grupo en Europa tomó la forma de una causa penal por lavado de dinero, en noviembre de 2012. Hoy, la fragmentación del chavismo hace que unos y otros bandos se recriminen por no haber adoptado entonces medidas contra los implicados, que formaban parte de los más altos círculos de poder. Tan altos que no tenían ningún empacho en exhibir su opulencia y dar propinas millonarias alrededor del mundo. Pero no se puede olvidar que entonces todos ellos formaban parte de la misma estructura, que usaba tanto a la Fiscalía de Luisa Ortega como a los tribunales para garantizar la impunidad.

Breves

El programa Clap: dominación
*En 2017 el Gobierno tuvo éxito en lograr la domesticación de sus adversarios. No solo aplacó las protestas que durante cuatro meses mantuvieron en jaque a la administración de Maduro, sino que contra todo pronóstico pudo instaurar una Asamblea Nacional Constituyente a su medida. La sustentabilidad de estas victorias está por verse, toda vez que la fortaleza del régimen en lo interno va en forma casi directamente proporcional a su fragilidad en el ámbito internacional, donde incluso tuvo dificultades para encontrar a un tercer país que lo acompañara en la aventura de República Dominicana. En 2018, el Gobierno intentará extender a los planos social y ciudadano la sumisión lograda en lo político. En ello será fundamental la manipulación del hambre y de las necesidades básicas de la población, a través del programa Clap y del Carnet de la Patria, que se consolida como un medio supletorio de identificación y de relacionamiento del individuo con el Estado. Por otra parte, se profundizará el compromiso de la institución militar con el régimen. En 2017, los integrantes de la Fuerza Armada demostraron que son capaces de las peores atrocidades (Padrino dixit) y, simultáneamente, de guardar el más profundo silencio ante la violación descarada de derechos fundamentales. La FAN sigue siendo una entidad fracturada, pero la ausencia de una conducción política alterna capaz de entablar nexos con los cuarteles impide capitalizar esta situación. Además, padece una corrupción medular, sistémica, que ya se traduce en el involucramiento cotidiano de sus cuadros bajos y medios en delitos comunes. Así que en 2018 veremos a los uniformados aplicar la misma represión que hubo este año contra manifestantes políticos, ahora contra la gente que reclama por hambre o por el incumplimiento de los deberes más básicos del Estado. A tal efecto, ya los comandos de zona de la Guardia Nacional actualizaron sus hipótesis de conflicto interno. No solo hicieron un arqueo de los principales factores que pueden perturbar el orden público, sino también de quiénes serían los actores, políticos y de la sociedad civil, que pueden contribuir a encauzar este descontento social. Así orientarán la violencia oficial de forma selectiva y más eficaz. El juego está cantado.


*El 27 de diciembre, el Gobierno optó por “picar adelante” al Observatorio Venezolano de la Violencia al divulgar, por medio del ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, unas cifras sobre criminalidad. Aunque se trata de números absolutamente maquillados, el hecho de que se haya suministrado algunas estadísticas constituye un avance pues da un punto de partida para la discusión. Esto amerita una consideración más prolongada que la permitida por este breve espacio. Así que por el momento solo se advertirá dos elementos que el ministro omitió: 1) las protestas antigubernamentales desarrolladas entre abril y julio definitivamente impactaron hacia la baja las cifras generales de criminalidad, desde los homicidios hasta los delitos contra la propiedad, y desde luego los secuestros. Los delincuentes tuvieron que desplazar sus áreas de operaciones durante esos días, y además contaron con menos oportunidades pues muchas calles estaban bloqueadas y la gente movilizada en un entorno donde la vía pública es en promedio el escenario del 70% de los delitos. Y 2) desde entonces, la ciudadanía perdió la poca confianza que podía tener en los cuerpos de seguridad. En algunos sectores, incluso, los uniformados son vistos con desprecio y profundo rechazo. Esta tendencia ya la advertía la encuesta mundial hecha por Gallup en 2016, según la cual solo el 14% de la población venezolana tiene algún grado de confianza en sus cuerpos policiales, es decir, que el 86% no confía en ellos, o lo hace en un grado mínimo. Y este sondeo se hizo antes de las protestas. La escasa o nula confianza en los cuerpos de seguridad tiene una consecuencia directa en la disposición de la gente para denunciar los delitos de los que ha sido víctima. Entonces, las estadísticas sobre criminalidad se encuentran cada día más divorciadas de la realidad.

*Uno de los delitos que no ha dejado de crecer en el país –y que el imaginario oficial no toma en cuenta- es la extorsión. Las bandas criminales que operan en Trujillo, por ejemplo, han crecido a punta de “vacuna” a los hacendados, como ocurrió antes en Guárico y el sur de Aragua. En el estado andino, los antisociales acuden periódicamente a las fincas para llevarse su parte de la producción. Una víctima relató al correo crimenessincastigo@gmail.com que recientemente tuvo que ocultarse cuando se percató de que los cuatreros llegaban a sus predios. Permaneció medio día en una zona boscosa cercana, hasta que no vio más movimientos. Entonces, volvió a la vivienda y el personal del hato le informó que habían secuestrado a dos empleados, y que él tendría que pagar el rescate. Esta es una de las razones por las que en Trujillo los robos, los homicidios y los secuestros crecieron este año, a pesar de los esfuerzos oficiales por desfigurar esta realidad.

*El 20 de diciembre, los ministerios de Relaciones Interiores y de Defensa emitieron una resolución conjunta para normar la implantación de los llamados “puntos de control” por parte de agentes de los cuerpos de seguridad. Se deroga así otra resolución emitida en mayo de 2006 durante la gestión de Jesse Chacón en el MRI. Hay varios aspectos interesantes. En primer lugar, la supervisión y coordinación de los puntos de control, tanto fijos como móviles, queda en manos de la Fuerza Armada, a través de los comandos de zona. Un paso más hacia la plena militarización de la seguridad ciudadana. Por otro lado, la nueva resolución está redactada en términos tan vagos que consolidará el desorden prevaleciente en la materia. La resolución derogada establecía pautas muy claras en cuanto a la configuración de los puntos de control. Por ejemplo, se exigía la instalación de conos y advertencias a 30 metros de distancia del sitio donde estaban los agentes. Esto rara vez se cumplió, pero ese era un problema de supervisión. Ahora, no existe una lista taxativa sobre lo que debe ser el equipamiento de los puntos de control, ni cuántos agentes deben estar en ellos, ni cómo deben advertir al ciudadano sobre su presencia, ni cómo será el protocolo de actuación de los agentes y de los transeúntes. En fin, más improvisación en un área ya bastante improvisada.

*Escribe una lectora al correo crimenessincatigo@gmail.com, para explicar un modus operandi en boga en torno a comercios de Valencia, en especial aquellos como farmacias y automercados, que requieren la presencia de las personas durante cierto tiempo

en los locales. Los antisociales ya conocen los “puntos ciegos” de los sistemas de videovigilancia, y aprovechan para hurtar lo que pueden de los vehículos que se estacionan en tales sectores sin ser detectados. En este caso, a la mujer le desaparecieron una laptop y varios objetos como por ejemplo botellas de refresco. En fin, todo lo que se puedan llevar. Mientras la víctima hacía el reclamo en la tienda (cuyos encargados no se responsabilizan por objetos dejados en los vehículos) llegó otra persona cuyo auto también fue abierto. Los hampones tienen sus “campaneros” o personas que detectan la entrada de posibles víctimas. Según el relato, son parejas con niños pequeños que se colocan en los accesos de los estacionamientos. Todo sucede con mucha rapidez. “De más está decir que es la segunda vez desde agosto que me roban el caucho de repuesto”, relató.

domingo, 17 de diciembre de 2017

Para entender los casos de Andorra (primera parte)

La Banca Privada de Andorra operó como un magneto para capitales de oscuros orígenes y lugares tan diversos como Rusia, China y, desde luego, Venezuela

@javiermayorca

En torno a la Banca Privada de Andorra se han desarrollado dos grandes averiguaciones por el supuesto delito de legitimación de capitales, que involucraban a personas de interés para el gobierno venezolano en el momento en que fueron iniciadas.
El primer caso se hizo del conocimiento público en junio de 2010, a propósito de la detención en el principado europeo del comisario general jubilado de la policía judicial Norman Puerta, cuando hacía intentos para desbloquear el equivalente a 855.000 dólares. Según el ex funcionario, este dinero era el producto de actividades ligadas a la ganadería, sumadas a las prestaciones sociales devengadas durante 27 años de trabajo en Cicpc, donde llegó a ser el jefe de la División Antidrogas y luego director de Criminalística.
Puerta declaró en varias oportunidades ante los órganos de investigación de la Bastilla de Andorra. Apenas trascendió el dato de su detención, el Ministerio Público por intermedio de la fiscal Yemina Marcano solicitó al principado la información que hubiese sobre este caso. Una táctica repetida: invocar acuerdos de cooperación, obtener información sobre pesquisas en el exterior, para luego no hacer nada.
Ya entonces la Fiscalía señalaba que junto a Puerta aparecían mencionados varios individuos. Uno de ellos, Miguel Djamous Kasale, ultimado en Los Chorros durante un intento de secuestro, un año antes.
Todos los demás eran descritos como propietarios o copropietarios de empresas de tapadera registradas en Panamá, que eran utilizadas para enviar fondos a cuentas de la BPA, a través de la sucursal que operaba en el país centroamericano.
A Puerta lo asociaron en ese momento con un empresario de la construcción con antecedentes por tráfico de drogas, Gabriel Gil Yánez, quien abrió su cuenta en 2006 en la oficina de representación de BPA en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco utilizando un pasaporte diplomático, que lo acreditaba como un supuesto asesor del Ministerio de Finanzas.
En el mismo grupo, otro con antecedentes por drogas (confeso) era Tulio Hernández Fernández. Poseía un pasaporte diplomático con la misma función que Gil.
Estos documentos fueron consignados en la investigación que adelantaban las autoridades andorranas, y enviados a Venezuela en atención a la rogatoria hecha por la fiscal antidrogas venezolana.
Un magneto para capitales sucios
Pero las pesquisas fueron engavetadas. El Ministerio Público, bajo la égida de Luisa Ortega, solo llevó a cabo unas acciones espasmódicas cinco años después, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una decisión que impedía cualquier transacción con la BPA, bajo el argumento de que había servido como conducto para lavar fondos de los grupos de delincuencia organizada de China (Gao Ping), Rusia (Andrei Petrov) y de Venezuela (Diego Salazar, Nervis Villalobos y otros). Entonces, desempolvaron el expediente y se dieron cuenta de que podían emprender algunas acciones a la ligera, como para guardar las apariencias. Llamaron a declarar al comisario jubilado, y en ese mismo acto lo dejaron preso.
Días después aprehendieron en el aeropuerto de Maiquetía a Richard Cammarano, quien ya había denunciado la extorsión a la que era sometido supuestamente por funcionarios de Delincuencia Organizada de Cicpc, precisamente para no ponerlo tras las rejas.
Nada más pudieron hacer los fiscales, toda vez que los otros individuos señalados en el primer expediente de Andorra se habían esfumado.
En junio de este año, el juzgado 17 de juicio de Caracas condenó al comisario por el delito de enriquecimiento ilícito a cinco años y medio de prisión. Nada que ver con el lavado de dinero que inicialmente le atribuían.
Desde su prisión, el ex funcionario insiste en que fue la víctima de una conspiración para tapar un lavado de dinero de dimensiones mayores, aunque no precisa nombres ni fechas. Probablemente se refiera al segundo capítulo de esta historia. Fue ese, y no este, el que verdaderamente hizo doblar las campanas en el exterior. Y adentro del país activó todas las presiones posibles para que prevalecieran el silencio y la impunidad.

Breves

*El día de la publicación de esta columna (14 de diciembre) está pautada la imposición de sentencia a los sobrinos de la pareja presidencial Franqui Flores y Efraín Campo Flores, juzgados en Nueva York por conspiración para traficar 800 kilos de cocaína. La discusión en este caso no es si estos hombres quedarán en prisión, sino por cuánto tiempo. En favor de los culpables obra el hecho de que no poseen antecedentes penales en territorio estadounidense. Eran primerizos. Aunque en el curso de la investigación desarrollada por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) se obtuvieron informaciones reveladoras de aparentes envíos anteriores de alijos a ese país y a Europa, en especial a Francia. Igualmente, hubo indicios de otros delitos muy graves. Para el actual esquema de prioridades en Estados Unidos, el más relevante sea quizá la asociación con elementos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la declaración hecha durante una de las conversaciones grabadas a Efraín Campo, según la cual él decía estar en “guerra” contra el país donde ahora está preso. Por otra parte, los representantes de la fiscalía de Manhattan han puesto de relevancia durante las últimas semanas la actitud de escaso arrepentimiento mostrada por Flores y Campo. Como si pensaran que los hilos del poder se moverían a última hora para favorecerlos. Son los gestos de quien se siente poderoso. A pesar de que los acusadores han solicitado pena de cadena perpetua, esto es poco probable. Las sentencias por este tipo de delitos suelen estar entre los quince y los veinticinco años tras las rejas. En un caso similar Dino Bouterse, hijo del presidente de Surinam Desi Bouterse, fue condenado en 2016 a 16 años de prisión, luego de admitir el mismo delito atribuido a Flores y a Campo. En este caso, como hubo juicio, la pena debe ser más elevada.

*Nota para la edición del blog (17 de diciembre): finalmente, el juez Paul Crotty impuso una pena de 18 años y medio de prisión para los sobrinos de la pareja presidencial, sin posibilidad de obtener libertad bajo palabra. Tal y como se adelantó aquí, el letrado indicó que la ausencia de antecedentes fue uno de los criterios para decidir este lapso tras las rejas. En algunos círculos esto ha sido interpretado como que los ahora condenados no podrán apelar de esta sentencia. Eso es una equivocación. En la justicia de EEUU todas estas decisiones son apelables, hasta que llegan a la Corte Suprema. Desde luego, el ejercicio de este derecho es potestad de los reos. Eso tendrá un costo para ellos y para el empresario petrolero Wilmer Ruperti, que reconoció ser el financista de la costosa defensa. En EEUU, además, los lapsos de prisión se han constituido en un serio problema financiero. Contrario a lo que sucede en Venezuela, donde los presos son tratados como ciudadanos de un inframundo, en ese país el Estado y las organizaciones de derechos humanos toman muy en serio las condiciones de sus detenidos, en todos los niveles de gobierno. Esto ha ocasionado un crecimiento de aproximadamente 30% en el gasto público hacia las prisiones durante la última década. Un estudio de la organización InsideGov, además, estableció que las cárceles federales de Nueva York son las más costosas, con un gasto anual por detenido de 60.076 dólares (más de 59 dólares diarios). Eso quiere decir que los dos años de Flores y Campo en el retén federal de Manhattan costaron en total más de 240.000 dólares. Ahora, los condenados irán a una penitenciaría de Florida, un estado donde el gasto anual por detenido no es de los más altos de la unión. De allí saldrán dentro de 16 años, toda vez que el tiempo de detención durante el juicio también se les computará como pena cumplida.

*Un reporte interno del Ministerio de Relaciones Interiores revela que durante los primeros nueve meses de 2017 fueron verificados 151 homicidios en los distintos centros de reclusión del país. De esta cifra, 68 muertes ocurrieron en internados judiciales, y el resto en retenes policiales. Este es un claro indicador de que la violencia carcelaria no ha disminuido, sino que una porción importante de ella se desplazó hacia instalaciones bajo la responsabilidad de policías municipales, estatales e incluso de cuerpos con jurisdicción nacional como la PNB. Esto es consecuencia directa del sistema de cupos aplicado por el Ministerio para Servicio Penitenciario desde la época de Maria Iris Varela, que tiende a represar en los cuerpos policiales a buena parte de los 105.000 privados de libertad que hay en Venezuela. Finalmente, llama la atención que la estadística gubernamental no tome en cuenta a los 37 fallecidos durante la masacre en el retén de Puerto Ayacucho, reportada el 18 de agosto. De ser así, la cifra real de ultimados en recintos carcelarios se elevaría a 188. En los casos registrados, el internado judicial más violento pareciera ser Tocorón. En el feudo de Niño Guerrero han perdido la vida por homicidio 24 detenidos entre los meses de enero a septiembre.

Aquí hallaron 71 kilos
*El lunes 4 de diciembre, el Ministerio Público anunció que imputaría al inspector jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Daniel Villegas Herrera (División contra Terrorismo) y al técnico explosivista Daniel Orlando Santéliz por el tráfico de un alijo de cocaína de alta pureza, que eran llevado en vehículos rotulados con el logo del cuerpo de seguridad, en el kilómetro 25 de la carretera a Perijá. Este procedimiento lo llevó a cabo la Guardia Nacional el 1 de diciembre, y en su desarrollo murió otro funcionario de la policía política, Aigel Eduardo Barrios, cuando volcó uno de los vehículos en los que intentaban huir los agentes. Otros dos civiles fueron aprehendidos: Cesar Tulio Sinaje y César Sinaje Semprún. Las averiguaciones internas hablan de hechos de suma gravedad, que no podían ejecutarse sin el conocimiento de estratos superiores de la jerarquía en ese cuerpo, adscrito a la vicepresidencia de la República. Dos aspectos hablan por sí solos: los involucrados hasta ahora estaban adscritos a unidades distintas con sede en Caracas, y utilizaron vehículos orgánicos de la institución. Por otro lado, el hallazgo de la droga no fue producto de una casualidad. Según documentación disponible, ese viernes la Guardia Nacional manejaba información privilegiada sobre lo que iba a suceder, y buscó apoyo para la vigilancia de las carreteras en la Policía del Estado Zulia. Estos relatos indican además que el convoy con drogas, que salía de un fundo en el sector Santa Rosa, estaba conformado por tres vehículos rústico y no dos, como dijo la Fiscalía. Por cierto, en el primer pesaje del cargamento, que iba distribuido en los dos vehículos detenidos (uno escapó) había 530 panelas del alcaloide, para un peso de 588,4 kilos. Es de presumirse entonces que el alijo tenía un tamaño aún mayor. En el sitio del suceso se presentó el jefe de Estado Mayor del comando de zona de la GN número 11, coronel Hernán Rincón, quien luego notificó a la superioridad. A partir de allí, el caso quedó entubado para asegurar un control de daños. Ese mismo día, un poco después, ocurrió otro hecho significativo. En la hacienda El Carmen del sector Rio Abajo, fue reportado un prolongado enfrentamiento entre integrantes de grupos paramilitares y de la guerrilla, presumiblemente el Ejército de Liberación Nacional, que dejó como saldo cuatro muertos y un herido. Este hombre fue el único identificado de todos ellos. Era Leandro Gutiérrez, de 29 años de edad, impactado por proyectiles de fusil y esquirlas de granada. Las investigaciones determinaron que las primeras escaramuzas entre los dos bandos comenzaron el 30 de noviembre. Se desconoce si este suceso está ligado al hallazgo de la droga, pero llama la atención la coincidencia temporal entre este decomiso y la pequeña batalla.


*La extorsión ha llegado a niveles insospechados en el sur de Aragua. Una de las poblaciones más afectadas ha sido San Sebastián de los Reyes, especialmente en sectores como La Palomera y La Caridad, donde las bandas utilizan los servicios de motorizados para entregar teléfonos celulares a los comerciantes, a través de los cuales conducirán las negociaciones sobre los pagos de “vacuna”, o servicio de protección. Cuando se produce el primer contacto, los delincuentes parecen conocer hasta los más mínimos detalles de la vida íntima de los comerciantes. Esto, desde luego, los hace entrar en pánico y los obliga a guardar silencio. Estos procesos parecían restringidos al área de la frontera con Colombia, pero ya vemos que se han extendido hasta el centro del país.

En la búsqueda del cambuche
*El sábado 16 de diciembre se hizo del conocimiento público el hallazgo de los cadáveres casi putrefactos de Juvenal Bravo Sánchez y de su hermano Nolberto, así como también de Kelvin de Jesús Peña, alias Bombillo, y de una mujer que no había sido identificada para el momento de la redacción de esta entrega. Los restos de la fémina fueron hallados en estado de descomposición junto a los del líder de lo que fue una de las bandas más importantes en secuestros y extorsiones en todo el centro del país, en especial en el sur de Aragua y la troncal 13 que cruza Guárico. Se debe recordar que en 2015 las actividades de este grupo contra directores de empresas estatales chinas suscitaron una queja formal del gobierno de Pekín. A pesar de esto, Bravo logró eludir la persecución de los cuerpos de seguridad –gracias a un bien aceitado mecanismo de “alerta temprana”- pero no las intrigas suscitadas en su propio grupo delictivo. Su muerte, por lo tanto, no debe ser motivo de alivio sino más bien de preocupación, pues los remanentes de su organización comenzarán a disputar los espacios perdidos a manos de por lo menos otras dos bandas, cuyos líderes han sido plenamente identificados por los cuerpos de seguridad.


*Una lectora escribió al correo crimenessincastigo@gmail.com, para relatar lo que le ocurrió en la agencia del Banco Mercantil, centro comercial Líder, el viernes 15 de diciembre: a los beneficiarios de la pensión de los Seguros Sociales les pagaron en billetes de Bs 100 o menor denominación. En el caso conocido directamente, la persona no retiró los Bs 170.000 que le correspondían, sino solo Bs 50.000. Le dieron cinco paquetes de la referida denominación, cada uno agrupado con apretadas ligas, pero sin sello de papel. Desde luego, quienes están cobrando no se quedarán frente al cajero contando la plata, pues la cola es larga y hay presión para atender a todos los que están. Cuando la persona llega a su vivienda, se percata de que uno de los paquetes está incompleto: “Le faltaban Bs 2.700, imagínese eso mismo aplicado a todos los viejitos que estábamos allí”, indicó.


*Para comunicarse con el autor, puede escribir al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com, o llenar un formulario que aparece en el margen derecho del blog. A través de esta vía también puede transmitir las informaciones sobre sus vivencias con el hampa del país.

domingo, 3 de diciembre de 2017

Celada en La Campiña

Más que el resultado de una ardua investigación, lo de Citgo fue una emboscada. Ahora es que la realidad comenzará a salir a flote

@javiermayorca

El martes 21 de noviembre a las 9:30 am salió de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Boleíta una comisión de cinco oficiales hacia la sede de Petróleos de Venezuela en La Campiña.
El grupo enviado por el jefe de la Dgcim, general de división (Ejército) Iván Hernández Dala, estaba encabezado por el jefe de Apoyo a la Investigación Penal y Criminalística, general de brigada (GN) Ramón Balza Liota, quien anteriormente se había desempeñado como agregado militar de ese componente en Cuba.
La presencia del alto oficial en este grupo evidenciaba de la importancia que el Gobierno daba a las acciones que serían emprendidas minutos después. Lo acompañaban el mayor Freddy Obregón y los tenientes Johann Goitia, Franklin García y Pedro Duque. La misión era ejecutar una orden tribunalicia.
Los militares interrumpieron una reunión que se desarrollaba en la sala B del complejo Simón Bolívar, en la planta baja de la torre Este de la estatal petrolera, donde seis representantes de Citgo intentaban explicar los planes para refinanciar la deuda externa de la corporación y así obtener “dinero fresco”.
El general Balza ordenó que los ejecutivos pasaran a la sala C, e inmediatamente procedió junto con los demás oficiales a despojarlos de todas sus pertenencias, sin testigos consignados en actas ni fiscal del Ministerio Público. Quedaron en custodia computadoras portátiles, unidades de memoria, teléfonos celulares y documentos de identificación. Allí estaban José Ángel Pereira, presidente de la filial inscrita en Delaware; Tomeu Vadell Recalde, vicepresidente de Operaciones de Refinación; Alirio José Zambrano, gerente general de la refinería Corpus Christi (una de las tres propiedad de la corporación); Jorge Toledo, vicepresidente de Suministro y Comercialización; Gustavo Cárdenas, vicepresidente de Relaciones con Accionistas, Gobierno y Asuntos Públicos, y José Luis Zambrano, vicepresidente de Servicios Compartidos.
Aunque el Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente Tarek William Saab los describió como “altos directivos”, en realidad el único integrante de la Junta Directiva (board of directors) era Pereira. Los demás efectivamente son empleados de suma importancia para la empresa, pero no del grupo que podía comprometerla desde el punto de vista financiero.
Los otros integrantes de la Junta Directiva eran hasta la semana pasada Guillermo Blanco, Nelson Ferrer (director ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco), Ysmel Serrano (antiguo Secretario de Comercio del gobierno de Aragua durante la gestión de Tareck el Aissami, nombrado en febrero vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa) y Rick Esser (vicepresidente de Cumplimiento).
Aunque los detenidos son nacidos en Venezuela, por lo menos cuatro tenían ya nacionalidad estadounidense, a juzgar por los pasaportes que quedaron en manos de los militares: Vadell, Toledo, Cárdenas y Zambrano.

Investigación…desde la víspera

La "inteligencia", una carta de intención
Pereira y el resto de los representantes de Citgo fueron recluidos desde entonces en los calabozos de la Dgcim Boleíta. Solo salieron del sótano 1 para participar en la audiencia de presentación ante la juez tercera de control del Área Metropolitana Rosvelin Gil, quien como era de esperarse ratificó las detenciones por los supuestos delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario público con contratista, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Al hablar de lavado de dinero y concierto para cometer delitos se podría pensar que la irrupción militar en Pdvsa La Campiña fue la coronación de una ardua y prolongada pesquisa.
En realidad, según fuentes ligadas a este caso, las diligencias llevadas a cabo hasta el momento de escribir esta columna tan solo ocupaban media resma de papel. El expediente comenzó a formarse el lunes 20 de noviembre, apenas un día antes de las detenciones, sobre la base de lo que William Saab denominó “información de inteligencia”. Estos datos no eran otra cosa más que los documentos del preacuerdo entre la junta directiva de la filial, encabezada por Pereira, y las corporaciones Frontier Group y Apollo Global, que en junio habían mostrado su disposición de lanzarse en una aventura de altísimo riesgo: aportar hasta cuatro millardos de dólares a una empresa en default, que desde agosto es afectada por una prohibición de financiamiento impuesta por el presidente estadounidense Donald Trump, como parte de las sanciones al gobierno venezolano de Nicolás Maduro.
Durante la audiencia de presentación, Pereira argumentó en su defensa que el financiamiento –de haberse logrado- hubiese servido para fortalecer el llamado “proyecto Aruba”, cuya refinería según sus propios cálculos hubiese levantado la producción de crudo venezolano hasta 300.000 barriles diarios. Pero nada de eso se dio, pues hasta ahora no hay evidencia de que las negociaciones con Frontier y Apollo se hubiesen concretado con las formalidades de ley.
El martes dos abogados, Aníbal Ruiz y el exfiscal Víctor Pacheco Rojas, intentaban asumir la defensa de los detenidos. Ruiz se abstuvo de declarar con el argumento de que finalizaba un escrito de apelación. Mientras tanto, el fiscal designado por la ANC amenaza con nuevas detenciones. Pero ya el resto de los directivos de la filial están advertidos.

Breves

*Durante una reunión llevada a cabo recientemente en Perú, un representante de la Policía Federal de Brasil alertó que grupos delictivos altamente organizados como el Primer Comando de la Capital (PCC) estaban extendiendo sus operaciones al norte, ocupando territorios de manera compulsiva para desde allí tender puntos de avance que permitan a sus operadores acercarse a las riquezas del Arco Minero. Un experto en seguridad venezolano que participó en esta reunión indicó que los metales preciosos no son llevados directamente a Brasil, sino que son trasladados vía aérea a Guyana, donde luego de un tiempo supuestamente son trasladados a mercados europeos, sin indicar que fueron extraídos de suelo venezolano. Esto podría explicar el súbito crecimiento del parque aéreo en el estado Bolívar.

También los pusieron en Helicoide
*Luego de la evasión del alcalde metropolitano Antonio Ledezma, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) colocó un cepo o tobillera electrónica al comisario general Iván Simonovis, quien purga condena en su lugar de residencial. Previamente, habían puesto un dispositivo similar al ex alcalde de Chacao Leopoldo López.  El uso de estos aparatos es de vieja data en países como Estados Unidos. Con el pasar de los años se han hecho más sofisticados. Actualmente están dotados con un equipo de posicionamiento satelital y un sensor, de manera que activarán una alarma si traspone ciertos límites previamente establecidos. Desde el Helicoide, sin embargo, han informado sobre la colocación de cepos a otros detenidos, que no están en sus viviendas sino en el propio retén de la policía política. Se trata del ex alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos y el comisario Otoniel Guevara. Adentro presumen que el propósito es justificar un “negocio millonario”.

*La expansión de la migración venezolana podría ocasionar lo que Federico Varesse ha descrito como el “trasplantado” de redes de delincuencia organizada. Las señales ya están allí, para quien quiera verlas: la semana pasada la Policía Federal de México “rescató” a diez venezolanas que supuestamente eran víctimas de explotación sexual. Las redes de prostitución en las que participan venezolanas ya son famosas en las islas del Caribe, en Colombia y Panamá, donde recientemente se produjo una acción similar a la reportada en México. Aunque algunos grupos pueden trabajar de manera independiente, en estos casos hay evidencia de una división de tareas en las que unas células realizan la captación de mujeres y hombres. Otras proveen los documentos y la logística, y finalmente otras reciben a los grupos en los países de tránsito o de destino, para luego distribuir a las personas según las necesidades del contratante. La “exportación” de venezolanos para trata sexual ya llega hasta China, tal y como lo evidenció un procedimiento aplicado hace dos semanas por la Guardia Nacional en el aeropuerto de Maiquetía.

*Canadá continuará aplicando sanciones contra oficialistas e importantes operadores del gobierno de Nicolás Maduro. En el caso de este país, el mayor interés es señalar a quienes habrían participado en violaciones continuadas a los Derechos Humanos. Los temas de drogas y corrupción están en un plano secundario. Al igual que las sanciones estadounidenses, la incorporación de algún nombre en la lista de Canadá no quiere decir necesariamente que esa persona tenga bienes o cuentas en ese país. Las investigaciones al respecto comienzan luego de la inclusión del funcionario.

*Ahora el Carnet de la Patria está siendo utilizado como requisito indispensable para las nuevas contrataciones y ascensos en la jerarquía de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM). Otros despachos están siguiendo esa misma línea: “Si la persona no tiene el carnet, no le dan el cargo”, indicó una fuente del organismo. La práctica no tiene asidero legal, y por ende no figura por escrito –hasta el momento- en ninguna circular o resolución interna. Pero su aplicación ha sido verificada luego de la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente.

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