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domingo, 19 de noviembre de 2017

¿Una guerra civil?

La pregunta sobre si están dadas las condiciones para una conflagración interna en lo inmediato sigue gravitando en la opinión pública, a pesar de que la confrontación política de calle se ha desinflado

@javiermayorca

En la primera semana de agosto, el conocido diario The Telegraph de Londres se preguntaba si Venezuela estaba al borde de una guerra civil.
No había sido el primer medio internacional en plantear esa cuestión, ni sería el último. Uno piensa en guerras civiles y de inmediato vienen a la memoria las imágenes de matanzas terribles en Kosovo y países africanos como Ruanda y Somalia. Previamente, en Centroamérica, El Salvador y Nicaragua.
Si hacemos un ejercicio de abstracción, encontraremos que en todos estos países hubo por lo menos dos bandos en disputa armada por el control, parcial o total, de porciones de territorio, que a veces se extendían a toda la nación y otras a parcelas subnacionales que, como en el caso de los Balcanes, obedecían a esquemas fronterizos previos.
En el pasado reciente, por lo tanto, hemos visto el desarrollo de guerras civiles por razones étnicas, religiosas, políticas y por disputas nacionalistas, por citar algunas. Son tantas que resulta complicado establecer una definición sobre este tipo de conflicto. Gersovitz y Kriger, en un ensayo para la revista del Banco Mundial, aclararon que “no todos los países (con conflictos armados) van a compartir todas las dimensiones de la definición de la guerra civil”.
Más adelante, los investigadores establecieron que las guerras civiles son “conflictos violentos que ocurren adentro de un país, principalmente entre grupos grandes o numéricamente importantes de sus habitantes o ciudadanos por lograr el monopolio de la fuerza”.
Estos conflictos, además, tienen varias características:
            -Tienen organización política;
            -Son de larga escala, y
            -Son sostenidos en el tiempo.
La confrontación que se manifestó con una fuerza inusitada entre los meses de abril y julio, a lo largo de más de seis mil manifestaciones de distinta magnitud que dejaron un saldo de más de 135 muertos, fue lo suficientemente notoria como para que mucha gente pensara que el país estaba al borde de un conflicto armado interno.
Sin embargo, tal y como refirió Moisés Naim, para que se pueda pensar siquiera en una guerra civil es necesaria la existencia de por lo menos dos bandos convenientemente armados. Pero la asimetría entre las molotov, los escudos de cartón y los morteros improvisados, con respecto a los sistemas de última generación adquiridos en China por el Gobierno desde 2012, son una evidencia clara de que la posibilidad de una guerra civil era remota.
Otros datos son reveladores del desbalance:
            -Más del 90% de los muertos fueron manifestantes o personas que adversaban al Gobierno, víctimas de fuerzas policiales, militares o de colectivos armados;
            -La llamada “resistencia” no tenía un mando político. Es más, en algunos momentos parecía antipolítica, al punto que llegó a rechazar casi con la misma vehemencia tanto a los representantes del chavismo/madurismo como a ciertos voceros de la oposición;
            -Por último, todas las encuestas a las que se tuvo acceso en ese período revelaban que la mayoría de los manifestantes creía en una salida pacífica y electoral al conflicto político. Y esto eventualmente los llevó a deslindarse de los “guerreros de franela”. El Gobierno se dio cuenta rápidamente de esta división, y la explotó a conveniencia atacando los sectores blandos de la oposición, integrados por independientes que en algún momento simpatizaron con las manifestaciones, pero que luego dieron un paso atrás, al ser confrontados ante la posibilidad de sufrir altos costos por el hecho de expresar su descontento. Esto lo padecieron con especial crudeza los residentes de conjuntos en El Paraíso y La Candelaria.
En Venezuela, la progresión de los conflictos políticos fue estudiada en su momento por el general de división (retirado) Rafael Damiani, quien contribuyó a la elaboración de un manual de estudio para las escuelas de tropas de la Guardia Nacional.
Antes de la guerra, una escalada
Para Damiani, las guerras civiles son esencialmente el producto de una escalada de conflicto callejero que no es atajada a tiempo por las autoridades. Por lo tanto, hay indicadores sobre la aproximación de una guerra civil, entre ellos la repetición de actos terroristas y la extensión de actos vandálicos sobre largas porciones del territorio.
Por el contrario, el país ha presenciado desde agosto un conflicto político en descenso, por lo menos en su expresión callejera. Simultáneamente, la “paz” tan publicitada por la propaganda oficial es torpedeada por factores sociales y económicos de distinta índole: la parálisis del transporte público en Distrito Capital, Vargas y Zulia; los apagones en Zulia, Falcón, Bolívar y Miranda; la escasez de gasolina en todo el país; la carencia de efectivo y el colapso del sistema de pagos electrónicos; la destrucción de los servicios públicos, incluido el de telefonía; el hambre, la criminalidad en ascenso, la hiperinflación y las epidemias.
El Gobierno ha intentado manejar todos estos factores para cimentar su estrategia de dominación, para hacer de cada ciudadano un rehén. Esto pasa por romper cualquier nexo de solidaridad entre ellos, y por hacer que las lógicas de sobrevivencia sean para el venezolano más importantes que cualquier convencimiento en torno a la necesidad de un cambio político.
Una herramienta para la dominación
En esta línea de lograr un venezolano apaciguado, la implantación del Carnet de la Patria es de vital utilidad para el régimen. En la práctica, los disidentes verán restringidos sus derechos a la alimentación y a una vida saludable, así como sus hijos, quienes ni siquiera podrían vacunarse, si tomamos por cierto lo declarado recientemente por el vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami.
Al mismo tiempo, se ha producido una concentración del poder armado en el Gobierno y sus aliados, léase colectivos y ciertas bandas criminales que han llegado a ejercer control territorial en estados como Aragua, Apure, Sucre y Zulia, desde luego con la anuencia de factores locales y nacionales. Las que planteaban algún tipo de insurgencia criminal fueron diezmadas o domeñadas, por ahora.
La iniciativa de desarme gubernamental ha sido clave en la generación de asimetrías. Este plan ha sido totalmente inútil en lo que respecta a la disminución del uso de armas de fuego en los homicidios (86% en Zulia, 88% en Carabobo y 85% en todo el país), pero ha tenido un efecto devastador en cuanto al logro de transferencias de fusiles, pistolas, granadas y munición, hacia las estructuras criminales. No en balde, el fenómeno de las megabandas surgió durante la puesta en marcha del referido plan.
Venezuela está más cerca de La Habana y Pyongyang que de Pristina.

Breves

*La Fuerza Armada instruyó a las unidades emplazadas en las regiones llanera y andina para que retomen el patrullaje en torno a las unidades productoras de carne, así como la vigilancia a los traslados de ganado, ya sea en pie o beneficiado. Las quejas de los productores han sido consistentes en cuanto a que la acción de bandas cada vez más organizadas les impide trabajar, lo que ocasiona escasez de productos cárnicos en los centros de distribución y de consumo. De igual forma, los militares han diagnosticado que en la frontera entre Apure y el departamento de Arauca colombiano hay líneas de distribución de ganado que aprovechan las diferencias de precios de carne entre uno y otro país. En Colombia, la cotización es tres y hasta cuatro veces superior que la establecida por el Gobierno desde Caracas. Una consecuencia inmediata de este contrabando ha sido un supuesto brote de fiebre aftosa más allá de la frontera.

*A propósito del trabajo central de la entrega anterior (Resistencia a la autoridad), una fuente ministerial me puso al tanto de la siguiente situación: cuando se suman las cifras de homicidios y muertes por supuestos enfrentamientos con agentes policiales y militares, las estadísticas de este año ya sobrepasan las de 2016 en seis estados del país. El caso más dramático es Apure, donde las cifras de 2017 rebasan en 45% las del período pasado. Esto se relaciona con la situación descrita en el breve anterior. Pero aquí no se puede perder de vista que Apure era la retaguardia activa del frente 1 de las FARC, cuyos miembros siempre fueron renuentes a entregar las armas, pues perderían el control de un territorio clave para el paso de la droga procesada en los llanos orientales colombianos, e incluso en la frontera sur. Ahora, de acuerdo con un representante de los ganaderos de ese estado, los antiguos guerrilleros se han incorporado a bandas de cuatreros y extorsionadores, y otros más organizados han inscrito cooperativas de seguridad para prestar servicio de vigilancia a los hacendados.

*Las regiones militares ya comenzaron los preparativos para la Operación República correspondiente a la elección de alcaldes, el próximo 10 de diciembre. La orden es transmitir a la comunidad internacional la sensación de total “normalidad”, es decir, impedir a toda costa cualquier manifestación o protesta callejera que pueda enturbiar la “paz” que intenta construir el Gobierno. Paradójicamente, esto pasa por la utilización –nuevamente- del aparato represivo militar, en combinación con los tribunales. La orden es clara: hay que detener a todo manifestante y ponerlo a las órdenes de los juzgados correspondientes.

*Los estados donde las curvas de homicidios de este año ya se cruzaron con las de 2016, además de Apure, son Barinas, Cojedes, Mérida, Yaracuy y Zulia. Hay además otras cinco entidades donde los totales de 2016 apenas son levemente mayores que los de este año. Son Aragua, Amazonas, Delta Amacuro, Falcón y Portuguesa. Pero se debe recordar que en Amazonas el Gobierno “desapareció” de sus estadísticas los 37 muertos a manos de policías y militares durante una irrupción en el retén policial de Puerto Ayacucho. Si esta masacre fuese tomada en cuenta, Amazonas estaría en el primer lote, y probablemente tendría la tasa de homicidios más elevada del país.

*Nuevas denuncias sobre la utilización de la droga escopolamina, mejor conocida como burundanga, para perpetrar asaltos a viviendas y personas. Las denuncias hasta ahora son en los estados Nueva Esparta y Distrito Capital, y refieren encuentros casuales en vías púbicas, generalmente alrededor de centros comerciales, en los que una persona llama la atención de su víctima solicitándole ayuda para levantar alguna bolsa, pues supuestamente tiene las manos ocupadas con un bebé. De acuerdo con los relatos, es entonces cuando la droga es suministrada, aparentemente mediante una aspersión que llega a las mucosas nasales y oculares. Se debe tomar en cuenta que la burundanga solo surte efecto cuando llega a alguna mucosa o cuando es administrada por vía oral, oculta en alguna bebida. Esto ocurre generalmente en bares. Pero no surte efecto por contacto con la piel.

*El fotógrafo Jesús Medina no fue secuestrado. Por más que él mismo, en medio del estrés postraumático y la confusión, lo calificara de esa forma. Este episodio no tiene nada que ver con las características del secuestro extorsivo. La desaparición por más de cuarenta horas del trabajador del portal Dolar Today tiene muchas semejanzas con los casos de la periodista Nairobi Pinto (hoy bajo protección del gobierno canadiense) y del general de brigada retirado Ramón Lozada (hoy preso en Contrainteligencia Militar de Boleíta). Las investigaciones sobre el caso de Medina comenzaron gracias al escándalo público en la División de Personas Desaparecidas de la policía judicial. Hasta allí fue a declarar la periodista y amiga de la víctima Mildred Manrique. Pero inexplicablemente el expediente fue enviado después a la División Antiextorsión y Secuestros. Aún así, a los dos días de la reaparición de Medina, los pesquisas de Cicpc ya tenían una noción bien formada sobre lo que había sucedido. La inacción de los días posteriores también se parece demasiado a lo que sucedió con el militar retirado y la comunicadora, hace tres años. Entonces y ahora la intención fue enviar un mensaje. A Medina lo dejaron vivo ex profeso para que lo diera a conocer. No lo mataron pues la orden era dejarlo con vida.


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domingo, 5 de noviembre de 2017

Resistencia a la autoridad

Cuando ya no quedan manzanas para seducir a la población, lo que viene es la represión sin freno. Las cifras sobre la “resistencia a la autoridad” lo confirman

@javiermayorca

En una de sus primeras intervenciones, el gobernador electo del estado Carabobo Rafael Lacava exigió a su tren de seguridad aplicar “mano dura” contra la delincuencia. Y fue más allá: habló de golpear a los hampones abajo, al medio y arriba. Todo esto mientras gesticulaba ante un militar impávido.
Nada de esto tiene que ver con el rescate de la institucionalidad mediante el ejercicio de las leyes, como sostenía el juez español Baltazar Garzón.
Ese discurso del mandatario electo sin duda alguna cae bien en todos los sectores de la población. Oficialistas y opositores, los más pudientes y los que menos tienen, religiosos y ateos… todos parecen unidos en un mismo clamor, que es la disminución de la criminalidad.
Incluso, pareciera no importar si en ese proceso se comete alguna injusticia. La gente común pareciera dispuesta a voltear la mirada ante los funcionarios encargados de llevar a la realidad esa exigencia de “mano dura”. En este plan también anda el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab.
Esto ha transformado a los cuerpos de seguridad en probablemente el segundo factor de violencia homicida en todo el país, quizá solo superados por las bandas que ellos dicen combatir.
¿De dónde sale esta conclusión? Hay que poner la vista en el resultado de los procedimientos por “resistencia a la autoridad”. Este es un delito muy interesante, puesto que los funcionarios de los cuerpos policiales son factores indispensables para que se concrete, ya sea porque fungen como agentes provocadores o realmente porque la contraparte se negó a acatar sus órdenes, los insultó o incluso los atacó.
Los datos en poder de la Fiscalía indican que en 2016 fueron reportados 6042 casos de resistencia a la autoridad. Un promedio mensual de 503 expedientes. En el curso de tales averiguaciones hubo 5.124 muertes a manos de policías. En 103 casos hubo cuatro muertos o más, de allí que puedan ser catalogados como “masacres”, según la definición del FBI.
De acuerdo con la misma fuente, durante los primeros nueve meses de 2017 hubo 5.085 casos de “resistencia a la autoridad”. El promedio mensual es 12,3% superior que el de 2016.
Entre enero y septiembre, los agentes policiales y los militares mataron a 4.149 personas. El promedio mensual es de 464 cadáveres, 8,6% más que los 427 muertos en promedio para los meses del año pasado.
Cuando ya no hay manzanas para ofrecer...
Esto tiene consecuencias que van mucho más allá del mero control a la delincuencia. Anteriormente, el Gobierno mantenía a la población apaciguada con las misiones, las becas sin trabajar, la vivienda regalada. En la medida en que escasearon los recursos, los programas megalíticos fueron diluyéndose hasta adoptar la forma de una cajita de alimentos. Y pronto eso no será suficiente.
No cabe duda de que Venezuela es una olla de presión a punto de estallar. Y uno de los factores retardantes de ese estallido son los cuerpos de seguridad, ahora transformados en unidades represivas. Durante las protestas de 2017, el régimen demostró que poco o nada le importa la legalidad si se trata de mantener el estatus. Ya eso fue decidido. Las estadísticas muestran a claras luces que el país entró en una nueva fase de violencia.

Breves

*La Asamblea Nacional Constituyente quiere decretar una amnistía a la medida de Nicolás Maduro. A tal efecto Delcy Rodríguez -al mismo tiempo presidenta de la ANC y de la comisión que estudia la materia- se ha reunido por lo menos en dos oportunidades con miembros del alto mando y generales activos. Hasta ahora, según se ha podido conocer, este no sería un perdón general pero sí abarcaría a oficiales, tropas e incluso algunos civiles que permanecen tras las rejas por haber sido implicados en alguna de las múltiples “conspiraciones” contra el régimen: que si el golpe azul, que si el Fénix, David y otros tantos. De esta forma, el Gobierno sería revestido con un nuevo barniz de legitimidad, disminuiría las fuertes tensiones que perduran en los cuarteles, e igualmente se atacaría el hacinamiento en los centros de reclusión militares, donde incluso han tenido que habilitar espacios anteriormente dedicados a los custodios para albergar a uniformados y civiles presos por razones políticas. En octubre, durante una alocución ante la Guardia Nacional, el titular de Defensa Vladimir Padrino, sentó posición al respecto: “Estamos listos para perdonar”.

*La descomposición de los cuerpos de seguridad no tiene freno. Conocemos algunas pinceladas cuando la sangre llega al río. En Cicpc, por ejemplo, destituyeron la semana pasada a un detective que cobraba por “limpiar” los expedientes de particulares en el Sistema de Información Policial (Siipol). En la Fuerza Armada, la Fiscalía Militar está alarmada por la gran cantidad de tropas involucradas en delitos. Cuando esta información era conocida, fue detenido en Cojedes un sargento primero de la Guardia Nacional que conducía una moto robada por él mismo. En la Policía Nacional Bolivariana ordenaron hacer un cruce de toda la nómina con las bases de datos sobre antecedentes penales, cosa que debían hacer antes de que los agentes entraran a las filas del cuerpo. De los 25.700 activos 587 tienen registros por delitos y 129 están solicitados por los tribunales. Hay, además, quince oficiales que ni siquiera están registrados en el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Y uno se pregunta cómo diablos fueron admitidos en el cuerpo “pionero” del nuevo modelo policial, si sus nombres no pueden ser verificados.

*Fuerte Tiuna se ha convertido en una guarida de delincuentes. Recientemente, un grupo de piratas de carreteras ocultó en ese sector un camión cargado con insumos para la fabricación de harina, luego de interceptarlo cuando entraba a Caracas por Tazón. Los hurtos de materiales de construcción y de partes de vehículos son frecuentes incluso en los estacionamientos de las unidades castrenses. La Policía Militar no se da abasto para controlar el hampa e intentar cumplir con sus funciones habituales, a pesar de que hace tiempo dejó de ser un regimiento para convertirse en una brigada, con mayor pie de fuerza. La última evidencia fue el enfrentamiento entre agentes de la División contra Robos de la policía judicial y el supuesto integrante de una banda de asaltantes en la avenida Fuerzas Armadas del complejo militar, el 23 de octubre. Los pesquisas determinaron que allí estaba un Mazda 3 año 2006 que había sido robado a una familia en Guaicoco, el 6 de julio de 2016. Luego de coordinar con la jefatura del fuerte, los agentes dieron con el vehículo frente al Regimiento de Apoyo Logístico 82 del Ejército. Allí se enfrentaron y mataron al conductor, identificado como Argenis Castillo Vergara, sobre quien pesaban tres solicitudes. La pistola Glock que portaba fue usada en un homicidio de este año. La banda del Argenito, como le decían a Castillo, tiene otros tres individuos plenamente identificados, que posiblemente viven o frecuentan Fuerte Tiuna. Esas son las cosas que ahora se ven en el centro del poder militar venezolano.

*La inseguridad en el Metro de Caracas va en ascenso. Según el nuevo director de Seguridad del municipio Chacao, comisario Luis Godoy, en esa jurisdicción las salidas del subterráneo entre Chacao y Altamira son puntos calientes de la delincuencia. Esto ha obligado a la policía municipal a establecer planes de acción combinada con la Policía Nacional, que tiene asignada la vigilancia en los espacios internos de ese sistema de transporte. Según Godoy, los individuos que arrebatan sus pertenencias a los usuarios que van saliendo o entrando utilizan los pasajes internos del Metro como vías de escape. Pero esto no sucede solamente en Chacao. Hay denuncias de hechos similares en estaciones muy concurridas como Plaza Venezuela y El Silencio. La PNB parece no darse abasto para afrontar este reto, y el Gobierno ha tenido que asignar como complemento a agentes de la División contra Robos de la policía judicial, lo que constituye una desviación de recursos de un cuerpo que no está diseñado para funciones preventivas. Para colmo, las instalaciones del sistema de transporte están siendo vandalizadas. El 26 de octubre a las 10 pm, por ejemplo, se reportó una falla eléctrica en la estación Mamera. Al rastrear el origen del desperfecto, los uniformados se percataron de que habían hurtado 15 metros de cable de cobre, conductor de alta tensión.

*El Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional (Conas) remitió a la comandancia general de ese componente una propuesta para la activación de una escuela nacional de formación, que supla con funcionarios especializados a la referida unidad. Desde una perspectiva netamente institucional, no habría ninguna objeción a esta iniciativa. El secuestro y la extorsión están en auge en el país, a pesar de lo que diga la propaganda oficial. Hay zonas de Guárico, Zulia, Barinas, Trujillo y Táchira que están bajo el control de bandas erigidas en mafias, y allí prácticamente han suplantado al Estado. Pero uno no puede perder de vista que el Conas ha sido fundamental en el ejercicio de la represión estatal contra todo tipo de disidencia política. Los elementos de esta unidad especializada han arremetido contra las viviendas de manifestantes, utilizando vehículos blindados; han saqueado inmuebles y han robado vehículos y transeúntes por la sola percepción de que se involucraban en manifestaciones antigubernamentales. Un instituto de formación del Conas, bajo tutela militar, podría constituirse entonces en un centro de formación de represores. En la situación actual no existe ninguna garantía de que las cosas serían de otra manera.

*El 26 de septiembre, la dirección de Actuación Procesal del Ministerio Público recibió una denuncia contra el abogado Felipe Hernández Trespalacios, fiscal 66 con competencia en protección a la Familia, Niña, Niño y Adolescente, según la cual el funcionario supuestamente desvió una pesquisa de un expediente iniciado en 2016 “para favorecer a una de las partes”. La denuncia formulada por un ingeniero de apellido Negretti se suma a señalamientos de otros afectados que se remontan al caso de la ex juez Maria Lourdes Afiuni, y más recientemente a quejas formuladas por su desempeño durante la pesquisa sobre supuestos abusos sexuales en el colegio Emil Friedman. En este caso, Hernández fue objetado no sólo por la defensa del principal acusado, sino también por representantes de las víctimas. Más recientemente, fue divulgado a través de un portal web un video en el que Hernández es increpado aparentemente por una compañera de trabajo: “Dame lo que me toca…”, le gritaba. En otro contexto, esto sería más que suficiente para una investigación interna.