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domingo, 22 de octubre de 2017

El síndrome del cautivo

En Venezuela está en desarrollo desde hace años una operación de ingeniería social para hacer que cada uno de sus ciudadanos asuma la mentalidad de un rehén. El episodio de Estocolmo arroja algunas enseñanzas

@javiermayorca

En agosto de 1973 una pareja de asaltantes irrumpió en una agencia del banco Kreditbanken de Estocolmo, en Suecia, con la intención de perpetrar un asalto. En el proceso, las cosas se complicaron para los delincuentes, liderados por Jan Erik Olsson, quienes no pudieron huir y se confinaron en la caja fuerte de la entidad financiera con tres mujeres y un hombre.
La situación de rehenes se prolongó por seis días. En ese lapso, todas las partes desarrollaron una relación tan estrecha que los cautivos, especialmente las mujeres, negociaron con el primer ministro sueco Olof Palme para asegurar que se respetaría la integridad de los asaltantes.
24 años después, en agosto de 2017, una comerciante venezolana fue privada de su libertad en Caracas por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), sin orden de captura ni constancia de un delito flagrante. Simplemente porque a estos sujetos les parecía que ella estaba ligada de alguna forma al grupo que asaltó la 41 Brigada Blindada del Ejército, en el primer capítulo de la llamada Operación David.
Sol Zavala, al igual que los empleados del banco sueco, al principio estaba aterrorizada. No le dejaban contactar a un abogado ni la presentaban ante los tribunales. Para el mundo exterior, no existía.
La mujer estuvo en el Helicoide más de 45 días. Según la declaración que ofreció a El Nacional, en la medida en que pasaban las horas “optó por convivir con los agentes”: les preparaba café, les calentaba la comida e incluso limpiaba las instalaciones de las que no podía salir.
“Me sentía como un superhéroe, encargada de repartir amor”, recordó.
Ambos casos se encuadran en lo que los siquiatras Nils Bejerot y luego Frank Ochberg definieron como el Síndrome de Estocolmo. Se trata de un “fenómeno psicológico” en el que se desarrolla un nexo positivo entre el o los captores y sus secuestrados o rehenes.
Generalmente, se dan tres comportamientos: 1) las víctimas evidencian un sentimiento positivo hacia sus captores; 2) las víctimas muestran desconfianza y temor hacia lo que puedan hacer las autoridades, y 3) existe la posibilidad de que los captores también solidifiquen un sentimiento positivo hacia sus rehenes, una vez que comienzan a verlos como seres humanos.
Bastan seis días cautivo, o menos
El problema con el síndrome de Estocolmo es que tiende a generar condiciones que impiden o retardan la superación de la situación. Una de las partes, generalmente la víctima, tiende a comprender e incluso avalar las acciones y razonamientos de su captor, perdiendo de vista en el camino que se encuentra en ese trance por una actuación de fuerza.
El síndrome de Estocolmo, por ende, es consecuencia de un ejercicio criminal del poder, que en cierta forma termina siendo normalizado, y eventualmente amado por la víctima. Hay cautivos que desarrollan una dependencia tal de sus captores que hasta tienen relaciones sexuales con ellos. Recordemos por ejemplo el caso de Clara Rojas en Colombia.  
En el tiempo de cautiverio, todo lo que la víctima gana son concesiones que hace la contraparte: quizá puedas bañarte hoy; quizá puedas comer; si me da la gana te daré las píldoras que necesitas para vivir; posiblemente votarás… Pero siempre que lo hagas será cuando yo diga, en las condiciones que establezca.
A este respecto, llama la atención la respuesta de quien fuera gobernador de Lara, Henry Falcón, cuando el presidente estadounidense afirmó que no descartaba la “opción militar” para Venezuela: “¡Insolente, Trump! Este peo es nuestro. ¡Resuelve los tuyos, que son bastantes!”. Una expresión visceral, de quien ya internalizó la mentalidad del rehén y sale en defensa de su captor.
Esa misma condición llevó a los dirigentes partidistas a tomar las migajas que significaban la convocatoria a una elección de gobernadores, sin siquiera discutir si el proceso podría llevarse a cabo en forma justa. El captor, incluso, alteró sobre la marcha tales condiciones, y aún así las contrapartes continuaron en el juego, como buenos rehenes.
Pero el síndrome del cautivo no solo afecta a estos líderes. Ellos son si se quiere la fiel expresión de un proceso de ingeniería social que comenzó hace mucho tiempo con los ciudadanos de a pie, y que hoy los tiene más pendientes de hacer las colas del Clap que de buscar soluciones definitivas a sus padecimientos.
Venezuela se convirtió en una gran situación de rehenes.

Breves

Parte del grupo de detenidos
*El 10 de octubre, el presidente del Senado colombiano Efraín Cepeda exhortó al gobierno del presidente Juan Manuel Santos para que presente ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y la Organización de Estados Americanos el caso de 61 naturales de ese país que permanecen detenidos desde septiembre de 2016 en celdas del centro de coordinación policial de La Yaguara, a cargo de la Policía Nacional Bolivariana, en lo que el parlamentario describió como “precarias condiciones humanitarias”. Los neogranadinos fueron aprehendidos durante redadas que se llevaron a cabo en el municipio Sucre, para darle sustento a un discurso oficialista según el cual la criminalidad en Venezuela, y especialmente en el Distrito Capital, era estimulada por el accionar de grupos paramilitares foráneos. Estas capturas fueron ejecutadas sin órdenes tribunalicias y sin flagrancia. Durante el año que ha transcurrido desde entonces, tres juzgados se han pronunciado para que estas personas sean liberadas, y aún así permanecen tras las rejas.

*¿Para qué sirve tanta parafernalia militar alrededor de las elecciones? ¿La Operación República tiene alguna utilidad en términos de seguridad ciudadana? Veamos. Durante una semana, el gobierno central asumió la conducción de las policías preventivas, regionales y municipales. El viernes 13 de octubre, se ordenó el acuartelamiento de los cuerpos uniformados, de manera que solo los militares estarían en las calles. Entonces, se supone que no solo velarían por el correcto desenvolvimiento de la jornada electoral, sino también intentarían un control a la delincuencia. Los resultados, sin embargo, indican todo lo contrario. En los lugares de Caracas donde se llevó a cabo el despliegue castrense, la delincuencia arreció. En el municipio Sucre, por ejemplo, los homicidios aumentaron 125% con respecto a la semana previa. Los hurtos de vehículos también se hicieron más frecuentes, aprovechando precisamente el momento en que la gente iba con sus autos o motos a emitir sufragio. En El Hatillo también hubo sustanciales incrementos en delitos contra la propiedad. Los robos de vehículos, por ejemplo, se dispararon 200%. Lo mismo que en Chacao. En cambio, en Libertador, donde no hubo despliegue de Fuerza Armada, los delitos desaceleraron un poco. La Operación República, además, fue el motivo de la pérdida de una semana completa de actividades académicas en los planteles donde se iba a votar. Algunas instalaciones fueron abandonadas de improviso por los militares, cuando el CNE ordenó las reubicaciones de centros. Desde luego, ese costo de clases perdidas ni siquiera fue mencionado por el Gobierno.

*Al conocerse los resultados de los comicios regionales, el Ejecutivo anunció las intervenciones de las policías de todos los estados donde había ganado la oposición (Zulia, Táchira, Mérida, Nueva Esparta y Anzoátegui). La resolución emitida por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz argumenta que los agentes de estos cuerpos participaron en forma “masiva y continuada” en la violación de Derechos Humanos, “en redes delictivas y actividades que atentan contra el orden constitucional”. Es la séptima medida de este tipo que es aplicada a una policía regional por el autodenominado “órgano rector” en materia de seguridad ciudadana. Como cosa curiosa, en todas las ocasiones han afectado a instituciones de estados donde gobierna o gobernaba la oposición. El carácter político de esta medida queda en evidencia cuando se analizan dos elementos: 1) la ausencia de motivación de las medidas impuestas el 21 de octubre, más allá de una mención genérica a las causales para una intervención de esta naturaleza, establecidas en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, sin atender al mandato legal de la progresividad en la toma de tales decisiones. Es decir, antes de la intervención debe haber constancia de que se hicieron asistencias técnicas a las policías correspondientes, o de la instrucción de expedientes donde se dejara clara constancia, por ejemplo, de la existencia de redes de delincuencia organizada; y 2) ante los cambios de gobernadores en Lara, Amazonas y Miranda ya el gobierno central se dispone a entregar los cuerpos policiales, que fueron sustraídos del mando de los gobernadores Falcón, Guarulla y Capriles. ¿Eso quiere decir, entonces, que bastaba con el cambio de los mandatarios para que desaparecieran las redes delictivas y la violación continuada de los derechos humanos? La intervención, además, implica que las direcciones de los cuerpos policiales regionales serán militarizadas, lo que va contra la letra de la norma. Y pensar que este ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, en una oportunidad exigió despolitizar el debate sobre seguridad…

*En la edición anterior se informó aquí que los secuestros en el municipio Páez del estado Miranda habían aumentado 130% si se comparan con el año pasado. Según el analista en seguridad Alberto Ray, en la mayoría de los casos conocidos los captores hacen solicitudes que pueden ir desde los cuatro mil dólares hasta los veinticinco mil dólares en promedio. La pregunta siguiente es: ¿cómo hacen las bandas de estos sectores apartados, boscosos y rurales para manejar los pagos que les hacen en moneda extranjera? Un policía veterano, especializado en negociaciones de secuestros, dio la respuesta: en Barlovento, y en especial en los alrededores de Rio Chico, hay comerciantes de origen italiano y árabe que estarían haciendo operaciones clandestinas de cambio de moneda para hacerse de los dólares y euros pagados por los familiares de las víctimas de secuestros. Con este servicio, comienza a completarse el círculo desde la actividad de delito organizado hasta la legitimación de capitales.

*Un extraño movimiento de tropas y jefes militares se llevó a cabo durante los días previos a las elecciones regionales, en los puestos del estado Apure fronterizos con el departamento de Arauca colombiano. Los jefes castrenses de la Guardia Nacional y de la Armada inspeccionaron las instalaciones, e incluso en algunas oportunidades llegaron a ordenar estados de alerta ante la posibilidad de un ataque perpetrado por guerrilleros, al estilo del que hubo en Cararabo, hace ya 24 años. Desde luego, se detectó que los soldados ni siquiera tienen la posibilidad de comunicarse a través de los teléfonos celulares, pues el hurto de equipos en aquellos confines aparentemente es muy intenso. Un coronel de la Guardia Nacional llegó al punto de prohibir abiertamente a las tropas cualquier comunicación con elementos de grupos irregulares, lo que confirma entre otras cosas que en esas zonas el control territorial no es ejercido por los militares sino por los subversivos.

domingo, 8 de octubre de 2017

Los muertos que el Gobierno no quiere ver

Los hubo en Táchira, Amazonas y Bolívar. La propaganda oficialista ensalzó a los cuerpos de seguridad que hicieron la “limpieza”. Pero luego no los incorporaron a las estadísticas. Son muertos sin nombre, usados para elevar el perfil del Ejecutivo en seguridad ciudadana

@javiermayorca

El 16 de agosto, un grupo militar y policial irrumpió en las instalaciones del único retén de Puerto Ayacucho, en Amazonas. Según el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, 37 reclusos fueron sometidos, maniatados y llevado a una platabanda en la parte superior de la instalación. Allí “los fusilaron”.
El retén de Puerto Ayacucho, hoy cerrado
Desde entonces hasta ahora, el Gobierno no ha asumido que estas personas fueron ultimadas por la acción de los cuerpos de seguridad. En Amazonas, oficialmente, solo han muerto seis individuos por lo que llaman “resistencia a la autoridad” durante todo el año. Si tomaran en cuenta este episodio, Amazonas sería en la actualidad el estado con la tasa de homicidios más elevada del país, superior a 85 por cada 100.000 habitantes.
 Pensé que este detalle, indicado hace varias semanas por una fuente ministerial, podría tratarse de un error. Pero casi simultáneamente era reportado el deceso de otro grupo de personas en un nuevo enfrentamiento. Esta vez, con efectivos del Ejército en un sector del municipio El Callao, estado Bolívar. Según el Ministerio Público fueron ocho fallecidos, aunque la prensa independiente llegó a señalar que fueron once. Todos ellos de una banda liderada por alias Toto.
Pero estos muertos tampoco fueron incorporados a los partes ministeriales. Simplemente fueron invisibilizados. Lo mismo sucedió con otros seis fallecidos a manos del mismo componente militar en el municipio Ayacucho del estado Táchira. La propaganda gubernamental aseguró que se trataba de supuestos integrantes de la banda criminal colombiana Los Rastrojos. Pero esos cadáveres, si alguna vez existieron, nunca fueron plenamente identificados ante la comunidad. Mucho menos subieron a las estadísticas de violencia.
Así se han despachado por lo menos 53 muertes.
Para el Gobierno, el problema no es la violencia en sí misma, sino que la gente la vea. Que pueda ser evaluada sobre la base de indicadores levantados de manera transparente. Por el contrario, todos sus esfuerzos durante los últimos meses han sido encaminados hacia dos objetivos: 1) sacar el tema del debate público, y traerlo a colación solamente cuando pueda ser aprovechado desde el punto de vista propagandístico, y 2) evitar la conexión entre los reporteros que no están afiliados a ningún medio estatal y las víctimas o sus allegados.
Este era un viejo objetivo del oficialismo. En 2006, cuando el capitán retirado Jesse Chacón era ministro de Relaciones Interiores, se planteó por primera vez de manera abierta que el Gobierno tenía que modificar la “percepción” pública sobre la inseguridad. En la lógica oficialista, eso desde luego pasaba por impedir o regular de alguna forma el acceso a la información sobre los delitos.
Desde entonces, fueron avanzando en ese objetivo. Quizá mucha gente no lo sepa en la actualidad, pero este es uno de los propósitos de la diversificación de las morgues en Distrito Capital. A Bello Monte solo está llegando una pequeña porción de las víctimas de la violencia. Ahora, a una persona la pueden asesinar en una urbanización del este de Caracas, y su caso permanecerá en el más profundo silencio, a menos que haya una filtración desde la policía o un esfuerzo de los deudos para lograr atención.
Los grandes perdedores con todo esto no son los periodistas sino la ciudadanía en general, que progresivamente se ha visto despojada de una herramienta esencial para tomar decisiones, como es la información.

Breves

*El cálculo inicial de sobornos supuestamente pagados por la Constructora Odebrecht a funcionarios y operadores políticos venezolanos era de 98 millones de dólares. Esto colocaba a Venezuela en el segundo puesto en el ránking de receptores de coimas de la referida empresa brasileña, solo superado por el país donde la corporación nació y tiene su base central. Pero esta situación podría cambiar si se confirman los cálculos de Transparencia Venezuela. Según la directora de ese capítulo, Mercedes de Freitas, la cifra real podría ser superior a los 600 millones de dólares. Según de Freitas, Odebrecht llegó a operar como una empresa criminal, en el sentido de que incorporó a su organigrama una oficina destinada exclusivamente a manejar los pagos de sobornos a funcionarios clave en la asignación de contratos en el exterior. La Fiscal Luisa Ortega Díaz declaró que antes de su destitución por la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro, ella logró sacar del país cúmulos de información relacionados con este caso. La trama Odebrecht será con seguridad uno de los expedientes a analizar por Ortega y los magistrados del Tribunal Supremo que huyeron al exterior debido a la persecución policial.

*En medio de la ceguera colectiva, inducida desde el Ejecutivo, una cadena transmitida por WhatsApp ocasionó pánico entre los propietarios de inmuebles y temporadistas que acuden regularmente a las playas del municipio Páez del estado Miranda. El texto anónimo decía que hay un promedio de cinco secuestros diarios en esa zona y que prácticamente toda la población de la capital Rio Chico se ha visto empujada al delito, debido al deterioro de la situación económica. Realmente, en Rio Chico y sus alrededores los secuestros han tenido un importante incremento (+130%), de acuerdo con fuentes policiales. En los primeros nueve meses de 2016 fueron reportadas seis víctimas, mientras que este año van catorce. Esto es lo denunciado a las autoridades, lo que hace suponer que la cifra real debe ser mucho mayor, pero no tanto como para señalar la frecuencia de cinco víctimas por día. Lo curioso, según me indican, es que ninguno de los otros delitos violentos ha tenido aumentos. Esto hace suponer que en ese sector de Barlovento están operando bandas de otros lugares, que van para allá a capturar a sus víctimas. Otro municipio muy afectado por el embate de las bandas es San José de Barlovento, donde ocurrió un ataque armado a la estación de la policía judicial, precisamente, con la finalidad de liberar al líder de una banda dedicada a los secuestros.

*El deterioro de los servicios públicos tiene en el imaginario gubernamental un solo origen: los hurtos del llamado “material estratégico”. La falta de actualización tecnológica y de mantenimiento no figuran entre las causas de los altibajos en el servicio eléctrico y los apagones, las llamadas “fallas masivas” en los servicios de internet, teléfono y televisión por cable. Ciertamente, cada vez se reporta con más frecuencia la detención de personas dedicadas al hurto de cableados de todo tipo, pero estos delincuentes siempre han existido. Es decir, sus actividades no son suficientes para explicar en profundidad el acelerado deterioro de los servicios. En todo caso, el Ejecutivo –para variar- ha ordenado a la Fuerza Armada Nacional la persecución de todas aquellas personas que sean detectadas portando lo que se considere “material estratégico”. En octubre se plantea ir un poco más allá, e iniciarán procesos de fiscalización a las empresas chatarreras y a todo aquel que traslade algún tipo de material ferroso.

El caso Air France: preguntas pendientes
*La Corte de Apelaciones del estado Vargas confirmó la sentencia emitida por la juez cuarta de juicio del mismo estado en torno al caso de tráfico de 1.382 kilos de cocaína en un jet de Air France. El 5 de octubre quedaron definitivamente en libertad dieciséis de los veintisiete implicados, entre ellos el teniente coronel Ernesto Mora, jefe de seguridad del aeropuerto de Maiquetía para el momento en que se produjo la salida del alijo hacia París, en septiembre de 2013. También quedó en esta misma condición Juan Chirinos, gerente adjunto de la línea. La sentencia es la consecuencia directa de una deficiente investigación por parte de los militares del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional y de tres fiscales del Ministerio Público, que solo dieron elementos de juicio para sentenciar a los que hicieron el “trabajo sucio” en el principal terminal aéreo del país. La Fiscalía –entonces comandada por Luisa Ortega- no mostró interés real en llegar a la verdad profunda del mayor escándalo por tráfico de drogas de los últimos años. En consecuencia, todavía quedan gravitando las mismas preguntas que se hacían entonces: ¿cómo llegó este alijo al aeropuerto? ¿quién lo financió? ¿cuáles eran los militares en lo más alto de la cadena de mando que permitieron la participación, activa y omisiva, en este tráfico? ¿por qué se comisionó a la Guardia Nacional para investigar este escándalo, cuando era evidente desde el principio que su propia gente estaba involucrada? ¿se investigó la desaparición en el país de un italiano en los días posteriores al decomiso? ¿quiénes son los operadores de la camorra y la mafia calabresa que cuadraron este envío en Venezuela? ¿quién los ofreció la “ruta segura” a través de Maiquetía? Muchas de las respuestas que se buscan reposan en el expediente judicial en Francia, pero no fueron remitidas a Venezuela pues entonces, como ahora, no había confianza en el Ministerio Público y los tribunales.



*Escribe un lector para alertar sobre un procedimiento aplicado para asaltar a los viajeros internacionales del aeropuerto de Maiquetía. Se trata de un procedimiento en el que los hampones aprovechan la ausencia de vigilancia en las madrugadas, así como el desorden de ciertas líneas nacionales que ofrecen vuelos a Miami. En este caso, las víctimas fueron pasajeros que se quedaron varados, pues el vuelo cerró sin que ellos pudiesen hacer el chequeo. Esto les pasó luego: “Se acercaron unos individuos con un carnet en el cuello, que siempre tuvieron guardado.  No se sabía quiénes eran, pero daba la impresión que se hacían pasar por funcionarios de la aerolínea. Algunos de los pasajeros bajados del vuelo se acercaron a conversar con ellos, a ver cuál era su oferta. Entre ellos, un individuo que también estaba en la cola del vuelo, con maleta y todo. En realidad, éste era cómplice de los delincuentes y se hacía pasar por pasajero, presto para participar en el teatro y estafa preparado por estos individuos (…) Luego se promesas de conseguir cupo primero en ese vuelo, y luego en el de las 10:00 am de ese día, llegó al terminal un individuo con una pinta muy extraña, y celular en mano preguntó quienes estaban interesados en resolver su problema. Accedimos varios, incluyendo al falso pasajero. Luego de hacer varias llamadas ficticias con supuestos funcionarios de la línea, al final quedamos dos más el falso pasajero, dispuestos a transarnos por una solución. Los tipos exigían $150 para montarnos en el vuelo. El falso pasajero fue quien accedió primero. Yo también me plegué. Nos pidió que entráramos al baño, porque en el terminal había muchas cámaras, y entramos tres con el individuo. El falso pasajero abrió su cartera y le entregó $150, el segundo pasajero accedió y yo al ver que era un vulgar robo, opté por retirarme. A los pocos segundos desaparecieron todos y el pasajero que pagó los $150 fue estafado”.