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domingo, 30 de julio de 2017

FANB y constituyente

*La convocatoria a una ANC por el presidente Maduro tomó por sorpresa a la Fuerza Armada, y representa una amenaza al concepto de institucionalidad que los militares intentaron construir durante la era chavista

@javiermayorca

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente fue un hecho sobrevenido y sin planificación alguna. Cuando el presidente Nicolás Maduro hizo el anuncio, durante una intervención pública el 1 de mayo, la información correspondiente solo estuvo circulando en el Ejecutivo durante el fin de semana previo. Julio Borges la pescó.
Es probable que cuando Maduro hizo su invocación durante el acto en la avenida Bolívar ya algunos militares estuviesen enterados de lo que venía. Pero la institución castrense como un todo fue tomada por sorpresa. No había documentos ni propuestas que sustentaran y justificaran la elaboración de una nueva Carta Magna. Cero discusiones en los estados mayores.
Y Maduro fue elaborando sobre la marcha. Una semana después, en vista de que los militares no terminaban de tragarse el disparate, el Comandante en Jefe planteó la necesidad de una “constituyente militar”, y ofreció que la asamblea guardaría unas plazas para los profesionales de armas, sin que tengan que someterse a votación.
El GD Rolando Esser, detenido
La constituyente planteó para la Fuerza Armada toda una alteración de su rutina. En los calendarios trazados a finales de 2016 no había ejercicios para una Operación República. Mucho menos había presupuesto para eso. Todo tuvo que hacerse de manera improvisada, contra la voluntad de buena parte de la oficialidad, incluidos los generales que hasta junio comandaron el Ejército y la Aviación.
En la base de la pirámide militar, los oficiales de las promociones egresadas más recientemente de las academias de cada fuerza tampoco salían de su asombro. En la tercera semana de mayo, convocaron a los que tenían hasta 10 años de servicio (tenientes, primeros tenientes y capitanes) para que acudieran a Caracas a escuchar unas charlas con las que intentarían convencerlos de que la constituyente de Maduro es en realidad una continuación del “legado” de Comandante Supremo y Eterno. Sí, el mismo que se cansó de decir que la Constitución del 99 era “la mejor del mundo”.
En este lapso, los militares también han hecho sus aportes a la población penitenciaria. No importa si están abiertamente contra el régimen, como el coronel retirado de la Guardia Nacional Hidalgo Valero, o si apenas hay una sospecha sustentada sobre mensajitos ambiguos de whatsapp, como ocurre con el general de división de la Aviación Rolando Esser de Lima, vicepresidente de Corpovex.
“Están aplicando la rastropesca”, advirtió en mayo un operador de inteligencia. Es el método peculiar de las purgas, durante las cuales se llevan por delante a algunos pecadores y a muchos justos. Desde luego, en estos procesos terminan pagando también los oficiales que se hacen llamar “institucionales”. No hay neutralidad posible.
La constituyente de Maduro también cuestiona la institucionalidad militar, aún en los términos tan particulares que trató de imponer Chávez. En los tiempos del teniente coronel, la oficialidad sentía mayoritariamente que tenía a uno de los suyos en la Presidencia. Y por eso le aguantaron sus deslices y lloraron su muerte. Con el heredero sucesor ese nexo se perdió.
Por eso Maduro se quedó sin Fuerza Armada. Por eso los tenientes y sargentos graban mensajes y los cuelgan en Youtube, anunciando lo que tarde o temprano se manifestará.

Breves

*El gobierno estadounidense, por medio del Departamento del Tesoro, impuso sanciones contra trece funcionarios, exfuncionarios o dirigentes del oficialismo. Es el tercer grupo de oficialistas sancionados. Hay que resaltar varios aspectos. Por una parte, llama la atención algunos que no figuran en la lista. Dos nombres fundamentales son los del general en jefe Vladimir Padrino y el diputado Diosdado Cabello. Sobre Padrino existe la convicción de que se trata de un militar “irrecuperable” para la causa democrática. Sus propios familiares han enviado mensajes grabados en ese sentido. Sin embargo, por ahora, el gobierno estadounidense se abstuvo de congelar sus fondos. Ahora bien, las medidas anunciadas el 26 de julio no fueron retaliaciones por nexos directos con el tráfico de drogas sino por participar en violaciones a los Derechos Humanos (Lista Obama). Por eso llama la atención la inclusión de cuatro personas: Rocco Albisini (presidente del Cencoex), Alejandro Flemming Cabrera (expresidente de Cencoex), Simón Zerpa (vicepresidente de Finanzas de Pdvsa) y Carlos Malpica Flores (ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa). Ellos no se han visto involucrados directamente en la ejecución de la represión. Hay además otros aspectos que no han sido convenientemente analizados aún. Fueron sancionados los jefes máximos de dos poderes públicos, como son Tibisay Lucena (Electoral) y Tarek William Saab (Moral), que se unen en la lista del Tesoro al presidente del TSJ Mickael Moreno, sancionado en mayo, y el vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami. Entonces, están prácticamente todos los representantes de los poderes públicos, salvo el Legislativo. Esto implica que, para EEUU y probablemente para la mayoría de la comunidad internacional, Venezuela entra de hecho en la categoría de Estado forajido o canalla. Es decir, donde no hay respeto a las leyes, ni en el plano interno ni en el internacional. Donde los derechos humanos son meras entelequias. Una situación que traerá consecuencias en muy corto plazo.

*Agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar detuvieron al teniente coronel de la Guardia Nacional Francisco Gregorio Colina, quien fuera hasta mediados de julio el jefe de armamento del Comando de Zona del componente en el estado Apure (número 35). Igual medida recayó sobre los sargentos Carlos Tinedo y Wilmer García, que cumplían funciones de vigilantes del parque de armas de la misma unidad. La investigación se inició al tenerse información sobre supuestos faltantes de armas. Al comandante de imputarán sustracción de efectos de la Fuerza Armada y abuso de autoridad entre otros delitos. Al momento de escribirse esta nota, el oficial y los suboficiales eran trasladados por una comisión hacia un juzgado castrense en el estado Guárico.

Hung herido 16 veces
*Estupor en medios militares ocasionó el asesinato del teniente coronel del Ejército José Manuel Hung Chang, un oficial que había desertado de la Fuerza Armada, luego de que le negaran la baja que había solicitado. Hung, de 53 años de edad, fue ultimado el martes 11 de julio a las 6 am por sujetos que le propinaron 16 cuchillladas en las cercanías del condominio Don Mares, en el sector Betania de Panamá. El oficial vivía con humildad en Venezuela, y ante el deterioro de la situación social y política vendió lo que tenía y en 2015 se fue al país centroamericano junto a su mujer e hijos. Cuando desertó de la Fuerza Armada, desempeñaba una posición administrativa en el Ministerio de la Defensa. Hasta ahora, el caso permanece impune en ese país. No se descarta que haya sido víctima de un homicidio por encargo.

*La FANB elaboró un censo de las llamadas “fuerzas de choque”, activadas para la defensa del proceso constituyente. Estos grupos están ligados a distintos despachos gubernamentales. El registro correspondiente con nombres, apellidos, cédulas de identidad y organismo donde trabajan es llevado por las distintas zonas militares, las cuales a su vez envían la información actualizada al Comando Estratégico Operacional. Algunos de estos grupos están integrados por milicianos que se redondean el salario ofreciendo servicios de seguridad a empresas estatales.

*Para el momento de la redacción de esta columna, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ha detenido a tres de los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designados por el actual Parlamento y juramentados en un acto público celebrado en la plaza Sadel, el 21 de julio. La policía política, que responde a los designios de los radicales del oficialismo, se juega la carta dura y entorpece el proceso de negociaciones adelantado a través del exjefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. Los abogados son sometidos a juicio ante tribunales militares, que están diseñados para impartir penas ejemplarizantes en las filas castrenses, y no para seguir las formalidades del debido proceso y el derecho a la defensa. A esto se le llama “justicia de comando”, pues además los procesos judiciales son iniciados por mandatos de la superioridad, empezando por el Comandante en Jefe. De manera que el propio Maduro con su orden de detener a los nuevos magistrados ha terminado por cerrar las puertas a cualquier entendimiento con la oposición en vísperas de la elección para la Asamblea Nacional Constituyente.

*560 saqueos registró el Ejecutivo durante los primeros seis meses del año. Esta es una cifra parcial, pues no incluye casi ningún apoderamiento de mercancía en camiones. Según fuentes gubernamentales, esos son vistos como simples robos. Los meses de mayo y junio abarcaron el 85% de los casos reportados. Un lector desprevenido podría inferir la existencia de una correlación casi directa y causal entre las protestas contra el régimen y las arremetidas contra los comercios. Pero un análisis de la casuística permite concluir que es necesario incorporar otros factores, como por ejemplo la ausencia de policías o militares, o como se ha visto en numerosos casos la participación activa de funcionarios de cuerpos de seguridad en tales actos. Así sucedió en Valencia y Cumaná. Por cierto, la arremetida de las turbas contra el parque industrial de Carabobo hizo que este estado lleve la delantera en cuanto al número de casos, con 210.

domingo, 16 de julio de 2017

¿Se desinfla la cúpula militar?

El ascenso de 140 oficiales al generalato venezolano, aunque parezca una cifra exagerada, representa realmente una sensible disminución con respecto a los años anteriores. Quizá en el Gobierno se dieron cuenta de que, como reza el refrán, hay mucho cacique para tan poco indio

@javiermayorca

En medio del desbarajuste ocasionado por las protestas generalizadas en el país, el presidente Nicolás Maduro ascendió a 140 oficiales a los distintos grados del generalato y sus equivalentes en la Armada.
Estos ascensos permiten extraer un conjunto de conclusiones, aunque no definitivas, sobre el curso de las cosas en el seno de la institución militar. Se trata de un tema que debe ser abordado y discutido por la sociedad en pleno, desde una perspectiva informada y con sentido profundamente civilista.
En primer lugar, la cifra incluye el caso de Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en respuesta a la citación que le hizo el Ministerio Público en calidad de imputado, por estar incurso en violaciones a los Derechos Humanos durante las acciones de represión contra quienes han participado en manifestaciones a partir de abril.
Maduro, y nadie más, envía un claro mensaje, tanto a lo interno de la Fuerza Armada como al país en general, sobre su disposición de jugar “cuadro cerrado” con aquellos militares que le son leales, incluso, violentando los límites que solían imponerles las leyes del país. Chávez también actuó así en 2010, cuando promovió al mismo grado al actual gobernador de Trujillo, Henry Rangel, con el ánimo de despejar cualquier duda de su respaldo a un oficial que era señalado desde el Departamento del Tesoro de EEUU como pieza fundamental en el esquema de “drogas por armas” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Pero hay otros aspectos relevantes en este proceso.
La cifra de 140 ascendidos a los grados de generales y almirantes pareciera desproporcionada para unas fuerzas militares que nunca han participado en una guerra regular. Ahora bien, todo depende del punto de comparación. Durante la segunda administración de Rafael Caldera (1994-1999), lo usual era que aproximadamente 40 oficiales entraran en la élite del generalato o llegaran a la cúspide de la pirámide, representada entonces por el grado de general de división o vicealmirante. Si se toma en cuenta este promedio, los ascensos otorgados por Maduro este año fueron exorbitantes.
Pero las cifras de ascensos de los últimos años parecieran indicar otra cosa. Veamos.


 Los primeros cuatro años de la serie corresponden a los ascensos al generalato decididos por Hugo Chávez entre 2009 y 2012. En ese lapso, el promedio anual de oficiales promovidos al grado superior fue 141. Durante la era Maduro la media ha sido 193. Es decir, el actual Presidente ha engrosado el generalato en promedio mucho mayor que el período en que Chávez fue más generoso con los profesionales de armas.

Maduro definitivamente devaluó los grados más importantes de la FANB. Cuando comenzó la era democrática, las fuerzas armadas venezolanas solo tenían un general en jefe, Eleazar López Contreras. Un grado concedido de forma honorífica a un oficial que fue presidente del país y contribuyó a la transición hacia la democracia. La antigua legislación militar establecía que este grado solo podía ser conferido por el Jefe del Estado, previa aprobación mediante mayoría calificada del Poder Legislativo, a aquellos profesionales de armas que hayan tenido “hechos de armas distinguidos” en tiempo de guerra, y en tiempo de paz en “recompensa a méritos excepcionales y especiales servicios a la Patria”.
En los últimos 18 años han otorgado el máximo grado de la FAN a oficiales investigados por tráfico de drogas y corrupción, e igualmente como simple retribución a la lealtad política. Chávez y Maduro ascendían a esta posición a los militares que designaban para el Ministerio de la Defensa.
De allí hacia abajo, la más absoluta discrecionalidad en medio de una ausencia total de controles externos. Ahora, los generales y almirantes son caciques sin indios que comandar. En el caso de Maduro, esto puede guardar relación con un interés de ganarse favores en la cúpula castrense, por caer bien en un medio del que poco o nada entiende.
Ahora bien, este año podría marcar una ruptura con la tendencia que traían los ascensos. En 2017 la cifra de oficiales favorecidos con los grados más altos de la FAN ha sido la menor de toda la década. Con respecto a 2016, este año fueron ascendidos a la cúspide militar 25% menos oficiales.
El exceso de generales ha fomentado la militarización de la administración pública, en ámbitos como la gestión económica, la salud y la educación. El último nombramiento que va en esta línea fue el del general de división (GNB) José Pinto Gutiérrez para la rectoría de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, donde se forman los policías civiles de prevención e investigación.
Es posible que el presupuesto militar ya no dé para mantener tantos soles. También es posible que tantos soles acumulados tampoco hayan servido para darle luces al Gobierno.  

Breves

*1090 personas permanecen detenidas en locales de la Policía Nacional Bolivariana en Distrito Capital. Son 19 instalaciones, muchas de las cuales no reúnen las condiciones mínimas para esta finalidad. El cuerpo pionero del “nuevo modelo policial” aloja a sus presos en oficinas administrativas, habitaciones transformadas en celdas y todo tipo de espacio que pueda servir para mantener a detenidos. En fin, lo mismo que se hacía antes, cuando ese “nuevo modelo” no existía. Al 9% de la población bajo custodia de la PNB en Distrito Capital le imputan “alteración al orden público” y otros delitos, es decir, se trata de personas aprehendidas por protestar contra el Gobierno. 26 de ellos tienen menos de 20 años de edad. Están en las sedes de Boleíta, Coche, San Agustín, Antímano y El Valle, mezclados con presos por delitos comunes. Varios de ellos están en el proceso de tramitación de la fianza, pero han tenido dificultades para encontrar los fiadores que en cada caso son exigidos. Este factor viene a unirse a las dificultades que ya se afrontaba en las distintas sedes de la PNB para albergar a los presos, debido al retardo procesal y a la dilación del ministerio para Servicio Penitenciario para asignar los llamados “cupos” en los internados judiciales. Por ejemplo, 463 detenidos se encuentran en lo que llaman “fase de investigación”, mientras que 386 están a la espera de audiencia preliminar y otros 38 ya cumplen condena en estos lugares.

Lamas también vendía perros
*El 24 de junio fue extraditado desde Colombia a EEUU el piloto y militar retirado venezolano Yazenki Antonio Lamas Rondón. Este hombre de 37 años de edad fue capturado en Bogotá el 9 de junio de 2016, en atención a una notificación roja cursada desde EEUU a través de Interpol. Es señalado de participar en el transporte con aviones de 1600 kilos de cocaína. Aunque había pasado a retiro en 2008, mantenía intactos sus nexos con oficiales activos de la Fuerza Armada, especialmente de la Aviación. La solicitud de extradición que cursó en la Corte Suprema de Colombia revela que los indicios de la participación de Lamas en el traslado de drogas fueron recabados entre abril de 2014 y noviembre de 2015, es decir, durante 19 meses. Pero se cree que sus actividades se remontan a mucho tiempo antes: “(…) Como parte del concierto para delinquir Lamas Rondón sobornó a autoridades militares venezolanas para evadir la interdicción de las aeronaves que entraban en el espacio aéreo venezolano desde Belice, Honduras, México, y otros países”. El oficial retirado gustaba utilizar aeronaves de matrícula estadounidense, en especial un King Air que una década atrás había pertenecido una agencia gubernamental norteamericana. Su último viaje a Colombia supuestamente tuvo dos propósitos: trazar alianzas con el clan Usuga (antes Los Urabeños) y presenciar una exposición de perros, por los que tenía tanta afición que había inscrito una empresa para venderlos en el exterior. La revista Semana informó que el gobierno venezolano habría intentado disuadir al presidente Santos de dar la luz verde a la extradición de Lamas, durante una reunión en La Habana entre representantes de ambas administraciones. Lamas será enjuiciado en la Corte del Distrito de Columbia, en Washington.

*En 2016 el Gobierno no publicó cifras definitivas sobre los decomisos de drogas. Ya en los años anteriores habían omitido la divulgación detallada de tales cifras en la web de la Oficina Nacional Antidrogas y en los informes de Memoria y Cuenta del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Ahora fueron un paso más allá, y no entregaron las estadísticas oficiales a los enlaces policiales y representantes de organismos multilaterales que adelantaban algunos convenios de cooperación en materia de prevención e interdicción contra las drogas ilegales. La falta de transparencia llevada a este plano impide la continuidad de tales iniciativas, pues no hay manera de medir si tienen éxito o si fueron cumplidas las metas fijadas con antelación. Pero la cosa va más allá. El riesgo, indicó un enlace policial, es que desde los despachos del propio Ejecutivo estén traficando con los alijos que se supone han sido decomisados. El enfrentamiento con el Ministerio Público deja a sus anchas a los cuerpos policiales dependientes del Ejecutivo.

*Un informe elaborado por el American Enterprise Institute, llamado Capos y corrupción (Kingpins and corruption) advierte el efecto que están teniendo sobre la delincuencia organizada transnacional los procesos simultáneos de desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el involucramiento directo en el tráfico de drogas y el lavado de dinero de altos funcionarios del gobierno venezolano. Ambos aspectos están interconectados. Por una parte, hay elementos de la extinta guerrilla colombiana que han decidido incorporarse al Ejército de Liberación Nacional (ELN) o formar sus propios grupos, en especial en territorios que anteriormente eran ocupados por el Bloque Oriental, fronterizos con Venezuela. Los líderes más prominentes de la disidencia guerrillera serían Miguel Santanilla Botache, alias Gentil Duarte, quien llegó a participar en las conversaciones de La Habana, y Géner García Molina, alias John 40, “uno de los líderes de las FARC que estuvo más involucrado en forma directa en el tráfico de drogas a través de Venezuela”. En cuanto al caso venezolano, el grupo de análisis advierte que “ninguna fuerza interna está en capacidad de confrontar esta criminalidad generalizada, lo que hace indispensables medidas internacionales de supervisión y aplicación de la ley”.

*Una de las localidades venezolanas que quizá esté recibiendo un importante impacto derivado de la ocupación de los espacios anteriormente dominados por las FARC sea el municipio Atures del estado Amazonas. Allí contaban 105 homicidios entre el 1 de enero y la semana pasada. Un poblador de la zona indicó que la violencia se desata los fines de semana, especialmente los días viernes y sábados, cuando las bandas conformadas por venezolanos y colombianos ajustan cuentas. El contrabando de cajas Clap se ha convertido en el gran negocio del lugar, y por ende en el principal motivo de las disputas. Aunque para el Gobierno las muertes se producen mayoritariamente en el curso de robos, la realidad percibida por los lugareños pareciera ser otra. De seguir a este ritmo, la tasa de homicidios al finalizar el año será superior a los 200 por cada 100.000 habitantes, más alta que la de Caracas.


El jet se desintegró
*Al momento de escribirse esta columna han pasado doce días desde que se estrelló a unas 30 millas de Margarita el jet Gulfstream siglas YV2896 adscrito al Sata y que era usado por personeros del Ejecutivo. A pesar de la propaganda, lo cierto es que otra vez quedó en evidencia la ausencia de operatividad del Servicio Aeronáutico de Rescate (SAR). Hasta ahora solo han sido recuperados dos cadáveres, y algunos trozos del avión que quedaron flotando la tarde del 4 de julio. Días después ubicaron la llamada “caja negra”, pero no la han recuperado. Los restos humanos, por cierto, fueron recuperados por pescadores que llegaron rápidamente a las aguas donde flotaban, y los entregaron a los militares que llegaron posteriormente. Faltan todavía siete cuerpos por encontrar. El siniestro fue presenciado por pilotos de una línea comercial, quienes indicaron las coordenadas donde debían estar las partes. Todo en medio de la mayor improvisación por parte de las autoridades, que militarizaron una actividad eminentemente civil. Esto hace recordar el prolongado retardo en el hallazgo de los restos del helicóptero 0796 del Ejército que cayó en Amazonas a finales del año pasado.

domingo, 2 de julio de 2017

Los calabozos del Sebin

Las celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) son el escenario de tratos crueles, torturas y corrupción. Para estar recluido allí, no hace falta tener una orden de captura, y te pueden dejar allí aún si los tribunales dicen que debes estar en la calle

@javiermayorca

La organización Una Ventana para la Libertad presentó la semana pasada un informe con el resultado de una investigación sobre la situación de derechos humanos en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sedes del Helicoide y Plaza Venezuela (La Tumba).
Celda del Sebin Helicoide
Fue el producto de un trabajo en equipo que se prolongó durante casi tres meses, y en el cual tuve la oportunidad de participar por invitación del director de la organización, Carlos Nieto Palma.
Una de las primeras conclusiones es que los retenes de Plaza Venezuela, y sobre todo el de Helicoide fueron construidos en medio de la más absoluta improvisación, y se manejan con un peligroso sentido de discrecionalidad. Si a usted lo detiene la policía política, la decisión de ser recluido en la estructura de Roca Tarpeya o en el edificio de Plaza Venezuela (que iba a ser una sede del Metro) corresponderá exclusivamente al actual director de ese cuerpo, mayor general (Ejército) Gustavo González López.
Pero no todos los que están en estas celdas fueron detenidos como consecuencia de órdenes emitidas por algún juzgado de control. Tampoco fueron detectados in fraganti cuando cometían algún delito. Por las celdas del Sebin han pasado extranjeros y venezolanos sin que eso conste en algún oficio judicial. A veces, simplemente, por haber dicho o divulgado a través de las redes sociales algo que molestó a algún jerarca oficialista.
De igual forma, en las celdas de la policía política pueden estar personas cuyas libertades han sido decretadas por los tribunales, y los funcionarios de la institución simplemente se niegan a acatarlas. Durante la investigación se constató que al menos 16 personas estaban en esta situación. Cuando este informe fue presentado, comenzaba en las celdas de Helicoide una huelga de hambre por parte de 14 agentes de la Policía de Chacao, recluidos allí a pesar de que los tribunales han ordenado liberarlos desde finales de 2016.
El informe recoge testimonios sobre torturas físicas en el Sebin Helicoide. Se pudieron identificar hasta seis patrones. El modo más frecuente es la llamada “crucifixión” con esposas en una reja u objeto fijo, que puede ser combinada con golpes. También la tortura blanca que implica permanecer en “aislamiento celular” en una celda de 6 metros cuadrados en Plaza Venezuela, sin luz solar y con un foco de luz artificial permanentemente encendido. Donde la única pista que tienen los presos sobre el transcurrir de las horas es el ronroneo de los trenes del Metro que pasan cerca de allí, y que cesa a las 11 pm.
En retenes del Sebin todo cuesta
En el Sebin Helicoide hay 321 metros cuadrados de espacio disponible para los detenidos, y según el informe a principios de junio estaban 340 internos. La matemática es simple: menos de un metro cuadrado por preso. El hacinamiento supera el 300%. Han estado mayores de edad mezclados con menores; criminales violentos junto a detenidos por razones de conciencia; procesados y condenados en la misma instalación. Pero además hay un tratamiento diferenciado de forma sistemática, que privilegia a algunos reclusos debido a la prominencia de sus casos o gracias a su capacidad económica.
Por ende, es un sistema de corrupción. En el Sebin no se consigue nada, pero se puede comprar de todo. Por supuesto, si tienes los medios para pagar. Incluso, desde tres horas hasta una noche de placer en un baño conocido como el conyugal.
En los calabozos del Sebin, los prames tienen chapa.

Breves

*El 14 de junio, una comisión de Investigaciones Estratégicas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) allanó sin orden una oficina de La Urbina y se llevó detenido a Antonio Pimentel Rondón. El hombre de 31 años de edad era señalado por un supuesto delito informático, que no era otra cosa que haber tuiteado cosas que preocuparon a un poderoso diputado oficialista. Pimentel permaneció durante una semana en el Helicoide. Los agentes incluso se llevaron su vehículo del edificio donde se llevó a cabo el procedimiento. El jueves 22 de junio, fue liberado en la avenida Baralt sin que lo hubiesen presentado en tribunales o notificado a algún fiscal del Ministerio Público. No sabía Pimentel que lo estaban “pichando”. Un par de minutos después, una comisión del Conas (GN) lo detuvo en la propia vía. Al revisar su vehículo descubrieron escudos, cascos y bombas lacrimógenas que no le pertenecían. Lo llevaron a la sede de la unidad militar en Prados del Este y luego lo presentaron ante un juzgado militar, acusado de rebelión, porte ilícito de armas y equipos de uso privativo de la FANB. Actualmente, permanece detenido en el Centro para Procesados Militares de Ramo Verde.

*En menos de un mes, las autoridades estadounidenses, españolas y de otros países europeos en operación combinada han confiscado más de 3,6 toneladas de cocaína que iban en dos embarcaciones de bandera venezolana. En ambos casos, las naves zarparon desde muelles del estado Falcón y supuestamente fueron en navegación de cabotaje por las costas del país hasta llegar al Atlántico y tomar rumbo noreste. La primera embarcación fue interceptada en aguas de Martinica, y la última a unas 800 millas de Gran Canaria. Según la Guardia Civil española, ambos decomisos están ligados a una misma organización que tiene ramificaciones en el estado Anzoátegui. En la investigación sobre este caso en Venezuela participó el almirante Remigio Ceballo Ichazo, actual jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB, quien antes de salir del comando de zona militar en Falcón notificó al titular de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, que la última de las embarcaciones cargadas con droga, llamada Alí Primera, fue inspeccionada en muelle por comisiones de la Guardia Nacional y de la Armada, las cuales supuestamente no encontraron nada irregular. De allí deducen que el alijo de 1,2 toneladas de alcaloide fue embarcado siguiendo el procedimiento de la “nodriza”, es decir, en pequeñas porciones llevadas desde tierra firme por botes de menor calado.

*Las últimas designaciones del presidente Maduro para reestructurar el Alto Mando Militar y todos los comandos de regiones de la Fuerza Armada permiten sacar varias conclusiones. En primer lugar, es cierto que el general en jefe Vladimir Padrino perdió poder, pues ya no aglutina el liderazgo en lo administrativo y en lo operativo de la institución castrense. Pero sigue siendo el oficial de más alto grado y el más antiguo. Por lo tanto, es de esperarse que continuará siendo el vocero político de la FAN. El almirante Remigio Ceballos, nuevo jefe del Ceofanb, pertenece a la promoción de la Escuela Naval egresada en 1985, donde ocupó el séptimo puesto. En este sentido, se puede decir que fue mejor estudiante que Padrino, quien llegó en el 18. Pero, tal y como veremos más adelante, aquí no se discute sobre parámetros de excelencia sino de lealtad. En los cambios anunciados, los comandantes de cada componente adquieren nuevo relieve, pues son oficiales más antiguos que los jefes recién designados de las regiones militares. Otra vez, sus mayores virtudes parecen ser la filiación política y no la excelencia. El mayor general Suárez Chourio, por ejemplo, ocupó el puesto 30 de su promoción de la Academia Militar. El almirante Eglis Herrera el 69. El mayor general Sergio Rivero, si se quiere, fue el más destacado al ocupar el sexto lugar cuando se licenció. Otro elemento a tomar en cuenta es que los oficiales que ocuparán las regiones operativas egresaron de sus respectivas escuelas militares en 1987. Son, por lo tanto, contemporáneos con el capitán Diosdado Cabello. Entre los del Ejército, el mayor general Carlos Martínez Stapulionis (jefe de la región andina) fue el estudiante más destacado, y llegó en el lugar 49. El de la Redi Capital, mayor general Alexis Rodríguez, ocupó el puesto 87; el de la Redi Guayana Jesús Mantilla Olivero el 113, y el de la Redi Occidental Elías Moreno el 173. Con estos datos uno se puede figurar el efecto que tiene la política en una institución que debería guiarse por la excelencia.

Pérez tuvo mucho tiempo para huir
*El 28 de junio, unidades de la Fuerza Armada en todo el país fueron instruidas para adoptar medidas “para contrarrestar contundentemente posibles intervenciones de vectores aéreos hostiles”. Tarde se dieron cuenta de esta posibilidad, luego de los ataques desde un helicóptero contra el Ministerio de Relaciones Interiores y el Tribunal Supremo de Justicia, protagonizados por el inspector de la policía judicial Oscar Pérez. Desde sectores de oposición se intentó descalificar o sembrar dudas en torno a lo sucedido, sugiriendo que se trataba de una maniobra para distraer a la colectividad con respecto a otro suceso muy grave, como fue la invasión de espacios del Parlamento por colectivos y efectivos de la Guardia Nacional encabezados por el coronel Bladimir Lugo (ya mencionado en esta columna en abril). La acción del inspector Pérez debe ser interpretada como un mensaje sobre lo que ocurrirá si el Ejecutivo insiste en la iniciativa constituyente, como parece que hará. Hay que pensar solamente en lo que dejaron de hacer funcionarios de la base aérea, Cicpc, Guardia Nacional, Aviación y Sebin para que el comando pudiera sobrevolar el centro de Caracas casi con total impunidad y luego llegar hasta Osma. Incluso, una vez abandonada la aeronave, el funcionario contó con tiempo suficiente para ocultarse. Los partes indican que la notificación sobre el paradero del Cicpc 2 fue transmitida por Protección Civil Vargas a la Guardia Nacional el jueves al final de la tarde, y fue solo el viernes a las 3:30 pm cuando se confirmó la recuperación. Por ende, Pérez tuvo por lo menos veinte horas para salir del lugar y ocultarse. Hasta este momento, las comisiones del Sebin y de la Guardia Nacional enviadas para localizarlo no han tenido éxito. Esta actitud omisiva y complaciente hace recordar la que tuvo la Fuerza Armada en 1993, cuando el teniente del Ejército Raúl Alvarez Bracamonte salió de Fuerte Tiuna manejando una pick up cargada de armamento. Alvarez gozaba de toda una estructura de apoyo, tanto civil como militar, para lograr su cometido y ocultarse durante semanas, hasta que lo detuvieron en un apartamento cercano a Puerto Azul.

*El Gobierno comenzó a aplicar en sus informes internos el sistema de medición de la criminalidad por tasas, en combinación con el método de puntos que diseñó hace tres años. Pero el sistema de tasas es el que permite hacer comparaciones valederas no sólo entre las regiones del país sino también entre países. La tasa es una proporción de casos por conglomerado de población, que generalmente es de 100.000 habitantes. Uno de los últimos reportes coloca las cosas en su verdadero lugar. Las jurisdicciones con las tasas más altas de criminalidad general este año son Distrito Capital (490 delitos por cada 100.000 habitantes), Vargas (480) y Miranda (408). Cuando se coloca la lupa sobre las cifras de homicidios, las tasas más elevadas son las de Amazonas (50), Aragua (45), Miranda (44), Bolívar (37) y Distrito Capital (30). Estos números no toman en cuenta las muertes ocasionadas por supuestos enfrentamientos con funcionarios policiales o militares, que fueron los que realmente dispararon las cifras de violencia en Venezuela durante la segunda mitad de 2016 y todo 2016. Por cierto, al revisar detenidamente los criterios de formación de la estadística nos damos cuenta además que para el Gobierno el Distrito Capital equivale al municipio Libertador. Con esta maniobra, la criminalidad de Petare es colocada en el capítulo del estado Miranda, y no como en la urbe capitalina, como se hizo durante mucho tiempo.