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domingo, 18 de junio de 2017

Pesadilla en las calles de Caracas

Los peores temores del Gobierno se están concretando: la conflictividad se adueña del Distrito Capital con protestas “endógenas”. El Ministerio de la Defensa lo sabe y lo advierte

@javiermayorca

El empeño del Gobierno por impedir la entrada de manifestantes a Libertador ha precipitado la evolución del conflicto político. Ahora, las protestas surgen de manera “endógena” en el territorio del municipio donde tienen sede todos los poderes públicos del país.
El Ejecutivo hizo esfuerzos importantes para mantener la tranquilidad en Caracas. Allí no falta la gasolina, como sí ocurre en Táchira y Zulia. Cuando no había arroz en los anaqueles de los principales automercados, se podía conseguir fácilmente en el bulevar de Catia, con los bachaqueros organizados por lo colectivos. La electricidad casi no se iba en comparación con el resto del país, y en las 32 parroquias hay una avalancha de policías y militares para que la gente no alce la voz. Todo para mantener una aparente “normalidad”.
La "normalidad" se rompió en Caracas

La primera campanada la dieron en El Valle, en una noche de horror que dejó ocho muertos. En la parroquia-puerta de Fuerte Tiuna, el control se perdió tan rápido que la gente atribuyó los saqueos y vandalismos a la acción de grupos delictivos organizados. Pero después vinieron protestas a plena luz del día y en jornadas consecutivas por falta de alimentos.
Luego El Paraíso, La Vega y Antímano. En unos lugares cacerolean al Gobierno, y en otros le piden comida. Y el Ejecutivo, en una lógica suicida, te dice que si expresas tu descontento no te llegará la comida. Muere de hambre, callado.
Algún comentarista dominical todavía dice que esas son situaciones artificiosas. Que el desbarajuste en Candelaria no existe, que lo de Caracas es mentira.
En Fuerte Tiuna saben lo que sucede. Lo miden. Tratan de llevar el pulso al descontento desbordado.
Desde allí mandan las cifras a Miraflores: 77 manifestaciones en promedio diario en todo el país durante marzo y abril. Desde luego, esto ha sucedido en una escalada, de manera que, tal y como lo ha observado Provea, las protestas se tornaron cada vez más extendidas, más frecuentes e involucran a más personas, de distintos oficios y clases sociales.
Durante los dos primeros meses de conflicto político, los militares han contado más de 3.850 manifestaciones, en su gran mayoría pacíficas. En este sentido, lo ocurrido en Distrito Capital no es un reflejo fiel del carácter predominante de la acción política, puesto que en la Gran Caracas los enfrentamientos han sido los más violentos y letales, con 22 muertos y miles de heridos, la mayoría de ellos no registrados en los partes oficiales. De los fallecidos, por cierto, ninguno pertenece a los cuerpos de seguridad.
Lo que está sucediendo en el municipio Libertador, así como también en otras zonas donde se creía que el conflicto no iba a “prender”, como el estado Vargas, fue advertido por encuestas como las de More Consulting, que en solo una semana detectaron un incremento de 4% en la disposición de la ciudadanía en cuando a participar activamente en las protestas.
En la medida en que se aproxime la Constituyente muchas más personas se lanzarán a las calles. Cada quien con sus razones. En los primeros días de junio las protestas se incrementaron 14% en la capital del país y 22% en la región andina. Las zonas central y occidental también reportan sustanciales aumentos en la conflictividad.
Al Gobierno solo le queda la represión.
Un aspecto interesante es que las estadísticas manejadas por el despacho castrense son 115% superiores a las recabadas en abril y mayo por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que nutre sus informes con lo reportado por los medios convencionales, las redes sociales y algunas fuentes humanas. Esto significa que la censura sí está teniendo un efecto negativo en cuanto al conocimiento general de la situación por parte del resto de la sociedad, pero en nada mitiga el deseo de salir a las calles.

Breves

*El Ministerio de la Defensa ha observado con preocupación el incumplimiento por parte de grandes unidades militares de los protocolos establecidos para el resguardo y la manipulación del llamado “material de guerra y de orden público”, consignado en sus correspondientes polvorines. En 2016 el Comando Estratégico Operacional de la FANB instruyó a los comandos de zona militar sobre este particular. Pero hasta la fecha aparentemente las órdenes del general en jefe Vladimir Padrino no han sido cumplidas a cabalidad. Por esta razón, se emitió una directriz para la conformación de equipos de inspectores, con el concurso de funcionarios de la Dirección de Armas y Explosivos (Daex) y de los servicios técnicos de armamento de los distintos componentes castrenses. Ya no solo es el temor de que los depósitos de armas puedan ser saqueados sino también que sean drenados por la acción de las redes de corrupción que, por ejemplo, hicieron desaparecer 86 granadas de un depósito del Ejército a finales de 2016.

*El mayor general retirado Alexis Ascensión López Ramírez, que recientemente renunció a la secretaría del Consejo de Defensa de la Nación por estar en desacuerdo con la convocatoria a una Constituyente, forma parte de la promoción egresada en 1984 de la Academia Militar de Venezuela, llamada general Juan Gómez Mireles. López Ramírez ocupó el puesto 12 entre 109 alféreces. El mayor exponente de esa camada de oficiales es el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa y jefe del Comando Estratégico Operacional, que se graduó en el puesto 18. Otros oficiales de importancia han sido el general Manuel Pérez Urdaneta, ex director de la Policía Nacional Bolivariana, el mayor retirado Francisco Ameliach Orta, actual gobernador de Carabobo y posible candidato a la Constituyente, y el ex director de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) Aref Richani. López Ramírez fue jefe de la Casa Militar durante el último período de Hugo Chávez y comandante del Ejército en 2013, nombrado por Maduro. Al pasar a retiro lo enviaron al Codena. A pesar de haber ocupado todos estos cargos, López presumía de institucional. Otros oficiales lo tachaban de oportunista al no haber plantado cara oportunamente ante el deterioro de la FANB.

*El sector occidental del estado Zulia, en especial los municipios Machiques de Perijá y Catatumbo, se ha convertido desde finales de 2016 en el principal punto de aterrizaje y despegue de vuelos ilícitos, indican fuentes militares. Las aeronaves van y vienen a distintos países centroamericanos, en especial Honduras, que continúa ofreciendo condiciones apropiadas para el bombardeo de alijos de drogas. Hay algunas trazas de vuelo que ocasionalmente pasan por cielos de Falcón y llegan hasta el centro del país, presumiblemente el estado Guárico. Lo interesante es que de repente el estado Apure, que hasta 2016 sirvió como caleta de drogas y portaviones de aeronaves sospechosas, ahora no tiene mayor relevancia. Esta mudanza hacia el norte de la actividad de transporte de drogas podría estar asociada a la reactivación de uno de los antiguos bastiones de las FARC, como es el eje Tibu-Rio de Oro. Los guerrilleros ahora desmovilizados se habrían juntado con elementos del Ejército de Liberación Nacional, bajo el mando de alias Pablito, para ocupar esos predios.

*Con la intervención a la policía del estado Miranda, ya no queda ningún cuerpo estatal de seguridad preventiva en poder de gobernadores de oposición. La misma decisión fue aplicada en Lara durante la última semana de mayo. En esa región se reportaba una merma de 15% en los índices generales de delitos. Solo las lesiones personales mostraban algún repunte. En Amazonas, la policía regional fue intervenida en enero de este año. Allí los delitos se han incrementado levemente con respecto a 2016, en especial los homicidios (+13%), las lesiones (+66%) y las violaciones (+30%). Todo indica que el tutelaje militar al que se quiere someter a los cuerpos de seguridad regionales en poder de opositores van en contra de los intereses de los propios pobladores de cada localidad. A esto se une el interés manifestado por el titular del MRI, mayor general (GN) Néstor Reverol en el sentido de eliminar la competencia concurrente que tienen los alcaldes en materia de seguridad ciudadana, durante un eventual desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto llevaría al país a una fase previa a la que existía en 1989, cuando se inició el proceso de descentralización que le dio a los gobernantes municipales la potestad de manejar cuerpos policiales.

*El comandante general de la Guardia Nacional, mayor general Antonio Benavides Torres, ordenó esta semana que los efectivos de esa institución que cumplan funciones de estafetas, es decir, mensajeros, tendrán que circular por las calles del país vestidos de civil. Benavides está consciente del deterioro de la imagen de la institución militar en general y de la GN en particular, y teme que la población pueda emprender represalias contra los funcionarios que lleven o traigan mensajes entre las unidades del componente castrense. Con el incremento de la conflictividad política, otras unidades de la FANB han tomado medidas similares, que regulaban el uso del uniforme cuando los oficiales y tropas estaban francos de servicio, es decir, cuando recién finalizaban sus labores o iban a recibir sus guardias. Ahora, incluso, se impide el uso del uniforme en ciertas funciones inherentes al trabajo militar.


La droga sale del oriente venezolano
*El 12 de junio, el Ministerio Público informó sobre la detención en el estado Anzoátegui del colombiano Aison Manuel Blanco Berrio por supuestos vínculos con el alijo de 1,2 toneladas de cocaína decomisado en una embarcación de bandera venezolana, a 800 millas de Gran Canaria, el 4 de junio. Con el hallazgo del alijo en el pesquero Petra fueron detenidos seis venezolanos. El nexo entre los transportistas de la droga y Blanco Berrío supuestamente se estableció luego de analizar los trámites relativos a la embarcación, que anteriormente tenía otro nombre. Lo que llama la atención es que Blanco había sido detenido junto a otra persona en mayo de 2016, en virtud de una investigación llevada a cabo por la policía judicial en Anzoátegui, sobre el uso de “materiales estratégicos” de la Misión Bario Nuevo Barrio Tricolor en la construcción de dos galpones privados en Barcelona. Se desconoce cómo hizo Blanco para salir bien librado de una pesquisa por el primer delito. Pero esto sugiere la existencia de nexos entre uno de los supuestos orquestadores de este alijo y el programa gubernamental. Según las autoridades españolas, además, estos 1200 kilos de alcaloide fueron manejados por la misma organización que envió 2,4 toneladas de droga en otra embarcación, incautada en costas de Martinica y llevada a España en mayo.

domingo, 4 de junio de 2017

El costo de la represión

Más de dos meses de protestas, cada vez más frecuentes y extendidas por el país. Los costos del conflicto político se distribuyen entre todos los participantes. Pero hasta ahora el mayor costo corre por cuenta de los manifestantes

@javiermayorca

Han transcurrido más de dos meses desde que se reactivaron las manifestaciones antigubernamentales en las principales ciudades del país. En Distrito Capital se llevan a cabo por lo menos tres grandes movilizaciones semanales. Las más grandes indefectiblemente terminan en los límites entre Chacao y Libertador, en medio de una lluvia de bombas lacrimógenas.
Un aspecto que pocos toman en consideración es el costo que implica esta represión continuada. Pareciera que el punto no es importante; que los recursos sobran cuando se trata de proteger al régimen. Es posible que así sea: las lacrimógenas son usadas como si hubiesen surgido de un almacén infinito, mientras que los mercados no tienen pan y conseguir un pote de antibiótico es menos probable que ganar un Kino.
Como quiera que sea, imponer la voluntad de una minoría a bombazos y tiros de perdigón implica erogaciones. Uno pudiera asomarse a este tema tal y como han hecho criminólogos y sociólogos desde hace casi cincuenta años, cuando Gary Becker dio a conocer su ensayo Crimen y castigo: una aproximación económica.
Manifestantes corren con más costos
Básicamente, cualquier actividad criminal comporta distintos tipos de costos. Pueden ser clasificados en dos grandes grupos: los tangibles y los intangibles. Los primeros son más fáciles de medir en términos monetarios, mientras que los otros llevan un trabajo más arduo pues implica ponerle cifras a tres aspectos fundamentales que son el sufrimiento, el dolor y la pérdida de calidad de vida (Cohen, 2005).
En las manifestaciones que hemos visto convergen miles de personas y cientos de guardias y policías, cuyos instrumentos de trabajo son esencialmente escopetas calibre 12 (algunas equipadas con bocachas o dispositivos para lanzar granadas) y lanzagranadas de gas CS calibres 37/38. También utilizan granadas lacrimógenas de activación manual.
Tanto las granadas lacrimógenas como los cartuchos para escopetas con perdigones plásticos son fabricados por Cavim. En el primer caso gracias a un convenio con la corporación española Falken. Aunque los precios de estos cartuchos no están disponibles en bolívares, sabemos gracias a cotizaciones aprobadas recientemente por el gobierno de Uruguay que son, respectivamente, 18 dólares y 47 centavos de dólar. Pero en este caso se trata de materiales que serían importados. Si se hace un estimado conservador, Venezuela debe ahorrarse la mitad del costo por el hecho de fabricarlos en su propio territorio.
Entonces, convengamos en que cada granada de gas costará nueve dólares y cada cartucho de perdigones plásticos 29 centavos de dólar.
Según recuentos de medios independientes, durante la represión a manifestaciones en abril fueron usadas más de 1.200 granadas lacrimógenas. Es posible que otras protestas sean aplacadas con dosis menores de gas. Si utilizan mil bombas por cada jornada de protesta en Caracas, eso costará 9.000 dólares. En cuanto a los cartuchos de escopeta, el cálculo se basa en un estimado de 400 guardias y policías, cada uno con dotación de 20 unidades. Serán en total 2.320 dólares por jornada.
Las bombas y los cartuchos para escopeta sumarán entonces 11.320 dólares, solo para contener y dispersar una marcha en Caracas.
Pero el mayor costo no está allí.
Del otro lado, hay miles de personas que han dejado de ejercer actividades productivas para exigir un cambio político. Algunas manifestaciones son los fines de semana, pero desde abril hay por lo menos dos en días laborables. Muchos de los participantes son profesionales universitarios, otros obreros, buhoneros, estudiantes y desempleados. Para simplificar, supongamos que todos ganan sueldo mínimo. Si la marcha logra reunir unas 25.000 personas, el costo en términos de tiempo productivo no aprovechado asciende a 27.780 dólares cada jornada en Caracas.
Cada día de protesta en la urbe supone entonces una pérdida mínima superior a los 49.000 dólares. Este costo lo asume no sólo el Gobierno sino toda la sociedad. Pero este cálculo no toma en cuenta la posibilidad de robos y saqueos (tomados por los teóricos como transferencias de riqueza), ni la creciente cifra de muertos y heridos, algunos de ellos con lesiones incapacitantes, lo que elevará los costos hasta niveles insospechados.

Breves

A Lugo le dispararon una metra
*Está en desarrollo una peligrosa actitud de desconocimiento de los mandatos de la Fiscalía por parte de unidades de la Guardia Nacional. En Carabobo, el comando de zona de ese componente no ha enviado las copias certificadas o los originales de los cuadernos donde conste cuáles fueron los militares enviados el 4 de mayo a reprimir la manifestación en la que falleció Hécder Vladimir Lugo Pérez, de 20 años de edad. El joven falleció luego de ser herido en la cabeza por una rolinera metálica. Su papá, Héctor Lugo, explicó además que los efectivos de la GN y de PoliCarabobo fueron grabados en videos aficionados cuando se acercaron a rematar con un tiro de escopeta al manifestante, quien se encontraba inerme en la variante San Diego-Tulipanes, aproximadamente a las 4:30 de la tarde. Ese segundo tiro, hecho a quemarropa, ocasionó un daño intestinal que agravó su situación durante el tratamiento hospitalario. “La Guardia Nacional no ha facilitado los cuadernos de partes y armas porque está encubriendo”, señaló el padre de la víctima. Esta omisión en el envío de datos esenciales para individualizar responsabilidades penales comenzó en Caracas con el caso de Juan Pernalete, y es por eso que aún no se sabe el nombre del responsable de su muerte. En estas pesquisas, el encubrimiento pone en entredicho a todo el contingente.

*La Fuerza Armada prevé un recrudecimiento de la violencia política en los próximos días y semanas. Para eso se prepara. Un análisis divulgado la semana pasada en unidades del centro del país establece como acciones más probables en lo inmediato la continuidad en los bloqueos de vías, ya no en las urbanizaciones o pequeñas carreteras, sino en las principales autopistas y troncales del país. También la irrupción en cuarteles militares, tal y como sucedió con un destacamento de la Guardia Nacional en Barinas. Lo más preocupante, sin embargo, es el escenario de asesinatos selectivos de líderes opositores y oficialistas (“ambas facciones”, en el documento) y linchamientos a efectivos policiales y militares. La extensión de las protestas a nuevas zonas del país, indica el texto, puede desencadenar “una reacción en cadena que incite un estallido social, cuyo efecto dominó será de carácter nacional”. El documento omite una tendencia que hay en el momento de su emisión se veía: que los organismos encargados de controlar el orden público están actuando como si los manifestantes fuesen enemigos y no ciudadanos a los que es necesario proteger.

 *En la semana que transcurrió entre el 22 y el 28 de mayo fueron víctimas de homicidio doce personas en todo Barinas. De ellas ocho fueron ultimadas en el contexto de la represión política. La región que vio nacer al ex presidente Hugo Chávez acumulaba hasta el lunes 187 homicidios, 27 en el marco de supuestos enfrentamientos con policías. En Barinas, la conflictividad política adquirió de la noche a la mañana un peso importante en las estadísticas de homicidios. La Guardia Nacional activó allí el nivel II de la Operación Zamora (amarillo), y momentáneamente se calmaron los enfrentamientos. Y así poco a poco avanza la militarización del país para aplacar el descontento.

*Una banda conformada mayoritariamente por menores de edad, como la que operaba en el bulevar de Sabana Grande, se ve ahora en los pasillos del Centro Ciudad Comercial Tamanaco. Empleados de limpieza y vigilantes lo confirman. Un representante del condominio del centro de compras envió a los propietarios de oficinas y tiendas un audio en el que sostiene que este grupo de aproximadamente quince niños y niñas (2 embarazadas) comenzó a actuar con actos de mendicidad aparentemente inofensivos. Ahora, sin embargo, han robado y amenazado a personal de seguridad. “No es algo casual. Hay una organización que los explota”, dijo el portavoz. El liderazgo de los menores lo ejercería una mujer, que diariamente coordina el traslado de los muchachos en dos camionetas.

*El uso de metras o rolineras metálicas para alterar los cartuchos de perdigones de plástico no es nuevo en los cuerpos policiales y militares del país. En la Guardia Nacional y en la extinta Policía Metropolitana (precursora de la Policía Nacional Bolivariana) el “aliñado” de los cartuchos era una práctica conocida. No solo se hacía con metras, sino también con trozos de vidrio, tornillos, tuercas y todo lo que pudiera servir como metralla. Pero nunca se vio que estas mañas estuviesen tan difundidas hasta el punto en que han ocasionado muertos y heridos en por lo menos seis estados del país. En Anzoátegui un agente fue grabado cuando alimentaba la escopeta por la parte posterior del cañón, presumiblemente con una metra o rolinera, en lo que se denomina “avancarga”. Los oficiales saben que es muy difícil establecer plena correspondencia entre estos proyectiles y el arma de los que salieron disparados, puesto que los cañones de escopeta tienen ánima lisa, es decir, carecen de campos y estrías en su parte interna. El uso de metras es reiterado, además, puesto que si utilizaran tornillos u otros objetos metálicos estos cañones podrían quedar horadados, y esto los podría delatar.


*Mucho se ha hablado de los excesos cometidos por los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en la represión de las manifestaciones opositoras. Algunos han llegado a decir que no son venezolanos, sino cubanos en una especie de reedición de la guerra de Angola. Otros, que son malandros uniformados gracias a un acuerdo entre el componente militar y el ministerio para Servicio Penitenciario. Nada de eso consta. De lo que sí hay pruebas documentadas es que esas tropas han sido sometidas a procesos de “formación en el odio”, según los cuales se justifica prácticamente cualquier cosa (incluso la eliminación física) contra aquellas personas que van contra el “legado” del Comandante Supremo. Cuando están juntos y listos para actuar contra las masas de manifestantes, se activan todos esos mecanismos para los que han sido adoctrinados en las escuelas de formación. El video de los guardias que hacen calistenia mientras cantan su deseo de “matar a un maldito guarimbero”, resulta esclarecedor.