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domingo, 21 de mayo de 2017

Hampa en tiempos de violencia política

Ya las tendencias están claras: durante las manifestaciones el riesgo de ser víctima de robo se incrementa, especialmente en las fases en las que los participantes llegan o salen del lugar de la protesta. Hay que tomar previsiones

@javiermayorca

Venezuela es en la actualidad –por desgracia- un escenario ideal para evaluar la incidencia del conflicto político en la delincuencia.
Según la organización no gubernamental Provea, en el país se está desarrollando una “insurgencia popular” contra el Gobierno. El argumento es que, a diferencia de lo visto durante 2014, las protestas ahora son más frecuentes, tienen mayor duración, poseen mayor extensión geográfica y aglutinan a personas que pertenecen a las diversas clases sociales y oficios. Por último, estas manifestaciones han sido el escenario para distintos tipos de violencia. Al momento de escribir esta nota, la cuenta oficial iba por 48 muertes. Es decir, en mes y medio de protestas ya fue rebasada la marca de 43 homicidios atribuida directamente al conflicto político conocido como La Salida, que se prolongó por tres meses en 2014. El doble de letalidad.
El 36% de los fallecimientos reportado en esta oportunidad es atribuible a la acción de funcionarios policiales, militares o de civiles armados pro gobierno (colectivos). Este porcentaje crecería si se achaca a ese sector los casos de muertes ocasionadas por el impacto de metras, claramente propulsadas desde cartuchos “aliñados”, tal y como sucedió con Miguel Cañizález (Las Mercedes) y Yeison Mora Castillo (Barinas).
Pero al margen de esta situación han sido frecuentes las denuncias de asaltos perpetrados por civiles e incluso funcionarios uniformados en contra de los manifestantes. Una circunstancia insólita si se toma en cuenta que durante las protestas prácticamente toda la vigilancia policial debería concentrarse en preservar la integridad de las personas que manifiestan, así como de sus pertenencias.
Hay ciertas etapas de las manifestaciones en las que los participantes corren mayores riesgos. Son los lapsos de traslado hacia y desde los sitios de concentración, cuando la gente probablemente camina sola por lugares donde no están los funcionarios de seguridad, pues ellos tienen la atención puesta en otras partes. Este riesgo se incrementa en virtud del patrón seguido por el Gobierno en cuanto al cierre de las estaciones del Metro, lo que obliga a los manifestantes a transitar a pie por trayectos más largos.
Por ende, hay más personas con lapsos de exposición más prolongados. Pareciera una situación ideal para los delincuentes.
Los principales escenarios de las manifestaciones en Distrito Capital han sido Chacao y Sucre, en ese orden. Veamos cómo ha sido el comportamiento de los robos en esos municipios. Estas cifras, conocidas extraoficialmente, abarcan las tres semanas previas al inicio de las protestas hasta el 30 de abril.


 En Chacao, principal escenario de las manifestaciones, ocurren circunstancias que han propiciado un aumento de los robos. En el municipio Sucre hubo un comportamiento similar, aunque no en la misma magnitud que en el municipio vecino. Sin embargo, en la última semana de abril hubo una baja sensible en las denuncias de este delito.
En Venezuela los robos rara vez son denunciados. El director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño, indicó además que si estos delitos se producen en un contexto de protestas contra el Gobierno las víctimas estarán menos dispuestas a acudir ante la policía judicial, un cuerpo que es percibido como altamente politizado a propósito de circunstancias como la solicitud de identificar a manifestantes, hecha a través de la cuenta twitter de ese organismo.
Estas cifras, entonces, son un pálido reflejo, pero reflejo al fin, de una situación que en realidad debe ser mucho más grave. Protestar en la actualidad venezolana no solo comporta los riesgos de ser detenido o lesionado por el golpe de una bomba o por perdigones. También está latente la posibilidad de ser asaltado.
Se debe entender que la acción depredadora de los hampones se dirige preferiblemente hacia las personas que vean más vulnerables, en las circunstancias ya descritas. Las mujeres, los jóvenes y los hombres que caminan sin compañía son presas fáciles. Aquí, como en otros aspectos de la vida, aplica el refrán “en la unión está la fuerza”.

Breves

*La convocatoria a una “constituyente comunal”, y el posterior ofrecimiento de una plaza en esta asamblea exclusivamente para una representación militar tomó por sorpresa a la Fuerza Armada Nacional. Los profesionales de armas no se someterían a votación para tal escogencia, pues ya la tienen asegurada, según lo que trascendió de una reunión entre el Jefe del Estado y el generalato, el miércoles 10 de mayo en Fuerte Tiuna. Maduro expresó su deseo de cambiar el modelo organizacional de la institución castrense, pero no profundizó al respecto. La Constitución vigente indica que la FAN tiene cuatro componentes (Ejército, Aviación, Armada y Guardia Nacional). En el nuevo texto fundamental se podría “constitucionalizar” la Milicia, y también disolver la GN o incorporarla al organigrama del Ejército, tal y como en su momento lo planteó el finado general en jefe Alberto Muller Rojas.

Así lo vieron durante la búsqueda
*Continúa el proceso de remoción de los restos del helicóptero Mi17 del Ejército, siniestrado el 30 de diciembre de 2016 en Amazonas. Hasta el momento de la redacción de esta nota faltaba por recuperar al cadáver del sargento primero Jhonatan Inojosa, quien fungía de mecánico de la aeronave y presuntamente debía estar en un pasillo entre la cabina de mando y el compartimiento de pasajeros. Se presume que el suboficial pudo quedar apisonado entre los restos del aparato y el suelo, o que también pudo saltar o ser expulsado durante la caída. Los otros doce pasajeros murieron casi instantáneamente por el impacto con el suelo y el aplastamiento ocasionado por tres toneladas de comestibles que iban en el compartimiento de carga, y que presumiblemente se movieron hacia la nariz cuando el helicóptero perdió potencia y se fue a pique.
  

*En la carta dirigida por un grupo de oficiales subalternos del Ejército al secretario general de la OEA Luis Almagro hay una queja puntual en el sentido de que la institución castrense ahora se ve obligada a mendigar la comida ante los comercios privados en los lugares donde tienen asiento. Esto no es más que una requisición maquillada bajo el término “apoyo” o “colaboración”. Luego de la divulgación de ese documento, en Carabobo, el director de un centro de adiestramiento de combate del Ejército solicitó mediante una carta al dueño de una empresa de productos cárnicos la entrega de diez kilos mensuales de carne para el comedor de oficiales. En el mismo mes de mayo un capitán de la GN también escribió a un comerciante de Yaritagua para “solicitar sus buenos oficios” en el sentido de suministrar a esa compañía de orden interno “mortadela y queso para la confección de los alimentos del personal militar y civil”.

*La imposición de sanciones a ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por parte del Departamento del Tesoro estadounidense llegó antes de lo que se pensaba. El dato circulaba en medios políticos venezolanos desde la semana anterior. El congelamiento de sus cuentas y de todos los haberes que puedan tener en el territorio de ese país fue decidido en atención a lo dispuesto en el Acta para la Defensa de los Derechos y de la Sociedad Civil de Venezuela, vigente desde 2014. Con ellos suman quince operadores del régimen de Nicolás Maduro incorporados a la lista OFAC porque supuestamente han propiciado violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Esta no es la misma ley que ha sido aplicada en los casos de Tareck El Aissami y el empresario Samark López, señalado como su testaferro. En el caso del Vicepresidente Ejecutivo y de López operó una ley aprobada durante el mandato de Bill Clinton, para privar de recursos económicos a supuestos jefes de carteles (Kingpin Act). El efecto al final es el mismo. Algo que la gente se pregunta es si los testaferros de los magistrados podrán movilizar su dinero. La respuesta es afirmativa. La sanción compromete las cuentas y activos ubicados en EEUU o en bancos que tengan intereses en ese país. Además, los magistrados quedan en una lista de vigilancia y los bancos, empresas y particulares no podrán contratar ni hacer ninguna transacción con ellos, so pena de ser objeto de la misma sanción. Estos jueces, así como todos los que figuran en la lista OFAC, podrán apelar de las medidas e incluso plantear juicios. Pero las posibilidades de éxito para ellos son muy bajas.

*¿Cómo se pierden los medicamentos importados por el Gobierno? El acta levantada por funcionarios del ministerio para la Salud y de la Secretaría de Salud del estado Falcón podría ser reveladora. El 3 de mayo, la coordinadora del programa de VIH Sida en Falcón Limbania Mosquera tuvo que suscribir un informe en el que se advertía un faltante de 270 tabletas de distintos principios activos para el tratamiento de esta enfermedad, que formaban parte de un cargamento de 6.240 despachadas desde la sede del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (Sefar), ubicado en Las Adjuntas. Irregularidades semejantes a esta han sido detectadas en envíos desde la misma institución hacia los estados Guárico, Distrito Capital y Amazonas. Los traslados se hacen en vehículos identificados y consignados en actas. En el caso de Guárico, además, se estableció que el precinto con el que se asegura la carga no había sido violentado.

*La situación en la Fuerza Armada Nacional parecer agravarse con cada día que pasa. Para el momento en que salga esta nota, estarán en Caracas los oficiales graduados en las promociones que van desde 2006 a 2016, correspondientes a los cuatro componentes castrenses. El Ejecutivo insistirá en venderles la idea de que la Constituyente comunal planteada por el presidente Nicolás Maduro es la continuidad del legado de Chávez, algo que les resulta difícil de tragar. También intentará detectar la presencia de oficiales descontentos. Se debe recordar que en los procesos de formación de las tropas y la oficialidad existe una materia sobre el “pensamiento” de Chávez en materia militar, y en esos cursos mucho se insistió en que la Constitución vigente daba el sustento legal al desarrollo de la FAN. Precisamente, hasta 2016 parte de las campañas a lo interno de los cuarteles para descalificar a la oposición consistían en señalar que si el régimen cambiaba los nuevos gobernantes alterarían la Carta Magna. Más allá de eso, el decaimiento económico del país y los conflictos de calle han agudizado las contradicciones en los cuarteles. En Caracas y Vargas desertan oficiales y tropas pues no quieren arremeter contra la población que manifiesta. En Carabobo sustituyen a un general que también se negó a hacerlo. En Táchira un primer teniente de la GN se acerca a manifestantes y corta su carnet de la patria, a sabiendas de lo que le ocurrirá. Además, hay promociones enteras del Ejército bajo investigación. Eso es lo que se sabe públicamente. A lo interno, cada vez son menos los oficiales dispuestos a defender un gobierno aislado y desconocido por el mundo civilizado.