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domingo, 21 de mayo de 2017

Hampa en tiempos de violencia política

Ya las tendencias están claras: durante las manifestaciones el riesgo de ser víctima de robo se incrementa, especialmente en las fases en las que los participantes llegan o salen del lugar de la protesta. Hay que tomar previsiones

@javiermayorca

Venezuela es en la actualidad –por desgracia- un escenario ideal para evaluar la incidencia del conflicto político en la delincuencia.
Según la organización no gubernamental Provea, en el país se está desarrollando una “insurgencia popular” contra el Gobierno. El argumento es que, a diferencia de lo visto durante 2014, las protestas ahora son más frecuentes, tienen mayor duración, poseen mayor extensión geográfica y aglutinan a personas que pertenecen a las diversas clases sociales y oficios. Por último, estas manifestaciones han sido el escenario para distintos tipos de violencia. Al momento de escribir esta nota, la cuenta oficial iba por 48 muertes. Es decir, en mes y medio de protestas ya fue rebasada la marca de 43 homicidios atribuida directamente al conflicto político conocido como La Salida, que se prolongó por tres meses en 2014. El doble de letalidad.
El 36% de los fallecimientos reportado en esta oportunidad es atribuible a la acción de funcionarios policiales, militares o de civiles armados pro gobierno (colectivos). Este porcentaje crecería si se achaca a ese sector los casos de muertes ocasionadas por el impacto de metras, claramente propulsadas desde cartuchos “aliñados”, tal y como sucedió con Miguel Cañizález (Las Mercedes) y Yeison Mora Castillo (Barinas).
Pero al margen de esta situación han sido frecuentes las denuncias de asaltos perpetrados por civiles e incluso funcionarios uniformados en contra de los manifestantes. Una circunstancia insólita si se toma en cuenta que durante las protestas prácticamente toda la vigilancia policial debería concentrarse en preservar la integridad de las personas que manifiestan, así como de sus pertenencias.
Hay ciertas etapas de las manifestaciones en las que los participantes corren mayores riesgos. Son los lapsos de traslado hacia y desde los sitios de concentración, cuando la gente probablemente camina sola por lugares donde no están los funcionarios de seguridad, pues ellos tienen la atención puesta en otras partes. Este riesgo se incrementa en virtud del patrón seguido por el Gobierno en cuanto al cierre de las estaciones del Metro, lo que obliga a los manifestantes a transitar a pie por trayectos más largos.
Por ende, hay más personas con lapsos de exposición más prolongados. Pareciera una situación ideal para los delincuentes.
Los principales escenarios de las manifestaciones en Distrito Capital han sido Chacao y Sucre, en ese orden. Veamos cómo ha sido el comportamiento de los robos en esos municipios. Estas cifras, conocidas extraoficialmente, abarcan las tres semanas previas al inicio de las protestas hasta el 30 de abril.


 En Chacao, principal escenario de las manifestaciones, ocurren circunstancias que han propiciado un aumento de los robos. En el municipio Sucre hubo un comportamiento similar, aunque no en la misma magnitud que en el municipio vecino. Sin embargo, en la última semana de abril hubo una baja sensible en las denuncias de este delito.
En Venezuela los robos rara vez son denunciados. El director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño, indicó además que si estos delitos se producen en un contexto de protestas contra el Gobierno las víctimas estarán menos dispuestas a acudir ante la policía judicial, un cuerpo que es percibido como altamente politizado a propósito de circunstancias como la solicitud de identificar a manifestantes, hecha a través de la cuenta twitter de ese organismo.
Estas cifras, entonces, son un pálido reflejo, pero reflejo al fin, de una situación que en realidad debe ser mucho más grave. Protestar en la actualidad venezolana no solo comporta los riesgos de ser detenido o lesionado por el golpe de una bomba o por perdigones. También está latente la posibilidad de ser asaltado.
Se debe entender que la acción depredadora de los hampones se dirige preferiblemente hacia las personas que vean más vulnerables, en las circunstancias ya descritas. Las mujeres, los jóvenes y los hombres que caminan sin compañía son presas fáciles. Aquí, como en otros aspectos de la vida, aplica el refrán “en la unión está la fuerza”.

Breves

*La convocatoria a una “constituyente comunal”, y el posterior ofrecimiento de una plaza en esta asamblea exclusivamente para una representación militar tomó por sorpresa a la Fuerza Armada Nacional. Los profesionales de armas no se someterían a votación para tal escogencia, pues ya la tienen asegurada, según lo que trascendió de una reunión entre el Jefe del Estado y el generalato, el miércoles 10 de mayo en Fuerte Tiuna. Maduro expresó su deseo de cambiar el modelo organizacional de la institución castrense, pero no profundizó al respecto. La Constitución vigente indica que la FAN tiene cuatro componentes (Ejército, Aviación, Armada y Guardia Nacional). En el nuevo texto fundamental se podría “constitucionalizar” la Milicia, y también disolver la GN o incorporarla al organigrama del Ejército, tal y como en su momento lo planteó el finado general en jefe Alberto Muller Rojas.

Así lo vieron durante la búsqueda
*Continúa el proceso de remoción de los restos del helicóptero Mi17 del Ejército, siniestrado el 30 de diciembre de 2016 en Amazonas. Hasta el momento de la redacción de esta nota faltaba por recuperar al cadáver del sargento primero Jhonatan Inojosa, quien fungía de mecánico de la aeronave y presuntamente debía estar en un pasillo entre la cabina de mando y el compartimiento de pasajeros. Se presume que el suboficial pudo quedar apisonado entre los restos del aparato y el suelo, o que también pudo saltar o ser expulsado durante la caída. Los otros doce pasajeros murieron casi instantáneamente por el impacto con el suelo y el aplastamiento ocasionado por tres toneladas de comestibles que iban en el compartimiento de carga, y que presumiblemente se movieron hacia la nariz cuando el helicóptero perdió potencia y se fue a pique.
  

*En la carta dirigida por un grupo de oficiales subalternos del Ejército al secretario general de la OEA Luis Almagro hay una queja puntual en el sentido de que la institución castrense ahora se ve obligada a mendigar la comida ante los comercios privados en los lugares donde tienen asiento. Esto no es más que una requisición maquillada bajo el término “apoyo” o “colaboración”. Luego de la divulgación de ese documento, en Carabobo, el director de un centro de adiestramiento de combate del Ejército solicitó mediante una carta al dueño de una empresa de productos cárnicos la entrega de diez kilos mensuales de carne para el comedor de oficiales. En el mismo mes de mayo un capitán de la GN también escribió a un comerciante de Yaritagua para “solicitar sus buenos oficios” en el sentido de suministrar a esa compañía de orden interno “mortadela y queso para la confección de los alimentos del personal militar y civil”.

*La imposición de sanciones a ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por parte del Departamento del Tesoro estadounidense llegó antes de lo que se pensaba. El dato circulaba en medios políticos venezolanos desde la semana anterior. El congelamiento de sus cuentas y de todos los haberes que puedan tener en el territorio de ese país fue decidido en atención a lo dispuesto en el Acta para la Defensa de los Derechos y de la Sociedad Civil de Venezuela, vigente desde 2014. Con ellos suman quince operadores del régimen de Nicolás Maduro incorporados a la lista OFAC porque supuestamente han propiciado violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Esta no es la misma ley que ha sido aplicada en los casos de Tareck El Aissami y el empresario Samark López, señalado como su testaferro. En el caso del Vicepresidente Ejecutivo y de López operó una ley aprobada durante el mandato de Bill Clinton, para privar de recursos económicos a supuestos jefes de carteles (Kingpin Act). El efecto al final es el mismo. Algo que la gente se pregunta es si los testaferros de los magistrados podrán movilizar su dinero. La respuesta es afirmativa. La sanción compromete las cuentas y activos ubicados en EEUU o en bancos que tengan intereses en ese país. Además, los magistrados quedan en una lista de vigilancia y los bancos, empresas y particulares no podrán contratar ni hacer ninguna transacción con ellos, so pena de ser objeto de la misma sanción. Estos jueces, así como todos los que figuran en la lista OFAC, podrán apelar de las medidas e incluso plantear juicios. Pero las posibilidades de éxito para ellos son muy bajas.

*¿Cómo se pierden los medicamentos importados por el Gobierno? El acta levantada por funcionarios del ministerio para la Salud y de la Secretaría de Salud del estado Falcón podría ser reveladora. El 3 de mayo, la coordinadora del programa de VIH Sida en Falcón Limbania Mosquera tuvo que suscribir un informe en el que se advertía un faltante de 270 tabletas de distintos principios activos para el tratamiento de esta enfermedad, que formaban parte de un cargamento de 6.240 despachadas desde la sede del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (Sefar), ubicado en Las Adjuntas. Irregularidades semejantes a esta han sido detectadas en envíos desde la misma institución hacia los estados Guárico, Distrito Capital y Amazonas. Los traslados se hacen en vehículos identificados y consignados en actas. En el caso de Guárico, además, se estableció que el precinto con el que se asegura la carga no había sido violentado.

*La situación en la Fuerza Armada Nacional parecer agravarse con cada día que pasa. Para el momento en que salga esta nota, estarán en Caracas los oficiales graduados en las promociones que van desde 2006 a 2016, correspondientes a los cuatro componentes castrenses. El Ejecutivo insistirá en venderles la idea de que la Constituyente comunal planteada por el presidente Nicolás Maduro es la continuidad del legado de Chávez, algo que les resulta difícil de tragar. También intentará detectar la presencia de oficiales descontentos. Se debe recordar que en los procesos de formación de las tropas y la oficialidad existe una materia sobre el “pensamiento” de Chávez en materia militar, y en esos cursos mucho se insistió en que la Constitución vigente daba el sustento legal al desarrollo de la FAN. Precisamente, hasta 2016 parte de las campañas a lo interno de los cuarteles para descalificar a la oposición consistían en señalar que si el régimen cambiaba los nuevos gobernantes alterarían la Carta Magna. Más allá de eso, el decaimiento económico del país y los conflictos de calle han agudizado las contradicciones en los cuarteles. En Caracas y Vargas desertan oficiales y tropas pues no quieren arremeter contra la población que manifiesta. En Carabobo sustituyen a un general que también se negó a hacerlo. En Táchira un primer teniente de la GN se acerca a manifestantes y corta su carnet de la patria, a sabiendas de lo que le ocurrirá. Además, hay promociones enteras del Ejército bajo investigación. Eso es lo que se sabe públicamente. A lo interno, cada vez son menos los oficiales dispuestos a defender un gobierno aislado y desconocido por el mundo civilizado.

domingo, 7 de mayo de 2017

La "nueva doctrina" del orden interno

Directrices nunca vistas, impartidas desde el MRI, se unen a las viejas mañas para potenciar las acciones de los cuerpos represivos contra una ciudadanía que sale a las calles cada día de manera más multitudinaria

@javiermayorca

El sábado 29 de abril, jefes policiales y militares de Caracas y Vargas fueron convocados a una reunión en la sede de la Región de Defensa Integral Capital en Fuerte Tiuna, donde el titular de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, les informaría sobre los principios que rigen la “nueva doctrina del empleo de las unidades para el orden interno”.
Aunque no se dispone aún de un documento que explique las características de esa “nueva doctrina”, durante los últimos días se han dado cambios importantes en el accionar de los principales cuerpos de seguridad encargados de aplicarla. Además, se han difundido en esas instituciones una serie de instrucciones que anteriormente no se impartían. Sobre la base de esta información se puede delinear algunos aspectos relativos a la táctica aplicada por el Ejecutivo contra los manifestantes que se mantienen en las calles del país desde la primera semana de abril.
1) La sospecha como justificativo de la acción punitiva: en Venezuela la acción represiva o punitiva se justifica cuando el individuo despliega una conducta típica y antijurídica, es decir, está descrita como delito en una ley penal. Llevar un arma no es delito por sí mismo. Pero sí lo es cuando no se posee una licencia legítimamente expedida. Llevar un frasco de colonia junto a una máscara en un bolso no es delito bajo ninguna circunstancia. Pero han sido reportadas detenciones de jóvenes a los que bajan de transportes públicos y ponen a las órdenes de Cicpc por el solo hecho de poseer estos objetos. El militar o policía sospecha que serán utilizados para manifestar. Tales acciones cuentan con el aval de gobernadores oficialistas como los de Yaracuy, Táchira y Vargas, que han criminalizado la posesión de tales objetos al asociarla con supuestos ánimos de desestabilizar al régimen o cometer actos que califican de “terrorismo”.
2) Reducción de oportunidades: en criminología la oportunidad para el delito ocurre cuando coinciden en los mismos tiempo y espacio las víctimas y los victimarios, en una condición en la que no existe la vigilancia de terceros. En el caso de las manifestaciones, los cuerpos de orden público restringen la oportunidad al impedir la reunión en los espacios que consideren desventajosos. De allí la represión contra civiles inermes en El Paraíso, por el solo hecho de que se congregaban para marchar. En septiembre de 2002, además, se emitió un decreto que impide protestas antigubernamentales en las llamadas “zonas de seguridad”, que son precisamente aquellas donde tienen su asiento los poderes públicos. Igualmente, se han tomado decisiones para restar medios o herramientas a la protesta. Por ejemplo, el 25 de abril fue prohibida la fabricación y uso de fuegos artificiales. La GN también emprendió una operación denominada “Humo negro”, en la que son retirados todos los cauchos de las vías públicas, para impedir así que los usen para las guarimbas. Finalmente, se restringe la circulación por las vías de acceso a Distrito Capital los días de marchas, en lo que se conoce como plan “retardatriz”.
3) Alianza cívico-militar: la Guardia Nacional ha actuado en forma combinada con grupos civiles armados en Caracas, Miranda, Carabobo y Mérida, por citar algunos casos. Los civiles llevan a cabo el “trabajo sucio” de arremeter contra los manifestantes. Los militares actúan mediante dos patrones. En ocasiones generan “pasillos o anillos de seguridad” de los que se sirven los civiles armados para cumplir su cometido. Así sucedió el martes 4 de abril en La Urbina. En otras oportunidades la GN (en complicidad con policías afines) se ausenta por completo en áreas de su competencia y deja el terreno libre para que las bandas operen a gusto. Esto lo vimos en El Paraíso y Montalbán. Esta alianza se fundamenta en un supuesto de corresponsabilidad en materia de defensa del régimen, establecido en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, uno de los primeros textos invocados para elaborar el controversial Plan Estratégico Zamora.

Una metra letal
Una pregunta que quizá se hagan los lectores tiene que ver con prácticas que en las últimas semanas se han visto por parte de los efectivos de la GN y de la PNB, y que quizá podrían formar parte de un patrón de conducta. Dos de las más frecuentes han sido el uso de las bombas y granadas lacrimógenas como proyectiles para ocasionar doble daño (exposición al contenido químico y traumatismo por golpe de objeto contundente), y la alteración de los cartuchos de escopetas para incorporar elementos letales, como metras o esquirla de vidrio. Ambas son viejas mañas que han sido heredadas y potenciadas. Esto sucede por una razón básica: cuando una metra o bomba ocasiona lesiones graves o la muerte a un manifestante, la mayor probabilidad es que ese crimen quede sin castigo. Establecer una correspondencia entre el objeto que ocasionó la muerte y el arma que lo propulsó es muy complicado. Por este camino van los homicidios de los jóvenes Juan Pernalete (Altamira) y Armando Cañizález (Las Mercedes). Solo un trabajo diligente de la Fiscalía, operando sobre la base de una delación o una confesión, permitiría individualizar responsabilidades.

Breves
La maleza tapó los restos del aparato
La "caja negra"


*El helicóptero del Ejército siglas EJB 0796 no fue secuestrado ni fue derribado. Las primeras investigaciones a los restos hallados el 29 de abril (cuando casi se cumplían cuatro meses desde la desaparición del aparato) indican que la aeronave simplemente se fue a pique luego de sufrir una “falla en vuelo” de la que no pudo recuperarse. Los restos fueron encontrados en el medio de una densa vegetación que impidió su avistamiento con anterioridad. “Todo está agrupado como si hubiese caído sin velocidad horizontal”, afirmó una fuente castrense. Además, no estaban quemados ni había indicios de que haya sufrido algún ataque. Esto apunta hacia la incidencia de una falla en el propio aparato, que difícilmente será admitida puesto que se trata de compras hechas con poca transparencia, sin controles externos. Desde luego, hay una "junta de investigación" designada para determinar con precisión las causas del siniestro. Pero en Venezuela ni siquiera se conocen las resultas de las pesquisas a los siniestros de vuelos civiles. Para el momento de la redacción de esta nota la comisión integrada por funcionarios del Ministerio Público, la policía judicial y la Fuerza Armada había levantado siete cadáveres, entre ellos los que estaban en los puestos del piloto, el copiloto y el ingeniero de vuelo. Las condiciones del clima han retardado el trabajo, en el que también participa un grupo multidisciplinario del Senamecf. Las autopsias serán efectuadas en un puesto especial habilitado por las autoridades en el aeropuerto de Puerto Ayacucho. Debido al interés suscitado por este incidente, se colocan en esta entrega varias fotografías del proceso de remoción así como los restos de la aeronave siniestrada.
Parte de la cola


*El 2 de mayo el nuevo director de la Policía Nacional Bolivariana, general de brigada (GN) Carlos Pérez Ampueda, ordenó la supresión de las direcciones de Inteligencia y Estrategia, Antidrogas, Contra la Economía Criminal, Antiextorsión y Secuestros y Contra la Delincuencia Organizada, pues todos ellos serán adscritos a una fuerza de Acciones Especiales (FAES). Desde 2014, la PNB evaluaba una reestructuración de sus cuadros. Las mencionadas direcciones habían sido creadas en función de las atribuciones establecidas por ley para este cuerpo. Ahora, son eliminadas “a fin de cumplir con los lineamientos del Gobierno Revolucionario, que tiene la meta de frenar y erradicar los índices delictivos que afectan la paz social y la seguridad ciudadana”. Ahora, la línea de Pérez Ampueda será “enfrentar y desmantelar bandas”.
*El mismo 2 de mayo, un grupo de encapuchados emboscó a una comisión de la Policía Nacional que iba en moto por la avenida Miguel Ángel de Bello Monte. A uno de los agentes le falló el vehículo y se le apagó.  Fue rescatado por efectivos de PoliMiranda que estaban en el lugar. La moto Suzuki DR650 quedó en la vía y fue quemada por los iracundos. El oficial que la manejaba era parte del grupo de escoltas del embajador de China en Venezuela Zhao Bentang, quien había solicitado un reforzamiento de su seguridad, porque en los últimos días supuestamente se recibieron amenazas contra el personal diplomático de esa delegación, así como también contra la sede de la embajada, ubicada en la calle Orinoco de Las Mercedes.

*Escribe el abogado David Terán para alertar sobre el verdadero sentido de la aplicación del fuero militar a los civiles que han sido detenidos una vez activada la Operación Zamora en el estado Carabobo: “El alto gobierno dio la orden de encarcelar a todos los disidentes, instruyendo a la PNB y la GNB. Para tal fin han detenido a más de 1.500 manifestantes. Sin embargo, la actuación policial deficiente y arbitraria hace inviable los casos, y el Ministerio Público no puede pedir privación de libertad ilegítimamente. La Fiscalía ha manifestado públicamente que las detenciones son ilegítimas, arbitrarias y violatorias de la Constitución (…) Ante esto, el Gobierno activó a los tribunales militares. Quieren usar la justicia militar ejemplarizante, donde el juez sigue órdenes y no la Constitución. En conclusión, ya no confían en la Fiscal Luisa Ortega”.

*La conflictividad política aparentemente tuvo escaso impacto en la industria del secuestro durante el mes de abril. Así puede concluirse al analizar las cifras de casos procesados en Distrito Capital y Miranda. En Libertador fueron secuestradas diez personas el mes pasado y en Miranda otras 17. Chacao, que ha sido el principal escenario de las protestas, tuvo la mayor cifra de secuestros (3). También hubo denuncias en el municipio Sucre, Rio Chico y los Valles del Tuy. Un video hecho por una cámara de vigilancia en Lomas del Tamanaco sugiere además que policías, militares o integrantes de colectivos pudieran estar incurriendo nuevamente en este delito. Las imágenes muestran a una camioneta pick-up doble cabina (similar a las de uso oficial) que intercepta a un vehículo sedán, el 27 de abril en la noche. Del primero se bajaron cuatro hombres, algunos con chalecos antibalas, para tratar de someter a los ocupantes del otro auto. Pero una rápida reacción de manejo defensivo se los impidió. El video, sin embargo, es revelador.

*Un muro de impunidad impide el avance de las pesquisas sobre los homicidios del criminólogo Jesús Sulbarán, encargado de Política Integral de la gobernación de Mérida, de 41 años de edad, y del obrero de 52 años Luis Alberto Márquez. Ambas muertes fueron reportadas el 24 de abril como consecuencia de un tiroteo en el que también fueron heridos el estudiante de la ULA Daniel Infante, la instructora de Defensa Progresiva Yuleska Hernández, Daniel Escalona y Luis Hernández, en el cruce entre el viaducto Campo Elías con la avenida Las Américas de Mérida. Hasta ahora, ha sido el ataque más letal llevado a cabo durante el recrudecimiento de las manifestaciones de calle que comenzaron en abril. En este caso, las víctimas participaban en una actividad proselitista del oficialismo. Inicialmente, se creía que los disparos fueron hechos desde las alturas del conjunto residencial El Viaducto. Pero los allanamientos efectuados por la policía judicial no arrojaron resultados. En el área del tiroteo, además, fueron encontradas evidencias tales como proyectiles y conchas que sugieren que los atacantes estaban alrededor o entre los propios participantes de la marcha. Hubo por lo menos tres tiradores, que usaron pistolas calibres 9 mm, 380 y .38. Con esta última mataron a Luis Márquez. Los investigadores, además, hicieron levantamientos planimétricos en compañía de dos de las víctimas y analizaron diversos videos tomados por transeúntes al momento del tiroteo. Uno de ellos supuestamente permitió identificar a un hombre conocido como Ruso, captado mientras disparaba en un extremo del viaducto hacia el lugar donde se encontraba Sulbarán. La lista de sospechosos abarca tanto a elementos de agrupaciones opositoras, como el llamado Movimiento 13, hasta militantes armados del propio Psuv, como el caso de un hombre de apellido Uzcátegui a quien le decomisaron una pistola Jericho calibre 9 mm para someterla a experticia de comparación balística. Esto explica por qué luego de las primeras horas, cuando el gobernador Alexis Ramírez culpó en forma apresurada a “terroristas” opositores, lo que ha seguido es un profundo silencio.