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domingo, 23 de abril de 2017

Maduro sin Fuerza Armada

Los últimos anuncios presidenciales, unidos a otros datos no tan conocidos, ponen de manifiesto la realidad de un Gobierno que ya no cuenta con la institución militar

@javiermayorca

El lunes 17 de abril, el presidente Nicolás Maduro anunció en un acto con integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana que entregaría medio millón de fusiles con la finalidad de que los soldados de ese componente puedan “defender su barrio, su estado, las costas, los ríos, la selva y las ciudades”, de lo que describe como “las agresiones imperialistas”.
La realidad está allí: a dos días de la marcha opositora del miércoles 19 de abril, el jefe del Estado se ve obligado a poner la vista en las filas de unas turbas con nulo entrenamiento, sin convicción ni disciplina, armadas con fusiles FN descontinuados para que salgan a las calles a defender a su gobierno.
Es el mismo Presidente que una semana atrás tuvo que salir de emergencia del estado Bolívar, cubierto por el paraguas de la Guardia de Honor para protegerse de una lluvia de huevos, tomates e insultos.
La figura de un mandatario disminuido y con claros visos autoritarios también es desaprobada por la mayoría de las fuerzas militares regulares. Por eso Maduro se ve obligado a exigir la lealtad de los milicianos, definidos precisamente como “pueblo en armas”.
En el Ejecutivo hay la sospecha de que, a la hora de las chiquitas, las tropas profesionales y la oficialidad le darán la espalda a Maduro. Ya lo sugirió el general retirado Clíver Alcalá en una entrevista para el rotativo español ABC.
Es posible que amanezca el jueves y Maduro siga en el poder. Sin embargo, ese día el mandatario deberá afrontar la realidad de una institución militar menguada y poco ganada para sus propósitos.
Esta no es una situación nueva. Pero no es del conocimiento general. El primer indicio al respecto surgió en febrero, cuando el ministro Padrino distribuyó entre el generalato la Guía de Planeamiento del año 2017. En el lineamiento 12, el titular de Defensa instruyó a los jefes de unidades para que cumplan con las cuotas de selección de personal, diseñen políticas “para incentivar la permanencia en la FANB y la MB, atacar la deserción, las bajas y hacer énfasis en el empleo adecuado del personal militar”. En el punto siguiente, Padrino prevé que con los recursos disponibles no podrán llenar las plazas, y ordenó que algunas de ellas sean reasignadas a efectivos de tropa profesional.
Posteriormente han surgido nuevas pistas del deslave en la FAN. El 11 de abril, la Región Estratégicas de Defensa Integral de Los Llanos ordenó a todas las unidades bajo su mando la ejecución del plan Guaicaipuro 2016, cuyo objetivo es “capacitar, adiestrar y preparar” a integrantes de todos los componentes en la preservación del orden público. La lógica detrás de esto es que el pie de fuerza de la Guardia Nacional sería insuficiente para atender una situación de protesta generalizada, y por ende habría que incrementarlo mediante la incorporación de soldados de la Policía Militar del Ejército, así como sus equivalentes en la Armada y la Aviación.
Y todavía esto no es suficiente. Las deserciones y “permanencias arbitrarias fuera del cuartel” por parte de los efectivos de tropa son cada vez más frecuentes. Ya ni siquiera salen a buscarlos. Simplemente se hace una notificación administrativa y otra judicial. Hay unidades en Vargas, por ejemplo, que ver mermadas sus filas hasta en 40% como consecuencia de esta situación.
Para evitar sorpresas, el lunes 17 de abril enviaron a grupos de orden público de la GN la notificación sobre la restricción de los permisos “y mantener el máximo personal disponible”. Esta fuerza eventualmente tendría que incorporarse en apoyo “a labores de inteligencia”.
Los tenientes del Ejército se pronuncian
Lo que hay en la FAN no es suficiente para el Gobierno. Y cada vez con más frecuencia va contra los propósitos de la “revolución”. Hay que poner atención en los expedientes que está instruyendo la Dirección de Contrainteligencia Militar. Desde marzo están siendo ventilados ante los juzgados militares de Caracas dos grandes casos que involucran a oficiales activos del Ejército, la fuerza clave en el soporte al actual proceso político. Ya no son generales o coroneles, como se decía en los días del llamado Golpe Azul. Ahora son oficiales subalternos. El último caso involucra a más de veinte. Básicamente tenientes y primeros tenientes. Les imputan rebelión militar y traición a la Patria. Es el mismo expediente en el que aparece investigado el general de brigada retirado Angel Vivas. Tres de los señalados habrían desertado, e incluso se investiga si salieron a Colombia. Los demás permanecen recluidos en la cárcel de Ramo Verde.

PS: luego de la publicación de las primeras versiones de esta columna, en Tal Cual y Runrunes, trascendió el ataque a tiros contra la residencia presidencial La Viñeta, que involucra a tres oficiales subalternos de la Armada. Sobre este caso hay dos hipótesis. La primera, filtrada de manera oficiosa, es que estos militares se emborracharon y no encontraron mejor forma de canalizar sus frustraciones que emprendiéndola a tiros contra la referida instalación. La otra es que esto se trata de un aviso al Ejecutivo. Como quiera que sea, ambas versiones dicen mucho sobre el deterioro de la imagen presidencial en el seno de la FANB.

Breves

*Luego de la “madre de las marchas”, el 19 de abril, las protestas continuaron en distintas partes del país. En la avenida Perimetral de San Antonio de los Altos hubo un tiroteo en el que mataron al sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana Neomar San Clemente Barrios e hirieron al jefe de Estado Mayor de la Área de Defensa Integral 444 de Miranda, coronel (GN) Juan Carlos Arias. Del cadáver de San Clemente fue extraído un proyectil. La comparación balística mediante programas informáticos efectuada por la policía judicial determinó que había salido de un arma que aparecía decomisada por agentes de la Policía del Municipio Sucre durante un procedimiento llevado a cabo el 9 de marzo de 2016. Es una pistola Steyr calibre 9 mm serial 022629. El registro correspondiente como arma incriminada fue hecho por Cicpc el 31 de marzo de ese mismo año. El 7 de junio, la pistola fue remitida con constancia escrita a la Zona de Defensa Integral Miranda, donde se supone que la FAN debía custodiarla y tenerla a las órdenes del Ministerio Público, pues se trata de un arma señalada en un expediente penal. Ahora, la pistola está de nuevo en la calle, y sus primeras víctimas son precisamente los militares.

Los blindados del Conas
*El director del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional general de brigada Ramón Pimentel Avilán prohibió a los efectivos de esa unidad el uso de vehículos VN4 para el traslado de los efectivos de esa unidad militar a los sitios donde deban participar en operaciones para el restablecimiento del orden interno. Los integrantes del Conas han tenido que desviar sus esfuerzos de la lucha antisecuestros para hacer “inteligencia” sobre las manifestaciones, y remitir informes sobre quiénes son sus líderes y las personas que los apoyan. Los VN4, tal y como se ve en la foto, son blindados para uso táctico, y en el caso del Conas no están configurados para afrontar manifestaciones, por lo que el riesgo de perderlos es muy elevado.

*El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz adelanta la adquisición de 22 aeronaves no tripuladas o drones con la supuesta finalidad de complementar los trabajos de vigilancia en seguridad ciudadana para el Distrito Capital. La planificación correspondiente indica que estos aparatos solo serán usados en el municipio Liberador, a razón de uno por cada parroquia. Cada dron deberá tener en tierra un personal especializado en su manejo, así como también en la lectura de las imágenes que arrojen las cámaras y, desde luego, en el mantenimiento. Los municipios mirandinos de la capital (Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo) quedaron excluidos de esta planificación.

*Ante el incremento de la conflictividad política, el jefe del Estado activó en Miraflores un Puesto de Comando Presidencial. Allí convergen delegados o representantes de la Fuerza Armada Nacional, el MRI, el Sebin y demás cuerpos de seguridad oficialistas, incluida la dirección de Tránsito de la Policía Nacional. La coordinación de este dispositivo es responsabilidad del titular de Defensa y del Ceofanb Vladimir Padrino. La idea es lograr mayor fluidez y rapidez en la transmisión y cumplimiento de las órdenes.

*La desmovilización de las FARC y la ocupación de los espacios que antes dominaba este grupo por elementos del ELN y nuevas bandas criminales (algunas compuestas por guerrilleros que se negaron a entregar sus armas) sería uno de los factores que incide en el alza de los homicidios en el estado Apure. En los primeros tres meses del año estos crímenes han repuntado 70% con respecto al mismo período de 2016. También se han incrementado las muertes por “resistencia a la autoridad” en 14%.  Esto hace que Apure sea, en términos de incremento porcentual, el estado más violento de Venezuela en la actualidad. Un representante de los ganaderos de la zona indicó que a los antiguos miembros de las FARC les pagaron una especie de liquidación. Ahora, al no tener el paraguas de la guerrilla colombiana, supuestamente han formado nuevos grupos o se han aliado a los elenos. Además, Apure sigue siendo el punto de despegue preferido para los vuelos clandestinos que salen hacia los países de Centroamérica y el Caribe, cargados con drogas. Los municipios más violentos han sido San Fernando, Achaguas, Biruaca y Páez.


*La Policía Nacional Bolivariana continúa en franco deterioro. El cuerpo civil armado más importante del país da todos los días pruebas de la incorporación de sus agentes al delito. Antes eran oficiales rasos, y los expertos atribuían sus “desviaciones” a la escasa formación y problemas de supervisión derivados del incremento explosivo en el pie de fuerza de la institución. Ahora se ve a funcionarios del nivel más alto de la jerarquía de ese cuerpo implicados en casos que indican a todas luces la existencia de poderosas redes criminales. Los últimos ejemplos son claros: en Apure una comisión del Ejército apresó el 6 de abril a diez oficiales de la PNB, 2 de Poliaragua, un empleado de MinSalud y 2 civiles por estar incursos en el supuesto tráfico de 298 panelas de marihuana. Entre los implicados figura una supervisora agregada y dos oficiales jefes. El lunes 17 de abril la GN apresó en Lara a cinco agentes que supuestamente exigían Bs 1 millón a un comerciante para no implicarlo en un expediente penal. Entre los detenidos está un supervisor agregado de 44 años de edad. La reestructuración de este cuerpo, anunciada por el presidente Maduro, hasta ahora no es más que un canto a la bandera. 

domingo, 9 de abril de 2017

Niños feroces

Cada día más menores de edad se incorporan a la vida crimnal, pero el Ejecutivo solo habla de paramilitares. El caso de Sabana Grande es un anuncio de lo que vendrá si no se toman medidas urgentes

@javiermayorca

Los homicidios de dos sargentos del Ejército a manos de un grupo de menores de edad en el bulevar de Sabana Grande, la madrugada del sábado 25 de marzo, no pueden ser vistos como hechos aislados a casuales. Por el contrario, fueron la consecuencia de procesos en los que niños y adolescentes de ambos sexos han ido involucrándose cada vez con mayor intensidad en el círculo de la violencia.
Uno de los aspectos más llamativos de este caso es que hasta el momento no se ha podido comprobar la existencia de ninguna relación previa entre los militares y los jóvenes que los mataron a cuchilladas y punzadas. En los anales policiales queda catalogado como el producto de una “oportunidad”, es decir, la convergencia de víctimas y victimarios en un mismo lugar sin que hubiese una autoridad que impidiese el resultado trágico, precipitado por la oposición al robo. En esto, el crimen contra los sargentos se parece mucho al homicidio del teniente coronel Eliécer Otayza, en el sector La Palomera de El Hatillo durante el mes de abril de 2014. En ambos casos, las muertes fueron producto de acciones colectivas y muy cruentas.
La muerte de Otayza debió encender las alarmas de la sociedad, pero fue desvirtuada por el propio oficialismo, con el argumento de que había sido el resultado de un sicariato ejecutado por supuestos paramilitares. De este modo, se perdió una oportunidad para lograr las debidas rectificaciones. Ahora, tenemos otro crimen parecido.
Entre el caso de Otayza y el de los sargentos la violencia infantil y juvenil ha ido desarrollándose en el país.
Las estadísticas del ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, conocidas extraoficialmente, indican que en 2015 fueron identificados 38 menores de edad como supuestos perpetradores de homicidios. En 2016 esta cifra se elevó a 72. Un incremento de 89%. En el grupo de los niños, es decir, seres que no tienen más de doce años de edad, fueron identificados seis supuestos homicidas.


En la mayoría de los expedientes se comprobó una relación previa entre los homicidas y las personas fallecidas. Generalmente formaban parte de su entorno familiar. En agosto de 2016, por ejemplo, un niño de siete años de edad mató con un disparo a Gladys López, de nueve años. Esto sucedió en Barinas. Aunque parezca insólito, este caso fue catalogado por la policía judicial como un “ajuste de cuentas”. Uno ve esto y entiende las profundas sospechas que hay sobre la seriedad con la que los investigadores determinan los móviles de cada crimen.
Los varones suelen ser los que primero se incorporan al delito. Pero cada vez hay más personas del sexo opuesto. En 2015 fueron identificadas dos, mientras que en 2016 la cifra se triplicó. Para ellas, la edad de inicio en la violencia homicida parece ser los quince años. No por casualidad es la misma que tiene una de las detenidas por el caso de los sargentos.
La participación de los menores de edad en la violencia es aún más evidente cuando se analizan las cifras sobre lesiones personales.


Sobre este particular consulté a la especialista en derecho de protección penal de menores y adolescentes Magaly Vásquez.
“Lo que me dicen jueces y fiscales es que los menores cada día están involucrados en delitos má satroces”, alertó.
Vásquez sospecha de los discursos exculpatorios que depositan en la sociedad toda la carga de responsabilidad por la delincuencia infantil y juvenil. Según la experta, las personas con menos de dieciocho años de edad son perfectamente concientes de que Venezuela les da un tratamiento especial cuando cometen un delito, sobre todo si poseen edades inferiores a los catorce años.
“Se sienten inmunes frente al sistema (…) De no adoptarse medidas para reforzar la protección familiar, los casos como el de Sabana Grande irán incrementándose”, sostuvo.
Estos niños y adolescentes actúan generalmente en grupos. Antes, tenían el liderazgo de un mayor de edad, probablemente alguien que creció con ellos. Pero ahora, según Vásquez, se trata de conglomerados de los que surge un líder en forma natural, ya sea porque es el más astuto o el más violento.
Y saben que cuando infrinjan las normas el Estado pronto los perdonará.

Breves

*Efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar adelantan una nueva investigación por supuesta traición a la patria, instigación a la rebelión y otros delitos contra la seguridad y el orden de la Nación y de la Fuerza Armada Nacional. Hasta ahora han sido detenidos el capitán del Ejército Angelo Heredia, quien comandaba una compañía de ese componente castrense en Coloncito, estado Táchira; el coronel retirado de la misma fuerza Ricardo Somascal Longo, quien reside en Turmero, estado Aragua, y el civil Eduardo Vetencourt, ligado al partido socialcristiano Copei. El expediente de unos 150 folios se inicia con un informe de inteligencia cuyas fuentes se desconocen (presuntos “patriotas cooperantes”) pero que presuntamente señala la formación de un movimiento conspirativo contra el presidente Nicolás Maduro en el que participarían más de cincuenta personas, entre ellas numerosos militares activos. Se cita como evidencia una supuesta reunión preparatoria en una vivienda de Los Palos Grandes, llevada a cabo en febrero de este año. Esto hace suponer que ocurrirán nuevas capturas en las próximas horas, presumiblemente de dirigentes de la tolda verde, que como se sabe atraviesa desde hace varios meses un proceso de fractura por la relación de varios de sus militantes con el oficialismo. Los detenidos fueron presentados ante el Tribunal Primero de Control Militar en Caracas, a cargo de la mayor Claudia Pérez, y actualmente permanecen en el Centro para Procesados Militares de Los Teques.

*En la Guardia Nacional hay preocupación por el comportamiento de un coronel de apellidos Lugo Armas, quien fue transferido del destacamento de la Guardia del Pueblo Norte para que velara por la seguridad en el centro de Caracas, donde tienen su asiento los poderes públicos. A él se le atribuye haber permitido, o por lo menos no haber impedido, el paso de integrantes de colectivos armados al interior del Parlamento, para que interrumpieran una sesión del 26 de octubre de 2016 en la que se iba a discutir la ruptura del orden constitucional. Posteriormente, Lugo ha sido grabado en comportamientos alejados de la investidura de un oficial de esa graduación, especialmente cuando se trata de mujeres y periodistas. Esas conductas, desde luego, han permeado en los oficiales y tropas bajo su mando. Desde la propia Guardia Nacional envían la información contenida en su hoja de vida. Allí destacan tres arrestos simples, el más prolongado duró cinco días y fue impuesto por el general de división Gerardo Briceño García (ex comandante general de la GN), debido a la supuesta violación de disposiciones reglamentarias. Las otras sanciones fueron por el incumplimiento de prescripciones reglamentarias y por falsear la verdad en asuntos de servicio. En 2005, además, lo vincularon con una averiguación penal por secuestro. Cabe destacar que esta pesquisa fue cerrada. En casos de otros oficiales, estas hubiesen sido razones suficientes para impedir que ascendiera en la jerarquía militar. Lugo, sin embargo, es depositario de la confianza de sus superiores.

El gas rojo "marca" a los manifestantes
*Un ex comandante general de la GN envía información sobre el gas rojo, utilizado para disolver manifestaciones en la avenida Libertador y en Chacao el sábado 8 de abril. El componente principal de tales granadas es el bromuro de bencilo, un polvillo de efecto urticante al entrar en contacto con las mucosas y la piel. Tiene, además, otro efecto: tiñe de rojo la ropa y la piel de las personas que se exponen a él, y esto las hace “perseguibles” aunque ya no participen en las protestas. De hecho, las partículas se adhieren a la piel y la ropa hasta por cinco días. Este agente químico fue utilizado ocasionalmente para dispersar manifestaciones en Chacao durante los meses de febrero, marzo y abril de 2014. No figura en los manuales que tradicionalmente se estudiaban en la Guardia Nacional para aprender las tácticas de control del orden público, por lo que se presume que forman parte de una nueva “doctrina”.

*Luego de que la fiscal general Luisa Ortega afirmara que en Venezuela se había roto el hilo constitucional, el Partido Socialista Unido de Venezuela y la Fuerza Armada activaron sus unidades de inteligencia y seguimiento de la información. Debido a la censura y la autocensura, los medios más revisados y analizados no son actualmente la prensa ni la televisión, sino las redes sociales. Hay un monitoreo detallado a lo que dicen o dejan de decir el gobernador de Miranda Henrique Capriles, el presidente del Parlamento Julio Borges y medios electrónicos como La Patilla y Runrunes. Todas las informaciones son copiadas y luego valoradas en términos de positivas, negativas y neutras. La Policía Nacional Bolivariana también tiene un grupo asignado para esta misma tarea. Aunque se enfoca primordialmente en asuntos institucionales y de seguridad ciudadana, también revisa la actualidad política desde una perspectiva netamente oficialista.

*La práctica de los linchamientos se ha extendido a todo el país. El Gobierno y la Fiscalía lo saben, pero poco pueden hacer al respecto. Durante 2016 fueron reportadas 90 muertes mediante la acción de grupos o colectividades, contra supuestos delincuentes. El estado donde más reportes hubo fue Monagas, con 21. Allí el ritmo de homicidios bajo esta modalidad se ha incrementado. En los primeros dos meses y medio de 2017 se han verificado 11 muertes por linchamiento. En Zulia van 17. Otro indicador más del desmoronamiento de la institucionalidad y su reemplazo por formas privadas del ejercicio de la violencia.


*Escribe una lectora para relatar algo que le sucedió a su familia durante la madrugada del 25 de febrero: “Pasamos madre susto cuando mi hija, su novio, mi sobrino y un amigo compartían en la puerta de mi casa (avenida Los Chorros de Sebucán). Bajaron por la cuadra tres tipos armados. Mi hija y mi sobrino corrieron adentro. El novio y el amigo no. Me levanté asustada al oir los gritos de mi hija. Salimos todos, pero ya se los habían llevado. Movimos cielo y tierra. La Policía de Sucre, que está a una cuadra, no contestó nunca. Gracias a Dios, aparecieron en La Castellana. Estaban a pie. Contaron que fueron guardias nacionales los que los detuvieron, les pegaron y los robaron. Les quitaron los celulares y una botella de ron. Eran seis en un jeep, con una mujer. Les dijeron: “Cuento cinco o les disparo”, y los soltaron. A uno de ellos le dieron con la cacha de un fusil en las costillas. Ahora no sabemos quiénes nos cuidan”.