Publicidad

domingo, 13 de agosto de 2017

Después del asalto

*La irrupción de un grupo armado en el fuerte Paramacay de Carabobo tenía un propósito inmediato, que era el apertrechamiento con material de guerra. La pregunta es para qué lo usarán los protagonistas de la operación David. Mientras tanto, en la FAN se inició una temporada de caza

@javiermayorca

Lo ocurrido en el fuerte Paramacay del Ejército durante la madrugada del domingo generó mucha confusión y especulaciones en todo el país. Por momentos, hubo la sensación de que la situación estaba fuera de control, y que se avecinaba una nueva asonada militar.
Nada de eso ocurrió. A pesar de la mediocridad de los mandos castrenses, que llegaron al sitio del suceso unas siete horas después de la irrupción para enviar un mensaje en video, lo cierto es que no hubo golpe ni sublevación. La razón es muy simple: más allá de la propaganda de uno y otro bandos, la naturaleza de la acción llevada a cabo ese día en la gran unidad militar de Carabobo no tenía como primera pretensión el cambio del régimen, sino el apertrechamiento con armas de guerra.
En dos platos, hablamos de un asalto.
Esto indica que el grupo encabezado por al capitán retirado de la Guardia Nacional Juan Carlos Caguaripano Scott comenzó la llamada Operación David buscando los fusiles, las granadas y las municiones que le hacían falta.
Ahora, la Contrainteligencia Militar y el Sebin intentan deducir por dónde irán los próximos tiros. A través del Ceofanb, ordenaron a todas las unidades militares el reforzamiento de la vigilancia perimetral en los cuarteles, e igualmente la activación de escuadras ligeras de reacción inmediata, conformadas por una decena de efectivos de tropa, atentos día y noche para sofocar el descontento en sus propias filas.
Al mediodía del domingo, cuando todavía no se sabía a ciencia cierta dónde podrían estar los doce hombres que escaparon con buena parte del polvorín de la brigada blindada, se ordenó que los comandantes de zonas operativas de defensa integral pasaran revista a las unidades acantonadas en sus territorios. En Vargas, por ejemplo, el general de división Solís Martínez hizo una revisión presencial a las tropas y sostuvo que todos los profesionales de armas deben estar comprometidos con la “revolución bolivariana”.
Suárez Chourio y su video
El lunes continuó la persecución a lo interno de la FAN. Se reportaron detenciones preventivas en la Armada y el Ejército. En este último componente un coronel que laboraba en Apure, Bendahan Coutinho, fue puesto a resguardo cuando encontraron un mensaje en uno de sus celulares que fue considerado como “contrarrevolucionario”. El oficial, graduado en la promoción 1987 (compañero de Diosdado Cabello), ejercía labores de relaciones públicas. Fue la misma táctica aplicada días atrás para buscar argumentos que justificaran la detención del general de división Rolando Esser del Lima. De la misma forma implicaron en instigación a la rebelión a un coronel del Ejército en Trujillo.
El martes a las 5 am una comisión de la Dgcim trasladó sin previo aviso al general en jefe del Ejército Raúl Baduel desde su lugar de reclusión en Ramo Verde a la sede del cuerpo de inteligencia en Boleíta. Previamente se había reforzado con blindados y más tropas la vigilancia a la cárcel. Pero eso como que no bastó. El propio abogado de Baduel, Omar Mora, cree que se trató de una reacción de temor ante la posibilidad de un rescate con las armas robadas del cuartel de Valencia.
La espectacular incursión en la principal unidad blindada del Ejército ha desatado reacciones en todos los frentes. En la FAN se inició la temporada de caza.
PS: luego de entregada la versión de esta columna que publicaron Runrunes y Tal Cual el jueves 10 de agosto fueron detenidos el capitán Caguaripano y el teniente Yefferson García Dos Ramos. Fue un hecho si se quiere fortuito. Pero independientemente de eso hay dos aspectos que llaman la atención. Por una parte, la desesperación del ministro de la Defensa Vladimir Padrino en atribuir la captura a unidades de la Fuerza Armada, cuando fue el producto de un procedimiento de policía preventiva en La California. Además, se filtraron informaciones a ciertos influenciadores de opinión para dar la impresión de que con Caguaripano y García habían caído más integrantes del grupo que llevó a cabo la operación David, y que además fue incautado un importante lote de armas, cuando en realidad solo han localizado algunos fusiles y granadas enterrados en la proximidad de la 41 brigada blindada, envueltos en una lona.
Esta desesperación de los mandos militares, unida a la ausencia de controles legales, podría sentar las bases para que los oficiales sean torturados en Contrainteligencia Militar, tal y como lo han sugerido la mamá y la esposa de Caguaripano en declaraciones públicas. A estas alturas, nadie cree en las seguridades que permanentemente declara el ministro Padrino sobre la sujeción de sus procedimientos a la normativa de Derechos Humanos.

Breves

*En julio la encuestadora Gallup presentó su Indice Mundial de Ley y Orden (Global Law and Order Index). Para este trabajo fueron entrevistadas 136.000 personas en 135 países. Les hicieron cuatro preguntas para medir la confianza en los cuerpos policiales locales, la percepción de seguridad y la victimización por robo y hurto durante el último año. “Los resultados alrededor del mundo fueron desde el tope de 97 para Singapur hasta el bajo de 42 en Venezuela. En 2016, mientras Venezuela descendía en el desorden, solo 12% de sus residentes dijeron sentirse seguros caminando de noche solos en los lugares donde viven, y 14% expresó confianza en sus policías. Ambos porcentajes no solo son los más bajos registrados para Venezuela sino también los más bajos que Gallup ha medido en todo el mundo desde 2005. Al mismo tiempo, 38% de los venezolanos dijo que les habían robado dinero o alguna propiedad durante el último año –un récord.” Esto equivale a más de diez millones de personas víctimas de asalto o hurto en doce meses. De acuerdo con el informe, solo se han visto cinco países en los que la gente reconozca haber sido robada con mayor frecuencia que en Venezuela. Todos quedan en el Africa Subsahariana.

*Lo que espera con el fiscal designado por la ANC Tarek William Saab. Para el momento de la redacción de esta nota, habían transcurrido más de 24 horas desde la muerte de un joven manifestante en Barquisimeto. Se trata de Eduardo Orozco de 19 años de edad. En las primeras de cambio, la Guardia Nacional divulgó una minuta para señalar que había fallecido en el curso de un “enfrentamiento” con efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de ese componente (Conas) en el sector Bellas Artes de Barquisimeto. El domingo, fue ultimado en Valencia Ramón Rivas, dirigente de Avanzada Progresista. En ninguno de estos casos hubo pronunciamiento público de la Fiscalía en cuanto al inicio de las pesquisas y las circunstancias en las que se produjeron estos hechos. En cambio, el despacho de William Saab sí se pronunció con diligencia sobre el escrache del que fue objeto la rectora del Consejo Nacional Electoral Socorro Hernández, mientras hacía compras en una carnicería. El mensaje es claro: esta Fiscalía estará muy atenta para proteger al poder y no a los ciudadanos que expresan su descontento en la calle.

*El ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz maneja una interesante estadística que permite conocer cómo se ha comportado la criminalidad durante la primera mitad del año. En ese lapso fueron denunciados 14.409 robos genéricos. No se incluye el robo de vehículos, sobre el cual se hace una consideración aparte. En el MRI están satisfechos puesto que la cifra representa una disminución de 7% con respecto al mismo lapso de 2016. Esto puede tener múltiples interpretaciones. Todas pasan por incorporar en el análisis el impacto que ha tenido la conflictividad política, que definitivamente ha desacelerado la actividad económica, y por ende ha restado oportunidades para el robo de bienes. Cuando se revisa de manera un poco más detallada, encontramos que durante la primera mitad del año han sido denunciados los robos de 7.187 teléfonos celulares. El número es desde luego un pálido reflejo de la realidad, puesto que casi nadie acude a Cicpc para notificar que lo han despojado de estos aparatos. Aún así, los antisociales han incrementado en 23,4% los robos en este rubro. Una posible explicación es la rebatiña que se produce durante las manifestaciones, en las que policías y delincuentes unen fuerzas para victimizar a las personas que se oponen al Gobierno. También que los delincuentes aprovechan cualquier oportunidad que se les presenta para despojar a los transeúntes de estos codiciados dispositivos, mientras circulan por las vías públicas.

Policía o soldado
*Lo del cambio del uniforme de la Policía Nacional Bolivariana, además de representar un gran negocio, es indicador de un giro en el carácter del trabajo que desempeña la institución. Se debe recordar que el atuendo anterior, de pantalón azul y camisa caqui, fue decidido en función de la imagen que debía transmitir un cuerpo de seguridad preventiva, caracterizado por la proximidad de sus agentes con las comunidades. Había además una intención de diferenciarlo de los demás cuerpos policiales, puesto que los municipales llevarían la camisa verde, y los estatales una azul. Pero todo esto dentro de un concepto más orgánico. El nuevo uniforme, de camuflaje gris y negro, fue decidido según el siguiente criterio: “Estudios internacionales demuestran que el camuflaje tradicional puede ser detectado por el ojo humano en un segundo, mientras que el camuflaje pixelado (usado por la PNB) puede ser detectado en dos segundo y medio, y esto puede marcar la diferencia entre vivir o morir”. Este es el análisis hecho en la propia policía. Estamos entonces ante un cuerpo que pasó de concebir su trabajo en términos de prevención del delito y de los conflictos a otro que se ve a sí mismo como instrumento de combate. Esto es de por sí peligroso, pero mucho más en el ambiente altamente politizado que caracteriza a la PNB desde su nacimiento.

*Llegan documentos sobre el impacto que ha tenido la acción de grupos delictivos sobre las operaciones de los campos petroleros en Trujillo. Los delitos más frecuentes en los municipios Andrés Bello, Sucre y La Ceiba del referido estado son la extorsión, el robo de vehículos y los robos y hurtos de “materiales estratégicos” utilizados por Petróleos de Venezuela en sus operaciones. Las acciones de los cuerpos policiales y de la Guardia Nacional son espasmódicas, y por ende tienen escaso efecto. Ahora, indica un informe, el hampa se ha adueñado de los espacios aledaños a los campos, y “el personal siente temor de realizar denuncias formales ante los organismos de seguridad del Estado sobre las amenazas recibidas de parte de personas armadas”. Uno de los incidentes reportados ocurrió el 22 de mayo en El Tigre, un poblado del municipio Andrés Bello, donde 40 sujetos provistos de armas largas detuvieron un transporte de personal que iba a la planta Motatán II, inspeccionaron el vehículo y luego le permitieron el paso. Esto indica que, además de las bandas criminales, es probable que en Trujillo operen elementos de grupos irregulares.

*El 1 de agosto una avioneta Piper Séneca se estrelló cuando intentaba despegar de la pista de Rubelsanto en Guatemala. Dos hombres resultaron lesionados. El accidente fue grabado por completo por personas que vigilaban el movimiento de la aeronave. Las autoridades aeronáuticas guatemaltecas indicaron que el plan de vuelo daba como destino Ciudad de Guatemala. Pero los investigadores del caso creen que iba a Venezuela, toda vez que le habían colocado una calcomanía con las siglas falsas YV-1539. El aparato se estrelló por sobrepeso. Nunca pudo ganar más de diez metros de altura, debido a la cantidad de combustible que había cargado en tanques adicionales. Una vez apaciguada la conflictividad política, resurgen los datos sobre la reactivación de los vuelos ilícitos en Apure y el sur del lago de Maracaibo.

domingo, 30 de julio de 2017

FANB y constituyente

*La convocatoria a una ANC por el presidente Maduro tomó por sorpresa a la Fuerza Armada, y representa una amenaza al concepto de institucionalidad que los militares intentaron construir durante la era chavista

@javiermayorca

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente fue un hecho sobrevenido y sin planificación alguna. Cuando el presidente Nicolás Maduro hizo el anuncio, durante una intervención pública el 1 de mayo, la información correspondiente solo estuvo circulando en el Ejecutivo durante el fin de semana previo. Julio Borges la pescó.
Es probable que cuando Maduro hizo su invocación durante el acto en la avenida Bolívar ya algunos militares estuviesen enterados de lo que venía. Pero la institución castrense como un todo fue tomada por sorpresa. No había documentos ni propuestas que sustentaran y justificaran la elaboración de una nueva Carta Magna. Cero discusiones en los estados mayores.
Y Maduro fue elaborando sobre la marcha. Una semana después, en vista de que los militares no terminaban de tragarse el disparate, el Comandante en Jefe planteó la necesidad de una “constituyente militar”, y ofreció que la asamblea guardaría unas plazas para los profesionales de armas, sin que tengan que someterse a votación.
El GD Rolando Esser, detenido
La constituyente planteó para la Fuerza Armada toda una alteración de su rutina. En los calendarios trazados a finales de 2016 no había ejercicios para una Operación República. Mucho menos había presupuesto para eso. Todo tuvo que hacerse de manera improvisada, contra la voluntad de buena parte de la oficialidad, incluidos los generales que hasta junio comandaron el Ejército y la Aviación.
En la base de la pirámide militar, los oficiales de las promociones egresadas más recientemente de las academias de cada fuerza tampoco salían de su asombro. En la tercera semana de mayo, convocaron a los que tenían hasta 10 años de servicio (tenientes, primeros tenientes y capitanes) para que acudieran a Caracas a escuchar unas charlas con las que intentarían convencerlos de que la constituyente de Maduro es en realidad una continuación del “legado” de Comandante Supremo y Eterno. Sí, el mismo que se cansó de decir que la Constitución del 99 era “la mejor del mundo”.
En este lapso, los militares también han hecho sus aportes a la población penitenciaria. No importa si están abiertamente contra el régimen, como el coronel retirado de la Guardia Nacional Hidalgo Valero, o si apenas hay una sospecha sustentada sobre mensajitos ambiguos de whatsapp, como ocurre con el general de división de la Aviación Rolando Esser de Lima, vicepresidente de Corpovex.
“Están aplicando la rastropesca”, advirtió en mayo un operador de inteligencia. Es el método peculiar de las purgas, durante las cuales se llevan por delante a algunos pecadores y a muchos justos. Desde luego, en estos procesos terminan pagando también los oficiales que se hacen llamar “institucionales”. No hay neutralidad posible.
La constituyente de Maduro también cuestiona la institucionalidad militar, aún en los términos tan particulares que trató de imponer Chávez. En los tiempos del teniente coronel, la oficialidad sentía mayoritariamente que tenía a uno de los suyos en la Presidencia. Y por eso le aguantaron sus deslices y lloraron su muerte. Con el heredero sucesor ese nexo se perdió.
Por eso Maduro se quedó sin Fuerza Armada. Por eso los tenientes y sargentos graban mensajes y los cuelgan en Youtube, anunciando lo que tarde o temprano se manifestará.

Breves

*El gobierno estadounidense, por medio del Departamento del Tesoro, impuso sanciones contra trece funcionarios, exfuncionarios o dirigentes del oficialismo. Es el tercer grupo de oficialistas sancionados. Hay que resaltar varios aspectos. Por una parte, llama la atención algunos que no figuran en la lista. Dos nombres fundamentales son los del general en jefe Vladimir Padrino y el diputado Diosdado Cabello. Sobre Padrino existe la convicción de que se trata de un militar “irrecuperable” para la causa democrática. Sus propios familiares han enviado mensajes grabados en ese sentido. Sin embargo, por ahora, el gobierno estadounidense se abstuvo de congelar sus fondos. Ahora bien, las medidas anunciadas el 26 de julio no fueron retaliaciones por nexos directos con el tráfico de drogas sino por participar en violaciones a los Derechos Humanos (Lista Obama). Por eso llama la atención la inclusión de cuatro personas: Rocco Albisini (presidente del Cencoex), Alejandro Flemming Cabrera (expresidente de Cencoex), Simón Zerpa (vicepresidente de Finanzas de Pdvsa) y Carlos Malpica Flores (ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa). Ellos no se han visto involucrados directamente en la ejecución de la represión. Hay además otros aspectos que no han sido convenientemente analizados aún. Fueron sancionados los jefes máximos de dos poderes públicos, como son Tibisay Lucena (Electoral) y Tarek William Saab (Moral), que se unen en la lista del Tesoro al presidente del TSJ Mickael Moreno, sancionado en mayo, y el vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami. Entonces, están prácticamente todos los representantes de los poderes públicos, salvo el Legislativo. Esto implica que, para EEUU y probablemente para la mayoría de la comunidad internacional, Venezuela entra de hecho en la categoría de Estado forajido o canalla. Es decir, donde no hay respeto a las leyes, ni en el plano interno ni en el internacional. Donde los derechos humanos son meras entelequias. Una situación que traerá consecuencias en muy corto plazo.

*Agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar detuvieron al teniente coronel de la Guardia Nacional Francisco Gregorio Colina, quien fuera hasta mediados de julio el jefe de armamento del Comando de Zona del componente en el estado Apure (número 35). Igual medida recayó sobre los sargentos Carlos Tinedo y Wilmer García, que cumplían funciones de vigilantes del parque de armas de la misma unidad. La investigación se inició al tenerse información sobre supuestos faltantes de armas. Al comandante de imputarán sustracción de efectos de la Fuerza Armada y abuso de autoridad entre otros delitos. Al momento de escribirse esta nota, el oficial y los suboficiales eran trasladados por una comisión hacia un juzgado castrense en el estado Guárico.

Hung herido 16 veces
*Estupor en medios militares ocasionó el asesinato del teniente coronel del Ejército José Manuel Hung Chang, un oficial que había desertado de la Fuerza Armada, luego de que le negaran la baja que había solicitado. Hung, de 53 años de edad, fue ultimado el martes 11 de julio a las 6 am por sujetos que le propinaron 16 cuchillladas en las cercanías del condominio Don Mares, en el sector Betania de Panamá. El oficial vivía con humildad en Venezuela, y ante el deterioro de la situación social y política vendió lo que tenía y en 2015 se fue al país centroamericano junto a su mujer e hijos. Cuando desertó de la Fuerza Armada, desempeñaba una posición administrativa en el Ministerio de la Defensa. Hasta ahora, el caso permanece impune en ese país. No se descarta que haya sido víctima de un homicidio por encargo.

*La FANB elaboró un censo de las llamadas “fuerzas de choque”, activadas para la defensa del proceso constituyente. Estos grupos están ligados a distintos despachos gubernamentales. El registro correspondiente con nombres, apellidos, cédulas de identidad y organismo donde trabajan es llevado por las distintas zonas militares, las cuales a su vez envían la información actualizada al Comando Estratégico Operacional. Algunos de estos grupos están integrados por milicianos que se redondean el salario ofreciendo servicios de seguridad a empresas estatales.

*Para el momento de la redacción de esta columna, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ha detenido a tres de los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designados por el actual Parlamento y juramentados en un acto público celebrado en la plaza Sadel, el 21 de julio. La policía política, que responde a los designios de los radicales del oficialismo, se juega la carta dura y entorpece el proceso de negociaciones adelantado a través del exjefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. Los abogados son sometidos a juicio ante tribunales militares, que están diseñados para impartir penas ejemplarizantes en las filas castrenses, y no para seguir las formalidades del debido proceso y el derecho a la defensa. A esto se le llama “justicia de comando”, pues además los procesos judiciales son iniciados por mandatos de la superioridad, empezando por el Comandante en Jefe. De manera que el propio Maduro con su orden de detener a los nuevos magistrados ha terminado por cerrar las puertas a cualquier entendimiento con la oposición en vísperas de la elección para la Asamblea Nacional Constituyente.

*560 saqueos registró el Ejecutivo durante los primeros seis meses del año. Esta es una cifra parcial, pues no incluye casi ningún apoderamiento de mercancía en camiones. Según fuentes gubernamentales, esos son vistos como simples robos. Los meses de mayo y junio abarcaron el 85% de los casos reportados. Un lector desprevenido podría inferir la existencia de una correlación casi directa y causal entre las protestas contra el régimen y las arremetidas contra los comercios. Pero un análisis de la casuística permite concluir que es necesario incorporar otros factores, como por ejemplo la ausencia de policías o militares, o como se ha visto en numerosos casos la participación activa de funcionarios de cuerpos de seguridad en tales actos. Así sucedió en Valencia y Cumaná. Por cierto, la arremetida de las turbas contra el parque industrial de Carabobo hizo que este estado lleve la delantera en cuanto al número de casos, con 210.

domingo, 16 de julio de 2017

¿Se desinfla la cúpula militar?

El ascenso de 140 oficiales al generalato venezolano, aunque parezca una cifra exagerada, representa realmente una sensible disminución con respecto a los años anteriores. Quizá en el Gobierno se dieron cuenta de que, como reza el refrán, hay mucho cacique para tan poco indio

@javiermayorca

En medio del desbarajuste ocasionado por las protestas generalizadas en el país, el presidente Nicolás Maduro ascendió a 140 oficiales a los distintos grados del generalato y sus equivalentes en la Armada.
Estos ascensos permiten extraer un conjunto de conclusiones, aunque no definitivas, sobre el curso de las cosas en el seno de la institución militar. Se trata de un tema que debe ser abordado y discutido por la sociedad en pleno, desde una perspectiva informada y con sentido profundamente civilista.
En primer lugar, la cifra incluye el caso de Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en respuesta a la citación que le hizo el Ministerio Público en calidad de imputado, por estar incurso en violaciones a los Derechos Humanos durante las acciones de represión contra quienes han participado en manifestaciones a partir de abril.
Maduro, y nadie más, envía un claro mensaje, tanto a lo interno de la Fuerza Armada como al país en general, sobre su disposición de jugar “cuadro cerrado” con aquellos militares que le son leales, incluso, violentando los límites que solían imponerles las leyes del país. Chávez también actuó así en 2010, cuando promovió al mismo grado al actual gobernador de Trujillo, Henry Rangel, con el ánimo de despejar cualquier duda de su respaldo a un oficial que era señalado desde el Departamento del Tesoro de EEUU como pieza fundamental en el esquema de “drogas por armas” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Pero hay otros aspectos relevantes en este proceso.
La cifra de 140 ascendidos a los grados de generales y almirantes pareciera desproporcionada para unas fuerzas militares que nunca han participado en una guerra regular. Ahora bien, todo depende del punto de comparación. Durante la segunda administración de Rafael Caldera (1994-1999), lo usual era que aproximadamente 40 oficiales entraran en la élite del generalato o llegaran a la cúspide de la pirámide, representada entonces por el grado de general de división o vicealmirante. Si se toma en cuenta este promedio, los ascensos otorgados por Maduro este año fueron exorbitantes.
Pero las cifras de ascensos de los últimos años parecieran indicar otra cosa. Veamos.


 Los primeros cuatro años de la serie corresponden a los ascensos al generalato decididos por Hugo Chávez entre 2009 y 2012. En ese lapso, el promedio anual de oficiales promovidos al grado superior fue 141. Durante la era Maduro la media ha sido 193. Es decir, el actual Presidente ha engrosado el generalato en promedio mucho mayor que el período en que Chávez fue más generoso con los profesionales de armas.

Maduro definitivamente devaluó los grados más importantes de la FANB. Cuando comenzó la era democrática, las fuerzas armadas venezolanas solo tenían un general en jefe, Eleazar López Contreras. Un grado concedido de forma honorífica a un oficial que fue presidente del país y contribuyó a la transición hacia la democracia. La antigua legislación militar establecía que este grado solo podía ser conferido por el Jefe del Estado, previa aprobación mediante mayoría calificada del Poder Legislativo, a aquellos profesionales de armas que hayan tenido “hechos de armas distinguidos” en tiempo de guerra, y en tiempo de paz en “recompensa a méritos excepcionales y especiales servicios a la Patria”.
En los últimos 18 años han otorgado el máximo grado de la FAN a oficiales investigados por tráfico de drogas y corrupción, e igualmente como simple retribución a la lealtad política. Chávez y Maduro ascendían a esta posición a los militares que designaban para el Ministerio de la Defensa.
De allí hacia abajo, la más absoluta discrecionalidad en medio de una ausencia total de controles externos. Ahora, los generales y almirantes son caciques sin indios que comandar. En el caso de Maduro, esto puede guardar relación con un interés de ganarse favores en la cúpula castrense, por caer bien en un medio del que poco o nada entiende.
Ahora bien, este año podría marcar una ruptura con la tendencia que traían los ascensos. En 2017 la cifra de oficiales favorecidos con los grados más altos de la FAN ha sido la menor de toda la década. Con respecto a 2016, este año fueron ascendidos a la cúspide militar 25% menos oficiales.
El exceso de generales ha fomentado la militarización de la administración pública, en ámbitos como la gestión económica, la salud y la educación. El último nombramiento que va en esta línea fue el del general de división (GNB) José Pinto Gutiérrez para la rectoría de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, donde se forman los policías civiles de prevención e investigación.
Es posible que el presupuesto militar ya no dé para mantener tantos soles. También es posible que tantos soles acumulados tampoco hayan servido para darle luces al Gobierno.  

Breves

*1090 personas permanecen detenidas en locales de la Policía Nacional Bolivariana en Distrito Capital. Son 19 instalaciones, muchas de las cuales no reúnen las condiciones mínimas para esta finalidad. El cuerpo pionero del “nuevo modelo policial” aloja a sus presos en oficinas administrativas, habitaciones transformadas en celdas y todo tipo de espacio que pueda servir para mantener a detenidos. En fin, lo mismo que se hacía antes, cuando ese “nuevo modelo” no existía. Al 9% de la población bajo custodia de la PNB en Distrito Capital le imputan “alteración al orden público” y otros delitos, es decir, se trata de personas aprehendidas por protestar contra el Gobierno. 26 de ellos tienen menos de 20 años de edad. Están en las sedes de Boleíta, Coche, San Agustín, Antímano y El Valle, mezclados con presos por delitos comunes. Varios de ellos están en el proceso de tramitación de la fianza, pero han tenido dificultades para encontrar los fiadores que en cada caso son exigidos. Este factor viene a unirse a las dificultades que ya se afrontaba en las distintas sedes de la PNB para albergar a los presos, debido al retardo procesal y a la dilación del ministerio para Servicio Penitenciario para asignar los llamados “cupos” en los internados judiciales. Por ejemplo, 463 detenidos se encuentran en lo que llaman “fase de investigación”, mientras que 386 están a la espera de audiencia preliminar y otros 38 ya cumplen condena en estos lugares.

Lamas también vendía perros
*El 24 de junio fue extraditado desde Colombia a EEUU el piloto y militar retirado venezolano Yazenki Antonio Lamas Rondón. Este hombre de 37 años de edad fue capturado en Bogotá el 9 de junio de 2016, en atención a una notificación roja cursada desde EEUU a través de Interpol. Es señalado de participar en el transporte con aviones de 1600 kilos de cocaína. Aunque había pasado a retiro en 2008, mantenía intactos sus nexos con oficiales activos de la Fuerza Armada, especialmente de la Aviación. La solicitud de extradición que cursó en la Corte Suprema de Colombia revela que los indicios de la participación de Lamas en el traslado de drogas fueron recabados entre abril de 2014 y noviembre de 2015, es decir, durante 19 meses. Pero se cree que sus actividades se remontan a mucho tiempo antes: “(…) Como parte del concierto para delinquir Lamas Rondón sobornó a autoridades militares venezolanas para evadir la interdicción de las aeronaves que entraban en el espacio aéreo venezolano desde Belice, Honduras, México, y otros países”. El oficial retirado gustaba utilizar aeronaves de matrícula estadounidense, en especial un King Air que una década atrás había pertenecido una agencia gubernamental norteamericana. Su último viaje a Colombia supuestamente tuvo dos propósitos: trazar alianzas con el clan Usuga (antes Los Urabeños) y presenciar una exposición de perros, por los que tenía tanta afición que había inscrito una empresa para venderlos en el exterior. La revista Semana informó que el gobierno venezolano habría intentado disuadir al presidente Santos de dar la luz verde a la extradición de Lamas, durante una reunión en La Habana entre representantes de ambas administraciones. Lamas será enjuiciado en la Corte del Distrito de Columbia, en Washington.

*En 2016 el Gobierno no publicó cifras definitivas sobre los decomisos de drogas. Ya en los años anteriores habían omitido la divulgación detallada de tales cifras en la web de la Oficina Nacional Antidrogas y en los informes de Memoria y Cuenta del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Ahora fueron un paso más allá, y no entregaron las estadísticas oficiales a los enlaces policiales y representantes de organismos multilaterales que adelantaban algunos convenios de cooperación en materia de prevención e interdicción contra las drogas ilegales. La falta de transparencia llevada a este plano impide la continuidad de tales iniciativas, pues no hay manera de medir si tienen éxito o si fueron cumplidas las metas fijadas con antelación. Pero la cosa va más allá. El riesgo, indicó un enlace policial, es que desde los despachos del propio Ejecutivo estén traficando con los alijos que se supone han sido decomisados. El enfrentamiento con el Ministerio Público deja a sus anchas a los cuerpos policiales dependientes del Ejecutivo.

*Un informe elaborado por el American Enterprise Institute, llamado Capos y corrupción (Kingpins and corruption) advierte el efecto que están teniendo sobre la delincuencia organizada transnacional los procesos simultáneos de desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el involucramiento directo en el tráfico de drogas y el lavado de dinero de altos funcionarios del gobierno venezolano. Ambos aspectos están interconectados. Por una parte, hay elementos de la extinta guerrilla colombiana que han decidido incorporarse al Ejército de Liberación Nacional (ELN) o formar sus propios grupos, en especial en territorios que anteriormente eran ocupados por el Bloque Oriental, fronterizos con Venezuela. Los líderes más prominentes de la disidencia guerrillera serían Miguel Santanilla Botache, alias Gentil Duarte, quien llegó a participar en las conversaciones de La Habana, y Géner García Molina, alias John 40, “uno de los líderes de las FARC que estuvo más involucrado en forma directa en el tráfico de drogas a través de Venezuela”. En cuanto al caso venezolano, el grupo de análisis advierte que “ninguna fuerza interna está en capacidad de confrontar esta criminalidad generalizada, lo que hace indispensables medidas internacionales de supervisión y aplicación de la ley”.

*Una de las localidades venezolanas que quizá esté recibiendo un importante impacto derivado de la ocupación de los espacios anteriormente dominados por las FARC sea el municipio Atures del estado Amazonas. Allí contaban 105 homicidios entre el 1 de enero y la semana pasada. Un poblador de la zona indicó que la violencia se desata los fines de semana, especialmente los días viernes y sábados, cuando las bandas conformadas por venezolanos y colombianos ajustan cuentas. El contrabando de cajas Clap se ha convertido en el gran negocio del lugar, y por ende en el principal motivo de las disputas. Aunque para el Gobierno las muertes se producen mayoritariamente en el curso de robos, la realidad percibida por los lugareños pareciera ser otra. De seguir a este ritmo, la tasa de homicidios al finalizar el año será superior a los 200 por cada 100.000 habitantes, más alta que la de Caracas.


El jet se desintegró
*Al momento de escribirse esta columna han pasado doce días desde que se estrelló a unas 30 millas de Margarita el jet Gulfstream siglas YV2896 adscrito al Sata y que era usado por personeros del Ejecutivo. A pesar de la propaganda, lo cierto es que otra vez quedó en evidencia la ausencia de operatividad del Servicio Aeronáutico de Rescate (SAR). Hasta ahora solo han sido recuperados dos cadáveres, y algunos trozos del avión que quedaron flotando la tarde del 4 de julio. Días después ubicaron la llamada “caja negra”, pero no la han recuperado. Los restos humanos, por cierto, fueron recuperados por pescadores que llegaron rápidamente a las aguas donde flotaban, y los entregaron a los militares que llegaron posteriormente. Faltan todavía siete cuerpos por encontrar. El siniestro fue presenciado por pilotos de una línea comercial, quienes indicaron las coordenadas donde debían estar las partes. Todo en medio de la mayor improvisación por parte de las autoridades, que militarizaron una actividad eminentemente civil. Esto hace recordar el prolongado retardo en el hallazgo de los restos del helicóptero 0796 del Ejército que cayó en Amazonas a finales del año pasado.

domingo, 2 de julio de 2017

Los calabozos del Sebin

Las celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) son el escenario de tratos crueles, torturas y corrupción. Para estar recluido allí, no hace falta tener una orden de captura, y te pueden dejar allí aún si los tribunales dicen que debes estar en la calle

@javiermayorca

La organización Una Ventana para la Libertad presentó la semana pasada un informe con el resultado de una investigación sobre la situación de derechos humanos en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sedes del Helicoide y Plaza Venezuela (La Tumba).
Celda del Sebin Helicoide
Fue el producto de un trabajo en equipo que se prolongó durante casi tres meses, y en el cual tuve la oportunidad de participar por invitación del director de la organización, Carlos Nieto Palma.
Una de las primeras conclusiones es que los retenes de Plaza Venezuela, y sobre todo el de Helicoide fueron construidos en medio de la más absoluta improvisación, y se manejan con un peligroso sentido de discrecionalidad. Si a usted lo detiene la policía política, la decisión de ser recluido en la estructura de Roca Tarpeya o en el edificio de Plaza Venezuela (que iba a ser una sede del Metro) corresponderá exclusivamente al actual director de ese cuerpo, mayor general (Ejército) Gustavo González López.
Pero no todos los que están en estas celdas fueron detenidos como consecuencia de órdenes emitidas por algún juzgado de control. Tampoco fueron detectados in fraganti cuando cometían algún delito. Por las celdas del Sebin han pasado extranjeros y venezolanos sin que eso conste en algún oficio judicial. A veces, simplemente, por haber dicho o divulgado a través de las redes sociales algo que molestó a algún jerarca oficialista.
De igual forma, en las celdas de la policía política pueden estar personas cuyas libertades han sido decretadas por los tribunales, y los funcionarios de la institución simplemente se niegan a acatarlas. Durante la investigación se constató que al menos 16 personas estaban en esta situación. Cuando este informe fue presentado, comenzaba en las celdas de Helicoide una huelga de hambre por parte de 14 agentes de la Policía de Chacao, recluidos allí a pesar de que los tribunales han ordenado liberarlos desde finales de 2016.
El informe recoge testimonios sobre torturas físicas en el Sebin Helicoide. Se pudieron identificar hasta seis patrones. El modo más frecuente es la llamada “crucifixión” con esposas en una reja u objeto fijo, que puede ser combinada con golpes. También la tortura blanca que implica permanecer en “aislamiento celular” en una celda de 6 metros cuadrados en Plaza Venezuela, sin luz solar y con un foco de luz artificial permanentemente encendido. Donde la única pista que tienen los presos sobre el transcurrir de las horas es el ronroneo de los trenes del Metro que pasan cerca de allí, y que cesa a las 11 pm.
En retenes del Sebin todo cuesta
En el Sebin Helicoide hay 321 metros cuadrados de espacio disponible para los detenidos, y según el informe a principios de junio estaban 340 internos. La matemática es simple: menos de un metro cuadrado por preso. El hacinamiento supera el 300%. Han estado mayores de edad mezclados con menores; criminales violentos junto a detenidos por razones de conciencia; procesados y condenados en la misma instalación. Pero además hay un tratamiento diferenciado de forma sistemática, que privilegia a algunos reclusos debido a la prominencia de sus casos o gracias a su capacidad económica.
Por ende, es un sistema de corrupción. En el Sebin no se consigue nada, pero se puede comprar de todo. Por supuesto, si tienes los medios para pagar. Incluso, desde tres horas hasta una noche de placer en un baño conocido como el conyugal.
En los calabozos del Sebin, los prames tienen chapa.

Breves

*El 14 de junio, una comisión de Investigaciones Estratégicas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) allanó sin orden una oficina de La Urbina y se llevó detenido a Antonio Pimentel Rondón. El hombre de 31 años de edad era señalado por un supuesto delito informático, que no era otra cosa que haber tuiteado cosas que preocuparon a un poderoso diputado oficialista. Pimentel permaneció durante una semana en el Helicoide. Los agentes incluso se llevaron su vehículo del edificio donde se llevó a cabo el procedimiento. El jueves 22 de junio, fue liberado en la avenida Baralt sin que lo hubiesen presentado en tribunales o notificado a algún fiscal del Ministerio Público. No sabía Pimentel que lo estaban “pichando”. Un par de minutos después, una comisión del Conas (GN) lo detuvo en la propia vía. Al revisar su vehículo descubrieron escudos, cascos y bombas lacrimógenas que no le pertenecían. Lo llevaron a la sede de la unidad militar en Prados del Este y luego lo presentaron ante un juzgado militar, acusado de rebelión, porte ilícito de armas y equipos de uso privativo de la FANB. Actualmente, permanece detenido en el Centro para Procesados Militares de Ramo Verde.

*En menos de un mes, las autoridades estadounidenses, españolas y de otros países europeos en operación combinada han confiscado más de 3,6 toneladas de cocaína que iban en dos embarcaciones de bandera venezolana. En ambos casos, las naves zarparon desde muelles del estado Falcón y supuestamente fueron en navegación de cabotaje por las costas del país hasta llegar al Atlántico y tomar rumbo noreste. La primera embarcación fue interceptada en aguas de Martinica, y la última a unas 800 millas de Gran Canaria. Según la Guardia Civil española, ambos decomisos están ligados a una misma organización que tiene ramificaciones en el estado Anzoátegui. En la investigación sobre este caso en Venezuela participó el almirante Remigio Ceballo Ichazo, actual jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB, quien antes de salir del comando de zona militar en Falcón notificó al titular de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, que la última de las embarcaciones cargadas con droga, llamada Alí Primera, fue inspeccionada en muelle por comisiones de la Guardia Nacional y de la Armada, las cuales supuestamente no encontraron nada irregular. De allí deducen que el alijo de 1,2 toneladas de alcaloide fue embarcado siguiendo el procedimiento de la “nodriza”, es decir, en pequeñas porciones llevadas desde tierra firme por botes de menor calado.

*Las últimas designaciones del presidente Maduro para reestructurar el Alto Mando Militar y todos los comandos de regiones de la Fuerza Armada permiten sacar varias conclusiones. En primer lugar, es cierto que el general en jefe Vladimir Padrino perdió poder, pues ya no aglutina el liderazgo en lo administrativo y en lo operativo de la institución castrense. Pero sigue siendo el oficial de más alto grado y el más antiguo. Por lo tanto, es de esperarse que continuará siendo el vocero político de la FAN. El almirante Remigio Ceballos, nuevo jefe del Ceofanb, pertenece a la promoción de la Escuela Naval egresada en 1985, donde ocupó el séptimo puesto. En este sentido, se puede decir que fue mejor estudiante que Padrino, quien llegó en el 18. Pero, tal y como veremos más adelante, aquí no se discute sobre parámetros de excelencia sino de lealtad. En los cambios anunciados, los comandantes de cada componente adquieren nuevo relieve, pues son oficiales más antiguos que los jefes recién designados de las regiones militares. Otra vez, sus mayores virtudes parecen ser la filiación política y no la excelencia. El mayor general Suárez Chourio, por ejemplo, ocupó el puesto 30 de su promoción de la Academia Militar. El almirante Eglis Herrera el 69. El mayor general Sergio Rivero, si se quiere, fue el más destacado al ocupar el sexto lugar cuando se licenció. Otro elemento a tomar en cuenta es que los oficiales que ocuparán las regiones operativas egresaron de sus respectivas escuelas militares en 1987. Son, por lo tanto, contemporáneos con el capitán Diosdado Cabello. Entre los del Ejército, el mayor general Carlos Martínez Stapulionis (jefe de la región andina) fue el estudiante más destacado, y llegó en el lugar 49. El de la Redi Capital, mayor general Alexis Rodríguez, ocupó el puesto 87; el de la Redi Guayana Jesús Mantilla Olivero el 113, y el de la Redi Occidental Elías Moreno el 173. Con estos datos uno se puede figurar el efecto que tiene la política en una institución que debería guiarse por la excelencia.

Pérez tuvo mucho tiempo para huir
*El 28 de junio, unidades de la Fuerza Armada en todo el país fueron instruidas para adoptar medidas “para contrarrestar contundentemente posibles intervenciones de vectores aéreos hostiles”. Tarde se dieron cuenta de esta posibilidad, luego de los ataques desde un helicóptero contra el Ministerio de Relaciones Interiores y el Tribunal Supremo de Justicia, protagonizados por el inspector de la policía judicial Oscar Pérez. Desde sectores de oposición se intentó descalificar o sembrar dudas en torno a lo sucedido, sugiriendo que se trataba de una maniobra para distraer a la colectividad con respecto a otro suceso muy grave, como fue la invasión de espacios del Parlamento por colectivos y efectivos de la Guardia Nacional encabezados por el coronel Bladimir Lugo (ya mencionado en esta columna en abril). La acción del inspector Pérez debe ser interpretada como un mensaje sobre lo que ocurrirá si el Ejecutivo insiste en la iniciativa constituyente, como parece que hará. Hay que pensar solamente en lo que dejaron de hacer funcionarios de la base aérea, Cicpc, Guardia Nacional, Aviación y Sebin para que el comando pudiera sobrevolar el centro de Caracas casi con total impunidad y luego llegar hasta Osma. Incluso, una vez abandonada la aeronave, el funcionario contó con tiempo suficiente para ocultarse. Los partes indican que la notificación sobre el paradero del Cicpc 2 fue transmitida por Protección Civil Vargas a la Guardia Nacional el jueves al final de la tarde, y fue solo el viernes a las 3:30 pm cuando se confirmó la recuperación. Por ende, Pérez tuvo por lo menos veinte horas para salir del lugar y ocultarse. Hasta este momento, las comisiones del Sebin y de la Guardia Nacional enviadas para localizarlo no han tenido éxito. Esta actitud omisiva y complaciente hace recordar la que tuvo la Fuerza Armada en 1993, cuando el teniente del Ejército Raúl Alvarez Bracamonte salió de Fuerte Tiuna manejando una pick up cargada de armamento. Alvarez gozaba de toda una estructura de apoyo, tanto civil como militar, para lograr su cometido y ocultarse durante semanas, hasta que lo detuvieron en un apartamento cercano a Puerto Azul.

*El Gobierno comenzó a aplicar en sus informes internos el sistema de medición de la criminalidad por tasas, en combinación con el método de puntos que diseñó hace tres años. Pero el sistema de tasas es el que permite hacer comparaciones valederas no sólo entre las regiones del país sino también entre países. La tasa es una proporción de casos por conglomerado de población, que generalmente es de 100.000 habitantes. Uno de los últimos reportes coloca las cosas en su verdadero lugar. Las jurisdicciones con las tasas más altas de criminalidad general este año son Distrito Capital (490 delitos por cada 100.000 habitantes), Vargas (480) y Miranda (408). Cuando se coloca la lupa sobre las cifras de homicidios, las tasas más elevadas son las de Amazonas (50), Aragua (45), Miranda (44), Bolívar (37) y Distrito Capital (30). Estos números no toman en cuenta las muertes ocasionadas por supuestos enfrentamientos con funcionarios policiales o militares, que fueron los que realmente dispararon las cifras de violencia en Venezuela durante la segunda mitad de 2016 y todo 2016. Por cierto, al revisar detenidamente los criterios de formación de la estadística nos damos cuenta además que para el Gobierno el Distrito Capital equivale al municipio Libertador. Con esta maniobra, la criminalidad de Petare es colocada en el capítulo del estado Miranda, y no como en la urbe capitalina, como se hizo durante mucho tiempo. 

domingo, 18 de junio de 2017

Pesadilla en las calles de Caracas

Los peores temores del Gobierno se están concretando: la conflictividad se adueña del Distrito Capital con protestas “endógenas”. El Ministerio de la Defensa lo sabe y lo advierte

@javiermayorca

El empeño del Gobierno por impedir la entrada de manifestantes a Libertador ha precipitado la evolución del conflicto político. Ahora, las protestas surgen de manera “endógena” en el territorio del municipio donde tienen sede todos los poderes públicos del país.
El Ejecutivo hizo esfuerzos importantes para mantener la tranquilidad en Caracas. Allí no falta la gasolina, como sí ocurre en Táchira y Zulia. Cuando no había arroz en los anaqueles de los principales automercados, se podía conseguir fácilmente en el bulevar de Catia, con los bachaqueros organizados por lo colectivos. La electricidad casi no se iba en comparación con el resto del país, y en las 32 parroquias hay una avalancha de policías y militares para que la gente no alce la voz. Todo para mantener una aparente “normalidad”.
La "normalidad" se rompió en Caracas

La primera campanada la dieron en El Valle, en una noche de horror que dejó ocho muertos. En la parroquia-puerta de Fuerte Tiuna, el control se perdió tan rápido que la gente atribuyó los saqueos y vandalismos a la acción de grupos delictivos organizados. Pero después vinieron protestas a plena luz del día y en jornadas consecutivas por falta de alimentos.
Luego El Paraíso, La Vega y Antímano. En unos lugares cacerolean al Gobierno, y en otros le piden comida. Y el Ejecutivo, en una lógica suicida, te dice que si expresas tu descontento no te llegará la comida. Muere de hambre, callado.
Algún comentarista dominical todavía dice que esas son situaciones artificiosas. Que el desbarajuste en Candelaria no existe, que lo de Caracas es mentira.
En Fuerte Tiuna saben lo que sucede. Lo miden. Tratan de llevar el pulso al descontento desbordado.
Desde allí mandan las cifras a Miraflores: 77 manifestaciones en promedio diario en todo el país durante marzo y abril. Desde luego, esto ha sucedido en una escalada, de manera que, tal y como lo ha observado Provea, las protestas se tornaron cada vez más extendidas, más frecuentes e involucran a más personas, de distintos oficios y clases sociales.
Durante los dos primeros meses de conflicto político, los militares han contado más de 3.850 manifestaciones, en su gran mayoría pacíficas. En este sentido, lo ocurrido en Distrito Capital no es un reflejo fiel del carácter predominante de la acción política, puesto que en la Gran Caracas los enfrentamientos han sido los más violentos y letales, con 22 muertos y miles de heridos, la mayoría de ellos no registrados en los partes oficiales. De los fallecidos, por cierto, ninguno pertenece a los cuerpos de seguridad.
Lo que está sucediendo en el municipio Libertador, así como también en otras zonas donde se creía que el conflicto no iba a “prender”, como el estado Vargas, fue advertido por encuestas como las de More Consulting, que en solo una semana detectaron un incremento de 4% en la disposición de la ciudadanía en cuando a participar activamente en las protestas.
En la medida en que se aproxime la Constituyente muchas más personas se lanzarán a las calles. Cada quien con sus razones. En los primeros días de junio las protestas se incrementaron 14% en la capital del país y 22% en la región andina. Las zonas central y occidental también reportan sustanciales aumentos en la conflictividad.
Al Gobierno solo le queda la represión.
Un aspecto interesante es que las estadísticas manejadas por el despacho castrense son 115% superiores a las recabadas en abril y mayo por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que nutre sus informes con lo reportado por los medios convencionales, las redes sociales y algunas fuentes humanas. Esto significa que la censura sí está teniendo un efecto negativo en cuanto al conocimiento general de la situación por parte del resto de la sociedad, pero en nada mitiga el deseo de salir a las calles.

Breves

*El Ministerio de la Defensa ha observado con preocupación el incumplimiento por parte de grandes unidades militares de los protocolos establecidos para el resguardo y la manipulación del llamado “material de guerra y de orden público”, consignado en sus correspondientes polvorines. En 2016 el Comando Estratégico Operacional de la FANB instruyó a los comandos de zona militar sobre este particular. Pero hasta la fecha aparentemente las órdenes del general en jefe Vladimir Padrino no han sido cumplidas a cabalidad. Por esta razón, se emitió una directriz para la conformación de equipos de inspectores, con el concurso de funcionarios de la Dirección de Armas y Explosivos (Daex) y de los servicios técnicos de armamento de los distintos componentes castrenses. Ya no solo es el temor de que los depósitos de armas puedan ser saqueados sino también que sean drenados por la acción de las redes de corrupción que, por ejemplo, hicieron desaparecer 86 granadas de un depósito del Ejército a finales de 2016.

*El mayor general retirado Alexis Ascensión López Ramírez, que recientemente renunció a la secretaría del Consejo de Defensa de la Nación por estar en desacuerdo con la convocatoria a una Constituyente, forma parte de la promoción egresada en 1984 de la Academia Militar de Venezuela, llamada general Juan Gómez Mireles. López Ramírez ocupó el puesto 12 entre 109 alféreces. El mayor exponente de esa camada de oficiales es el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa y jefe del Comando Estratégico Operacional, que se graduó en el puesto 18. Otros oficiales de importancia han sido el general Manuel Pérez Urdaneta, ex director de la Policía Nacional Bolivariana, el mayor retirado Francisco Ameliach Orta, actual gobernador de Carabobo y posible candidato a la Constituyente, y el ex director de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) Aref Richani. López Ramírez fue jefe de la Casa Militar durante el último período de Hugo Chávez y comandante del Ejército en 2013, nombrado por Maduro. Al pasar a retiro lo enviaron al Codena. A pesar de haber ocupado todos estos cargos, López presumía de institucional. Otros oficiales lo tachaban de oportunista al no haber plantado cara oportunamente ante el deterioro de la FANB.

*El sector occidental del estado Zulia, en especial los municipios Machiques de Perijá y Catatumbo, se ha convertido desde finales de 2016 en el principal punto de aterrizaje y despegue de vuelos ilícitos, indican fuentes militares. Las aeronaves van y vienen a distintos países centroamericanos, en especial Honduras, que continúa ofreciendo condiciones apropiadas para el bombardeo de alijos de drogas. Hay algunas trazas de vuelo que ocasionalmente pasan por cielos de Falcón y llegan hasta el centro del país, presumiblemente el estado Guárico. Lo interesante es que de repente el estado Apure, que hasta 2016 sirvió como caleta de drogas y portaviones de aeronaves sospechosas, ahora no tiene mayor relevancia. Esta mudanza hacia el norte de la actividad de transporte de drogas podría estar asociada a la reactivación de uno de los antiguos bastiones de las FARC, como es el eje Tibu-Rio de Oro. Los guerrilleros ahora desmovilizados se habrían juntado con elementos del Ejército de Liberación Nacional, bajo el mando de alias Pablito, para ocupar esos predios.

*Con la intervención a la policía del estado Miranda, ya no queda ningún cuerpo estatal de seguridad preventiva en poder de gobernadores de oposición. La misma decisión fue aplicada en Lara durante la última semana de mayo. En esa región se reportaba una merma de 15% en los índices generales de delitos. Solo las lesiones personales mostraban algún repunte. En Amazonas, la policía regional fue intervenida en enero de este año. Allí los delitos se han incrementado levemente con respecto a 2016, en especial los homicidios (+13%), las lesiones (+66%) y las violaciones (+30%). Todo indica que el tutelaje militar al que se quiere someter a los cuerpos de seguridad regionales en poder de opositores van en contra de los intereses de los propios pobladores de cada localidad. A esto se une el interés manifestado por el titular del MRI, mayor general (GN) Néstor Reverol en el sentido de eliminar la competencia concurrente que tienen los alcaldes en materia de seguridad ciudadana, durante un eventual desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto llevaría al país a una fase previa a la que existía en 1989, cuando se inició el proceso de descentralización que le dio a los gobernantes municipales la potestad de manejar cuerpos policiales.

*El comandante general de la Guardia Nacional, mayor general Antonio Benavides Torres, ordenó esta semana que los efectivos de esa institución que cumplan funciones de estafetas, es decir, mensajeros, tendrán que circular por las calles del país vestidos de civil. Benavides está consciente del deterioro de la imagen de la institución militar en general y de la GN en particular, y teme que la población pueda emprender represalias contra los funcionarios que lleven o traigan mensajes entre las unidades del componente castrense. Con el incremento de la conflictividad política, otras unidades de la FANB han tomado medidas similares, que regulaban el uso del uniforme cuando los oficiales y tropas estaban francos de servicio, es decir, cuando recién finalizaban sus labores o iban a recibir sus guardias. Ahora, incluso, se impide el uso del uniforme en ciertas funciones inherentes al trabajo militar.


La droga sale del oriente venezolano
*El 12 de junio, el Ministerio Público informó sobre la detención en el estado Anzoátegui del colombiano Aison Manuel Blanco Berrio por supuestos vínculos con el alijo de 1,2 toneladas de cocaína decomisado en una embarcación de bandera venezolana, a 800 millas de Gran Canaria, el 4 de junio. Con el hallazgo del alijo en el pesquero Petra fueron detenidos seis venezolanos. El nexo entre los transportistas de la droga y Blanco Berrío supuestamente se estableció luego de analizar los trámites relativos a la embarcación, que anteriormente tenía otro nombre. Lo que llama la atención es que Blanco había sido detenido junto a otra persona en mayo de 2016, en virtud de una investigación llevada a cabo por la policía judicial en Anzoátegui, sobre el uso de “materiales estratégicos” de la Misión Bario Nuevo Barrio Tricolor en la construcción de dos galpones privados en Barcelona. Se desconoce cómo hizo Blanco para salir bien librado de una pesquisa por el primer delito. Pero esto sugiere la existencia de nexos entre uno de los supuestos orquestadores de este alijo y el programa gubernamental. Según las autoridades españolas, además, estos 1200 kilos de alcaloide fueron manejados por la misma organización que envió 2,4 toneladas de droga en otra embarcación, incautada en costas de Martinica y llevada a España en mayo.

domingo, 4 de junio de 2017

El costo de la represión

Más de dos meses de protestas, cada vez más frecuentes y extendidas por el país. Los costos del conflicto político se distribuyen entre todos los participantes. Pero hasta ahora el mayor costo corre por cuenta de los manifestantes

@javiermayorca

Han transcurrido más de dos meses desde que se reactivaron las manifestaciones antigubernamentales en las principales ciudades del país. En Distrito Capital se llevan a cabo por lo menos tres grandes movilizaciones semanales. Las más grandes indefectiblemente terminan en los límites entre Chacao y Libertador, en medio de una lluvia de bombas lacrimógenas.
Un aspecto que pocos toman en consideración es el costo que implica esta represión continuada. Pareciera que el punto no es importante; que los recursos sobran cuando se trata de proteger al régimen. Es posible que así sea: las lacrimógenas son usadas como si hubiesen surgido de un almacén infinito, mientras que los mercados no tienen pan y conseguir un pote de antibiótico es menos probable que ganar un Kino.
Como quiera que sea, imponer la voluntad de una minoría a bombazos y tiros de perdigón implica erogaciones. Uno pudiera asomarse a este tema tal y como han hecho criminólogos y sociólogos desde hace casi cincuenta años, cuando Gary Becker dio a conocer su ensayo Crimen y castigo: una aproximación económica.
Manifestantes corren con más costos
Básicamente, cualquier actividad criminal comporta distintos tipos de costos. Pueden ser clasificados en dos grandes grupos: los tangibles y los intangibles. Los primeros son más fáciles de medir en términos monetarios, mientras que los otros llevan un trabajo más arduo pues implica ponerle cifras a tres aspectos fundamentales que son el sufrimiento, el dolor y la pérdida de calidad de vida (Cohen, 2005).
En las manifestaciones que hemos visto convergen miles de personas y cientos de guardias y policías, cuyos instrumentos de trabajo son esencialmente escopetas calibre 12 (algunas equipadas con bocachas o dispositivos para lanzar granadas) y lanzagranadas de gas CS calibres 37/38. También utilizan granadas lacrimógenas de activación manual.
Tanto las granadas lacrimógenas como los cartuchos para escopetas con perdigones plásticos son fabricados por Cavim. En el primer caso gracias a un convenio con la corporación española Falken. Aunque los precios de estos cartuchos no están disponibles en bolívares, sabemos gracias a cotizaciones aprobadas recientemente por el gobierno de Uruguay que son, respectivamente, 18 dólares y 47 centavos de dólar. Pero en este caso se trata de materiales que serían importados. Si se hace un estimado conservador, Venezuela debe ahorrarse la mitad del costo por el hecho de fabricarlos en su propio territorio.
Entonces, convengamos en que cada granada de gas costará nueve dólares y cada cartucho de perdigones plásticos 29 centavos de dólar.
Según recuentos de medios independientes, durante la represión a manifestaciones en abril fueron usadas más de 1.200 granadas lacrimógenas. Es posible que otras protestas sean aplacadas con dosis menores de gas. Si utilizan mil bombas por cada jornada de protesta en Caracas, eso costará 9.000 dólares. En cuanto a los cartuchos de escopeta, el cálculo se basa en un estimado de 400 guardias y policías, cada uno con dotación de 20 unidades. Serán en total 2.320 dólares por jornada.
Las bombas y los cartuchos para escopeta sumarán entonces 11.320 dólares, solo para contener y dispersar una marcha en Caracas.
Pero el mayor costo no está allí.
Del otro lado, hay miles de personas que han dejado de ejercer actividades productivas para exigir un cambio político. Algunas manifestaciones son los fines de semana, pero desde abril hay por lo menos dos en días laborables. Muchos de los participantes son profesionales universitarios, otros obreros, buhoneros, estudiantes y desempleados. Para simplificar, supongamos que todos ganan sueldo mínimo. Si la marcha logra reunir unas 25.000 personas, el costo en términos de tiempo productivo no aprovechado asciende a 27.780 dólares cada jornada en Caracas.
Cada día de protesta en la urbe supone entonces una pérdida mínima superior a los 49.000 dólares. Este costo lo asume no sólo el Gobierno sino toda la sociedad. Pero este cálculo no toma en cuenta la posibilidad de robos y saqueos (tomados por los teóricos como transferencias de riqueza), ni la creciente cifra de muertos y heridos, algunos de ellos con lesiones incapacitantes, lo que elevará los costos hasta niveles insospechados.

Breves

A Lugo le dispararon una metra
*Está en desarrollo una peligrosa actitud de desconocimiento de los mandatos de la Fiscalía por parte de unidades de la Guardia Nacional. En Carabobo, el comando de zona de ese componente no ha enviado las copias certificadas o los originales de los cuadernos donde conste cuáles fueron los militares enviados el 4 de mayo a reprimir la manifestación en la que falleció Hécder Vladimir Lugo Pérez, de 20 años de edad. El joven falleció luego de ser herido en la cabeza por una rolinera metálica. Su papá, Héctor Lugo, explicó además que los efectivos de la GN y de PoliCarabobo fueron grabados en videos aficionados cuando se acercaron a rematar con un tiro de escopeta al manifestante, quien se encontraba inerme en la variante San Diego-Tulipanes, aproximadamente a las 4:30 de la tarde. Ese segundo tiro, hecho a quemarropa, ocasionó un daño intestinal que agravó su situación durante el tratamiento hospitalario. “La Guardia Nacional no ha facilitado los cuadernos de partes y armas porque está encubriendo”, señaló el padre de la víctima. Esta omisión en el envío de datos esenciales para individualizar responsabilidades penales comenzó en Caracas con el caso de Juan Pernalete, y es por eso que aún no se sabe el nombre del responsable de su muerte. En estas pesquisas, el encubrimiento pone en entredicho a todo el contingente.

*La Fuerza Armada prevé un recrudecimiento de la violencia política en los próximos días y semanas. Para eso se prepara. Un análisis divulgado la semana pasada en unidades del centro del país establece como acciones más probables en lo inmediato la continuidad en los bloqueos de vías, ya no en las urbanizaciones o pequeñas carreteras, sino en las principales autopistas y troncales del país. También la irrupción en cuarteles militares, tal y como sucedió con un destacamento de la Guardia Nacional en Barinas. Lo más preocupante, sin embargo, es el escenario de asesinatos selectivos de líderes opositores y oficialistas (“ambas facciones”, en el documento) y linchamientos a efectivos policiales y militares. La extensión de las protestas a nuevas zonas del país, indica el texto, puede desencadenar “una reacción en cadena que incite un estallido social, cuyo efecto dominó será de carácter nacional”. El documento omite una tendencia que hay en el momento de su emisión se veía: que los organismos encargados de controlar el orden público están actuando como si los manifestantes fuesen enemigos y no ciudadanos a los que es necesario proteger.

 *En la semana que transcurrió entre el 22 y el 28 de mayo fueron víctimas de homicidio doce personas en todo Barinas. De ellas ocho fueron ultimadas en el contexto de la represión política. La región que vio nacer al ex presidente Hugo Chávez acumulaba hasta el lunes 187 homicidios, 27 en el marco de supuestos enfrentamientos con policías. En Barinas, la conflictividad política adquirió de la noche a la mañana un peso importante en las estadísticas de homicidios. La Guardia Nacional activó allí el nivel II de la Operación Zamora (amarillo), y momentáneamente se calmaron los enfrentamientos. Y así poco a poco avanza la militarización del país para aplacar el descontento.

*Una banda conformada mayoritariamente por menores de edad, como la que operaba en el bulevar de Sabana Grande, se ve ahora en los pasillos del Centro Ciudad Comercial Tamanaco. Empleados de limpieza y vigilantes lo confirman. Un representante del condominio del centro de compras envió a los propietarios de oficinas y tiendas un audio en el que sostiene que este grupo de aproximadamente quince niños y niñas (2 embarazadas) comenzó a actuar con actos de mendicidad aparentemente inofensivos. Ahora, sin embargo, han robado y amenazado a personal de seguridad. “No es algo casual. Hay una organización que los explota”, dijo el portavoz. El liderazgo de los menores lo ejercería una mujer, que diariamente coordina el traslado de los muchachos en dos camionetas.

*El uso de metras o rolineras metálicas para alterar los cartuchos de perdigones de plástico no es nuevo en los cuerpos policiales y militares del país. En la Guardia Nacional y en la extinta Policía Metropolitana (precursora de la Policía Nacional Bolivariana) el “aliñado” de los cartuchos era una práctica conocida. No solo se hacía con metras, sino también con trozos de vidrio, tornillos, tuercas y todo lo que pudiera servir como metralla. Pero nunca se vio que estas mañas estuviesen tan difundidas hasta el punto en que han ocasionado muertos y heridos en por lo menos seis estados del país. En Anzoátegui un agente fue grabado cuando alimentaba la escopeta por la parte posterior del cañón, presumiblemente con una metra o rolinera, en lo que se denomina “avancarga”. Los oficiales saben que es muy difícil establecer plena correspondencia entre estos proyectiles y el arma de los que salieron disparados, puesto que los cañones de escopeta tienen ánima lisa, es decir, carecen de campos y estrías en su parte interna. El uso de metras es reiterado, además, puesto que si utilizaran tornillos u otros objetos metálicos estos cañones podrían quedar horadados, y esto los podría delatar.


*Mucho se ha hablado de los excesos cometidos por los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en la represión de las manifestaciones opositoras. Algunos han llegado a decir que no son venezolanos, sino cubanos en una especie de reedición de la guerra de Angola. Otros, que son malandros uniformados gracias a un acuerdo entre el componente militar y el ministerio para Servicio Penitenciario. Nada de eso consta. De lo que sí hay pruebas documentadas es que esas tropas han sido sometidas a procesos de “formación en el odio”, según los cuales se justifica prácticamente cualquier cosa (incluso la eliminación física) contra aquellas personas que van contra el “legado” del Comandante Supremo. Cuando están juntos y listos para actuar contra las masas de manifestantes, se activan todos esos mecanismos para los que han sido adoctrinados en las escuelas de formación. El video de los guardias que hacen calistenia mientras cantan su deseo de “matar a un maldito guarimbero”, resulta esclarecedor.

domingo, 21 de mayo de 2017

Hampa en tiempos de violencia política

Ya las tendencias están claras: durante las manifestaciones el riesgo de ser víctima de robo se incrementa, especialmente en las fases en las que los participantes llegan o salen del lugar de la protesta. Hay que tomar previsiones

@javiermayorca

Venezuela es en la actualidad –por desgracia- un escenario ideal para evaluar la incidencia del conflicto político en la delincuencia.
Según la organización no gubernamental Provea, en el país se está desarrollando una “insurgencia popular” contra el Gobierno. El argumento es que, a diferencia de lo visto durante 2014, las protestas ahora son más frecuentes, tienen mayor duración, poseen mayor extensión geográfica y aglutinan a personas que pertenecen a las diversas clases sociales y oficios. Por último, estas manifestaciones han sido el escenario para distintos tipos de violencia. Al momento de escribir esta nota, la cuenta oficial iba por 48 muertes. Es decir, en mes y medio de protestas ya fue rebasada la marca de 43 homicidios atribuida directamente al conflicto político conocido como La Salida, que se prolongó por tres meses en 2014. El doble de letalidad.
El 36% de los fallecimientos reportado en esta oportunidad es atribuible a la acción de funcionarios policiales, militares o de civiles armados pro gobierno (colectivos). Este porcentaje crecería si se achaca a ese sector los casos de muertes ocasionadas por el impacto de metras, claramente propulsadas desde cartuchos “aliñados”, tal y como sucedió con Miguel Cañizález (Las Mercedes) y Yeison Mora Castillo (Barinas).
Pero al margen de esta situación han sido frecuentes las denuncias de asaltos perpetrados por civiles e incluso funcionarios uniformados en contra de los manifestantes. Una circunstancia insólita si se toma en cuenta que durante las protestas prácticamente toda la vigilancia policial debería concentrarse en preservar la integridad de las personas que manifiestan, así como de sus pertenencias.
Hay ciertas etapas de las manifestaciones en las que los participantes corren mayores riesgos. Son los lapsos de traslado hacia y desde los sitios de concentración, cuando la gente probablemente camina sola por lugares donde no están los funcionarios de seguridad, pues ellos tienen la atención puesta en otras partes. Este riesgo se incrementa en virtud del patrón seguido por el Gobierno en cuanto al cierre de las estaciones del Metro, lo que obliga a los manifestantes a transitar a pie por trayectos más largos.
Por ende, hay más personas con lapsos de exposición más prolongados. Pareciera una situación ideal para los delincuentes.
Los principales escenarios de las manifestaciones en Distrito Capital han sido Chacao y Sucre, en ese orden. Veamos cómo ha sido el comportamiento de los robos en esos municipios. Estas cifras, conocidas extraoficialmente, abarcan las tres semanas previas al inicio de las protestas hasta el 30 de abril.


 En Chacao, principal escenario de las manifestaciones, ocurren circunstancias que han propiciado un aumento de los robos. En el municipio Sucre hubo un comportamiento similar, aunque no en la misma magnitud que en el municipio vecino. Sin embargo, en la última semana de abril hubo una baja sensible en las denuncias de este delito.
En Venezuela los robos rara vez son denunciados. El director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño, indicó además que si estos delitos se producen en un contexto de protestas contra el Gobierno las víctimas estarán menos dispuestas a acudir ante la policía judicial, un cuerpo que es percibido como altamente politizado a propósito de circunstancias como la solicitud de identificar a manifestantes, hecha a través de la cuenta twitter de ese organismo.
Estas cifras, entonces, son un pálido reflejo, pero reflejo al fin, de una situación que en realidad debe ser mucho más grave. Protestar en la actualidad venezolana no solo comporta los riesgos de ser detenido o lesionado por el golpe de una bomba o por perdigones. También está latente la posibilidad de ser asaltado.
Se debe entender que la acción depredadora de los hampones se dirige preferiblemente hacia las personas que vean más vulnerables, en las circunstancias ya descritas. Las mujeres, los jóvenes y los hombres que caminan sin compañía son presas fáciles. Aquí, como en otros aspectos de la vida, aplica el refrán “en la unión está la fuerza”.

Breves

*La convocatoria a una “constituyente comunal”, y el posterior ofrecimiento de una plaza en esta asamblea exclusivamente para una representación militar tomó por sorpresa a la Fuerza Armada Nacional. Los profesionales de armas no se someterían a votación para tal escogencia, pues ya la tienen asegurada, según lo que trascendió de una reunión entre el Jefe del Estado y el generalato, el miércoles 10 de mayo en Fuerte Tiuna. Maduro expresó su deseo de cambiar el modelo organizacional de la institución castrense, pero no profundizó al respecto. La Constitución vigente indica que la FAN tiene cuatro componentes (Ejército, Aviación, Armada y Guardia Nacional). En el nuevo texto fundamental se podría “constitucionalizar” la Milicia, y también disolver la GN o incorporarla al organigrama del Ejército, tal y como en su momento lo planteó el finado general en jefe Alberto Muller Rojas.

Así lo vieron durante la búsqueda
*Continúa el proceso de remoción de los restos del helicóptero Mi17 del Ejército, siniestrado el 30 de diciembre de 2016 en Amazonas. Hasta el momento de la redacción de esta nota faltaba por recuperar al cadáver del sargento primero Jhonatan Inojosa, quien fungía de mecánico de la aeronave y presuntamente debía estar en un pasillo entre la cabina de mando y el compartimiento de pasajeros. Se presume que el suboficial pudo quedar apisonado entre los restos del aparato y el suelo, o que también pudo saltar o ser expulsado durante la caída. Los otros doce pasajeros murieron casi instantáneamente por el impacto con el suelo y el aplastamiento ocasionado por tres toneladas de comestibles que iban en el compartimiento de carga, y que presumiblemente se movieron hacia la nariz cuando el helicóptero perdió potencia y se fue a pique.
  

*En la carta dirigida por un grupo de oficiales subalternos del Ejército al secretario general de la OEA Luis Almagro hay una queja puntual en el sentido de que la institución castrense ahora se ve obligada a mendigar la comida ante los comercios privados en los lugares donde tienen asiento. Esto no es más que una requisición maquillada bajo el término “apoyo” o “colaboración”. Luego de la divulgación de ese documento, en Carabobo, el director de un centro de adiestramiento de combate del Ejército solicitó mediante una carta al dueño de una empresa de productos cárnicos la entrega de diez kilos mensuales de carne para el comedor de oficiales. En el mismo mes de mayo un capitán de la GN también escribió a un comerciante de Yaritagua para “solicitar sus buenos oficios” en el sentido de suministrar a esa compañía de orden interno “mortadela y queso para la confección de los alimentos del personal militar y civil”.

*La imposición de sanciones a ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por parte del Departamento del Tesoro estadounidense llegó antes de lo que se pensaba. El dato circulaba en medios políticos venezolanos desde la semana anterior. El congelamiento de sus cuentas y de todos los haberes que puedan tener en el territorio de ese país fue decidido en atención a lo dispuesto en el Acta para la Defensa de los Derechos y de la Sociedad Civil de Venezuela, vigente desde 2014. Con ellos suman quince operadores del régimen de Nicolás Maduro incorporados a la lista OFAC porque supuestamente han propiciado violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Esta no es la misma ley que ha sido aplicada en los casos de Tareck El Aissami y el empresario Samark López, señalado como su testaferro. En el caso del Vicepresidente Ejecutivo y de López operó una ley aprobada durante el mandato de Bill Clinton, para privar de recursos económicos a supuestos jefes de carteles (Kingpin Act). El efecto al final es el mismo. Algo que la gente se pregunta es si los testaferros de los magistrados podrán movilizar su dinero. La respuesta es afirmativa. La sanción compromete las cuentas y activos ubicados en EEUU o en bancos que tengan intereses en ese país. Además, los magistrados quedan en una lista de vigilancia y los bancos, empresas y particulares no podrán contratar ni hacer ninguna transacción con ellos, so pena de ser objeto de la misma sanción. Estos jueces, así como todos los que figuran en la lista OFAC, podrán apelar de las medidas e incluso plantear juicios. Pero las posibilidades de éxito para ellos son muy bajas.

*¿Cómo se pierden los medicamentos importados por el Gobierno? El acta levantada por funcionarios del ministerio para la Salud y de la Secretaría de Salud del estado Falcón podría ser reveladora. El 3 de mayo, la coordinadora del programa de VIH Sida en Falcón Limbania Mosquera tuvo que suscribir un informe en el que se advertía un faltante de 270 tabletas de distintos principios activos para el tratamiento de esta enfermedad, que formaban parte de un cargamento de 6.240 despachadas desde la sede del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (Sefar), ubicado en Las Adjuntas. Irregularidades semejantes a esta han sido detectadas en envíos desde la misma institución hacia los estados Guárico, Distrito Capital y Amazonas. Los traslados se hacen en vehículos identificados y consignados en actas. En el caso de Guárico, además, se estableció que el precinto con el que se asegura la carga no había sido violentado.

*La situación en la Fuerza Armada Nacional parecer agravarse con cada día que pasa. Para el momento en que salga esta nota, estarán en Caracas los oficiales graduados en las promociones que van desde 2006 a 2016, correspondientes a los cuatro componentes castrenses. El Ejecutivo insistirá en venderles la idea de que la Constituyente comunal planteada por el presidente Nicolás Maduro es la continuidad del legado de Chávez, algo que les resulta difícil de tragar. También intentará detectar la presencia de oficiales descontentos. Se debe recordar que en los procesos de formación de las tropas y la oficialidad existe una materia sobre el “pensamiento” de Chávez en materia militar, y en esos cursos mucho se insistió en que la Constitución vigente daba el sustento legal al desarrollo de la FAN. Precisamente, hasta 2016 parte de las campañas a lo interno de los cuarteles para descalificar a la oposición consistían en señalar que si el régimen cambiaba los nuevos gobernantes alterarían la Carta Magna. Más allá de eso, el decaimiento económico del país y los conflictos de calle han agudizado las contradicciones en los cuarteles. En Caracas y Vargas desertan oficiales y tropas pues no quieren arremeter contra la población que manifiesta. En Carabobo sustituyen a un general que también se negó a hacerlo. En Táchira un primer teniente de la GN se acerca a manifestantes y corta su carnet de la patria, a sabiendas de lo que le ocurrirá. Además, hay promociones enteras del Ejército bajo investigación. Eso es lo que se sabe públicamente. A lo interno, cada vez son menos los oficiales dispuestos a defender un gobierno aislado y desconocido por el mundo civilizado.