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domingo, 18 de junio de 2017

Pesadilla en las calles de Caracas

Los peores temores del Gobierno se están concretando: la conflictividad se adueña del Distrito Capital con protestas “endógenas”. El Ministerio de la Defensa lo sabe y lo advierte

@javiermayorca

El empeño del Gobierno por impedir la entrada de manifestantes a Libertador ha precipitado la evolución del conflicto político. Ahora, las protestas surgen de manera “endógena” en el territorio del municipio donde tienen sede todos los poderes públicos del país.
El Ejecutivo hizo esfuerzos importantes para mantener la tranquilidad en Caracas. Allí no falta la gasolina, como sí ocurre en Táchira y Zulia. Cuando no había arroz en los anaqueles de los principales automercados, se podía conseguir fácilmente en el bulevar de Catia, con los bachaqueros organizados por lo colectivos. La electricidad casi no se iba en comparación con el resto del país, y en las 32 parroquias hay una avalancha de policías y militares para que la gente no alce la voz. Todo para mantener una aparente “normalidad”.
La "normalidad" se rompió en Caracas

La primera campanada la dieron en El Valle, en una noche de horror que dejó ocho muertos. En la parroquia-puerta de Fuerte Tiuna, el control se perdió tan rápido que la gente atribuyó los saqueos y vandalismos a la acción de grupos delictivos organizados. Pero después vinieron protestas a plena luz del día y en jornadas consecutivas por falta de alimentos.
Luego El Paraíso, La Vega y Antímano. En unos lugares cacerolean al Gobierno, y en otros le piden comida. Y el Ejecutivo, en una lógica suicida, te dice que si expresas tu descontento no te llegará la comida. Muere de hambre, callado.
Algún comentarista dominical todavía dice que esas son situaciones artificiosas. Que el desbarajuste en Candelaria no existe, que lo de Caracas es mentira.
En Fuerte Tiuna saben lo que sucede. Lo miden. Tratan de llevar el pulso al descontento desbordado.
Desde allí mandan las cifras a Miraflores: 77 manifestaciones en promedio diario en todo el país durante marzo y abril. Desde luego, esto ha sucedido en una escalada, de manera que, tal y como lo ha observado Provea, las protestas se tornaron cada vez más extendidas, más frecuentes e involucran a más personas, de distintos oficios y clases sociales.
Durante los dos primeros meses de conflicto político, los militares han contado más de 3.850 manifestaciones, en su gran mayoría pacíficas. En este sentido, lo ocurrido en Distrito Capital no es un reflejo fiel del carácter predominante de la acción política, puesto que en la Gran Caracas los enfrentamientos han sido los más violentos y letales, con 22 muertos y miles de heridos, la mayoría de ellos no registrados en los partes oficiales. De los fallecidos, por cierto, ninguno pertenece a los cuerpos de seguridad.
Lo que está sucediendo en el municipio Libertador, así como también en otras zonas donde se creía que el conflicto no iba a “prender”, como el estado Vargas, fue advertido por encuestas como las de More Consulting, que en solo una semana detectaron un incremento de 4% en la disposición de la ciudadanía en cuando a participar activamente en las protestas.
En la medida en que se aproxime la Constituyente muchas más personas se lanzarán a las calles. Cada quien con sus razones. En los primeros días de junio las protestas se incrementaron 14% en la capital del país y 22% en la región andina. Las zonas central y occidental también reportan sustanciales aumentos en la conflictividad.
Al Gobierno solo le queda la represión.
Un aspecto interesante es que las estadísticas manejadas por el despacho castrense son 115% superiores a las recabadas en abril y mayo por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que nutre sus informes con lo reportado por los medios convencionales, las redes sociales y algunas fuentes humanas. Esto significa que la censura sí está teniendo un efecto negativo en cuanto al conocimiento general de la situación por parte del resto de la sociedad, pero en nada mitiga el deseo de salir a las calles.

Breves

*El Ministerio de la Defensa ha observado con preocupación el incumplimiento por parte de grandes unidades militares de los protocolos establecidos para el resguardo y la manipulación del llamado “material de guerra y de orden público”, consignado en sus correspondientes polvorines. En 2016 el Comando Estratégico Operacional de la FANB instruyó a los comandos de zona militar sobre este particular. Pero hasta la fecha aparentemente las órdenes del general en jefe Vladimir Padrino no han sido cumplidas a cabalidad. Por esta razón, se emitió una directriz para la conformación de equipos de inspectores, con el concurso de funcionarios de la Dirección de Armas y Explosivos (Daex) y de los servicios técnicos de armamento de los distintos componentes castrenses. Ya no solo es el temor de que los depósitos de armas puedan ser saqueados sino también que sean drenados por la acción de las redes de corrupción que, por ejemplo, hicieron desaparecer 86 granadas de un depósito del Ejército a finales de 2016.

*El mayor general retirado Alexis Ascensión López Ramírez, que recientemente renunció a la secretaría del Consejo de Defensa de la Nación por estar en desacuerdo con la convocatoria a una Constituyente, forma parte de la promoción egresada en 1984 de la Academia Militar de Venezuela, llamada general Juan Gómez Mireles. López Ramírez ocupó el puesto 12 entre 109 alféreces. El mayor exponente de esa camada de oficiales es el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa y jefe del Comando Estratégico Operacional, que se graduó en el puesto 18. Otros oficiales de importancia han sido el general Manuel Pérez Urdaneta, ex director de la Policía Nacional Bolivariana, el mayor retirado Francisco Ameliach Orta, actual gobernador de Carabobo y posible candidato a la Constituyente, y el ex director de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) Aref Richani. López Ramírez fue jefe de la Casa Militar durante el último período de Hugo Chávez y comandante del Ejército en 2013, nombrado por Maduro. Al pasar a retiro lo enviaron al Codena. A pesar de haber ocupado todos estos cargos, López presumía de institucional. Otros oficiales lo tachaban de oportunista al no haber plantado cara oportunamente ante el deterioro de la FANB.

*El sector occidental del estado Zulia, en especial los municipios Machiques de Perijá y Catatumbo, se ha convertido desde finales de 2016 en el principal punto de aterrizaje y despegue de vuelos ilícitos, indican fuentes militares. Las aeronaves van y vienen a distintos países centroamericanos, en especial Honduras, que continúa ofreciendo condiciones apropiadas para el bombardeo de alijos de drogas. Hay algunas trazas de vuelo que ocasionalmente pasan por cielos de Falcón y llegan hasta el centro del país, presumiblemente el estado Guárico. Lo interesante es que de repente el estado Apure, que hasta 2016 sirvió como caleta de drogas y portaviones de aeronaves sospechosas, ahora no tiene mayor relevancia. Esta mudanza hacia el norte de la actividad de transporte de drogas podría estar asociada a la reactivación de uno de los antiguos bastiones de las FARC, como es el eje Tibu-Rio de Oro. Los guerrilleros ahora desmovilizados se habrían juntado con elementos del Ejército de Liberación Nacional, bajo el mando de alias Pablito, para ocupar esos predios.

*Con la intervención a la policía del estado Miranda, ya no queda ningún cuerpo estatal de seguridad preventiva en poder de gobernadores de oposición. La misma decisión fue aplicada en Lara durante la última semana de mayo. En esa región se reportaba una merma de 15% en los índices generales de delitos. Solo las lesiones personales mostraban algún repunte. En Amazonas, la policía regional fue intervenida en enero de este año. Allí los delitos se han incrementado levemente con respecto a 2016, en especial los homicidios (+13%), las lesiones (+66%) y las violaciones (+30%). Todo indica que el tutelaje militar al que se quiere someter a los cuerpos de seguridad regionales en poder de opositores van en contra de los intereses de los propios pobladores de cada localidad. A esto se une el interés manifestado por el titular del MRI, mayor general (GN) Néstor Reverol en el sentido de eliminar la competencia concurrente que tienen los alcaldes en materia de seguridad ciudadana, durante un eventual desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto llevaría al país a una fase previa a la que existía en 1989, cuando se inició el proceso de descentralización que le dio a los gobernantes municipales la potestad de manejar cuerpos policiales.

*El comandante general de la Guardia Nacional, mayor general Antonio Benavides Torres, ordenó esta semana que los efectivos de esa institución que cumplan funciones de estafetas, es decir, mensajeros, tendrán que circular por las calles del país vestidos de civil. Benavides está consciente del deterioro de la imagen de la institución militar en general y de la GN en particular, y teme que la población pueda emprender represalias contra los funcionarios que lleven o traigan mensajes entre las unidades del componente castrense. Con el incremento de la conflictividad política, otras unidades de la FANB han tomado medidas similares, que regulaban el uso del uniforme cuando los oficiales y tropas estaban francos de servicio, es decir, cuando recién finalizaban sus labores o iban a recibir sus guardias. Ahora, incluso, se impide el uso del uniforme en ciertas funciones inherentes al trabajo militar.


La droga sale del oriente venezolano
*El 12 de junio, el Ministerio Público informó sobre la detención en el estado Anzoátegui del colombiano Aison Manuel Blanco Berrio por supuestos vínculos con el alijo de 1,2 toneladas de cocaína decomisado en una embarcación de bandera venezolana, a 800 millas de Gran Canaria, el 4 de junio. Con el hallazgo del alijo en el pesquero Petra fueron detenidos seis venezolanos. El nexo entre los transportistas de la droga y Blanco Berrío supuestamente se estableció luego de analizar los trámites relativos a la embarcación, que anteriormente tenía otro nombre. Lo que llama la atención es que Blanco había sido detenido junto a otra persona en mayo de 2016, en virtud de una investigación llevada a cabo por la policía judicial en Anzoátegui, sobre el uso de “materiales estratégicos” de la Misión Bario Nuevo Barrio Tricolor en la construcción de dos galpones privados en Barcelona. Se desconoce cómo hizo Blanco para salir bien librado de una pesquisa por el primer delito. Pero esto sugiere la existencia de nexos entre uno de los supuestos orquestadores de este alijo y el programa gubernamental. Según las autoridades españolas, además, estos 1200 kilos de alcaloide fueron manejados por la misma organización que envió 2,4 toneladas de droga en otra embarcación, incautada en costas de Martinica y llevada a España en mayo.

domingo, 4 de junio de 2017

El costo de la represión

Más de dos meses de protestas, cada vez más frecuentes y extendidas por el país. Los costos del conflicto político se distribuyen entre todos los participantes. Pero hasta ahora el mayor costo corre por cuenta de los manifestantes

@javiermayorca

Han transcurrido más de dos meses desde que se reactivaron las manifestaciones antigubernamentales en las principales ciudades del país. En Distrito Capital se llevan a cabo por lo menos tres grandes movilizaciones semanales. Las más grandes indefectiblemente terminan en los límites entre Chacao y Libertador, en medio de una lluvia de bombas lacrimógenas.
Un aspecto que pocos toman en consideración es el costo que implica esta represión continuada. Pareciera que el punto no es importante; que los recursos sobran cuando se trata de proteger al régimen. Es posible que así sea: las lacrimógenas son usadas como si hubiesen surgido de un almacén infinito, mientras que los mercados no tienen pan y conseguir un pote de antibiótico es menos probable que ganar un Kino.
Como quiera que sea, imponer la voluntad de una minoría a bombazos y tiros de perdigón implica erogaciones. Uno pudiera asomarse a este tema tal y como han hecho criminólogos y sociólogos desde hace casi cincuenta años, cuando Gary Becker dio a conocer su ensayo Crimen y castigo: una aproximación económica.
Manifestantes corren con más costos
Básicamente, cualquier actividad criminal comporta distintos tipos de costos. Pueden ser clasificados en dos grandes grupos: los tangibles y los intangibles. Los primeros son más fáciles de medir en términos monetarios, mientras que los otros llevan un trabajo más arduo pues implica ponerle cifras a tres aspectos fundamentales que son el sufrimiento, el dolor y la pérdida de calidad de vida (Cohen, 2005).
En las manifestaciones que hemos visto convergen miles de personas y cientos de guardias y policías, cuyos instrumentos de trabajo son esencialmente escopetas calibre 12 (algunas equipadas con bocachas o dispositivos para lanzar granadas) y lanzagranadas de gas CS calibres 37/38. También utilizan granadas lacrimógenas de activación manual.
Tanto las granadas lacrimógenas como los cartuchos para escopetas con perdigones plásticos son fabricados por Cavim. En el primer caso gracias a un convenio con la corporación española Falken. Aunque los precios de estos cartuchos no están disponibles en bolívares, sabemos gracias a cotizaciones aprobadas recientemente por el gobierno de Uruguay que son, respectivamente, 18 dólares y 47 centavos de dólar. Pero en este caso se trata de materiales que serían importados. Si se hace un estimado conservador, Venezuela debe ahorrarse la mitad del costo por el hecho de fabricarlos en su propio territorio.
Entonces, convengamos en que cada granada de gas costará nueve dólares y cada cartucho de perdigones plásticos 29 centavos de dólar.
Según recuentos de medios independientes, durante la represión a manifestaciones en abril fueron usadas más de 1.200 granadas lacrimógenas. Es posible que otras protestas sean aplacadas con dosis menores de gas. Si utilizan mil bombas por cada jornada de protesta en Caracas, eso costará 9.000 dólares. En cuanto a los cartuchos de escopeta, el cálculo se basa en un estimado de 400 guardias y policías, cada uno con dotación de 20 unidades. Serán en total 2.320 dólares por jornada.
Las bombas y los cartuchos para escopeta sumarán entonces 11.320 dólares, solo para contener y dispersar una marcha en Caracas.
Pero el mayor costo no está allí.
Del otro lado, hay miles de personas que han dejado de ejercer actividades productivas para exigir un cambio político. Algunas manifestaciones son los fines de semana, pero desde abril hay por lo menos dos en días laborables. Muchos de los participantes son profesionales universitarios, otros obreros, buhoneros, estudiantes y desempleados. Para simplificar, supongamos que todos ganan sueldo mínimo. Si la marcha logra reunir unas 25.000 personas, el costo en términos de tiempo productivo no aprovechado asciende a 27.780 dólares cada jornada en Caracas.
Cada día de protesta en la urbe supone entonces una pérdida mínima superior a los 49.000 dólares. Este costo lo asume no sólo el Gobierno sino toda la sociedad. Pero este cálculo no toma en cuenta la posibilidad de robos y saqueos (tomados por los teóricos como transferencias de riqueza), ni la creciente cifra de muertos y heridos, algunos de ellos con lesiones incapacitantes, lo que elevará los costos hasta niveles insospechados.

Breves

A Lugo le dispararon una metra
*Está en desarrollo una peligrosa actitud de desconocimiento de los mandatos de la Fiscalía por parte de unidades de la Guardia Nacional. En Carabobo, el comando de zona de ese componente no ha enviado las copias certificadas o los originales de los cuadernos donde conste cuáles fueron los militares enviados el 4 de mayo a reprimir la manifestación en la que falleció Hécder Vladimir Lugo Pérez, de 20 años de edad. El joven falleció luego de ser herido en la cabeza por una rolinera metálica. Su papá, Héctor Lugo, explicó además que los efectivos de la GN y de PoliCarabobo fueron grabados en videos aficionados cuando se acercaron a rematar con un tiro de escopeta al manifestante, quien se encontraba inerme en la variante San Diego-Tulipanes, aproximadamente a las 4:30 de la tarde. Ese segundo tiro, hecho a quemarropa, ocasionó un daño intestinal que agravó su situación durante el tratamiento hospitalario. “La Guardia Nacional no ha facilitado los cuadernos de partes y armas porque está encubriendo”, señaló el padre de la víctima. Esta omisión en el envío de datos esenciales para individualizar responsabilidades penales comenzó en Caracas con el caso de Juan Pernalete, y es por eso que aún no se sabe el nombre del responsable de su muerte. En estas pesquisas, el encubrimiento pone en entredicho a todo el contingente.

*La Fuerza Armada prevé un recrudecimiento de la violencia política en los próximos días y semanas. Para eso se prepara. Un análisis divulgado la semana pasada en unidades del centro del país establece como acciones más probables en lo inmediato la continuidad en los bloqueos de vías, ya no en las urbanizaciones o pequeñas carreteras, sino en las principales autopistas y troncales del país. También la irrupción en cuarteles militares, tal y como sucedió con un destacamento de la Guardia Nacional en Barinas. Lo más preocupante, sin embargo, es el escenario de asesinatos selectivos de líderes opositores y oficialistas (“ambas facciones”, en el documento) y linchamientos a efectivos policiales y militares. La extensión de las protestas a nuevas zonas del país, indica el texto, puede desencadenar “una reacción en cadena que incite un estallido social, cuyo efecto dominó será de carácter nacional”. El documento omite una tendencia que hay en el momento de su emisión se veía: que los organismos encargados de controlar el orden público están actuando como si los manifestantes fuesen enemigos y no ciudadanos a los que es necesario proteger.

 *En la semana que transcurrió entre el 22 y el 28 de mayo fueron víctimas de homicidio doce personas en todo Barinas. De ellas ocho fueron ultimadas en el contexto de la represión política. La región que vio nacer al ex presidente Hugo Chávez acumulaba hasta el lunes 187 homicidios, 27 en el marco de supuestos enfrentamientos con policías. En Barinas, la conflictividad política adquirió de la noche a la mañana un peso importante en las estadísticas de homicidios. La Guardia Nacional activó allí el nivel II de la Operación Zamora (amarillo), y momentáneamente se calmaron los enfrentamientos. Y así poco a poco avanza la militarización del país para aplacar el descontento.

*Una banda conformada mayoritariamente por menores de edad, como la que operaba en el bulevar de Sabana Grande, se ve ahora en los pasillos del Centro Ciudad Comercial Tamanaco. Empleados de limpieza y vigilantes lo confirman. Un representante del condominio del centro de compras envió a los propietarios de oficinas y tiendas un audio en el que sostiene que este grupo de aproximadamente quince niños y niñas (2 embarazadas) comenzó a actuar con actos de mendicidad aparentemente inofensivos. Ahora, sin embargo, han robado y amenazado a personal de seguridad. “No es algo casual. Hay una organización que los explota”, dijo el portavoz. El liderazgo de los menores lo ejercería una mujer, que diariamente coordina el traslado de los muchachos en dos camionetas.

*El uso de metras o rolineras metálicas para alterar los cartuchos de perdigones de plástico no es nuevo en los cuerpos policiales y militares del país. En la Guardia Nacional y en la extinta Policía Metropolitana (precursora de la Policía Nacional Bolivariana) el “aliñado” de los cartuchos era una práctica conocida. No solo se hacía con metras, sino también con trozos de vidrio, tornillos, tuercas y todo lo que pudiera servir como metralla. Pero nunca se vio que estas mañas estuviesen tan difundidas hasta el punto en que han ocasionado muertos y heridos en por lo menos seis estados del país. En Anzoátegui un agente fue grabado cuando alimentaba la escopeta por la parte posterior del cañón, presumiblemente con una metra o rolinera, en lo que se denomina “avancarga”. Los oficiales saben que es muy difícil establecer plena correspondencia entre estos proyectiles y el arma de los que salieron disparados, puesto que los cañones de escopeta tienen ánima lisa, es decir, carecen de campos y estrías en su parte interna. El uso de metras es reiterado, además, puesto que si utilizaran tornillos u otros objetos metálicos estos cañones podrían quedar horadados, y esto los podría delatar.


*Mucho se ha hablado de los excesos cometidos por los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en la represión de las manifestaciones opositoras. Algunos han llegado a decir que no son venezolanos, sino cubanos en una especie de reedición de la guerra de Angola. Otros, que son malandros uniformados gracias a un acuerdo entre el componente militar y el ministerio para Servicio Penitenciario. Nada de eso consta. De lo que sí hay pruebas documentadas es que esas tropas han sido sometidas a procesos de “formación en el odio”, según los cuales se justifica prácticamente cualquier cosa (incluso la eliminación física) contra aquellas personas que van contra el “legado” del Comandante Supremo. Cuando están juntos y listos para actuar contra las masas de manifestantes, se activan todos esos mecanismos para los que han sido adoctrinados en las escuelas de formación. El video de los guardias que hacen calistenia mientras cantan su deseo de “matar a un maldito guarimbero”, resulta esclarecedor.

domingo, 21 de mayo de 2017

Hampa en tiempos de violencia política

Ya las tendencias están claras: durante las manifestaciones el riesgo de ser víctima de robo se incrementa, especialmente en las fases en las que los participantes llegan o salen del lugar de la protesta. Hay que tomar previsiones

@javiermayorca

Venezuela es en la actualidad –por desgracia- un escenario ideal para evaluar la incidencia del conflicto político en la delincuencia.
Según la organización no gubernamental Provea, en el país se está desarrollando una “insurgencia popular” contra el Gobierno. El argumento es que, a diferencia de lo visto durante 2014, las protestas ahora son más frecuentes, tienen mayor duración, poseen mayor extensión geográfica y aglutinan a personas que pertenecen a las diversas clases sociales y oficios. Por último, estas manifestaciones han sido el escenario para distintos tipos de violencia. Al momento de escribir esta nota, la cuenta oficial iba por 48 muertes. Es decir, en mes y medio de protestas ya fue rebasada la marca de 43 homicidios atribuida directamente al conflicto político conocido como La Salida, que se prolongó por tres meses en 2014. El doble de letalidad.
El 36% de los fallecimientos reportado en esta oportunidad es atribuible a la acción de funcionarios policiales, militares o de civiles armados pro gobierno (colectivos). Este porcentaje crecería si se achaca a ese sector los casos de muertes ocasionadas por el impacto de metras, claramente propulsadas desde cartuchos “aliñados”, tal y como sucedió con Miguel Cañizález (Las Mercedes) y Yeison Mora Castillo (Barinas).
Pero al margen de esta situación han sido frecuentes las denuncias de asaltos perpetrados por civiles e incluso funcionarios uniformados en contra de los manifestantes. Una circunstancia insólita si se toma en cuenta que durante las protestas prácticamente toda la vigilancia policial debería concentrarse en preservar la integridad de las personas que manifiestan, así como de sus pertenencias.
Hay ciertas etapas de las manifestaciones en las que los participantes corren mayores riesgos. Son los lapsos de traslado hacia y desde los sitios de concentración, cuando la gente probablemente camina sola por lugares donde no están los funcionarios de seguridad, pues ellos tienen la atención puesta en otras partes. Este riesgo se incrementa en virtud del patrón seguido por el Gobierno en cuanto al cierre de las estaciones del Metro, lo que obliga a los manifestantes a transitar a pie por trayectos más largos.
Por ende, hay más personas con lapsos de exposición más prolongados. Pareciera una situación ideal para los delincuentes.
Los principales escenarios de las manifestaciones en Distrito Capital han sido Chacao y Sucre, en ese orden. Veamos cómo ha sido el comportamiento de los robos en esos municipios. Estas cifras, conocidas extraoficialmente, abarcan las tres semanas previas al inicio de las protestas hasta el 30 de abril.


 En Chacao, principal escenario de las manifestaciones, ocurren circunstancias que han propiciado un aumento de los robos. En el municipio Sucre hubo un comportamiento similar, aunque no en la misma magnitud que en el municipio vecino. Sin embargo, en la última semana de abril hubo una baja sensible en las denuncias de este delito.
En Venezuela los robos rara vez son denunciados. El director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño, indicó además que si estos delitos se producen en un contexto de protestas contra el Gobierno las víctimas estarán menos dispuestas a acudir ante la policía judicial, un cuerpo que es percibido como altamente politizado a propósito de circunstancias como la solicitud de identificar a manifestantes, hecha a través de la cuenta twitter de ese organismo.
Estas cifras, entonces, son un pálido reflejo, pero reflejo al fin, de una situación que en realidad debe ser mucho más grave. Protestar en la actualidad venezolana no solo comporta los riesgos de ser detenido o lesionado por el golpe de una bomba o por perdigones. También está latente la posibilidad de ser asaltado.
Se debe entender que la acción depredadora de los hampones se dirige preferiblemente hacia las personas que vean más vulnerables, en las circunstancias ya descritas. Las mujeres, los jóvenes y los hombres que caminan sin compañía son presas fáciles. Aquí, como en otros aspectos de la vida, aplica el refrán “en la unión está la fuerza”.

Breves

*La convocatoria a una “constituyente comunal”, y el posterior ofrecimiento de una plaza en esta asamblea exclusivamente para una representación militar tomó por sorpresa a la Fuerza Armada Nacional. Los profesionales de armas no se someterían a votación para tal escogencia, pues ya la tienen asegurada, según lo que trascendió de una reunión entre el Jefe del Estado y el generalato, el miércoles 10 de mayo en Fuerte Tiuna. Maduro expresó su deseo de cambiar el modelo organizacional de la institución castrense, pero no profundizó al respecto. La Constitución vigente indica que la FAN tiene cuatro componentes (Ejército, Aviación, Armada y Guardia Nacional). En el nuevo texto fundamental se podría “constitucionalizar” la Milicia, y también disolver la GN o incorporarla al organigrama del Ejército, tal y como en su momento lo planteó el finado general en jefe Alberto Muller Rojas.

Así lo vieron durante la búsqueda
*Continúa el proceso de remoción de los restos del helicóptero Mi17 del Ejército, siniestrado el 30 de diciembre de 2016 en Amazonas. Hasta el momento de la redacción de esta nota faltaba por recuperar al cadáver del sargento primero Jhonatan Inojosa, quien fungía de mecánico de la aeronave y presuntamente debía estar en un pasillo entre la cabina de mando y el compartimiento de pasajeros. Se presume que el suboficial pudo quedar apisonado entre los restos del aparato y el suelo, o que también pudo saltar o ser expulsado durante la caída. Los otros doce pasajeros murieron casi instantáneamente por el impacto con el suelo y el aplastamiento ocasionado por tres toneladas de comestibles que iban en el compartimiento de carga, y que presumiblemente se movieron hacia la nariz cuando el helicóptero perdió potencia y se fue a pique.
  

*En la carta dirigida por un grupo de oficiales subalternos del Ejército al secretario general de la OEA Luis Almagro hay una queja puntual en el sentido de que la institución castrense ahora se ve obligada a mendigar la comida ante los comercios privados en los lugares donde tienen asiento. Esto no es más que una requisición maquillada bajo el término “apoyo” o “colaboración”. Luego de la divulgación de ese documento, en Carabobo, el director de un centro de adiestramiento de combate del Ejército solicitó mediante una carta al dueño de una empresa de productos cárnicos la entrega de diez kilos mensuales de carne para el comedor de oficiales. En el mismo mes de mayo un capitán de la GN también escribió a un comerciante de Yaritagua para “solicitar sus buenos oficios” en el sentido de suministrar a esa compañía de orden interno “mortadela y queso para la confección de los alimentos del personal militar y civil”.

*La imposición de sanciones a ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por parte del Departamento del Tesoro estadounidense llegó antes de lo que se pensaba. El dato circulaba en medios políticos venezolanos desde la semana anterior. El congelamiento de sus cuentas y de todos los haberes que puedan tener en el territorio de ese país fue decidido en atención a lo dispuesto en el Acta para la Defensa de los Derechos y de la Sociedad Civil de Venezuela, vigente desde 2014. Con ellos suman quince operadores del régimen de Nicolás Maduro incorporados a la lista OFAC porque supuestamente han propiciado violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Esta no es la misma ley que ha sido aplicada en los casos de Tareck El Aissami y el empresario Samark López, señalado como su testaferro. En el caso del Vicepresidente Ejecutivo y de López operó una ley aprobada durante el mandato de Bill Clinton, para privar de recursos económicos a supuestos jefes de carteles (Kingpin Act). El efecto al final es el mismo. Algo que la gente se pregunta es si los testaferros de los magistrados podrán movilizar su dinero. La respuesta es afirmativa. La sanción compromete las cuentas y activos ubicados en EEUU o en bancos que tengan intereses en ese país. Además, los magistrados quedan en una lista de vigilancia y los bancos, empresas y particulares no podrán contratar ni hacer ninguna transacción con ellos, so pena de ser objeto de la misma sanción. Estos jueces, así como todos los que figuran en la lista OFAC, podrán apelar de las medidas e incluso plantear juicios. Pero las posibilidades de éxito para ellos son muy bajas.

*¿Cómo se pierden los medicamentos importados por el Gobierno? El acta levantada por funcionarios del ministerio para la Salud y de la Secretaría de Salud del estado Falcón podría ser reveladora. El 3 de mayo, la coordinadora del programa de VIH Sida en Falcón Limbania Mosquera tuvo que suscribir un informe en el que se advertía un faltante de 270 tabletas de distintos principios activos para el tratamiento de esta enfermedad, que formaban parte de un cargamento de 6.240 despachadas desde la sede del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (Sefar), ubicado en Las Adjuntas. Irregularidades semejantes a esta han sido detectadas en envíos desde la misma institución hacia los estados Guárico, Distrito Capital y Amazonas. Los traslados se hacen en vehículos identificados y consignados en actas. En el caso de Guárico, además, se estableció que el precinto con el que se asegura la carga no había sido violentado.

*La situación en la Fuerza Armada Nacional parecer agravarse con cada día que pasa. Para el momento en que salga esta nota, estarán en Caracas los oficiales graduados en las promociones que van desde 2006 a 2016, correspondientes a los cuatro componentes castrenses. El Ejecutivo insistirá en venderles la idea de que la Constituyente comunal planteada por el presidente Nicolás Maduro es la continuidad del legado de Chávez, algo que les resulta difícil de tragar. También intentará detectar la presencia de oficiales descontentos. Se debe recordar que en los procesos de formación de las tropas y la oficialidad existe una materia sobre el “pensamiento” de Chávez en materia militar, y en esos cursos mucho se insistió en que la Constitución vigente daba el sustento legal al desarrollo de la FAN. Precisamente, hasta 2016 parte de las campañas a lo interno de los cuarteles para descalificar a la oposición consistían en señalar que si el régimen cambiaba los nuevos gobernantes alterarían la Carta Magna. Más allá de eso, el decaimiento económico del país y los conflictos de calle han agudizado las contradicciones en los cuarteles. En Caracas y Vargas desertan oficiales y tropas pues no quieren arremeter contra la población que manifiesta. En Carabobo sustituyen a un general que también se negó a hacerlo. En Táchira un primer teniente de la GN se acerca a manifestantes y corta su carnet de la patria, a sabiendas de lo que le ocurrirá. Además, hay promociones enteras del Ejército bajo investigación. Eso es lo que se sabe públicamente. A lo interno, cada vez son menos los oficiales dispuestos a defender un gobierno aislado y desconocido por el mundo civilizado.

domingo, 7 de mayo de 2017

La "nueva doctrina" del orden interno

Directrices nunca vistas, impartidas desde el MRI, se unen a las viejas mañas para potenciar las acciones de los cuerpos represivos contra una ciudadanía que sale a las calles cada día de manera más multitudinaria

@javiermayorca

El sábado 29 de abril, jefes policiales y militares de Caracas y Vargas fueron convocados a una reunión en la sede de la Región de Defensa Integral Capital en Fuerte Tiuna, donde el titular de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, les informaría sobre los principios que rigen la “nueva doctrina del empleo de las unidades para el orden interno”.
Aunque no se dispone aún de un documento que explique las características de esa “nueva doctrina”, durante los últimos días se han dado cambios importantes en el accionar de los principales cuerpos de seguridad encargados de aplicarla. Además, se han difundido en esas instituciones una serie de instrucciones que anteriormente no se impartían. Sobre la base de esta información se puede delinear algunos aspectos relativos a la táctica aplicada por el Ejecutivo contra los manifestantes que se mantienen en las calles del país desde la primera semana de abril.
1) La sospecha como justificativo de la acción punitiva: en Venezuela la acción represiva o punitiva se justifica cuando el individuo despliega una conducta típica y antijurídica, es decir, está descrita como delito en una ley penal. Llevar un arma no es delito por sí mismo. Pero sí lo es cuando no se posee una licencia legítimamente expedida. Llevar un frasco de colonia junto a una máscara en un bolso no es delito bajo ninguna circunstancia. Pero han sido reportadas detenciones de jóvenes a los que bajan de transportes públicos y ponen a las órdenes de Cicpc por el solo hecho de poseer estos objetos. El militar o policía sospecha que serán utilizados para manifestar. Tales acciones cuentan con el aval de gobernadores oficialistas como los de Yaracuy, Táchira y Vargas, que han criminalizado la posesión de tales objetos al asociarla con supuestos ánimos de desestabilizar al régimen o cometer actos que califican de “terrorismo”.
2) Reducción de oportunidades: en criminología la oportunidad para el delito ocurre cuando coinciden en los mismos tiempo y espacio las víctimas y los victimarios, en una condición en la que no existe la vigilancia de terceros. En el caso de las manifestaciones, los cuerpos de orden público restringen la oportunidad al impedir la reunión en los espacios que consideren desventajosos. De allí la represión contra civiles inermes en El Paraíso, por el solo hecho de que se congregaban para marchar. En septiembre de 2002, además, se emitió un decreto que impide protestas antigubernamentales en las llamadas “zonas de seguridad”, que son precisamente aquellas donde tienen su asiento los poderes públicos. Igualmente, se han tomado decisiones para restar medios o herramientas a la protesta. Por ejemplo, el 25 de abril fue prohibida la fabricación y uso de fuegos artificiales. La GN también emprendió una operación denominada “Humo negro”, en la que son retirados todos los cauchos de las vías públicas, para impedir así que los usen para las guarimbas. Finalmente, se restringe la circulación por las vías de acceso a Distrito Capital los días de marchas, en lo que se conoce como plan “retardatriz”.
3) Alianza cívico-militar: la Guardia Nacional ha actuado en forma combinada con grupos civiles armados en Caracas, Miranda, Carabobo y Mérida, por citar algunos casos. Los civiles llevan a cabo el “trabajo sucio” de arremeter contra los manifestantes. Los militares actúan mediante dos patrones. En ocasiones generan “pasillos o anillos de seguridad” de los que se sirven los civiles armados para cumplir su cometido. Así sucedió el martes 4 de abril en La Urbina. En otras oportunidades la GN (en complicidad con policías afines) se ausenta por completo en áreas de su competencia y deja el terreno libre para que las bandas operen a gusto. Esto lo vimos en El Paraíso y Montalbán. Esta alianza se fundamenta en un supuesto de corresponsabilidad en materia de defensa del régimen, establecido en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, uno de los primeros textos invocados para elaborar el controversial Plan Estratégico Zamora.

Una metra letal
Una pregunta que quizá se hagan los lectores tiene que ver con prácticas que en las últimas semanas se han visto por parte de los efectivos de la GN y de la PNB, y que quizá podrían formar parte de un patrón de conducta. Dos de las más frecuentes han sido el uso de las bombas y granadas lacrimógenas como proyectiles para ocasionar doble daño (exposición al contenido químico y traumatismo por golpe de objeto contundente), y la alteración de los cartuchos de escopetas para incorporar elementos letales, como metras o esquirla de vidrio. Ambas son viejas mañas que han sido heredadas y potenciadas. Esto sucede por una razón básica: cuando una metra o bomba ocasiona lesiones graves o la muerte a un manifestante, la mayor probabilidad es que ese crimen quede sin castigo. Establecer una correspondencia entre el objeto que ocasionó la muerte y el arma que lo propulsó es muy complicado. Por este camino van los homicidios de los jóvenes Juan Pernalete (Altamira) y Armando Cañizález (Las Mercedes). Solo un trabajo diligente de la Fiscalía, operando sobre la base de una delación o una confesión, permitiría individualizar responsabilidades.

Breves
La maleza tapó los restos del aparato
La "caja negra"


*El helicóptero del Ejército siglas EJB 0796 no fue secuestrado ni fue derribado. Las primeras investigaciones a los restos hallados el 29 de abril (cuando casi se cumplían cuatro meses desde la desaparición del aparato) indican que la aeronave simplemente se fue a pique luego de sufrir una “falla en vuelo” de la que no pudo recuperarse. Los restos fueron encontrados en el medio de una densa vegetación que impidió su avistamiento con anterioridad. “Todo está agrupado como si hubiese caído sin velocidad horizontal”, afirmó una fuente castrense. Además, no estaban quemados ni había indicios de que haya sufrido algún ataque. Esto apunta hacia la incidencia de una falla en el propio aparato, que difícilmente será admitida puesto que se trata de compras hechas con poca transparencia, sin controles externos. Desde luego, hay una "junta de investigación" designada para determinar con precisión las causas del siniestro. Pero en Venezuela ni siquiera se conocen las resultas de las pesquisas a los siniestros de vuelos civiles. Para el momento de la redacción de esta nota la comisión integrada por funcionarios del Ministerio Público, la policía judicial y la Fuerza Armada había levantado siete cadáveres, entre ellos los que estaban en los puestos del piloto, el copiloto y el ingeniero de vuelo. Las condiciones del clima han retardado el trabajo, en el que también participa un grupo multidisciplinario del Senamecf. Las autopsias serán efectuadas en un puesto especial habilitado por las autoridades en el aeropuerto de Puerto Ayacucho. Debido al interés suscitado por este incidente, se colocan en esta entrega varias fotografías del proceso de remoción así como los restos de la aeronave siniestrada.
Parte de la cola


*El 2 de mayo el nuevo director de la Policía Nacional Bolivariana, general de brigada (GN) Carlos Pérez Ampueda, ordenó la supresión de las direcciones de Inteligencia y Estrategia, Antidrogas, Contra la Economía Criminal, Antiextorsión y Secuestros y Contra la Delincuencia Organizada, pues todos ellos serán adscritos a una fuerza de Acciones Especiales (FAES). Desde 2014, la PNB evaluaba una reestructuración de sus cuadros. Las mencionadas direcciones habían sido creadas en función de las atribuciones establecidas por ley para este cuerpo. Ahora, son eliminadas “a fin de cumplir con los lineamientos del Gobierno Revolucionario, que tiene la meta de frenar y erradicar los índices delictivos que afectan la paz social y la seguridad ciudadana”. Ahora, la línea de Pérez Ampueda será “enfrentar y desmantelar bandas”.
*El mismo 2 de mayo, un grupo de encapuchados emboscó a una comisión de la Policía Nacional que iba en moto por la avenida Miguel Ángel de Bello Monte. A uno de los agentes le falló el vehículo y se le apagó.  Fue rescatado por efectivos de PoliMiranda que estaban en el lugar. La moto Suzuki DR650 quedó en la vía y fue quemada por los iracundos. El oficial que la manejaba era parte del grupo de escoltas del embajador de China en Venezuela Zhao Bentang, quien había solicitado un reforzamiento de su seguridad, porque en los últimos días supuestamente se recibieron amenazas contra el personal diplomático de esa delegación, así como también contra la sede de la embajada, ubicada en la calle Orinoco de Las Mercedes.

*Escribe el abogado David Terán para alertar sobre el verdadero sentido de la aplicación del fuero militar a los civiles que han sido detenidos una vez activada la Operación Zamora en el estado Carabobo: “El alto gobierno dio la orden de encarcelar a todos los disidentes, instruyendo a la PNB y la GNB. Para tal fin han detenido a más de 1.500 manifestantes. Sin embargo, la actuación policial deficiente y arbitraria hace inviable los casos, y el Ministerio Público no puede pedir privación de libertad ilegítimamente. La Fiscalía ha manifestado públicamente que las detenciones son ilegítimas, arbitrarias y violatorias de la Constitución (…) Ante esto, el Gobierno activó a los tribunales militares. Quieren usar la justicia militar ejemplarizante, donde el juez sigue órdenes y no la Constitución. En conclusión, ya no confían en la Fiscal Luisa Ortega”.

*La conflictividad política aparentemente tuvo escaso impacto en la industria del secuestro durante el mes de abril. Así puede concluirse al analizar las cifras de casos procesados en Distrito Capital y Miranda. En Libertador fueron secuestradas diez personas el mes pasado y en Miranda otras 17. Chacao, que ha sido el principal escenario de las protestas, tuvo la mayor cifra de secuestros (3). También hubo denuncias en el municipio Sucre, Rio Chico y los Valles del Tuy. Un video hecho por una cámara de vigilancia en Lomas del Tamanaco sugiere además que policías, militares o integrantes de colectivos pudieran estar incurriendo nuevamente en este delito. Las imágenes muestran a una camioneta pick-up doble cabina (similar a las de uso oficial) que intercepta a un vehículo sedán, el 27 de abril en la noche. Del primero se bajaron cuatro hombres, algunos con chalecos antibalas, para tratar de someter a los ocupantes del otro auto. Pero una rápida reacción de manejo defensivo se los impidió. El video, sin embargo, es revelador.

*Un muro de impunidad impide el avance de las pesquisas sobre los homicidios del criminólogo Jesús Sulbarán, encargado de Política Integral de la gobernación de Mérida, de 41 años de edad, y del obrero de 52 años Luis Alberto Márquez. Ambas muertes fueron reportadas el 24 de abril como consecuencia de un tiroteo en el que también fueron heridos el estudiante de la ULA Daniel Infante, la instructora de Defensa Progresiva Yuleska Hernández, Daniel Escalona y Luis Hernández, en el cruce entre el viaducto Campo Elías con la avenida Las Américas de Mérida. Hasta ahora, ha sido el ataque más letal llevado a cabo durante el recrudecimiento de las manifestaciones de calle que comenzaron en abril. En este caso, las víctimas participaban en una actividad proselitista del oficialismo. Inicialmente, se creía que los disparos fueron hechos desde las alturas del conjunto residencial El Viaducto. Pero los allanamientos efectuados por la policía judicial no arrojaron resultados. En el área del tiroteo, además, fueron encontradas evidencias tales como proyectiles y conchas que sugieren que los atacantes estaban alrededor o entre los propios participantes de la marcha. Hubo por lo menos tres tiradores, que usaron pistolas calibres 9 mm, 380 y .38. Con esta última mataron a Luis Márquez. Los investigadores, además, hicieron levantamientos planimétricos en compañía de dos de las víctimas y analizaron diversos videos tomados por transeúntes al momento del tiroteo. Uno de ellos supuestamente permitió identificar a un hombre conocido como Ruso, captado mientras disparaba en un extremo del viaducto hacia el lugar donde se encontraba Sulbarán. La lista de sospechosos abarca tanto a elementos de agrupaciones opositoras, como el llamado Movimiento 13, hasta militantes armados del propio Psuv, como el caso de un hombre de apellido Uzcátegui a quien le decomisaron una pistola Jericho calibre 9 mm para someterla a experticia de comparación balística. Esto explica por qué luego de las primeras horas, cuando el gobernador Alexis Ramírez culpó en forma apresurada a “terroristas” opositores, lo que ha seguido es un profundo silencio.

domingo, 23 de abril de 2017

Maduro sin Fuerza Armada

Los últimos anuncios presidenciales, unidos a otros datos no tan conocidos, ponen de manifiesto la realidad de un Gobierno que ya no cuenta con la institución militar

@javiermayorca

El lunes 17 de abril, el presidente Nicolás Maduro anunció en un acto con integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana que entregaría medio millón de fusiles con la finalidad de que los soldados de ese componente puedan “defender su barrio, su estado, las costas, los ríos, la selva y las ciudades”, de lo que describió como “las agresiones imperialistas”.
La realidad está allí: a dos días de la marcha opositora del miércoles 19 de abril, el jefe del Estado se vio obligado a poner la vista en las filas de unas turbas con nulo entrenamiento, sin convicción ni disciplina, armadas con fusiles FN descontinuados para que salgan a las calles a defender a su gobierno.
Es el mismo Presidente que una semana atrás tuvo que salir de emergencia del estado Bolívar, cubierto por el paraguas de la Guardia de Honor para protegerse de una lluvia de huevos, tomates e insultos.
La figura de un mandatario disminuido y con claros visos autoritarios también es desaprobada por la mayoría de las fuerzas militares regulares. Por eso Maduro se ve obligado a exigir la lealtad de los milicianos, definidos precisamente como “pueblo en armas”.
En el Ejecutivo hay la sospecha de que, a la hora de las chiquitas, las tropas profesionales y la oficialidad le darán la espalda a Maduro. Ya lo sugirió el general retirado Clíver Alcalá en una entrevista para el rotativo español ABC.
Es posible que amanezca el jueves y Maduro siga en el poder. Sin embargo, ese día el mandatario deberá afrontar la realidad de una institución militar menguada y poco ganada para sus propósitos.
Esta no es una situación nueva. Pero no es del conocimiento general. El primer indicio al respecto surgió en febrero, cuando el ministro Padrino distribuyó entre el generalato la Guía de Planeamiento del año 2017. En el lineamiento 12, el titular de Defensa instruyó a los jefes de unidades para que cumplan con las cuotas de selección de personal, diseñen políticas “para incentivar la permanencia en la FANB y la MB, atacar la deserción, las bajas y hacer énfasis en el empleo adecuado del personal militar”. En el punto siguiente, Padrino prevé que con los recursos disponibles no podrán llenar las plazas, y ordenó que algunas de ellas sean reasignadas a efectivos de tropa profesional.
Posteriormente han surgido nuevas pistas del deslave en la FAN. El 11 de abril, la Región Estratégicas de Defensa Integral de Los Llanos ordenó a todas las unidades bajo su mando la ejecución del plan Guaicaipuro 2016, cuyo objetivo es “capacitar, adiestrar y preparar” a integrantes de todos los componentes en la preservación del orden público. La lógica detrás de esto es que el pie de fuerza de la Guardia Nacional sería insuficiente para atender una situación de protesta generalizada, y por ende habría que incrementarlo mediante la incorporación de soldados de la Policía Militar del Ejército, así como sus equivalentes en la Armada y la Aviación.
Y todavía esto no es suficiente. Las deserciones y “permanencias arbitrarias fuera del cuartel” por parte de los efectivos de tropa son cada vez más frecuentes. Ya ni siquiera salen a buscarlos. Simplemente se hace una notificación administrativa y otra judicial. Hay unidades en Vargas, por ejemplo, que ven mermadas sus filas hasta en 40% como consecuencia de esta situación.
Para evitar sorpresas, el lunes 17 de abril enviaron a grupos de orden público de la GN la notificación sobre la restricción de los permisos “y mantener el máximo personal disponible”. Esta fuerza eventualmente tendría que incorporarse en apoyo “a labores de inteligencia”.
Los tenientes del Ejército se pronuncian
Lo que hay en la FAN no es suficiente para el Gobierno. Y cada vez con más frecuencia va contra los propósitos de la “revolución”. Hay que poner atención en los expedientes que está instruyendo la Dirección de Contrainteligencia Militar. Desde marzo están siendo ventilados ante los juzgados militares de Caracas dos grandes casos que involucran a oficiales activos del Ejército, la fuerza clave en el soporte al actual proceso político. Ya no son generales o coroneles, como se decía en los días del llamado Golpe Azul. Ahora son oficiales subalternos. El último caso involucra a más de veinte. Básicamente tenientes y primeros tenientes. Les imputan rebelión militar y traición a la Patria. Es el mismo expediente en el que aparece investigado el general de brigada retirado Angel Vivas. Tres de los señalados habrían desertado, e incluso se investiga si salieron a Colombia. Los demás permanecen recluidos en la cárcel de Ramo Verde.

PS: luego de la publicación de las primeras versiones de esta columna, en Tal Cual y Runrunes, trascendió el ataque a tiros contra la residencia presidencial La Viñeta, que involucra a tres oficiales subalternos de la Armada. Sobre este caso hay dos hipótesis. La primera, filtrada de manera oficiosa, es que estos militares se emborracharon y no encontraron mejor forma de canalizar sus frustraciones que emprendiéndola a tiros contra la referida instalación. La otra es que esto se trata de un aviso al Ejecutivo. Como quiera que sea, ambas versiones dicen mucho sobre el deterioro de la imagen presidencial en el seno de la FANB.

Breves

*Luego de la “madre de las marchas”, el 19 de abril, las protestas continuaron en distintas partes del país. En la avenida Perimetral de San Antonio de los Altos hubo un tiroteo en el que mataron al sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana Neomar San Clemente Barrios e hirieron al jefe de Estado Mayor de la Área de Defensa Integral 444 de Miranda, coronel (GN) Juan Carlos Arias. Del cadáver de San Clemente fue extraído un proyectil. La comparación balística mediante programas informáticos efectuada por la policía judicial determinó que había salido de un arma que aparecía decomisada por agentes de la Policía del Municipio Sucre durante un procedimiento llevado a cabo el 9 de marzo de 2016. Es una pistola Steyr calibre 9 mm serial 022629. El registro correspondiente como arma incriminada fue hecho por Cicpc el 31 de marzo de ese mismo año. El 7 de junio, la pistola fue remitida con constancia escrita a la Zona de Defensa Integral Miranda, donde se supone que la FAN debía custodiarla y tenerla a las órdenes del Ministerio Público, pues se trata de un arma señalada en un expediente penal. Ahora, la pistola está de nuevo en la calle, y sus primeras víctimas son precisamente los militares.

Los blindados del Conas
*El director del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional general de brigada Ramón Pimentel Avilán prohibió a los efectivos de esa unidad el uso de vehículos VN4 para el traslado de los efectivos de esa unidad militar a los sitios donde deban participar en operaciones para el restablecimiento del orden interno. Los integrantes del Conas han tenido que desviar sus esfuerzos de la lucha antisecuestros para hacer “inteligencia” sobre las manifestaciones, y remitir informes sobre quiénes son sus líderes y las personas que los apoyan. Los VN4, tal y como se ve en la foto, son blindados para uso táctico, y en el caso del Conas no están configurados para afrontar manifestaciones, por lo que el riesgo de perderlos es muy elevado.

*El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz adelanta la adquisición de 22 aeronaves no tripuladas o drones con la supuesta finalidad de complementar los trabajos de vigilancia en seguridad ciudadana para el Distrito Capital. La planificación correspondiente indica que estos aparatos solo serán usados en el municipio Liberador, a razón de uno por cada parroquia. Cada dron deberá tener en tierra un personal especializado en su manejo, así como también en la lectura de las imágenes que arrojen las cámaras y, desde luego, en el mantenimiento. Los municipios mirandinos de la capital (Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo) quedaron excluidos de esta planificación.

*Ante el incremento de la conflictividad política, el jefe del Estado activó en Miraflores un Puesto de Comando Presidencial. Allí convergen delegados o representantes de la Fuerza Armada Nacional, el MRI, el Sebin y demás cuerpos de seguridad oficialistas, incluida la dirección de Tránsito de la Policía Nacional. La coordinación de este dispositivo es responsabilidad del titular de Defensa y del Ceofanb Vladimir Padrino. La idea es lograr mayor fluidez y rapidez en la transmisión y cumplimiento de las órdenes.

*La desmovilización de las FARC y la ocupación de los espacios que antes dominaba este grupo por elementos del ELN y nuevas bandas criminales (algunas compuestas por guerrilleros que se negaron a entregar sus armas) sería uno de los factores que incide en el alza de los homicidios en el estado Apure. En los primeros tres meses del año estos crímenes han repuntado 70% con respecto al mismo período de 2016. También se han incrementado las muertes por “resistencia a la autoridad” en 14%.  Esto hace que Apure sea, en términos de incremento porcentual, el estado más violento de Venezuela en la actualidad. Un representante de los ganaderos de la zona indicó que a los antiguos miembros de las FARC les pagaron una especie de liquidación. Ahora, al no tener el paraguas de la guerrilla colombiana, supuestamente han formado nuevos grupos o se han aliado a los elenos. Además, Apure sigue siendo el punto de despegue preferido para los vuelos clandestinos que salen hacia los países de Centroamérica y el Caribe, cargados con drogas. Los municipios más violentos han sido San Fernando, Achaguas, Biruaca y Páez.


*La Policía Nacional Bolivariana continúa en franco deterioro. El cuerpo civil armado más importante del país da todos los días pruebas de la incorporación de sus agentes al delito. Antes eran oficiales rasos, y los expertos atribuían sus “desviaciones” a la escasa formación y problemas de supervisión derivados del incremento explosivo en el pie de fuerza de la institución. Ahora se ve a funcionarios del nivel más alto de la jerarquía de ese cuerpo implicados en casos que indican a todas luces la existencia de poderosas redes criminales. Los últimos ejemplos son claros: en Apure una comisión del Ejército apresó el 6 de abril a diez oficiales de la PNB, 2 de Poliaragua, un empleado de MinSalud y 2 civiles por estar incursos en el supuesto tráfico de 298 panelas de marihuana. Entre los implicados figura una supervisora agregada y dos oficiales jefes. El lunes 17 de abril la GN apresó en Lara a cinco agentes que supuestamente exigían Bs 1 millón a un comerciante para no implicarlo en un expediente penal. Entre los detenidos está un supervisor agregado de 44 años de edad. La reestructuración de este cuerpo, anunciada por el presidente Maduro, hasta ahora no es más que un canto a la bandera. 

domingo, 9 de abril de 2017

Niños feroces

Cada día más menores de edad se incorporan a la vida crimnal, pero el Ejecutivo solo habla de paramilitares. El caso de Sabana Grande es un anuncio de lo que vendrá si no se toman medidas urgentes

@javiermayorca

Los homicidios de dos sargentos del Ejército a manos de un grupo de menores de edad en el bulevar de Sabana Grande, la madrugada del sábado 25 de marzo, no pueden ser vistos como hechos aislados a casuales. Por el contrario, fueron la consecuencia de procesos en los que niños y adolescentes de ambos sexos han ido involucrándose cada vez con mayor intensidad en el círculo de la violencia.
Uno de los aspectos más llamativos de este caso es que hasta el momento no se ha podido comprobar la existencia de ninguna relación previa entre los militares y los jóvenes que los mataron a cuchilladas y punzadas. En los anales policiales queda catalogado como el producto de una “oportunidad”, es decir, la convergencia de víctimas y victimarios en un mismo lugar sin que hubiese una autoridad que impidiese el resultado trágico, precipitado por la oposición al robo. En esto, el crimen contra los sargentos se parece mucho al homicidio del teniente coronel Eliécer Otayza, en el sector La Palomera de El Hatillo durante el mes de abril de 2014. En ambos casos, las muertes fueron producto de acciones colectivas y muy cruentas.
La muerte de Otayza debió encender las alarmas de la sociedad, pero fue desvirtuada por el propio oficialismo, con el argumento de que había sido el resultado de un sicariato ejecutado por supuestos paramilitares. De este modo, se perdió una oportunidad para lograr las debidas rectificaciones. Ahora, tenemos otro crimen parecido.
Entre el caso de Otayza y el de los sargentos la violencia infantil y juvenil ha ido desarrollándose en el país.
Las estadísticas del ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, conocidas extraoficialmente, indican que en 2015 fueron identificados 38 menores de edad como supuestos perpetradores de homicidios. En 2016 esta cifra se elevó a 72. Un incremento de 89%. En el grupo de los niños, es decir, seres que no tienen más de doce años de edad, fueron identificados seis supuestos homicidas.


En la mayoría de los expedientes se comprobó una relación previa entre los homicidas y las personas fallecidas. Generalmente formaban parte de su entorno familiar. En agosto de 2016, por ejemplo, un niño de siete años de edad mató con un disparo a Gladys López, de nueve años. Esto sucedió en Barinas. Aunque parezca insólito, este caso fue catalogado por la policía judicial como un “ajuste de cuentas”. Uno ve esto y entiende las profundas sospechas que hay sobre la seriedad con la que los investigadores determinan los móviles de cada crimen.
Los varones suelen ser los que primero se incorporan al delito. Pero cada vez hay más personas del sexo opuesto. En 2015 fueron identificadas dos, mientras que en 2016 la cifra se triplicó. Para ellas, la edad de inicio en la violencia homicida parece ser los quince años. No por casualidad es la misma que tiene una de las detenidas por el caso de los sargentos.
La participación de los menores de edad en la violencia es aún más evidente cuando se analizan las cifras sobre lesiones personales.


Sobre este particular consulté a la especialista en derecho de protección penal de menores y adolescentes Magaly Vásquez.
“Lo que me dicen jueces y fiscales es que los menores cada día están involucrados en delitos má satroces”, alertó.
Vásquez sospecha de los discursos exculpatorios que depositan en la sociedad toda la carga de responsabilidad por la delincuencia infantil y juvenil. Según la experta, las personas con menos de dieciocho años de edad son perfectamente concientes de que Venezuela les da un tratamiento especial cuando cometen un delito, sobre todo si poseen edades inferiores a los catorce años.
“Se sienten inmunes frente al sistema (…) De no adoptarse medidas para reforzar la protección familiar, los casos como el de Sabana Grande irán incrementándose”, sostuvo.
Estos niños y adolescentes actúan generalmente en grupos. Antes, tenían el liderazgo de un mayor de edad, probablemente alguien que creció con ellos. Pero ahora, según Vásquez, se trata de conglomerados de los que surge un líder en forma natural, ya sea porque es el más astuto o el más violento.
Y saben que cuando infrinjan las normas el Estado pronto los perdonará.

Breves

*Efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar adelantan una nueva investigación por supuesta traición a la patria, instigación a la rebelión y otros delitos contra la seguridad y el orden de la Nación y de la Fuerza Armada Nacional. Hasta ahora han sido detenidos el capitán del Ejército Angelo Heredia, quien comandaba una compañía de ese componente castrense en Coloncito, estado Táchira; el coronel retirado de la misma fuerza Ricardo Somascal Longo, quien reside en Turmero, estado Aragua, y el civil Eduardo Vetencourt, ligado al partido socialcristiano Copei. El expediente de unos 150 folios se inicia con un informe de inteligencia cuyas fuentes se desconocen (presuntos “patriotas cooperantes”) pero que presuntamente señala la formación de un movimiento conspirativo contra el presidente Nicolás Maduro en el que participarían más de cincuenta personas, entre ellas numerosos militares activos. Se cita como evidencia una supuesta reunión preparatoria en una vivienda de Los Palos Grandes, llevada a cabo en febrero de este año. Esto hace suponer que ocurrirán nuevas capturas en las próximas horas, presumiblemente de dirigentes de la tolda verde, que como se sabe atraviesa desde hace varios meses un proceso de fractura por la relación de varios de sus militantes con el oficialismo. Los detenidos fueron presentados ante el Tribunal Primero de Control Militar en Caracas, a cargo de la mayor Claudia Pérez, y actualmente permanecen en el Centro para Procesados Militares de Los Teques.

*En la Guardia Nacional hay preocupación por el comportamiento de un coronel de apellidos Lugo Armas, quien fue transferido del destacamento de la Guardia del Pueblo Norte para que velara por la seguridad en el centro de Caracas, donde tienen su asiento los poderes públicos. A él se le atribuye haber permitido, o por lo menos no haber impedido, el paso de integrantes de colectivos armados al interior del Parlamento, para que interrumpieran una sesión del 26 de octubre de 2016 en la que se iba a discutir la ruptura del orden constitucional. Posteriormente, Lugo ha sido grabado en comportamientos alejados de la investidura de un oficial de esa graduación, especialmente cuando se trata de mujeres y periodistas. Esas conductas, desde luego, han permeado en los oficiales y tropas bajo su mando. Desde la propia Guardia Nacional envían la información contenida en su hoja de vida. Allí destacan tres arrestos simples, el más prolongado duró cinco días y fue impuesto por el general de división Gerardo Briceño García (ex comandante general de la GN), debido a la supuesta violación de disposiciones reglamentarias. Las otras sanciones fueron por el incumplimiento de prescripciones reglamentarias y por falsear la verdad en asuntos de servicio. En 2005, además, lo vincularon con una averiguación penal por secuestro. Cabe destacar que esta pesquisa fue cerrada. En casos de otros oficiales, estas hubiesen sido razones suficientes para impedir que ascendiera en la jerarquía militar. Lugo, sin embargo, es depositario de la confianza de sus superiores.

El gas rojo "marca" a los manifestantes
*Un ex comandante general de la GN envía información sobre el gas rojo, utilizado para disolver manifestaciones en la avenida Libertador y en Chacao el sábado 8 de abril. El componente principal de tales granadas es el bromuro de bencilo, un polvillo de efecto urticante al entrar en contacto con las mucosas y la piel. Tiene, además, otro efecto: tiñe de rojo la ropa y la piel de las personas que se exponen a él, y esto las hace “perseguibles” aunque ya no participen en las protestas. De hecho, las partículas se adhieren a la piel y la ropa hasta por cinco días. Este agente químico fue utilizado ocasionalmente para dispersar manifestaciones en Chacao durante los meses de febrero, marzo y abril de 2014. No figura en los manuales que tradicionalmente se estudiaban en la Guardia Nacional para aprender las tácticas de control del orden público, por lo que se presume que forman parte de una nueva “doctrina”.

*Luego de que la fiscal general Luisa Ortega afirmara que en Venezuela se había roto el hilo constitucional, el Partido Socialista Unido de Venezuela y la Fuerza Armada activaron sus unidades de inteligencia y seguimiento de la información. Debido a la censura y la autocensura, los medios más revisados y analizados no son actualmente la prensa ni la televisión, sino las redes sociales. Hay un monitoreo detallado a lo que dicen o dejan de decir el gobernador de Miranda Henrique Capriles, el presidente del Parlamento Julio Borges y medios electrónicos como La Patilla y Runrunes. Todas las informaciones son copiadas y luego valoradas en términos de positivas, negativas y neutras. La Policía Nacional Bolivariana también tiene un grupo asignado para esta misma tarea. Aunque se enfoca primordialmente en asuntos institucionales y de seguridad ciudadana, también revisa la actualidad política desde una perspectiva netamente oficialista.

*La práctica de los linchamientos se ha extendido a todo el país. El Gobierno y la Fiscalía lo saben, pero poco pueden hacer al respecto. Durante 2016 fueron reportadas 90 muertes mediante la acción de grupos o colectividades, contra supuestos delincuentes. El estado donde más reportes hubo fue Monagas, con 21. Allí el ritmo de homicidios bajo esta modalidad se ha incrementado. En los primeros dos meses y medio de 2017 se han verificado 11 muertes por linchamiento. En Zulia van 17. Otro indicador más del desmoronamiento de la institucionalidad y su reemplazo por formas privadas del ejercicio de la violencia.


*Escribe una lectora para relatar algo que le sucedió a su familia durante la madrugada del 25 de febrero: “Pasamos madre susto cuando mi hija, su novio, mi sobrino y un amigo compartían en la puerta de mi casa (avenida Los Chorros de Sebucán). Bajaron por la cuadra tres tipos armados. Mi hija y mi sobrino corrieron adentro. El novio y el amigo no. Me levanté asustada al oir los gritos de mi hija. Salimos todos, pero ya se los habían llevado. Movimos cielo y tierra. La Policía de Sucre, que está a una cuadra, no contestó nunca. Gracias a Dios, aparecieron en La Castellana. Estaban a pie. Contaron que fueron guardias nacionales los que los detuvieron, les pegaron y los robaron. Les quitaron los celulares y una botella de ron. Eran seis en un jeep, con una mujer. Les dijeron: “Cuento cinco o les disparo”, y los soltaron. A uno de ellos le dieron con la cacha de un fusil en las costillas. Ahora no sabemos quiénes nos cuidan”.