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domingo, 22 de octubre de 2017

El síndrome del cautivo

En Venezuela está en desarrollo desde hace años una operación de ingeniería social para hacer que cada uno de sus ciudadanos asuma la mentalidad de un rehén. El episodio de Estocolmo arroja algunas enseñanzas

@javiermayorca

En agosto de 1973 una pareja de asaltantes irrumpió en una agencia del banco Kreditbanken de Estocolmo, en Suecia, con la intención de perpetrar un asalto. En el proceso, las cosas se complicaron para los delincuentes, liderados por Jan Erik Olsson, quienes no pudieron huir y se confinaron en la caja fuerte de la entidad financiera con tres mujeres y un hombre.
La situación de rehenes se prolongó por seis días. En ese lapso, todas las partes desarrollaron una relación tan estrecha que los cautivos, especialmente las mujeres, negociaron con el primer ministro sueco Olof Palme para asegurar que se respetaría la integridad de los asaltantes.
24 años después, en agosto de 2017, una comerciante venezolana fue privada de su libertad en Caracas por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), sin orden de captura ni constancia de un delito flagrante. Simplemente porque a estos sujetos les parecía que ella estaba ligada de alguna forma al grupo que asaltó la 41 Brigada Blindada del Ejército, en el primer capítulo de la llamada Operación David.
Sol Zavala, al igual que los empleados del banco sueco, al principio estaba aterrorizada. No le dejaban contactar a un abogado ni la presentaban ante los tribunales. Para el mundo exterior, no existía.
La mujer estuvo en el Helicoide más de 45 días. Según la declaración que ofreció a El Nacional, en la medida en que pasaban las horas “optó por convivir con los agentes”: les preparaba café, les calentaba la comida e incluso limpiaba las instalaciones de las que no podía salir.
“Me sentía como un superhéroe, encargada de repartir amor”, recordó.
Ambos casos se encuadran en lo que los siquiatras Nils Bejerot y luego Frank Ochberg definieron como el Síndrome de Estocolmo. Se trata de un “fenómeno psicológico” en el que se desarrolla un nexo positivo entre el o los captores y sus secuestrados o rehenes.
Generalmente, se dan tres comportamientos: 1) las víctimas evidencian un sentimiento positivo hacia sus captores; 2) las víctimas muestran desconfianza y temor hacia lo que puedan hacer las autoridades, y 3) existe la posibilidad de que los captores también solidifiquen un sentimiento positivo hacia sus rehenes, una vez que comienza a verlos como seres humanos.
Bastan seis días cautivo, o menos
El problema con el síndrome de Estocolmo es que tiende a generar condiciones que impiden o retardan la superación de la situación. Una de las partes, generalmente la víctima, tiende a comprender e incluso avalar las acciones y razonamientos de su captor, perdiendo de vista en el camino que se encuentra en ese trance por una actuación de fuerza.
El síndrome de Estocolmo, por ende, es consecuencia de un ejercicio criminal del poder, que en cierta forma termina siendo normalizado, y eventualmente amado por la víctima. Hay cautivos que desarrollan una dependencia tal de sus captores que hasta tienen relaciones sexuales con ellos. Recordemos por ejemplo el caso de Clara Rojas en Colombia.  
En el tiempo de cautiverio, todo lo que la víctima gana son concesiones que hace la contraparte: quizá puedas bañarte hoy; quizá puedas comer; si me da la gana te daré las píldoras que necesitas para vivir; posiblemente votarás… Pero siempre que lo hagas será cuando yo diga, en las condiciones que establezca.
A este respecto, llama la atención la respuesta de quien fuera gobernador de Lara, Henry Falcón, cuando el presidente estadounidense afirmó que no descartaba la “opción militar” para Venezuela: “¡Insolente, Trump! Este peo es nuestro. ¡Resuelve los tuyos, que son bastantes!”. Una expresión visceral, de quien ya internalizó la mentalidad del rehén y sale en defensa de su captor.
Esa misma condición llevó a los dirigentes partidistas a tomar las migajas que significaban la convocatoria a una elección de gobernadores, sin siquiera discutir si el proceso podría llevarse a cabo en forma justa. El captor, incluso, alteró sobre la marcha tales condiciones, y aún así las contrapartes continuaron en el juego, como buenos rehenes.
Pero el síndrome del cautivo no solo afecta a estos líderes. Ellos son si se quiere la fiel expresión de un proceso de ingeniería social que comenzó hace mucho tiempo con los ciudadanos de a pie, y que hoy los tiene más pendientes de hacer las colas del Clap que de buscar soluciones definitivas a sus padecimientos.
Venezuela se convirtió en una gran situación de rehenes.

Breves

Parte del grupo de detenidos
*El 10 de octubre, el presidente del Senado colombiano Efraín Cepeda exhortó al gobierno del presidente Juan Manuel Santos para que presente ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y la Organización de Estados Americanos el caso de 61 naturales de ese país que permanecen detenidos desde septiembre de 2016 en celdas del centro de coordinación policial de La Yaguara, a cargo de la Policía Nacional Bolivariana, en lo que el parlamentario describió como “precarias condiciones humanitarias”. Los neogranadinos fueron aprehendidos durante redadas que se llevaron a cabo en el municipio Sucre, para darle sustento a un discurso oficialista según el cual la criminalidad en Venezuela, y especialmente en el Distrito Capital, era estimulada por el accionar de grupos paramilitares foráneos. Estas capturas fueron ejecutadas sin órdenes tribunalicias y sin flagrancia. Durante el año que ha transcurrido desde entonces, tres juzgados se han pronunciado para que estas personas sean liberadas, y aún así permanecen tras las rejas.

*¿Para qué sirve tanta parafernalia militar alrededor de las elecciones? ¿La Operación República tiene alguna utilidad en términos de seguridad ciudadana? Veamos. Durante una semana, el gobierno central asumió la conducción de las policías preventivas, regionales y municipales. El viernes 13 de octubre, se ordenó el acuartelamiento de los cuerpos uniformados, de manera que solo los militares estarían en las calles. Entonces, se supone que no solo velarían por el correcto desenvolvimiento de la jornada electoral, sino también intentarían un control a la delincuencia. Los resultados, sin embargo, indican todo lo contrario. En los lugares de Caracas donde se llevó a cabo el despliegue castrense, la delincuencia arreció. En el municipio Sucre, por ejemplo, los homicidios aumentaron 125% con respecto a la semana previa. Los hurtos de vehículos también se hicieron más frecuentes, aprovechando precisamente el momento en que la gente iba con sus autos o motos a emitir sufragio. En El Hatillo también hubo sustanciales incrementos en delitos contra la propiedad. Los robos de vehículos, por ejemplo, se dispararon 200%. Lo mismo que en Chacao. En cambio, en Libertador, donde no hubo despliegue de Fuerza Armada, los delitos desaceleraron un poco. La Operación República, además, fue el motivo de la pérdida de una semana completa de actividades académicas en los planteles donde se iba a votar. Algunas instalaciones fueron abandonadas de improviso por los militares, cuando el CNE ordenó las reubicaciones de centros. Desde luego, ese costo de clases perdidas ni siquiera fue mencionado por el Gobierno.

*Al conocerse los resultados de los comicios regionales, el Ejecutivo anunció las intervenciones de las policías de todos los estados donde había ganado la oposición (Zulia, Táchira, Mérida, Nueva Esparta y Anzoátegui). La resolución emitida por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz argumenta que los agentes de estos cuerpos participaron en forma “masiva y continuada” en la violación de Derechos Humanos, “en redes delictivas y actividades que atentan contra el orden constitucional”. Es la séptima medida de este tipo que es aplicada a una policía regional por el autodenominado “órgano rector” en materia de seguridad ciudadana. Como cosa curiosa, en todas las ocasiones han afectado a instituciones de estados donde gobierna o gobernaba la oposición. El carácter político de esta medida queda en evidencia cuando se analizan dos elementos: 1) la ausencia de motivación de las medidas impuestas el 21 de octubre, más allá de una mención genérica a las causales para una intervención de esta naturaleza, establecidas en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, sin atender al mandato legal de la progresividad en la toma de tales decisiones. Es decir, antes de la intervención debe haber constancia de que se hicieron asistencias técnicas a las policías correspondientes, o de la instrucción de expedientes donde se dejara clara constancia, por ejemplo, de la existencia de redes de delincuencia organizada; y 2) ante los cambios de gobernadores en Lara, Amazonas y Miranda ya el gobierno central se dispone a entregar los cuerpos policiales, que fueron sustraídos del mando de los gobernadores Falcón, Guarulla y Capriles. ¿Eso quiere decir, entonces, que bastaba con el cambio de los mandatarios para que desaparecieran las redes delictivas y la violación continuada de los derechos humanos? La intervención, además, implica que las direcciones de los cuerpos policiales regionales serán militarizadas, lo que va contra la letra de la norma. Y pensar que este ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, en una oportunidad exigió despolitizar el debate sobre seguridad…

*En la edición anterior se informó aquí que los secuestros en el municipio Páez del estado Miranda habían aumentado 130% si se comparan con el año pasado. Según el analista en seguridad Alberto Ray, en la mayoría de los casos conocidos los captores hacen solicitudes que pueden ir desde los cuatro mil dólares hasta los veinticinco mil dólares en promedio. La pregunta siguiente es: ¿cómo hacen las bandas de estos sectores apartados, boscosos y rurales para manejar los pagos que les hacen en moneda extranjera? Un policía veterano, especializado en negociaciones de secuestros, dio la respuesta: en Barlovento, y en especial en los alrededores de Rio Chico, hay comerciantes de origen italiano y árabe que estarían haciendo operaciones clandestinas de cambio de moneda para hacerse de los dólares y euros pagados por los familiares de las víctimas de secuestros. Con este servicio, comienza a completarse el círculo desde la actividad de delito organizado hasta la legitimación de capitales.

*Un extraño movimiento de tropas y jefes militares se llevó a cabo durante los días previos a las elecciones regionales, en los puestos del estado Apure fronterizos con el departamento de Arauca colombiano. Los jefes castrenses de la Guardia Nacional y de la Armada inspeccionaron las instalaciones, e incluso en algunas oportunidades llegaron a ordenar estados de alerta ante la posibilidad de un ataque perpetrado por guerrilleros, al estilo del que hubo en Cararabo, hace ya 24 años. Desde luego, se detectó que los soldados ni siquiera tienen la posibilidad de comunicarse a través de los teléfonos celulares, pues el hurto de equipos en aquellos confines aparentemente es muy intenso. Un coronel de la Guardia Nacional llegó al punto de prohibir abiertamente a las tropas cualquier comunicación con elementos de grupos irregulares, lo que confirma entre otras cosas que en esas zonas el control territorial no es ejercido por los militares sino por los subversivos.

domingo, 8 de octubre de 2017

Los muertos que el Gobierno no quiere ver

Los hubo en Táchira, Amazonas y Bolívar. La propaganda oficialista ensalzó a los cuerpos de seguridad que hicieron la “limpieza”. Pero luego no los incorporaron a las estadísticas. Son muertos sin nombre, usados para elevar el perfil del Ejecutivo en seguridad ciudadana

@javiermayorca

El 16 de agosto, un grupo militar y policial irrumpió en las instalaciones del único retén de Puerto Ayacucho, en Amazonas. Según el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, 37 reclusos fueron sometidos, maniatados y llevado a una platabanda en la parte superior de la instalación. Allí “los fusilaron”.
El retén de Puerto Ayacucho, hoy cerrado
Desde entonces hasta ahora, el Gobierno no ha asumido que estas personas fueron ultimadas por la acción de los cuerpos de seguridad. En Amazonas, oficialmente, solo han muerto seis individuos por lo que llaman “resistencia a la autoridad” durante todo el año. Si tomaran en cuenta este episodio, Amazonas sería en la actualidad el estado con la tasa de homicidios más elevada del país, superior a 85 por cada 100.000 habitantes.
 Pensé que este detalle, indicado hace varias semanas por una fuente ministerial, podría tratarse de un error. Pero casi simultáneamente era reportado el deceso de otro grupo de personas en un nuevo enfrentamiento. Esta vez, con efectivos del Ejército en un sector del municipio El Callao, estado Bolívar. Según el Ministerio Público fueron ocho fallecidos, aunque la prensa independiente llegó a señalar que fueron once. Todos ellos de una banda liderada por alias Toto.
Pero estos muertos tampoco fueron incorporados a los partes ministeriales. Simplemente fueron invisibilizados. Lo mismo sucedió con otros seis fallecidos a manos del mismo componente militar en el municipio Ayacucho del estado Táchira. La propaganda gubernamental aseguró que se trataba de supuestos integrantes de la banda criminal colombiana Los Rastrojos. Pero esos cadáveres, si alguna vez existieron, nunca fueron plenamente identificados ante la comunidad. Mucho menos subieron a las estadísticas de violencia.
Así se han despachado por lo menos 53 muertes.
Para el Gobierno, el problema no es la violencia en sí misma, sino que la gente la vea. Que pueda ser evaluada sobre la base de indicadores levantados de manera transparente. Por el contrario, todos sus esfuerzos durante los últimos meses han sido encaminados hacia dos objetivos: 1) sacar el tema del debate público, y traerlo a colación solamente cuando pueda ser aprovechado desde el punto de vista propagandístico, y 2) evitar la conexión entre los reporteros que no están afiliados a ningún medio estatal y las víctimas o sus allegados.
Este era un viejo objetivo del oficialismo. En 2006, cuando el capitán retirado Jesse Chacón era ministro de Relaciones Interiores, se planteó por primera vez de manera abierta que el Gobierno tenía que modificar la “percepción” pública sobre la inseguridad. En la lógica oficialista, eso desde luego pasaba por impedir o regular de alguna forma el acceso a la información sobre los delitos.
Desde entonces, fueron avanzando en ese objetivo. Quizá mucha gente no lo sepa en la actualidad, pero este es uno de los propósitos de la diversificación de las morgues en Distrito Capital. A Bello Monte solo está llegando una pequeña porción de las víctimas de la violencia. Ahora, a una persona la pueden asesinar en una urbanización del este de Caracas, y su caso permanecerá en el más profundo silencio, a menos que haya una filtración desde la policía o un esfuerzo de los deudos para lograr atención.
Los grandes perdedores con todo esto no son los periodistas sino la ciudadanía en general, que progresivamente se ha visto despojada de una herramienta esencial para tomar decisiones, como es la información.

Breves

*El cálculo inicial de sobornos supuestamente pagados por la Constructora Odebrecht a funcionarios y operadores políticos venezolanos era de 98 millones de dólares. Esto colocaba a Venezuela en el segundo puesto en el ránking de receptores de coimas de la referida empresa brasileña, solo superado por el país donde la corporación nació y tiene su base central. Pero esta situación podría cambiar si se confirman los cálculos de Transparencia Venezuela. Según la directora de ese capítulo, Mercedes de Freitas, la cifra real podría ser superior a los 600 millones de dólares. Según de Freitas, Odebrecht llegó a operar como una empresa criminal, en el sentido de que incorporó a su organigrama una oficina destinada exclusivamente a manejar los pagos de sobornos a funcionarios clave en la asignación de contratos en el exterior. La Fiscal Luisa Ortega Díaz declaró que antes de su destitución por la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro, ella logró sacar del país cúmulos de información relacionados con este caso. La trama Odebrecht será con seguridad uno de los expedientes a analizar por Ortega y los magistrados del Tribunal Supremo que huyeron al exterior debido a la persecución policial.

*En medio de la ceguera colectiva, inducida desde el Ejecutivo, una cadena transmitida por WhatsApp ocasionó pánico entre los propietarios de inmuebles y temporadistas que acuden regularmente a las playas del municipio Páez del estado Miranda. El texto anónimo decía que hay un promedio de cinco secuestros diarios en esa zona y que prácticamente toda la población de la capital Rio Chico se ha visto empujada al delito, debido al deterioro de la situación económica. Realmente, en Rio Chico y sus alrededores los secuestros han tenido un importante incremento (+130%), de acuerdo con fuentes policiales. En los primeros nueve meses de 2016 fueron reportadas seis víctimas, mientras que este año van catorce. Esto es lo denunciado a las autoridades, lo que hace suponer que la cifra real debe ser mucho mayor, pero no tanto como para señalar la frecuencia de cinco víctimas por día. Lo curioso, según me indican, es que ninguno de los otros delitos violentos ha tenido aumentos. Esto hace suponer que en ese sector de Barlovento están operando bandas de otros lugares, que van para allá a capturar a sus víctimas. Otro municipio muy afectado por el embate de las bandas es San José de Barlovento, donde ocurrió un ataque armado a la estación de la policía judicial, precisamente, con la finalidad de liberar al líder de una banda dedicada a los secuestros.

*El deterioro de los servicios públicos tiene en el imaginario gubernamental un solo origen: los hurtos del llamado “material estratégico”. La falta de actualización tecnológica y de mantenimiento no figuran entre las causas de los altibajos en el servicio eléctrico y los apagones, las llamadas “fallas masivas” en los servicios de internet, teléfono y televisión por cable. Ciertamente, cada vez se reporta con más frecuencia la detención de personas dedicadas al hurto de cableados de todo tipo, pero estos delincuentes siempre han existido. Es decir, sus actividades no son suficientes para explicar en profundidad el acelerado deterioro de los servicios. En todo caso, el Ejecutivo –para variar- ha ordenado a la Fuerza Armada Nacional la persecución de todas aquellas personas que sean detectadas portando lo que se considere “material estratégico”. En octubre se plantea ir un poco más allá, e iniciarán procesos de fiscalización a las empresas chatarreras y a todo aquel que traslade algún tipo de material ferroso.

El caso Air France: preguntas pendientes
*La Corte de Apelaciones del estado Vargas confirmó la sentencia emitida por la juez cuarta de juicio del mismo estado en torno al caso de tráfico de 1.382 kilos de cocaína en un jet de Air France. El 5 de octubre quedaron definitivamente en libertad dieciséis de los veintisiete implicados, entre ellos el teniente coronel Ernesto Mora, jefe de seguridad del aeropuerto de Maiquetía para el momento en que se produjo la salida del alijo hacia París, en septiembre de 2013. También quedó en esta misma condición Juan Chirinos, gerente adjunto de la línea. La sentencia es la consecuencia directa de una deficiente investigación por parte de los militares del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional y de tres fiscales del Ministerio Público, que solo dieron elementos de juicio para sentenciar a los que hicieron el “trabajo sucio” en el principal terminal aéreo del país. La Fiscalía –entonces comandada por Luisa Ortega- no mostró interés real en llegar a la verdad profunda del mayor escándalo por tráfico de drogas de los últimos años. En consecuencia, todavía quedan gravitando las mismas preguntas que se hacían entonces: ¿cómo llegó este alijo al aeropuerto? ¿quién lo financió? ¿cuáles eran los militares en lo más alto de la cadena de mando que permitieron la participación, activa y omisiva, en este tráfico? ¿por qué se comisionó a la Guardia Nacional para investigar este escándalo, cuando era evidente desde el principio que su propia gente estaba involucrada? ¿se investigó la desaparición en el país de un italiano en los días posteriores al decomiso? ¿quiénes son los operadores de la camorra y la mafia calabresa que cuadraron este envío en Venezuela? ¿quién los ofreció la “ruta segura” a través de Maiquetía? Muchas de las respuestas que se buscan reposan en el expediente judicial en Francia, pero no fueron remitidas a Venezuela pues entonces, como ahora, no había confianza en el Ministerio Público y los tribunales.



*Escribe un lector para alertar sobre un procedimiento aplicado para asaltar a los viajeros internacionales del aeropuerto de Maiquetía. Se trata de un procedimiento en el que los hampones aprovechan la ausencia de vigilancia en las madrugadas, así como el desorden de ciertas líneas nacionales que ofrecen vuelos a Miami. En este caso, las víctimas fueron pasajeros que se quedaron varados, pues el vuelo cerró sin que ellos pudiesen hacer el chequeo. Esto les pasó luego: “Se acercaron unos individuos con un carnet en el cuello, que siempre tuvieron guardado.  No se sabía quiénes eran, pero daba la impresión que se hacían pasar por funcionarios de la aerolínea. Algunos de los pasajeros bajados del vuelo se acercaron a conversar con ellos, a ver cuál era su oferta. Entre ellos, un individuo que también estaba en la cola del vuelo, con maleta y todo. En realidad, éste era cómplice de los delincuentes y se hacía pasar por pasajero, presto para participar en el teatro y estafa preparado por estos individuos (…) Luego se promesas de conseguir cupo primero en ese vuelo, y luego en el de las 10:00 am de ese día, llegó al terminal un individuo con una pinta muy extraña, y celular en mano preguntó quienes estaban interesados en resolver su problema. Accedimos varios, incluyendo al falso pasajero. Luego de hacer varias llamadas ficticias con supuestos funcionarios de la línea, al final quedamos dos más el falso pasajero, dispuestos a transarnos por una solución. Los tipos exigían $150 para montarnos en el vuelo. El falso pasajero fue quien accedió primero. Yo también me plegué. Nos pidió que entráramos al baño, porque en el terminal había muchas cámaras, y entramos tres con el individuo. El falso pasajero abrió su cartera y le entregó $150, el segundo pasajero accedió y yo al ver que era un vulgar robo, opté por retirarme. A los pocos segundos desaparecieron todos y el pasajero que pagó los $150 fue estafado”.

domingo, 24 de septiembre de 2017

Criminalidad y campaña

Cuando queda menos de un mes para la elección de gobernadores, algunos candidatos podrían caer en la tentación de abordar el tema de la delincuencia. La merma que reflejan las estadísticas en robos y homicidios tienen una explicación: cuatro meses de protestas

@javiermayorca

Falta menos de un mes para la elección de gobernadores. En el breve lapso de campaña, es probable que algún candidato quiera utilizar el tema de la criminalidad como punto de debate, ya sea para criticar al gobierno central por lo que hizo o dejó de hacer, o también para evaluar los resultados de alguna gestión regional.
El primer problema al analizar este asunto es que el Gobierno puede mostrar cifras en baja en casi todas las partes del país. La tentación propagandística está a la vuelta de la esquina. Pero no estamos ante el logro de alguna política mágica. Este es claramente uno de los resultados de las protestas que se llevaron a cabo entre abril y julio.
Las manifestaciones antigubernamentales actuaron en varios sentidos para ocasionar una merma en las estadísticas oficiales de criminalidad. Por una parte, los bloqueos de calles, trancazos e incluso las acciones de represión desmedida que se llevaron a cabo especialmente en las grandes ciudades del país restaron oportunidades para tres de los delitos que el Ejecutivo toma en cuenta en sus evaluaciones: el robo y el hurto de vehículos, y el secuestro. Con una comunidad movilizada, una policía desplegada día y noche y las calles y avenidas obstaculizadas se hacía muy complicado para los delincuentes llegar o salir de los lugares donde podría encontrar a sus víctimas.
Las protestas mermaron la delincuencia
En cuanto a los robos y hurtos genéricos, en el primer trimestre del año la tendencia apuntaba a la superación del número de casos denunciados en 2016. Pero luego sucedió algo interesante, por lo menos en la capital: los robos aumentaban en los lugares donde ocurrían las manifestaciones y disminuían levemente donde no las había. Además, uno suponía que los asaltos denunciados ante la policía eran apenas una pequeña fracción de la cifra real, puesto que las víctimas eran generalmente personas desafectas al Gobierno, y por lo tanto no querían acudir a Cicpc –una dependencia de Relaciones Interiores- para formular sus denuncias. Esta desconfianza hacia los cuerpos policiales va en crecimiento.
Con el cese de las protestas, los delitos retomaron el ritmo que se vio durante el primer trimestre del año. En varios estados, los homicidios están repuntando de manera preocupante, aunque todavía el total general no supere el de 2016. Aragua, por ejemplo, ameritaría una reflexión especial. Pero es como si destaparan repentinamente una olla de presión. Además, los policías y los militares han vuelto a matar con la misma o mayor frecuencia que la del año anterior. La semana pasada hubo 35 homicidios en Libertador (12 de ellos a manos de funcionarios), mientras que durante la precedente a esa hubo 28.
Como van las cosas, las curvas se cruzarán nuevamente en cualquier momento, y 2017 cerrará con tantos o más asaltos, homicidios y robos de vehículos que el año pasado. Y ya sabemos cuál será la respuesta gubernamental.

Breves

*Luego de la penúltima prueba misilística del régimen norcoreano de Kim Jong Un, el gobierno mexicano expulsó a toda la representación diplomática del referido país. Posteriormente, el embajador del régimen de Pyongiang en Lima, Perú, fue declarado persona no grata, y sus días en la nación suramericana están contados. Es probable que para el momento en que esta columna sea publicada ya el diplomático haya abandonado ese territorio. Quedarán entonces solo tres representaciones norcoreanas en las américas y el Caribe: Cuba, Brasil y Venezuela. Lo que el gobierno de Nicolás Maduro pueda ganar en esta circunstancia al dar cobijo a la diplomacia norcoreana es muy dudoso. Del otro lado, para los diplomáticos pauperizados del país asiático estar aquí representa por lo menos una ventaja. Desde 2015 se ha reportado en Perú y Brasil los decomisos ocasionales de cargamentos de habanos que supuestamente son trasladados por personal diplomático norcoreano para su venta posterior en los países donde trabajan. Los dólares generados por este comercio son entregados a los embajadores para luego contribuir en la financiación del régimen. Desde luego, algún incentivo se queda en el camino para las mulas de los habanos. Ahora con seguridad pasarán más seguido por Maiquetía.

*Las denuncias sobre extorsiones y concusiones en el aeropuerto internacional Simón Bolívar sugieren que el problema se le escapó de las manos al Gobierno. Funcionarios de todas las instituciones de alguna forma buscan sacar provecho de su posición en el principal terminal aéreo del país. Empezaron con pequeñas cosas. Hace dos años tuve la oportunidad de presenciar a un empleado de Migración que le pidió a un pasajero el “favor” de que le comprara una botella de licor en las tiendas libres de impuesto ubicadas en el área donde se retiran las maletas. Los hurtos de equipajes, que según la propaganda gubernamental habían sido controlados gracias a una pesquisa llevada a cabo por Cicpc en el terminal nacional, ahora son moneda común tanto en esa parte como en el área de llegada de los vuelos foráneos. Pero hay otros detalles que quizá no sean suficientemente conocidos. Una de las razones por las que Avianca decidió cesar sus operaciones en Venezuela –además de los asaltos al personal- tenía que ver con la calidad del combustible que se estaba suministrando a los jets. Así lo indica la minuta de una reunión en la que participaron representantes de la empresa y del Inac. Esto también fue tomado en cuenta por los ejecutivos de Aerolíneas Argentinas.

*Hay preocupación en la Fuerza Armada por el alto índice de tropas que no desean permanecer en las filas militares. Este problema había sido identificado en la Guía de Planeamiento para 2017 emitida en enero por el titular de Defensa Vladimir Padrino. Pero los jefes castrenses no han sido capaces de impedir este deslave. Un informe elaborado por la Dirección de Personal de la Guardia Nacional revela que durante la primera mitad de este año casi la mitad (49%) de la tropa alistada ha solicitado la baja de forma extemporánea, lo que merma notablemente la capacidad de la institución para cumplir con sus tareas. Este déficit se une al desorden en el manejo del personal a ese nivel. Los efectivos son transferidos, por ejemplo, para desempeñar trabajos de escolta sin que se haga una notificación escrita a la superioridad de la zona. En virtud de esta situación fueron suspendidos todos los licenciamientos, pues de lo contrario será muy complicado cumplir con las actividades de la Operación República correspondientes a la elección de gobernadores.

*Una de las tantas órdenes impartidas por el ministro de la Defensa Vladimir Padrino, y que no han sido acatadas del todo, tiene que ver con la supervisión y el control de los parques de armas en las unidades militares. Esta semana, nuevamente, el titular de Fuerte Tiuna remitió a las distintas dependencias castrenses un recordatorio sobre las medidas que deben ser aplicadas para el mejor control de estas instalaciones. En julio, apenas días antes de la elección para la Asamblea Constituyente, un oficial y dos sargentos de la Guardia Nacional fueron aprehendidos cuando se detectó un supuesto desvío de las armas de la unidad donde estaban emplazados, en el estado Apure. En agosto ocurrió el asalto a la 41 brigada blindada en Carabobo. En ambos casos, hubo participación activa de los efectivos asignados al cuido de las armas.


*En sus informes internos, el Gobierno admite lo que niega o invisibiliza ante la ciudadanía. En julio, por ejemplo, el ministerio de Relaciones Interiores comenzó a evaluar un protocolo de actuación para situaciones de secuestros. La justificación dada para elaborar ese documento fue “el desmedido crecimiento de la delincuencia”. En el caso específico de los secuestros, se reconoce que “afecta a diversos sectores de la sociedad venezolana, incidiendo negativamente en la seguridad ciudadana, la economía, el turismo y la construcción”. El diagnóstico preliminar establece que Miranda ha sido el estado más impactado por esta actividad de delito organizado. 

domingo, 10 de septiembre de 2017

El terrorismo de hoy, y el que vendrá

El Gobierno contó 72 actos terroristas durante los primeros seis meses del año. Una estadística sesgada en la que no se toma en cuenta la creciente tendencia a utilizar la represión como medio para el terrorismo de Estado

@javiermayorca

En pleno fragor de las manifestaciones antigubernamentales, el Ministerio de Relaciones Interiores elaboró una estadística sobre los “actos terroristas” perpetrados en todo el país.
La estadística no se explica con un marco teórico ni con una definición operativa. Uno supone que lo allí plasmado se refiere a la cantidad de expedientes iniciados tomando en cuenta el enunciado de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. El texto, en su artículo 4 lo describe como todo “acto intencionado (,,,) cometido con el fin de intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, o desestabilizar gravemente o a destruir las estructuras políticas fundamentales”.
Como se ve, entonces, esta ley está orientada esencialmente a proteger al Estado de los ataques de individualidades u organizaciones, ya sea subnacionales o transnacionales, que intenten subvertir el orden.
Entonces, se puede entender mejor el sesgo con el que fueron recopiladas y sistematizadas las cifras sobre los 72 actos calificados como “terroristas” durante la primera mitad del año. En el 54% de tales episodios, el Estado figura como víctima. El escenario de la mayoría de los reportes fue Barinas, con 23.
¿Qué tuvieron de terroristas los saqueos y vandalismos ocurridos en esta comarca durante los días 15 al 28 de mayo? Cuando se pone la lupa sobre los reportes de esas protestas, nos percatamos de que para el Gobierno ser “terrorista” tiene muy poco que ver con la intimidación y mucho con el lugar de donde surja la acción. En dos platos, si se es opositor o simplemente no se está alineado con los designios del régimen, el riesgo de ser tachado de terrorista se incrementa enormemente.
Caso Los Verdes: terrorismo de Estado
Mayo, por cierto, fue clave en la estadística oficial, pues fue el mes en que ocurrió el 65% de los casos. No es coincidencia que este haya sido el mes en que se elevó a amarillo el nivel de alerta de la operación Zamora. Estaba en su apogeo el discurso militar para la construcción de un enemigo interno.
En todas partes del mundo, la calificación de una conducta como terrorista es un acto del poder. Un ciudadano de a pie puede sostener –incluso con razón- que ha sido víctima del terrorismo, pero sus palabras caerán en el vacío hasta que una instancia con capacidad de decisión, principalmente ejecutiva o judicial, así lo certifique. De igual forma, por las calles de un país se podrán pasear elementos de Estado Islámico o Hezbollah, y si el poder reinante no lo ve como una amenaza para su estabilidad no lo calificará de terrorista.
Este es un punto sobre el que hay que reparar durante la nueva fase de conflicto político que vive el país. Si los poderes públicos están secuestrados, como pareciera ocurrir en Venezuela, predominará la tendencia a tachar de terrorista cualquier manifestación de disenso, cualquier intento de lucha por la libertad, y en consecuencia se podrá desatar contra sus promotores toda la furia del Estado. Se podrá desaparecer líderes opositores y arremeter con blindados contra instalaciones residenciales. Esto, que ya forma parte del menú del más puro terrorismo de Estado, permanecerá en la absoluta impunidad, hasta que llegue un nuevo poder a examinar lo ocurrido. Entonces, podrá ser muy tarde.

Breves

*Uno de los problemas que viene reportándose en la Fuerza Armada es el incumplimiento de las distintas órdenes y directrices impartidas desde la superioridad castrense. Por ejemplo, han sido permanentes los recordatorios sobre la necesidad de implantar mecanismos más estrictos para el registro y la supervisión de las armas en cada unidad. El desorden en esta materia se presta para la sustracción de elementos como las municiones y las granadas. En un plano más general, pareciera existir un divorcio entre el Ministerio de la Defensa, comandado por Vladimir Padrino, y las unidades que son regidas a través del Comando Estratégico Operacional. Debido a esto, el 1 de septiembre, el general de división Gilberto Pulido, comandante de la zona operativa de defensa integral Trujillo, solicitó a los jefes de las unidades castrenses bajo su mando “leer y dar estricto cumplimiento” a las directrices emitidas por Padrino en la Guía de Planeamiento 2017, un extenso documento distribuido a principios de año que ha tenido escasa repercusión práctica en los cuarteles.

El hurto de cables, un dolor de cabeza
*La acción de la delincuencia amenaza con colapsar los servicios públicos en la capital del país. Así lo han reconocido en reuniones a puerta cerrada los responsables de Hidrocapital, Corpoelec y Cantv, a los efectos de elaborar un conjunto de propuestas para la campaña electoral del oficialismo. Los hurtos de partes y piezas, así como los asaltos a los vehículos de las diversas instituciones son frecuentes. Esto llega a un nivel tal que amenaza con privar de servicios de telecomunicaciones a municipios como Paz Castillo y Guarenas. Pero no hay ideas nuevas para contrarrestar la situación. La solución hallada fue más de lo mismo: elaborar un mapa de instalaciones estratégicas y “articular” lo referido a su vigilancia con la Fuerza Armada, a través de las zonas de defensa integral.


*El domingo 27 de agosto un grupo armado ingresó a la residencia del magistrado del Tribunal Supremo (designado por la Asamblea Nacional) Alejandro Rebolledo, quien actualmente se encuentra asilado en Estados Unidos. El inmueble, ubicado en Prados del Este, era utilizado por un familiar del abogado para llevar a cabo una reunión de activistas de Voluntad Popular. Los asaltantes, altamente coordinados, se llevaron las prendas y el dinero en efectivo de todos los asistentes. Pero no los teléfonos. Uno de los invitados a este encuentro llegaba del exterior, y también fue despojado de los dólares que llevaba por funcionarios de la Guardia Nacional, emplazados en el aeropuerto de Maiquetía.

*La crisis venezolana ya representa una clara amenaza para la estabilidad social de los países vecinos. En Panamá implantaron el visado a los venezolanos puesto que estaban llegando a ese país a un ritmo de cinco mil personas semanales. El ritmo de paso hacia Colombia es difícil de medir. Por el puente José Antonio Páez salen a diario seis mil personas, y solo regresan unas 700. En las Antillas Holandesas es cada vez más frecuente la intercepción de peñeros atestados de balseros que intentan llegar como sea posible. Esto ha generado un mercado negro de traslados en el que se cobra $500 por cabeza. Allí se calcula que permanecen unos veinte mil venezolanos. Al estado de Roraima se calcula que han entrado una cifra similar con intenciones de quedarse, lo que ha ocasionado un colapso en los servicios de salud pública. El último dato llega a través de una actualización hecha por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) según el cual las autoridades brasileñas están procesando nueve mil solicitudes de asilo de venezolanos. Esta misma fuente indica que a Trinidad y Tobago han llegado unos cuarenta mil venezolanos, 200 de ellos con intenciones de asilarse.


*La gente en la calle se pregunta cómo fue que la Guardia Nacional cambió de forma tan radical, hasta convertirse en el principal garrote represor del Gobierno (cosa que por cierto hicieron de manera muy efectiva). Para entender lo que pasó, hay que poner el ojo en los detalles, en lo que Norman Dixon denominaba los “rituales y las rutinas” que se implantan cuarteles adentro. Al poco tiempo, ya contaremos con elementos suficientes para ver lo que sucede. Han cambiado hasta el saludo. Recientemente, el jefe de la unidad Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional, general de brigada Hernán Hómez, impartió una orden de “estricto cumplimiento” para dar los buenos días, tardes o noches. Entonces, los subalternos deberán decir: “Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela sale por el Esequibo. Buenos días (menciona el grado), el honor es su divisa”. Toda esta perorata solo para saludar. Si se quiere dirigir al superior, la conversación comenzará con: “Chávez vive”, a lo que el superior deberá contestar: “La patria sigue”. Luego sigue el subalterno: “Independencia y patria socialista”. Y finalmente el superior: “Viviremos y venceremos”. Esto, repetido una y otra vez en los confines de los cuarteles termina lavando los cerebros de la tropa. Luego, bastará con que un superior diga que esos que protestan allá afuera solo quieren ir contra “el legado”.

domingo, 27 de agosto de 2017

La FAN contra el mundo

Los ejercicios Soberanía Bolivariana 2017 perfilan la situación de una FAN rechazada por la población, que tendría que defender al régimen contando con la oposición de sus vecinos

@javiermayorca

El 14 de agosto, en una alocución el presidente Nicolás Maduro ordenó a la Fuerza Armada la realización de ejercicios militares, en respuesta al comentario del presidente estadounidense Donald Trump, en el sentido de que no descartaba una intervención militar en Venezuela.
El simulacro de respuesta ante una eventual invasión fue bautizado Soberanía Bolivariana 2017, y se ejecutará durante el último fin de semana del mes (sábado 26 y domingo 27). Contrario a lo sucedido en los ejercicios anteriores, éstos se llevarán a cabo en un contexto de amenaza real, que trae a las mentes de los más veteranos las incursiones de unidades del Comando Sur en Grenada (1983) y en Panamá (1989).
En este caso, tal y como sucedió durante los días previos a la captura de Manuel Cara de Piña Noriega, el régimen aparece como impuesto a sangre y fuego sobre la mayoría de la población. La FAN, entonces, se verá desprovista de todo apoyo popular. Las encuestas lo revelan con claridad, pues figura entre las tres instituciones más aborrecidas por la ciudadanía. Es más, según el coronel retirado Antonio Guevara, la ciudadanía opositora (es decir, la gran mayoría del país) ya figura en la lista de “fuerzas enemigas”.
La jerarquía castrense solamente contará con su soldadesca, desmoralizada y peor alimentada para realizar estos ejercicios, y cualquier escenario que se presente con posterioridad.
Una semana después de la orden presidencial, el Comando Estratégico Operacional de la FANB inició la distribución de los instructivos que regirán las actividades de cada unidad. Estos documentos, indican fuentes militares, tienen en sus primeras páginas la descripción de una situación bélica. Para este caso, se plantea que buques de fuerzas enemigas anclaron frente a las costas del país, y han bloqueado todos los accesos marítimos. Mientras tanto, se han producido infiltraciones de avanzada para ubicar blancos específicos, que luego serán destruidos mediante el poder misilístico. Estas incursiones, por cierto, se adelantarían a través de la frontera suroeste. En ciudades como Cúcuta se producirían agrupamientos de tropas, que solo esperan la orden de entrar en territorio nacional, una vez cumplida la misión de ablandamiento.
Según el planteamiento general de la FAN, el propósito de la intervención militar estadounidense no sería la ocupación del territorio nacional sino “derrocar el gobierno venezolano e instalar un régimen títere”.
En este caso, los ejercicios perfilan la plena fusión entre las estructuras militares y las del Ejecutivo, no solo en el gobierno central sino también en las gobernaciones, alcaldías y entes descentralizados, que serían importantes fuentes de “apoyo logístico” en una situación bélica.
El país "rojito" defendería al régimen
Para el momento en que salga esta columna, ya han comenzado las actividades preparatorias para los ejercicios: retoma de embarcaderos, uso de francotiradores, etc. Y el sábado 26 habrá una “marcha administrativa” y una gran concentración, a la que debe acudir hasta el personal de limpieza de los cuarteles. Maduro también quiere ensayar su discurso de victoria.

PS: al momento de incorporar este texto en el blog, el domingo 27 de agosto, la propia Fuerza Armada se ha encargado de difundir numerosos videos que muestran diversos aspectos de los ejercicios, algunos verdaderamente risibles. Desde el bloqueo de embarcaderos mediante la utilización de “escudos humanos” civiles hasta la entrega de lanzacohetes Igla-s a patrullas mixtas de tropas de la GN y oficiales de la PNB. Todo da la impresión de una rudimentaria preparación para la guerra popular, con un uso intensivo de las tropas y los civiles que decidan incorporarse a la defensa ante una eventual intervención. Esto implica además que las fuerzas militares regulares venezolanas serían fácilmente rebasadas. Una señal que confirma esto es el énfasis puesto en los grupos tácticos y de francotiradores, provistos con fusiles Dragunov.
Se insiste, entonces, en la guerra prolongada de “cuarta generación”, que supone un reagrupamiento luego de la derrota inicial.

Breves

*En el ministerio de la Defensa hay preocupación por la incapacidad de la FANB para manejarse en las redes sociales. Ese campo de batalla caótico y desregulado no ha sido lo mejor para los mandos castrenses venezolanos. Cuando twitter, facebook y los sistemas de mensajería directa comenzaron a transmitir información comprometedora, como por ejemplo el involucramiento directo de oficiales y tropas en el traslado de alijos de drogas, el ministro Padrino ordenó total blackout. Aunque realmente no le hicieron mucho caso. Ahora, vienen en retroceso. Esta semana se filtró una nueva directriz: todas las unidades deben crear sus cuentas twitter, y divulgar por lo menos diez mensajes diarios para enaltecer los particulares conceptos de patria, revolución, etc. Igualmente, deberán hacerse eco (retuitear) de todo lo que salga a través de las cuentas del presidente Nicolás Maduro, el ministro Padrino y el almirante Ceballos Ichaso, jefe del Ceofanb. El problema, sin embargo, es que la gente termina fastidiada de tanta propaganda. Una nueva batalla perdida.

Difícil de olvidar a los del Conas en CCCT
*En el interior de la FAN comienzan a señalar la existencia de un permanente “ataque mediático” contra la institución. Una de las entidades que se ha sumado a esta prédica es el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional (Conas). Allí se han percatado de que sus aparentes “logros” no tienen cabida en los medios independientes ni en las redes sociales. Por eso, su comandante, general de división Hernán Hómez, ordenó la notificación inmediata de los logros al Departamento de Relaciones Públicas de la Comandancia General, para que desde allí se haga la divulgación. No será tan fácil sanar las heridas abiertas durante los últimos cuatro meses por la GN, y especialmente por los efectivos del Conas, que de conformar una unidad especializada en delitos tan graves como el secuestro y la extorsión pasó a ser la perseguidora de manifestantes. La gente no olvidará con rapidez a los uniformados de este comando disparando alrededor de CCCT. Tampoco a sus blindados participando en el derribo de puertas y rejas en edificios civiles en Palo Verde y El Paraíso, ni la participación de sus oficiales y tropas en allanamientos sin orden, por citar hechos fácilmente constatables.  

*La fractura interna en la FAN se ve en pequeños detalles como el incremento de las deserciones. Hay unidades en las que el pie de fuerza se ver mermado en más de 30% debido a esta razón. Inicialmente, lo registran como “permanencia arbitraria” fuera del cuartel. Esto se presta para muchas cosas, por ejemplo, que los militares aprovechen su condición para robar o extorsionar cuando supuestamente están en servicio. En la segunda semana de agosto, se ordenó a las unidades de la FAN enviar a la Fiscalía Militar las correspondientes denuncias para iniciar averiguaciones penales contra los que pasen seis días fuera de sus unidades. Con los manifestantes y los desertores, estos fiscales van a tener mucho trabajo.

*Comienza a sentirse un claro repunte en la criminalidad. Lo dicen las percepciones de la ciudadanía, y también las estadísticas. El ministro Reverol intentó aprovechar para su causa la disminución puntual de 50% en los secuestros en el municipio Libertador durante este año, con respecto a 2016 (en Miranda, por cierto, también hubo una baja, aunque no tan pronunciada). En la semana en que el titular del MRI divulgaba esta cuña, el delito se disparó 100%. Es claro que hay una relación entre las manifestaciones que hubo hasta julio en todo Distrito Capital y la disminución de los plagios. Las calles bloqueadas y la gente movilizada hacían más difícil los secuestros, e igualmente los robos de vehículos. Al cambiar esta situación, el delito repunta nuevamente. Ya lo veremos culpando al imperio o a la derecha fascista por esta situación.

*El director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, notificó a todas las unidades sobre la implantación de un nuevo protocolo para la toma de muestras en investigaciones sobre delitos de drogas. Las muestras podrán ser de materias primas, productos en fases de elaboración o ya terminados. Siempre deberán hacerse tres de la misma fuente. La primera, la “original” que será usada para experticias en laboratorios. La segunda, llamada “duplicado”, será usada para exámenes si los fiscales tienen alguna duda con respecto a la original. Y la tercera, llamada “triplicado”, será usada para análisis de constatación de los resultados de la del “duplicado”, o para la contraexperticia que se acuerde a solicitud de la defensa. Esta última estará bajo custodia del Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas. Cada muestra deberá ser representativa del todo. En este caso se entiende por representativo que provenga del 10% del total de la sustancia comprometida, escogido en forma aleatoria. Cada muestra deberá estar debidamente empaquetada y precintada con las firmas de todos los funcionarios actuantes y de los testigos. Una norma similar es aplicada en países como España desde hace mucho tiempo. 

domingo, 13 de agosto de 2017

Después del asalto

*La irrupción de un grupo armado en el fuerte Paramacay de Carabobo tenía un propósito inmediato, que era el apertrechamiento con material de guerra. La pregunta es para qué lo usarán los protagonistas de la operación David. Mientras tanto, en la FAN se inició una temporada de caza

@javiermayorca

Lo ocurrido en el fuerte Paramacay del Ejército durante la madrugada del domingo generó mucha confusión y especulaciones en todo el país. Por momentos, hubo la sensación de que la situación estaba fuera de control, y que se avecinaba una nueva asonada militar.
Nada de eso ocurrió. A pesar de la mediocridad de los mandos castrenses, que llegaron al sitio del suceso unas siete horas después de la irrupción para enviar un mensaje en video, lo cierto es que no hubo golpe ni sublevación. La razón es muy simple: más allá de la propaganda de uno y otro bandos, la naturaleza de la acción llevada a cabo ese día en la gran unidad militar de Carabobo no tenía como primera pretensión el cambio del régimen, sino el apertrechamiento con armas de guerra.
En dos platos, hablamos de un asalto.
Esto indica que el grupo encabezado por al capitán retirado de la Guardia Nacional Juan Carlos Caguaripano Scott comenzó la llamada Operación David buscando los fusiles, las granadas y las municiones que le hacían falta.
Ahora, la Contrainteligencia Militar y el Sebin intentan deducir por dónde irán los próximos tiros. A través del Ceofanb, ordenaron a todas las unidades militares el reforzamiento de la vigilancia perimetral en los cuarteles, e igualmente la activación de escuadras ligeras de reacción inmediata, conformadas por una decena de efectivos de tropa, atentos día y noche para sofocar el descontento en sus propias filas.
Al mediodía del domingo, cuando todavía no se sabía a ciencia cierta dónde podrían estar los doce hombres que escaparon con buena parte del polvorín de la brigada blindada, se ordenó que los comandantes de zonas operativas de defensa integral pasaran revista a las unidades acantonadas en sus territorios. En Vargas, por ejemplo, el general de división Solís Martínez hizo una revisión presencial a las tropas y sostuvo que todos los profesionales de armas deben estar comprometidos con la “revolución bolivariana”.
Suárez Chourio y su video
El lunes continuó la persecución a lo interno de la FAN. Se reportaron detenciones preventivas en la Armada y el Ejército. En este último componente un coronel que laboraba en Apure, Bendahan Coutinho, fue puesto a resguardo cuando encontraron un mensaje en uno de sus celulares que fue considerado como “contrarrevolucionario”. El oficial, graduado en la promoción 1987 (compañero de Diosdado Cabello), ejercía labores de relaciones públicas. Fue la misma táctica aplicada días atrás para buscar argumentos que justificaran la detención del general de división Rolando Esser del Lima. De la misma forma implicaron en instigación a la rebelión a un coronel del Ejército en Trujillo.
El martes a las 5 am una comisión de la Dgcim trasladó sin previo aviso al general en jefe del Ejército Raúl Baduel desde su lugar de reclusión en Ramo Verde a la sede del cuerpo de inteligencia en Boleíta. Previamente se había reforzado con blindados y más tropas la vigilancia a la cárcel. Pero eso como que no bastó. El propio abogado de Baduel, Omar Mora, cree que se trató de una reacción de temor ante la posibilidad de un rescate con las armas robadas del cuartel de Valencia.
La espectacular incursión en la principal unidad blindada del Ejército ha desatado reacciones en todos los frentes. En la FAN se inició la temporada de caza.
PS: luego de entregada la versión de esta columna que publicaron Runrunes y Tal Cual el jueves 10 de agosto fueron detenidos el capitán Caguaripano y el teniente Yefferson García Dos Ramos. Fue un hecho si se quiere fortuito. Pero independientemente de eso hay dos aspectos que llaman la atención. Por una parte, la desesperación del ministro de la Defensa Vladimir Padrino en atribuir la captura a unidades de la Fuerza Armada, cuando fue el producto de un procedimiento de policía preventiva en La California. Además, se filtraron informaciones a ciertos influenciadores de opinión para dar la impresión de que con Caguaripano y García habían caído más integrantes del grupo que llevó a cabo la operación David, y que además fue incautado un importante lote de armas, cuando en realidad solo han localizado algunos fusiles y granadas enterrados en la proximidad de la 41 brigada blindada, envueltos en una lona.
Esta desesperación de los mandos militares, unida a la ausencia de controles legales, podría sentar las bases para que los oficiales sean torturados en Contrainteligencia Militar, tal y como lo han sugerido la mamá y la esposa de Caguaripano en declaraciones públicas. A estas alturas, nadie cree en las seguridades que permanentemente declara el ministro Padrino sobre la sujeción de sus procedimientos a la normativa de Derechos Humanos.

Breves

*En julio la encuestadora Gallup presentó su Indice Mundial de Ley y Orden (Global Law and Order Index). Para este trabajo fueron entrevistadas 136.000 personas en 135 países. Les hicieron cuatro preguntas para medir la confianza en los cuerpos policiales locales, la percepción de seguridad y la victimización por robo y hurto durante el último año. “Los resultados alrededor del mundo fueron desde el tope de 97 para Singapur hasta el bajo de 42 en Venezuela. En 2016, mientras Venezuela descendía en el desorden, solo 12% de sus residentes dijeron sentirse seguros caminando de noche solos en los lugares donde viven, y 14% expresó confianza en sus policías. Ambos porcentajes no solo son los más bajos registrados para Venezuela sino también los más bajos que Gallup ha medido en todo el mundo desde 2005. Al mismo tiempo, 38% de los venezolanos dijo que les habían robado dinero o alguna propiedad durante el último año –un récord.” Esto equivale a más de diez millones de personas víctimas de asalto o hurto en doce meses. De acuerdo con el informe, solo se han visto cinco países en los que la gente reconozca haber sido robada con mayor frecuencia que en Venezuela. Todos quedan en el Africa Subsahariana.

*Lo que espera con el fiscal designado por la ANC Tarek William Saab. Para el momento de la redacción de esta nota, habían transcurrido más de 24 horas desde la muerte de un joven manifestante en Barquisimeto. Se trata de Eduardo Orozco de 19 años de edad. En las primeras de cambio, la Guardia Nacional divulgó una minuta para señalar que había fallecido en el curso de un “enfrentamiento” con efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de ese componente (Conas) en el sector Bellas Artes de Barquisimeto. El domingo, fue ultimado en Valencia Ramón Rivas, dirigente de Avanzada Progresista. En ninguno de estos casos hubo pronunciamiento público de la Fiscalía en cuanto al inicio de las pesquisas y las circunstancias en las que se produjeron estos hechos. En cambio, el despacho de William Saab sí se pronunció con diligencia sobre el escrache del que fue objeto la rectora del Consejo Nacional Electoral Socorro Hernández, mientras hacía compras en una carnicería. El mensaje es claro: esta Fiscalía estará muy atenta para proteger al poder y no a los ciudadanos que expresan su descontento en la calle.

*El ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz maneja una interesante estadística que permite conocer cómo se ha comportado la criminalidad durante la primera mitad del año. En ese lapso fueron denunciados 14.409 robos genéricos. No se incluye el robo de vehículos, sobre el cual se hace una consideración aparte. En el MRI están satisfechos puesto que la cifra representa una disminución de 7% con respecto al mismo lapso de 2016. Esto puede tener múltiples interpretaciones. Todas pasan por incorporar en el análisis el impacto que ha tenido la conflictividad política, que definitivamente ha desacelerado la actividad económica, y por ende ha restado oportunidades para el robo de bienes. Cuando se revisa de manera un poco más detallada, encontramos que durante la primera mitad del año han sido denunciados los robos de 7.187 teléfonos celulares. El número es desde luego un pálido reflejo de la realidad, puesto que casi nadie acude a Cicpc para notificar que lo han despojado de estos aparatos. Aún así, los antisociales han incrementado en 23,4% los robos en este rubro. Una posible explicación es la rebatiña que se produce durante las manifestaciones, en las que policías y delincuentes unen fuerzas para victimizar a las personas que se oponen al Gobierno. También que los delincuentes aprovechan cualquier oportunidad que se les presenta para despojar a los transeúntes de estos codiciados dispositivos, mientras circulan por las vías públicas.

Policía o soldado
*Lo del cambio del uniforme de la Policía Nacional Bolivariana, además de representar un gran negocio, es indicador de un giro en el carácter del trabajo que desempeña la institución. Se debe recordar que el atuendo anterior, de pantalón azul y camisa caqui, fue decidido en función de la imagen que debía transmitir un cuerpo de seguridad preventiva, caracterizado por la proximidad de sus agentes con las comunidades. Había además una intención de diferenciarlo de los demás cuerpos policiales, puesto que los municipales llevarían la camisa verde, y los estatales una azul. Pero todo esto dentro de un concepto más orgánico. El nuevo uniforme, de camuflaje gris y negro, fue decidido según el siguiente criterio: “Estudios internacionales demuestran que el camuflaje tradicional puede ser detectado por el ojo humano en un segundo, mientras que el camuflaje pixelado (usado por la PNB) puede ser detectado en dos segundo y medio, y esto puede marcar la diferencia entre vivir o morir”. Este es el análisis hecho en la propia policía. Estamos entonces ante un cuerpo que pasó de concebir su trabajo en términos de prevención del delito y de los conflictos a otro que se ve a sí mismo como instrumento de combate. Esto es de por sí peligroso, pero mucho más en el ambiente altamente politizado que caracteriza a la PNB desde su nacimiento.

*Llegan documentos sobre el impacto que ha tenido la acción de grupos delictivos sobre las operaciones de los campos petroleros en Trujillo. Los delitos más frecuentes en los municipios Andrés Bello, Sucre y La Ceiba del referido estado son la extorsión, el robo de vehículos y los robos y hurtos de “materiales estratégicos” utilizados por Petróleos de Venezuela en sus operaciones. Las acciones de los cuerpos policiales y de la Guardia Nacional son espasmódicas, y por ende tienen escaso efecto. Ahora, indica un informe, el hampa se ha adueñado de los espacios aledaños a los campos, y “el personal siente temor de realizar denuncias formales ante los organismos de seguridad del Estado sobre las amenazas recibidas de parte de personas armadas”. Uno de los incidentes reportados ocurrió el 22 de mayo en El Tigre, un poblado del municipio Andrés Bello, donde 40 sujetos provistos de armas largas detuvieron un transporte de personal que iba a la planta Motatán II, inspeccionaron el vehículo y luego le permitieron el paso. Esto indica que, además de las bandas criminales, es probable que en Trujillo operen elementos de grupos irregulares.

*El 1 de agosto una avioneta Piper Séneca se estrelló cuando intentaba despegar de la pista de Rubelsanto en Guatemala. Dos hombres resultaron lesionados. El accidente fue grabado por completo por personas que vigilaban el movimiento de la aeronave. Las autoridades aeronáuticas guatemaltecas indicaron que el plan de vuelo daba como destino Ciudad de Guatemala. Pero los investigadores del caso creen que iba a Venezuela, toda vez que le habían colocado una calcomanía con las siglas falsas YV-1539. El aparato se estrelló por sobrepeso. Nunca pudo ganar más de diez metros de altura, debido a la cantidad de combustible que había cargado en tanques adicionales. Una vez apaciguada la conflictividad política, resurgen los datos sobre la reactivación de los vuelos ilícitos en Apure y el sur del lago de Maracaibo.

domingo, 30 de julio de 2017

FANB y constituyente

*La convocatoria a una ANC por el presidente Maduro tomó por sorpresa a la Fuerza Armada, y representa una amenaza al concepto de institucionalidad que los militares intentaron construir durante la era chavista

@javiermayorca

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente fue un hecho sobrevenido y sin planificación alguna. Cuando el presidente Nicolás Maduro hizo el anuncio, durante una intervención pública el 1 de mayo, la información correspondiente solo estuvo circulando en el Ejecutivo durante el fin de semana previo. Julio Borges la pescó.
Es probable que cuando Maduro hizo su invocación durante el acto en la avenida Bolívar ya algunos militares estuviesen enterados de lo que venía. Pero la institución castrense como un todo fue tomada por sorpresa. No había documentos ni propuestas que sustentaran y justificaran la elaboración de una nueva Carta Magna. Cero discusiones en los estados mayores.
Y Maduro fue elaborando sobre la marcha. Una semana después, en vista de que los militares no terminaban de tragarse el disparate, el Comandante en Jefe planteó la necesidad de una “constituyente militar”, y ofreció que la asamblea guardaría unas plazas para los profesionales de armas, sin que tengan que someterse a votación.
El GD Rolando Esser, detenido
La constituyente planteó para la Fuerza Armada toda una alteración de su rutina. En los calendarios trazados a finales de 2016 no había ejercicios para una Operación República. Mucho menos había presupuesto para eso. Todo tuvo que hacerse de manera improvisada, contra la voluntad de buena parte de la oficialidad, incluidos los generales que hasta junio comandaron el Ejército y la Aviación.
En la base de la pirámide militar, los oficiales de las promociones egresadas más recientemente de las academias de cada fuerza tampoco salían de su asombro. En la tercera semana de mayo, convocaron a los que tenían hasta 10 años de servicio (tenientes, primeros tenientes y capitanes) para que acudieran a Caracas a escuchar unas charlas con las que intentarían convencerlos de que la constituyente de Maduro es en realidad una continuación del “legado” de Comandante Supremo y Eterno. Sí, el mismo que se cansó de decir que la Constitución del 99 era “la mejor del mundo”.
En este lapso, los militares también han hecho sus aportes a la población penitenciaria. No importa si están abiertamente contra el régimen, como el coronel retirado de la Guardia Nacional Hidalgo Valero, o si apenas hay una sospecha sustentada sobre mensajitos ambiguos de whatsapp, como ocurre con el general de división de la Aviación Rolando Esser de Lima, vicepresidente de Corpovex.
“Están aplicando la rastropesca”, advirtió en mayo un operador de inteligencia. Es el método peculiar de las purgas, durante las cuales se llevan por delante a algunos pecadores y a muchos justos. Desde luego, en estos procesos terminan pagando también los oficiales que se hacen llamar “institucionales”. No hay neutralidad posible.
La constituyente de Maduro también cuestiona la institucionalidad militar, aún en los términos tan particulares que trató de imponer Chávez. En los tiempos del teniente coronel, la oficialidad sentía mayoritariamente que tenía a uno de los suyos en la Presidencia. Y por eso le aguantaron sus deslices y lloraron su muerte. Con el heredero sucesor ese nexo se perdió.
Por eso Maduro se quedó sin Fuerza Armada. Por eso los tenientes y sargentos graban mensajes y los cuelgan en Youtube, anunciando lo que tarde o temprano se manifestará.

Breves

*El gobierno estadounidense, por medio del Departamento del Tesoro, impuso sanciones contra trece funcionarios, exfuncionarios o dirigentes del oficialismo. Es el tercer grupo de oficialistas sancionados. Hay que resaltar varios aspectos. Por una parte, llama la atención algunos que no figuran en la lista. Dos nombres fundamentales son los del general en jefe Vladimir Padrino y el diputado Diosdado Cabello. Sobre Padrino existe la convicción de que se trata de un militar “irrecuperable” para la causa democrática. Sus propios familiares han enviado mensajes grabados en ese sentido. Sin embargo, por ahora, el gobierno estadounidense se abstuvo de congelar sus fondos. Ahora bien, las medidas anunciadas el 26 de julio no fueron retaliaciones por nexos directos con el tráfico de drogas sino por participar en violaciones a los Derechos Humanos (Lista Obama). Por eso llama la atención la inclusión de cuatro personas: Rocco Albisini (presidente del Cencoex), Alejandro Flemming Cabrera (expresidente de Cencoex), Simón Zerpa (vicepresidente de Finanzas de Pdvsa) y Carlos Malpica Flores (ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa). Ellos no se han visto involucrados directamente en la ejecución de la represión. Hay además otros aspectos que no han sido convenientemente analizados aún. Fueron sancionados los jefes máximos de dos poderes públicos, como son Tibisay Lucena (Electoral) y Tarek William Saab (Moral), que se unen en la lista del Tesoro al presidente del TSJ Mickael Moreno, sancionado en mayo, y el vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami. Entonces, están prácticamente todos los representantes de los poderes públicos, salvo el Legislativo. Esto implica que, para EEUU y probablemente para la mayoría de la comunidad internacional, Venezuela entra de hecho en la categoría de Estado forajido o canalla. Es decir, donde no hay respeto a las leyes, ni en el plano interno ni en el internacional. Donde los derechos humanos son meras entelequias. Una situación que traerá consecuencias en muy corto plazo.

*Agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar detuvieron al teniente coronel de la Guardia Nacional Francisco Gregorio Colina, quien fuera hasta mediados de julio el jefe de armamento del Comando de Zona del componente en el estado Apure (número 35). Igual medida recayó sobre los sargentos Carlos Tinedo y Wilmer García, que cumplían funciones de vigilantes del parque de armas de la misma unidad. La investigación se inició al tenerse información sobre supuestos faltantes de armas. Al comandante de imputarán sustracción de efectos de la Fuerza Armada y abuso de autoridad entre otros delitos. Al momento de escribirse esta nota, el oficial y los suboficiales eran trasladados por una comisión hacia un juzgado castrense en el estado Guárico.

Hung herido 16 veces
*Estupor en medios militares ocasionó el asesinato del teniente coronel del Ejército José Manuel Hung Chang, un oficial que había desertado de la Fuerza Armada, luego de que le negaran la baja que había solicitado. Hung, de 53 años de edad, fue ultimado el martes 11 de julio a las 6 am por sujetos que le propinaron 16 cuchillladas en las cercanías del condominio Don Mares, en el sector Betania de Panamá. El oficial vivía con humildad en Venezuela, y ante el deterioro de la situación social y política vendió lo que tenía y en 2015 se fue al país centroamericano junto a su mujer e hijos. Cuando desertó de la Fuerza Armada, desempeñaba una posición administrativa en el Ministerio de la Defensa. Hasta ahora, el caso permanece impune en ese país. No se descarta que haya sido víctima de un homicidio por encargo.

*La FANB elaboró un censo de las llamadas “fuerzas de choque”, activadas para la defensa del proceso constituyente. Estos grupos están ligados a distintos despachos gubernamentales. El registro correspondiente con nombres, apellidos, cédulas de identidad y organismo donde trabajan es llevado por las distintas zonas militares, las cuales a su vez envían la información actualizada al Comando Estratégico Operacional. Algunos de estos grupos están integrados por milicianos que se redondean el salario ofreciendo servicios de seguridad a empresas estatales.

*Para el momento de la redacción de esta columna, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ha detenido a tres de los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designados por el actual Parlamento y juramentados en un acto público celebrado en la plaza Sadel, el 21 de julio. La policía política, que responde a los designios de los radicales del oficialismo, se juega la carta dura y entorpece el proceso de negociaciones adelantado a través del exjefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. Los abogados son sometidos a juicio ante tribunales militares, que están diseñados para impartir penas ejemplarizantes en las filas castrenses, y no para seguir las formalidades del debido proceso y el derecho a la defensa. A esto se le llama “justicia de comando”, pues además los procesos judiciales son iniciados por mandatos de la superioridad, empezando por el Comandante en Jefe. De manera que el propio Maduro con su orden de detener a los nuevos magistrados ha terminado por cerrar las puertas a cualquier entendimiento con la oposición en vísperas de la elección para la Asamblea Nacional Constituyente.

*560 saqueos registró el Ejecutivo durante los primeros seis meses del año. Esta es una cifra parcial, pues no incluye casi ningún apoderamiento de mercancía en camiones. Según fuentes gubernamentales, esos son vistos como simples robos. Los meses de mayo y junio abarcaron el 85% de los casos reportados. Un lector desprevenido podría inferir la existencia de una correlación casi directa y causal entre las protestas contra el régimen y las arremetidas contra los comercios. Pero un análisis de la casuística permite concluir que es necesario incorporar otros factores, como por ejemplo la ausencia de policías o militares, o como se ha visto en numerosos casos la participación activa de funcionarios de cuerpos de seguridad en tales actos. Así sucedió en Valencia y Cumaná. Por cierto, la arremetida de las turbas contra el parque industrial de Carabobo hizo que este estado lleve la delantera en cuanto al número de casos, con 210.

domingo, 16 de julio de 2017

¿Se desinfla la cúpula militar?

El ascenso de 140 oficiales al generalato venezolano, aunque parezca una cifra exagerada, representa realmente una sensible disminución con respecto a los años anteriores. Quizá en el Gobierno se dieron cuenta de que, como reza el refrán, hay mucho cacique para tan poco indio

@javiermayorca

En medio del desbarajuste ocasionado por las protestas generalizadas en el país, el presidente Nicolás Maduro ascendió a 140 oficiales a los distintos grados del generalato y sus equivalentes en la Armada.
Estos ascensos permiten extraer un conjunto de conclusiones, aunque no definitivas, sobre el curso de las cosas en el seno de la institución militar. Se trata de un tema que debe ser abordado y discutido por la sociedad en pleno, desde una perspectiva informada y con sentido profundamente civilista.
En primer lugar, la cifra incluye el caso de Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en respuesta a la citación que le hizo el Ministerio Público en calidad de imputado, por estar incurso en violaciones a los Derechos Humanos durante las acciones de represión contra quienes han participado en manifestaciones a partir de abril.
Maduro, y nadie más, envía un claro mensaje, tanto a lo interno de la Fuerza Armada como al país en general, sobre su disposición de jugar “cuadro cerrado” con aquellos militares que le son leales, incluso, violentando los límites que solían imponerles las leyes del país. Chávez también actuó así en 2010, cuando promovió al mismo grado al actual gobernador de Trujillo, Henry Rangel, con el ánimo de despejar cualquier duda de su respaldo a un oficial que era señalado desde el Departamento del Tesoro de EEUU como pieza fundamental en el esquema de “drogas por armas” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Pero hay otros aspectos relevantes en este proceso.
La cifra de 140 ascendidos a los grados de generales y almirantes pareciera desproporcionada para unas fuerzas militares que nunca han participado en una guerra regular. Ahora bien, todo depende del punto de comparación. Durante la segunda administración de Rafael Caldera (1994-1999), lo usual era que aproximadamente 40 oficiales entraran en la élite del generalato o llegaran a la cúspide de la pirámide, representada entonces por el grado de general de división o vicealmirante. Si se toma en cuenta este promedio, los ascensos otorgados por Maduro este año fueron exorbitantes.
Pero las cifras de ascensos de los últimos años parecieran indicar otra cosa. Veamos.


 Los primeros cuatro años de la serie corresponden a los ascensos al generalato decididos por Hugo Chávez entre 2009 y 2012. En ese lapso, el promedio anual de oficiales promovidos al grado superior fue 141. Durante la era Maduro la media ha sido 193. Es decir, el actual Presidente ha engrosado el generalato en promedio mucho mayor que el período en que Chávez fue más generoso con los profesionales de armas.

Maduro definitivamente devaluó los grados más importantes de la FANB. Cuando comenzó la era democrática, las fuerzas armadas venezolanas solo tenían un general en jefe, Eleazar López Contreras. Un grado concedido de forma honorífica a un oficial que fue presidente del país y contribuyó a la transición hacia la democracia. La antigua legislación militar establecía que este grado solo podía ser conferido por el Jefe del Estado, previa aprobación mediante mayoría calificada del Poder Legislativo, a aquellos profesionales de armas que hayan tenido “hechos de armas distinguidos” en tiempo de guerra, y en tiempo de paz en “recompensa a méritos excepcionales y especiales servicios a la Patria”.
En los últimos 18 años han otorgado el máximo grado de la FAN a oficiales investigados por tráfico de drogas y corrupción, e igualmente como simple retribución a la lealtad política. Chávez y Maduro ascendían a esta posición a los militares que designaban para el Ministerio de la Defensa.
De allí hacia abajo, la más absoluta discrecionalidad en medio de una ausencia total de controles externos. Ahora, los generales y almirantes son caciques sin indios que comandar. En el caso de Maduro, esto puede guardar relación con un interés de ganarse favores en la cúpula castrense, por caer bien en un medio del que poco o nada entiende.
Ahora bien, este año podría marcar una ruptura con la tendencia que traían los ascensos. En 2017 la cifra de oficiales favorecidos con los grados más altos de la FAN ha sido la menor de toda la década. Con respecto a 2016, este año fueron ascendidos a la cúspide militar 25% menos oficiales.
El exceso de generales ha fomentado la militarización de la administración pública, en ámbitos como la gestión económica, la salud y la educación. El último nombramiento que va en esta línea fue el del general de división (GNB) José Pinto Gutiérrez para la rectoría de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, donde se forman los policías civiles de prevención e investigación.
Es posible que el presupuesto militar ya no dé para mantener tantos soles. También es posible que tantos soles acumulados tampoco hayan servido para darle luces al Gobierno.  

Breves

*1090 personas permanecen detenidas en locales de la Policía Nacional Bolivariana en Distrito Capital. Son 19 instalaciones, muchas de las cuales no reúnen las condiciones mínimas para esta finalidad. El cuerpo pionero del “nuevo modelo policial” aloja a sus presos en oficinas administrativas, habitaciones transformadas en celdas y todo tipo de espacio que pueda servir para mantener a detenidos. En fin, lo mismo que se hacía antes, cuando ese “nuevo modelo” no existía. Al 9% de la población bajo custodia de la PNB en Distrito Capital le imputan “alteración al orden público” y otros delitos, es decir, se trata de personas aprehendidas por protestar contra el Gobierno. 26 de ellos tienen menos de 20 años de edad. Están en las sedes de Boleíta, Coche, San Agustín, Antímano y El Valle, mezclados con presos por delitos comunes. Varios de ellos están en el proceso de tramitación de la fianza, pero han tenido dificultades para encontrar los fiadores que en cada caso son exigidos. Este factor viene a unirse a las dificultades que ya se afrontaba en las distintas sedes de la PNB para albergar a los presos, debido al retardo procesal y a la dilación del ministerio para Servicio Penitenciario para asignar los llamados “cupos” en los internados judiciales. Por ejemplo, 463 detenidos se encuentran en lo que llaman “fase de investigación”, mientras que 386 están a la espera de audiencia preliminar y otros 38 ya cumplen condena en estos lugares.

Lamas también vendía perros
*El 24 de junio fue extraditado desde Colombia a EEUU el piloto y militar retirado venezolano Yazenki Antonio Lamas Rondón. Este hombre de 37 años de edad fue capturado en Bogotá el 9 de junio de 2016, en atención a una notificación roja cursada desde EEUU a través de Interpol. Es señalado de participar en el transporte con aviones de 1600 kilos de cocaína. Aunque había pasado a retiro en 2008, mantenía intactos sus nexos con oficiales activos de la Fuerza Armada, especialmente de la Aviación. La solicitud de extradición que cursó en la Corte Suprema de Colombia revela que los indicios de la participación de Lamas en el traslado de drogas fueron recabados entre abril de 2014 y noviembre de 2015, es decir, durante 19 meses. Pero se cree que sus actividades se remontan a mucho tiempo antes: “(…) Como parte del concierto para delinquir Lamas Rondón sobornó a autoridades militares venezolanas para evadir la interdicción de las aeronaves que entraban en el espacio aéreo venezolano desde Belice, Honduras, México, y otros países”. El oficial retirado gustaba utilizar aeronaves de matrícula estadounidense, en especial un King Air que una década atrás había pertenecido una agencia gubernamental norteamericana. Su último viaje a Colombia supuestamente tuvo dos propósitos: trazar alianzas con el clan Usuga (antes Los Urabeños) y presenciar una exposición de perros, por los que tenía tanta afición que había inscrito una empresa para venderlos en el exterior. La revista Semana informó que el gobierno venezolano habría intentado disuadir al presidente Santos de dar la luz verde a la extradición de Lamas, durante una reunión en La Habana entre representantes de ambas administraciones. Lamas será enjuiciado en la Corte del Distrito de Columbia, en Washington.

*En 2016 el Gobierno no publicó cifras definitivas sobre los decomisos de drogas. Ya en los años anteriores habían omitido la divulgación detallada de tales cifras en la web de la Oficina Nacional Antidrogas y en los informes de Memoria y Cuenta del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Ahora fueron un paso más allá, y no entregaron las estadísticas oficiales a los enlaces policiales y representantes de organismos multilaterales que adelantaban algunos convenios de cooperación en materia de prevención e interdicción contra las drogas ilegales. La falta de transparencia llevada a este plano impide la continuidad de tales iniciativas, pues no hay manera de medir si tienen éxito o si fueron cumplidas las metas fijadas con antelación. Pero la cosa va más allá. El riesgo, indicó un enlace policial, es que desde los despachos del propio Ejecutivo estén traficando con los alijos que se supone han sido decomisados. El enfrentamiento con el Ministerio Público deja a sus anchas a los cuerpos policiales dependientes del Ejecutivo.

*Un informe elaborado por el American Enterprise Institute, llamado Capos y corrupción (Kingpins and corruption) advierte el efecto que están teniendo sobre la delincuencia organizada transnacional los procesos simultáneos de desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el involucramiento directo en el tráfico de drogas y el lavado de dinero de altos funcionarios del gobierno venezolano. Ambos aspectos están interconectados. Por una parte, hay elementos de la extinta guerrilla colombiana que han decidido incorporarse al Ejército de Liberación Nacional (ELN) o formar sus propios grupos, en especial en territorios que anteriormente eran ocupados por el Bloque Oriental, fronterizos con Venezuela. Los líderes más prominentes de la disidencia guerrillera serían Miguel Santanilla Botache, alias Gentil Duarte, quien llegó a participar en las conversaciones de La Habana, y Géner García Molina, alias John 40, “uno de los líderes de las FARC que estuvo más involucrado en forma directa en el tráfico de drogas a través de Venezuela”. En cuanto al caso venezolano, el grupo de análisis advierte que “ninguna fuerza interna está en capacidad de confrontar esta criminalidad generalizada, lo que hace indispensables medidas internacionales de supervisión y aplicación de la ley”.

*Una de las localidades venezolanas que quizá esté recibiendo un importante impacto derivado de la ocupación de los espacios anteriormente dominados por las FARC sea el municipio Atures del estado Amazonas. Allí contaban 105 homicidios entre el 1 de enero y la semana pasada. Un poblador de la zona indicó que la violencia se desata los fines de semana, especialmente los días viernes y sábados, cuando las bandas conformadas por venezolanos y colombianos ajustan cuentas. El contrabando de cajas Clap se ha convertido en el gran negocio del lugar, y por ende en el principal motivo de las disputas. Aunque para el Gobierno las muertes se producen mayoritariamente en el curso de robos, la realidad percibida por los lugareños pareciera ser otra. De seguir a este ritmo, la tasa de homicidios al finalizar el año será superior a los 200 por cada 100.000 habitantes, más alta que la de Caracas.


El jet se desintegró
*Al momento de escribirse esta columna han pasado doce días desde que se estrelló a unas 30 millas de Margarita el jet Gulfstream siglas YV2896 adscrito al Sata y que era usado por personeros del Ejecutivo. A pesar de la propaganda, lo cierto es que otra vez quedó en evidencia la ausencia de operatividad del Servicio Aeronáutico de Rescate (SAR). Hasta ahora solo han sido recuperados dos cadáveres, y algunos trozos del avión que quedaron flotando la tarde del 4 de julio. Días después ubicaron la llamada “caja negra”, pero no la han recuperado. Los restos humanos, por cierto, fueron recuperados por pescadores que llegaron rápidamente a las aguas donde flotaban, y los entregaron a los militares que llegaron posteriormente. Faltan todavía siete cuerpos por encontrar. El siniestro fue presenciado por pilotos de una línea comercial, quienes indicaron las coordenadas donde debían estar las partes. Todo en medio de la mayor improvisación por parte de las autoridades, que militarizaron una actividad eminentemente civil. Esto hace recordar el prolongado retardo en el hallazgo de los restos del helicóptero 0796 del Ejército que cayó en Amazonas a finales del año pasado.