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miércoles, 28 de septiembre de 2016

¿Quién controla al Sebin?

El Sebin es un cuerpo que opera sin restricciones, no para proteger al Estado sino para garantizar la continuidad de la “revolución”


@javiermayorca

El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) es un cuerpo creado en junio de 2010, en reemplazo de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), cuya supresión fue ordenada un año antes por el entonces presidente Hugo Chávez. De esta manera, el comandante cumplió uno de sus anhelos más antiguos. Ya en 1998, cuando estaba en su primera campaña, había expresado la intención de eliminar a la policía política.
Hasta 2013 el Sebin estuvo adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores. Pero un decreto emitido en abril de ese año por el actual presidente Nicolás Maduro lo transformó en un “ente desconcentrado” adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Esto implica que desde el punto de vista administrativo los fondos para su manejo son enviados desde el despacho que actualmente detenta Aristóbulo Istúriz, incluido desde luego todo lo relativo a los llamados “gastos de seguridad y defensa”. Pero Istúriz tiene escasa incidencia sobre las acciones cotidianas de los funcionarios.
En el actual esquema, además, el Presidente se reserva la potestad de nombrar al director del Sebin. Y tal parece que el mandatario no confía en nadie más que el mayor general Gustavo González López para conducir a su policía política. Esto quedó en evidencia cuando el oficial del Ejército fue designado para el MRI sin que fuese nombrado su reemplazo en la dirección del cuerpo de seguridad. En esos 16 meses que corrieron entre marzo de 2015 y agosto de 2016 las tareas más gruesas del Sebin quedaron en manos de un comisario que hizo carrera como patrullero e investigador, Carlos Calderón.
El Sebin se maneja sin controles internos, en medio de un peligroso voluntarismo. Un detalle en el que pocos han reparado se refiere a la eliminación de la Inspectoría del cuerpo. En anteriores organigramas, la oficina encargada de velar por el cumplimiento de la reglamentación era prácticamente adjunta a la dirección. La estructura de la institución “refundada” no tiene esa instancia. Tampoco tiene subdirección, aunque adentro digan que Calderón es de facto el segundo a bordo.
Consulté al respecto con dos fuentes ligadas a ese cuerpo. Una de ellas me indicó que parte de las funciones de vigilancia puertas adentro es ejercida por agentes de una oficina ubicada en el piso 4 del Helicoide. Trabajan de manera estrecha con la sección llamada Talento Humano, que sí figura en la estructura general.
Pero el Sebin tampoco está sometido a controles externos. Es curioso, pero muchos de los agentes de este organismo se ven a sí mismos como si fuesen policías. Participan ocasionalmente en patrullajes y han sido convocados para las grandes redadas conocidas como Operaciones para la Liberación del Pueblo (OLP). Además, en oportunidades son comisionados como auxiliares del Ministerio Público, para investigar ciertos casos. Y sin embargo, la institución no se somete a ninguno de los medios de vigilancia establecidos a propósito del “nuevo modelo policial”. No tiene oficina de control de actuaciones policiales ni comité ciudadano que la supervise. Ni siquiera la Fiscalía reacciona al ver que desde ese organismo emiten citaciones a periodistas y activistas políticos, y se hacen detenciones en flagrancia con evidencias de dudoso origen, como en los casos de Puglia, Jatar y Melo. Ya Liliana Ortega (Cofavic) ha advertido sobre la posibilidad de que los agentes de este cuerpo incluso practiquen desapariciones forzadas.
A pesar de todo esto, el Sebin no figura en el radar de la Asamblea Nacional. Un cuerpo armado al servicio de la Presidencia que declara abiertamente promover la “irreversibilidad del proceso de cambios impulsado por la revolución bolivariana” (Memoria y Cuenta 2015) quizá sea suficiente razón para iniciar un ejercicio contralor.

Breves

*El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) inició una pesquisa sobre el hackeo de un blog y de la página facebook de la periodista venezolana radicada en Nueva York Maibort Petit. Las pesquisas fueron iniciadas al recibirse una denuncia sobre la repentina “desaparición” de los archivos del primero de los espacios web, y de la divulgación a través del segundo de ellos de mensajes que no fueron elaborados por ella. En Estados Unidos, este es un delito federal. Una vez recibida la queja (complaint) se llevó a cabo el rastreo forense de los protocolos de internet (IP) que permiten establecer la ubicación física del pirata informático. A través de su blog y otras redes sociales, Petit ha hecho la cobertura sobre el proceso por conspiración para traficar drogas contra los sobrinos de la pareja presidencial Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, quienes permanecen detenidos en una cárcel neoyorkina desde noviembre del año pasado.

*El miércoles 21 de septiembre fueron hallados en La Palmira, estado Táchira, los cadáveres de Jefferson Acevedo y de José Parranque, de 22 años y 27 años de edad, respectivamente. Ambos acribillados y con tiros de gracia en sus caras. Los asesinos colocaron sobre cada cuerpo dos panfletos con el mismo texto: “Lo pelamos por ladrón vicioso cuatrero (sic). No se preocupen, tenemos 15 más en lista”. No ha sido la primera vez. El 7 de septiembre fueron encontrados en Guatire los restos de dos supuestos antisociales, cuyas cabezas fueron metidas en sus estómagos. Al lado de ellos otro cartel: “De los violadores nos encargamos nosotros. Continúa la película de terror #2”. Un caso similar fue reportado en San Mateo, Aragua, la primera semana de julio. Esto sugiere la conformación de lo que se conocía en Colombia como “brigadas de limpieza”, propias de países donde el Estado es incapaz de proteger a sus ciudadanos La saña en estos casos hace pensar también en la posibilidad de ajustes de cuentas entre bandas, con participación de ex presidiarios.

*El “hurto hormiga” está desangrando las finanzas de las empresas, privadas y públicas. Inicialmente, conocían así a las sustracciones de pequeñas cantidades de insumos utilizados por las propias compañías para la fabricación de sus productos. Ahora también le dicen así a los casos en los que un cliente se lleva sin pagar pequeñas cantidades de productos, generalmente alimentos. El 21 de septiembre Cicpc inició una pesquisa contra seis trabajadores de una fábrica de suelas para zapatos y botas, que desde febrero supuestamente se llevaban este producto oculto en sus vestimentas. El día anterior fueron detenidos empleados de Hidrocapital que se llevaban insumos y herramientas de la estatal en Maripérez. En Guarenas, un laboratorio farmacéutico perdió dos toneladas de azúcar para fabricar pastillas de la misma manera. Los problemas para procesar a estos sujetos son múltiples. Tienen que ser detenidos in fraganti, pues de lo contrario se amparan en la inamovilidad laboral. Además, las bandas cuentan con la participación activa de sindicalistas, que amenazan con iniciar conflictos laborales si son detenidos.

*Al menos cinco frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se han fracturado debido a desacuerdos con respecto al proceso de paz. Entre ellos el número 1, también conocido como Armando Ríos. Forma parte del Bloque Oriental y opera en la frontera con el estado Apure. De hecho, sus integrantes también están en Venezuela. La división de esta unidad de batalla, conformada por aproximadamente 200 hombres en armas, fue reconocida por la cúpula del grupo guerrillero. En un comunicado se señala que tal disidencia ocurre por la “influencia de intereses económicos opuestos a la terminación del conflicto”. Son, esencialmente, dos negocios: el cuidado a los cultivos de coca, por el que se cobra un impuesto llamado “gramaje”, y la ruta para el traslado a Venezuela de la cocaína ya elaborada.

La entrada a Villa Heróica, Guatire
*La tesis de que la esposa, dos cuñadas y otros dos allegados al comisario general jubilado de Cicpc Heberto Alfonso fueron ultimados en el curso de un robo, así sin más, es muy difícil de tragar. Para empezar, no se puede hablar de resistencia al asalto, toda vez que los ocupantes de la vivienda del exfuncionario en la urbanización Villa Heroica de Guatire fueron sometidos a placer por los antisociales, gracias a que supuestamente estos contaban con la complicidad del hijo de una empleada doméstica, quien también ayudó a trasponer la vigilancia de la entrada al sector. Por otra parte, los hampones pudieron apoderarse de las armas que tenía el comisario guardadas en el inmueble. Entonces, si el objetivo de la incursión era solamente robar estos bienes no se explica la insistencia en comunicarse con Alfonso para exigirle que se presentara en la casa, la tarde del martes 27 de septiembre. Hasta el momento de redactar esta nota se había reportado la detención de dos personas: Darwin José Rodríguez Mesías, de 26 años de edad y Elkin Alvarez Medina, de 56 años. La importancia del caso se refleja en el hecho de que las diligencias en el sitio del suceso fueron supervisadas por el director de Cicpc, comisario general Douglas Rico.

Atún verde
*En el expediente sobre el desfalco a través de la Comisión para Administración de Divisas (Cadivi) está consignado un informe sobre las operaciones de importación de bienes de toda naturaleza por parte de la Caja de Ahorros del Ejército. Las mercancías eran traídas al país desde 2010 por una compañía llamada Inversora Caejer. Aunque estaba registrada como firma del Gobierno a los efectos del órgano de asignación de divisas, su RIF es el de una empresa más perteneciente a particulares. Hoy en día, como se puede apreciar en esta foto, son comercializadores de atún enlatado

miércoles, 14 de septiembre de 2016

Más del caso Andorra

*Un tribunal del principado de Andorra emitió una medida que nuevamente pone de relieve las actividades de un grupo de venezolanos ligados a este y al anterior gobierno. El desfalco estimado supera los dos millardos de euros

@javiermayorca

El 5 de mayo, la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra, a cargo de la juez Canolic Mingorance Cairat, solicitó a las autoridades francesas contra el lavado de dinero el congelamiento de todos los activos pertenecientes a siete venezolanos, una mujer de origen español y 24 empresas ligadas a algunos de ellos.
La medida recayó sobre Luis Mariano Rodríguez Cabello, Estibaliz Basoa de Rodríguez, Diego José Salazar Carreño, Rosicela Díaz Gil, Omar Jesús Farías Luces, José Luis Zabala, José Enrique Luongo Rotundo y Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas.
Esto se basa en una pesquisa iniciada en 2012 a propósito de una serie de operaciones sospechosas a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), la misma entidad investigada por la Red de Aplicación contra Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCen) debido a que supuestamente era utilizada por grupos de delincuencia organizada de Rusia, China y Venezuela.
Como se recordará, en 2006 BPA abrió una oficina de representación en la torre A del Centro Ciudad Comercial Tamanaco. Sus agentes tenían un interés especial en captar los fondos manejados a discreción por funcionarios públicos y sus testaferros, en medio de la bonanza petrolera.
Este banco ofrecía una alternativa para eludir el control cambiario mediante la negociación en Panamá de papeles del Estado venezolano, utilizando para ello empresas de fachada o “concha”, según la terminología estadounidense. Las compañías eran registradas por una filial de BPA en el país centroamericano. Posteriormente abrían cuentas bancarias a nombre de ellas, que simplemente servían como conducto de los fondos que terminarían en la central del banco en el principado europeo.
La primera señal de lo que hacía BPA surgió en 2010 a propósito del escándalo por el congelamiento de los fondos del ex jefe antidrogas de la policía judicial comisario Norman Puerta. Durante las audiencias celebradas en Andorra por este caso se reveló que los operadores de la oficina de representación de BPA en Venezuela abrieron la cuenta al ex policía y un grupo de personas con antecedentes por drogas (dos de ellas con pasaporte diplomático) sin siquiera indagar de quiénes se trataba. Puerta, por ejemplo, fue registrado como si fuese un ganadero falconiano.
Un sistema de comisiones a través de BPA
La solicitud del tribunal andorrano emitida en mayo de este año indica de manera expresa que varios de los afectados por la medida de congelamiento de fondos mantenían relaciones, tanto filiales como de negocios, con el entonces ministro de Energía y presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez. Villalobos fue viceministro de Energía, y Salazar y Farías se movían en el negocio de las pólizas de seguros para la estatal petrolera y otras instituciones gubernamentales. Farías permanece detenido en República Dominicana por las investigaciones sobre la quiebra fraudulenta del banco Peravia.
Según la petición del tribunal andorrano, las personas objeto de confiscación “organizaron un sistema de comisiones en relación a los contratos públicos de la empresa Pdvsa, que comporta que las empresas que accedían a las licitaciones se veían obligadas a contratar con el referido entramado empresarial para poder conseguir las adjudicaciones, cobrando los implicados millones de euros por los asesoramientos”. Más adelante se argumenta que los pagos a las empresas de tales asesores eran “imprescindibles” para acceder a los mercados públicos de la estatal petrolera venezolana y cualquiera de sus filiales.
El monto involucrado en las operaciones sospechosas sería superior a los dos millardos de euros, unos 2,6 millardos de dólares.
El ilícito fue detectado por los franceses, cuando se detectó una transferencia por más de 90.000 euros al empleado de un hotel parisino en retribución a “servicios prestados”. Los fondos surgieron de la cuenta de una empresa panameña Highland Assets Corp, perteneciente a Diego Salazar. Desde allí se hizo un monitoreo, y en noviembre de 2012 se intentó un primer embargo de fondos en Andorra, cuando Salazar supuestamente planeaba adquirir un inmueble en París por 40 millones de euros.
Salazar pudo desbloquear este dinero. Pero las investigaciones han continuado.

Breves

*El Ministerio Público adelanta una averiguación contra Jeanette Anza, la mujer que fue detenida en octubre de 2014 cuando supuestamente llegó al aeropuerto Guarulhos de Sao Paulo (Brasil) con un revólver oculto en un maletín. En ese momento, ella declaró que era una niñera al servicio del ministro para las Comunas Elías Jaua. Anza fue dejada en libertad y regresó a Venezuela. Pero las pesquisas brasileñas no han cesado. En julio, fue llamada a declarar como imputada por un fiscal venezolano, en atención a una solicitud emanada del juzgado 5 Federal de Guarulhos. Es decir, Brasil invocó la cooperación internacional para un caso que considera relevante. Fuentes brasileñas confiaron que la investigación abarca no sólo el intento de introducir el arma, que según ella pertenecía a su jefe, sino también el propósito aparentemente político del viaje del funcionario, según quedó en evidencia por el contenido de documentos incautados junto al revólver.

*Otra investigación internacional en desarrollo se refiere al uso del país como punto de partida de una suerte de “bachaqueo diplomático”, atribuido a funcionarios de Corea del Norte. Los primeros indicios al respecto surgieron en Perú y Brasil, donde se detectó que funcionarios del servicio exterior norcoreano en esos países viajaban periódicamente a Cuba para introducir al regreso habanos hechos en la isla y supuestamente revenderlos en el mercado negro. En Venezuela esto tuvo una variante. Según fuentes ligadas a la investigación, los diplomáticos iban a tiendas del centro de Caracas atendidas por chinos la víspera de cada salida y adquirían grandes cantidades de objetos de tocador como jabones y afeitadoras. El negocio entonces sería por dos vías: la venta en Cuba de tales mercancías y el retorno con los tabacos.

*El 5 de septiembre la dirección de la Policía Nacional Bolivariana emitió una orden de operaciones llamada “Dispositivo de seguridad y resguardo para las concentraciones y prevención contra la toma de las sedes del Consejo Nacional Electoral convocada por la MUD” para el miércoles 7 de septiembre. El documento de 26 páginas fue elaborado por la División de Planes y Ordenes, y refleja hasta qué punto ese cuerpo, señalado como pionero del “nuevo modelo policial”, está inmerso en un profundo proceso de politización para constituirlo en una nueva instancia de defensa del régimen. En el análisis situacional, los redactores dan por sentado que los convocantes “no asumen la responsabilidad de las acciones de los manifestantes y generalmente terminan en forma violenta, con actos de agresión hacia los funcionarios públicos, policiales y militares, así como daños materiales al patrimonio de la ciudad de Caracas”. La misión de los polinacionales para el 7 de septiembre fue el patrullaje, la vigilancia, la seguridad y el orden público hasta que finalizaran las marchas de las organizaciones “que se oponen  e intentan sabotear la gestión presidencial”. Con este planteamiento se justificó incluso la colocación de 30 francotiradores en azoteas de edificios preseleccionados. El mismo miércoles, el Presidente anunció un aumento de 50% en el salario de los agentes de este cuerpo, en un acto donde también fueron mostrados los nuevos uniformes. Llamó la atención el ropaje camuflado, muy parecido a los utilizados por los agentes operativos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). No se trata de un hecho meramente cosmético. Revela que ese nuevo modelo policial en realidad no era una política de Estado sino un producto del voluntarismo de los gobernantes de turno.

*El viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal, una dependencia del ministerio de Relaciones Interiores, ordenó a todos los cuerpos policiales del país hacer con carácter de urgencia un censo de todos los detenidos en sus correspondientes retenes. Previamente, el ministerio de la Defensa había emitido una orden similar a los comandos de zona del país. El director de la organización Una Ventana para la Libertad Carlos Nieto ha señalado que en Venezuela albergan alrededor de 25.000 presos en más de 400 instalaciones. Algunas de ellas simples oficinas administrativas. Por lo que resulta casi imposible disponer de información clara sobre las identidades de los presos y los lugares donde se encuentran. Esta situación es caldo de cultivo de todo tipo de corruptelas. En un retén de Guárico, por ejemplo, se detectó en julio que los policías dejaban salir a los delincuentes para que robaran y luego entregaran parte del botín a sus custodios. Luego de la crisis en la Penitenciaría General de Venezuela el problema se agravó. Debido a una orden gubernamental, los detenidos en numerosos retenes fueron trasladados hacia internados judiciales sin que existiera un registro pormenorizado con las identificaciones plenas, así como los lugares de origen y destino.

*El Gobierno tiene planteada una toma militar del estado Nueva Esparta, con motivo de la cumbre de países No Alineados, a llevarse a cabo entre los días 13 y 18 de septiembre. El temor es que se reproduzcan manifestaciones contra el jefe del Estado tal y como fueron vistas el sábado 3 de septiembre en el sector Villa Rosa. Efectivos de la GN emplazados en Distrito Capital para el relanzamiento de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela recibieron la orden de recoger sus pertenencias y esperar el traslado a la isla. Lo mismo sucedió en el estado Vargas. Lo de Villa Rosa fue significativo. El Gobierno no lo esperaba. Allí operan células del colectivo Tupamaros. Igualmente se llevó a cabo la reparación de algunas viviendas a través de la misión Barrio Nuevo Tricolor. Aún así el descontento fue incontenible ante la presencia de Maduro.

*Según la Memoria y Cuenta presentada en febrero de este año por el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) no tiene como finalidad primordial la protección de los intereses del Estado sino la preservación de la revolución bolivariana. Esto explica las escenas y afirmaciones que se pueden ver en el video colocado en el margen derecho de este espacio, con motivo de una graduación de comandos antiterroristas de este cuerpo. Huelgan los comentarios…

*Escribe una lectora: “El pasado miércoles 30 de agosto fui víctima de un atraco en la autopista Prados del Este a nivel del CCCT en dirección a La Trinidad, donde se incorporan los que vienen de Chacao. Ocurrió a las 7:15 pm aproximadamente. Allí estaba un vendedor ambulante de papitas fritas a quien no ví por la falta de luz en la autopista. Agarré el celular para hacer una llamada. Al instante él rodeó mi carro pidiendo el teléfono y apuntándome con una pistola que tapaba con las papas que "vendía " (solo podía ver el cañón). Se acercó a mi ventana en donde hizo ver con más claridad la pistola. Bajé  el vidrio y lancé  el celular con el único propósito que se alejara  de mí. Gracias a dios pude arrancar y por el retrovisor ví cómo  se agachó a buscar el teléfono (…) Tal vez poca gente sospecha de estos vendedores ambulantes. Este se aprovechó de su supuesto oficio para que el resto de las personas que estaban en la cola no se dieran cuenta de lo que pasaba”.