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miércoles, 31 de agosto de 2016

Sobrinos en apuros

Hay indicios claros para que el gobierno estadounidense vea el caso de los sobrinos de la pareja presidencial como un asunto de seguridad de Estado

@javiermayorca

La investigación, la detención y el enjuiciamiento de los sobrinos de la pareja presidencial, Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, no es ni puede ser vista como “un caso más” de pesquisa criminal, tal y como argumentan voceros estadounidenses. Es, efectivamente, un expediente de conspiración para traficar drogas, pero con profundas implicaciones políticas. En Venezuela, así lo analizan en el propio Gobierno desde noviembre de 2015, cuando se reportó el resultado de la operación policial en Puerto Príncipe (Haití). En EEUU todavía no lo admiten así, para guardar ciertas formas. Pero el juicio que se ventila en la corte federal del Distrito Sur de Nueva York tiene indicios suficientes para que el Departamento de Estado lo considere como un asunto de seguridad nacional. Veamos:
*Enemigos de EEUU: el extenso informe presentado en julio por el fiscal neoyorkino Preet Bharara, en respuesta a declaraciones de la primera dama Cilia Flores, destaca en sus primeros párrafos que durante la investigación encubierta llevada a cabo en Venezuela y Honduras Efraín Campo fue grabado cuando emitió una declaración inquietante: “Estamos en guerra contra Estados Unidos”. Es posible que esta fuese una declaración destemplada, una bravata inconsciente de alguien que intentaba ganarse la confianza de los suplidores de la cocaína. Pero en Estados Unidos esas afirmaciones tienen un alto valor, especialmente luego de la terrible experiencia del 11 de septiembre de 2001.
Los sobrinos, antes de volar a EEUU
A esto se une otro dato. Surge del primer análisis forense a los teléfonos celulares confiscados en Haití a los sobrinos de la pareja presidencial. El informe correspondiente suscrito por el agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Kimojha Brooks. Indica que en marzo Campo supuestamente envió correos electrónicos que trataban sobre los requisitos y los documentos para el porte de armas. En septiembre del mismo año, con el mismo teléfono fueron tomadas gráficas de dos subfusiles, uno de ellos con mira láser, así como también de un lanzacohetes. La fiscalía estadounidense envió comunicaciones a las corporaciones Google y Apple para obtener el contenido completo de estos correos. Pero aún no está disponible.
*Asociados al terrorismo: a pesar del avance de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, Estados Unidos continúa catalogando a este grupo guerrillero como “terrorista”. Mientras era llevado en un jet a Nueva York, Campo declaró al agente especial de la DEA Sandalio González III que esta organización sería la proveedora de los 800 kilos de cocaína, a través de un intermediario apodado el Gocho. En el mismo vuelo, Flores de Freitas indicó que las reuniones con este hombre comenzaron en un restaurant tailandés en Las Mercedes.
*Defendidos por Venezuela: luego de la audiencia llevada a cabo en la corte federal del Distrito Sur de Nueva York en mayo de 2016, está claro que los detenidos concedieron a un poder externo tanto la conducción como el pago de sus respectivas defensas. Es decir, ni Campo ni Flores deciden cómo afrontarán el juicio. Desde entonces, las mociones presentadas ante la referida corte han sido en conjunto, muchas veces reflejando las inquietudes expresadas en Venezuela por voceros oficialistas (la tesis del “secuestro”, la identidad de los agentes encubiertos e informantes, etc). Si alguna duda queda en cuanto a quién cancela los honorarios de los defensores privados, se debe recordar que al principio los abogados de Flores fueron los mismos que representaron al Banco Central de Venezuela una demanda en EEUU contra la web Dolar Today.
Campo y Flores caminan hacia la pena máxima, que en este caso puede ser cadena perpetua. El último recurso que les quedará, cuando ya tengan el agua en las narices, es despedir a sus actuales apoderados judiciales y negociar por cuenta propia con el gobierno estadounidense.

Breves

*El 9 de agosto, miembros del incipiente Consejo Nacional Agroalimentario se reunieron con el nuevo comandante general de la Guardia Nacional, mayor general Antonio Benavides Torres. Fue un largo encuentro en el que se discutieron innumerables aspectos, en virtud del tutelaje militar implantado por el Presidente a toda la industria de alimentos. No obstante, las quejas por problemas de inseguridad fueron recurrentes. El oficial se comprometió de manera firme en tres aspectos: 1) combate a las invasiones de fincas; 2) vigilancia y custodia a la mercancía en tránsito, para prevenir saqueos, y 3)generación de mecanismos de comunicación para una reacción rápida contra el abigeato, las extorsiones y los secuestros. A partir de entonces, los militares incorporados a este programa así como los participantes en la reunión forman parte de un chat en el que se dan a conocer novedades sobre la materia. Por ahí fue notificada la acción de la GN contra un grupo de invasores a una finca en el estado Mérida.

 *Varias propuestas son consideradas por el titular del MRI Néstor Reverol para la reestructuración de la policía judicial. La más antigua fue elaborada por una comisión designada luego de la muerte de tres detenidos en el Departamento de Aprehensión ubicado en El Rosal. Pero la que pareciera tener más respaldo es una reciente que "aplana" la estructura de la policía al eliminar la subdirección y dejar un conjunto de coordinaciones bajo el despacho del director. De hecho, desde que Douglas Rico fue designado director este cuerpo se encuentra sin segundo al mando. Estas funciones están repartidas de hecho entre el máximo representante de la institución y el coordinador de Investigaciones Penales comisario Rubén Lugo.

 *El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino ordenó a todos los jefes de unidades militares acantonadas en la zona limítrofe con Colombia acentuar la investigación y el desmantelamiento de las redes que manejan el contrabando de extracción de combustible y mercancías subsidiadas por el Gobierno. El radiograma correspondiente llegó a los puestos y comandos de zona castrense la semana pasada, pero hasta ahora no se han producido mayores resultados. En una entrevista concedida en enero el colombiano Wilkin Alexander Roa, alias Cara de Niña, quien fuera jefe de Los Urabeños en San Antonio y Cúcuta, señaló que los traslados de alimentos y combustible hacia Colombia eran posibles gracias a los pagos semanales que él y sus lugartenientes supuestamente hacían a las autoridades militares y políticas del Táchira.

*El jueves 25 de agosto soldados acantonados en la base de protección fronteriza Cararabo del Meta en Apure dispararon contra una avioneta que hizo varios sobrevuelos sobre la instalación militar a plena luz del día. La aeronave colores gris y blanco no fue plenamente identificada por los militares. Pero al volar por cuarta vez sobre la instalación le hicieron 56 tiros con fusiles AK-103, como parte del denominado Plan de Reacción Inmediata. La nave aparentemente no sufrió daños y se alejó del sitio. Esta zona es conocida por formar parte de las rutas aéreas para el traslado de drogas.

*Un informe presentado recientemente por un teniente coronel del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional advierte que la “desmovilización de grupos guerrilleros y paramilitares colombianos”, así como la “captación de funcionarios de los órganos de seguridad del Estado” por organizaciones delictivas son los principales factores a ser tomados en cuenta en el futuro inmediato por las unidades especializadas en esta materia. La firma de la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, aunque deseada traerá algunas consecuencias negativas para Venezuela.

*Al cierre, la expresidenta de la Conacuid (actual ONA), Mildred Camero, respondió al titular del MRI, Néstor Reverol, quien afirmó que en 2005 la DEA tenía una oficina en el piso 7 de la institución entonces conducida por Camero, tan secreta que ni siquiera ella misma tenía permiso para entrar. Según la ex juez, “la oficina tenía por nombre Centro de Información y Coordinación Conjunta, y estaba a cargo del subcomisario de Cicpc Iván Romero”. Fue instalada allí para hacer un monitoreo de aeronaves y embarcaciones. Añadió que un piso más abajo “funcionaba el Centro Nacional de Drogas, Cinadro, dirigido por el maestro técnico de tercera (GN) Douglas González”. Ambos funcionarios, concluyó, “son testigos vivientes de todo lo acontecido en esa época en la Conacuid”.

*El 21 de agosto fue reportado en Caja Seca, estado Zulia, el asesinato del colombiano Oscar Humberto Saavedra Montoya, de 50 años de edad. La nota sobre este caso publicada por El Diario de los Andes indica que la víctima era propietaria de la compañía Asfalto Los Andes. El crimen ocurrió cuando Saavedra se disponía a entrar a su vivienda para almorzar. Un sujeto salió de un callejón adyacente, le disparó y huyó corriendo sin robar la camioneta Highlander del comerciante. En marzo de 2011 el Gobierno deportó a Saavedra a Colombia, donde era requerido por secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Había sido detenido en El Hatillo, el 24 de febrero de ese año. Según el Registro Nacional de Contratistas Saavedra era el propietario de la firma Inversiones Coveinca, cuya sede estaba en Los Chorros, pero estaba registrada como proveedora de servicios en la oficina del Ministerio de Comercio en Mérida. Este dato llegó gracias a la acuciosidad de un lector.

*Otra lectora cuenta cómo el hampa hace de las suyas en el sector El Barbecho de Los Teques. Un lugar que anteriormente era tranquilo. Los casos relatados ocurrieron entre los meses junio y julio. Aquí sus palabras: “El sábado 11 de junio a la 8:00 PM, dos sujetos atacaron a mi papá dentro del estacionamiento de nuestra casa. El señaló que cuando estaba guardando el vehículo escuchó el paso de un carro, al abrir la puerta para cerrar el portón lo apuntaron y obligaron a entregar las llaves. Se llevaron el carro, no sin antes indicarle que si quería el carro de vuelta tendría que pagar rescate.
“Mientras el atraco ocurría, yo escuché voces desde mi casa (ubicada en el piso superior al estacionamiento). Al bajar la escalera y preguntarle qué pasaba uno de los asaltantes me apuntó a distancia. Logré correr y refugiarme en casa, también mi mamá bajó luego de escuchar mis gritos (se encontraba en la terraza) y a ella le ordenaron subir o le dispararían.  
“Se llevaron el carro, no hubo disparos, no ingresaron a las viviendas, tampoco llamaron para pedir rescate, pero nos arrebataron la única certeza que nos quedaba: sentirnos seguros en nuestro hogar. Durante los días siguientes al hecho, temblábamos cada vez que repicaba algún teléfono, ahora temblamos cada vez que vamos a llegar a casa o a salir de ella.
“33 días después y cuatro casas más allá de la nuestra se ha repetido el hecho, casi en iguales condiciones. Un vecino que repara vehículos en el estacionamiento de su casa, escuchó un carro pasar mientras revisaba el carro de un cliente, levantó la cabeza y vio dos sujetos que caminaban hacia él, lo apuntaron y se llevaron la unidad (10:00AM).
“Dos días después, otro vecino fue hasta unos comercios cerca de la zona donde vivimos, se bajó a comprar alimentos para su perro, en apenas minutos le abrieron la maleta y se llevaron herramientas y una batería”.


Mudados a la incomodidad
*La foto que acompaña este breve corresponde a una escuela de Ciudad Caribia, el desarrollo de interés social ubicado entre Caracas y La Guaira. En ese inmueble, destinado para uso educativo, querían alojar a parte de los 3100 agentes llamados desde cuatro estados del país para reforzar el contingente policial en Caracas. Otras instalaciones en construcción fueron puestas a la orden de este plan. Al conocer que no tendrían un lugar decente ni siquiera para dormir, los uniformados se negaron a ser trasladados. Lo más triste de la situación es que la propuesta de llevar a policías a residir en una escuela en construcción surgió de un directivo del propio cuerpo de seguridad.

miércoles, 17 de agosto de 2016

¿Qué pasó en la PGV?

En la penitenciaría de San Juan de los Morros el pramato impuso su voluntad. El secuestro de empleados gubernamentales solo se resolvió con la intervención de funcionarios de Miraflores

@javiermayorca

Luego de pasar seis días en poder de los reos, los empleados del ministerio para Servicio Penitenciario no quieren regresar a la Penitenciaría General de Venezuela.
Los 42 trabajadores y un contratista que llevaba alimentos a esa cárcel fueron secuestrados por los internos a partir de la madrugada del lunes 1 de agosto. Algunos de ellos permanecieron cautivos hasta el sábado 6 de agosto, cuando el líder de los detenidos o pram, conocido como Viruviru o La Guaira, consideró satisfecha su demanda de que repoblaran la penitenciaría.
El lunes 8 de agosto, el ministerio otorgó 21 días de reposo a los trabajadores que fueron víctimas del secuestro. Aunque les prohibió declarar a los medios, algunos de ellos confiaron que no desean regresar a sus labores, especialmente si se toma en cuenta que la nueva administración del penal les había exigido trasladar sus puestos de trabajo desde las áreas externas de la instalación hacia el interior. Esta circunstancia facilitó la captura por parte de los reclusos.
En los primeros días, las víctimas permanecieron en grupos divididos, todos bajo amenaza de muerte. Cuando uno de los líderes del secuestro quería ir de un lado a otro del penal las utilizaba como escudos.
PGV: tierra de prames
Al comienzo los reclusos exigieron la presencia de la ministra Maria Iris Varela. Pero ella nunca fue. El miércoles 3 de agosto, según los testimonios, se presentó el ex ministro del Deporte Antonio el Potro Alvarez. Aunque su cara es familiar en Tocorón, los reos de la PGV lo rechazaron.
El jueves la crisis dio un vuelco. El Gobierno le quitó a Varela la interlocución con los reos y se la entregó a José Vicente Rangel Avalos, ex alcalde de Sucre y viceministro de Asuntos para la Paz. Este cargo lo creó Maduro a la medida de Rangel en junio de 2015, y lo adscribió al Despacho de la Presidencia.
En otras palabras, el secuestro en la PGV se resolvió desde Miraflores.
Rangel, diseñador del controvertido programa de las “zonas de paz”, se trasladó a la cárcel y revisó la situación de los cautivos. Luego se comprometió a iniciar los traslados de reclusos hacia esa penitenciaría.
El pramato, por lo tanto, encontró un mecanismo para quebrarle el espinazo al Ejecutivo. El director de la organización Una Ventana para la Libertad Carlos Nieto indicó que hasta el miércoles pasado (10 de agosto) habían llegado a la instalación de San Juan de Los Morros 2380 detenidos, enviados desde retenes de Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Lara y por supuesto de Guárico.
La crisis de la PGV representa un giro en la relación entre los líderes carcelarios y el Estado. Anteriormente los conflictos eran originados por el hacinamiento y otros factores. Básicamente, se resolvían con desalojos. Ahora, exigen que les aseguren su mercado para continuar los cobros de extorsión, conocida como causa en la jerga penitenciaria.
El modelo de acción instaurado en la PGV ahora es imitado por los presos de otras cárceles. En Puente Ayala con la sola amenaza de secuestrar empleados enviaron 1800 detenidos.

Breves

*Cada día son más frecuentes los casos de extorsión en los que participan funcionarios policiales. Antes actuaban en sus tiempos libres y de forma clandestina. Ahora lo hacen abiertamente como parte de sus horas laborales, uniformados y en uso de los bienes del Estado. La Fiscalía informó sobre la detención de 7 agentes de la policía judicial que asaltaron a un comerciante en Mérida y luego lo contactaron para devolverle su vehículo a cambio de un pago. El 6 de agosto, en Caracas, Cicpc procesó la denuncia de un distribuidor de alimentos que fue detenido por supuestos funcionarios de la Policía Nacional en los alrededores del Nuevo Circo. Cuando vieron que estaba totalmente cargado de mercancía le ordenaron que se trasladara hasta la estación de Santa Rosalía, donde fue amenazado con una imputación por “bachaqueo” si no pagaba Bs 100.000. Esta cantidad fue cancelada por el dueño del vehículo, pues de lo contrario el trabajador sería procesado. El 10 de agosto, tres oficiales del mismo cuerpo fueron detenidos cuando supuestamente cobraban Bs 30.000 por la extorsión al dueño de una cauchera de San Agustín. Ya antes el mismo grupo de uniformados se había apropiado de Bs 60.000 del mismo comerciante.


*A propósito de la información anterior, una lectora escribió para relatar el “encuentro” de su pareja con oficiales motorizados de la Policía Nacional el 27 de julio en la tarde: “El se dirigía a Maiquetía con su hijo y la mamá del chico. Lo llevaban para abordar un vuelo a Argentina. Los detuvieron frente a Fuerte Tiuna, donde los hicieron bajarse y los interrogaron. Cuando supieron que iban al aeropuerto los hicieron bajar todo el equipaje y les robaron $1300 que llevaba el muchacho, aduciendo que eso era ilegal. Los instaron a abordar rápidamente el carro e irse”.

*El 4 de agosto la Policía Nacional de Colombia apresó al colombiano nacionalizado venezolano Nicolás Agudelo Bejarano, señalado como el supuesto financista de los alijos de cocaína hallados en mayo en Ureña y en un almacén del estado Vargas, para sumar 3,2 toneladas. Fuentes de la ONA indicaron que Agudelo sería un operador del cartel mexicano Los Zetas para Venezuela, por lo que era conocido como Z-50. El hallazgo de droga fue logrado gracias a trabajos de inteligencia con fuentes humanas. El alcaloide estaba mezclado con trozos de caucho y sustancias odorizantes que impedían la detección por los perros. Su valor en el punto de salida sería superior a los cinco millones de dólares. Por este caso hay nueve personas procesadas en el país. Agudelo es solicitado en extradición.

*La Organización de Naciones Unidas para la Droga y el Crimen presentó los últimos informes sobre monitoreo de cultivos ilícitos de coca correspondientes a Bolivia, Perú y Colombia. En el primer país hubo en 2015 una estabilización de las extensiones de los plantíos que sirven de materia prima a la cocaína. En Perú hubo una baja de 6% equivalente a 2500 hectáreas. En Colombia, en cambio, los cultivos de coca crecieron por segundo año consecutivo. Esta vez fue 40% para totalizar 96.000 hectáreas. Esto es el doble de la extensión cultivada en 2013. La cifra correspondiente al año pasado daba un potencial de producción superior a las 640 toneladas de cocaína. Buena parte de ella pasó o está pasando por Venezuela. Además, uno de los tres departamentos con mayor densidad de sembradíos, Norte de Santander, está en la frontera con los estados Zulia y Táchira. Las autoridades venezolanas niegan permanentemente la existencia de cultivos ilícitos, pero lo cierto es que esta actividad también está ocurriendo en territorio nacional, cada vez más adentro. No sólo en lo referido a la coca, tal y como lo muestra el mapa, sino también amapola de opio y marihuana, que es cultivada tanto en parques nacionales como en viviendas particulares. Esta es una de las consecuencias indeseadas para Venezuela de la paz en Colombia y la desmovilización de las FARC.
*Esta gráfica muestra a un oficial de la Policía de Lara cuando es auxiliado por un explosivista del Sebin. Al funcionario le robaron el arma, y para impedirle cualquier reacción le inmovilizaron las manos con cinta adhesiva mientras sostenía una granada sin seguro. Los expertos en explosivos cortaron la cinta y despojaron al agente de la granada.  El ataque por antisociales a uniformados es cada día más frecuente. Pero éste, a plena luz del día, tiene una especial carga simbólica.

Los grafittis del ELN
*El representante del Colegio de Profesores de Venezuela para el estado Táchira Javier Tarazona denunció que está en desarrollo un plan para promocionar a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los estados fronterizos del país. A la emisora de radio que se escucha libremente en el territorio tachirense se une ahora la sucesión de pintas o grafittis como el que se aprecia en la gráfica tomada en la fachada del núcleo Ureña de la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde se muestra la efigie del líder fundador del grupo subversivo, el sacerdote Camilo Torres. Según Tarazona, esta campaña cuenta con la anuencia de las autoridades regionales, y estaría unida al desplazamiento físico de guerrilleros hacia esas ciudades fronterizas. Esto no es descabellado si se toma en cuenta que desde mayo la Fuerza Armada monitorea los enfrentamientos y escaramuzas entre el Ejército colombiano y frentes de este grupo guerrillero en el departamento Norte de Santander, a pocos kilómetros del límite con Venezuela. Lo de Táchira amerita un análisis especial, pues allí se está produciendo una convergencia de elementos de las guerrillas colombianas, desmovilizadas o en proceso de pacificación, y antiguos paramilitares incorporados a bandas criminales, especializadas en la extorsión. El paro de transportistas en San Antonio, segundo de este año, es una demostración del poder que han adquirido estos grupos.


*A última hora me informan del estupor que ocasionó en filas de la Guardia Nacional la designación del vicealmirante Jhonny Galván García, ex comandante de la base naval de Puerto Cabello, como nuevo jefe de la Guardia del Pueblo. Esta decisión anunciada por el presidente Maduro el 9 de agosto. Fue divulgada en una intervención pública y difundida en cables de la Agencia Bolivariana de Noticias. De ser cierto esto rompería con el principio de unidad de mando pues se trata de un oficial de la Armada que gobierna sobre efectivos de la GNB.  Desde este último componente aseguran que todo se trató de una confusión con un general que tiene el mismo apellido. Pero los medios gubernamentales no han hecho la debida rectificación. Entonces, los oficiales del cuerpo destinado a la preservación del orden interno se preguntan ahora si la Guardia del Pueblo está o no adscrita a esa institución.