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domingo, 17 de julio de 2016

Espejismos en Platanal

Sólo la pérdida de la conexión con la realidad o un ánimo deliberado de engañar pueden llevar a un ministro a asegurar que los delitos han disminuido. La realidad en la calle habla otra cosa

@javiermayorca

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general (Ejército) Gustavo González López, aseguró durante una entrevista transmitida por Venezolana de Televisión que el “índice delictivo” disminuyó 26% durante el primer semestre de 2016, con respecto al mismo lapso del año anterior. Según el funcionario, este comportamiento general de la delincuencia tuvo una excepción en el estado Miranda.
Para poder entender a cabalidad y sentar posición con respecto a lo que ha dicho el titular del despacho de la esquina Platanal hay que hacer varias precisiones.
En primer lugar, el general no se refiere a todos los delitos sino a una lista de nueve que desde hace varios años son tomados como marcadores de la criminalidad, en especial la violenta: el homicidio, las lesiones personales, el secuestro, la extorsión, la violación, el robo genérico y el de vehículos así como el hurto genérico y el de vehículos.
MRI: la propaganda en seguridad
En esta lista, el mayor peso desde el punto de vista estadístico lo tienen los delitos contra la propiedad, es decir, los robos y hurtos genéricos así como los referidos a vehículos. En una oportunidad, el actual director de la Policía Nacional, general Juan Francisco Romero, me comentó que existe un nexo íntimo y causal entre los delitos contra la propiedad y las lesiones y homicidios. Esto ha sido ratificado por los informes de la Comisión Nacional para la Reforma Policial y otros estudios.
Entonces, para que haya una disminución tan significativa como la señalada por el ministro González es necesario que los delitos contra la propiedad hayan registrado un descenso.
Pero esto no ha sucedido, lamentablemente. La percepción generalizada de la ciudadanía es que el hampa está atacando sin piedad, a toda hora y en todas partes. Además, tal y como lo advirtió el director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León, nuevas personas se han incorporado al mundo de lo ilegal, empujadas por la brutal inflación que padece el país, la más alta del mundo. Lo que se traduce en un acelerado empobrecimiento.
Ahora no solo roban las casas, los vehículos, los teléfonos…también asaltan a las personas para despojarlas de sus bolsas de comida. Y desde el punto de vista del delincuente, si es posible victimizar a varias personas a la vez, mejor. Esto lo pueden ratificar las más de cien personas despojadas de sus haberes en apenas dos casos de robo mientras iban en autobuses desde o hacia el oriente del país. O los innumerables habitantes de viviendas del este y del oeste de la capital, que son sorprendidas por antisociales mientras duermen o cuando intentan acceder a estos inmuebles. Como estos casos se podrían llenar periódicos enteros.
Aunque lo que se siente y se ve en la calle es una situación de “sálvese quien pueda”, esto no necesariamente se traduce en un incremento en las denuncias formuladas ante la policía judicial. Los robos genéricos, los que afectan a la bolsa de comida o el teléfono celular, rara vez son notificados a CICPC.
Pero eso no es todo. Hay oficinas de este cuerpo que han establecido mecanismos para que las denuncias no sean incorporadas a las estadísticas, esas que probablemente utiliza el titular del MRI cuando jura que la delincuencia disminuyó.
Veamos por ejemplo uno de los delitos de moda, como es el hurto de baterías para vehículos. Antes la gente ni se preocupaba en ir a la policía. Simplemente compraba una nueva batería y listo. Pero ahora el proveedor de estas piezas ubicado en Los Ruices exige un documento emitido por Cicpc, pues de lo contrario los puede sancionar el propio Gobierno bajo sospechas de que fomentan un mercado negro.
Cuando la víctima acude a la policía, allí no le llenan el formato de denuncia tradicional sino una constancia dirigida a la compañía proveedora de baterías, en la que se consigna la información sobre el vehículo y su propietario. De esa forma, la acción delictiva no entra en la estadística, ya no por la omisión de las víctimas sino por una decisión expresa de la autoridad.
Esto también debe saberlo el ministro.
Y si revisamos las estadísticas sobre homicidios, secuestros y robo y hurto de vehículos notaremos importantes incrementos con respecto al año anterior. En homicidios, por lo menos 7%, en secuestros (donde también existe una importante cifra negra) el brinco ha sido de 170% y en robo y hurto de vehículos por lo menos 20%.
Es tiempo que la autoridad comience a expresarse con sinceridad. Es tiempo de superar ese pensamiento según el cual a la ciudadanía es mejor mantenerla al margen de situaciones tan graves como ésta. Si no se admite la existencia de una crisis mucho menos podrá ser superada. En materia de seguridad ciudadana, los espejismos de la propaganda están a la orden del día.

Breves

*Bs 1,5 millones fue la cifra que según la policía judicial fue ofrecida a los autores materiales del asesinato del ex legislador regional de Guárico Ramón Barreto y su pareja Dannis Darelis Díaz. El crimen finalmente se concretó el 25 de junio en la carretera nacional Calabozo-El Sombrero. Las pesquisas indican que las víctimas fueron seguidas por funcionarios activos de la Policía del estado Guárico en una moto Skygo 150 cc negra, y cuando vieron que estaban desprotegidas se adelantaron y les dispararon. Barreto y Díaz quedaron moribundos en la cabina de una Toyota Autana. Por este caso fueron detenidos el director de la alcaldía de Calabozo Omar el Hinnaoui (hermano de la alcaldesa Zobeida el Hinnaoui), señalado por la Fiscalía de ser el autor intelectual o “determinador” del crimen, el Secretario de Seguridad del gobierno municipal Dayron Yépez Villa, el escolta del director general Edduar Peña Pacheco (cuya pistola fue supuestamente el arma homicida) y los funcionarios activos de la policía de Guárico Gabriel Alvarez y Randy Almeida. Es decir, dos oficiales en ejercicio se involucraron en un delito que por definición es propio del crimen organizado, como el sicariato. Sin embargo, el ministerio de Relaciones Interiores ha guardado un discreto silencio al respecto. Por un hecho similar, en el que resultó víctima el mayor general retirado Félix Velásquez, fue intervenida la policía de Chacao. En el caso de Guárico, según la periodista Sebastiana Barráez, el crimen fue ordenado pues Barreto se disponía a denunciar los manejos irregulares que se hacían desde la alcaldía con la distribución de alimentos a través de los comités locales de abastecimiento y producción (Claps).

*El decreto presidencial que da origen a la Gran Misión Abastecimiento Soberano, publicado el 12 de julio, abre nuevos espacios para los colectivos. Anteriormente, cuando fue declarado el estado de excepción y emergencia económica, el Gobierno les otorgaba ciertas funciones a través de los comités locales de abastecimiento y producción (Claps). Ahora, no sólo son las organizaciones coordinadas por el ex diputado y ex alcalde de Caracas Freddy Bernal, sino también las agrupadas en torno al Frente Francisco de Miranda, cuyo coordinador nacional Miguel Carreño también formará parte del Comando Nacional para el Abastecimiento Soberano. En la última publicación de este conglomerado, Colombeia, se afirma en el editorial: “En este momento tan crucial que está viviendo Venezuela, nos compromete (sic) a una tarea doble dar la batalla en el campo que sea (sic): en lo político, lo social, lo cultural y en lo militar”. El Frente Francisco de Miranda, según el mismo documento, nació gracias a las ideas de “dos gigantes revolucionarios como lo son Hugo Chávez y Fidel Castro”.

*Durante el congreso de la Sociedad Americana de Seguridad Industrial (Asis, por sus siglas en inglés), el presidente del capítulo Caracas abogado Augusto Hernández, relató detalles sobre las investigaciones que realizó junto a un equipo de profesionales para contrarrestar las acciones de una red que operaba en una ensambladora de vehículos (cuyo nombre se reservó) ubicada en Carabobo. La empresa estuvo a punto de ordenar el cese de sus operaciones en el país debido al incremento interanual de 30% en las pérdidas financieras que esta organización ocasionaba a la empresa, y que estaba conformada por trabajadores en distintos niveles de la corporación, con aliados en Puerto Cabello y expendios de repuestos de apariencia legítima. Se trataba según Hernández de “mafias organizadas” que en 2009 llegaron a apoderarse de piezas valoradas en casi cuatro millones de dólares.  En algunos casos, los repuestos eran incorporados desde el punto de vista documental al inventario cuando ni siquiera habían llegado a la planta. En otros, eran sacados como si fuesen defectuosos y colocados en el mercado local. Tras año y medio de trabajo, en 2011, las pérdidas por merma de repuestos fueron valoradas en solamente 35.000 dólares. Hernández aclaró que el sindicato de la ensambladora eventualmente entendió que no podía proteger a delincuentes que amenazan sus puestos de trabajo. En este lapso, sin embargo, uno de los gerentes de la compañía tuvo que ser transferido debido a las amenazas que recibía del hampa organizada. Situaciones similares padecen empresas del mismo ramo en el país.

*Por lo menos diez secuestros han ocurrido durante el último mes en los distintos municipios de Barlovento. En esta extensa área del estado Miranda han sido identificadas doce grandes bandas. Algunas empezaron como piratas de carretera y, como en Guárico, han ido organizándose para extorsionar y plagiar a conductores y residentes de la zona. Hay informaciones de por lo menos dos casos de julio en los que fueron victimizadas dos familias completas. Aunque el ex ministro de Relaciones Interiores Miguel Rodríguez Torres asegura que ya no está vigente el programa de las “zonas de paz”, en esos confines el hampa continúa adueñada de vastos territorios, alineados a lo largo de la Troncal 9 y las vías locales. Estos problemas parecieran importar poco a las distintas instancias de gobierno, hasta que se reportan casos en los que resultan cautivos militares activos y sus acompañantes. Así ocurrió durante la madrugada del 13 de julio, cuando quedaron en poder del hampa el segundo comandante del batallón Cajigal del Ejército, mayor Argenis Torres Soto, junto al primer teniente Argenis Pérez Martínez y una menor de edad, quienes viajaban de madrugada entre Puerto la Cruz y Caracas en una Ford Explorer 2011. No son los primeros profesionales de armas que han sido victimizados en esa carretera. Por fortuna, al día siguiente fueron liberados. Pero el peligro en la troncal 9 continúa.

*Alfonso Trilleras es un abogado colombiano, Coordinador de la Oficina para la Recuperación de Activos Ilícitos para América Latina y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Tuvimos la oportunidad de conversar durante una visita que hizo a Venezuela, con motivo del congreso sobre lavado de dinero organizado por www.antilavadodedinero.com, publicación dirigida por el ex juez y consultor Alejandro Rebolledo.
Trilleras: primero, la voluntad política

-¿Cuáles son las principales tipologías aplicadas en la actualidad para lavar dinero?
-Van acordes con cada país. La que más se presenta tiene como delito determinante la corrupción y el testaferrato. Las organizaciones criminales suelen utilizar empresas de fachada.
-¿Hacia dónde buscan sacar el dinero en la actualidad?
-Quieren migrar hacia estados fallidos, donde las legislaciones son permisivas en el aspecto de no compartir información ni colaborar en las investigaciones.
-¿En el Caribe?
-Están en la lista Ocde. Lo que recomienda ONU es que se adopte la figura de la extinción de dominio para cercar y estrechar espacios que la delincuencia organizada tiene para el traslado de capitales ilícitos.
-¿Qué obstáculos han identificado a la hora de iniciar la recuperación de activos en el extranjero?
-Hay barreras que ONU en alianza con Banco Mundial ha detectado: institucioinales, legales y operativas. En las primeras está la falta de voluntad política de los estados para adoptar medidas eficaces.
-¿Las campañas por el estilo de los Panamá Papers contribuyen de alguna forma a superar estas barreras?
-Es importante la divulgación, así como las alianzas entre los sectores público y privado para debatir estos temas y adoptar recomendaciones. Pero lo básico es la sensibilización y la concientización social sobre el enorme daño para la paz y las oportunidades de los ciudadanos. En el caso de la corrupción, incluso, se desestabilizan los sistemas democráticos.
-¿Por qué este tema preocupa a algunas sociedades y a otras no tanto?
-Cada país tiene sus problemáticas. Hay delitos suficientemente graves y tipologías que se desarrollan y socavan los sistemas democráticos. En algunos es la corrupción, en otros el narcotráfico y el terrorismo.
-¿Manejan algún cálculo sobre los montos sustraídos vía corrupción?
-La recuperación de activos es algo relativamente novedoso. Son leyes recientes que se están adoptando en los países. Necesitamos que maduren esas leyes, y en tres o cinco años haremos los estudios de rigor para tener información confiable.
-¿Cuánto puede tardar la recuperación de activos procedentes de la corrupción?
-En Colombia el primer caso se sacó en un año. Pero es un proceso muy complejo. Primero, adoptar la ley que de autonomía a la figura jurídica, con garantías y procedimientos ágiles de cooperación internacional. Antes p
odrían tardar hasta cinco o seis años.