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domingo, 20 de marzo de 2016

Bulla en Tumeremo

Sólo las manifestaciones callejeras y los reportes de la prensa independiente pudieron quebrar el muro de silencio tendido desde factores regionales para que la masacre de mineros en Tumeremo quedara impune. Pero el daño ya estaba hecho

@javiermayorca

En el estado Bolívar, bulla es sinónimo de yacimiento minero, y por ende de una riqueza más o menos inmediata, aluvional. La gente común va a una de ellas, y puede encontrar algunos gramos de oro u otros metales preciosos con los que puede resolver las necesidades más perentorias.
Pero la acepción más extendida de bulla, indica la Real Academia de la Lengua Española, es “gritería o ruido”. En algunas partes de Latinoamérica, entre ellas Venezuela, “meter bulla” es impedir la continuidad de un asunto.
Gracias a esta última bulla los venezolanos pudieron enterarse de la masacre perpetrada el 4 de marzo en el yacimiento conocido como Miamo, a unos 30 kilómetros al noroeste de Tumeremo. Hasta ahora, se ha constatado el asesinato sistemático de diecisiete personas, aunque desde el comienzo de este caso los habitantes de la región y los deudos han insistido en que hubo veintiocho víctimas.
Masacre en Tumeremo: tiempo que pasa...
Entre la ejecución de este crimen múltiple y el hallazgo de los cadáveres transcurrieron diez días. No cabe duda que uno de los factores que prolongó excesivamente este lapso tuvo que ver con las tácticas aplicadas desde el gobierno de la región para negar abiertamente el asunto y simultáneamente amedrentar a los periodistas y medios independientes que intentaban corroborar lo que aseguraban desde un principio testigos directos y referenciales, como por ejemplo el propietario de un fundo cercano al que acudieron en busca de auxilio cerca de sesenta sobrevivientes.
Hubo gestos de manipulación intencionada por parte de autoridades, que serían evaluados con mayor firmeza si Venezuela tuviese una justicia medianamente ecuánime. El gobernador y general del Ejército Francisco Rangel Gómez afirmó el 5 de marzo: “…es absolutamente falsa la información que lamentablemente personajes de la derecha han estado mencionando en relación a veintitantos muertos (…) se hizo un rastreo esta tarde y no hay absolutamente nada”.
Para el momento en que se hizo ese “rastreo” ya habían transcurrido por lo menos 24 horas desde que ocurrieron las muertes. Tiempo suficiente para llevar a cabo el traslado y la inhumación de los cadáveres en un sitio ignoto.
Lo único reconocido por el gobernador en su primera intervención es que hubo un “enfrentamiento” entre supuestas bandas que rivalizarían por el control del yacimiento aurífero. Otra falsedad. Para que haya un enfrentamiento debe ocurrir un intercambio de fuego entre los bandos en pugna, aunque sea breve o desigual. Nada de eso sucedió. Los testimonios recabados hasta el presente indican que hubo un grupo que con premeditación, alevosía y ventajismo se valió de su poder armado para eliminar físicamente a las personas que consideraban podían disputarle la extracción del oro en el sector. Era tal el control ejercido allí que se dieron a la tarea de seleccionar a quienes matarían entre todos los mineros que por mala fortuna acudieron a la bulla de Miamo ese viernes.
La descalificación de la denuncia llegó al punto de sugerir que la idea de los denunciantes y del diputado Américo de Grazia era “empañar” la conmemoración del tercer año de la muerte de Hugo Chávez. En este señalamiento el Gobernador fue secundado por el presidente de la legislatura regional Kamal Naim Naim.
Como el tiempo pasaba y se consolidaba la versión de los líderes políticos regionales, un grupo de pobladores de Tumeremo optó por bloquear la carretera Troncal 10 que recorre todo el estado Bolívar hasta la frontera con Brasil.
Esta manera de “meter bulla”, unida a las informaciones que llegaban a Caracas con días de retardo propiciaron las movilizaciones de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. El 7 de marzo (72 horas después de la masacre) llegaba a la región el equipo designado por el Ministerio Público. Ese día el Defensor del Pueblo Tareck William anunciaba que también investigaría el asunto.
“Tiempo que pasa, la verdad que huye”, reza un principio de investigación criminal. En pesquisas de homicidios, las primeras 48 horas son vitales. Es mucho lo que en ese lapso se puede ocultar o enrarecer para dar una impresión equívoca. Una pregunta a la que aún no se le ha dado debida contestación es cómo hicieron los perpetradores para trasladar por lo menos 17 cadáveres apilados en un camión 350 volteo a lo largo de 60 kilómetros de vías en las que suelen estar numerosos puntos de control, tanto policiales como militares.
Es por eso que los señalamientos sobre la participación activa de funcionarios de cuerpos de seguridad en este crimen parecieran tener fundamento. Son numerosos los episodios en los que se han visto implicados miembros de las distintas instituciones uniformadas de la entidad, desde policías municipales hasta militares y Cicpc. El dominio del comercio del oro tiene un importante efecto corruptor sobre todos ellos. En especial, aquellos que tienen mayor cercanía con los yacimientos o una función de control primario.
Para el momento en que estas líneas son redactadas ya se inició una operación propagandística para “controlar daños” desde el gobierno central. Eventualmente el general Rangel tuvo que admitir lo inocultable: que hubo una masacre. Pero ya el mal estaba hecho. Ya entonces algunos perpetradores estaban en sitios tan lejanos del crimen como San Pedro de Lagunillas, estado Zulia, donde fue capturado el viernes Francisco Javier Carache, alias Goliat, señalado como uno de los reclutadores de mineros para la organización de unas 40 personas cuyo liderazgo ha sido atribuido al ecuatoriano Jámilton Ulloa, apodado el Topo, también en fuga. ¿Cómo no pensar que alguno de los criminales no ha cruzado la frontera? Mientras tanto, el titular de Relaciones Interiores intenta fijar la noción de que la masacre fue perpetrada por “paramilitares”. Un discurso gastado que, sin embargo, de tanto repetirlo hace perder la perspectiva de cuáles fueron los sectores que encubrieron el crimen en primera instancia.
La masacre en Tumeremo y las posteriores averiguaciones se desarrollaron en un contexto de agudización de la crisis de los medios independientes. Mientras buscaban los cadáveres el tribunal sexto de juicio de Bolívar, a cargo del juez Beltrán Lira, condenaba al director del Correo del Caroní David Natera a cuatro años de prisión por la cobertura hecha en ese rotativo a la corrupción en la CVG Ferrominera del Orinoco. Poco después El Carabobeño tuvo que cesar su edición impresa debido a la falta de papel. Sus representantes indicaron que la Corporación Maneiro, una estatal que conserva el monopolio para el suministro de este insumo, no les había entregado ni siquiera una bobina. Lo mismo que sucede con La Mañana de Coro.
Lo ocurrido en Tumeremo ha sido el homicidio colectivo más importante de este siglo en el país, si exceptuamos los reportados en recintos carcelarios. Aunque la fiscal Luisa Ortega se vanaglorie de la detención de cuatro personas (todas operadoras secundarias en la red criminal) y la identificación de otras tantas en vinculación con este crimen, lo cierto es que todo el episodio está cubierto por un manto de impunidad. Las redes de delito organizado se disputan con plomo el control del oro en Bolívar, y por lo tanto es muy probable que ocurran otras matanzas. Pero cada vez serán menos los medios con capacidad para reportarlas.

Breves

*Continúan los tropiezos para la aprobación definitiva de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. El actual presidente del Parlamento Henry Ramos aún sostiene que esa es la prioridad de la gestión de los diputados electos el 6 de diciembre. Pero los innumerables problemas socioeconómicos de la población que eligió a la nueva mayoría en el Poder Legislativo parecieran imponer un cambio en las prioridades de la agenda. No sólo son la escasez y la inflación galopantes, sino también el abierto saqueo del erario público y los frentes abiertos simultáneamente con los poderes Ejecutivo y Judicial. El abogado Jesús Ollarves, que asesoró a los diputados en la redacción del anteproyecto de ley, calcula que esta iniciativa favorecería a por lo menos 4600 personas, a quienes calificó como “víctimas del Poder Judicial”. Considera no sólo a los que han sido procesados y condenados por delitos políticos desde 2002 sino también a quienes han sido encausados por otros ilícitos (algunos como corrupción y tráfico de drogas) pero con la evidente intencionalidad de incidir en sectores políticos que alguna vez adversaron a Hugo Chávez o a Nicolás Maduro. Allí entrarían por ejemplo el excandidato presidencial y exgobernador del Zulia Manuel Rosales y los jóvenes que permanecían en un campamento improvisado en la avenida Francisco de Miranda. Sin embargo, está latente el riesgo de que otras personas (civiles y especialmente algunos militares) aprovechen esta rendija para limpiar sus expedientes y quedar en libertad sin haber sido reales adversarios al Gobierno, o incluso habiendo aprovechado su permanencia en el Ejecutivo para enriquecerse a manos llenas.

*La División Antiextorsión y Secuestros de la policía judicial inició en marzo una averiguación a propósito de una sucesión de llamadas telefónicas recibidas por un fiscal nacional especializado en materia de drogas. Desde el mes de febrero, al funcionario del Ministerio Público le exigen la devolución de un alijo de 300 kilos de estupefacientes, que al parecer fueron decomisados en un procedimiento que él autorizó. Ante la insistencia de las llamadas, optó por acudir al cuerpo de seguridad.

*El Gobierno evalúa la factibilidad de poner en marcha un plan para aprovechar las aeronaves declaradas en abandono con motivo de la puesta en marcha de la operación Cielo Soberano y otros procedimientos administrativos. La iniciativa es conocida como el proyecto Piloto Joven y emanó de la Corporación Venezolana de la Juventud Productora (Corpojuventud). Según el diagnóstico de sus representantes, el Ejecutivo puede vender, permutar, dar como pago, aportar como capital, donar o adjudicar más de 548 aeronaves que alguna vez pertenecieron a particulares o empresas privadas. En consecuencia, indica el plan de Corpojuventud, es posible usar estos aparatos para constituir empresas de peritaje y diagnóstico comercial de aeronaves. También se puede fabricar simuladores de vuelo, obtener los aparatos para hacer centros de instrucción e incluso constituir empresas de transporte aéreo. Si Piloto Joven se pone en marcha tal y como está planteado, la corporación que lo ideó se quedaría con el 30% de las ganancias, mientras que el resto sería distribuido entre el resto de la burocracia que maneja el área desde el Gobierno, casi toda regida por militares de la Aviación. Para seducir al Ejecutivo en torno a la factibilidad del plan, se ofrece que el costo de ejecución sería 0 bolívares. Difícil de creer.

Ramírez: reformar la ley antimafia
*La Ley mutilada. El autoritarismo del Estado forajido en las reformas de la Ley contra la Delincuencia Organizada, es el nombre del último libro del abogado y expresidente de la extinta Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas (Conacuid) Bayardo Ramírez Monagas. La obra fue presentada en un sobrio acto celebrado el viernes 10 de marzo en la comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. El grupo parlamentario fue representado por el diputado Juan Guaidó. Durante la breve presentación, el autor reconoció que intenta sentar las bases para una nueva reforma a la legislación contra la delincuencia organizada, cuyo proyecto original fue redactado por él durante la última década del siglo pasado. Aclaró sin embargo que eso sólo podrá lograrse cuando retorne la democracia plena al país y el Parlamento sea limpiado de diputados que, en su criterio, están ligados a mafias transnacionales. A sus 76 años de edad, Ramírez demuestra que no teme a la polémica.

*Continúan surgiendo datos sobre el lamentable estado en que se encuentra la Policía Nacional. Tanto en oriente como en occidente ha ocurrido una importante merma en el parque automotor. En las motocicletas el promedio de unidades varadas llega al 60%, mientras que una de cada dos camionetas tampoco puede ser utilizada por la carencia de repuestos para el mantenimiento básico. En febrero, la institución envió al ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz una solicitud para dotar a los agentes del servicio de Tránsito Terrestre con chalecos kevlar, tal y como lo dispone el estándar fijado por el propio Gobierno durante la llamada “reforma policial”. En este caso, los dispositivos tendrían una configuración especial debido a los prolongados lapsos en que estos funcionarios permanecen a la intemperie. Cada uno tenía un costo de Bs 19.000 para el momento en que se hizo la solicitud. Hasta el momento no se ha dispuesto de los fondos correspondientes para esta compra.

*El comandante general de la Guardia Nacional, mayor general Néstor Reverol, presentó recientemente los lineamientos para la planificación del llamado “adiestramiento combativo del orden interno”, así como para la instrucción en las actividades de policía administrativa especial, que tradicionalmente desempeñan los efectivos de ese componente castrense. El documento pinta un cuadro de una Venezuela asediada por factores externos (EEUU, Colombia y Guyana) que supuestamente quieren desintegrar la “unidad latinoamericana”. Por esta razón, añade el oficial, es necesario que los guardias nacionales se preparen “para dirigir las operaciones para el mantenimiento del orden interno e iniciar todas las coordinaciones y el despliegue para preparar al pueblo en la guerra popular prolongada para resistir los ataques ante el imperio norteamericano (sic)”. En este contexto, durante todo 2016 los efectivos del componente intensificarán “el trabajo de fortalecimiento ideológico patriótico en la línea del pensamiento bolivariano-chavista”. También se pretende que “todo cuartel sea un aula de clases”, que incorpore a los procesos formativos a los civiles que trabajan para la Fuerza Armada.

*Cuando esta entrega entre en circulación se estará desarrollando en todo el país el asueto de Semana Santa. En esta oportunidad, debido a la crisis en el servicio eléctrico, el Presidente decretó que los empleados de la administración pública y los de las empresas privadas estarían libres durante nueve días continuos desde el viernes 18. Esto también incluye a la mayoría de los militares y efectivos de cuerpos policiales de todo el país. En Cicpc, por ejemplo, divulgaron una circular en la que indicaban que sólo estaría personal de guardia en los despachos de la institución. El riesgo de un incremento de la criminalidad en las grandes ciudades está presente. Durante la semana previa, los militares de todas las zonas operativas de defensa integral (zodis) emitieron las correspondientes órdenes de operaciones para instruir al personal sobre las características que tendría la movilización en cada sector. En estos documentos se hace un diagnóstico de la situación política, económica y social en la que se inicia la operación. En Apure, por ejemplo, se parte del supuesto de que las fuerzas opositoras “están confabuladas con grupos paramilitares, contrabandistas y narcotraficantes, buscando (sic) cualquier excusa para sabotear las acciones del gobierno regional”, bajo el mando del general Ramón Carrizález. “Contrabandistas y narcotraficantes con su dinero corrompen, sobornando autoridades en todos los niveles para obrar libremente y obtienen equipos y maquinaria de punta, tecnología para delinquir, desestabilizar al Estado”. Estos sectores, indica el diagnóstico, habrían adquirido “grandes hatos”  a través de testaferros venezolanos para lograr sus objetivos. El texto nada dice sobre las operaciones concretas de frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en extensas zonas del sur del estado para ocultar drogas y facilitar su transporte por medios aéreos. En el imaginario militar, estas actividades son siempre desarrolladas por factores opositores. Se omite, por ejemplo, los resultados de la averiguación de Contrainteligencia Militar sobre las actividades de un importante grupo de efectivos de la Aviación que supuestamente facilitaba el traslado de drogas desde pistas clandestinas de la región a cambio de jugosos pagos en dólares. El planteamiento de la operación Semana Santa 2016 refuerza además la absoluta militarización de la seguridad ciudadana. En esta oportunidad, por ejemplo, se asignó al Ejército tareas tan disímiles como la supervisión de las jornadas de las licorerías y la vigilancia de las procesiones, con escasa coordinación con los cuerpos civiles.

domingo, 6 de marzo de 2016

Violencia 2.0

Las bandas aprendieron el ejemplo de los traficantes de drogas mexicanos y de los terroristas de ISIS. De las fotos estáticas colgadas en Facebook pasaron a los videos transmitidos en redes de mensajería telefónica. Ahora, el horror llega en gerundio a las manos de todos, gracias a la tecnología

@javiermayorca

            Escena 1: un hombre flaco, muy flaco, era arrastrado por unas calles polvorientas. Cuando la cámara del teléfono se activó, ya le quedaban pocas fuerzas y menos voluntad, quizá debido a los golpes que le habían dado, quizá por el miedo. Ya no tenía franela. Además de quienes lo arrastraban y hacían la toma, había por lo menos otras tres personas a su alrededor. El hombre como que intuía lo que iba a sucederle, y apenas atinó a decir que no lo mataran. Juró que no les iba a “echar paja” (delatar). Pero fue inútil. De repente, el camarógrafo se convirtió en asesino. En su esfuerzo por acuchillar al hombre perdió el foco. Pero el sonido del filo cortando la carne fue inconfundible.
            Las informaciones de prensa divulgadas poco después, en noviembre de 2015, indicaron que la víctima fue un oficial de la Policía Nacional en los Valles del Tuy.
Linchamiento en progreso
            Escena 2: en la calle terrosa de un barrio, presumiblemente del estado Zulia, una turba sometió a dos jóvenes. Cuando empezó la toma de 40 segundos aún estaban vivos. Uno de ellos boca abajo. En dos oportunidades un sujeto brincó sobre él, con el ánimo de separarle la cabeza del cuerpo. En la segunda ocasión aparentemente logró su cometido. Al fondo se escuchaba el grito de una mujer. Luego, otro hombre se acercó con una pistola en su mano izquierda para disparar en el pecho del que aún estaba vivo. El arma se encasquilló. Con serenidad, resolvió el problema y le dio un tiro a quemarropa.
            Escena 3: cuando pulsaron el botón de grabar ya buena parte del cadáver había sido descuartizado. El hombre encargado de la tarea, descalzo y sin franela, utilizaba una sierra de motor. Apilaba las partes del cuerpo, lanzándolas una sobre otra, como si fuese una presa de ganado. Alrededor alguien llamó su atención con un silbido: “¡Mano, córtale los dedos!” El hombre parecía no escuchar la orden, debido al ruido generado por la herramienta. La acción era presenciada por otras seis personas, a diez metros de distancia.
            Estas y otras escenas llegan con cierta frecuencia a través de distintas “salas de conferencia” (chats) o mediante la transmisión de enlaces de archivos colocados en Youtube. Esta práctica se generalizó a partir de 2015, cuando se hizo viral en las redes la ejecución de un hombre con tiros de escopeta en la cabeza, presumiblemente en los Valles del Tuy.
            Antes, algunas bandas posteaban fotos en las que posaban armados, ya fuese individualmente, en grupos o con sus novias. Al respecto tuvo fama la página de Facebook de la banda liderada por José Tovar Colina, alias Picure. El sitio web lo denominaron Tren del Llano. Los de la organización que encabezó en Margarita Teófilo Rodríguez Cazorla, alias Conejo, también tenían su página en la misma red social, llamada Tren del Pacífico.
            Pero una cosa son las imágenes estáticas de sujetos armados o de cadáveres y otra son los videos que estas mismas bandas ahora graban y que ponen a correr como pólvora por las redes de mensajería. No es la violencia como amenaza o posibilidad. Es violencia en gerundio, haciéndose.
            El más reciente video muestra la muerte y posterior incineración de un supuesto azote de barrio en El Valle. El cadáver ardió en el medio de una calle, luego de que un sujeto lo rociara con combustible ante la vista de la comunidad y de los perpetradores, algunos de ellos armados con fusiles.
            Es la violencia en la era de las comunicaciones interactivas, o 2.0. Parecería una consecuencia casi natural del proceso que vivimos los venezolanos desde hace más de tres lustros, cuando la criminalidad comenzó a preferir los métodos violentos sobre la habilidad, y simultáneamente incrementó su frecuencia y ámbitos de acción. Los perpetradores han buscado nuevas formas de representación, validos de los avances tecnológicos.
¿Qué sentido tiene esto?¿Por qué un grupo de delincuentes se incriminaría divulgando un video con las atrocidades que hacen a sus víctimas? Sobre este particular hay claros referentes en otras partes del mundo. Grupos como Hamas y Al Qaeda solían divulgar mensajes pregrabados de los protagonistas de ataques suicidas. Ya en 2002, Brigitte Nacos observaba la importancia que tenían las redes sociales para estas organizaciones:

“Los terroristas modernos, como sus predecesores, están deseosos de explotar los medios masivos tradicionales mientras que reconocen el valor de los canales de comunicación directa; (ahora) los terroristas pueden mandar sus mensajes inalterados a sus sociedades-objetivo, a sus camaradas y a sus prospectos para reclutamiento”.

Las tácticas de los grupos dedicados a la violencia con fines políticos fueron asimiladas por organizaciones criminales, primordialmente las mexicanas. Según Ioan Grillo (2011) en 2006 los Zetas comenzaron a colocar en Youtube los videos con las decapitaciones de policías y miembros de grupos rivales inspirados en el modelo de uso de las redes sociales aplicado por Al Qaeda. Le siguieron luego milicias al servicio del cartel de Sinaloa. Hosken (2015) y Cockburn (2015) advirtieron que las redes sociales son vitales para la propaganda del grupo Estado Islámico para Siria e Irak (Isis o Daesh). El primer autor, incluso, señala que los videos con las ejecuciones corren de teléfono en teléfono gracias a las redes whatsapp.
De manera que la decisión tomada por los representantes de Facebook y Twitter, en el sentido de censurar ciertos contenidos y cerrar las cuentas utilizadas como vehículo para la divulgación de mensajes por grupos considerados terroristas, además de tardía tiene efectos limitados. Ahora, la violencia no sólo llega a los dispositivos personales casi en tiempo real. También posee otros canales de transmisión distintos a los de las referidas redes. Y si cierran una cuenta pronto saldrán otras tantas dedicadas a la transmisión de los mismos contenidos.
En el caso venezolano, esta proliferación de mensajes pareciera indicar que la violencia en el país no sólo es más frecuente, sino que también es más cruda y desde luego expuesta. Pero esto tiene otras consecuencias. Tal es, por lo menos, la apreciación del criminólogo Freddy Crespo:

“En este último lustro (2010-2014) se registraron en el país casi 35.000 homicidios más que en todo el lapso 1960-1999. Además, ya superamos los homicidios registrados en toda la primera década del siglo. La acción existe más allá de la difusión. Pero esta difusión está mostrando lo cruda que es la violencia y las personas lo están conociendo. Esto se empieza a normalizar. Termina incrementándose la percepción de que la violencia está desatada y que somos más vulnerables. Al mismo tiempo, esa vulnerabilidad nos hace ser más reactivos”.

            En un estado democrático, la reacción oficial es promover la discusión y el análisis de estas situaciones, para que así los individuos lleguen a una convicción debidamente fundamentada.
En Venezuela, en cambio, las decisiones han sido de distinta naturaleza, aunque todas alejadas del ánimo pedagógico y de la sana crítica. En 2015, cuando comenzó esta ola de videos, la división contra Delitos Informáticos de la policía judicial inició una averiguación para tratar de determinar el origen que tenía, y así identificar a sus protagonistas y las personas que hicieron la divulgación, para una eventual acusación por terrorismo. Esto es lógico y hasta cierto punto forma parte de las obligaciones de la institución. Pero en los primeros días de marzo hubo una nueva orden, que fue endurecer los mecanismos de censura. Desde el Ministerio de Relaciones Interiores instruyeron a todas las policías para restringir al máximo el acceso de los funcionarios a los chats, guiados por la convicción de que son los policías (y no los propios delincuentes) quienes se han encargado de difundir estos contenidos. A esto se une la vigencia de decisiones judiciales que impiden a los medios de comunicación formales divulgar contenidos que por su violencia puedan ser considerados lesivos para la integridad psicológica de los menores de edad. En fin, todo un entramado de restricciones diseñado bajo la noción de que lo mejor es mantener a los venezolanos en la ignorancia.

PS: una vez finalizada esta columna llegó por una red whatsapp el video de un joven venezolano que, parado al borde de una fosa, intenta durante tres minutos decapitar el cadáver de otro sujeto. El esfuerzo revela que no era muy experto en el manejo del hacha. Al fin, cuando logró cortar el cuello, tomó la cabeza por los cabellos y la exhibió ante la cámara, como si fuese un trofeo.

Breves

*La crisis fiscal está afectando los planes de expansión de la Policía Nacional. Las arcas del cuerpo pionero del llamado “nuevo modelo policial” apenas dan para el pago de los salarios de los agentes que ya están en las calles. Pero la renovación de uniformes e implementos de trabajo está rezagada. En Táchira, por ejemplo, se calcula un déficit de 895 armas. Los patrulleros en Caracas usualmente sufragan con su propio dinero la adquisición de partes y repuestos para sus motos, una situación que hace recordar los viejos tiempos de la Policía Metropolitana. En la Universidad Nacional de la Seguridad se graduaron el año pasado unos 12.000 “discentes” (aspirantes a policía) y no hay fondos para dotarlos con lo mínimo exigido por los estándares que el propio Gobierno trazó desde el Consejo General de Policía. Por otra parte, todos los días se detecta el decaimiento de la moral y la disciplina entre los agentes de grados más bajos, quienes son generalmente los que dan la cara ante la ciudadanía. El ausentismo es un indicador. En la central de la avenida Sucre, por ejemplo, hubo días de febrero en los que faltaron más de 60 uniformados. Esto sin tomar en cuenta aquellos que no están allí por disfrutar de sus vacaciones, permisos académicos, reposos médicos o que están suspendidos de funciones por haber cometido delitos o faltas. A este paso, la Policía Nacional será absolutamente inviable desde el punto de vista financiero.

*Conmoción entre los propietarios del edificio Hannover de Colinas de Bello Monte ocasionó el panfleto de advertencia que les dejaron supuestos integrantes de las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL), para que removieran de la azotea las vallas en las que piden la inmediata libertad de líder de Voluntad Popular Leopoldo López. Hasta ahora, ningún portavoz de los llamados “boliches” ha negado la autoría del documento. Por lo que se presume su autenticidad. Este es un indicio más de que las FBL han decidido reactivarse en ámbitos urbanos. En la mayor parte del tiempo que gobernó Hugo Chávez, este grupo mantuvo una importante presencia en los estados Apure, Barinas y sur del Táchira. Pero este año han aportado indicios sobre su interés por abrirse paso con un discurso radical entre los numerosos colectivos que hacen vida en el centro del país. Primero fue la caja sonora que estalló en los alrededores de Capitolio, el 26 de enero. Luego explotaron artefactos similares frente a la sede del diario La Voz, en Guarenas, y en las mezzaninas de las torres Este y Oeste del Parque Central. Estos tres últimos en forma casi simultánea, con el interés evidente de generar escándalo. Ante esta escalada el Ministerio Público y los órganos de seguridad se mantienen inermes. Esto hace recordar una situación similar (aunque no idéntica) a la vivida en el país durante 1993 con los estallidos sucesivos que terminaron con ataques en la Corte Suprema de Justicia (hoy TSJ) y el Centro Ciudad Comercial Tamanaco. La gente se preguntaba quién podía estar detrás de todo aquello. Un viejo policía me contestó: “De explosivos saben los explosivistas”. Y tenía razón.

*En la edición de Ultimas Noticias del 29 de febrero, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) publicó un extraño aviso de notificación dirigido al detective de ese cuerpo Eduardo José Molina Flores. El texto indica que por decisión tomada el 12 de enero el funcionario era destituido “por estar presuntamente incurso” en el secuestro del comerciante Marcos José Guillén y de su hija Niumar Franchezca Guillén Pereda, perpetrado en septiembre de 2014 en la entrada de la empresa Fuveca cuya sede está en San Francisco de Yare. La mujer de 26 años de edad es sobrina de un fiscal del Ministerio Público. Su papá fue liberado para que buscara el dinero del rescate. En la banda que se los llevó también participaba un empleado de Pdval. El líder del grupo fue identificado por la Guardia Nacional como Luis Peña Gamarra, alias Luisito. Continúa en libertad. En cambio, el (ex) detective Molina Flores, quien supuestamente fungía como “pegador” de la organización, permanece tras las rejas.

*La Asamblea Nacional evalúa la posibilidad de elaborar una legislación que regule el uso de tecnologías de comunicación en centros de detención preventiva, internados judiciales, penitenciarías y colonias agrícolas, es decir, en todas las instalaciones utilizadas por procesados o penados por algún delito. La idea es fijar normas que neutralicen el auge de la extorsión telefónica en todo el país. Informes de la Guardia Nacional y de la policía judicial coinciden en señalar que este delito tiene sus principales puntos de origen en las cárceles. Las extorsiones no sólo proveen dinero para los presos. También les pagan mediante la recarga de sus tarjetas telefónicas, y de esa forma pueden continuar sus actividades aún estando tras las rejas. Las tecnologías que bloquean o inhiben las señales de telefonía celular han sido aplicadas en México, EEUU, Colombia y Guatemala para mitigar este delito. Pero las empresas telefónicas han advertido que el uso indiscriminado de tales dispositivos también podría afectar el servicio que se presta a las personas que residen en las proximidades de los centros de detención. Igualmente, hay que fijar protocolos para las comunicaciones por parte de los empleados de Servicio Penitenciario y de la Guardia Nacional que operen en ellos. Habría que preguntarse, por ejemplo, cómo sería la actividad de comunicaciones durante una reyerta de presos. Si todas las señales de celular están bloqueadas, ¿cómo se podría contactar a los servicios de emergencias médicas? Como se ve, el asunto no es tan sencillo como parece.

*Y hablando de prisiones, el agente especial retirado del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshall Service) Arthur Art Roderick recientemente tuvo una conferencia telefónica con periodistas de varios países latinoamericanos a propósito del famoso escape de la penitenciaría de Alcatraz, llevado a cabo en 1962 por los hermanos John y Clarence Anglin y Frank Morris. Algo que entonces parecía imposible y que inspiró una película protagonizada por Clint Eastwood. Roderick fue subdirector de Investigaciones de los Alguaciles, y aunque ya está jubilado continúa indagando sobre esta evasión. Como se sabe, los Anglin y Morris nunca fueron encontrados luego de salir nadando en un bote inflable por la bahía de San Francisco. Los resultados de la pesquisa serán divulgados en dos documentales del canal History, a transmitirse en Venezuela los días 5 y 12 de marzo. A continuación algunas respuestas del agente Roderick, en traducción libre:

            -En todos los escapes hay factores comunes. Hay fuerzas internas y externas. Hay empleados en la prisión o familiares que proveen. Siempre ocurre alguna falla de seguridad (…) También hay que revisar cómo se clasifica a los prisioneros. Los que están por crímenes violentos nunca deberían ser colocados en una instalación de baja seguridad. Los factores en común son la falta de seguridad o algún tipo de corrupción.
            -Este escape fue el producto de un proceso de mínimo dos años. ¿Se detectó alguna complicidad del personal de la cárcel?
            -Hay historias de que tuvieron asistencia de los guardias. Pero hubo una investigación sobre ellos apenas ocurrió el escape. Algunos guardias eran muy disciplinados, lo que era inusual en ese tiempo. Les suspendieron la paga, pero no se halló nada que los involucrara directamente.
            -¿Por qué esta historia es tan popular luego de 50 años?
            -Es por el hecho de que lo señalado como imposible fue derrotado por unos seres humanos. Alcatraz supuestamente era a prueba de escape, y aquí tiene Ud a tres individuos que se fueron de La Roca. La pregunta es si pudieron llegar a la bahía (de San Francisco).
            -¿Es posible que los hermanos Anglin estén vivos hoy día en Brasil?
            -Un reporte del FBI señala una pista de que estarían en Brasil. Los alguaciles trataron de llegar al origen de esa pista, pero fue descartada.
            -¿Por qué luego de todos estos años la familia Anglin estaría dispuesta a probar que ellos están vivos?
            -Tuve muchas discusiones con la familia Anglin. Son una familia grande, muchos de ellos murieron. Hemos podido obtener muestras de ADN. Si hay tumbas o algún cementerio donde se ubiquen (los hermanos) podremos obtener permiso para una comparación de ADN entre esos restos y lo que pudimos obtener de la familia.
            -¿Es posible escapar de Alcatraz cavando un túnel sólo con cuchillos?
            -Alcatraz fue la prisión de máxima seguridad en EEUU para su momento. Pero costaba mucho mantenerla. Había otra instalación en construcción en Marion (Ill.) que sería la de máxima seguridad una vez que cerrara Alcatraz. Su población máxima fue de 200 prisioneros. El costo de mantenerla no se justificaba. Las paredes se deterioraron. La fuerza de guardias disminuyó 25%. Tres de las cuatro torres no estaban ocupadas. Muchas cosas se juntaron para que el escape ocurriera.

            Para escuchar el audio completo de la entrevista pulsar aquí.

*Mientras esta columna estaba en proceso de redacción fue anunciada la reanudación de las conversaciones de paz entre las FARC y el gobierno colombiano en La Habana. Algo que en principio todos debemos saludar como positivo. El proceso fue postergado debido a la crisis ocasionada por la sorpresiva presencia de los líderes del grupo guerrillero en el corregimiento Conejo, municipio Fonseca de la Guajira, en un evento llamado Encuentro Popular Caribe, el 18 de febrero. Alias Iván Márquez, Rodrigo Granda y Jesús Santrich llegaron al lugar en camionetas con placas venezolanas, acompañados por 200 miembros de la organización dotados con fusiles de asalto y uniformes, tal y como lo revelaron las imágenes divulgadas por RCN. El uso de un centro educativo para actos proselitistas y la presencia de guerrilleros armados activaron las alarmas en Bogotá. Las negociaciones de paz fueron suspendidas mientras se aclaraba la situación. Una vez reanudadas, se anunció que se harían todos los esfuerzos para firmar el acuerdo de paz en 2016. El mensaje implícito es que esto ya no se logrará en marzo, como había sido pautado.


*Al cierre, agradezco a Carlos Tablante y a Marcos Tarre Briceño por la entrega del libro El gran saqueo. Quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos (Caracas, 2015). Desde que uno lo abre cuesta abandonar la lectura, tal y como sucedió con la obra anterior de ambos autores Estado delincuente (Caracas, 2013). Hay aquí un trabajo de recopilación y sistematización de datos a lo largo de años, que se traduce en importantes revelaciones, como por ejemplo la relación entre el actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Gustavo González con las supuestas irregularidades en el otorgamiento de contratos para la expansión del Metro de Caracas, y el papel que jugaría en este proceso el ex director de la Disip (actual Sebin) capitán retirado Carlos Aguilera. Y así se va trenzando una historia que contribuye a explicar por qué la calidad de vida de los venezolanos se ha deteriorado hasta niveles insólitos, paradójicamente, luego de haber pasado por el mayor “efecto riqueza” de toda la historia del país. Debido a esto, no sería de extrañar que, como ocurrió con el anterior trabajo, éste de Tablante y Tarre lo “desaparezcan” de las librerías.