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domingo, 21 de febrero de 2016

Los caminos abiertos, las bocas cerradas

La circular enviada a unidades militares venezolanas para prohibir la divulgación de los procedimientos que impliquen a profesionales de armas en delitos, principalmente los de drogas, solo intenta proteger a quienes están cercanos al poder

@javiermayorca

En lo que va de año hemos conocido cuatro informaciones que vinculan en el tráfico de drogas a militares activos de distintos grados y componentes de la Fuerza Armada Nacional.
La noticia que más sorpresa ha causado involucra al mayor del Ejército Juan José Sorja, un oficial de 40 años de edad detenido el viernes 12 de febrero en la tarde por efectivos de la Guardia Nacional cuando se detectó un alijo de más de media tonelada de cocaína, oculto en un camión militar Steyr.
Sorja iba acompañado por seis personas vestidas con uniforme de faena verde oliva, algunas de ellas en el compartimiento de carga del vehículo. Por eso se pensó que también eran militares. Luego se constató que eran los civiles Ismael Suárez, de 32 años de edad, Henry Méndez y Ramón Ostos, ambos de 30 años; Franklin Urbina, de 29 años; Michael Nieto, de 25 años y Miguel Pedroza de 23 años.
Sorja es un oficial técnico adscrito a la 93 brigada de caballería motorizada GJ José Antonio Páez, asentada en Barinas. Fue allí precisamente donde ascendió gracias a su trabajo como enfermero y asistente de la familia del finado presidente Hugo Chávez, que en esa región detentó la gobernación durante tres períodos consecutivos.
El alijo detectado: inteligencia humana o electrónica
La droga presumiblemente fue cargada en Táchira e iba a ser llevada hacia el sur del Lago de Maracaibo. Hay informes de la GN que alertan sobre el incremento de los vuelos sospechosos que parten desde fincas ubicadas en ese sector. No obstante, también es posible que Sorja intentara aprovecharse de su investidura y relaciones para llegar con la carga hasta el centro del país. Recordemos que una ruta parecida fue recorrida por otros efectivos del Ejército en noviembre de 2005, cuando fueron detenidos en Lara con 2000 panelas de cocaína. Por este caso fue detenido el entonces teniente coronel del Ejército Pedro Maggino Belicchi.
Las rutas que siguen los cargamentos de drogas son importantes, no tanto por lo que representan como trayectos geográficos sino por los nudos de complicidades que se debe tejer para asegurarse que la carga llegará a destino. Durante la averiguación sobre el caso Maggino se recogió una frase muy significativa en el teléfono celular de uno de los transportistas, sargento del Ejército: “(…) los caminos están abiertos. No se desespere”.
En el caso de Sorja, es claro además que no era la primera vez que recorría estos derroteros. Media tonelada de alcaloide no se entrega para ver qué pasa, se entrega cuando ya estás seguro de que vas a “coronar”.
Llama la atención que para constatar la presencia de las panelas fuese necesario remover el piso del  compartimiento de carga del camión. Es decir, la carga no estaba a simple vista, y por las gráficas disponibles tampoco fueron usados perros detectores de drogas para ubicarla. Simplemente, los guardias levantaron con palancas la plataforma, y allí estaban. Fue, claramente, un hallazgo producto de una información previa. ¿Inteligencia electrónica o un “patriota cooperante”? Esa es la pregunta que deben hacerse actualmente los que junto a Sorja coordinaron este envío. Aún en el desorden que se vive actualmente dentro de los cuerpos armados del país, es virtualmente imposible que un oficial abandone su unidad de adscripción y disponga de un camión militar sin contar con una tapadera que le permita ausentarse sin levantar sospechas.
El segundo caso también involucra a un oficial técnico, es decir, surgido de las filas de lo que anteriormente se conocía como suboficiales profesionales de carrera. Se trata de Yorjan José Ojeda Páez, primer teniente del Ejército adscrito a la Estación Meteorológica de Inteligencia de Varilla Blanca, en la Guajira. Este despacho pertenece al Comando Estratégico Operacional de la FAN. El viernes 13 a las 4:30 am lo apresaron en el punto de control Punta de Piedras cuando manejaba una pick up Toyota Hylux con logo del Ceofanb, placas 5000521. En la batea de la camioneta llevaba 255 kilos de marihuana y otros 10 de cocaína. Mientras que Sorja había partido de Táchira, este presumiblemente lo hizo desde la Guajira.
Dos rutas distintas, recorridas por efectivos del mismo componente militar, apresados por funcionarios de otra fuerza en menos de 24 horas. Algo se está moviendo en el interior de la institución militar.
En enero supimos que se ordenó el pase a juicio de cinco oficiales de la Aviación, entre ellos el coronel Rafael Ponce y el mayor Fernando Silva. En el grupo hay efectivos adscritos a la torre de control del aeropuerto Las Flecheras de Apure y a la bases aéreas Sucre y Libertador de Maracay. En este caso, según el Ministerio Público, también está implicado un general. Todos ellos supuestamente recibían sumas periódicas de dinero en dólares para permitir el paso de vuelos ilícitos por el país. Como se sabe, los trabajos de detección e intercepción de estos vuelos fueron asignados en su totalidad al comando de Defensa Aérea, por lo que la corrupción en este caso afecta directamente a sus efectivos. El expediente fue instruido por la Dirección de Contrainteligencia Militar. Llama la atención la simultaneidad de este proceso con los llevados a cabo en Colombia y EEUU contra pilotos neogranadinos que usaban pistas clandestinas de Apure para trasladar drogas. Los más notables son Gersaín Viáfara y Jorge Enrique Pérez, este último propietario de la línea West Caribbean, de triste recuerdo en el país por la tragedia de Machiques.
Todo esto configura un panorama preocupante de incorporación de militares de diversos rangos al tráfico de drogas. Pero no como una estructura orgánica sino más bien como grupos en pugna por el control de los distintos espacios del país.
Por si fuera poco, esta semana se detectó en Machiques un complejo de laboratorios para la conversión de pasta base de cocaína en clorhidrato de cocaína, muy cercano al sembradío de ocho hectáreas de arbustos de coca, lo que sugiere la integración completa de la industria de todo el proceso de producción del alcaloide en el país. Había además 8,3 toneladas de pasta base, listas para su transformación. Este dato no puede pasar inadvertido, tomando en consideración las consecuencias políticas, sociales, económicas y ecológicas que tiene esta actividad.
La zona donde esto sucede está calificada como Area Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae). Por lo tanto, su control compete estrictamente a la FAN. Mucho más en un esquema de garantías constitucionales suspendidas, como ocurre en la actualidad.
Ante el involucramiento cada vez más profundo de los militares en las drogas, la reacción no ha sido facilitar la supervisión externa (no sólo jurisdiccional) e incrementar la transparencia. Ya las actividades antidrogas en el país tienen por lo menos cinco años de creciente opacidad, además de once años de aislamiento internacional. Cuando se creía que los casos de Zulia y Mérida podrían servir como revulsivos, la reacción ha sido ordenar mayor secretismo. El mandato para los militares transmitido el 17 de febrero es “manejar con sigilo y cautela los procedimientos donde se vean involucrados funcionarios de la Fuerza Armada Nacional”. Nada de propiciar el conocimiento público de los expedientes. Ahora, estas informaciones serán tratadas “directamente por la Inspectoría y la dirección de Inteligencia de cada componente”, así como por el comando de las regiones de defensa integral. “Se deberá evitar la difusión o publicación en redes sociales y cualquier otro medio de imágenes y datos personales de los involucrados”, reza el texto divulgado en unidades castrenses.
Todo con el pretexto del “correcto desarrollo del debido proceso”. Sabemos sin embargo que la verdadera razón es otra: ocultar y en última instancia exculpar a los que estén a la sombra del poder.

Breves

Penn y el Chapo,versión Rolling Stone
*La información publicada por el rotativo español ABC, según la cual la entrevista entre el actor Sean Penn y el líder del Cartel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, tuvo una reunión preparatoria en la isla de Margarita, no pasó inadvertida para las autoridades. En Venezuela se hicieron indagatorias para determinar la veracidad de la nota, publicada el 11 de enero, cuando Guzmán Loera ya había sido recapturado. La pesquisa se orientó a determinar la posible presencia en el país del artista, ante la nula probabilidad de que un hijo de traficante de drogas más buscado del mundo haya viajado usando los mecanismos habituales para cualquier turista. Pero en los registros del Saime no se encontraron evidencias sobre la entrada de Penn en fechas inmediatamente previas a octubre de 2015, cuando supuestamente se llevó a cabo el encuentro entre él, Guzmán y la actriz Kate del Castillo en rol de traductora. Lo curioso es que tampoco se encontró registro de la entrada del protagonista de Rio Místico en marzo de 2013, con motivo del funeral de Hugo Chávez. En esa oportunidad, su presencia en el país fue pública y notoria. Así las cosas, aunque luce poco probable que la referida reunión con un hijo del Chapo se haya efectuado en Margarita, aún queda un margen de duda.

*No cabe duda que la institución castrense en este momento es un hervidero. Las noticias que llegan son preocupantes. Las medidas económicas anunciadas por Maduro el miércoles 17 de febrero no tranquilizaron la situación. Todo lo contrario. El presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos habla públicamente sobre la existencia de tres grupos en la FAN. Antes se sabía sobre los institucionales, los chavistas y los ni-ni. A partir de las elecciones del 6 de diciembre, los de la primera facción (que antes pasaban agachados debido a la persecución contra todo lo que no fuera revolucionario) ahora se expresan con más soltura. El mensaje del diputado Diosdado Cabello en el sentido de que Maduro no renunciará fue dirigido a dos grandes sectores: los opositores como Maria Corina Machado que vienen sosteniendo que esa sería la salida menos traumática para el país, y un creciente conglomerado de militares, activos y con comando de tropas, preocupados por la posibilidad de un estallido social de consecuencias impredecibles. En la semana en que Maduro anunció sus medidas no sólo hubo saqueos en Ciudad Piar. Hubo por lo menos otros tres episodios de apoderamiento de mercancías en tránsito o conatos de arremetida contra locales en el interior del país. Las medidas tomadas por el régimen, como por ejemplo homologar los sueldos de los oficiales técnicos con los del resto de la oficialidad, ya no surten el mismo efecto tranquilizador en las filas militares. En Fuerte Tiuna y La Carlota riegan panfletos exhortando a los profesionales de armas a no oponerse al cambio de régimen. Todo indica que con el pasar de los días las presiones sobre el Ejecutivo desde este sector se incrementarán.

*El diputado Carlos Berrizbeitia, quien preside la comisión parlamentaria designada para investigar la última designación de magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia, se inclina por una reforma a la ley que regula el funcionamiento del máximo juzgado del país para alterar favorablemente la correlación de fuerzas en esa instancia. Al intervenir en un evento organizado por la fundación Juan Germán Roscio, el parlamentario sugirió que la vía más expedita para afrontar este problema sería incrementar el número de magistrados al menos en la Sala Constitucional, de manera que el oficialismo pierda la mayoría que actualmente detenta. Esta alternativa aparentemente tiene mayor consenso entre los diputados de la subcomisión que la de declarar nulos los nombramientos y convocar a un nuevo proceso de postulaciones. En este escenario, el máximo tribunal del país quedaría momentáneamente en poder de los anteriores jueces, también afectos al oficialismo. El problema es político, pero tiene profundas implicaciones legales y morales. La mayoría opositora podría ceder a la tentación de incurrir en los mismos vicios que la han llevado a denunciar las designaciones express de magistrados. Una vez reformada la Ley Orgánica del TSJ, cosa relativamente sencilla, se iniciaría un proceso para la designación de los nuevos jueces. Esto podría tardar aproximadamente dos meses, si se desea guardar las formas. Pero ese tiempo podría ser aprovechado por el oficialismo para declarar la nulidad de la reforma legal. El juego parece trancado.


*Más de 50000 presos permanecen actualmente en los internados judiciales, penitenciarías y colonias agrícolas del país, según el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado. El abogado indica que en el territorio nacional hay 34 instituciones de este tipo más los anexos femeninos, y que en ningún momento la cuenta llega a las 66 señaladas por la ministra para Servicio Penitenciario, Maria Iris Varela. El 64% de la población de esas instalaciones aún no ha sido sentenciado. Prado recordó haber participado en el grupo que elaboró el artículo 272 de la Constitución, según el cual los establecimientos penitenciarios “se regirán por una administración descentralizada a cargo de los gobiernos estatales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización”. Indicó que el Código Orgánico Penitenciario, redactado bajo la tutela del gobierno central, hizo que esta disposición imperativa de la Carta Magna se transformara en una mera posibilidad. Exhortó a la nueva mayoría del Parlamento a revisar esta situación.

*Un interesante conversatorio se llevó a cabo el sábado 13 de febrero en la sede de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas. El título no podía ser más sugerente: “Marihuana: ¿Legal o ilegal? ¿Adicción o recreación? Los panelistas fueron el abogado Fernando Fernández (vía telefónica) y los psiquiatras María Daniela Abreu y Sabas Castillo. La primera tratante de farmacodependientes y su colega especializado en psiquiatría infantil. Fernández hizo un repaso sobre las distintas posiciones que hay respecto al tema, pero desde una perspectiva conservadora. Expresó que la despenalización total del consumo del cannnabis en Venezuela “sería una cuestión caótica”, e indicó que prefiere esperar los resultados de las experiencias de Uruguay, Holanda y Colorado (EEUU) para emitir una opinión. Abreu y Castillo, en cambio, reconocieron la existencia de una situación de hecho en el país, en la que el consumo de ciertas drogas (actualmente ilegales) está normalizado en determinados ámbitos y grupos de edad. Además indicaron la necesidad de investigar a fondo el tema. Castillo refutó la creencia de que toda persona es “adictible”, es decir, que todos pueden caer en dependencia de una determinada droga. “Hay fallas que hacen que una persona se quede pegada (a las drogas)”, afirmó. Esos factores se relacionan con problemas de personalidad, deterioro cognitivo y susceptibilidad genética, entre otros. Abreu reconoció que algunos pacientes han tenido episodios sicóticos luego del consumo de marihuana, pero sostuvo que lo más probable es que esas personas tuviesen una condición previa que los hacía especialmente susceptibles a los componentes de esta droga. Dijo además que no se ha constatado la existencia de un vínculo directo entre el uso de esta droga y conductas agresivas o criminalidad. Ambos psiquiatras enfatizaron en la necesidad de trazar políticas públicas que refuercen los controles al consumo de drogas desde la familia.


martes, 9 de febrero de 2016

El informe de la Fiscal

*El documento entregado al Parlamento por la titular del Ministerio Público poco dilucida sobre la situación de criminalidad que vive el país. Parece más bien una pieza de propaganda. Las omisiones y las verdades a medias están a la orden del día

@javiermayorca

El documento entregado por la fiscal general Luisa Ortega Díaz a la Asamblea Nacional no es una memoria y cuenta, por lo menos en el sentido tradicional de informe con una relación detallada de acciones tomadas por su despacho ante las distintas manifestaciones del delito, debidamente cuantificadas.  Se trata en realidad de una pieza propagandística, en cuya confección se hizo una cuidadosa selección de datos, para transmitir la impresión de que la criminalidad en el país no se ha agudizado, y que por el contrario se encuentra controlada.
La fiscal en su comparecencia, sin interrogatorio


A continuación algunas evidencias para sustentar esta afirmación:

            -Divulgó una cifra equívoca de casos de homicidios, que no incorpora por ejemplo los reportes de crímenes en el interior de los retenes, internados judiciales y penitenciarías. Tampoco especifica si tomó en cuenta los casos de muertes por “resistencias a la autoridad” y las averiguaciones-muerte transformadas en homicidios como consecuencia de las pesquisas policiales. Todos estos rubros (lo sabe la fiscal) son colocados en renglones aparte por órdenes del Ministerio de Relaciones Interiores. De manera que solo fueron tomados en cuenta para este cálculo los homicidios por disputas entre grupos delictivos (ajustes de cuenta y conceptos afines) así como también los ocasionados a víctimas inocentes en el curso de tales disputas o como consecuencia de oponerse a la acción del hampa, problemas pasionales o conflictos de convivencia. Esto explica en parte la creciente brecha entre las totalizaciones del despacho fiscal y la proyección del Observatorio Venezolano de la Violencia (17778 versus 27875). Además, el Ministerio Público citó como punto de partida para su cálculo al llamado Protocolo de Bogotá, establecido en noviembre de 2015, y que supone entre otras cosas un acceso a la información sobre seguridad ciudadana por parte de la sociedad civil que no existe en Venezuela.
            -Omitió la información sobre el número de secuestros y extorsiones denunciadas ante las distintas autoridades o detectadas en flagrancia. En cambio, en el capítulo correspondiente divulgó una serie de datos sueltos, como por ejemplo el hecho de que hayan sido procesados 227 funcionarios por tales delitos (sin especificar cuáles), con lo que se transmite una peligrosa noción sobre una supuesta elevada participación de agentes de cuerpos de seguridad en secuestros. Dice además que durante 2015 fueron imputadas 3550 personas por tales conceptos, nuevamente sin dar detalles. Si partimos de la base de que la extorsión tradicionalmente es menos perseguida por las policías, nos daremos cuenta de la enorme cantidad de personas involucradas actualmente en expedientes por secuestros. Esto viene a confirmar la noción de que los venezolanos padecimos en 2015 las consecuencias de un auténtico estallido de este delito en todo el país. Un indicio al respeto es que el 4,6% de las averiguaciones iniciadas por la Fiscalía el año pasado fue por tal ilícito, unido a las extorsiones y amenazas.
            -La cifra sobre robo y hurto de vehículos continuó siendo un enigma. El informe indica sin embargo que abarcaron el 14% de todas las denuncias procesadas ese año. Con el ánimo de promocionar la “efectividad” de las policías del país, la fiscal precisó además que durante 2015 fueron recuperadas 15256 unidades. Aunque los porcentajes de recuperación generalmente no superan el 15% de los vehículos robados o hurtados, digamos que el año pasado los cuerpos de seguridad fueron especialmente diligentes y ubicaron 2 de cada 10 vehículos apropiados por el hampa. Eso quiere decir entonces que este período pudo finalizar con 76280 vehículos denunciados por robo o hurto. Una verdadera industria criminal.
            -En cuanto al tema de las drogas ilícitas se omite el total de estas sustancias incautado en 2015, probablemente para no entrar en conflicto con los partes inflados que proceden de la Oficina Nacional Antidrogas, una dependencia tomada desde hace años por los militares. Ya el Departamento de Estado de EEUU ha advertido que en Venezuela se da una cifra más alta de incautaciones que la real, incorporando por ejemplo el peso de las maletas y envoltorios de las drogas. También lo decomisado durante operaciones de fuerzas militares extranjeras contra embarcaciones venezolanas en altamar. Además, se exhibe como logro la imputación de 21127 personas por estos delitos, sin detallar mejor cuáles del amplísimo menú de ilícitos sobre la materia. Sabemos, sin embargo, que generalmente son casos de personas sorprendidas con pequeñas porciones para consumo personal, que ni siquiera deberían ser procesadas como criminales sino tratadas por estructuras distintas a las del Ministerio Público. Eso desde luego las sacaría de la estadística. Además, se refieren casos de años anteriores como el de Walid Makled y Air France que para nada hablan de un sistema judicial diligente e independiente, sino por el contrario de un aparato que actúa con lentitud y una sospechosa selectividad.

Estos cuestionamientos, y probablemente muchos otros, han pasado por las cabezas de los nuevos diputados de la Asamblea Nacional, quienes recibieron el informe pero no pudieron interrogar a la titular del Ministerio Público. Ella dice que como jefa de un poder autónomo no es interpelable. Las preguntas, entonces, quedarán para el ministro de Relaciones Interiores, cuando decida acatar el llamado del Parlamento.

Breves

El "toque de queda" impuesto en Tumeremo
*¿Quién ejerce el poder real en Venezuela? ¿Dónde están las instituciones del país? Las preguntas son pertinentes. Los hechos están ahí, dando pie a las sospechas de que algo anda muy mal. Primero, toda la isla de Margarita se paralizó ante la despedida que los presos del internado judicial de la Región Insular, mejor conocido como San Antonio, le dieron a su líder Teófilo Rodríguez Cazorla, alias Conejo, el 25 de enero. Los hombres dispararon al aire y a plena luz del día fusiles, ametralladoras y pistolas, ante el terror de la gente que pasaba por los alrededores y la actitud timorata del piquete de la Guardia Nacional destinado a la custodia externa del penal. Los videos correspondientes dieron la vuelta al mundo. Luego, durante el cortejo fúnebre, los miembros del llamado Tren del Pacífico mataron a un sujeto que supuestamente se mofó del finado líder del penal. Dos días después, la ministra para Servicio Penitenciario Maria Iris Varela despreció a quienes con legítimo derecho manifestaron su sorpresa ante este hecho sin precedentes en la historia del país; amenazó con acciones legales a quienes la criticaran y de paso anunció que haría una requisa en el penal, cuyos resultados aún se esperan. El 4 de febrero, mientras la ministra y parte de sus funcionarios celebraban el fallido golpe de Estado de 1992, un amplio sector Maracay se paralizó ante el “toque de queda” impuesto por la banda La Pedrera, cuyos integrantes repartieron panfletos para advertir a los comerciantes y ciudadanos lo que sucedería si salían a cumplir con sus labores ese día. Los antisociales estaban molestos por la muerte de un lugarteniente del líder de la banda, y ese día no querían interrupciones al cortejo fúnebre. Simultáneamente, en Tumeremo, otra organización criminal obligó a los comercios a cerrar sus puertas en reacción a la detención de varios integrantes durante una pesquisa por extorsión. Así describió un lugareño la situación: “Han salido los miembros de la banda a tomar el pueblo, alegando que no van a dejar las calles hasta que liberen a su líder. Entraron en escuelas y pasaron frente a todos los negocios exhortando a que cerraran. A las 11 am todo el mundo estaba en sus casas, escuelas cerradas y calles desiertas. Y todo el mundo temiendo a La Caratica, al Sindicato y a los del Topo. Porque ante la falta de gobierno, todos quieren tener el control”. Esto hace pensar que durante los días por venir veremos más señales de la disolución institucional, donde el poder real no está en las instituciones y las leyes sino en quienes tienen más fuerza.

*El descontento en las filas militares no puede ser ocultado. Por más que convoquen a la tropa y al Alto Mando a eventos en los que deban vitorear al Presidente, al interior de los cuarteles los comentarios y quejas son permanentes. Las razones son las mismas que tiene el resto de la ciudadanía, pero en la FAN están atizadas ante el contraste de una tropa e incluso una oficialidad media y subalterna que junto a sus familias resiente el deterioro socioeconómico frente a un generalato que (con excepciones) goza de enormes privilegios y ostenta sin pudor los beneficios de su cercanía con el poder, cuando no encarnan al poder mismo. Maduro y Padrino intentan mantener vivo el recuerdo de Chávez, quien sin duda ejerció un liderazgo caudillesco en el medio castrense, especialmente luego de las purgas efectuadas entre 2002 y 2005. Pero eso ya no les sirve. “A rey muerto, rey puesto”, dice el refrán. Pero aquí no han encontrado reemplazo del finado mandamás. Esto explica la difusión en unidades militares de circulares en las que se recuerda a la tropa un articulado de la legislación militar según el cual “está prohibido proferir ni tolerar a ningún subalterno murmuraciones contra las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela ni de los diferentes estados, ni en contra de las leyes, decretos, resoluciones o medidas dictadas o tomadas por cualquier autoridad constituida”. Estos mensajes están en evidente contradicción con la declaración del titular de Defensa, en el sentido de que todo ser humano es un zoon politikón (animal político) y por ende es un “ser social que participa y se relaciona políticamente”. Desde luego, siempre es cómodo estimular la política cuando no hay contradicciones y todo el cuerpo está alineado en torno a una ideología. Pero cuando esto no es así, y en la FAN esto cada día se manifiesta con mayor claridad, entonces se recuerda la supuesta obligación de tramitar todas las quejas a través de los “canales regulares”, y además según la circular de marras “evitando comentarios capciosos, alevosos o malintencionados que desdicen de la buena fe”.

*El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz analiza un organigrama con la nueva estructura de la Policía Nacional. Esto no es nuevo, pues en 2015 también lo hicieron, pero las propuestas no gozaron de visto bueno. Ahora, en el llamado “nivel superior” se plantea la activación de una Inspectoría para el Control de la Actuación Policial y una dirección de Apoyo Aéreo no dependiente de la jefatura de Operaciones. En el segundo nivel, llamado de Asesoría y Apoyo, se propone una Oficina de Atención Ciudadana y a la Víctima, otra de Derechos Humanos y una Secretaría de Igualdad y Equidad de Género. Pero lo más importante debido al impacto presupuestario que tendría está en el tercer nivel o Sustantivo. Allí se incorpora una Dirección de Cuadrantes y Patrullaje Inteligente. Como se recordará, la implantación de este mecanismo fue iniciativa del entonces ministro Miguel Rodríguez Torres. Tuvo elogios pues se proponía un sistema para la distribución de los recursos policiales sobre la base de criterios geográficos y de incidencia criminal. Pero no tomó en  consideración que para llevarlo a cabo en toda su magnitud habría que disponer de una cantidad de patrullas, motos y especialmente oficiales uniformados que no existían en 2013 y menos ahora. La Policía Nacional, pionera del llamado “nuevo modelo” de los cuerpos de seguridad, padece de un peligroso déficit crónico que limita fuertemente su capacidad de servicio. Además se ha incorporado a gran cantidad de nuevos uniformados sin que eso se sustente en un crecimiento en los niveles de supervisión y en la capacidad de las oficinas de reclutamiento para detectar y separar a los aspirantes problemáticos. La consecuencia la vemos a diario, con la formación de redes de extorsión en ese cuerpo, oficiales que abandonan su tiempo de servicio para robar sin siquiera quitarse el uniforme, y en general preocupantes cifras de ausentismo. Otro elemento a considerar en el organigrama propuesto es el sesgo en los servicios planteados en el Distrito Capital. Trece de las catorce estaciones policiales están en el municipio Libertador, y sólo una en los municipios mirandinos de Caracas (Petare). Por último, este cuerpo quiere hacerse presente en los puertos y aeropuertos, pero todavía no se plantea la creación de un grupo élite, es decir, una brigada de intervención como las tienen la policía judicial y la GN. Ambas funciones las tiene asignadas por ley.

*Mientras tanto, la Guardia Nacional evalúa la expansión del Grupo Acciones de Comando (GAC). Un proyecto presentado en enero para la consideración del alto mando del componente castrense recoge una afirmación del presidente Maduro, en el sentido de que 2016 sería el año de las “fuerzas especiales”. La exposición de motivo enfatiza en la necesidad de ampliar a todo el país esta unidad “en el contexto de la doctrina defensiva para enfrentar una agresión militar por parte de una potencia extranjera”. El GAC dispone en la actualidad de 42 oficiales y 416 efectivos de tropa profesional. La idea es buscar talentos en las distintas escuelas de formación, así como en las promociones de oficiales ya activas para llevar el pie de fuerza a 1098 efectivos, un incremento de 120,4%. Aunque el proyecto no lo plantea en forma abierta, es claro que estos efectivos eventualmente podrán servir como grupos de intervención en situaciones que atienda la Policía Nacional, especialmente en el interior del país, donde la Brigada de Acciones Especiales de la policía judicial (BAE) no tiene presencia. La sede central del GAC está en Macarao. Desde allí se coordinaría la actividad de las demás células, adscritas a las regiones estratégicas de defensa integran de la FAN.


*En menos de una semana, bandas delictivas tomaron por asalto una unidad militar en la hacienda presidencial de La Victoria (Aragua) y una estación policial en San Pedro de Los Altos (Miranda). Como resultado de ambas acciones, fueron robados 21 fusiles, 12 pistolas calibre 9 mm y una escopeta, además de cargadores y municiones. La investigación combinada de la policía judicial y la FAN permitió la recuperación de los fusiles (casi todos, por cierto, viejas piezas M4 de fabricación estadounidense), pero no de las pistolas, que son de colocación relativamente sencilla en el mercado ilegal (actualmente se cotizan a 800.000 bolívares en promedio). Este interés en el ataque de objetivos blandos hace recordar la época de la guerrilla urbana. Pero el propósito de aquélla era en primer lugar generar conmoción y una “propaganda por hechos”. Lo de ahora es, hasta el momento, mero bandidaje. Cada vez más fuerte y amplio en su cobertura, pero sin el contenido político que permanentemente quiere atribuir a sus acciones el titular de Relaciones Interiores, Gustavo González. En este sentido, llama la atención la disposición de este funcionario para endilgar estos asaltos al “hampa paramilitar”, sin contar con evidencia sólida, y en cambio omitir cualquier pronunciamiento sobre hechos de clara intención política como el estallido de cajas sonoras en pleno centro de la ciudad. Como se recordará, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación se atribuyeron este hecho a través de panfletos dispersados por las explosiones. Sobre esto, silencio absoluto.