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lunes, 25 de enero de 2016

El dilema de Merentes

El presidente del BCV Nelson Merentes está en una encrucijada. Si formaliza ante CICPC la denuncia del hurto, tendrá que precisar datos de lo sustraído. Si no lo hace, el delito quedará impune y podrá repetirse. Hasta ahora, ha preferido quedarse callado

@javiermayorca

Desde un principio, la información llegó cruzada y aderezada con datos de imaginario popular. Que los hampones se metieron en una casa de Naiguatá utilizada los fines de semana por el presidente del Banco Central de Venezuela; que la incursión en realidad fue en un apartamento de Tanaguarena; que fueron $300.000 en efectivo, mantenidos como especie de caja chica del funcionario; que la cantidad era 40.000 euros… En fin, el equipo periodístico de un portal web se fue a Naiguatá con cámara oculta y constató que allí, como en el resto del país, se preguntaban con cierto temor si el visitante ocasional en realidad guarda semejantes cantidades en inmuebles aparentemente humildes, mientras se relaja entre partidas de dominó.
No cuesta mucho creer la especie del alto funcionario. Hay antecedentes que involucran a otros próceres revolucionarios en manejos nada santos de los dineros públicos en efectivo, como si fuesen atesorados para pagar la próxima compra en el automercado. Primero fue el ex viceministro de Finanzas Jesús Bermúdez, detenido cuando intentó entrar a EEUU por el aeropuerto de Opa Locka con casi 40.000 dólares, billete sobre billete. El sabía que si lo detectaban con toda esa plata en un solo paquete tendría que responder preguntas incómodas, así que entregó una parte al piloto del jet privado, y otra al copiloto. Pero en aduana no creyeron el cuento, y fue detenido.
Dos años después, en 2007, Guido Antonini fue apresado en el aeropuerto de Buenos Aires cuando trataba de pasar un maletín con $790.000. De ser por la Asamblea Nacional de entonces, la Contraloría y la Fiscalía venezolanas, eso hubiera quedado así, tirado a pérdida. Pero las averiguaciones internacionales revelaron que el dinero salió de las arcas de Petróleos de Venezuela como un aporte del presidente Chávez para la campaña de Cristina Kirchner. Y que además no fue el único envío. Antonini reconoció durante una comparecencia en tribunales de EEUU que hubo otras remesas con anterioridad.
En el caso del asesinato del diputado Robert Serra, en octubre de 2014, nunca se aclaró del todo qué llevaban en esas bolsas negras los supuestos homicidas grabados en el video que divulgó el propio Presidente. Documentos de la investigación conocidos en EEUU señalan que probablemente había importantes cantidades de efectivo sustraídas de una caja fuerte empotrada en la pared del estudio del parlamentario. Después de todo, nadie manda a colocar una caja fuerte en la pared de su vivienda si no pretende guardar en ella valores fuera de lo común.
En el caso del exministro de Finanzas los hechos constatados indican que hubo una denuncia sobre un supuesto hurto en un apartamento de Tanaguarenas, pero no ante la policía judicial sino ante la Policía del Estado Vargas, el fin de semana del 9 y 10 de enero. Desde el punto de vista del denunciante esto guarda cierta lógica. Los agentes regionales son más fáciles de orientar, se deben a un gobernador oficialista y exministro de Defensa. Todo queda entre amigos revolucionarios. CICPC sería más difícil de manejar, aunque no imposible. En todo caso, allí le exigirían una relación precisa de lo hurtado, pues esa sería la base de la búsqueda. Y esa minuta podría filtrarse, ocasionando situaciones incómodas, como ocurrió en diciembre luego del secuestro del coronel jefe de seguridad de la Vicepresidencia. La gente no se preguntaba entonces por los detalles del plagio sino por el origen de los 40.000 dólares cancelados a las bandas de la Cota 905.
Igual ocurriría con Merentes. El funcionario supo utilizar los recursos a su disposición. Los policías regionales para poner ojos en el supuesto hurto y CICPC para investigar el origen de las informaciones que colmaban las redes sociales. A tal efecto, bastó una llamada al director Sierralta. Nada de ir a una oficina oscura en la Urdaneta y pasar horas dictando a un detective detalles sobre las noticias que le molestaban.
Además de eso, hay otros hechos para valorar este caso.
Merentes ha reconocido en su entorno que en dos oportunidades el hampa ha visitado el inmueble donde supuestamente ocurrió el hurto. Pero que lo sustraído han sido prendas y electrodomésticos. Para él, nada de dólares o euros. De eso no se habla.
Igualmente, a propósito del escándalo de las últimas semanas ha admitido la existencia de una relación “de varios años” con la joven modelo varguense y en general con su familia. No ha especificado el tipo de nexo, aunque sí ha aclarado que él no ha usado su dinero para financiar las cirugías estéticas de estas damas, cuyos resultados ya son públicos, notorios y comunicacionales.
Tal y como van las cosas, este caso quedará cubierto por un manto de silencio a menos que surja otro dato relevante. O será tapado por un escándalo mayor.

Breves

La orden es investigarlos
*El 13 de enero, los despachos anticorrupción del Ministerio Público recibieron la instrucción de hurgar en sus archivos y enviar cuanto antes a la superioridad una relación pormenorizada “sobre los casos (activos, activos con egreso o concluidos) relacionados a personas de reconocida trayectoria política, económica o social”. Visto así, parecería que este arqueo podría incluir, por ejemplo, a los financistas de las campañas de la oposición y también a los que han aportado para las del oficialismo, los casos que involucren a funcionarios de la Gobernación de Miranda pero también a los que haya sobre la Alcaldía de Libertador. Y ni qué hablar de Petróleos de Venezuela y las fuerzas armadas. Pero en realidad lo que se pretende desde el Ministerio Público obedece a una estrategia general diseñada por el Gobierno para encontrarle caídas a los diputados recién electos por la Mesa de la Unidad Democrática. Entre los objetivos de esta pesquisa se menciona a los dirigentes políticos Richard Mardo, Leopoldo López, Eduardo Manuitt, José Gregorio Briceño (exgobernador de Monagas), el alcalde metropolitano Antonio Ledezma, el banquero Eligio Cedeño y los que fueron procesados durante el último quiebre del sistema bancario nacional. Además de esto, se ordenó que todo el aparataje de inteligencia electrónica vigile a los nuevos parlamentarios y sus respectivos entornos. “Es una investigación a fondo, contra todos”, me indicó una fuente ligada al mundo castrense.

*El Grupo Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional elaboró un informe sobre las principales bandas delictivas del estado Sucre. El documento de 32 páginas contiene los nombres de los grupos, fotos de sus principales exponentes, actividades ilegales y ámbitos de operación. A juzgar por los datos consignados allí, la organización de José Manuel Lanza Bruzual, alias Manuel Lanza, conocida como Tren de la Muerte, continúa ejerciendo un predominio en todos los estados orientales del país, sólo disputado por la banda conocida como Carro Azul, cuyo líder Enrique Ruiz, alias Enriquito, está en libertad. Ambas estructuras se dedican al robo y hurto de vehículos, el secuestro, la extorsión y el tráfico de drogas. En ambos casos, de acuerdo con informes anteriores del mismo componente, la extorsión está asociada a la devolución de autos y motos robadas, e igualmente al cobro del llamado “impuesto de paz laboral”, que eventualmente ha paralizado el desarrollo de obras contratadas por Petróleos de Venezuela en toda la región oriental. Las otras bandas referidas en el informe del Gaes fueron la de Colombia (robo, hurto y homicidio), El Burro (asaltos en carreteras), Los Pepinos de Arapito (robo de lanchas y sus motores, así como asaltos a turistas), El Cane (tráfico de drogas) y Cárcel El Dorado (extorsión telefónica simulando ser miembros de las Aguilas Negras).

PoliNacional y CICPC: desplazados por bandas
*El 18 de enero, la Coordinación Nacional de Investigaciones Penales, a cargo del comisario Rubén Lugo, envió a todos los despachos de la policía judicial una solicitud de información con el “listado de los funcionarios de cualquier organismo de los cuales se tenga conocimiento que hayan sido desplazados de los sectores donde residen por los grupos delictivos que allí operan”. Los datos correspondientes deberían ser enviados en un formato anexo a la solicitud. El solo hecho de que la policía judicial se plantee una investigación de este tipo revela la gravedad adquirida durante los últimos meses por el accionar de bandas criminales en todo el país. No se trata solo de grupos asociados directamente con alguna actividad delictiva. Esto empezó cuando se admitió que los colectivos del 23 de Enero asumieran todo el control de ese territorio, llegando incluso a disparar de manera impune contra unidades de la extinta Policía Metropolitana. Allí fue precisamente donde se registraron los primeros desplazamientos de efectivos policiales y sus familias. Luego, el Ejecutivo continuó cediendo espacios a los grupos al margen de la ley con el programa de las Zonas de Paz. Simultáneamente le dio cuerda a las bandas del eje Cota 905-Cementerio. En todos estos lugares hay casos de funcionarios desplazados. Recuerdo el relato de una inspectora de la policía judicial residente de un edificio en el desarrollo Ciudad Betania de la Gran Misión Vivienda. Cuando regresaba una tarde encontró que las bandas/colectivos habían sacado sus enseres del apartamento al conocer la institución para la que trabajaba. En menos de un día estaban allí otros ocupantes, quienes ya pagaban alquiler a los grupos criminales. Situaciones de este tipo fueron detectadas durante las OLP en la avenida Bolívar. En Cementerio recientemente también se conoce de mudanzas forzadas de oficiales de la Policía Nacional, e incluso de escoltas privados. Ojalá la encuesta de CICPC permita aclarar aún más esta situación. El problema para ellos, desde luego, es que al conocerse esta información no podrán continuar desentendidos.

*En una entrega anterior nos preguntábamos si la conducta mostrada por la Fuerza Armada Nacional durante la jornada electoral del 6 de diciembre era indicativa de un “giro hacia el centro”. Los hechos posteriores demostrarían dos cosas. En primer lugar, que efectivamente la posición mayoritaria de la institución apunta hacia el acatamiento de los principios establecidos en la Constitución, que describe a la FAN como “esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional”. En tal sentido, la institución militar “está al servicio exclusivo de la Nación y no al de persona o parcialidad política alguna”. En segundo término, tal y como se demostró en los días siguientes a la elección parlamentaria, esta mayoría continúa en la institucionalidad a pesar del actual titular de Defensa, general en jefe (Ejército) Vladimir Padrino, quien se rasgó las vestiduras a propósito del desalojo de los cuadros de Chávez y el Libertador (versión “amulatada”) de los pasillos de la sede del Poder Legislativo.  Luego, el oficial se ha mantenido en una conveniente ambigüedad. Un día dice que la FAN no está para dar golpes de Estado y que se la debe excluir “de la diatriba generada por sectores políticos”, y al día siguiente insiste en calificar a la institución castrense de bolivariana y chavista, es decir, como si se debiera a una persona. Maduro mordió el anzuelo y ratificó al general en la cartera de Fuerte Tiuna.

*Por segundo año consecutivo, la violencia homicida se incrementó en los Valles del Tuy. Cifras de la policía judicial conocidas extraoficialmente indican que los seis municipios de esta región mirandina sumaron 966 homicidios en 2015, es decir 24,3% más que el total correspondiente al año antepasado. En cinco de las seis municipalidades hubo incrementos. La única excepción fue Urdaneta (Cúa) donde fueron reportados once casos menos que en 2014. Los municipios más violentos fueron Independencia, con 222 homicidios y Paz Castillo con 202. Pero este último fue el que registró la mayor agudización del problema, pues los crímenes se elevaron en 72,6%. Por cierto que estos números no toman en cuenta los expedientes de muertes por “resistencia a la autoridad”, y como sabemos a partir de agosto los cuerpos policiales y militares se vieron involucrados en un sinfín de muertes en el marco de las denominadas Operaciones para la Liberación del Pueblo. Tampoco fueron incorporadas las muertes en retenes o internados judiciales.

domingo, 10 de enero de 2016

La mezcla perfecta

La conjunción de secuestros y tráfico de drogas ha hecho que las bandas del eje Cota 905-Cementerio muestren una fuerza nunca vista en los grupos criminales en el Distrito Capital

@javiermayorca

En la entrega anterior se explicó en términos generales cómo fue la proliferación durante 2015 de las llamadas “megabandas” en todo el país. En el texto, desde luego, no se podía pasar por alto la situación insólita que se ha visto en el eje Cota 905-Cementerio. En las líneas que siguen se tratará este fenómeno con mayor profundidad.
Tanto en la Cota 905 como en El Cementerio existían desde hace mucho tiempo grupos criminales, dedicados especialmente al robo y hurto de vehículos. Esto hace de El Paraíso una de las parroquias que ha tenido las tasas más elevadas de estos delitos, junto a la parroquia Sucre del municipio Libertador y Petare. Había además rateros que solían frecuentar el área comercial del bulevar y el mercado de mayoristas.
Alrededor de 2010 fueron reportados casos esporádicos de secuestros y posteriores homicidios de personas que iban a hacer compras de grandes cantidades de ropa, con la intención de distribuirlas posteriormente en ciudades del oriente del país. Estos casos fueron atendidos en su oportunidad por las divisiones Antiextorsión y Secuestros y Contra Robos de la policía judicial. Allí residían u operaban Joel Toro, alias Niño del Plan, y Claudio Giménez, apodado Buñuelo. Para ese año ambos figuraban en las listas de “los más buscados” que ocasionalmente elabora la policía de investigación.
A partir de 2013, sin embargo, algo cambió la dinámica de los grupos criminales. Los periodistas comenzaron a recibir informaciones sobre la constitución de redes de extorsión que afectaban primordialmente a los empresarios del área comercial de Cementerio y a los transportistas de rutas troncales, es decir, los que brindan un servicio hacia los barrios ubicados en las partes altas. Los afectados, sin embargo, estaban presos en la dinámica perniciosa de la extorsión, y nunca concretaron sus planes de hacer un paro cívico para llamar la atención de las autoridades. Había además la percepción de que las propias policías (en especial PoliCaracas y PoliNacional) se beneficiaban de alguna manera de todo este mercado ilegal de protección. Los extorsionadores llegaron a aplicar procedimientos similares a los del “boleteo” fronterizo. Algunos comerciantes decidieron irse a otras partes, otros continuaron pagando, y probablemente aún lo hacen. En aquel entonces, las cuotas podían variar desde los cinco mil bolívares mensuales para los transportistas hasta treinta mil bolívares para los dueños de comercios.
En 2014 las bandas pasaron a una nueva etapa en su desarrollo, gracias a los secuestros breves o express. Algunas víctimas relataron a las autoridades que eran ocultadas en improvisados inmuebles cercanos al sector conocido como La Chivera, que está en la vía principal. Desde las alturas, los antisociales podían supervisar todos los movimientos, y conocer cuándo los rescates eran depositados, por ejemplo, en los restos de algún vehículo desguasado.
Toda esta actividad criminal discurría a escaso medio kilómetro de la sede central de la Policía del Municipio Libertador y de un cuartel de la Policía Nacional Bolivariana. Pero en general las partes altas de estos barrios, que es donde están sus líderes y los lugartenientes, son zonas tradicionalmente abandonadas por el Estado.
El flujo de dinero derivado de los secuestros y extorsiones (también asociadas al robo y hurto de vehículos) tuvo dos efectos inmediatos: por una parte, incrementó el poder adquisitivo de las organizaciones. Mejoraron el armamento hasta incorporar fusiles de asalto, granadas y dispositivos para lanzarlas. Igualmente dotaron a los gariteros o “halcones” (como los llaman en México) con largavistas y aparatos de radiocomunicación.
La Cota 905, escenario de 3 OLP en 2015
Cuando se hizo la primera Operación para la Liberación del Pueblo en la Cota 905, en agosto del año pasado, la policía judicial manejaba informaciones sobre la existencia de tres grandes bandas, con mandos centralizados y estructuras piramidales. La más grande era liderada por alias Coqui. Otra organización la conducía Buñuelo, el mismo que habían detenido en 2011 e inexplicablemente estaba otra vez en las calles.
En esa redada murieron por lo menos doce personas. Pero las bandas, lejos de ser desmanteladas, cobraron mucha más fuerza en las semanas posteriores. Indicio de esto es que acto seguido mataron a por lo menos tres personas que eran vistas como delatoras o “patriotas cooperantes”. En el resto del año se hicieron en la Cota 905 otras dos redadas, así como operaciones en otras partes que han finalizado con la muerte de grupos de supuestos antisociales radicados en ese sector. Han sido en total 36 fallecidos.
Hasta la última semana de diciembre, sin embargo, las bandas de la Cota 905 continuaban secuestrando y robando vehículos. Un cálculo de Antiextorsión de CICPC atribuía en noviembre 58 plagios a las bandas del sector. ¿Cómo era esto posible? Los testimonios de personas secuestradas indican que el afán de obtener dólares proviene de la incursión de estos grupos en el tráfico de drogas a gran escala en el oeste de la ciudad. La marihuana, y especialmente la cocaína no se comercian en bolívares. Es un mercado que se mueve en divisa estadounidense, desde que los paquetes entran por la frontera. Por cada 2500 dólares pagados en rescate por una persona o por la devolución de un vehículo, los grupos pueden adquirir un kilo de alcaloide de alta pureza. Una vez distribuidos en las calles de la capital pueden obtener el equivalente a 7500 dólares. El negocio es redondo. Testimonios de personas que han permanecido cautivas en ese sector revelan además que algunos integrantes de la cúpula de estas bandas también consumen el producto que venden. Esto los hace cometer errores e incrementa la posibilidad de conductas violentas, especialmente cuando están afectados por la resaca.
A pesar de la merma en su pie de fuerza, o quizá debido a eso, las bandas de la Cota 905 y Cementerio han entrado en una fase de atomización. Un negociador de secuestros indicó que diversos grupos han salido a secuestrar desde allí en terrenos donde antes no incursionaban, como La Trinidad o San Román. Luego, piden la colaboración de las bandas de las que surgieron, especialmente en la fase de custodia del rehén, y por eso pagan una parte del dinero obtenido en rescate.
Estamos, entonces, ante una nueva generación de empresarios del crimen.

Breves

*El martes 22 de diciembre, una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvo al sacerdote agustino Alexander Vieira en la iglesia Santa Rita de Caricuao, en conexión con el explosivo activado frente a la sede de la Corporación Andina de Fomento (CAF) la noche anterior. Vieira fue llevado al mediodía hasta el cuartel de Plaza Venezuela, donde de inmediato lo sometieron a interrogatorio. La policía política supuestamente detectó una llamada desde su celular en la que le preguntaba a una persona de la CAF si les había gustado ¨ese regalito¨. El religioso de 33 años de edad habla con rapidez y cierto tartamudeo. Su detención movilizó a la jerarquía eclesiástica, ante la convicción de que se trataba de hacer “un montaje” para implicar a la institución. Hubo llamadas al ministro de Relaciones Interiores, mayor general Gustavo González, para solicitar la inmediata liberación del sacerdote. No obstante, a las 8 pm del martes, cuando parecía que permitirían su salida, se ordenó su traslado al Helicoide, y allí fue interrogado de nuevo hasta las 4 am del miércoles, cuando un asistente lo buscó. Al momento de la explosión, Vieira regresaba de hacer oficios religiosos en Táchira y Lara, por lo que resultaba prácticamente imposible que haya participado en la colocación del explosivo. Al parecer, su línea celular fue clonada para hacer la referida llamada. Simultáneamente, el Sebin indagó sobre la posibilidad de que el ataque realmente hubiese sido planificado por alguno de los empleados recién despedidos de la entidad financiera. Hasta ahora, permanece impune el incidente que ocasionó daños materiales al edificio, y que según el director de la Policía de Chacao, Yorbi Carvajal, tenía la intención de ocasionar terror en la colectividad.

*42 militantes de la organización separatista vasca ETA permanecen en Venezuela, según el último recuento manejado por policías españoles. La mitad de ellos llegó al país en 1989 en virtud de las conversaciones desarrolladas en esa época por históricos de este grupo y representantes del gobierno español, entonces conducido por Felipe González. El presidente venezolano Carlos Andrés Pérez ofreció el territorio nacional, así como lo hicieron México y otros países del área en gestos de buena voluntad, para albergar a los separatistas con la condición de que cesaran cualquier apoyo a la lucha armada en el país europeo. Desde entonces, debían presentarse periódicamente en oficinas de la extinta Disip (actual Sebin), para dar una especie de fe de vida y actualizar sus expedientes. En los años siguientes otros etarras se ocultaron en Venezuela, mimetizándose entre la enorme colonia española y sus descendientes. Uno de los más notables ha sido Arturo Cubillas Fontán, cuya extradición fue negada en 2010 por el gobierno de Hugo Chávez debido a que poco antes le habían otorgado la nacionalidad. Cubillas era además funcionario del Instituto Nacional de Tierras (Inti), y su esposa de la Vicepresidencia a cargo entonces de Elías Jaua. Más recientemente la prensa ibérica dio cuenta de la presencia en el país de Iñaki de Juana Chaos, quien va y viene entre Anzoátegui y Falcón, dos de las localidades más apreciadas por los vascos. A partir del cese al fuego anunciado por la cúpula de la organización en octubre de 2011 y el avance de las negociaciones entre sus integrantes y los sucesivos gobiernos se ha tomado la decisión de mantener las solicitudes internacionales de búsqueda y captura en “bajo perfil”, en el entendido de que lo más importante es lograr que los integrantes de la estructura terrorista admitan los delitos que han cometido, pidan perdón por tales crímenes y se logre un resarcimiento para los deudos y demás personas afectadas directamente por tales acciones.

*Llegan inquietantes informaciones sobre la imposibilidad de conocer el paradero cierto de personas que se supone deberían estar en prisión, en virtud de crímenes que van desde homicidios hasta el tráfico de drogas. Los rumores no sólo apuntan a sujetos como alias Capitán Bolívar, procesado por el homicidio de la traductora de señas de Venevisión Adriana Urquiola. El paradero de Walid Makled también es incierto. Y de ahí para abajo otros individuos disfrutarían de “regímenes abiertos” con escaso o nulo control. Sus nombres saltan a la vista cuando resultan muertos en enfrentamientos con policías o capturados, como fue el caso del capitán retirado de la GN Vassily Villalobos, señalado en la lista Clinton del Tesoro de EEUU. En 2015 estaba inexplicablemente en libertad, cuando cuatro años antes fue detenido durante un allanamiento a su hato de Anzoátegui. Los casos se acumulan uno tras otro. Recientemente, las autoridades se percataron sobre la ausencia de un mexicano que era procesado por tráfico de drogas luego de que lo capturaran en Maiquetía con una maleta “aliñada”. Cuando lo fueron a buscar en el anexo de la Penitenciaría General de Venezuela, simplemente no estaba.

*Uno de los planes del régimen que esperará mejor momento es el de la reestructuración de la policía judicial, para convertirla en un cuerpo de investigación “bolivariano”. Los escándalos de corrupción en ese cuerpo, las numerosas ejecuciones extrajudiciales y las muertes en los calabozos del Departamento de Aprehensión iban a ser aprovechados por un grupo de criminólogos y funcionarios como los comisarios Vladimir Flores y Jorge Sierralta para hacer un revolcón en las filas de la organización. Los cambios empezarían con cuestiones más bien cosméticas, como el reemplazo de la tradicional corbata azul del uniforme de faena por una vinotinto. Luego vendría una nueva nomenclatura de los grados, otro organigrama que sacaba definitivamente direcciones como la de Drogas, más énfasis en la “lealtad” y menos técnica y efectividad. Tal parece que, por ahora, eso no se concretará. CICPC es una de las instituciones cuyo acervo técnico impidió la total politización de sus filas. Pero la corrupción rampante en casi todas sus direcciones hace que cada día más personas, tanto oficialistas como opositores, se convenzan de la necesidad de aplicarle una operación “manos limpias”.

*Muy complicado el panorama de la Ley de Amnistía. La oposición la ofreció durante la reciente campaña electoral como una de sus principales banderas. Así lo ratificó el nuevo presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, durante el discurso que ofreció luego de ser juramentado el 5 de enero. Un grupo de valiosos abogados expertos en Derechos Humanos, derecho procesal penal y constitucional venía considerando dos proyectos. La semana de la toma de posesión en la Asamblea Nacional fue añadida una tercera propuesta. Hay además aportes puntuales que también han sido estudiados. Las discusiones han sido intensas y hasta el viernes 8 de enero no se había llegado a un consenso. Hay muchas situaciones que deben ser revisadas. Las amnistías se otorgan para las personas que hayan cometido determinados delitos durante lapsos específicos. Sin embargo, en Venezuela hay personas que por decisiones políticas del régimen han sido procesadas por delitos que no son precisamente políticos sino de salvaguarda. Tales son los casos del exgobernador zuliano y excandidato presidencial Manuel Rosales, y del exministro de la Defensa Raúl Baduel. Entonces, la pregunta que se hacen es cómo definir los términos de una amnistía que los favorezca a ellos y no a sujetos como por ejemplo el exalcalde de Valencia Edgardo Parra, quien recibió una medida humanitaria pero continúa procesado. Cómo sacar de prisión y expurgar las imputaciones contra los estudiantes detenidos durante las manifestaciones de principios de 2014 sin abrir la puerta para que sujetos como Yhonny Bolívar salgan en libertad. En las amnistías, explicaba uno de los abogados involucrados en la redacción de la ley, siempre existe la posibilidad de pecar por exceso, o por excesiva restricción. ¿Se buscará la liberación de los estudiantes procesados por La Salida y se dejará para después a los efectivos de la Policía Metropolitana sentenciados por los hechos de abril de 2002? Lograr el justo medio parece imposible.