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lunes, 25 de enero de 2016

El dilema de Merentes

El presidente del BCV Nelson Merentes está en una encrucijada. Si formaliza ante CICPC la denuncia del hurto, tendrá que precisar datos de lo sustraído. Si no lo hace, el delito quedará impune y podrá repetirse. Hasta ahora, ha preferido quedarse callado

@javiermayorca

Desde un principio, la información llegó cruzada y aderezada con datos de imaginario popular. Que los hampones se metieron en una casa de Naiguatá utilizada los fines de semana por el presidente del Banco Central de Venezuela; que la incursión en realidad fue en un apartamento de Tanaguarena; que fueron $300.000 en efectivo, mantenidos como especie de caja chica del funcionario; que la cantidad era 40.000 euros… En fin, el equipo periodístico de un portal web se fue a Naiguatá con cámara oculta y constató que allí, como en el resto del país, se preguntaban con cierto temor si el visitante ocasional en realidad guarda semejantes cantidades en inmuebles aparentemente humildes, mientras se relaja entre partidas de dominó.
No cuesta mucho creer la especie del alto funcionario. Hay antecedentes que involucran a otros próceres revolucionarios en manejos nada santos de los dineros públicos en efectivo, como si fuesen atesorados para pagar la próxima compra en el automercado. Primero fue el ex viceministro de Finanzas Jesús Bermúdez, detenido cuando intentó entrar a EEUU por el aeropuerto de Opa Locka con casi 40.000 dólares, billete sobre billete. El sabía que si lo detectaban con toda esa plata en un solo paquete tendría que responder preguntas incómodas, así que entregó una parte al piloto del jet privado, y otra al copiloto. Pero en aduana no creyeron el cuento, y fue detenido.
Dos años después, en 2007, Guido Antonini fue apresado en el aeropuerto de Buenos Aires cuando trataba de pasar un maletín con $790.000. De ser por la Asamblea Nacional de entonces, la Contraloría y la Fiscalía venezolanas, eso hubiera quedado así, tirado a pérdida. Pero las averiguaciones internacionales revelaron que el dinero salió de las arcas de Petróleos de Venezuela como un aporte del presidente Chávez para la campaña de Cristina Kirchner. Y que además no fue el único envío. Antonini reconoció durante una comparecencia en tribunales de EEUU que hubo otras remesas con anterioridad.
En el caso del asesinato del diputado Robert Serra, en octubre de 2014, nunca se aclaró del todo qué llevaban en esas bolsas negras los supuestos homicidas grabados en el video que divulgó el propio Presidente. Documentos de la investigación conocidos en EEUU señalan que probablemente había importantes cantidades de efectivo sustraídas de una caja fuerte empotrada en la pared del estudio del parlamentario. Después de todo, nadie manda a colocar una caja fuerte en la pared de su vivienda si no pretende guardar en ella valores fuera de lo común.
En el caso del exministro de Finanzas los hechos constatados indican que hubo una denuncia sobre un supuesto hurto en un apartamento de Tanaguarenas, pero no ante la policía judicial sino ante la Policía del Estado Vargas, el fin de semana del 9 y 10 de enero. Desde el punto de vista del denunciante esto guarda cierta lógica. Los agentes regionales son más fáciles de orientar, se deben a un gobernador oficialista y exministro de Defensa. Todo queda entre amigos revolucionarios. CICPC sería más difícil de manejar, aunque no imposible. En todo caso, allí le exigirían una relación precisa de lo hurtado, pues esa sería la base de la búsqueda. Y esa minuta podría filtrarse, ocasionando situaciones incómodas, como ocurrió en diciembre luego del secuestro del coronel jefe de seguridad de la Vicepresidencia. La gente no se preguntaba entonces por los detalles del plagio sino por el origen de los 40.000 dólares cancelados a las bandas de la Cota 905.
Igual ocurriría con Merentes. El funcionario supo utilizar los recursos a su disposición. Los policías regionales para poner ojos en el supuesto hurto y CICPC para investigar el origen de las informaciones que colmaban las redes sociales. A tal efecto, bastó una llamada al director Sierralta. Nada de ir a una oficina oscura en la Urdaneta y pasar horas dictando a un detective detalles sobre las noticias que le molestaban.
Además de eso, hay otros hechos para valorar este caso.
Merentes ha reconocido en su entorno que en dos oportunidades el hampa ha visitado el inmueble donde supuestamente ocurrió el hurto. Pero que lo sustraído han sido prendas y electrodomésticos. Para él, nada de dólares o euros. De eso no se habla.
Igualmente, a propósito del escándalo de las últimas semanas ha admitido la existencia de una relación “de varios años” con la joven modelo varguense y en general con su familia. No ha especificado el tipo de nexo, aunque sí ha aclarado que él no ha usado su dinero para financiar las cirugías estéticas de estas damas, cuyos resultados ya son públicos, notorios y comunicacionales.
Tal y como van las cosas, este caso quedará cubierto por un manto de silencio a menos que surja otro dato relevante. O será tapado por un escándalo mayor.

Breves

La orden es investigarlos
*El 13 de enero, los despachos anticorrupción del Ministerio Público recibieron la instrucción de hurgar en sus archivos y enviar cuanto antes a la superioridad una relación pormenorizada “sobre los casos (activos, activos con egreso o concluidos) relacionados a personas de reconocida trayectoria política, económica o social”. Visto así, parecería que este arqueo podría incluir, por ejemplo, a los financistas de las campañas de la oposición y también a los que han aportado para las del oficialismo, los casos que involucren a funcionarios de la Gobernación de Miranda pero también a los que haya sobre la Alcaldía de Libertador. Y ni qué hablar de Petróleos de Venezuela y las fuerzas armadas. Pero en realidad lo que se pretende desde el Ministerio Público obedece a una estrategia general diseñada por el Gobierno para encontrarle caídas a los diputados recién electos por la Mesa de la Unidad Democrática. Entre los objetivos de esta pesquisa se menciona a los dirigentes políticos Richard Mardo, Leopoldo López, Eduardo Manuitt, José Gregorio Briceño (exgobernador de Monagas), el alcalde metropolitano Antonio Ledezma, el banquero Eligio Cedeño y los que fueron procesados durante el último quiebre del sistema bancario nacional. Además de esto, se ordenó que todo el aparataje de inteligencia electrónica vigile a los nuevos parlamentarios y sus respectivos entornos. “Es una investigación a fondo, contra todos”, me indicó una fuente ligada al mundo castrense.

*El Grupo Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional elaboró un informe sobre las principales bandas delictivas del estado Sucre. El documento de 32 páginas contiene los nombres de los grupos, fotos de sus principales exponentes, actividades ilegales y ámbitos de operación. A juzgar por los datos consignados allí, la organización de José Manuel Lanza Bruzual, alias Manuel Lanza, conocida como Tren de la Muerte, continúa ejerciendo un predominio en todos los estados orientales del país, sólo disputado por la banda conocida como Carro Azul, cuyo líder Enrique Ruiz, alias Enriquito, está en libertad. Ambas estructuras se dedican al robo y hurto de vehículos, el secuestro, la extorsión y el tráfico de drogas. En ambos casos, de acuerdo con informes anteriores del mismo componente, la extorsión está asociada a la devolución de autos y motos robadas, e igualmente al cobro del llamado “impuesto de paz laboral”, que eventualmente ha paralizado el desarrollo de obras contratadas por Petróleos de Venezuela en toda la región oriental. Las otras bandas referidas en el informe del Gaes fueron la de Colombia (robo, hurto y homicidio), El Burro (asaltos en carreteras), Los Pepinos de Arapito (robo de lanchas y sus motores, así como asaltos a turistas), El Cane (tráfico de drogas) y Cárcel El Dorado (extorsión telefónica simulando ser miembros de las Aguilas Negras).

PoliNacional y CICPC: desplazados por bandas
*El 18 de enero, la Coordinación Nacional de Investigaciones Penales, a cargo del comisario Rubén Lugo, envió a todos los despachos de la policía judicial una solicitud de información con el “listado de los funcionarios de cualquier organismo de los cuales se tenga conocimiento que hayan sido desplazados de los sectores donde residen por los grupos delictivos que allí operan”. Los datos correspondientes deberían ser enviados en un formato anexo a la solicitud. El solo hecho de que la policía judicial se plantee una investigación de este tipo revela la gravedad adquirida durante los últimos meses por el accionar de bandas criminales en todo el país. No se trata solo de grupos asociados directamente con alguna actividad delictiva. Esto empezó cuando se admitió que los colectivos del 23 de Enero asumieran todo el control de ese territorio, llegando incluso a disparar de manera impune contra unidades de la extinta Policía Metropolitana. Allí fue precisamente donde se registraron los primeros desplazamientos de efectivos policiales y sus familias. Luego, el Ejecutivo continuó cediendo espacios a los grupos al margen de la ley con el programa de las Zonas de Paz. Simultáneamente le dio cuerda a las bandas del eje Cota 905-Cementerio. En todos estos lugares hay casos de funcionarios desplazados. Recuerdo el relato de una inspectora de la policía judicial residente de un edificio en el desarrollo Ciudad Betania de la Gran Misión Vivienda. Cuando regresaba una tarde encontró que las bandas/colectivos habían sacado sus enseres del apartamento al conocer la institución para la que trabajaba. En menos de un día estaban allí otros ocupantes, quienes ya pagaban alquiler a los grupos criminales. Situaciones de este tipo fueron detectadas durante las OLP en la avenida Bolívar. En Cementerio recientemente también se conoce de mudanzas forzadas de oficiales de la Policía Nacional, e incluso de escoltas privados. Ojalá la encuesta de CICPC permita aclarar aún más esta situación. El problema para ellos, desde luego, es que al conocerse esta información no podrán continuar desentendidos.

*En una entrega anterior nos preguntábamos si la conducta mostrada por la Fuerza Armada Nacional durante la jornada electoral del 6 de diciembre era indicativa de un “giro hacia el centro”. Los hechos posteriores demostrarían dos cosas. En primer lugar, que efectivamente la posición mayoritaria de la institución apunta hacia el acatamiento de los principios establecidos en la Constitución, que describe a la FAN como “esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional”. En tal sentido, la institución militar “está al servicio exclusivo de la Nación y no al de persona o parcialidad política alguna”. En segundo término, tal y como se demostró en los días siguientes a la elección parlamentaria, esta mayoría continúa en la institucionalidad a pesar del actual titular de Defensa, general en jefe (Ejército) Vladimir Padrino, quien se rasgó las vestiduras a propósito del desalojo de los cuadros de Chávez y el Libertador (versión “amulatada”) de los pasillos de la sede del Poder Legislativo.  Luego, el oficial se ha mantenido en una conveniente ambigüedad. Un día dice que la FAN no está para dar golpes de Estado y que se la debe excluir “de la diatriba generada por sectores políticos”, y al día siguiente insiste en calificar a la institución castrense de bolivariana y chavista, es decir, como si se debiera a una persona. Maduro mordió el anzuelo y ratificó al general en la cartera de Fuerte Tiuna.

*Por segundo año consecutivo, la violencia homicida se incrementó en los Valles del Tuy. Cifras de la policía judicial conocidas extraoficialmente indican que los seis municipios de esta región mirandina sumaron 966 homicidios en 2015, es decir 24,3% más que el total correspondiente al año antepasado. En cinco de las seis municipalidades hubo incrementos. La única excepción fue Urdaneta (Cúa) donde fueron reportados once casos menos que en 2014. Los municipios más violentos fueron Independencia, con 222 homicidios y Paz Castillo con 202. Pero este último fue el que registró la mayor agudización del problema, pues los crímenes se elevaron en 72,6%. Por cierto que estos números no toman en cuenta los expedientes de muertes por “resistencia a la autoridad”, y como sabemos a partir de agosto los cuerpos policiales y militares se vieron involucrados en un sinfín de muertes en el marco de las denominadas Operaciones para la Liberación del Pueblo. Tampoco fueron incorporadas las muertes en retenes o internados judiciales.