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lunes, 8 de junio de 2015

Anotaciones sobre el caso Andorra

La Banca Privada de Andorra estructuró en Venezuela un esquema para aprovecharse de la bonanza petrolera, de tal forma que si surgía algún problema la culpa siempre sería de sus empleados latinoamericanos. Les salió mal

@javiermayorca

En marzo de este año, la directora de la Red de Lucha contra Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCen, por sus siglas en inglés) Jennifer Shasky anunció que serán emitidas un conjunto de medidas para impedir las operaciones internacionales de la Banca Privada de Andorra (BPA).
El organismo encargado de investigar la legitimación de capitales en EEUU detectó que la BPA prestaba “servicios financieros a la medida” para que los clientes pudiesen ocultar el origen de sus fondos, y ponerlos a buen resguardo en el sistema financiero del principado europeo, calificado como un “paraíso fiscal” hasta hace apenas cinco años.
La declaración indica además que a través de la BPA fluyeron fondos de grupos de delincuencia organizada rusa, china y venezolana. En el último caso, se trataría de más de cuatro millardos de dólares procedentes en su mayoría de operaciones ilícitas que involucran a la industria petrolera y otros despachos gubernamentales.
Poco después, las autoridades de Andorra y España se movilizaron. En el primer lugar fue intervenida la BPA (por segunda vez), mientras que en territorio ibérico hicieron lo propio con el Banco Madrid, que desde hace cinco años era propiedad completamente de aquélla banca, y servía como conducto de fondos de origen ilegal.
En Venezuela, este caso ha sido tratado como un tabú, como muchos otros relativos a la participación abierta de altos funcionarios en el crimen organizado transnacional. De eso simplemente no se habla, y mucho menos se profundiza desde el punto de vista institucional. Al ser invisibilizado desde el oficialismo, que domina por completo los poderes públicos nacionales y más del 70% de todos los medios del país, cualquier señalamiento hecho desde el exterior cae rápidamente en la censura y el olvido.
El Parlamento como entidad anunció que investigaría el tema. Hasta ahora solo ha sido un canto a la bandera. Esto no sorprende. Es la misma línea tomada con respecto a otros casos de corrupción (Bermúdez, Illaramendi, Carvajal, Pudreval, etc.). Sólo el diputado opositor Julio Montoya ha realizado algunas indagatorias, valiéndose de lo que él denomina “mecanismos de cooperación interparlamentaria”. De su más reciente viaje a España queda claro que los señalamientos contra BPA surgen de dos pesquisas realizadas por la Guardia Civil, con cooperación de distintas agencias estadounidenses. La más antigua, llamada Operación Crudo, fue conocida en algunos aspectos en 2010, a propósito de la detención en Andorra del exjefe Antidrogas de la policía judicial venezolana, comisario general jubilado Norman Danilo Puerta. La segunda operación, Cleotilde, reveló el supuesto lavado de dinero a través de la BPA de fondos pertenecientes a redes de Semion Moguilevich (importante exponente del crimen organizado euroasiático), Gao Ping (mafia china en España) y varios exviceministros del área energética y de seguridad venezolana como Nervis Villalobos, Javier Alvarado y Alcides Rondón, así como el exdirector de la policía política (Disip) capitán Carlos Aguilera y empresarios del área de seguros como Omar Farías. Muchos de ellos claramente llenan los requisitos para ser calificados de “personas políticamente expuestas”.
BPA: "Servicios a la medida"
Montoya ha optado por concentrar sus esfuerzos en el último de los grupos. En una conversación con él hace dos semanas, argumentó que el perfil político de los involucrados en esa estructura es más elevado que los de la primera (Puerta y compañía). Esto es cierto a medias. Uno entiende que la escasez de los recursos básicos para cualquier investigación, como son el tiempo y el dinero, obligan a enfocarse solo en algunos aspectos. Pero en lo relativo a la BPA todavía hay muchos puntos oscuros sobre sus inicios en Venezuela, hace ya nueve años, hasta su cierre en 2011.
La BPA abrió una oficina de representación en Venezuela en 2006. Estaba en el piso 1 de la torre A del Centro Ciudad Comercial Tamanaco. Hasta hoy, ese espacio está registrado a nombre de una firma de “gestión financiera”, que para nada sugiere la actividad de la banca andorrana.
Casualidad o no, hay que recordar que un año antes, en 2005, el presidente Hugo Chávez había cesado cualquier cooperación con la Sección para Asuntos de Narcóticos del Departamento de Estado (NAS, por sus siglas en inglés), y por ende con la Administración para el Control de Drogas (DEA). A partir de ese momento, se conjugaron en Venezuela dos factores ideales para el asentamiento de todo tipo de mafias. Por una parte, un creciente aislamiento desde el punto de vista de la cooperación con policías internacionales. Algo de eso perdura hasta estos días. Por la otra, un enorme efecto riqueza derivado de los altos precios del petróleo.
Solo hacía falta crear algunas estructuras con fachada legal para aprovechar estas situaciones. Si nos atenemos a lo dicho por los representantes del Tesoro estadounidense, la BPA fue una de tales estructuras. Hubo otras. Según el periodista inglés Jeffrey Robinson, la más notable era el Stanford Bank. Su antigua sede en El Rosal es ahora el Ministerio para Servicio Penitenciario.
Desde Andorra, los directivos de la BPA contrataron en 2005 a una exgerente del Banco de Venezuela, Mariela Prieto, así como a un ejecutivo del Banco Atlántico Salvador Lozano. Prieto era la persona de los contactos con el mundo local de las finanzas. No se hacía publicidad abierta en los medios de comunicación venezolanos. Bastaba la que va de boca en boca. Discreción ante todo.
Los interrogatorios llevados a cabo en un tribunal andorrano a propósito del caso Puerta confirmaron que la oficina venezolana no reportaba directamente a la central en el principado sino a una subsidiaria registrada en Panamá, BPA Serveis (o Servicios). Los clientes captados aquí no eran sometidos a los análisis rigurosos que ya entonces se imponían a la banca internacional según los principios de “conoce a tu cliente”. Lo más importante era el dinero, no la licitud de su origen. Pero la presión por captarlos recaía sobre los operadores en Venezuela, que recibían una comisión por cada euro que finalizaba en las arcas de la entidad en el principado europeo. Esto permitió a los representantes de la BPA en Andorra culpar a los agentes en Venezuela cuando todo quedó al descubierto con el caso Puerta. Una coartada muy floja. Es cierto que el comisario omitió informar que era un alto funcionario de la principal policía del país, ligado al área antidrogas. El se presentó como un ganadero falconiano. Pero si los empleados de BPA en Venezuela hubiesen preguntado aquí y allá, pronto habrían conocido la verdad. Era su obligación y no la cumplieron. Tampoco se dieron cuenta de que al menos dos de los que abrían cuentas junto a Puerta estaban ligados a casos de drogas en el país. Se identificaron con pasaportes diplomáticos, supuestamente emitidos a instancias del Ministerio de Finanzas. Demasiadas casualidades juntas.
Visto en perspectiva, los 1,4 millones de dólares incautados a Puerta representan apenas una ínfima parte del dinero que según EEUU fue lavado por funcionarios venezolanos en la BPA-Banco Madrid. Sin embargo, su caso es el que más evidencia pública ha arrojado hasta ahora sobre el mecanismo implantado en el país por esa entidad financiera.
En Venezuela, la BPA ofrecía el cambio de bolívares a dólares a través de negociaciones con bonos de la República hechas en Panamá. Los bolívares eran depositados en la cuenta de una compañía venezolana manejada por Mariela Prieto. El equivalente en divisa estadounidense era depositado en cuentas pertenecientes a empresas de papel, registradas en Panamá como parte del paquete de servicios de BPA Serveis. Esas cuentas servirían simplemente para insertar los dólares en el sistema financiero y transmitirlos a Andorra, donde eran abiertas otras cuentas, esas sí a nombre de los clientes venezolanos.
Una vez montada la madeja de cuentas, también era posible que los dólares fuesen llevados físicamente hasta el exterior para depositarlos en las agencias de la entidad financiera en el principado, en Madrid o desde cualquier otra locación donde hubiese corresponsalías de BPA, como México, Panamá o Uruguay. En los tribunales de Andorra, Puerta declaró que este mecanismo fue aplicado por otros de los investigados en su mismo caso.
Este sistema, con leves variantes, fue puesto en práctica por numerosos grupos en Venezuela para eludir el control de cambios. Algunos respondían a casas de bolsa y operadores financieros legítimos y con tradición. Otros eran trampas para estafar a ciudadanos. Uno fue montado por Adriano Rosetti, alias el Gordo, con conexiones en Panamá y la ciudad de Doral (Florida). Rosetti murió en 2014 en una clínica caraqueña, donde permanecía gracias a una medida humanitaria concedida por un juez debido a su “obesidad mórbida”. Pero el resto de su grupo permanece intacto. El expediente instruido por la Fiscalía en Venezuela lo vincula a fraudes que llegan a nueve millones de dólares.
En cuanto a los dos grandes grupos ligados a supuesto lavado de dinero a través de la BPA, la Fiscalía ha mostrado la misma actitud reactiva. Hace diligencias cuando el escándalo ya es del dominio público. Pero no va más allá. Puerta fue aprehendido en mayo debido a sus propios errores en la evaluación de riesgos. Creyó que la actitud de los fiscales sería tan complaciente como la que tuvo otra funcionaria de la misma institución cinco años atrás. Se presentó sin siquiera tantear el terreno con un abogado. Pero ahora el clima político exigía aunque fuese un detenido. El facilitó la tarea oficialista de hacer “propaganda por hechos” con un actor secundario.
Pocos días después apresaron a Richard Cammarano, uno de los investigados junto a Puerta en el primer grupo. Tampoco evaluó bien. Intentó salir a Lisboa por Maiquetía. Otros sujetos solicitados o que formalmente estaban en prisión han escapado anteriormente por ese aeropuerto, es verdad. Pero su viaje acompañado de un funcionario del Saime y de la exmagistrada Morandy hubiese sido grotesco. Demasiado para un país que ya es visto como amenaza para la seguridad de otras naciones.

Breves

*En el aeropuerto El Dorado de Bogotá los empleados de Conviasa aplican un extraño procedimiento. A las personas que adquirieron sus boletos en bolívares, les exigen el pago en efectivo de 90.000 pesos (aproximadamente 40 dólares) por concepto de tasa aeroportuaria, algo que supuestamente el pasajero ya canceló cuando hizo la compra. Desde luego, las quejas de los pasajeros por esta “doble tributación” son permanentes. A ellos les ofrecen reintegrarles en Maiquetía la diferencia entre lo que pagaron en bolívares y en la moneda colombiana, calculada a la tasa oficial. El problema radica en que al llegar al terminal aéreo venezolano generalmente la oficina de la línea bandera está cerrada (casos de madrugada), y si hay alguien allí no hacen el reintegro de manera inmediata. Otra ilegalidad parecida ocurrió en mayo en el aeropuerto Caracas, cuando una gerente del Inac decidió por cuenta propia cobrar impuestos por despegue y aterrizaje en dólares a las aeronaves de matrícula nacional. La guinda a esta torta la puso el director encargado de Seguridad del Aeropuerto de Maiquetía Jesús Tenorio, cuando ofició a las líneas áereas para exigirles que instalen con sus propios recursos sistemas de circuito cerrado de TV que vigilen las áreas públicas del terminal hasta los mostradores, y las líneas de equipaje desde los mostradores hasta la plataforma en pista.

*En una conferencia dictada recientemente en Medellín, un investigador de la fundación Nuevo Arcoiris reveló que el contrabando hacia Colombia de combustibles y productos subsidiados en Venezuela ya traspasó los departamentos fronterizos para adentrarse hasta el centro del territorio neogranadino. Los líderes de las redes dedicadas a este delito se percataron de que las únicas barreras para el paso de estas mercancías están en algunos puntos limítrofes. Una vez rebasados, no hay cortapisas para establecer puntos de comercialización en cualquier parte. En el lado venezolano, además, hay poblaciones enteras en Zulia, Táchira y Apure que han abandonado sus labores habituales para dedicarse al traslado de mercancías de un país a otro. Las ganancias simplemente no tienen comparación. Cualquier intento de la fuerza pública por detener estos transportes es rechazado cada vez con mayor virulencia. El 9 de mayo una poblada incendió un puesto militar y atacó los vehículos del Ejército en el sector La Cooperativa del estado Táchira, luego de que un grupo de militares mató a Jorge Alexander Alba, de 22 años de edad, supuestamente ligado a un grupo de contrabandistas de combustible. De nada valió la detención de nueve uniformados. Durante varios días, este suceso generó un vacío de autoridad convenientemente aprovechado para dar luz verde al paso de mercancías.

Batalla en la Cota 905
*Pero los vacíos de autoridad no sólo ocurren en la zona fronteriza con Colombia. En Caracas son cada vez más frecuentes las áreas donde las policías y los militares no llegan, o son rechazados con armas si intentan entrar sin permiso de los grupos que las controlan. El primer experimento se llevó a cabo en el 23 de Enero. En 2008 las patrullas de la Policía Metropolitana fueron echadas a tiros de allí por los colectivos. Los agentes más nunca regresaron. Posteriormente, el esquema fue extendiéndose a otros sectores. En Guarataro, por ejemplo, las bandas han repelido en dos oportunidades a las comisiones de Polinacional que han intentado restablecer la calma durante enfrentamientos entre grupos criminales. Entran luego, a recoger los cadáveres. En Cementerio y la Cota 905 también. Lo sucedido el 5 de junio en este último sector, por lo tanto, no es casual. Los grupos delictivos que operan en ese lugar son conocidos por CICPC. Hay informes al respecto elaborados por el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado, pero no se ha hecho nada. Tal parece que se ha establecido una suerte de convivencia entre estas organizaciones y los cuerpos de seguridad, rota en ese lugar el fin de semana con saldo de cinco oficiales de PoliCaracas heridos y nueve motocicletas quemadas. Habría que preguntarse por qué brevemente cesó la pax en la vecindad de la policía municipal.

*Los cuerpos de seguridad lucen cada vez más disminuidos ante una delincuencia envalentonada. En CICPC se llevó a cabo una reunión el 2 de junio con la asistencia de directivos y jefes de los principales despachos. Se analizó una batalla campal entre bandas de Cementerio el fin de semana anterior, que dejó tres muertos. Durante ese enfrentamiento los cuerpos de seguridad no pudieron acceder al sitio. Se decidió tomar medidas especiales de protección cada vez que sea necesario practicar alguna diligencia en esa zona, así como en Guarataro y la Cota 905. Los vehículos de los funcionarios no podrán tener logotipos de la policía, todos los agentes de las comisiones deberán llevar chalecos antibalas y no podrán ser de menos de tres funcionarios. Esta orden se mantendrá hasta nuevo aviso.


Vélez, recibido por el titular del MRI
*Luego de la extradición a Venezuela de Leiver Padilla, alias Colombia, el caso relativo a los asesinatos del diputado oficialista Robert Serra y de su asistente María Herrera ha adquirido tintes claramente partidistas. Hasta ese momento, las investigaciones policiales reforzaban la tesis del homicidio en el curso de un robo, orquestado desde el núcleo de agentes que escoltaban al parlamentario. En este escenario, el crimen obedecía a dos propósitos: un ataque preventivo por parte del oficial de PoliCaracas Eduwin Torres para impedir que le cobraran a él o a su familia alguna infidelidad, tal y como había sucedido con otro custodio del parlamentario, el inspector Alexis Barreto, asesinado en julio de 2012. El otro propósito, que servía como atractivo a los demás participantes en el crimen, era la sustracción de grandes cantidades de efectivo y armas que guardaba la víctima en su vivienda. Desde la llegada de Padilla se quiere imponer la teoría de un complot urdido desde el exterior, con la supuesta complicidad de opositores venezolanos. A la historia se le añadió un nuevo ingrediente con la captura del exconcejal colombiano Julio César Vélez. El martes 2 de junio en la noche, el MRI envió a todos los cuerpos de seguridad una foto de quien fuera edil en Cúcuta por el partido de la U (liderado por el expresidente Alvaro Uribe), y anexo un texto en el que lo identificaban solamente como Julito Vélez, sin indicar otros detalles de importancia tales como lugar de nacimiento, edad y otros rasgos que contribuyeran a su detección en las calles. Aún así, el hombre fue aprehendido en el peaje ubicado en los límites entre Yaracuy y Lara, por donde se trasladaba en un taxi a occidente. Ahora se habla con insistencia de la supuesta complicidad de un parlamentario merideño en el asesinato. El expediente Serra cada día se parece más al del fiscal Danilo Anderson. Los periodistas de investigación tendrán mucho trabajo.