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domingo, 29 de marzo de 2015

Para entender la Lista Obama

La primera Orden Ejecutiva del presidente de EEUU basada en una ley de reciente aprobación ha empujado al gobierno venezolano a cerrar filas en torno a militares y funcionarios señalados por violaciones a los derechos humanos. Un manejo torpe que en nada contribuye a superar el conflicto

@javiermayorca

El 8 de marzo, el presidente de EEUU Barack Hussein Obama emitió una Orden Ejecutiva que ha sido y seguirá siendo objeto de múltiples controversias y manejos políticos. Esta decisión condujo a la elaboración de una nueva “lista de personas especialmente designadas” (SDN, por sus siglas en inglés). Si la que contiene los nombres de sujetos supuestamente involucrados en tráfico de drogas es conocida como Lista Clinton, esta pasará a la historia con el apellido del actual mandatario estadounidense.
La Lista Obama es una de las consecuencias, directa e inmediata, de la aprobación el 16 de diciembre de 2014 en el Congreso estadounidense del Acta de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela, un instrumento legal que luego de un largo proceso logró el consenso de las principales fuerzas políticas que hacen vida en Washington. Esa ley asigna al Jefe del Estado norteamericano la potestad de señalar cuáles serían los funcionarios venezolanos objeto de sanción.
Entonces, aquí ya están las primeras condiciones o limitaciones fijadas por la referida ley: 1) los “sancionables” son agentes u operadores del Estado Venezolano; 2) las sanciones, tal y como ocurre con aquellos individuos ligados a redes de tráfico de drogas y al terrorismo, son de carácter administrativo. Si las personas señaladas poseen visado, se les suspende, y si no lo tienen se les niega. Igualmente, se les congelan sus bienes y activos en EEUU, y se prohíbe a cualquier persona o empresa con intereses en ese país establecer con ellos cualquier tipo de relación económica.
La Orden Ejecutiva de la que surge la Lista Obama es la forma que se establece para ejecutar la ley aprobada en diciembre. Los señalamientos particulares contra seis militares venezolanos y una fiscal del Ministerio Público, por lo tanto, son básicamente reproches de orden político. En este sentido, poco importa si ellos poseen o no activos en EEUU, o si en sus pasaportes hay permisos de entrada a ese país.
Llama mucho la atención la escogencia de los primeros sancionados. Si se tratara de un juego de ajedrez, diríamos que EEUU apuntó a los alfiles. Son personajes importantes, pero no mucho. Mañana, cuando dejen sus cargos, pocos los recordarán. Entonces, además de un reproche personal por las acciones u omisiones en las que pudieron incurrir durante la crisis política desatada a partir de febrero de 2014, hay un mensaje implícito a sus jefes inmediatos y en fin de cuenta a las personas que encabezan los poderes públicos donde ellos ejercen. ¿Por qué Obama no apuntó en su primera lista a los ministros de Relaciones Interiores y Defensa, a la Fiscal General y a los gobernadores de Estado que avalaron abiertas violaciones a los Derechos Humanos? Al ver esto, uno puede concluir que Washington aún no quiere eliminar toda vía de negociación, precisamente, con aquellos que ordenaron a los actuales sancionados.
Vendrán más nombres
La posibilidad de un entendimiento está abierta incluso para los seis militares y la fiscal. La Orden Ejecutiva es clara en el sentido de que la Cancillería estadounidense podrá emitir permisos especiales para que alguno de los integrantes de la Lista Obama viaje a EEUU. Nada fácil. Pero se debe recordar que algunos nombres incorporados en listas anteriores han sido posteriormente borrados.
El gobierno venezolano ha errado el enfoque sobre lo que debe hacer en esta situación. Siguió el libreto esperado: primero, las apelaciones a un nacionalismo que ya nadie cree. No sólo por la actitud muy poco nacionalista (y de mucha candidez) que se ha tenido con respecto a Cuba y Guyana, sino también porque ya sabemos que muchos de los operadores del régimen son responsables por el desfalco al erario público, básicamente mediante transferencias a paraísos fiscales del exterior o a bancos suizos dispuestos a recibir estos fondos sin hacer muchas preguntas. Nada de esto tiene que ver con la defensa de los intereses del país.
También han apelado al miedo, usando para ello todos los recursos del Sibci, recordando invasiones e intervenciones castrenses en contextos totalmente distintos. Para darle más sustento a esos temores, Maduro ordenó unos “ejercicios militares defensivos” apenas se conoció la Orden Ejecutiva. Resultado: un suboficial muerto y más dispendio de recursos.
Ahora, se quiere usar la campaña gubernamental contra la Lista Obama como una herramienta de control político. Están obligando a los funcionarios públicos a firmar en respaldo a un comunicado atribuido a Maduro. En los cuerpos de seguridad se plantean nuevamente situaciones aberrantes. La amenaza velada es: al que no firme lo desplazan, no ascenderá. A los presos también los han obligado a suscribir el texto ¿Eso no es violatorio a los derechos políticos y a la libertad de pensamiento?
En fin de cuentas, el Gobierno no está defendiendo la soberanía nacional (un concepto de altísima relatividad actualmente) sino a seis militares y una fiscal que actuaron siguiendo las directrices impartidas desde arriba para ejercer violencia contra manifestantes y coartar el ejercicio de sus derechos en los tribunales. Con esa actitud, es seguro que a la vuelta de unos días nuevos nombres serán incorporados en la Lista Obama.
La Orden Ejecutiva tiene un aspecto inquietante. En el segundo párrafo se indica que la erosión de los derechos humanos en el país, la persecución de los opositores políticos, la merma de la libertad de prensa, la violencia contra los manifestantes, los arrestos y detenciones arbitrarias así como la corrupción exacerbada “constituye una inusual y extraordinaria amenaza contra la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”.
Es paradójico que esto lo afirme el demócrata Obama (cuyo ascenso al poder fue saludado por Chávez) y no algún conservador tipo Bush, con quien hubo tantos conflictos, abiertos y encubiertos. Quiere decir, entre otras cosas, que para EEUU estos problemas no son tan domésticos como lo sostiene el gobierno venezolano. Que la corrupción y la violación continuada a los derechos humanos en territorio nacional surten efectos sobre la vida estadounidense. El tema de los nexos entre Venezuela y gobiernos forajidos no se menciona aquí. Ese aspecto es evaluado a través de otros mecanismos.
Es absurdo creer o sugerir que por esta razón mañana podrán estar los marines plantando bandera en Chichiriviche. Lo que se desprende en este caso es la convicción de que Washington está dispuesto a asumir un rol mucho más vigilante y proactivo en torno a lo que sucede en el país.
Otra paradoja más en todo esto es que la ley que dio origen a la Lista Obama continuará vigente cuando Maduro deje el poder. Si los que hoy gobiernan pasan algún día a la oposición, quizá respiren con alivio al saber que los nuevos mandatarios lo pensarán dos veces antes de aplicarles el garrote con la misma virulencia que ellos han mostrado hasta ahora.


Breves

*Un manejo perverso se le está dando desde los poderes públicos a la pequeña crisis ocasionada por los rumores sobre el rapto, y en algunos casos el secuestro de niños, que corrieron con fuerza el martes, a propósito de dos manifestaciones llevadas a cabo respectivamente en la autopista Francisco Fajardo y en la avenida Francisco de Miranda. Estas acciones de calle hasta cierto punto operaron ante la opinión pública como aval de las informaciones –no corroboradas- sobre tales raptos. La foto de una mujer plantada en la vía con una pequeña pancarta que expresaba su rechazo al “robo de niños” también dio combustible al miedo colectivo. Los medios independientes, y en fin de cuentas los periodistas que trabajamos en ellos, nos dimos a la tarea de corroborar si había alguna denuncia o averiguación de oficio sobre este delito. La respuesta de las contrapartes policiales y de gobiernos municipales siempre fue negativa. Entonces, estábamos ante una manifestación originada en un hecho incierto, no constatado. Eso ya resulta una inconsistencia. En las pesquisas de raptos y secuestros de menores de edad se impone la discreción, a menos que el delito se hubiese cometido en forma tan descarada y con tantos testigos que fuese inocultable. Pero en el caso del martes los rastreos periodísticos nunca determinaron los nombres de las víctimas, nunca llegaron a los padres de carne y hueso clamando por la devolución de sus hijos. Esta situación hizo recordar los rumores esparcidos desde enero por las grandes ciudades del país, sobre los supuestos secuestros de niños en los que los captores exigían a cambio la entrega de dos carritos de automercado llenos de víveres. Estos datos siempre son esparcidos por “un conocido del cuñado de la víctima”. Es decir, a la postre no hay un origen preciso. Esta es una de las características clásicas del rumor incierto. Ahora bien, el martes ocurrieron varias cosas además de las manifestaciones. En La Victoria, por ejemplo, una mujer se lanzó a llorar en la calle sin mayor motivo, y atrajo brevemente la atención de las autoridades. En Carabobo, Guárico y los estados andinos también corrió la especie sobre los raptos de menores de edad. Hubo, entonces, una acción simultánea, concertada. Ante esto, los medios independientes y sus periodistas siempre se ajustaron al tratamiento ético de la información. El miércoles, una mujer fue detenida por simulación de hecho punible, cuando supuestamente denunció el secuestro de su hijo en las cercanías de un plantel de Chacao. De inmediato, las autoridades de ese centro educativo divulgaron una circular en la que advertían sobre la situación, pues entonces (al contrario del día anterior) la mamá de la víctima estaba identificada. El dato sobre los secuestros de infantes parecía constatarse. Pero en la tarde la situación dio un giro, cuando CICPC determinó que todo era un engaño. Es decir, efectivamente hay una maniobra concertada para explotar uno de los temores más profundos del ciudadano, referido al secuestro o rapto de su descendencia. Son miedos incrustados en la cultura urbana. Es el “coco” de los cuentos infantiles, luego llevado al cine en la saga de Freddy Krueger. Allí parece estar, en las calles de Caracas y otras ciudades, usando distintos medios. Aquí un Aveo, allá una camioneta. Al final del día, el único beneficiado por toda esta histeria ha sido el Gobierno, y en partida triple. Por una parte, Maduro aprovechó para descalificar nuevamente a la oposición, atribuyéndole el origen de esta trama, supuestamente ideada por el inasible JJ Rendón. La fiscal Ortega, por su parte, se atrevió a sugerir la necesidad de implantar más controles a la ya menguada libertad de expresión en el país. Finalmente, aunque no por eso menos importante, hubo un hecho claro: por un día, los venezolanos de las grandes ciudades del país dejaron de pensar en la agobiante escasez y en la inflación, para concentrarse en sus propios miedos.

El informe sobre BPA fue engavetado
*Cada vez surgen más pistas sobre el destino del dinero sustraído de las arcas públicas. Cada vez conocemos más nombres y apellidos de personas que se enriquecieron a manos llenas durante el festín petrolero. Ya sabíamos, a propósito de un litigio ante una corte civil de Florida (EEUU) sobre operaciones supuestamente ilícitas que involucraban la transferencia de millones de dólares desde el Ocean Bank a una cuenta en Suiza cuyo beneficiario era el entonces presidente de Pdvsa Rafael Ramírez. El banco de Florida fue multado por las autoridades estadounidenses con 10 millones de dólares debido a la ausencia de la debida diligencia en la activación de mecanismos para la detección y reporte de operaciones sospechosas como las que originaron el juicio. Ya sabíamos sobre los desfalcos al Bandes y al Fondo de Cooperación Chino Venezolano. En ninguno de estos expedientes el dinero ha sido recuperado. Ahora llegan en forma casi simultánea los señalamientos sobre cuentas con más de siete dígitos en HSBC y en la Banca Privada de Andorra. Ante esto, la titular del Ministerio Público inicialmente declaró que solicitaría en los países de destino los nombres y apellidos de todos los venezolanos cuentahabientes en entidades financieras de Suiza y el principado. Son cosas que se declaran para causar una buena impresión. Más nada. La propia funcionaria sabe que una petición de esa naturaleza quedará engavetada por genérica e imprecisa. En cambio, la Fiscal podría actuar basada en un informe que le remitieron a su despacho en 2010 a propósito de las investigaciones sobre la detención en Andorra del exjefe antidrogas de CICPC, comisario Norman Puerta. Allí hay nombres de otras personas y empresas, lugares y números de cuentas que bien podrían servir para comenzar a desenredar parte de la madeja. Pero no lo hará. Han pasado casi cinco años desde aquella remisión, y nunca dieron siquiera acuse de recibo. Luego se quejan sobre la “falta de cooperación extranjera”.

*Dos homicidios en similares circunstancias han involucrado como víctimas a funcionarios gubernamentales de importancia para las instituciones donde laboraban. El 3 de marzo en la madrugada sujetos aún sin identificar mataron al gerente Aduanero del Seniat Pedro José Boutto. Inicialmente se informó de manera oficiosa que lo mataron en la autopista Francisco Fajardo a la altura de El Recreo para robarle su camioneta Toyota Merú. Pero el vehículo quedó en el lugar del atentado. En la madrugada del jueves 26 de marzo, también en la misma vía aunque en el distribuidor Altamira mataron al gerente de Prevención y Control de Pérdidas de Petróleos de Venezuela Oswaldo González. En este caso, la policía judicial investiga a un grupo de militares. Se ha filtrado el dato de que González fue ultimado por confusión. Pero al momento de redactar estas líneas no hay nada claro al respecto. González participaba en varias investigaciones sobre desfalcos en la estatal petrolera…

*Muy activa está la Guardia Nacional en la revisión de los lineamientos del denominado Plan Zamora. Se trata de un documento secreto de aproximadamente 20 páginas que regula y orienta las actividades de ese componente militar ante ciertas contingencias que impliquen alteración generalizada del orden interno, cese en la prestación de servicios básicos (incluidos los supermercados), bloqueos de vías y acciones que se consideren tendentes a alterar el régimen político del país.  Entre las causas que, a juicio de los militares, justificarían una intervención están la “deslealtad a las ideas y a los intereses del país” (sic) y “acciones desestabilizadoras de los partidos de oposición”. La delincuencia común, germen de la violencia criminal que ha hecho de Venezuela el segundo país más violento del mundo, no es considerada como una amenaza. Tampoco se hace mención de los grupos armados que operan con libertad en Caracas y en las principales ciudades.

*Los grupos armados e importantes bandas criminales han sido los responsables de que Guárico ya figure tercero en la lista de estados con mayor cantidad de secuestros. El último caso reportado ocurrió en Zaraza, la misma población donde anteriormente habían plagiado a un estudiante de doce años de edad. La banda liderada por José Tovar Colina, alias Picure, aunque disminuida por las acciones policiales sigue operando en el estado llanero. Con ella compiten la organización de Juvenal, señalada por el plagio de dos importantes operadores chinos de la empresa Ciric y otra denominada Frente Guerrillero La Piedrota, que opera entre el sur de Aragua y El Sombrero. Hay once casos investigados en ese estado en 2015. Igualmente, se advierte
 el resurgimiento de los secuestros en los límites entre Aragua y Carabobo. En por lo menos dos oportunidades, las víctimas no fueron liberadas a pesar de que los familiares pagaron altas sumas de dinero. Fuentes policiales indican que estos últimos grupos podrían ser liderados por ex reos o individuos que se fugaron de algún retén policial en 2014.

PoliNacional: crisis anunciada
*El nuevo ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general (Ejército) Gustavo González López guarda bajo perfil mientras se empapa de la situación por la que atraviesan los cuerpos de seguridad. La información que le entregaron los representantes de la Policía Nacional Bolivariana es preocupante. Algunos datos: el presupuesto aprobado para este año es de 2,1 millardos de bolívares, 40% menos que el asignado en 2014, aunque con una inflación que según cifras oficiales rondó el 70%. El año pasado solamente se asignó 1% a gastos de funcionamiento. Más del 40% se fue en el pago al personal. PoliNacional, como sabemos, está en continuo crecimiento y hoy tiene en sus filas a casi 25.000 agentes. A este ritmo de gasto, las arcas del principal cuerpo civil armado estarán vacías en junio. Las consecuencias de este déficit crónico ya se ven en las calles. A los agentes, por ejemplo, no les renuevan los uniformes. Los vehículos están sin repuestos. Si un patrullero motorizado quiere reponer un caucho, debe pagarlo con su propio dinero. Es evidente además el aumento de la frecuencia de los casos que involucran a los oficiales de este cuerpo en hechos delictivos.

*La seguridad en el parque Francisco de Miranda, mejor conocido como Parque del Este, está en franco deterioro. Primero fueron los pequeños hurtos a los visitantes. Luego, acciones similares en los vehículos de ambos estacionamientos, tal y como lo ha reflejado el maratonista Ernesto Linzalata en su blog 42 Kilómetros. Hay sujetos que al parecer se dedican a sustraer lo que dejan los usuarios en sus automóviles, utilizando controles remotos universales. Los han denunciado y ninguna autoridad toma cartas en el asunto. Luego, vinieron los reportes sobre asaltos, especialmente en el sector sur del parque, colindante con el distribuidor Santa Cecilia de la autopista. Todo esto ocurre en medio de un progresivo abandono de la instalación por parte de la Guardia Nacional, que dispone allí de una compañía. Además, hay evidencias de desorden que anuncian cosas peores. Indigentes que pernoctan en los rincones de la instalación; la inoperancia de los controles de acceso y salida de vehículos, y motos que circulan por las vías internas a velocidades indebidas para un lugar de esparcimiento. La mesa está servida para que ocurra una tragedia, si no se toman a tiempo los correctivos necesarios.

domingo, 8 de marzo de 2015

La Parca generosa



El pago de los gastos funerarios es usado por el Ejecutivo desde hace ya diez años para promover el silencio de los deudos ante la creciente violencia que viven los venezolanos

@javiermayorca

El 19 de febrero dos estudiantes y miembros del movimiento Resistencia (opuesto al gobierno de Nicolás Maduro) fueron sometidos y ultimados con tiros de gracia en las cabezas. Sus cadáveres fueron encontrados en Los Flores de Catia.
Luis Fabián García y Yamir Tovar, de 22 años y 21 años de edad, respectivamente, vivían en el sector El Observatorio del 23 de Enero. Fueron asesinados presumiblemente por miembros de colectivos que operan entre esa zona y el bulevar Pérez Bonalde.
Hasta ahora, el hecho está impune. En medio del dolor ocasionado por estos crímenes, los deudos recibieron la noticia de que los gastos funerarios serían cancelados por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. De eso hay constancia documental y testimonios aportados a la periodista Angélica Lugo de El Nacional.
Funerales por silencio
El pago de más de 52.000 bolívares por una parcela en el Cementerio del Este no debe ser interpretado como un gesto de caridad. Tampoco es parte del programa (nunca iniciado) de atención a las víctimas de la violencia, previsto en el Código Orgánico Procesal Penal aprobado mediante la última Habilitante otorgada al entonces presidente Hugo Chávez. De ser así, el Ejecutivo habría corrido con los gastos de las 24.980 víctimas de homicidios que hubo en Venezuela durante 2014.
Esto en realidad forma parte de una táctica gubernamental que busca primordialmente promover actitudes de silencio por parte de los deudos de la violencia, especialmente en casos que podrían tener repercusión ante la opinión pública.
La primera noticia sobre el particular fue en junio de 2005, a propósito de la masacre de estudiantes de la Universidad Santa María en el sector Kennedy de Macarao. Como se recordará, en este expediente estaban implicados al menos 27 funcionarios de CICPC, PoliCaracas y la Dirección de Inteligencia Militar, no sólo como autores, sino también como cómplices y encubridores pues luego del crimen se intentó contaminar los sitios de suceso mediante la colocación o “siembra” de armas, para simular un enfrentamiento que nunca existió.
Durante la cobertura de este caso trascendió que la mamá de una de las víctimas trabajaba en el MRI, y que además recibió aportes para todos los gastos funerarios en el Cementerio del Este, que como sabemos suelen ser elevados. Simultáneamente, a los demás deudos y a las tres víctimas del grupo estudiantil que resultaron gravemente heridas les decían que debían guardar silencio ante la prensa, pues de lo contrario entorpecerían las averiguaciones, y cesarían los tratamientos médicos en instituciones oficiales.
La “compra de silencio” valiéndose de la necesidad de los familiares de las víctimas ha continuado en mayor o menor grado, según sea la relevancia del caso. A menudo los periodistas de sucesos encuentran en la Medicatura de Bello Monte a personas que no desean aportarles ninguna información pues el MRI, la Alcaldía de Libertador o algún otro despacho oficial está cancelando los gastos funerarios de sus familiares arrasados por la criminalidad.
Otra forma de intervención quedó en evidencia luego de las muertes de la actriz Mónica Spear y su esposo Thomas Henry Berry, en enero de 2014. Según los periodistas María Isoliett Iglesias y Deivis Ramírez, autores del libro Capítulo Final, el Gobierno puso a disposición de los familiares de las víctimas un jet de Petróleos de Venezuela para trasladarlos cuando antes desde el estado de Florida, donde residían. Una ayuda como esa es difícil de rechazar, especialmente en momentos de tanta necesidad. ¿Qué imagen hubiera proyectado el país si los deudos de este matrimonio no hubiesen podido venir a Venezuela debido a la imposibilidad de comprar un pasaje aéreo?
Uno quisiera que ayudas como estas en realidad nunca fuesen necesarias, pero que en definitivas cuentas obedezcan a un programa que abarque a todos por igual, sin atención a colores políticos o a la prominencia de las personas involucradas. Por otra parte, la atención a las víctimas de la criminalidad y a sus familiares no puede limitarse a un pago aislado. Eso es importante, pero quizá lo sea más un conjunto orgánico de iniciativas para mitigar los daños psicológicos y económicos ocasionados por la violencia en el mediano y largo plazos. Algo que también es responsabilidad del Estado. Es entonces cuando podemos apreciar a las víctimas del país en su desprotección habitual.
Al pagar por las tumbas, el Ejecutivo intenta lavarse la cara frente al problema de la violencia en Venezuela. No ataca las causas sino algunas manifestaciones externas; no va al cáncer sino a la fiebre. Y apenas pasa el escándalo, todo vuelve a la “normalidad” anterior.

Breves

*Extraño silencio ha guardado la Fiscalía ante el decomiso de un alijo de marihuana en una instalación militar del estado Apure, la última semana de febrero. El dato aportado por fuentes de la propia FANB indica que efectivos del Destacamento de Fronteras 356 de la Guardia Nacional hallaron 200 kilos de la referida droga en la sede del batallón Cedeño de Fuerte Yaruro. Por este procedimiento detuvieron al sargento primero Johan Leonardo Ruiz García, de 25 años de edad, adscrito al Regimiento Capital de la Guardia del Pueblo, aunque vive en Barinas. Estaba de reposo desde el 26 de enero. Los otros detenidos son Wilson López Méndez, Orifiel Pernía, Manuel Ovalles y José Mora Méndez, quienes también estaban desaparecidos desde enero. Las averiguaciones del caso son coordinadas por el fiscal décimo de Barinas José Jiménez. En principio, cuesta creer que un alijo de esa magnitud esté bajo la exclusiva responsabilidad de un sargento.

*El 3 de marzo cerca de las 4 pm, once sujetos interceptaron en el río Apurito a Dumar Ramiro Rodríguez Peroza, un campesino del sector Camachero de esa región. En ese momento, el grupo irregular se encontraba en una vivienda aledaña al curso fluvial, donde obligaron a una familia a que les diera el almuerzo. Al escuchar el motor de la lancha usada por Rodríguez Peroza, salieron y lo sometieron con disparos. Luego, lo llevaron amarrado río arriba. Al día siguiente, su cadáver fue encontrado por militares vía Guayabal con un tiro de gracia en la nuca. El caso es investigado por agentes de la delegación apureña de CICPC. Durante las entrevistas hechas entre el momento del secuestro y el hallazgo del cadáver, uno de los testigos indicó que los antisociales se identificaron abiertamente como “miembros de la guerrilla que iban a limpiar al sector Camachero de gente mala”.

*La Fiscalía Segunda de Delta Amacuro, a cargo de Romelis Malpica, adelanta una averiguación sobre una red de trata de blancas que opera entre oriente del país y la isla de Trinidad. Las pesquisas se iniciaron en febrero de este año, tras recibirse la denuncia de la hermana de una de las víctimas. La mujer supuestamente fue convencida por una amiga para pasar una temporada en el referido país como ayudante de peluquería. Salió de Puerto Ordaz a Tucupita y de allí a Trinidad. Durante todo este trayecto la víctima mantuvo comunicación con sus familiares. Les relató que con el pasar de los días sus acompañantes cambiaron progresivamente su actitud hacia ella, intentando que se subordinara a sus mandatos. Los investigadores creen que la mujer fue “vendida” en la isla a un grupo de lugareños. El pago no solo fue por la joven sino también por el traslado nocturno en lancha desde la capital deltana. Según el Departamento de Estado de EEUU, Venezuela es punto de origen y de tránsito de las organizaciones dedicadas a este delito. Las islas del Caribe como Trinidad y las Antillas Holandesas son puntos donde recalan las víctimas, para luego ser llevadas a Europa.

Botas negras en Portuguesa
*Los cuerpos de inteligencia detectaron una célula de 30 miembros del Ejército de Liberación Nacional en el sector La Capilla del estado Portuguesa. Los subversivos también son conocidos como Botas Negras, y según informes tienen presencia en la región desde 2013. Su líder es conocido con el apodo de Miller. En agosto de ese año, cuando ya tenían varios meses amedrentando a la población y extorsionando a los hacendados, supuestamente convocaron a la comunidad a la plaza Bolívar del sector “para imponerles sus órdenes”. En ese acto fue repartido un panfleto atribuido a los comandantes Gabino y Linchan, según el cual existe una “alianza” entre el gobierno venezolano y los irregulares “para que no exista secuestro ni extorsión en la zona”. El 4 de noviembre de 2014, efectivos de la policía de Guanarito ultimaron en un supuesto enfrentamiento a Arnaldo Andrés Machado, de 25 años de edad, alias Fabio Quiroz o Guerrillero, señalado como lugarteniente de Miller. En dos procedimientos anteriores, efectivos de la GN y del Sebin detuvieron a por lo menos siete miembros de esta organización, dos de ellos menores de edad. No obstante, sus actividades continúan. Recientemente se detectó la iniciativa de los Botas Negras por reclutar a elementos de la Milicia Bolivariana, acantonados en el estado Lara. Todo esto sucede mientras, en Colombia, ya se habla de la posibilidad de iniciar conversaciones de paz con los llamados elenos.

*Una situación delicada se planteó a partir del 18 de febrero en los sectores El Playón y salto Pará del estado Bolívar. Un comunicado de la organización indígena de la cuenca del Caura Kuyujani relata que ese día un teniente coronel de apellidos Giordani Leal acompañado de nueve soldados supuestamente quemó dos viviendas de indígenas, molesto pues los indígenas habían divulgado varias denuncias en su contra por supuestas irregularidades con la asignación de cupos de combustible. El oficial y los efectivos de tropa fueron retenidos por los indígenas de las etnias Yekwana y sanemá que allí habitan. Posteriormente, se sumaron indígenas y criollos de otros sectores, molestos por lo que consideran como constantes atropellos de los militares. Cabe destacar que según el propio comunicado las tropas fueron emplazadas allí a propósito de una invasión de mineros en 2006. Los militares, sin embargo, no lograron detener este desplazamiento de garimpeiros, y ahora tienen constantes enfrentamientos con los habitantes seculares de esas tierras, quienes exigen el cumplimiento en el otorgamiento de los cupos de combustible asignados por Pdvsa.

El general agranda la brecha
*Comenzó un distanciamiento entre el exministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general (Ejército) Miguel Rodríguez Torres y el gobierno de Nicolás Maduro, al que sirvió hasta octubre del año pasado. El oficial, lejos de tomarse las vacaciones que le encomendó el Presidente, ha estado muy activo en reuniones en el oriente del país, recordando su pasado como uno de los integrantes de la intentona golpista de febrero de 1992. La resolución 8610 del Ministerio de la Defensa, que abre la posibilidad de disparar y usar sustancias químicas contra manifestantes, le puso en bandeja de plata a Rodríguez Torres la posibilidad de hacer una crítica abierta que lo enfrente al Alto Mando encabezado por el general en jefe Vladimir Padrino (el militar más poderoso del momento) y al mismo tiempo lo ponga en sintonía con la tropa y las oficialidades media y subalterna, mayoritariamente opuestas al uso de armas letales contra quienes participan en manifestaciones callejeras. En un blog cuya autoría se le atribuye, el ex titular del MRI calificó la norma de “innecesaria” y “provocadora”. Falta ver si esto fue una actitud puntual o si forma parte de un proceso en el que finalmente Rodríguez Torres se propondrá como una alternativa política para los propios chavistas, en el entendido de que ciertos militantes de la oposición tampoco lo verían con malos ojos para una eventual transición.


*En un “informe de inteligencia”, elaborado en febrero por un general de brigada de la Guardia Nacional se afirma que la oposición “intenta seguir quebrantando al Gobierno Bolivariano e insiste en el camino de la aventura golpista”. Pero no ofrece datos concretos sobre las actividades encaminadas hacia tal fin. Solamente refiere 16 manifestaciones llevadas a cabo en Caracas para rechazar las detenciones de estudiantes y del dirigente opositor Leopoldo López. Una de las primeras recomendaciones del documento fue fortalecer el sistema de contrainteligencia, encaminado a desmantelar posibles conspiraciones internas, y “pasar a la ofensiva interviniendo decididamente a las ONG que hacen vida conspirativa en nuestro territorio”.