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domingo, 27 de diciembre de 2015

El año de las megabandas

Lo que distinguirá a 2015 de los años precedentes es la clara irrupción en todo el país de formaciones criminales que superan en número de integrantes, cobertura geográfica y delitos a lo que hasta el momento habíamos visto. Esto nunca pudo ocurrir sin la conjunción de dos factores: drogas y enganche político

@javiermayorca

En materia de seguridad ciudadana, 2015 pasará a la historia como el año en el que vimos la irrupción en todo el país de las llamadas “megabandas”. Según el Observatorio Venezolano del Delito Organizado, se trata de estructuras caracterizadas por poseer treinta o más integrantes, con un dominio geográfico extendido y un menú de delitos que rebasa los de grupos de menor cuantía, y que va desde la extorsión hasta el sicariato, el secuestro y el robo y hurto de vehículos.
Otro aspecto característico de las “megabandas” es el uso de la violencia como herramienta para preservar la cohesión interna y eliminar cualquier amenaza que venga de factores ajenos a la estructura.
Este tipo de grupos llegó a formarse ocasionalmente en la Venezuela prechavista. Se recuerda por ejemplo a la organización de Oswaldo Martínez Ojeda, cuyos golpes generalmente asociados al robo de transportes de valores rayaban en la espectacularidad. Pero el combo liderado por alias Mexicano se diferencia de los actuales en que no tenía el menor interés en ejercer control sobre porciones de territorio, y mostraba además cierta especialización.
El Observatorio de Delito Organizado identificó doce grandes organizaciones en todo el país. Pero con posterioridad han surgido informes de la Guardia Nacional y las policías judicial y Nacional que sugieren la existencia de muchas más “megabandas”. Por ejemplo, es claro que el clan Usuga, anteriormente conocido como Los Urabeños, tiene importantes posiciones alrededor de Colón, estado Táchira, y en diversas localidades del Zulia. Las organizaciones de John Wade y de Los Meleán hacen de las suyas también en el occidente del país.
Juvenal y su núcleo, aún impunes
En el centro del país hay grupos que han crecido desde 2006, alentados por el control sindical de obras públicas como el ferrocarril de Los Llanos, y posteriormente la Gran Misión Vivienda Venezuela. Algo similar ocurre en el oriente del país con estructuras que incluso han llegado a implantar en las obras públicas el pago del llamado “impuesto de paz laboral”. Eventualmente, esto ha generado conflictos que paralizan obras de contratistas de Petróleos de Venezuela.
Las bandas que mayor crecimiento han tenido en el país muestran por lo menos dos factores en común. Por una parte, es imposible que lleguen a tener las dimensiones actuales si no existen determinados enganches políticos. Las relaciones entre el crimen organizado y la política siempre han sido objeto de debate. La pregunta clave es hasta qué punto los líderes de partidos u otras organizaciones se involucran en el quehacer diario de las estructuras criminales. Una tesis del investigador Gustavo Duncan, publicada bajo el título Más que plata o plomo, sostiene que en las áreas periféricas la dependencia del político con respecto al criminal es mucho más intensa que en las capitales y centros administrativos. Duncan llegó a esta conclusión luego de comparar los casos de Colombia y México. Si se toma en cuenta esta premisa, uno puede entender por qué se ha puesto tanto encono en la neutralización de las bandas de la Cota 905 y el Cementerio, y en cambio las Fuerzas Bolivarianas de Liberación en Táchira y Apure o incluso la organización de Juvenal Antonio Bravo Sánchez en Guárico operan con relativa facilidad.
Todo grupo delictivo tiende a trazar alianzas con las autoridades más cercanas. Lo hizo la Cosa Nostra con los alcaldes democristianos de Sicilia y lo hace Juvenal con policías, militares y autoridades de Guárico  (ver http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/vinculan-a-un-alcalde-con-banda-de-el-juvenal.aspx). También su competencia, liderada por José Tovar Colina, alias Picure (http://www.panorama.com.ve/sucesos/Removido-jefe-de-seguridad-de-Guarico-por-datear-a-El-Picure-20151106-0015.html).
Otro factor que ha impulsado el crecimiento de simples grupos delictivos hasta transformarlos en “megabandas” es el tráfico de drogas. Hay testimonios muy claros en el sentido de que Los Urabeños, Picure, Juvenal, algunos grupos de oriente e incluso los de la Cota 905 están involucrados de lleno en el transporte de estupefacientes, el comercio de estas sustancias o ambas actividades. Esto explicaría, por ejemplo, el interés de las organizaciones del Cementerio y la Cota 905 en obtener dólares mediante los secuestros. La divisa estadounidense sería utilizada posteriormente para pagar los sicotrópicos que luego son comerciados en el oeste de Caracas.
Nada de esto, desde luego, puede ocurrir sin algún tipo de complicidad de factores policiales, militares e incluso políticos. Estos nexos son detectables con más facilidad en los entornos rurales. En las grandes ciudades uno puede darse cuenta de esto cuando las policías esgrimen excusas fútiles para no cumplir con su trabajo. Es allí donde las autoridades del Ministerio de Relaciones Interiores deberían poner el ojo, en vez de utilizar esta situación para divulgar un sospechoso discurso sobre un supuesto paramilitarismo, que solo ha servido para implantar estados de excepción en municipios fronterizos.
Tenemos de nuevo el caso de la Cota 905 y Cementerio donde CICPC, Polinacional y Policaracas se negaron a entrar con el argumento de que se trataba de una “zona de paz”, cosa que nunca tuvo una comprobación documental ni testimonial debidamente sustentada. Las organizaciones de alias Coki, Las Torres y otras tantas fueron creciendo en la medida en que percibían una dinámica de impunidad. Luego, cuando los policías entraron, y ya lo han hecho cuatro veces, fue para matar.
Los muertos no hablan, dice el refrán.


Breves

*Una delicada situación encontrarán los nuevos administradores del Poder Legislativo.  Cuando estas líneas son escritas ya se han hecho algunas reuniones informales de enlace entre funcionarios salientes y sus reemplazos. En materia de seguridad se ha encontrado una nómina paralela de varios cientos de personas. Algunas de ellas se desempeñarían como escoltas y personal doméstico de los parlamentarios e igualmente de individuos que nada tienen que ver con el Congreso. Tal y como sucedió en la alcaldía del Distrito Metropolitano cuando asumió Antonio Ledezma, salen a relucir los nombres de supuestos miembros de colectivos armados. A varios de ellos los veremos en los próximos días alrededor de la Plaza Bolívar, lamentando la pérdida de sus prebendas en medio de una retórica de supuesta protección a los intereses populares. El cuadro será aclarado aún más a partir del próximo 5 de enero.

*La detención del empresario venezolano radicado en Houston, Texas, Roberto Rincón, es una pieza más en el complicado rompecabezas del lavado de dinero armado gracias a la corrupción en la gestión de Petróleos de Venezuela. Si la estatal petrolera fue usada para el financiamiento de campañas electorales desde Venezuela hasta Argentina (no olvidar el caso del maletín de Guido Antonini); si usaron sus arcas para dar apariencia de legalidad al dinero producido por la corrupción y el tráfico de drogas a través de la Banca Privada de Andorra, para nada debería extrañar que los contratos fuesen otorgados mediante sobornos. Este es el meollo del caso por el que detuvieron a Rincón y su socio Abraham Shiera, el 16 de diciembre. Rincón, por cierto, había planificado la compra de la refinería venezolana en Curazao, en sociedad con un empresario dueño al mismo tiempo de una flota de cargueros petroleros y de un canal de televisión. En las reuniones preparatorias para este negocio, llevadas a cabo en Aruba, se llegó a redactar el borrador de un documento de compra/venta. Nuevamente, por este caso surge el nombre de un diputado electo por el oficialismo en Monagas, militar retirado y ex cónsul. Las evidencias en su contra se acumulan en juzgados de Texas, Nueva York y Florida. Este tema con seguridad será abordado por la nueva Asamblea Nacional.

*Han transcurrido más de quince días desde que el Presidente anunció la reestructuración de su Gabinete. En el caso de la cartera de Relaciones Interiores vuelve a comentarse la posibilidad de que Freddy Bernal reemplace al mayor general Gustavo González, tal y como sucedió en octubre de 2014, cuando Maduro destituyó por televisión al mayor general Miguel Rodríguez Torres. Bernal, sin embargo, ha formulado varias críticas a la actitud asumida por la cúpula oficialista (de la que él forma parte) luego de la derrota electoral del 6 de diciembre. Realmente, el mandatario no la tiene fácil. Por una parte, si nombra al exalcalde de Libertador se podría interpretar una concesión más a los colectivos (ya tienen el Ministerio para las Comunas), lo que no sería bien visto por el ala militar del Gobierno. De otra parte, Maduro puede ratificar en el cargo a un oficial que en nada ha contribuido a la disminución de la criminalidad. Jura y pide que le crean los logros que él mismo publicita. Pero no da ninguna evidencia estadística dura para acompañarlo. Quedaría por lo tanto la posibilidad de reemplazarlo con otro oficial, posiblemente el actual comandante general de la Guardia Nacional Néstor Reverol o el viceministro Cacioppo, también general activo de la GN. Aquí, como en el resto de la gestión ejecutiva, la crisis de talentos es evidente.

*Al cierre de esta columna llega una denuncia del comisario general jubilado de la Disip (actual Sebin) Lorenzo Maldonado, sobre una situación que afecta a más de 14.000 personas. El texto se explica por sí solo. Lo único que se podría añadir es que refleja una táctica que se ha visto también en otros despachos. Un Gobierno que culpa a los diputados recién electos por cuestiones que son de su estricta competencia, incluso antes de que asuman sus curules. El discurso está cantado: los nuevos parlamentarios serán señalados por el auge de la escasez, la criminalidad y cuanto mal padezcan los venezolanos. Esta es la denuncia de Maldonado: ¨(...) tengo 32 años de servicios con maestría en Seguridad y Defensa Nacional curso Nº 11. El motivo de la denuncia es que se ha cometido contra nosotros un delito de lesa humanidad, nos dejaron sin salario para la víspera de Nochebuena por una orden de Nicolás Maduro: que a los jubilados y pensionados de la DISIP (no les pagaran) a pesar de que Maria Girardo una de las jefas de Nómina del Ministerio de Interior y Justicia había pasado muy temprano las de activos, contratados y jubilados. Alegaron que por órdenes de la nueva Asamblea Nacional (...) era delito pagar con dinero inorgánico. A pesar de este fallido argumento sí ordenó pagar las nóminas de los activos y contratados. Con la falta de este pago que nos correspondía por derecho adquirido, el Sr. Jesús Sanchez presidente de la Caja de Ahorro no pudo pagar los gastos funerarios de los jubilados fallecidos cosa que atenta contra la salud y la integridad de nuestros funcionarios¨.