Publicidad

domingo, 11 de octubre de 2015

Mensajes sin espoleta

Los cinco ataques con granadas a estaciones policiales y a una comisión de PoliBaruta abren una nueva fase del terrorismo en el país. La impunidad nos dice mucho sobre quiénes pueden ser los perpetradores

@javiermayorca

Los cinco ataques con granadas contra estaciones policiales y una comisión de la Policía de Baruta, reportados entre las noches del viernes 25 y del domingo 27 de septiembre, forman parte de un peligroso ensayo destinado a generar condiciones de hecho similares a las que propiciaron la suspensión de garantías en municipios de la frontera con Colombia.
Fueron acciones terroristas ejecutadas con premeditación, alevosía y en la mayoría de los casos en condiciones de nocturnidad evaluadas con antelación por los perpetradores. Recojo al respecto la apreciación del ex jefe de Homicidios de CICPC, comisario jubilado Luis Godoy, en el sentido de que los cinco ataques fueron el producto de la decisión tomada por un mando único, capaz de organizar acciones en tres estados del país.
Analicemos los grandes rasgos de estos hechos, según las premisas fijadas en el párrafo anterior.

*Fueron acciones terroristas. Las definiciones sobre lo que es el terrorismo difieren de un Estado a otro. Naciones Unidas no ha podido generar un consenso en torno a lo que es el terrorismo, a pesar de la cantidad de ejemplos actuales y del pasado reciente, con infinidad de víctimas. El nacimiento de algunos países estuvo ligado de manera intrínseca a la ejecución de actos que en su momento fueron catalogados como terrorismo. Bruce Hoffman (1998) describe el viejo dilema, según el cual los terroristas para unos son los luchadores por la libertad para otros. Están además las acciones de organizaciones estatales o paraestatales, que intentan imponer o reforzar un régimen mediante la muerte, las amenazas y el miedo.
A pesar de estas divergencias, la gran mayoría de las definiciones incorpora dos componentes: 1) la amenaza de violencia o su ejercicio de hecho, y 2) la generación de un estado de ánimo en conglomerados específicos o en toda la sociedad destinado a imponer o perpetuar un régimen político, económico, social o religioso.
Para los estudiosos del tema, todo acto terrorista es por esencia un delito, pero desde luego no todo delito puede ser juzgado como terrorismo. Aunque parezca obvio, esto hay que decirlo pues en la actualidad existe la tendencia de llevar a este plano los legítimos reclamos de la ciudadanía o de organizaciones políticas opuestas a los gobiernos de turno.
La legislación venezolana indica que el acto terrorista es cometido “con el fin de intimidar gravemente a una población”. Es decir, el calificativo no surge de la persona o grupo que lo ejecute sino de la intencionalidad o propósito.
Esto bastaría para señalar sin duda alguna que los ataques a los puestos policiales y a una comisión de uniformados en Las Mercedes fueron actos terroristas. Si como afirma Jenkins todo hecho terrorista es en esencia un mensaje, en este caso cabría preguntarse a quiénes va dirigido.

*Objetivos blandos. Los cuerpos policiales encarnan el ejercicio de la autoridad. Aún en la Venezuela actual los agentes están entre los principales instrumentos para la aplicación de las normas. Tanto ellos como sus edificaciones representan valores de institucionalidad. Desde hace por lo menos cuatro años, los policías han sido víctimas permanentes de delincuentes ávidos por hacerse de armas de fuego y vehículos. Hasta ahora, sin embargo, no se ha demostrado que esta mortandad pretenda un objetivo ulterior. Es decir, está ligada básicamente a delitos contra la propiedad.
Igualmente, este año hemos visto un incremento en los casos que podríamos catalogar como ataques al puesto o al centinela. En 2015 y hasta el 25 de septiembre hubo cinco solamente contra la policía judicial. Todos los casos reportados tenían un componente de retaliación. Se presume que fueron cometidos por bandas o individuos en respuesta a una operación. Por lo tanto, la instalación atacada estaba ligada directamente a los funcionarios contra los que se deseaba actuar.
Los lanzamientos de granadas que empezaron el viernes 25 de septiembre contra la sede de la policía judicial en Mariara representan un giro de 180 grados con respecto a lo visto con anterioridad. Fueron arrojadas contra cuatro sedes y una comisión policial cuando había menos agentes, y cuando los que estaban no tenían la menor sospecha del riesgo que corrían. Las instalaciones no tenían vigilancia perimetral ni centinelas que pudieran dar respuesta inmediata.
Por lo tanto, eran objetivos blandos, desprotegidos. Las instituciones afectadas, sin embargo, poco tienen en común más allá de ser cuerpos policiales. De un lado, la policía de investigación por excelencia. Del otro lado, cuerpos preventivos regionales de Guárico y Miranda, y una policía municipal. Dos de las cuatro policías están dominadas por el oficialismo o el gobierno central, las demás por militantes de partidos opositores. Esta naturaleza variada de las “víctimas” impide ir más allá en las conclusiones. Entonces, los objetivos fueron escogidos simplemente porque se trataba de policías que ofrecían condiciones de oportunidad para llevar a cabo con éxito las arremetidas. En cuatro de los cinco casos se presume además que los ejecutores de los ataques no pretendían ir más allá de los daños materiales. Esto permite inferir además otro elemento importante, que sugiere la existencia de una campaña o acción concertada en fase inicial.

*Similitud en escogencia de medios. En los cinco casos de ese fin de semana, los explosivos fueron arrojados por sujetos que iban en motocicletas, en medio de escaso tránsito vehicular y, por lo tanto, con las vías de escape despejadas. En dos casos (PoliGuárico, CICPC Mariara) las motos fueron de baja cilindrada, mientras que los atacantes contra PoliBaruta y CICPC Llanito usaron cilindrada media (650 cc).
En los ataques contra la comisión de PoliBaruta y la sede de la Policía de Guárico en San Juan de los Morros fueron arrojadas granadas fragmentarias GPM75 de fabricación alemana. Contra el cuerpo municipal igualmente lanzaron un segundo explosivo M26 hecho en EEUU, aunque también es fabricado en Colombia. Ambos modelos formaban parte de los inventarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero desde hace varios años los principales suplidores de este tipo de armas para Venezuela están en China y Rusia.
Se debe aclarar además que luego de los estallidos es muy difícil precisar el origen de las granadas mediante experticias forenses. Quizá sea posible establecer alguna similitud en la composición química de los explosivos. Los trozos recuperados permiten establecer marca y modelo en el mejor de los casos. Pero no el lote al que pertenece la granada, lo que pudiera dar alguna orientación sobre su origen. La nula trazabilidad pudo ser un factor importante en la escogencia de las armas usadas. Sólo es posible presumir dos orígenes: polvorines militares venezolanos o contrabando. Al respecto el coordinador del programa de Seguridad Pública de Naciones Unidas William Godnick advirtió que los contrabandos de granadas son muy complicados y riesgosos. Por lo tanto, su frecuencia es casi nula.

*Ausencia de atribución, manto de impunidad. Hasta ahora no se ha reportado que grupo u organización alguna se haya atribuido espontáneamente los ataques contra los puestos policiales. No obstante, algunos voceros han sugerido dos posibles autores: bandas criminales en reacción a la ejecución de las redadas conocidas como Operación para la Liberación del Pueblo, o específicamente la organización liderada por José Tovar Colina, alias Picure, en respuesta a un enfrentamiento en el que resultó herido. Ninguna resiste un análisis a la luz de los hechos. En primer lugar, dos de las policías afectadas (PoliMiranda y PoliBaruta) no han participado en las OLP. Por lo tanto, no es consistente que sean atacadas sus sedes en la forma descrita. Por otra parte, el enfrentamiento en el que Tovar Colina supuestamente resultó herido ocurrió el sábado 26 al mediodía. Para ese momento ya habían transcurrido 16 horas del primer ataque, y 8 horas del segundo.
Los detenidos llevados a un hospital
Sólo han sido detenidas dos personas, supuestamente relacionadas con el atentado contra PoliGuárico. Se trata de jóvenes de 18 años y 16 años de edad respectivamente que cayeron por impericia al momento de escapar. Durante la permanencia en CICPC y al ser presentados en los tribunales guardaron absoluto silencio. Han pasado dos semanas de esto, y todavía no se reportan nuevos avances en las pesquisas. Nada sobre los suplidores de la granada, el origen de la moto que usaron, los procesos previos de comunicación por teléfonos, las juntas que pudieron convencerlos de que atacaran a una estación policial.
Hay, por lo tanto, un tono de impunidad en esta serie de ataques. Un tratamiento de bajo perfil que hace sospechar dos cosas: la intención por ocultar a los demás participantes en esta auténtica “conspiración”, y la posibilidad de que haya réplicas de igual o mayor contundencia.


Breves

*El Centro de Monitoreo del Terrorismo (TSC, por sus siglas en inglés) es una entidad manejada por agentes del Buró Federal de Investigaciones que mantiene una base de datos con más de 520.000 nombres de personas de todo el mundo, señaladas de participar o de haber participado en organizaciones o actos calificados como terroristas por el gobierno estadounidense. También figuran facilitadores de tales actos o militantes de organizaciones que aparecen en listas de vigilancia. La institución fue creada en 2003 en respuesta a los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York. Nutre sus archivos con datos de todos los cuerpos de seguridad estadounidenses y de naciones aliadas. La cadena CBS hizo un completo reportaje sobre este centro (http://www.cbsnews.com/news/inside-a-secret-us-terrorist-screening-center/). Con la activación de la Iniciativa Mérida, México se convirtió en uno de los países cuyos puertos, aeropuertos y servicios fronterizos están interconectados con el TSC. Estados Unidos lo promovió así, para prevenir que indeseables entrasen al territorio de ese país cruzando algún puesto de la extensa frontera del sur. El 3 de octubre, el Defensor del Pueblo venezolano fue “retenido” durante una hora cuando llegó en un vuelo al aeropuerto Benito Juárez. Lo que sucedió no fue producto de alguna confusión con el gobernador aragueño, cuyo nombre (Tareck) se escribe distinto, tiene otro apellido y distinta fecha de nacimiento (datos básicos para la identificación de quienes figuran en estas listas). Tampoco había una orden de captura internacional o notificación roja cursada a través de Interpol contra el ex gobernador de Anzoátegui. En realidad, él figura en una de estas listas de vigilancia. Cuando intentó pasar por el puesto migratorio con un pasaporte convencional se encendió la luz roja. “Si hubiese usado el pasaporte diplomático, el tratamiento de repente hubiese sido otro”, me aseguró un agente con conocimiento directo del caso. De inmediato, al Defensor lo condujeron a una habitación especial, donde fue entrevistado brevemente. Según la legislación mexicana, no podía estar privado de su libertad en esa oficina más de una hora, pues de lo contrario hubiese sido necesario disponer de una orden de captura. En el interín, con su teléfono personal, emitió los tuits que son del conocimiento público. William reiteró ante los funcionarios migratorios que iba a una conferencia sobre derechos humanos en Mérida (Yucatán), para la que había sido invitado. Esto fue verificado, así como la información contenida en su pasaporte. Luego le permitieron hacer la conexión con el vuelo interno hasta su destino final.

*La criminalidad gana espacios en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Primero, los asaltos afectaban a las personas en las vías periféricas. Luego fue en los estacionamientos. Después en las caminerías y pasillos que comunican a los terminales nacional e internacional. Más adelante conocimos los reportes sobre los frecuentes hurtos de equipajes en los patios internos. Ahora, los robos también son en las áreas de chequeo para los pasajeros que se disponen a viajar. Entre el 5 y el 9 de octubre fueron reportados por lo menos dos casos contra pasajeros o las personas que los acompañaban. Ambos ocurrieron en la madrugada, cuando llegan los viajeros para los vuelos que salen a las 6 am. Un testigo relató un caso del 8 de octubre: “A las 5 am hubo un fallido intento de atraco a mi persona mientras esperaba la salida del vuelo a USA. (…) Llamé a una persona de Seguridad que se encontraba a pocos metros de nosotros. Los tipos huyeron del sitio como por arte de magia. El vuelo se retrasó seis horas, y en esa espera hubo un atraco justamente en la entrada del recinto de chequeo de SBA. A punta de pistolas quitaron maletas, bolsos, pasaportes, etc. Golpearon a dos personas, y la GN nada que ver”. Cuatro usuarios de redes sociales validaron este relato. Entre las víctimas estaban personas que tramitarían su salida del país, precisamente debido a la inseguridad.

*La operación en la que murieron dos oficiales de la Aviación militar venezolana, respectivamente piloto y copiloto del caza Sukhoi siglas AMV-0460 nada tuvo que ver con la supuesta escolta a un avión donde viajaría Rodrigo Londoño, alias Timochenko o Timoleón Jiménez, líder del grupo negociador de las FARC con el gobierno colombiano en La Habana. El jet de combate fue enviado desde la base aérea de El Sombrero el 15 de septiembre para un trabajo de interdicción aérea al tráfico de drogas. La FANB disponía de la información de que una avioneta, presumiblemente una Cessna 210 con matrícula estadounidense, despegaría desde una pista clandestina al sur de Mantecal y transportaría un alijo de cocaína hacia Centroamérica. El caza conducido por el capitán Ronald Ramírez, acompañado por el capitán Jackson García, despegó desde Guárico junto a otro jet del mismo tipo hacia el sitio donde ocurriría la actividad ilegal. Se requería llegar con prontitud al lugar ubicado a unos 600 kilómetros del punto de despegue. El capitán Ramírez avistó unas luces en el punto donde supuestamente estaría la pista, y decidió hacer un descenso rápido. En el proceso, unas nubes le impidieron la visibilidad y lanzó unas bengalas que ocasionan un fuerte resplandor, capaz de enceguecer al piloto. Al traspasar las nubes el capitán se percató de que tenía el suelo a muy corta distancia. No pudo levantar el jet y se estrelló. El piloto de la otra nave marcó el punto de impacto y retornó a la base. Posteriormente, la avioneta con la droga habría despegado de la pista clandestina. En medio del trágico suceso, ningún vocero militar explicó al país por qué optaron por utilizar estas aeronaves en vez de los K-8 de fabricación china, adquiridos precisamente con el propósito de resguardar el espacio aéreo de este tipo de vuelos sospechosos.

*Discreto silencio han guardado todas las autoridades del país en torno a las acusaciones por supuesto tráfico de drogas formuladas en el Distrito Sur de Miami contra el exjefe de Inteligencia de la policía política venezolana, el comisario general jubilado Pedro Luis Martín y contra el ex jefe de la Dirección Antidrogas de CICPC y exjefe de Antiterrorismo de la misma policía, comisario jubilado Jesús Itriago. Se trata de expedientes distintos, que en el caso de Martín refieren supuestos delitos de tráfico de drogas que abarcan un lapso de diez años. En cuanto a Itriago, serían cinco años. Este funcionario fue removido de su cargo luego de un escándalo por el decomiso de más de dos toneladas de cocaína en un jet que saldría desde Margarita a Sierra Leona, en junio de 2007. El alijo fue decomisado por la Guardia Nacional y también ocasionó la remoción de varios agentes de CICPC en Nueva Esparta. Itriago precedió en el cargo a Norman Puerta, otro comisario de la policía judicial involucrado en escándalo debido al expediente de la Banca Privada de Andorra. En el caso de Martín, los señalamientos son parecidos a los hechos previamente contra otros funcionarios, y tienen que ver con el supuesto uso de la investidura durante su paso por la policía política para proteger a traficantes o asegurar el traslado de alijos. Ambos expedientes salieron recientemente de la fase secreta, y sus contenidos comenzarán a ser del dominio público.

Homenaje permanente a los bomberos
Más de 3000 víctimas
*”Nunca podremos olvidar”. Esta frase está en una placa de bronce colocada muy cerca del lugar donde antes estuvo la estación de bomberos que servía a toda el área correspondiente al Centro Mundial del Comercio de Nueva York. Fueron 343 apagafuegos y rescatistas que dieron sus vidas el 11 de septiembre de 2001 para salvar a otros. Sus nombres están grabados en las paredes, para que permanezcan en la memoria colectiva. A media cuadra está ahora una plaza donde antes se erigían las Torres Gemelas. El lugar donde bullía la actividad financiera mundial ahora está destinado al recuerdo y la reflexión. Dos caídas de agua subterránea indican los lugares donde estaban los edificios derribados por sendos jets hace más de 14 años. Cada fuente está bordeada por pasamanos de bronce, donde grabaron los nombres de más de 3016 personas que murieron allí. Fueron colocados tomando en cuenta el sector de cada edificio donde pudieron estar en esa fecha fatídica. Al cumplirse un año más del ataque terrorista que cambió la historia y la vida contemporáneas, muchos deudos colocaron flores en los nombres de sus familiares fallecidos. Más allá, otros dos rascacielos indican la progresiva recuperación del sur de Manhattan. El miedo, sin embargo, se instaló en Estados Unidos y en general en el mundo desarrollado como un factor que incide en el tratamiento a propios y extraños. En un extremo de la plaza hay dos computadoras que recuerdan los nombres y lugares donde fallecieron las víctimas de los ataques. Cuatro de ellas eran venezolanas: Jenny Seu Kueng Low Wong, hija de inmigrantes chinos, se radicó en Brooklin y trabajaba en la Torre Norte para Marsh & McLennan. Tenía 25 años de edad. También John Howard Boulton, muerto a los 29 años de edad en la Torre Sur, donde trabajaba para la firma Euro Brokers. Las otras dos víctimas fueron Eduardo y Anabel Hernández, de 41 años y 40 años de edad, respectivamente. Sobre ellos la información es escasa. Solo se indica que laboraban para entidades bancarias. Con respecto a estas cuatro personas el gobierno venezolano nada dijo. Nunca hubo una condolencia oficial y pública a sus familiares. En cambio, sí hubo discursos que tendían mantos de duda sobre el origen y la naturaleza del atentado. Pero ese es otro debate.


*Cierro esta entrega con un agradecimiento al Observatorio Venezolano sobre Delito Organizado Transnacional y a la Unión Europea por el respaldo al proyecto que dio origen a los primeros cuatro manuales sobre diversas manifestaciones de este tipo de criminalidad en el país. Los textos fueron escritos por el abogado Fernando Fernández (sobre tráfico de metales preciosos), el arquitecto Marcos Tarre (secuestro e introducción al estudio del delito organizado en el país) y el autor de esta columna (robo y hurto de vehículos). Luego de la presentación pública hecha en Caracas, todos los documentos pueden ser bajados en forma gratuita a través de la web del Observatorio, pulsando el enlace  http://observatoriodot.org.ve/cms/index.php/item/95-serie-de-monografias-visibilizando-el-delito-organizado.