La primera Orden Ejecutiva del presidente de EEUU
basada en una ley de reciente aprobación ha empujado al gobierno venezolano a
cerrar filas en torno a militares y funcionarios señalados por violaciones a
los derechos humanos. Un manejo torpe que en nada contribuye a superar el
conflicto
@javiermayorca
El 8 de marzo, el presidente de EEUU Barack Hussein
Obama emitió una Orden Ejecutiva que ha sido y seguirá siendo objeto de múltiples
controversias y manejos políticos. Esta decisión condujo a la elaboración de
una nueva “lista de personas especialmente designadas” (SDN, por sus siglas en
inglés). Si la que contiene los nombres de sujetos supuestamente involucrados en
tráfico de drogas es conocida como Lista Clinton, esta pasará a la historia con
el apellido del actual mandatario estadounidense.
La Lista Obama es una de las consecuencias, directa e
inmediata, de la aprobación el 16 de diciembre de 2014 en el Congreso
estadounidense del Acta de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil
de Venezuela, un instrumento legal que luego de un largo proceso logró el
consenso de las principales fuerzas políticas que hacen vida en Washington. Esa
ley asigna al Jefe del Estado norteamericano la potestad de señalar cuáles
serían los funcionarios venezolanos objeto de sanción.
Entonces, aquí ya están las primeras condiciones o
limitaciones fijadas por la referida ley: 1) los “sancionables” son agentes u
operadores del Estado Venezolano; 2) las sanciones, tal y como ocurre con
aquellos individuos ligados a redes de tráfico de drogas y al terrorismo, son de
carácter administrativo. Si las personas señaladas poseen visado, se les
suspende, y si no lo tienen se les niega. Igualmente, se les congelan sus
bienes y activos en EEUU, y se prohíbe a cualquier persona o empresa con
intereses en ese país establecer con ellos cualquier tipo de relación
económica.
La Orden Ejecutiva de la que surge la Lista Obama es
la forma que se establece para ejecutar la ley aprobada en diciembre. Los
señalamientos particulares contra seis militares venezolanos y una fiscal del
Ministerio Público, por lo tanto, son básicamente reproches de orden político.
En este sentido, poco importa si ellos poseen o no activos en EEUU, o
si en sus pasaportes hay permisos de entrada a ese país.
Llama mucho la atención la escogencia de los primeros
sancionados. Si se tratara de un juego de ajedrez, diríamos que EEUU apuntó a
los alfiles. Son personajes importantes, pero no mucho. Mañana, cuando dejen
sus cargos, pocos los recordarán. Entonces, además de un reproche personal por
las acciones u omisiones en las que pudieron incurrir durante la crisis
política desatada a partir de febrero de 2014, hay un mensaje implícito a sus
jefes inmediatos y en fin de cuenta a las personas que encabezan los poderes
públicos donde ellos ejercen. ¿Por qué Obama no apuntó en su primera lista a
los ministros de Relaciones Interiores y Defensa, a la Fiscal General y a los
gobernadores de Estado que avalaron abiertas violaciones a los Derechos
Humanos? Al ver esto, uno puede concluir que Washington aún no quiere eliminar
toda vía de negociación, precisamente, con aquellos que ordenaron a los
actuales sancionados.
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| Vendrán más nombres |
La posibilidad de un entendimiento está abierta incluso
para los seis militares y la fiscal. La Orden Ejecutiva es clara en el sentido
de que la Cancillería estadounidense podrá emitir permisos especiales para que
alguno de los integrantes de la Lista Obama viaje a EEUU. Nada fácil. Pero se
debe recordar que algunos nombres incorporados en listas anteriores han sido
posteriormente borrados.
El gobierno venezolano ha errado el enfoque sobre lo
que debe hacer en esta situación. Siguió el libreto esperado: primero, las
apelaciones a un nacionalismo que ya nadie cree. No sólo por la actitud muy
poco nacionalista (y de mucha candidez) que se ha tenido con respecto a Cuba y
Guyana, sino también porque ya sabemos que muchos de los operadores del régimen
son responsables por el desfalco al erario público, básicamente mediante
transferencias a paraísos fiscales del exterior o a bancos suizos dispuestos a
recibir estos fondos sin hacer muchas preguntas. Nada de esto tiene que ver con
la defensa de los intereses del país.
También han apelado al miedo, usando para ello todos
los recursos del Sibci, recordando invasiones e intervenciones castrenses en
contextos totalmente distintos. Para darle más sustento a esos temores, Maduro
ordenó unos “ejercicios militares defensivos” apenas se conoció la Orden Ejecutiva.
Resultado: un suboficial muerto y más dispendio de recursos.
Ahora, se quiere usar la campaña gubernamental contra
la Lista Obama como una herramienta de control político. Están obligando a los
funcionarios públicos a firmar en respaldo a un comunicado atribuido a Maduro.
En los cuerpos de seguridad se plantean nuevamente situaciones aberrantes. La
amenaza velada es: al que no firme lo desplazan, no ascenderá. A los presos
también los han obligado a suscribir el texto ¿Eso no es violatorio a los
derechos políticos y a la libertad de pensamiento?
En fin de cuentas, el Gobierno no está defendiendo la
soberanía nacional (un concepto de altísima relatividad actualmente) sino a
seis militares y una fiscal que actuaron siguiendo las directrices impartidas desde
arriba para ejercer violencia contra manifestantes y coartar el ejercicio de
sus derechos en los tribunales. Con esa actitud, es seguro que a la vuelta de
unos días nuevos nombres serán incorporados en la Lista Obama.
La Orden Ejecutiva tiene un aspecto inquietante. En el
segundo párrafo se indica que la erosión de los derechos humanos en el país, la
persecución de los opositores políticos, la merma de la libertad de prensa, la
violencia contra los manifestantes, los arrestos y detenciones arbitrarias así
como la corrupción exacerbada “constituye una inusual y extraordinaria amenaza
contra la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”.
Es paradójico que esto lo afirme el demócrata Obama
(cuyo ascenso al poder fue saludado por Chávez) y no algún conservador tipo
Bush, con quien hubo tantos conflictos, abiertos y encubiertos. Quiere decir,
entre otras cosas, que para EEUU estos problemas no son tan domésticos como lo
sostiene el gobierno venezolano. Que la corrupción y la violación continuada a
los derechos humanos en territorio nacional surten efectos sobre la vida
estadounidense. El tema de los nexos entre Venezuela y gobiernos forajidos no
se menciona aquí. Ese aspecto es evaluado a través de otros mecanismos.
Es absurdo creer o sugerir que por esta razón mañana
podrán estar los marines plantando bandera en Chichiriviche. Lo que se
desprende en este caso es la convicción de que Washington está dispuesto a
asumir un rol mucho más vigilante y proactivo en torno a lo que sucede en el
país.
Otra paradoja más en todo esto es que la ley que dio
origen a la Lista Obama continuará vigente cuando Maduro deje el poder. Si los
que hoy gobiernan pasan algún día a la oposición, quizá respiren con alivio al
saber que los nuevos mandatarios lo pensarán dos veces antes de aplicarles el
garrote con la misma virulencia que ellos han mostrado hasta ahora.
Breves
*Un manejo perverso se le está dando desde los poderes
públicos a la pequeña crisis ocasionada por los rumores sobre el rapto, y en
algunos casos el secuestro de niños, que corrieron con fuerza el martes, a
propósito de dos manifestaciones llevadas a cabo respectivamente en la
autopista Francisco Fajardo y en la avenida Francisco de Miranda. Estas
acciones de calle hasta cierto punto operaron ante la opinión pública como aval
de las informaciones –no corroboradas- sobre tales raptos. La foto de una mujer
plantada en la vía con una pequeña pancarta que expresaba su rechazo al “robo
de niños” también dio combustible al miedo colectivo. Los medios independientes,
y en fin de cuentas los periodistas que trabajamos en ellos, nos dimos a la
tarea de corroborar si había alguna denuncia o averiguación de oficio sobre
este delito. La respuesta de las contrapartes policiales y de gobiernos
municipales siempre fue negativa. Entonces, estábamos ante una manifestación
originada en un hecho incierto, no constatado. Eso ya resulta una inconsistencia.
En las pesquisas de raptos y secuestros de menores de edad se impone la
discreción, a menos que el delito se hubiese cometido en forma tan descarada y
con tantos testigos que fuese inocultable. Pero en el caso del martes los
rastreos periodísticos nunca determinaron los nombres de las víctimas, nunca
llegaron a los padres de carne y hueso clamando por la devolución de sus hijos.
Esta situación hizo recordar los rumores esparcidos desde enero por las grandes
ciudades del país, sobre los supuestos secuestros de niños en los que los
captores exigían a cambio la entrega de dos carritos de automercado llenos de
víveres. Estos datos siempre son esparcidos por “un conocido del cuñado de la
víctima”. Es decir, a la postre no hay un origen preciso. Esta es una de las
características clásicas del rumor incierto. Ahora bien, el martes ocurrieron
varias cosas además de las manifestaciones. En La Victoria, por ejemplo, una
mujer se lanzó a llorar en la calle sin mayor motivo, y atrajo brevemente la
atención de las autoridades. En Carabobo, Guárico y los estados andinos también
corrió la especie sobre los raptos de menores de edad. Hubo, entonces, una
acción simultánea, concertada. Ante esto, los medios independientes y sus periodistas
siempre se ajustaron al tratamiento ético de la información. El miércoles, una
mujer fue detenida por simulación de hecho punible, cuando supuestamente
denunció el secuestro de su hijo en las cercanías de un plantel de Chacao. De
inmediato, las autoridades de ese centro educativo divulgaron una circular en
la que advertían sobre la situación, pues entonces (al contrario del día
anterior) la mamá de la víctima estaba identificada. El dato sobre
los secuestros de infantes parecía constatarse. Pero en la tarde la situación dio
un giro, cuando CICPC determinó que todo era un engaño. Es decir, efectivamente
hay una maniobra concertada para explotar uno de los temores más profundos del
ciudadano, referido al secuestro o rapto de su descendencia. Son miedos
incrustados en la cultura urbana. Es el “coco” de los cuentos infantiles, luego
llevado al cine en la saga de Freddy Krueger. Allí parece estar, en las calles
de Caracas y otras ciudades, usando distintos medios. Aquí un Aveo, allá una
camioneta. Al final del día, el único beneficiado por toda esta histeria ha
sido el Gobierno, y en partida triple. Por una parte, Maduro aprovechó para
descalificar nuevamente a la oposición, atribuyéndole el origen de esta trama,
supuestamente ideada por el inasible JJ Rendón. La fiscal Ortega, por su parte,
se atrevió a sugerir la necesidad de implantar más controles a la ya menguada
libertad de expresión en el país. Finalmente, aunque no por eso menos
importante, hubo un hecho claro: por un día, los venezolanos de las grandes
ciudades del país dejaron de pensar en la agobiante escasez y en la inflación,
para concentrarse en sus propios miedos.
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| El informe sobre BPA fue engavetado |
*Cada vez surgen más pistas sobre el destino del
dinero sustraído de las arcas públicas. Cada vez conocemos más nombres y apellidos
de personas que se enriquecieron a manos llenas durante el festín petrolero. Ya
sabíamos, a propósito de un litigio ante una corte civil de Florida (EEUU)
sobre operaciones supuestamente ilícitas que involucraban la transferencia de
millones de dólares desde el Ocean Bank a una cuenta en Suiza cuyo beneficiario
era el entonces presidente de Pdvsa Rafael Ramírez. El banco de Florida fue
multado por las autoridades estadounidenses con 10 millones de dólares debido a
la ausencia de la debida diligencia en la activación de mecanismos para la
detección y reporte de operaciones sospechosas como las que originaron el
juicio. Ya sabíamos sobre los desfalcos al Bandes y al Fondo de Cooperación
Chino Venezolano. En ninguno de estos expedientes el dinero ha sido recuperado.
Ahora llegan en forma casi simultánea los señalamientos sobre cuentas con más
de siete dígitos en HSBC y en la Banca Privada de Andorra. Ante esto, la
titular del Ministerio Público inicialmente declaró que solicitaría en los
países de destino los nombres y apellidos de todos los venezolanos
cuentahabientes en entidades financieras de Suiza y el principado. Son cosas
que se declaran para causar una buena impresión. Más nada. La propia
funcionaria sabe que una petición de esa naturaleza quedará engavetada por
genérica e imprecisa. En cambio, la Fiscal podría actuar basada en un informe
que le remitieron a su despacho en 2010 a propósito de las investigaciones
sobre la detención en Andorra del exjefe antidrogas de CICPC, comisario Norman
Puerta. Allí hay nombres de otras personas y empresas, lugares y números de
cuentas que bien podrían servir para comenzar a desenredar parte de la madeja. Pero
no lo hará. Han pasado casi cinco años desde aquella remisión, y nunca dieron
siquiera acuse de recibo. Luego se quejan sobre la “falta de cooperación
extranjera”.
*Dos homicidios en similares circunstancias han
involucrado como víctimas a funcionarios gubernamentales de importancia para
las instituciones donde laboraban. El 3 de marzo en la madrugada sujetos aún
sin identificar mataron al gerente Aduanero del Seniat Pedro José Boutto. Inicialmente
se informó de manera oficiosa que lo mataron en la autopista Francisco Fajardo
a la altura de El Recreo para robarle su camioneta Toyota Merú. Pero el
vehículo quedó en el lugar del atentado. En la madrugada del jueves 26 de
marzo, también en la misma vía aunque en el distribuidor Altamira mataron al
gerente de Prevención y Control de Pérdidas de Petróleos de Venezuela Oswaldo
González. En este caso, la policía judicial investiga a un grupo de militares.
Se ha filtrado el dato de que González fue ultimado por confusión. Pero al
momento de redactar estas líneas no hay nada claro al respecto. González participaba
en varias investigaciones sobre desfalcos en la estatal petrolera…
*Muy activa está la Guardia Nacional en la revisión de
los lineamientos del denominado Plan Zamora. Se trata de un documento secreto de
aproximadamente 20 páginas que regula y orienta las actividades de ese
componente militar ante ciertas contingencias que impliquen alteración
generalizada del orden interno, cese en la prestación de servicios básicos
(incluidos los supermercados), bloqueos de vías y acciones que se consideren
tendentes a alterar el régimen político del país. Entre las causas que, a juicio de los
militares, justificarían una intervención están la “deslealtad a las ideas y a
los intereses del país” (sic) y “acciones desestabilizadoras de los partidos de
oposición”. La delincuencia común, germen de la violencia criminal que ha hecho
de Venezuela el segundo país más violento del mundo, no es considerada como una
amenaza. Tampoco se hace mención de los grupos armados que operan con libertad
en Caracas y en las principales ciudades.
*Los grupos armados e importantes bandas criminales
han sido los responsables de que Guárico ya figure tercero en la lista de
estados con mayor cantidad de secuestros. El último caso reportado ocurrió en
Zaraza, la misma población donde anteriormente habían plagiado a un estudiante
de doce años de edad. La banda liderada por José Tovar Colina, alias Picure,
aunque disminuida por las acciones policiales sigue operando en el estado
llanero. Con ella compiten la organización de Juvenal, señalada por el plagio
de dos importantes operadores chinos de la empresa Ciric y otra denominada
Frente Guerrillero La Piedrota, que opera entre el sur de Aragua y El Sombrero.
Hay once casos investigados en ese estado en 2015. Igualmente, se advierte
el
resurgimiento de los secuestros en los límites entre Aragua y Carabobo. En por
lo menos dos oportunidades, las víctimas no fueron liberadas a pesar de que los
familiares pagaron altas sumas de dinero. Fuentes policiales indican que estos
últimos grupos podrían ser liderados por ex reos o individuos que se fugaron de
algún retén policial en 2014.
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| PoliNacional: crisis anunciada |
*El nuevo ministro de Relaciones Interiores, Justicia
y Paz, mayor general (Ejército) Gustavo González López guarda bajo perfil
mientras se empapa de la situación por la que atraviesan los cuerpos de seguridad.
La información que le entregaron los representantes de la Policía Nacional
Bolivariana es preocupante. Algunos datos: el presupuesto aprobado para este
año es de 2,1 millardos de bolívares, 40% menos que el asignado en 2014, aunque
con una inflación que según cifras oficiales rondó el 70%. El año pasado
solamente se asignó 1% a gastos de funcionamiento. Más del 40% se fue en el
pago al personal. PoliNacional, como sabemos, está en continuo crecimiento y
hoy tiene en sus filas a casi 25.000 agentes. A este ritmo de gasto, las arcas
del principal cuerpo civil armado estarán vacías en junio. Las consecuencias de
este déficit crónico ya se ven en las calles. A los agentes, por ejemplo, no
les renuevan los uniformes. Los vehículos están sin repuestos. Si un patrullero
motorizado quiere reponer un caucho, debe pagarlo con su propio dinero. Es evidente
además el aumento de la frecuencia de los casos que involucran a los oficiales
de este cuerpo en hechos delictivos.
