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domingo, 27 de diciembre de 2015

El año de las megabandas

Lo que distinguirá a 2015 de los años precedentes es la clara irrupción en todo el país de formaciones criminales que superan en número de integrantes, cobertura geográfica y delitos a lo que hasta el momento habíamos visto. Esto nunca pudo ocurrir sin la conjunción de dos factores: drogas y enganche político

@javiermayorca

En materia de seguridad ciudadana, 2015 pasará a la historia como el año en el que vimos la irrupción en todo el país de las llamadas “megabandas”. Según el Observatorio Venezolano del Delito Organizado, se trata de estructuras caracterizadas por poseer treinta o más integrantes, con un dominio geográfico extendido y un menú de delitos que rebasa los de grupos de menor cuantía, y que va desde la extorsión hasta el sicariato, el secuestro y el robo y hurto de vehículos.
Otro aspecto característico de las “megabandas” es el uso de la violencia como herramienta para preservar la cohesión interna y eliminar cualquier amenaza que venga de factores ajenos a la estructura.
Este tipo de grupos llegó a formarse ocasionalmente en la Venezuela prechavista. Se recuerda por ejemplo a la organización de Oswaldo Martínez Ojeda, cuyos golpes generalmente asociados al robo de transportes de valores rayaban en la espectacularidad. Pero el combo liderado por alias Mexicano se diferencia de los actuales en que no tenía el menor interés en ejercer control sobre porciones de territorio, y mostraba además cierta especialización.
El Observatorio de Delito Organizado identificó doce grandes organizaciones en todo el país. Pero con posterioridad han surgido informes de la Guardia Nacional y las policías judicial y Nacional que sugieren la existencia de muchas más “megabandas”. Por ejemplo, es claro que el clan Usuga, anteriormente conocido como Los Urabeños, tiene importantes posiciones alrededor de Colón, estado Táchira, y en diversas localidades del Zulia. Las organizaciones de John Wade y de Los Meleán hacen de las suyas también en el occidente del país.
Juvenal y su núcleo, aún impunes
En el centro del país hay grupos que han crecido desde 2006, alentados por el control sindical de obras públicas como el ferrocarril de Los Llanos, y posteriormente la Gran Misión Vivienda Venezuela. Algo similar ocurre en el oriente del país con estructuras que incluso han llegado a implantar en las obras públicas el pago del llamado “impuesto de paz laboral”. Eventualmente, esto ha generado conflictos que paralizan obras de contratistas de Petróleos de Venezuela.
Las bandas que mayor crecimiento han tenido en el país muestran por lo menos dos factores en común. Por una parte, es imposible que lleguen a tener las dimensiones actuales si no existen determinados enganches políticos. Las relaciones entre el crimen organizado y la política siempre han sido objeto de debate. La pregunta clave es hasta qué punto los líderes de partidos u otras organizaciones se involucran en el quehacer diario de las estructuras criminales. Una tesis del investigador Gustavo Duncan, publicada bajo el título Más que plata o plomo, sostiene que en las áreas periféricas la dependencia del político con respecto al criminal es mucho más intensa que en las capitales y centros administrativos. Duncan llegó a esta conclusión luego de comparar los casos de Colombia y México. Si se toma en cuenta esta premisa, uno puede entender por qué se ha puesto tanto encono en la neutralización de las bandas de la Cota 905 y el Cementerio, y en cambio las Fuerzas Bolivarianas de Liberación en Táchira y Apure o incluso la organización de Juvenal Antonio Bravo Sánchez en Guárico operan con relativa facilidad.
Todo grupo delictivo tiende a trazar alianzas con las autoridades más cercanas. Lo hizo la Cosa Nostra con los alcaldes democristianos de Sicilia y lo hace Juvenal con policías, militares y autoridades de Guárico  (ver http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/vinculan-a-un-alcalde-con-banda-de-el-juvenal.aspx). También su competencia, liderada por José Tovar Colina, alias Picure (http://www.panorama.com.ve/sucesos/Removido-jefe-de-seguridad-de-Guarico-por-datear-a-El-Picure-20151106-0015.html).
Otro factor que ha impulsado el crecimiento de simples grupos delictivos hasta transformarlos en “megabandas” es el tráfico de drogas. Hay testimonios muy claros en el sentido de que Los Urabeños, Picure, Juvenal, algunos grupos de oriente e incluso los de la Cota 905 están involucrados de lleno en el transporte de estupefacientes, el comercio de estas sustancias o ambas actividades. Esto explicaría, por ejemplo, el interés de las organizaciones del Cementerio y la Cota 905 en obtener dólares mediante los secuestros. La divisa estadounidense sería utilizada posteriormente para pagar los sicotrópicos que luego son comerciados en el oeste de Caracas.
Nada de esto, desde luego, puede ocurrir sin algún tipo de complicidad de factores policiales, militares e incluso políticos. Estos nexos son detectables con más facilidad en los entornos rurales. En las grandes ciudades uno puede darse cuenta de esto cuando las policías esgrimen excusas fútiles para no cumplir con su trabajo. Es allí donde las autoridades del Ministerio de Relaciones Interiores deberían poner el ojo, en vez de utilizar esta situación para divulgar un sospechoso discurso sobre un supuesto paramilitarismo, que solo ha servido para implantar estados de excepción en municipios fronterizos.
Tenemos de nuevo el caso de la Cota 905 y Cementerio donde CICPC, Polinacional y Policaracas se negaron a entrar con el argumento de que se trataba de una “zona de paz”, cosa que nunca tuvo una comprobación documental ni testimonial debidamente sustentada. Las organizaciones de alias Coki, Las Torres y otras tantas fueron creciendo en la medida en que percibían una dinámica de impunidad. Luego, cuando los policías entraron, y ya lo han hecho cuatro veces, fue para matar.
Los muertos no hablan, dice el refrán.


Breves

*Una delicada situación encontrarán los nuevos administradores del Poder Legislativo.  Cuando estas líneas son escritas ya se han hecho algunas reuniones informales de enlace entre funcionarios salientes y sus reemplazos. En materia de seguridad se ha encontrado una nómina paralela de varios cientos de personas. Algunas de ellas se desempeñarían como escoltas y personal doméstico de los parlamentarios e igualmente de individuos que nada tienen que ver con el Congreso. Tal y como sucedió en la alcaldía del Distrito Metropolitano cuando asumió Antonio Ledezma, salen a relucir los nombres de supuestos miembros de colectivos armados. A varios de ellos los veremos en los próximos días alrededor de la Plaza Bolívar, lamentando la pérdida de sus prebendas en medio de una retórica de supuesta protección a los intereses populares. El cuadro será aclarado aún más a partir del próximo 5 de enero.

*La detención del empresario venezolano radicado en Houston, Texas, Roberto Rincón, es una pieza más en el complicado rompecabezas del lavado de dinero armado gracias a la corrupción en la gestión de Petróleos de Venezuela. Si la estatal petrolera fue usada para el financiamiento de campañas electorales desde Venezuela hasta Argentina (no olvidar el caso del maletín de Guido Antonini); si usaron sus arcas para dar apariencia de legalidad al dinero producido por la corrupción y el tráfico de drogas a través de la Banca Privada de Andorra, para nada debería extrañar que los contratos fuesen otorgados mediante sobornos. Este es el meollo del caso por el que detuvieron a Rincón y su socio Abraham Shiera, el 16 de diciembre. Rincón, por cierto, había planificado la compra de la refinería venezolana en Curazao, en sociedad con un empresario dueño al mismo tiempo de una flota de cargueros petroleros y de un canal de televisión. En las reuniones preparatorias para este negocio, llevadas a cabo en Aruba, se llegó a redactar el borrador de un documento de compra/venta. Nuevamente, por este caso surge el nombre de un diputado electo por el oficialismo en Monagas, militar retirado y ex cónsul. Las evidencias en su contra se acumulan en juzgados de Texas, Nueva York y Florida. Este tema con seguridad será abordado por la nueva Asamblea Nacional.

*Han transcurrido más de quince días desde que el Presidente anunció la reestructuración de su Gabinete. En el caso de la cartera de Relaciones Interiores vuelve a comentarse la posibilidad de que Freddy Bernal reemplace al mayor general Gustavo González, tal y como sucedió en octubre de 2014, cuando Maduro destituyó por televisión al mayor general Miguel Rodríguez Torres. Bernal, sin embargo, ha formulado varias críticas a la actitud asumida por la cúpula oficialista (de la que él forma parte) luego de la derrota electoral del 6 de diciembre. Realmente, el mandatario no la tiene fácil. Por una parte, si nombra al exalcalde de Libertador se podría interpretar una concesión más a los colectivos (ya tienen el Ministerio para las Comunas), lo que no sería bien visto por el ala militar del Gobierno. De otra parte, Maduro puede ratificar en el cargo a un oficial que en nada ha contribuido a la disminución de la criminalidad. Jura y pide que le crean los logros que él mismo publicita. Pero no da ninguna evidencia estadística dura para acompañarlo. Quedaría por lo tanto la posibilidad de reemplazarlo con otro oficial, posiblemente el actual comandante general de la Guardia Nacional Néstor Reverol o el viceministro Cacioppo, también general activo de la GN. Aquí, como en el resto de la gestión ejecutiva, la crisis de talentos es evidente.

*Al cierre de esta columna llega una denuncia del comisario general jubilado de la Disip (actual Sebin) Lorenzo Maldonado, sobre una situación que afecta a más de 14.000 personas. El texto se explica por sí solo. Lo único que se podría añadir es que refleja una táctica que se ha visto también en otros despachos. Un Gobierno que culpa a los diputados recién electos por cuestiones que son de su estricta competencia, incluso antes de que asuman sus curules. El discurso está cantado: los nuevos parlamentarios serán señalados por el auge de la escasez, la criminalidad y cuanto mal padezcan los venezolanos. Esta es la denuncia de Maldonado: ¨(...) tengo 32 años de servicios con maestría en Seguridad y Defensa Nacional curso Nº 11. El motivo de la denuncia es que se ha cometido contra nosotros un delito de lesa humanidad, nos dejaron sin salario para la víspera de Nochebuena por una orden de Nicolás Maduro: que a los jubilados y pensionados de la DISIP (no les pagaran) a pesar de que Maria Girardo una de las jefas de Nómina del Ministerio de Interior y Justicia había pasado muy temprano las de activos, contratados y jubilados. Alegaron que por órdenes de la nueva Asamblea Nacional (...) era delito pagar con dinero inorgánico. A pesar de este fallido argumento sí ordenó pagar las nóminas de los activos y contratados. Con la falta de este pago que nos correspondía por derecho adquirido, el Sr. Jesús Sanchez presidente de la Caja de Ahorro no pudo pagar los gastos funerarios de los jubilados fallecidos cosa que atenta contra la salud y la integridad de nuestros funcionarios¨.

domingo, 13 de diciembre de 2015

Agenda de seguridad para la nueva legislatura

*Salir de la situación que hace de Venezuela el segundo país más violento del mundo pareciera más una cuestión de voluntad política que de normas. El nuevo Parlamento, sin embargo, tiene muchas posibilidades de cooperación para superar la crisis de criminalidad

La nueva Asamblea Nacional que se instalará el 5 de enero tiene muchas misiones para cumplir. Son tantas que a veces pareciera que no se dará abasto. Está en el país con la inflación más alta del mundo, y eso pareciera dictar una prioridad. Pero desde hace por lo menos un lustro Venezuela es también el territorio con una de las tres tasas de homicidios más elevadas del planeta.
Nuevos legisladores, viejos desafíos
En materia de seguridad ciudadana, la situación pareciera empeorar al cierre de 2015. El año finalizará probablemente con más de 27.000 homicidios. En Caracas las muertes violentas muestran un incremento cercano al 5% con respecto a 2014. El año que finaliza, además, será recordado como el que tuvo el mayor número de homicidios por “resistencia a la autoridad”. Las policías, en su afán por abatir la criminalidad, se han convertido en un factor estadísticamente representativo dentro de la violencia, a propósito de las famosas Operaciones de Liberación del Pueblo. En líneas generales, hay una especie de inercia nociva que pareciera muy difícil de abatir.
Las cifras de criminalidad en el país son refractarias a los cambios de las legislaciones. En materia de robo y hurto de vehículos, por ejemplo, durante la era chavista se han batido todos los récords en cuanto a casos conocidos a pesar de que fue aprobada una ley especial sobre la materia, que luego reformaron para endurecer aún más las penas y crear nuevos tipos delictivos. Algo similar ha ocurrido con los secuestros. Esto debe ser tomado en cuenta por los diputados que asumirán en enero.
Paradójicamente, el Parlamento que finaliza aprobó o cedió sus poderes para que el Ejecutivo aprobara vía habilitante nuevas leyes que sólo han contribuido para colocar en el grupo de los delincuentes a ciudadanos que en otras condiciones serían personas de bien. Son leyes que podríamos llamar “criminógenas”, es decir, que generan delito antes que impedirlo. Las normas sobre régimen cambiario y precios justos están en este grupo.
La nueva camada de legisladores, por lo tanto, debe administrar su poder con mucha prudencia. Debe entender que a veces es mejor desregular antes que sumar nuevas normas a una sociedad que precisamente está hastiada de controles artificiosos. Los despachos instaurados para ejercer tales restricciones, como la Superintendencia de Precios Justos, se convirtieron en instrumento de extorsión a los comerciantes. Otros cuerpos de seguridad, como Delincuencia Organizada de CICPC y la Dirección de Contrainteligencia Militar, hicieron su agosto como entes reguladores de la corrupción generada por el régimen cambiario. Decidían quién iba preso y quién no, en una especie de subasta cotidiana de libertades. Sobre esto hay mucho por escribir.
En materia de seguridad ciudadana, así como en otras áreas del quehacer nacional, se avizora un conflicto entre un poder legislativo que remará en una dirección y un Ejecutivo que lo hará en sentido opuesto. Esta disputa podría consolidar la inercia nociva ya referida.
Pero hay asuntos que es necesario abordar de inmediato, mediante el ejercicio de las facultades contraloras del Parlamento. Por ejemplo, se impone una revisión de los presupuestos asignados al sistema de seguridad ciudadana (incluido Servicio Penitenciario) y de justicia. Según el criminólogo Fermín Mármol este año las partidas para los cuerpos de seguridad apenas llegan a 2% del Presupuesto. Esto podría concluir en una reorientación de los gastos asignados a otras áreas que no son tan prioritarias, como sería la adquisición de sistemas de armas de guerra convencional, como la nueva flota de cazabombarderos rusos, anunciada en septiembre por el presidente Maduro.
En el ámbito penitenciario, es claro que el actual ministerio se abrogó facultades que no existen en las leyes, como por ejemplo la instauración del sistema de “cupos” para regular los traslados a los internados judiciales. Esto ha creado un cuello de botella que transfiere los problemas de hacinamiento y manutención de detenidos a los retenes policiales. Servicio Penitenciario además opera como una “caja negra” que no rinde cuentas. No se sabe ni siquiera cuántos presos hay. Mucho menos dónde están ni cuánto dinero se destina para alimentarlos.
Otra área tiene que ver con la ausencia de coordinación e intercambio de información entre los distintos cuerpos preventivos. Evidencia es que los directivos de PoliCaracas nunca asisten a las reuniones del consejo metropolitano de seguridad. Pero incluso entre los cuerpos municipales y estatales regidos por miembros de la oposición hay diferencias. Los intercambios de información ocurren más por amistad y cortesía que por una obligación normativa.
En líneas generales, la ausencia de transparencia es común a todos los cuerpos policiales. No existe una cultura de intercambio y divulgación de información. De allí que los venezolanos no sepamos con certeza cuántos homicidios hubo en 2014. Ni siquiera los resultados de la encuesta nacional de victimización hecha en 2012, por citar algunos ejemplos. Un parlamento que investigue podrá subsanar parcialmente estos problemas.
Varios sectores de la oposición han planteado además la necesidad de aprobar una legislación que permita la recuperación en el exterior de los activos producidos por actividades de delincuencia organizada. La expresidenta de la Conacuid Mildred Camero elaboró una propuesta sobre el particular. Desde Transparencia Venezuela también han hablado al respecto. Se debe tomar en cuenta que Venezuela es signataria de varios convenios de cooperación bilaterales y multilaterales, en especial de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que sirven como puntos de referencia para aprobar cualquier norma sobre la materia.
Al final, lo más importante no está en las leyes sino en la voluntad política para determinar cuáles normas vigentes deben ser aplicadas, cuáles derogadas y por último cuáles harían falta para hacer de Venezuela un país menos violento.
En esto no se puede esperar resultados de corto plazo. Pero mientras más tiempo se pierda se dificultará más la superación de los actuales niveles de criminalidad.

Breves

*El uso del fuero parlamentario para escapar a la justicia en casos de drogas no es nuevo. En 1982, Pablo Emilio Escobar Gaviria obtuvo una curul como diputado suplente amparado en el movimiento político Civismo en Marcha, creado y financiado por él mismo, que apoyó en Antioquia al candidato del Nuevo Liberalismo Jairo Ortega. El líder de este partido Luis Carlos Galán se percató luego de que alias Patrón formaba parte de las poderosas bandas de traficantes de drogas de Medellín, y lo expulsó de la coalición política. Con esta decisión Galán se ganó el atentado que terminó con su vida. Escobar participó en algunos debates parlamentarios, y a pesar del creciente rechazo que iba generándose en Colombia hacia su figura en su tierra natal su popularidad crecía, básicamente porque una parte de los recursos generados por el comercio de cocaína lo destinaba a obras sociales. El programa Medellín sin Tugurios realmente transformó varias comunas de la capital antioqueña. Escobar además no dudaba en financiar intervenciones quirúrgicas, construcciones de viviendas, préstamos para estudio que luego condonaba y líneas completas de taxis que luego le daban información sobre los movimientos de la policía, por referir algunos ejemplos. Al final de sus días no intentó ocultarse en ningún paraíso fiscal del exterior ni en regiones selváticas sino precisamente en esos barrios donde él era venerado. Son las lecciones que nos deja la historia.

*Varios escenarios están planteados cara al juicio en Nueva York por conspiración para traficar drogas contra los sobrinos de la primera dama Cilia Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Campo Flores. El primero, que ambos encausados continúen afirmando su inocencia hasta el final del debate oral. Esta opción se basa en la posibilidad de que los abogados, en especial los
Los sobrinos en la encrucijada
litigantes privados que defienden a Campo Flores, sepan aprovechar algunos deslices cometidos durante la pesquisa de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Básicamente, cuestionarán la existencia real del alijo de 800 kilos de alcaloide que, según lo referido hasta ahora, supuestamente negociaban los sobrinos de la “primera combatiente”. Desde el punto de vista policial, esto se subsanaría con la declaración jurada de algún participante en la investigación, que afirme haber constatado la presencia de la droga en Venezuela. En un tribunal de EEUU eso bastaría. La opción contraria implicaría que ambos acusados admitan su culpabilidad antes de iniciar el debate oral, asustados por la perspectiva de pasar el resto de sus días en prisión. No se olvide que el fiscal neoyorkino Preet Bharara solicitó cadena perpetua para Campo y Flores de Freitas. Aún así, los venezolanos tendrán que pasar cierto tiempo tras las rejas, o incluso amparados en algún programa de protección de testigos, si es que deciden cooperar para disminuir aún más la pena prevista en este escenario (alrededor de 10 años en una penitenciaría de baja seguridad). La última posibilidad es que uno de ellos escoja ir a juicio y el otro admita su culpabilidad. En fin de cuentas, la responsabilidad penal es personal. Todo esto depende de la percepción que cada uno tenga en cuanto a la solidez de las pruebas recabadas por la DEA. La entrega de la información a ambos detenidos comenzó el viernes previo a las elecciones parlamentarias venezolanas, y es posible que ellos pidan una nueva postergación del juicio, para pensar bien en la decisión que puedan tomar.

*El 25 de noviembre, gracias a una invitación de la organización Mujeres y Ciudadanía, presidida por Aixa Armas, tuve la oportunidad de exponer algunos puntos de vista sobre el tema de la violencia contra la mujer. El auditorio estaba compuesto por activistas y miembros del cuerpo diplomático, pues se celebraba el día mundial de la no-violencia contra las personas del llamado “sexo débil”. En resumen hubo tres planteamientos. El primero, que la violencia contra la mujer ha crecido en el país, aunque de ninguna manera al mismo ritmo en que se ha elevado la que afecta al sector masculino de la población. En segundo término, que existe una constante de impunidad en los casos de violencia contra la mujer, similar a la reportada en delitos como el homicidio, aunque con la sospecha de que la llamada “cifra negra” en esta materia es dramáticamente alta, a pesar del esfuerzo desplegado por las instituciones del Estado para ampliar el número de instancias que atiendan y procesen las denuncias correspondientes. La polémica, sin embargo, vino con la tercera conclusión: que las mujeres cada vez más se involucran en forma activa en el ciclo de la violencia en general. En otras palabras, ya no se puede restringir el estudio del tema solamente a la victimización femenina, sino también a su participación como victimarias, incluso en delitos violentos como el homicidio, las lesiones, el sicariato y el secuestro. Desde luego, en un país donde la información sobre seguridad ciudadana es prácticamente un secreto de Estado, una afirmación como esta estará sujeta a discusión hasta que las organizaciones que estudian el tema posean suficientes datos estadísticos para avalar o descartar esta posibilidad. Los casos referidos ante ese auditorio hablaban de bellas mujeres que han sido “señuelos” en secuestros de Aragua, que luego cuidan a los plagiados y cobran el dinero de los rescates; mujeres que contratan sicarios y otras que han sido matonas a sueldo; algunas que forman parte de bandas de asaltantes y otras que las han liderado. En fin, ejemplos hay muchos, todos recientes y de nuestra realidad. Cuando estas líneas son escritas, la policía judicial reportó que una mujer de 26 años murió durante la redada llevada a cabo el viernes 11 de diciembre en la Cota 905 y zonas aledañas. En este caso, ella supuestamente lanzó una granada fragmentaria en el interior de una vivienda para atacar a los agentes de CICPC que practicaban un allanamiento. Con la explosión, dos funcionarios policiales también fueron heridos.

*El director de la policía judicial comisario José Gregorio Sierralta ordenó poner el mayor cuidado posible en el uso del Sistema Integrado de Información Policial, conocido con las siglas Siipol. Esta directriz fue divulgada a través de una circular conocida como Orden del Día, poco antes de las elecciones parlamentarias. El Siipol es un gran archivo informático con los datos de las personas que tienen antecedentes, que han sido mencionadas en  averiguaciones penales o que son solicitadas por algún juzgado, nacional o foráneo. También es usado para verificar si algún vehículo aparece como solicitado por robo o hurto. El jefe policial indica que esta base de datos sirve además a 100 instituciones del Estado. Pero en realidad lo que ocurre es que alrededor de ella se generó un mercado en el que empresas privadas de seguridad o particulares solicitan la pesquisa acerca de los antecedentes que podrían tener las personas que van a incorporar a su nómina, o sobre algún vehículo que piensan comprar. Todo esto, desde luego, tiene un precio, que se incrementó desde el momento en que el propio Estado prohibió utilizar los antecedentes penales como un criterio para decidir la contratación de personas. Aún así, ninguna empresa seria se permite el lujo de contratar a un personal sobre el que no sepa si tuvo algún problema con las autoridades. Es simplemente un riesgo demasiado alto y potencialmente costoso.


*Al cierre. El presidente Nicolás Maduro solicitó la renuncia de todos los miembros del Gabinete. Por supuesto el titular de Defensa, general en jefe (Ejército) Vladimir Padrino deberá poner su cargo a la orden. Hay quienes plantean que Maduro no quiso exigir directamente la renuncia al general, sino ocultarla de alguna forma dentro de un proceso de reestructuración de su equipo de gobierno. Suena con mucha fuerza la designación de un oficial de la Armada para esta cartera. La FANB, como el resto de los despachos de la administración pública, ha estado sometida a presiones constantes para favorecer al oficialismo. Durante la época de Hugo Chávez (y siguiendo lo dicho por Vladimir Petit en su tesis doctoral sobre el Ejército) la institución castrense parecía seguir más el modelo pretoriano que el profesional. Pero durante los últimos meses es innegable que hay un giro en los cuarteles. Es una vuelta a la institucionalidad. Un intento de retomar los postulados de apoliticismo, obediencia, subordinación al poder civil y profesionalismo. El evento electoral del 6 de diciembre sólo lo puso en evidencia. Quizá sea muy temprano para decir que esto sea irreversible. 15 años de prédica en el sentido contrario no pasan en vano. Hay mucho general que ascendió simplemente por fingir un carácter revolucionario, inexistente en la gran mayoría de los casos, pero que dejó huella al desplazar a profesionales de armas que sí merecían mejor promoción. En los meses previos a las parlamentarias se intuía que algo mutaba en Fuerte Tiuna. Los militares fueron entrenados para rechazar cualquier manifestación de desorden durante el acto electoral, incluidas las de los colectivos paramilitares. En víspera de las elecciones, el propio ministro Padrino dejó ver con claridad su posición al declarar que no habría “golpe ni autogolpe”. En una reunión llevada a cabo el 5 de diciembre, el oficial aseguró al resto del Gabinete y del Alto Mando que se haría respetar la voluntad popular. Durante la fase electoral de la Operación República, iniciada el 1 de diciembre, fueron enviados varios radiogramas a todas las unidades castrenses que ordenaban extremar los cuidados ante los posibles ataques de bandas armadas. Los hubo en Distrito Capital, Miranda y Aragua. Dos uniformados pagaron con sus vidas. El día de los comicios, era claro que la oficialidad cumpliría a cabalidad la orden impartida. A las 6 pm, muchos centros cerraron pues no tenían colas en la parte exterior. Luego, los militares no quisieron reabrirlos a pesar de las presiones de los colectivos. Quien esto escribe presenció un ejemplo significativo en el liceo Andrés Bello, donde está el centro de votación más grande de todo el país. Por supuesto que esa actitud no pudo gustarle mucho a Maduro y su entorno, acostumbrados a la genuflexión castrense, al cumplimiento ciego de las órdenes sin importar si están reñidas con la Constitución. La conducta militar del 6D quizá haga pensar mejor cualquier plan de aplicarle un “fujimorazo” al nuevo Parlamento. Finalmente, es claro que aún quedan reductos de militares radicalizados, que no han cesado de murmurar desde que se conocieron los resultados electorales. Por lo tanto, ahora más que nunca se impone el ejercicio estricto de los controles a una institución que se acostumbró a vivir sin ellos.

domingo, 11 de octubre de 2015

Mensajes sin espoleta

Los cinco ataques con granadas a estaciones policiales y a una comisión de PoliBaruta abren una nueva fase del terrorismo en el país. La impunidad nos dice mucho sobre quiénes pueden ser los perpetradores

@javiermayorca

Los cinco ataques con granadas contra estaciones policiales y una comisión de la Policía de Baruta, reportados entre las noches del viernes 25 y del domingo 27 de septiembre, forman parte de un peligroso ensayo destinado a generar condiciones de hecho similares a las que propiciaron la suspensión de garantías en municipios de la frontera con Colombia.
Fueron acciones terroristas ejecutadas con premeditación, alevosía y en la mayoría de los casos en condiciones de nocturnidad evaluadas con antelación por los perpetradores. Recojo al respecto la apreciación del ex jefe de Homicidios de CICPC, comisario jubilado Luis Godoy, en el sentido de que los cinco ataques fueron el producto de la decisión tomada por un mando único, capaz de organizar acciones en tres estados del país.
Analicemos los grandes rasgos de estos hechos, según las premisas fijadas en el párrafo anterior.

*Fueron acciones terroristas. Las definiciones sobre lo que es el terrorismo difieren de un Estado a otro. Naciones Unidas no ha podido generar un consenso en torno a lo que es el terrorismo, a pesar de la cantidad de ejemplos actuales y del pasado reciente, con infinidad de víctimas. El nacimiento de algunos países estuvo ligado de manera intrínseca a la ejecución de actos que en su momento fueron catalogados como terrorismo. Bruce Hoffman (1998) describe el viejo dilema, según el cual los terroristas para unos son los luchadores por la libertad para otros. Están además las acciones de organizaciones estatales o paraestatales, que intentan imponer o reforzar un régimen mediante la muerte, las amenazas y el miedo.
A pesar de estas divergencias, la gran mayoría de las definiciones incorpora dos componentes: 1) la amenaza de violencia o su ejercicio de hecho, y 2) la generación de un estado de ánimo en conglomerados específicos o en toda la sociedad destinado a imponer o perpetuar un régimen político, económico, social o religioso.
Para los estudiosos del tema, todo acto terrorista es por esencia un delito, pero desde luego no todo delito puede ser juzgado como terrorismo. Aunque parezca obvio, esto hay que decirlo pues en la actualidad existe la tendencia de llevar a este plano los legítimos reclamos de la ciudadanía o de organizaciones políticas opuestas a los gobiernos de turno.
La legislación venezolana indica que el acto terrorista es cometido “con el fin de intimidar gravemente a una población”. Es decir, el calificativo no surge de la persona o grupo que lo ejecute sino de la intencionalidad o propósito.
Esto bastaría para señalar sin duda alguna que los ataques a los puestos policiales y a una comisión de uniformados en Las Mercedes fueron actos terroristas. Si como afirma Jenkins todo hecho terrorista es en esencia un mensaje, en este caso cabría preguntarse a quiénes va dirigido.

*Objetivos blandos. Los cuerpos policiales encarnan el ejercicio de la autoridad. Aún en la Venezuela actual los agentes están entre los principales instrumentos para la aplicación de las normas. Tanto ellos como sus edificaciones representan valores de institucionalidad. Desde hace por lo menos cuatro años, los policías han sido víctimas permanentes de delincuentes ávidos por hacerse de armas de fuego y vehículos. Hasta ahora, sin embargo, no se ha demostrado que esta mortandad pretenda un objetivo ulterior. Es decir, está ligada básicamente a delitos contra la propiedad.
Igualmente, este año hemos visto un incremento en los casos que podríamos catalogar como ataques al puesto o al centinela. En 2015 y hasta el 25 de septiembre hubo cinco solamente contra la policía judicial. Todos los casos reportados tenían un componente de retaliación. Se presume que fueron cometidos por bandas o individuos en respuesta a una operación. Por lo tanto, la instalación atacada estaba ligada directamente a los funcionarios contra los que se deseaba actuar.
Los lanzamientos de granadas que empezaron el viernes 25 de septiembre contra la sede de la policía judicial en Mariara representan un giro de 180 grados con respecto a lo visto con anterioridad. Fueron arrojadas contra cuatro sedes y una comisión policial cuando había menos agentes, y cuando los que estaban no tenían la menor sospecha del riesgo que corrían. Las instalaciones no tenían vigilancia perimetral ni centinelas que pudieran dar respuesta inmediata.
Por lo tanto, eran objetivos blandos, desprotegidos. Las instituciones afectadas, sin embargo, poco tienen en común más allá de ser cuerpos policiales. De un lado, la policía de investigación por excelencia. Del otro lado, cuerpos preventivos regionales de Guárico y Miranda, y una policía municipal. Dos de las cuatro policías están dominadas por el oficialismo o el gobierno central, las demás por militantes de partidos opositores. Esta naturaleza variada de las “víctimas” impide ir más allá en las conclusiones. Entonces, los objetivos fueron escogidos simplemente porque se trataba de policías que ofrecían condiciones de oportunidad para llevar a cabo con éxito las arremetidas. En cuatro de los cinco casos se presume además que los ejecutores de los ataques no pretendían ir más allá de los daños materiales. Esto permite inferir además otro elemento importante, que sugiere la existencia de una campaña o acción concertada en fase inicial.

*Similitud en escogencia de medios. En los cinco casos de ese fin de semana, los explosivos fueron arrojados por sujetos que iban en motocicletas, en medio de escaso tránsito vehicular y, por lo tanto, con las vías de escape despejadas. En dos casos (PoliGuárico, CICPC Mariara) las motos fueron de baja cilindrada, mientras que los atacantes contra PoliBaruta y CICPC Llanito usaron cilindrada media (650 cc).
En los ataques contra la comisión de PoliBaruta y la sede de la Policía de Guárico en San Juan de los Morros fueron arrojadas granadas fragmentarias GPM75 de fabricación alemana. Contra el cuerpo municipal igualmente lanzaron un segundo explosivo M26 hecho en EEUU, aunque también es fabricado en Colombia. Ambos modelos formaban parte de los inventarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero desde hace varios años los principales suplidores de este tipo de armas para Venezuela están en China y Rusia.
Se debe aclarar además que luego de los estallidos es muy difícil precisar el origen de las granadas mediante experticias forenses. Quizá sea posible establecer alguna similitud en la composición química de los explosivos. Los trozos recuperados permiten establecer marca y modelo en el mejor de los casos. Pero no el lote al que pertenece la granada, lo que pudiera dar alguna orientación sobre su origen. La nula trazabilidad pudo ser un factor importante en la escogencia de las armas usadas. Sólo es posible presumir dos orígenes: polvorines militares venezolanos o contrabando. Al respecto el coordinador del programa de Seguridad Pública de Naciones Unidas William Godnick advirtió que los contrabandos de granadas son muy complicados y riesgosos. Por lo tanto, su frecuencia es casi nula.

*Ausencia de atribución, manto de impunidad. Hasta ahora no se ha reportado que grupo u organización alguna se haya atribuido espontáneamente los ataques contra los puestos policiales. No obstante, algunos voceros han sugerido dos posibles autores: bandas criminales en reacción a la ejecución de las redadas conocidas como Operación para la Liberación del Pueblo, o específicamente la organización liderada por José Tovar Colina, alias Picure, en respuesta a un enfrentamiento en el que resultó herido. Ninguna resiste un análisis a la luz de los hechos. En primer lugar, dos de las policías afectadas (PoliMiranda y PoliBaruta) no han participado en las OLP. Por lo tanto, no es consistente que sean atacadas sus sedes en la forma descrita. Por otra parte, el enfrentamiento en el que Tovar Colina supuestamente resultó herido ocurrió el sábado 26 al mediodía. Para ese momento ya habían transcurrido 16 horas del primer ataque, y 8 horas del segundo.
Los detenidos llevados a un hospital
Sólo han sido detenidas dos personas, supuestamente relacionadas con el atentado contra PoliGuárico. Se trata de jóvenes de 18 años y 16 años de edad respectivamente que cayeron por impericia al momento de escapar. Durante la permanencia en CICPC y al ser presentados en los tribunales guardaron absoluto silencio. Han pasado dos semanas de esto, y todavía no se reportan nuevos avances en las pesquisas. Nada sobre los suplidores de la granada, el origen de la moto que usaron, los procesos previos de comunicación por teléfonos, las juntas que pudieron convencerlos de que atacaran a una estación policial.
Hay, por lo tanto, un tono de impunidad en esta serie de ataques. Un tratamiento de bajo perfil que hace sospechar dos cosas: la intención por ocultar a los demás participantes en esta auténtica “conspiración”, y la posibilidad de que haya réplicas de igual o mayor contundencia.


Breves

*El Centro de Monitoreo del Terrorismo (TSC, por sus siglas en inglés) es una entidad manejada por agentes del Buró Federal de Investigaciones que mantiene una base de datos con más de 520.000 nombres de personas de todo el mundo, señaladas de participar o de haber participado en organizaciones o actos calificados como terroristas por el gobierno estadounidense. También figuran facilitadores de tales actos o militantes de organizaciones que aparecen en listas de vigilancia. La institución fue creada en 2003 en respuesta a los ataques contra las Torres Gemelas de Nueva York. Nutre sus archivos con datos de todos los cuerpos de seguridad estadounidenses y de naciones aliadas. La cadena CBS hizo un completo reportaje sobre este centro (http://www.cbsnews.com/news/inside-a-secret-us-terrorist-screening-center/). Con la activación de la Iniciativa Mérida, México se convirtió en uno de los países cuyos puertos, aeropuertos y servicios fronterizos están interconectados con el TSC. Estados Unidos lo promovió así, para prevenir que indeseables entrasen al territorio de ese país cruzando algún puesto de la extensa frontera del sur. El 3 de octubre, el Defensor del Pueblo venezolano fue “retenido” durante una hora cuando llegó en un vuelo al aeropuerto Benito Juárez. Lo que sucedió no fue producto de alguna confusión con el gobernador aragueño, cuyo nombre (Tareck) se escribe distinto, tiene otro apellido y distinta fecha de nacimiento (datos básicos para la identificación de quienes figuran en estas listas). Tampoco había una orden de captura internacional o notificación roja cursada a través de Interpol contra el ex gobernador de Anzoátegui. En realidad, él figura en una de estas listas de vigilancia. Cuando intentó pasar por el puesto migratorio con un pasaporte convencional se encendió la luz roja. “Si hubiese usado el pasaporte diplomático, el tratamiento de repente hubiese sido otro”, me aseguró un agente con conocimiento directo del caso. De inmediato, al Defensor lo condujeron a una habitación especial, donde fue entrevistado brevemente. Según la legislación mexicana, no podía estar privado de su libertad en esa oficina más de una hora, pues de lo contrario hubiese sido necesario disponer de una orden de captura. En el interín, con su teléfono personal, emitió los tuits que son del conocimiento público. William reiteró ante los funcionarios migratorios que iba a una conferencia sobre derechos humanos en Mérida (Yucatán), para la que había sido invitado. Esto fue verificado, así como la información contenida en su pasaporte. Luego le permitieron hacer la conexión con el vuelo interno hasta su destino final.

*La criminalidad gana espacios en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Primero, los asaltos afectaban a las personas en las vías periféricas. Luego fue en los estacionamientos. Después en las caminerías y pasillos que comunican a los terminales nacional e internacional. Más adelante conocimos los reportes sobre los frecuentes hurtos de equipajes en los patios internos. Ahora, los robos también son en las áreas de chequeo para los pasajeros que se disponen a viajar. Entre el 5 y el 9 de octubre fueron reportados por lo menos dos casos contra pasajeros o las personas que los acompañaban. Ambos ocurrieron en la madrugada, cuando llegan los viajeros para los vuelos que salen a las 6 am. Un testigo relató un caso del 8 de octubre: “A las 5 am hubo un fallido intento de atraco a mi persona mientras esperaba la salida del vuelo a USA. (…) Llamé a una persona de Seguridad que se encontraba a pocos metros de nosotros. Los tipos huyeron del sitio como por arte de magia. El vuelo se retrasó seis horas, y en esa espera hubo un atraco justamente en la entrada del recinto de chequeo de SBA. A punta de pistolas quitaron maletas, bolsos, pasaportes, etc. Golpearon a dos personas, y la GN nada que ver”. Cuatro usuarios de redes sociales validaron este relato. Entre las víctimas estaban personas que tramitarían su salida del país, precisamente debido a la inseguridad.

*La operación en la que murieron dos oficiales de la Aviación militar venezolana, respectivamente piloto y copiloto del caza Sukhoi siglas AMV-0460 nada tuvo que ver con la supuesta escolta a un avión donde viajaría Rodrigo Londoño, alias Timochenko o Timoleón Jiménez, líder del grupo negociador de las FARC con el gobierno colombiano en La Habana. El jet de combate fue enviado desde la base aérea de El Sombrero el 15 de septiembre para un trabajo de interdicción aérea al tráfico de drogas. La FANB disponía de la información de que una avioneta, presumiblemente una Cessna 210 con matrícula estadounidense, despegaría desde una pista clandestina al sur de Mantecal y transportaría un alijo de cocaína hacia Centroamérica. El caza conducido por el capitán Ronald Ramírez, acompañado por el capitán Jackson García, despegó desde Guárico junto a otro jet del mismo tipo hacia el sitio donde ocurriría la actividad ilegal. Se requería llegar con prontitud al lugar ubicado a unos 600 kilómetros del punto de despegue. El capitán Ramírez avistó unas luces en el punto donde supuestamente estaría la pista, y decidió hacer un descenso rápido. En el proceso, unas nubes le impidieron la visibilidad y lanzó unas bengalas que ocasionan un fuerte resplandor, capaz de enceguecer al piloto. Al traspasar las nubes el capitán se percató de que tenía el suelo a muy corta distancia. No pudo levantar el jet y se estrelló. El piloto de la otra nave marcó el punto de impacto y retornó a la base. Posteriormente, la avioneta con la droga habría despegado de la pista clandestina. En medio del trágico suceso, ningún vocero militar explicó al país por qué optaron por utilizar estas aeronaves en vez de los K-8 de fabricación china, adquiridos precisamente con el propósito de resguardar el espacio aéreo de este tipo de vuelos sospechosos.

*Discreto silencio han guardado todas las autoridades del país en torno a las acusaciones por supuesto tráfico de drogas formuladas en el Distrito Sur de Miami contra el exjefe de Inteligencia de la policía política venezolana, el comisario general jubilado Pedro Luis Martín y contra el ex jefe de la Dirección Antidrogas de CICPC y exjefe de Antiterrorismo de la misma policía, comisario jubilado Jesús Itriago. Se trata de expedientes distintos, que en el caso de Martín refieren supuestos delitos de tráfico de drogas que abarcan un lapso de diez años. En cuanto a Itriago, serían cinco años. Este funcionario fue removido de su cargo luego de un escándalo por el decomiso de más de dos toneladas de cocaína en un jet que saldría desde Margarita a Sierra Leona, en junio de 2007. El alijo fue decomisado por la Guardia Nacional y también ocasionó la remoción de varios agentes de CICPC en Nueva Esparta. Itriago precedió en el cargo a Norman Puerta, otro comisario de la policía judicial involucrado en escándalo debido al expediente de la Banca Privada de Andorra. En el caso de Martín, los señalamientos son parecidos a los hechos previamente contra otros funcionarios, y tienen que ver con el supuesto uso de la investidura durante su paso por la policía política para proteger a traficantes o asegurar el traslado de alijos. Ambos expedientes salieron recientemente de la fase secreta, y sus contenidos comenzarán a ser del dominio público.

Homenaje permanente a los bomberos
Más de 3000 víctimas
*”Nunca podremos olvidar”. Esta frase está en una placa de bronce colocada muy cerca del lugar donde antes estuvo la estación de bomberos que servía a toda el área correspondiente al Centro Mundial del Comercio de Nueva York. Fueron 343 apagafuegos y rescatistas que dieron sus vidas el 11 de septiembre de 2001 para salvar a otros. Sus nombres están grabados en las paredes, para que permanezcan en la memoria colectiva. A media cuadra está ahora una plaza donde antes se erigían las Torres Gemelas. El lugar donde bullía la actividad financiera mundial ahora está destinado al recuerdo y la reflexión. Dos caídas de agua subterránea indican los lugares donde estaban los edificios derribados por sendos jets hace más de 14 años. Cada fuente está bordeada por pasamanos de bronce, donde grabaron los nombres de más de 3016 personas que murieron allí. Fueron colocados tomando en cuenta el sector de cada edificio donde pudieron estar en esa fecha fatídica. Al cumplirse un año más del ataque terrorista que cambió la historia y la vida contemporáneas, muchos deudos colocaron flores en los nombres de sus familiares fallecidos. Más allá, otros dos rascacielos indican la progresiva recuperación del sur de Manhattan. El miedo, sin embargo, se instaló en Estados Unidos y en general en el mundo desarrollado como un factor que incide en el tratamiento a propios y extraños. En un extremo de la plaza hay dos computadoras que recuerdan los nombres y lugares donde fallecieron las víctimas de los ataques. Cuatro de ellas eran venezolanas: Jenny Seu Kueng Low Wong, hija de inmigrantes chinos, se radicó en Brooklin y trabajaba en la Torre Norte para Marsh & McLennan. Tenía 25 años de edad. También John Howard Boulton, muerto a los 29 años de edad en la Torre Sur, donde trabajaba para la firma Euro Brokers. Las otras dos víctimas fueron Eduardo y Anabel Hernández, de 41 años y 40 años de edad, respectivamente. Sobre ellos la información es escasa. Solo se indica que laboraban para entidades bancarias. Con respecto a estas cuatro personas el gobierno venezolano nada dijo. Nunca hubo una condolencia oficial y pública a sus familiares. En cambio, sí hubo discursos que tendían mantos de duda sobre el origen y la naturaleza del atentado. Pero ese es otro debate.


*Cierro esta entrega con un agradecimiento al Observatorio Venezolano sobre Delito Organizado Transnacional y a la Unión Europea por el respaldo al proyecto que dio origen a los primeros cuatro manuales sobre diversas manifestaciones de este tipo de criminalidad en el país. Los textos fueron escritos por el abogado Fernando Fernández (sobre tráfico de metales preciosos), el arquitecto Marcos Tarre (secuestro e introducción al estudio del delito organizado en el país) y el autor de esta columna (robo y hurto de vehículos). Luego de la presentación pública hecha en Caracas, todos los documentos pueden ser bajados en forma gratuita a través de la web del Observatorio, pulsando el enlace  http://observatoriodot.org.ve/cms/index.php/item/95-serie-de-monografias-visibilizando-el-delito-organizado.

domingo, 26 de julio de 2015

Operación Levantamiento de la Popularidad



*Las incursiones militares y policiales iniciadas en todo el país para erradicar a las bandas criminales tienen muy poco de rescate de la institucionalidad y mucho de propaganda electoral

De repente, al gobierno del presidente Nicolás Maduro le preocuparon las bandas criminales. De la noche a la mañana el tema de la inseguridad ciudadana, que apenas ocupó un discreto séptimo lugar en sus prolongadas intervenciones públicas del año 2014, ahora compite en su mapa mental con la “guerra económica” y el despojo guyanés.
Un primer intento de lo que anunciaban sus palabras fue la redada en el sector San Vicente del estado Aragua, el 13 de mayo, con un saldo de tres muertos y 836 “retenidos”. Luego quedarían solamente dieciséis, al pasar por la criba del Ministerio Público. Participaron desde policías estatales hasta soldados del Ejército y la Guardia Nacional. Todo un despliegue pomposo para un saldo que terminó diluido como sal en agua. Tanto que pocos días después fue necesario reproducir la actividad en el mismo lugar, aunque sin tanta propaganda del Sibci.
La incursión en la Cota 905, llevada a cabo un mes después, tuvo más muertos (16), menos “retenidos” (134) y mucha más proyección noticiosa pues ocurrió en el corazón del municipio Libertador. De allí que algunos analistas lo llamen el “Cotazo”, en reminiscencia de la sorpresiva jugada de Maduro contra la cadena de tiendas Daka, que en 2013 le valió un importante repunte en las encuestas (cinco puntos según Datanálisis).
Durante la redada, 134 detenidos. Sólo quedarían 16
Y eso es precisamente lo que Maduro busca con la llamada Operación de Liberación del Pueblo (OLP): recuperar aunque sea un pequeño porcentaje de aquellos seguidores que le dejó en herencia su “padre político” Hugo Chávez. Olvidémonos del rescate de la institucionalidad, del abatimiento de la impunidad y del retorno de la tranquilidad a las calles del país. Lo que vemos son acciones para mostrar “mano dura” frente al hampa, y ponerse así en sintonía con las encuestas que colocan a la delincuencia como la segunda preocupación de los venezolanos afectos a todas las corrientes políticas, sólo superada por el desabastecimiento unido a la inflación.
Para dar la impresión de “mano dura” no hace falta un plan o proyecto, no hay que explicar un antes y un después. Sólo mostrar las armas, los francotiradores con pasamontañas, las tanquetas y helicópteros, patear algunas puertas y dejar que los policías salden las cuentas pendientes.
Como los problemas económicos del país parecieran insolubles para el actual régimen, se inició una campaña de acciones relámpago tipo blitzkrieg, para dar a entender que aquí por lo menos había la intención de hacer algo, para que así los electores no se la cobren tan cara al Gobierno en las elecciones parlamentarias de diciembre.
Al respecto se recoge aquí parte de unas reflexiones del criminólogo Keymer Avila, ex asesor del Consejo Nacional de Policía, a propósito de lo ocurrido en la Cota 905: “El problema de la inseguridad ciudadana (,,,) sirve como receptáculo para esconder dentro de sí otras incertidumbres: la económica (inflación y escasez), la laboral, la política, la institucional. Es más fácil ejecutar a unas cuantas personas (delincuentes o no, eso es lo de menos) que dar respuestas a través de la transformación económica y productiva del país, o despolarizar y fortalecer la institucionalidad democrática del Estado”.
Si este Gobierno estuviera comenzando, uno le daría por lo menos el beneficio de la duda. Pero en las actuales circunstancias a Maduro y su equipo le resultará muy difícil escurrir el bulto. La explosión de criminalidad que cruza a toda Venezuela, aparejada al surgimiento de las llamadas “megabandas”, es simplemente el producto de una cadena de desaciertos entre los que se cuentan (sin ser exhaustivos) la partidización de los cuerpos de seguridad y del sistema de justicia; el aislamiento internacional que hace del país territorio apetecido por las más variadas expresiones de la delincuencia organizada, propia y foránea; la desastrosa ejecución del “nuevo modelo policial”; el fortalecimiento político y económico de los colectivos armados aunado a la militarización del aparato de seguridad y, como guinda para el pastel, la puesta en marcha del programa de las “zonas de paz”, donde los grupos criminales han encontrado terreno fértil para operar con impunidad y diversificar sus áreas de acción.
En otras palabras, el Gobierno ahora pretende erigirse en la solución de una crisis generada por sus propias contradicciones y desaciertos acumulados en quince años.
Chávez podía despachar estos problemas echándole la culpa al ministro de turno. Su popularidad era tan grande que crecía a pesar de sus propios errores. Y en materia de seguridad ciudadana fueron recurrentes. La gente terminaba atribuyendo el auge de la criminalidad al matón de la esquina, al policía corrupto o la “falta de valores”. La responsabilidad se atomizaba. Incluso los chavistas se culpaban a ellos mismos por haber estado al lado de un hampón en mal lugar y peor hora. Pero con Maduro esta realidad ha cambiado. Ya desde mediados del año pasado las encuestas comenzaban a asomar un creciente descontento que le asigna directamente a él la culpa por el hampa sin freno.
En este contexto se desarrolla la OLP. No obstante, se debe tomar en cuenta que estas razzias, más propias de los tiempos en que estaba vigente la Ley de Vagos y Maleantes, impactan de manera negativa a las comunidades en las que se llevan a cabo. Muchas de ellas fueron consecuentes seguidoras del oficialismo. Basta con ver las manifestaciones frente a la Fiscalía de madres indignadas porque a sus hijos los tildaron de “paramilitares” pues tuvieron la mala suerte de estar en las calles de la Cota 905 cuando llegaron los policías.
El día en que ocurrió la toma de este sector los comercios de todos los alrededores cerraron, el transporte público no prestó servicio y nadie (salvo el líder de la megabanda del lugar, alias Coki) podía entrar ni salir. La gente común se preguntaba por qué tenían que pagar por los delitos de unos pocos. Igual ha ocurrido en los Altos Mirandinos, y seguramente en otros lugares donde las quejas han sido acalladas por la censura y la autocensura.
Luego, sobre la marcha, en el Ejecutivo se dieron cuenta de que había necesidad de improvisar algún plan para que la operación no se quedara en redada, para que la gente creyera que seguían algún modelo como el aplicado en las favelas de Río de Janeiro. Una semana después, el alcalde Jorge Rodríguez anunció que por órdenes presidenciales se instalaría “de manera definitiva” en la zona. Esto está por verse. Cabría preguntarse si esta orden presidencial será la misma en aquellos lugares donde los alcaldes o los gobernadores no estén alineados con el oficialismo.
Una última reflexión, pero no por eso menos importante. Creemos que estas operaciones están destinadas al fracaso, entre otras razones pues no parten de la legalidad. ¿Le mostraron a los residentes de la Cota 905 o de los Valles del Tuy aunque sea una orden de allanamiento debidamente expedida y razonada por un juez de control? Acciones en flagrancia no eran, pues al menos en el caso de la barriada caraqueña se sabe que tenían días planificándola. En este punto uno recuerda lo señalado por el ex juez español Baltazar Garzón: el Estado no se puede imponer desde la violación de las normas. Por el contrario, tiene que hacerlo reivindicando el cumplimiento riguroso de las leyes. Nada de esto vimos en la OLP. Y lo peor de todo es que una porción de la población directamente afectada por estas incursiones policiales y militares está dispuesta a avalar con su silencio la matanza. Por supuesto, siempre y cuando los cadáveres no sean los de su hermano o su hijo.

Breves

*El homicidio del ex oficial de la Policía del Municipio Sucre Gustavo Enrique Pulido se dirige a engrosar la lista de crímenes impunes. Un ataque armado efectuado a plena luz del día (era el sábado 18 de julio a eso de las 2 pm) ante por lo menos 3 testigos presenciales y una cámara de vigilancia instalada en el estacionamiento del Unicentro El Marqués probablemente será tapado por otros tantos asesinatos de más fácil resolución, que sí ocuparán las energías de los detectives de CICPC, presionados por incrementar la famosa “efectividad”. Pulido era jefe de escoltas de un empresario venezolano de origen portugués, ex concesionario del Mercado Mayor de Coche, cuya riqueza creció notablemente durante los últimos años. El comerciante, copropietario de dos restaurantes de Las Mercedes, fue detenido en abril de 2013 en La Romana, República Dominicana, cuando intentaba salir de esa isla con más de 165.000 dólares en efectivo, junto a otras cinco personas. El dinero supuestamente estaba destinado a saldar una cuantiosa deuda con un socio venezolano. Días después quedó en libertad, pero no pudo llevarse el dinero. Compromiso pendiente, conflicto en ciernes. En junio, CICPC  y PoliHatillo atendieron un extraño incidente en una quinta de la calle P3 de La Lagunita. Lanzaron una granada a la fachada del inmueble y luego dejaron allí una corona de flores, similar a las usadas en los funerales, con el nombre del deudor. El mensaje estaba muy claro. Desde entonces, Pulido había contactado a varios profesionales de la seguridad para fortalecer la protección del empresario. Fue cuando lo mataron. Este contexto es bien conocido por la policía judicial. Una de las teorías de investigación es que al ex PoliSucre le dieron 10 tiros para enviar un nuevo mensaje a quien era su empleador. Esto indica, entre otras cosas, que la disputa es entre grupos que se consideran a sí mismos intocables.

*El 21 de julio, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) publicó una segunda lista de aeronaves declaradas en “abandono” tras la ejecución de la operación Cielo Soberano, motivo de profusa propaganda a través de los medios oficiales. Esta lista difiere de la primera pues aparentemente fueron liberadas cuatro avionetas. Ahora, el Estado tiene en custodia 1064 aeronaves. Para que sus legítimos dueños puedan recuperarlas deberán presentar “escritos razonados” que comprueben la propiedad. Además, tendrán que cancelar el equivalente a mil unidades tributarias “por omitir información a la autoridad aeronáutica nacional”. No está claro qué ocurrirá si el Gobierno llegase a considerar definitivo el abandono de estos vehículos. ¿Los subastarán como se hacía anteriormente o tendrán el mismo destino que otros bienes incautados, que luego son destinados al uso personal de altos y no tan altos funcionarios? Quien tenga dudas que revise las denuncias sobre la entrega subrepticia a civiles y militares de los yates decomisados en procedimientos de drogas.

*El 17 de julio comenzó a divulgarse en las grandes unidades militares del país la orden de ejecución del “Plan para el Llamado a la Reserva Activa”. Una circular anunció que en la Fuerza Armada Nacional quieren “tener localizados a todos los ciudadanos y ciudadanas que han pasado a esta situación y de esta manera ser convocados y llamados a filas ante una situación irregular que pudiera presentarse en nuestra República Bolivariana de Venezuela y por ende en su área jurisdiccional”. Las dependencias castrenses deberán efectuar “las coordinaciones necesarias a fin de que estos combatientes participen en ejercicios de entrenamiento”. La situación, por lo tanto, es más delicada de lo que públicamente se conoce. Los militares no sólo estarían previendo un rebrote de la conflictividad interna. El conflicto con Guyana, reactivado por el presidente Maduro en época preelectoral, por ahora se mantiene en el plano meramente diplomático. No obstante, es claro que esta escalada podría trasladarse a otros ámbitos. Desde el punto de vista teórico y legal, en tiempos de conflicto armado los reservistas son llamados a filas cuando se considera que deben complementar el pie de fuerza de los distintos componentes. Este principio quedó plasmado en un decreto presidencial emitido en abril de 2005, que establece que el Comando de la Reserva tiene entre sus funciones “proporcionar reemplazos entrenados y especializados a las unidades activas y de la Reserva Nacional empeñadas en operaciones de combate”.

La cabeza, tapada con una sábana
*Honda conmoción causó en el oriente del país la colocación de la cabeza de un hombre al pie del busto del prócer Francisco de Miranda en Pariaguán, estado Anzoátegui, durante la madrugada del 14 de julio. Es la primera vez que un hecho con semejante carga simbólica ocurre en el país. Sugiere un proceso de “mexicanización” de la criminalidad venezolana. En México ciertos homicidios son cometidos con la clara intención de transmitir mensajes en distintas direcciones: a las comunidades donde ocurren, a los policías y militares y especialmente a los integrantes de grupos rivales. Los cadáveres amanecen guindados de puentes, desmembrados, quemados y a menudo cubiertos con lo que se ha llamado en ese país “narcomantas” o mensajes escritos sobre telas. Más que cadáveres son advertencias. Estos casos generalmente son catalogados como “crímenes de delincuencia organizada”. Según el autor Ioan Grillo obedecen a un proceso de “insurgencia criminal”, es decir, violencia de grupos hamponiles con ribetes de terrorismo. En Pariaguán, la cabeza fue dejada al pie de la estatua precisamente cuando se iban a celebrar en esa plaza diversos actos para conmemorar los 199 años de la muerte de Miranda. La víctima de este caso fue identificada como Rosalio Gamboa, alias Roso, de 27 años de edad, señalado extraoficialmente como integrante de una banda dedicada al abigeato y el robo de vehículos. La policía judicial lo vinculó con cuatro homicidios. El último de ellos fue reportado dos días antes del hallazgo del decapitado. Hubo dos fallecidos: José Miguel Sumoza, obrero de taladros de Pdvsa de 28 años de edad, y Rafael Augusto Azócar, de 52 años. Ambos murieron luego de recibir múltiples disparos en un terreno baldío de la vía Pariaguán-Valle de la Pascua. Allí fueron quemados por los propios matones. Según CICPC este doble crimen se originó por una disputa en torno a un vehículo.

Juvenal y uno de sus botines
*Escribe un habitante de Guárico, a propósito de la situación de criminalidad que se presenta en las carreteras de ese estado y del sur de Aragua. “Da temor transitar en la carretera Chaguaramas-El Sombrero-Barbacoas-Camatagua. Allí el Estado dejó de ejercer autoridad en ese territorio inmenso, dejándolo en manos del hampa”, señala. En ese lugar se ha enseñoreado la organización de Juvenal, ya referida en otras entregas. Según el remitente, este hombre es ampliamente conocido en el sector. No se esconde. En junio fue visto junto a varios integrantes de su grupo disfrutando una jornada de toros coleados en la población de Memo, en la frontera Aragua-Guárico. Aún así las autoridades no hacen nada. “Vivimos cercenados en nuestro derecho de viajar al centro del país por la vía mas corta que tenemos y temerosos de que familiares, amigos o conocidos terminen en manos de estas bandas”, dice. Este testimonio contrasta con los discursos emitidos desde Caracas por funcionarios del Gobierno, quienes aseguran una lucha frontal contra estas bandas.

*Vienen noticias sobre el asesinato del informante de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y presidente de la fundación Ceotad de Carabobo Luis Rodríguez Santacruz. Este hombre de 51 años de edad fue ultimado en junio de 2007. Su cadáver fue encontrado en un costado de la autopista Valencia-Campo de Carabobo. Tenía huesos rotos y contusiones que evidenciaban una prolongada tortura, además de 15 disparos en la boca y otras partes del cuerpo, señal inequívoca de que le cobraban haber delatado alguna operación de drogas. Rodríguez Santacruz fue víctima de una celada que le tendieron personas conocidas por él, quienes lo convencieron vía telefónica para que saliera de su vivienda y se introdujera en un vehículo. Más nunca lo vieron con vida. El caso era investigado por la fiscalía 11 de Carabobo, pero desde luego los autores del crimen continúan impunes. La ex presidenta de la Conacuid Mildred Camero señaló en una entrevista hecha por el periodista Héctor Landaeta que en este crimen estaban involucrados militares y policías del aparato de inteligencia del momento.



domingo, 5 de julio de 2015

Estado delincuente, Estado criminógeno

*Desde 2003 tenemos a un Estado que genera normas para controlar los mercados y a la vez criminalizar a importantes sectores de la sociedad, con la excusa de proteger sus propios intereses. La última versión de esta práctica es la famosa “guerra económica”

@javiermayorca

El 10 de junio, la fiscal general Luisa Ortega Díaz informó que habían acusado a 514 personas por el supuesto “uso irregular de divisas” a través de la extinta Cadivi. La información divulgada por el Ministerio Público no precisa si tales acusaciones fueron formuladas solamente en 2015 o desde que se inició la investigación correspondiente, en 2013. En todo caso, se argumentó que tales ilícitos “menoscaban el desarrollo económico del país”.
Previamente, el 25 de abril, la misma funcionaria afirmó que 1.711 personas habían sido detenidas este año por contrabando y acaparamiento, delitos que según ella van encaminados a “desestabilizar la economía”.
En total, por la medida mínima, han sido procesadas penalmente 2.325 personas por los referidos ilícitos. Llama la atención cómo la propaganda oficial justifica la persecución penal a semejante cantidad de individuos, en el marco de la denominada “guerra económica”. Y cómo importantes capas de la población, afectadas directamente por el desastroso desempeño gubernamental, aún creen en la prédica que atribuye la escasez y el brutal incremento de los precios a la conspiración de un grupo de malvados empresarios que nunca terminan de ser expuestos a la luz pública.
Llegamos entonces al nivel en que para hablar de economía también hay que manejar conceptos de derecho y seguridad ciudadana, y viceversa. Esto debido a que la actividad económica está criminalizada.
Todo comenzó en 2003, cuando el entonces presidente Hugo Chávez anunció la creación de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Sus dos argumentos para implantar el esquema de controles al flujo de moneda extranjera fueron: 1) detener la fuga de capitales, y 2) impedir el lavado de dinero.
En ambos aspectos el fracaso fue rotundo. El drenaje de los recursos del país no sólo no se detuvo sino que se aceleró, alimentado por el efecto riqueza ocasionado por la bonanza petrolera. Al respecto, la carta “mea culpa” del exministro de Planificación Jorge Giordani es plena prueba.
Simultáneamente, desde las entrañas del propio Estado se generó toda una clase social enriquecida sobre la base de actividades ilegales a la luz de las normativas improvisadas por el brazo legislativo del propio régimen. Los “boliburgueses” y sus padrinos políticos son ni más ni menos los responsables de que Venezuela llegase a ocupar el octavo puesto en el ránking mundial de países exportadores de capitales ilícitos, según la organización Global Financial Integrity, sólo superada en Latinoamérica por México, donde germinaron las más importantes organizaciones delictivas del hemisferio occidental durante los últimos veinte años. Esta casta nacional hace recordar a los “ladrones en ley” (vor v zakone) de la extinta Unión Soviética.
En Venezuela, tal y como lo señalan Tablante y Tarre, el Estado se transformó en un actor de la criminalidad. Por tal razón, el abogado Bayardo Ramírez Monagas lo denomina “Estado felón” o delincuente. Esta expresión no sólo se refiere a la incorporación de importantes funcionarios en actividades al margen de la ley, sino también a la incapacidad de los propios poderes públicos para implantar los correctivos necesarios de manera oportuna.
Pero hay otro aspecto de esta realidad que ha sido poco tratado, y que se refiere precisamente a las declaraciones de la Fiscal. El propio Estado, con su afán por controlar cada espacio de la vida de los individuos, ha empujado al resto de la sociedad a la ilegalidad.
En este sentido, entonces, tenemos un Estado delincuente y al mismo tiempo criminógeno.
El control de cambios en el país creó delincuencia de varios niveles. Sobre la de ligas mayores aún es poco lo que se sabe. Baste decir que cuando la Dirección de Contrainteligencia Militar se asomó al listado de grandes beneficiarios de Cadivi y del sistema Sucre, reculó y se contentó con detener a un teniente coronel del Ejército, vicepresidente de la oficina de control cambiario, y a un primo hermano señalado de ser su testaferro.
Pero en las “ligas menores” estaba el resto de la población venezolana, arrastrada a la ilegalidad de los mercados negros por decisión del propio Estado. ¿Quién no compró dólares a un amigo o conocido para poder viajar sin estar pendiente de si la tarjeta “pasó” o hacer encargos sin el corsé que imponían los cupos? ¿Quién no adquirió el “electrónico” a algún familiar que no lo usaría? En Venezuela, donde prácticamente todo lo que se consume es importado, la disponibilidad de divisas se transformó en un factor de preservación de la salud y la libertad individuales. Por lo tanto, el control de cambios operó y opera como un mecanismo de control social y político. El Estado permite que el individuo permanezca en la ilegalidad, hasta que sea percibido como incómodo para la permanencia del régimen. Entonces, será objetivo de la “selectividad represiva”, una característica a la que nos hemos referido en otras entregas.
En la "guerra económica" el enemigo es la población
En esta misma línea se inscribe la “guerra económica” declarada por Nicolás Maduro. Desde Sun Tzu hasta estos días, uno de los factores vitales para cualquier guerra es poseer una definición clara del enemigo. De lo contrario será imposible determinar cuándo el conflicto será ganado. En el caso venezolano, lo que no se dice es que la “guerra económica” es del Estado contra los individuos, con el Ejército y todos los poderes públicos en el rol de armas de destrucción masiva. Aún así, el bando contrario gana adeptos cada día. En las fronteras de Táchira, Zulia y Apure hay pueblos enteros dedicados al traslado de mercancías a Colombia, que reaccionan iracundos cuando la fuerza pública les impide continuar en lo suyo, como pasó recientemente en un caserío tachirense llamado La Cooperativa.
Poco a poco campesinos, amas de casa, transportistas y hasta docentes se incorporan al “bachaqueo”, sin conocer o importarles el hecho de que desafían las normas implantadas por el propio Estado para sostener lo insostenible. Desde luego, con el pasar del tiempo esto también mina la cohesión de las filas oficialistas. Por eso, el contrabando se convirtió de la noche a la mañana en el principal delito cometido por funcionarios militares en el país.

Breves

*Esta es la historia de lo ocurrido a un conductor que circulaba hacia El Solar del Hatillo, el 31 de mayo en la noche. Algunos detalles fueron omitidos para proteger su identidad. Un relato sobre la impotencia y la ausencia de protección que caracterizan la vida actual del venezolano. Parece ficción pero es cruda realidad:

“(…)me encontraba subiendo en mi carro por la vía que está entre la urbanización Lomas del Sol y el cruce hacia el Solar del Hatillo, cuando inesperadamente apareció una camioneta por detrás, me adelantó e interceptó. Se bajaron tres hombres armados y metí retroceso. Giré el volante para intentar huir en sentido contrario, pero en esta maniobra mi carro volcó. Los hombres armados subieron nuevamente a su carro y dieron vuelta para intentar perseguirme.
“Al verlos bajar hacia donde me encontraba yo volteado, sin mucha posibilidad de poner a salvo mi vida, busqué la forma de poder salir del carro para esconderme en otro lugar. Pero cualquiera de las opciones me colocaba al descubierto y de frente a ellos por lo que decidí esconderme lo más atrás posible (en la cabina), pensando que los hombres podrían disparar al puesto del piloto o del copiloto. Pero los antisociales al encontrase con el accidente decidieron escapar.
“Cuando ya no veía el carro de ellos salí como pude en busca de un lugar un poco más seguro. Decidí esconderme detrás de un árbol donde el monte estaba un poco más tupido. Desde ahí, tirado en el piso para evitar que alguien pudiese verme, con miedo de que pudiesen regresar los antisociales, comencé (con 6% de batería) a llamar a algunos amigos. Pero en vista de la mala señal del lugar no pude lograrlo. En el quinto intento llamé a mi padre. No quería hacerlo porque él sufre de la tensión. Pero no quedaba de otra. Necesitaba salir de ahí y estaba lejos de algún lugar seguro. Esta vez la llamada cayó. Yo estaba asustado como nadie, pero intentaba no transmitir el pánico a mi padre: "Hola, estoy bien, no me pasó nada, pero necesito ayuda, busquen a la policía y vengan para acá", le dije mientras miraba a todos lados estudiando la zona para ver dónde podía esconderme mejor. Pensaba que en cualquier momento volverían los antisociales.
“De repente, de la nada aparecieron unos héroes anónimos en tres carros, desconocidos por mí pero amigos entre ellos. Al ver mi carro se pararon para ver si todo estaba bien. Salí de donde estaba escondido, gritando: "Estoy bien, por favor sáquenme de este lugar, intentaron robarme y pueden volver". Ellos accedieron, agarré un par de cosas de mi carro y me fui con ellos a un lugar seguro lejos de ahí. Nunca colgué el teléfono y mis padres escucharon todo. Seguí hablando con ellos para intentar calmarlos y explicarles adónde estábamos yendo.
“Mientras los héroes anónimos llamaban a la policía e intentaban calmarme un poco llegaron mis padres. Nos abrazamos, dimos gracias infinitas a quienes me ayudaron y fuimos al lugar donde estaba mi carro pues ya habíamos confirmado que la policía estaba ahí. Luego de todo lo acontecido pensé que todo fluiría normal, pero la Policía Nacional en vez de radiar al carro según mi testimonio (a lo cual respondieron que ya PoliHatillo tenía el caso) prefirieron jugar a desmentir todo, en busca de aprovecharse de mi estado anímico para obtener alguna retribución económica. Juego en el cual no caí, y sin dudar defendí el testimonio de lo vivido.
“En vista de que todos mis papeles estaban en regla, que la prueba de alcohol arrojó 0,00% y que su método de presión se hacía cada vez más nulo, me dijeron: "Tenemos que ponerte una multa porque venías retrocediendo". No me quedó más    nada que reírme y decirles: "Pónganla".
“Pasé la noche en la clínica haciéndome exámenes. Todo estaba perfecto. Busqué mi carro, lo llevé a mi casa y fui a PoliHatillo a ver si efectivamente tenían el caso, a lo que respondieron: "Te mintieron. Nada sabemos de lo ocurrido. Mi pana, yo no sé cómo usted está vivo".
“Tristemente tal y como luego le dije al CICPC, lo único malo de que no me haya pasado nada es que seguramente a otro le va a pasar. Esto en vista de que la denuncia no procede, pues no hubo ningún acto consumado, ni robo, ni secuestro, ni ajuste de cuentas”.

*En entregas anteriores hemos tratado el tema de los “patriotas cooperantes”, figura equivalente a los informantes confidenciales, utilizada en forma indiscriminada por los cuerpos de seguridad venezolanos para la persecución de opositores políticos, con el aval de jueces y fiscales. En el caso de la técnico en Procesos Químicos Araminta González se le confirió el carácter de soplones a por lo menos dos personas de su propio entorno, quienes a su vez también fueron presionados por los cuerpos policiales. Otros se mezclaron en las manifestaciones a las que ella asistía y la involucraron en un expediente por supuesto terrorismo, asociación para delinquir y otros delitos. La mujer, de 33 años de edad, permanece en los calabozos del Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) desde hace más de un año, luego de ser presentada ante el juzgado primero de control del estado Miranda. En otras palabras, el proceso judicial está paralizado. Su abogado José Vicente Haro recaba evidencias sobre las torturas a las que fue sometida para obtener un testimonio incriminatorio contra Vasco da Costa. Hasta ahora ha podido precisar dos procedimientos. El primero, llamado “el masaje” en el argot policial, consiste en envolver al detenido con una colchoneta. Posteriormente, es golpeado en forma repetida mientras le hacen las preguntas de rigor. Los traumatismos se unen a la falta de aire. La otra técnica es conocida como “helicóptero”: al detenido le toman mechones de cabello mientras le dan vueltas hasta que se desprende del cuero cabelludo. Las lesiones, además de dolorosas, tardan mucho en sanar.

*Un informe de la Guardia Nacional advierte sobre el crecimiento de la banda llamada Juvenal en el sur del estado Aragua y en Guárico, territorios donde anteriormente imperaba la organización de José Tovar Colina, alias Picure. Los antisociales son señalados por los secuestros de dos gerentes de la empresa china Ciric y tres fiscales del Ministerio Público, entre ellos el 61 nacional Nohengry Mendoza (6 de mayo). Todos fueron víctimas ocasionales de un grupo que opera en forma cada vez más abierta, manteniendo cautivas a familias enteras en fincas de la región. Los golpes propinados por los cuerpos de seguridad a la banda del Picure desde el año pasado ocasionaron que la banda Juvenal también haya asumido el control de las extorsiones a los hacendados. Algunos son obligados a pagar con ganado o vehículos, pues no disponen de las altas sumas exigidas por los antisociales. La GN atribuye a este grupo los homicidios de tres personas que este año han intentado eludir los “puntos de control” que la banda instala en las vías que comunican a Guárico con el oriente del país. La última víctima fue Fernando José Villanueva de 54 años de edad, quien se negó a entregar una pick up Luv Max el 31 de mayo.

*El país atraviesa por una importante intensificación de la criminalidad. En Caracas, las muertes violentas se han incrementado durante el primer semestre del año 7,2% con respecto al primer semestre del año pasado. Los robos y hurtos de vehículos en permanente aumento, así como delitos asociados como los secuestros, las extorsiones y los asaltos a viviendas. En Zulia matan a cuatro personas en promedio diario, y en Aragua tres. En Antímano hubo un incremento de 70% en los delitos conocidos durante junio, con respecto al mes anterior, de acuerdo con fuentes de PoliNacional.  Los homicidios cada vez reflejan mayores dosis de odio y ensañamiento. La ciudadanía presa del miedo no encuentra a quién acudir ante la inoperancia cada vez más patente de los exponentes del “nuevo modelo policial”, prestos a reprimir a manifestantes pero pusilánimes cuando se trata de las bandas armadas de la Cota 905 o del Cementerio. El Gobierno, desde luego, conoce esta situación pero está entrampado en una contradictoria dinámica. Por una parte, negocia y hace concesiones a los delincuentes al otorgarles “zonas de paz” y refugios en prisiones como Tocorón. Por la otra, presume de una “mano dura” militarista que nada tiene que ver con el rescate de la institucionalidad. Luego de la destitución del mayor general Miguel Rodríguez Torres otros dos oficiales activos de la FANB han estado al frente del ministerio de la seguridad. La almirante en jefe Carmen Meléndez nunca se encontró a gusto en el cargo, y parece que lo mismo ocurre con su reemplazo, el mayor general Gustavo González. Muchos soles para una guerra interna que se está perdiendo.

*”Ni que nos vayamos nos podemos ir” es la última obra protagonizada por la actriz Caridad Canelón. El libreto de Lupe Grehrenbeck refleja los conflictos de una mujer en preparativos para visitar a su hija, radicada en Florida (EEUU) luego de sufrir un secuestro junto a su familia en Caracas. Ese viaje, programado para durar solo un mes, tiene todas las características de una mudanza, o mejor dicho un desplazamiento forzado de una persona que huye de la escasez y la criminalidad, pero que a la vez se niega a abandonar su terruño. La obra, como nuestra realidad, se mueve entre la comedia y tragedia. Pero logra un excelente balance que al final suscita reflexiones en el espectador. La pueden ver en la torre BOD, entre viernes y domingo.


La Comuna 13 de Medellín
*La foto que acompaña este breve fue tomada en la Comuna 13 de Medellín, durante una visita que tuve la oportunidad de llevar a cabo en mayo. Este barrio, como otros tantos de la capital antioqueña, fue escenario de cruentos enfrentamientos entre bandas, cuerpos de seguridad, grupos paramilitares y reductos del Ejército Popular de Liberación y del Ejército de Liberación Nacional. Medellín llegó a ser la ciudad más violenta del mundo, con tasas de homicidios que superaron los 380 casos por cada 100.000 habitantes en 1992 debido a la guerra del cartel liderado por Pablo Escobar contra el Estado colombiano. Muerto el Patrón, los homicidios disminuyeron en forma consistente. Pero entre los años 2000 y 2002 hubo un importante repunte de la violencia criminal, debido precisamente al conflicto armado entre las bandas agrupadas en torno a Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna o Adolfo Paz, reductos guerrilleros y otras organizaciones criminales. Hoy en día, la tasa de homicidios en Medellín ronda los 40 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, un tercio de la correspondiente a Caracas. Un nivel de violencia que todavía preocupa pero que en nada se parece a lo vivido allí durante las décadas de los ochentas y noventas del siglo pasado. En los últimos 25 años la ciudad colombiana ha tenido gobernantes de distinto signo político, que sin embargo coincidieron en colocar el problema de la criminalidad en el tope de su agenda, y convocaron a la sociedad civil organizada para superar esta situación. La experiencia de Medellín, además, enseña que en esto no hay soluciones de corto plazo. Por lo tanto, para superar esta violencia sin límite Venezuela tendrá que recorrer un largo camino. Cada día que pasa sin dar los primeros pasos sólo hará más difícil alcanzar la salida.