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domingo, 26 de octubre de 2014

A merced del hampa


Las destituciones del general Miguel Rodríguez Torres y de casi toda la directiva de CICPC indican hasta qué punto los colectivos también infunden temor en el Ejecutivo

Twitter @javiermayorca

El viernes 24 de octubre el presidente Nicolás Maduro mandó de vacaciones al mayor general (Ejército) Miguel Rodríguez Torres.
El oficial fue hasta ese momento titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y supuestamente uno de los personajes más poderosos del régimen. En algún momento dijeron que si Maduro renunciaba él podría sustituirlo.
Este es el cambio en el Gabinete más importante desde la salida de Jorge Giordani de la cartera de Planificación. En el caso de Rodríguez Torres, está claro que la decisión presidencial obedeció a razones políticas y no a una sesuda evaluación del desempeño del oficial para controlar la criminalidad, una de las dos preocupaciones más importantes de los venezolanos.
La destitución del general fue un fuerte rumor en septiembre, es decir semanas antes del asesinato del diputado Robert Serra. Pero se transformó en un hecho en los días posteriores a la operación policial en el edificio Manfredir, ocurrida el 7 de octubre. El diputado Freddy Bernal asumía que podía ser el reemplazo. Filtró datos en ese sentido a columnistas afines, y a mitad de semana grabó una entrevista con José Vicente Rangel, divulgada por Televén el domingo 26, en la que intentaba abordar temas de seguridad ciudadana. Como para que el Primer Mandatario lo tuviera en su firmamento ministerial.
Maduro, sin embargo, optó por una solución que según fuentes ligadas al oficialismo no será sustentable por mucho tiempo. Sacó a la almirante Carmen Meléndez del ministerio de la Defensa y la envió al MRI. Simultáneamente, transfirió al mayor general del Ejército Vladimir Padrino desde el Ceofanb hasta el cargo que dejaba la oficial de la Armada. Con esta decisión, además, quedan momentáneamente fusionados en un mismo oficial los mandos de las áreas administrativa y operativa del mundo castrense venezolano.
La remoción de Rodríguez Torres lució precipitada, apurada, urgente. El enfrentamiento entre CICPC y los referidos colectivos envió inicialmente un fuerte mensaje al resto de estas agrupaciones. Pero luego, al ver que habían cometido un error, Rodríguez Torres y el ahora destituido comisario Sierralta intentaron matizarlo, tal y como lo explicamos en la entrega anterior.
Sería una equivocación atribuir la decisión de Maduro única y exclusivamente al caso Odreman. Ya desde el Secretariado Revolucionario de Venezuela se aclaró que el sargento jubilado de la PM había sido expulsado de sus filas. El viernes el portavoz de esta plataforma Hermenegildo Barrera (señalado por la muerte de Juan Montoya) divulgó en el semanario Quinto Día del 24 de octubre un comunicado que nuevamente marca distancia con respecto al Frente 5 de Marzo.
Sin embargo, la decisión de atacar al grupo de Odreman y a Escudo de la Revolución podía representar el inicio de un proceso para despojar a todos los colectivos de su poder de fuego. De allí que se hubiese anunciado una manifestación en Caracas por parte de estas agrupaciones para el viernes 24. Algunos de sus promotores desistieron el jueves, supuestamente al conocer que ya Rodríguez Torres iba a ser destituido. Este era el fin básico de la protesta.
Nuevamente, queda al descubierto la inconsistencia de las afirmaciones sobre los colectivos como agrupaciones de acción social que solo pretenderían mejorar la calidad de vida en sus comunidades. De ser así, no se comprende tanta precipitación para sacar a Rodríguez Torres de su cargo. El miedo también invadió Miraflores.
El ahora ex ministro tardó mucho en incorporarse a la retórica incendiaria que atribuía la muerte del diputado Serra y de su asistente a una conspiración urdida desde Miami y Bogotá, y ejecutada por macabros paramilitares con el auxilio de algún diputado de la oposición. Luego cedió. Más tarde, demostró que no se había aprendido bien el libreto, cuando disminuyó en 50% el monto que supuestamente habían cancelado a la banda del PoliCaracas Eduwin Torres para que matara al parlamentario. ¿Fueron $250.000 como dijo él, o los $500.000 dichos por Maduro?
En junta con Alexis Vive, poco y tarde
Rodríguez Torres intentó disminuir las presiones que los colectivos ejercían sobre el Ejecutivo reuniéndose con alguno de ellos. Alexis Vive le dio esa tribuna el 15 de octubre. Pero la jugada no rindió resultados, aunque este encuentro fue convenientemente divulgado por el aparato de propaganda del ministerio.
Más allá de todas estas truculencias, nuevamente queda la sensación de que los ciudadanos seguiremos desprotegidos, a merced de los delincuentes. Hasta el momento, nadie ha podido informar cuál conocimiento o aptitud especial califica a la almirante Meléndez para ejecutar las políticas en materia de seguridad ciudadana, si es que existen. Esto hace presumir la continuidad de las fórmulas militaristas vistas hasta el momento, cuyos resultados quizá no conozcamos en todas sus dimensiones, pero que sin duda continuaremos padeciendo.

Breves

*La trama paramilitar llegó a los cuarteles. A partir del 22 de octubre comenzaron nuevamente los alertas y advertencias. Ese día, las unidades castrenses fueron notificadas sobre una novedad que supuestamente se presentó el 18 de octubre en el fuerte Cayaurima del estado Bolívar con un sujeto vestido de primer teniente, equipado con chaleco de combate. El relato indica que este hombre traspuso la cerca perimétrica de la instalación e inmediatamente ofreció a un centinela una pastilla de diazepam (droga sintética usada como ansiolítico y con efecto narcótico), diciéndole que era para contrarrestar los efectos del dengue. Luego supuestamente se acercó a los polvorines, pero fue detenido. Entonces, indica el reporte, confesó que es un colombiano al que le pagaron para que detectara las vulnerabilidades de los depósitos de armas. La identidad del sujeto no fue revelada. No obstante, en la FANB le dieron plena credibilidad a esta información y se ordenó “extremar las medidas de seguridad” en todas las instalaciones. Esta decisión fue ratificada en un nuevo radiograma, el 23 de octubre. En ese documento incluso se advierte que grupos irregulares podrían atacar tanto las instalaciones como las unidades en comisión.

*El 21 de octubre, el diputado Ricardo Sánchez declaró que durante este año fueron reportados hurtos o robos en cinco parques de armas. Según sus cuentas serían 138 las armas de fuego que habrían pasado a manos de los delincuentes por esta vía. A ello habría que sumar los constantes robos y hurtos de pistolas, revólveres y fusiles a funcionarios, tanto policiales como militares. Sólo en Distrito Capital han matado desde enero hasta la tercera semana de octubre a 107 efectivos de cuerpos de seguridad ciudadana, en la mayoría de los casos para quitarles sus armas de reglamento. Sánchez ha sido el único parlamentario que ha mostrado interés público sobre este tema. Pero se quedó corto. En la relación que suministró no figuraron el hurto de diez fusiles AK 103 del parque de armas del fuerte Paramacay, durante la última semana de septiembre, ni el robo de 30 pistolas al personal de custodia del internado judicial de Tocorón, en Aragua. El total entonces sube de 138 a 178 armas. Casi todos los casos tienen un factor en común, que es la complicidad de funcionarios adscritos a las instalaciones en las que se producen los robos o sustracciones. En el robo de 42 pistolas Beretta en la sede de Polinacional-Guarenas, el 20 de octubre, hubo por lo menos un oficial de ese cuerpo involucrado. Al cierre de esta columna se divulgó una orden general en CICPC según la cual los agentes no podrán salir con sus armas de reglamento mientras estén en sus horas libres.

*Desde la sede del grupo BAE en Caracas, el alemán Bernhard Heidbreder anunció mediante un comunicado que se opondrá con todos los medios posibles a la extradición solicitada por su país natal, donde se le acusa de pertenecer al grupo terrorista Das Komitee. Heidbreder fue detenido en Mérida por agentes de CICPC Interpol el 11 de julio. En su declaración admitió que permanecía en esa ciudad con documentos falsos a nombre de John Londoño. Pero rechazó el mote de terrorista. Aseguró que jamás ha cometido homicidio, aunque sí participó en un complot para destruir una cárcel para inmigrantes ilegales que, según su relato, estaba vacía. Las imputaciones, indicó, vienen de su lucha “política, altruista y solidaria con los inmigrantes indocumentados, contra la violación a sus derechos humanos fundamentales, enmarcado en el accionar de la izquierda alemana indignada”. Expresó que sigue fiel a sus ideales, pero que su deseo en este momento es seguir con su esposa en la ciudad andina. Corresponderá a la Sala Penal del TSJ decidir si acoge los argumentos del detenido o del país que lo requiere.

*El 7 de julio de este año, el diario Ultimas Noticias publicó un remitido suscrito por el venezolano José Angel Cruz Romero, en el que señala directamente al empresario falconiano Simón Alvarez Antúñez de poseer una flota de 56 embarcaciones supuestamente dedicadas al tráfico de gasolina. Cruz Romero, de 44 años de edad, es solicitado internacionalmente mediante una notificación roja de Interpol debido a su aparente vinculación con los homicidios del comerciante Luis Felipe Toledo Thompson y del albañil César Navarro, en una finca de Carirubana en septiembre de 2013. Por este caso fueron capturados en Colombia y esperan extradición a Venezuela los hermanos Angel y Juan Ramón Cruz Brace. Durante las averiguaciones un informante relató a CICPC que el verdadero objetivo de los matones no eran Toledo y Navarro, sino el propio Alvarez. El 21 de octubre, el concejal Humberto Berroterán, secretario general del partido Unidad Popular Venezolana, intervino en esta pugna para denunciar que Cruz Romero supuestamente dirige una organización de 40 personas a las que calificó de paramilitares, quienes recientemente habrían ingresado a Falcón. Según el expediente instruido por CICPC, Cruz se mueve actualmente entre Colombia y Panamá.


Imagen de un auto "vacunado"
*Más sobre las extorsiones por robo y hurto de vehículos. El 20 de octubre, el grupo Antiextorsión y Secuestros de la GN en Guárico apresó en una finca de Valle de la Pascua a dos hombres que estaban en posesión de una camioneta Toyota burbuja 2006 gris, placas NAU46N, robada a su legítimo dueño en la avenida Rómulo Gallegos de esa misma ciudad, el 8 de octubre. A la víctima la llamaron posteriormente usando los teléfonos que dejó en la cabina para exigirle 400.000 bolívares, pues de lo contrario no vería más su camioneta. Los investigadores pudieron rastrear toda la organización delictiva, hasta que llegaron a Jorge Daniel Guerra Valiente y Francisco Javier Muñoz, este último acreditado como agente de la red de “inteligencia comunal” del municipio Infante de Guárico.  En Mérida, mientras tanto, los militares detectaron a una estructura que pide “vacuna” para proteger automóviles, camionetas y camiones. El interesado debe hacer un primer pago de veinte mil bolívares, y luego cancelar cinco mil bolívares cada mes. A los vehículos amparados por este grupo les colocan una peculiar calcomanía que reza: “Refresh your car”. En el caso de los camiones, también pegan en la parte trasera adhesivos con flechas negras y amarillas que apuntan hacia los extremos. Esta forma de extorsión comenzó en el estado Zulia, y al parecer se está extendiendo por los estados occidentales del país, alentada por la escasez de vehículos y sus repuestos.

*El 16 de Octubre, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU acogió los alegatos que sobre la ilegalidad de la detención del capitán retirado de la GN Juan Carlos Nieto Quintero por parte de agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar, el 2 de abril. Esta instancia acordó además enviar los recaudos del caso a la relatoría sobre torturas. Como ocurrió anteriormente con los pronunciamientos de ese mismo grupo en los expedientes de Leopoldo López y Daniel Ceballos, en esta oportunidad el Ejecutivo tampoco acatará el dictamen. Por el contrario lo considera lesivo al principio de no injerencia en los asuntos internos de los países. Nieto es uno de los diez oficiales que permanecen privados de libertad por un supuesto complot para derrocar al presidente Maduro.  La jueza tercera de control militar, teniente coronel (GN) Lariza Theis Ferrer decidió el pasarlos a juicio por un consejo de guerra, aunque Nieto y otro tres implicados ya están en retiro. Como aspecto curioso, las investigaciones solo han tocado a un oficial del Ejército, que es la fuerza de ocupación terrestre. De manera que el supuesto plan para derrocar a Maduro aún no está bien delineado. De hecho, las investigaciones de Contrainteligencia Militar comenzaron después de la fecha mencionada en el expediente para el estallido de la supuesta conspiración.

De Cuernavaca a Guárico
*El 19 de octubre, el nuevo Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López (entonces jefe del Ceofanb) informó por twitter sobre la inutilización de un jet Gulfstream que aterrizó en una pista clandestina de Calabozo, Guárico. La aeronave fue registrada en México con las siglas XB-NKS, un dato importante que no fue informado en su momento por el portavoz militar. Tampoco se dijo que ya había sido decomisada en México por tráfico de drogas, y que inexplicablemente llegó al país en vuelo desde Cuernavaca. En la última semana de septiembre otro jet de siglas estadounidenses se desvió cuando cubría el trayecto entre Acapulco y Aruba para aterrizar en una pista ilegal cercana a Sinaruco. En la maniobra sufrió un desperfecto y los propios ocupantes optaron por quemarlo. Es el tercer caso de un avión que termina incinerado en territorio nacional este año luego de salir de territorio azteca. En junio, los militares hallaron un Citation en otra localidad apureña. La envergadura de los aparatos usados en la actualidad para los vuelos ilícitos hace suponer la existencia de una importante ruta de para el traslado de drogas desde los llanos venezolanos hasta Centroamérica. Solo en un caso (el último) han reportado detenciones. Los presos fueron el venezolano Edilson Braca de 49 años de edad, y  los mexicanos Milton Torres Hernández y Víctor Manuel Cardosa, respectivamente de 49 y 50 años de edad. El primero estaba solicitado por las autoridades de su país debido a que desertó de la Aviación militar. De esta fuerza castrense surgió el temido cartel de los Zetas.

domingo, 12 de octubre de 2014

La violencia buena y la mala violencia

Los escándalos que involucran a miembros de los colectivos están obligando al Ejecutivo a cambiar su discurso hacia estas agrupaciones

Twitter @javiermayorca

Luego de la operación policial que dejó cinco muertos en la avenida Sur 4, el Gobierno se ha visto obligado a matizar su discurso con respecto a los colectivos, es decir, las agrupaciones civiles que operan en Caracas y en el resto del país como cuerpos paramilitares y a las que se les ha asignado la defensa armada de la revolución.
El episodio del martes 7 de octubre fue demasiado evidente. De un lado estaban las unidades de la policía judicial. Del otro, militantes del colectivo autodenominado Escudo de la Revolución, con apoyo del Frente 5 de Marzo, una plataforma liderada por el sargento jubilado de la Policía Metropolitana José Miguel Odreman Dávila, que pretendía constituirse en punto de fusión de otros tantos colectivos.
El sargento Odreman, cuando estaba con el "proceso"
Desde CICPC se filtró la información de que la organización liderada por Odreman, de 43 años de edad, estaba vinculada con el homicidio del oficial de la Policía Nacional Francisco Antonio Viloria, de 24 años, reportado en el barrio José Gregorio Hernández de Cotiza el 9 de enero. En ese mismo hecho murieron Yohanny Wilfredo Rojas y Luar Rafael Pérez, de 22 y 23 años de edad, respectivamente. Igualmente, la sindican de participar en los asesinatos de dos hombres que fueron hallados en las riberas del rio Guaire, envueltos en bolsas para basura, así como también en la muerte de Yohan José Alaya Pérez, de 33 años, luego de que supuestamente fue torturado en el sótano del edificio Manfredir, principal objetivo del allanamiento.
Nada de esto fue precisado por el actual director de ese organismo José Gregorio Sierralta, quien ese día se limitó a emitir mensajes vía twitter desde Valencia así como una breve rueda de prensa para aclarar que la acción que prácticamente mantenía paralizado al centro de Caracas no obedecía a las pesquisas sobre el asesinato del diputado Robert Serra.   
En medio de la confusión, el titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, así como el propio Sierralta, intentaron hacer una distinción entre colectivos y bandas delictivas. En ese imaginario, los primeros se dedicarían al trabajo social en sus comunidades, mientras que los otros a delinquir.
Este discurso se fue refinando con el pasar de los días. El sábado, durante un acto público, Rodríguez Torres hizo esta caracterización: “Un colectivo es expresión de la organización del poder popular. Los colectivos en Venezuela tienen años de constituidos, años de trabajo, son para la paz y por la paz, la cultura, el deporte y la organización popular. Vimos en los twitter de muchos colectivos cómo se deslindan de la violencia para ejercer la participación política”.
¿Este Rodríguez Torres es el mismo oficial que, cuando era comandante con oficina en la Vicepresidencia, contribuyó a orquestar los círculos bolivarianos? Desde entonces, él ha podido presenciar la evolución de los colectivos. La imagen idílica que expresó en el acto de la Plaza Caracas no obedece a la realidad actual sino a la etapa previa a la crisis política de 2002-2003. Desde entonces, los colectivos han seguido el principio expresado en su momento por el propio Hugo Chávez, según el cual el proceso político que él lideró era “pacífico, pero armado”. La realidad demostró que era cada vez menos pacífico y más armado.
Entiéndase bien: los colectivos, especialmente los más evolucionados como La Piedrita, Tupamaros o Alexis Vive, tienen patrones de organización similares a los que poseen agrupaciones consideradas terroristas, tales como ETA en el País Vasco o Hamas en Palestina. Antaño también la tuvo el Ejército Republicano Irlandés. Por una parte, tienen un ala militar, dedicada a las acciones de choque. Por la otra, una rama política, encargada de las negociaciones con otros sectores, la vocería pública y la “acción social”, que les hace ganar adeptos especialmente en los sectores más desposeídos.
Un reportaje publicado por El Nacional el 14 de septiembre (http://www.el-nacional.com/sucesos/Cotiza-centro-operaciones-colectivos-Caracas_0_482351846.html) refleja claramente que el Frente 5 de Marzo intentaba seguir este modelo. Es decir, detrás de la manzana va el garrote.
El discurso esgrimido por los miembros del Ejecutivo tiene pies de barro, especialmente cuando se escuchan los testimonios de los familiares del sargento Odreman y los demás fallecidos en el edificio Manfredir, quienes recordaron que para el Gobierno ellos sí podían llamarse colectivos cuando defendieron a todo trance al presidente Maduro durante las manifestaciones de febrero. Cuando siguieron aquella orden impartida en cadena nacional: “Candelita que se prenda, candelita que se apaga”. Ahora, desde luego, repudian que los llamen bandas criminales.
La conducta mostrada desde el régimen hacia los colectivos sugiere la noción de que hay una violencia buena y otra reprochable. La primera, encaminada a sostener el estatus político. Allí todo es posible. Se asegura la impunidad, por ejemplo, cuando miembros de estos grupos irrumpen en urbanizaciones de Mérida para arremeter contra los residentes que participan en las protestas antigubernamentales. O ante el robo continuado de motocicletas de la Alcaldía Metropolitana, a cargo del opositor Antonio Ledezma. Lo que no se puede hacer es atentar contra el régimen, sus actores y sus intereses. Esa línea no se puede cruzar.

Breves

*Un extraño caso de extorsión con lesiones es investigado por la Guardia Nacional en Nueva Esparta. La víctima es un comerciante de 31 años de edad que poco tiempo atrás tuvo un local en un centro comercial de Puerto Ayacucho, Amazonas. El hombre pagaba “vacuna” a la guerrilla colombiana, como hacen muchos empresarios de la zona para asegurarse de que no les pasará nada a ellos o a sus familiares. En diciembre de 2012 el emisario de los irregulares le exigió una cuota extraordinaria, diez veces mayor al monto que mensualmente cancelaba. Cuando se negó le cortaron la cara, le robaron sus bienes de valor y amenazaron con matarle a un hijo. El hombre abandonó sus inmuebles allá y se mudó a Margarita. Ahora, casi dos años después, los mismos guerrilleros tocaron nuevamente a su puerta para exigirle pistola en mano medio millón de bolívares.

*El 20 de septiembre, un hombre que decía llamarse Comandante Chaca de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia contactó por teléfono a un teniente coronel emplazado en Amazonas. El guerrillero quería que los militares venezolanos le pagaran una cuota especial en compensación por un incidente en el que un minero ilegal venezolano resultó herido en el sector conocido como Yacapana, el día anterior. Fue identificado como Baudilio Antonio Montoya de 31 años de edad. El hombre fue detenido con un revólver. Formaba parte de un grupo de custodia en el que participaban otras cuatro personas. Vigilaban la actividad de unas 50 personas que huyeron al ver que los militares se aproximaban en helicóptero. En ese enfrentamiento también fueron heridos un alférez de navío y un cabo segundo de la Armada, quienes fueron atendidos en un ambulatorio de Puerto Ayacucho. De este episodio está al tanto la fiscal de la jurisdicción Miriam Chacón. Al notificar la novedad sobre la llamada del líder guerrillero se inició una pesquisa de inteligencia. El análisis de telefonía reveló que el supuesto irregular llamaba utilizando un abonado Cantv desde Caracas. Cuando se hizo la solicitud de información a la telefónica se determinó que el número no había sido asignado a ningún usuario. Hasta ahí llegó la investigación.

Impunes muertes por balas perdidas
*A propósito del informe sobre las muertes en el país por “balas perdidas”, referido en la entrega anterior, el comisario jubilado Luis Godoy, exjefe de la división contra Homicidios de la policía judicial y miembro de la actual directiva de PoliChacao me comentó sobre la inutilidad práctica del registro balístico que supuestamente posee la Dirección de Armas y Explosivos de la FANB (Daex). Allí estarían los datos de todas las personas que poseen porte legal, así como los de sus respectivas armas de fuego. Pero los militares no han cruzado esa información con el sistema Ibis de la policía judicial, que posee un archivo digitalizado de los proyectiles, conchas y armas involucrados en hechos delictivos. El Ministerio de la Defensa entonces tiene un “jarrón chino” con el cual nadie sabe qué hacer. Algunos policías incluso dudan de la existencia de esa base de datos. Llama la atención que poco después de iniciado el lapso para la entrega voluntaria de armas de fuego el Ministerio de la Defensa emitió una resolución conjunta con Relaciones Interiores para renovar todos los registros de las armas. El argumento de Rodríguez Torres fue que el sistema usado para emitir estos permisos tenía “muchísimas debilidades”, y hubo que implantar uno nuevo.

*Cada vez son más frecuentes las denuncias sobre extorsión a personas a las que les han robado o hurtado sus vehículos. Pueden ser motos, carros o camiones. Ocurre desde el Distrito Capital hasta el estado Sucre. Las informaciones que llegan parecen calcadas de un mismo patrón. A la persona le desaparecen su vehículo, y poco después de haber hecho la denuncia en policía judicial es llamada por alguien que dice tener contactos con los antisociales. Que por un pago que va desde los Bs 150.000 hasta los Bs 300.000 se lo devolverán. Para la gente común es como una especie de secuestro. Hay historias en las que el auto efectivamente es recuperado luego de cancelar lo solicitado. Aún así, siempre falta alguna pieza. La ganancia para los hampones va por partida doble. No sólo el suministro de la parte encargada, sino el dinero por la devolución del vehículo.

Camino a la chatarra rusa
*Desde el mes de septiembre hemos tenido información sobre cuatro siniestros aéreos en el país. Uno en Zulia, dos en Bolívar y otro en Los Roques. Uno de ellos, ocurrido en selvas del estado Bolívar el 22 de septiembre, dejó saldo de dos fallecidos. Por fortuna, en los demás casos sólo se han visto a personas lesionadas. Todos los relatos tienen un factor común. Los rescatistas han llegado al sitio del suceso gracias a la colaboración de particulares o gobiernos regionales. La flota de 3 helicópteros Mi-17 de fabricación rusa, asignados al Servicio Aeronáutico de Rescate (SAR), está inoperante. Permanece estacionada en La Carlota. Esto lleva a la pregunta de qué se hace con el dinero que recibe el Gobierno de los pilotos y aerolíneas por concepto de Tasa de Sobrevuelo, y que va a parar al Fondo de Radioayudas.

*El jueves 9 de octubre a las 11 pm vecinos del sector conocido como La Invasión en La Vega lincharon a un residente del lugar. Posteriormente lo impregnaron con una sustancia inflamable e incendiaron su cadáver. Los restos del sujeto permanecieron en el lugar hasta la mañana siguiente, cuando fueron levantados por una comisión de CICPC. En Venezuela este tipo de acciones no es nueva. En este mismo espacio relatamos cómo un joven de 18 años fue ultimado a golpes por los usuarios de una buseta en la autopista a Prados del Este, en mayo. El punto es que las noticias en las que la gente toma justicia por cuenta propia se hacen cada vez más frecuentes. Tres días antes del incidente en La Vega, vecinos de Terrazas del Avila casi matan a golpes a dos zagaletones. Fueron salvados por la policía, al igual que un joven de diecisiete años tomado infraganti cuando asaltaba en Maracaibo. El 6 de octubre, un hombre fue vapuleado hasta la muerte por habitantes de un caserío entre San Mateo y La Victoria, en Aragua. Era señalado por la violación de una niña. En julio, residentes de la urbanización Manoa de San Félix ultimaron y quemaron a un supuesto ladrón de viviendas, de 21 años. En la capital zuliana, pero en febrero, detenidos en El Marite mataron a golpes a un hombre de 36 años aprehendido por actos lascivos a dos menores de edad. Una simple revisión de reportes periodísticos nos revela cinco muertes por este método tipo Fuenteovejuna, así como tres lesionados, sólo en 2014. Como los fallecidos son por regla general personas que han cometido algún hecho repudiable o atroz, la policía judicial pone poco empeño en las averiguaciones. Impunidad total. Una evidencia más de la involución venezolana.