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martes, 30 de septiembre de 2014

Plomo por espejitos



*El programa de entrega voluntaria de armas iniciado esta semana tiene tantos defectos que, sin los correctivos necesarios y urgentes, fracasará

@javiermayorca

El lunes 29 de septiembre comenzó en todo el país el plan nacional de entrega voluntaria de armas de fuego y sus municiones. A pesar del optimismo mostrado por el titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Miguel Rodríguez Torres, esta iniciativa estará destinada al fracaso si no se aplican de inmediato una serie de correctivos.
Las principales fallas son las siguientes:
Entrega de armas: mucho por corregir

*No es un plan ni es nacional. Esta actividad carece de objetivos claros, definidos y conocidos con antelación por toda la población a la que se pretende impactar. Hasta la semana anterior, el país desconocía los términos en los que sería ejecutada. Hubo una escueta declaración de Rodríguez Torres desde Lara, y así dieron por zanjado este asunto. Esta opacidad no es nueva, pero en este caso atenta contra el éxito de lo emprendido. Como no es un plan, no se indica con exactitud cuánto tiempo durará. De esta forma, además, resulta imposible examinar la efectividad en el gasto de los recursos asignados. ¿Son los 300 millones de bolívares anunciados por el presidente Maduro durante una cadena del sábado 20 de septiembre? De ser así, ¿fueron suficientes nueve días para estructurar las partidas de gastos?
No es nacional, pues la actividad está concebida en forma excluyente. Por lo tanto, solo llega a una parte de la población. Este espíritu segregador quedó confirmado el día del lanzamiento, cuando no se permitió la entrada de la prensa independiente a la sede de la Oficina Nacional Antidrogas, donde el titular del MRI hacía su primer balance de lo ocurrido hasta ese momento.

*Sin campaña ni convocatoria. El éxito de los planes de desarme voluntario depende en buena medida de la capacidad de sensibilizar a todos los sectores del país, y convencerlos sobre la inutilidad de poseer un arma de fuego. Eso requiere de debate y campaña previos y prolongados. De manera que al iniciarse la colecta de armas exista un estado de opinión favorable. Así fue en Brasil, Argentina y países centroamericanos. Aquí nada de esto ocurrió. El Ejecutivo fue incapaz de convocar voluntades distintas de las de algunos actores y miembros de la farándula allegados al oficialismo. Se esperaba por lo menos la participación de representantes de las iglesias desde un principio. Rodríguez Torres insistió en eso, pero nada se ha concretado. Mucho menos se hizo un llamado a las numerosas organizaciones no gubernamentales dedicadas a investigar los problemas de la violencia en el país. Así, pues, los centros de recepción de armas son todos oficinas gubernamentales y cuarteles. La improvisación fue tal que cuando se hizo el anuncio sus funcionarios no sabían con exactitud cómo debían comportarse. Esta información se las suministraron apenas tres días antes de que comenzara la recepción de armas.

*Sentido equivocado. Según la extinta Comisión Presidencial para el Desarme, en Venezuela hay entre 1,2 millones y 1,5 millones de armas de fuego ilegales. Para el momento en que se hizo este cálculo, la Fuerza Armada tenía registrados alrededor de 21.000 permisos de porte. Supongamos que tres años después hay 25.000 licencias. Si esto es así, no se comprende por qué la mayor parte de los esfuerzos oficiales se encamina a la entrega de las armas legalmente obtenidas, y no a la disminución de las ilegales. Es el mundo al revés. Rodríguez Torres habla de la revisión de los portes cuando su discurso debería encaminarse a la eliminación de todo apoyo a los grupos armados que se han erigido en defensores del actual estatus político. Esto desde luego pone de relieve una contradicción esencial. Un gobierno surgido de la violencia (sus principales líderes, incluido Rodríguez Torres, participaron y apoyaron las intentonas golpistas del 92) y que la exalta dentro de sus actividades periódicas, no le puede exigir al resto de la población que no tome las medidas necesarias para protegerse.

*¿Incentivos para quiénes? El director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño, fue claro al explicar que las armas tienen dos utilidades básicas para quien las posee en forma ilegal. Primero, para su labor diaria como delincuente. Luego, para defenderse o enfrentarse a bandas o delincuentes rivales. En ambos casos, el uso es instrumental. Una vieja tesis de Magaly Sánchez añade que las armas tienen un valor simbólico en ciertas capas sociales. En estos sectores, el armado es más “hombre”, más “líder”. En esto es significativa la enorme cantidad de formas que hay para designarlas. En este contexto, el Ejecutivo plantea que la gente entregue sus armas ilegales a cambio de materiales para construcción o una computadora, lo que un antisocial puede obtener fácilmente con pocas horas de uso de su instrumento de trabajo. Los incentivos, además, no son entregados de inmediato. La gente que entrega su arma no obtiene nada concreto más allá de una promesa de que los llamarán en un futuro cercano para cuadrar los términos en que sería otorgado el incentivo de su preferencia.

*Hacer o no hacer experticias. Son muchas las observaciones hacia esta iniciativa de entrega voluntaria de armas. Pero una básica tiene que ver con la revisión de las piezas entregadas por parte de la policía judicial. En las láminas presentadas por Rodríguez Torres en Lara se indica claramente que todas las armas serán sometidas a experticia para precisar si fueron usadas en algún delito. Es decir, con la entrega el propietario no obtiene impunidad.
Se podría debatir sobre la conveniencia de que con estos programas cada pieza sea destruida sin hacerles ninguna revisión. En Brasil fue así, y sacaron en pocos meses medio millón. En estos casos los estados apuestan a la posibilidad de restarle instrumentos de muerte al hampa en el futuro inmediato. En Venezuela, no.
Este es un argumento más para concluir que la campaña no está destinada a reducir el parque de armas ilegales en el país.

Breves

*Un informe del Centro Regional de la ONU para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina, señala que Venezuela ha sido durante los últimos cuatro años el país en el que más personas han muerto o resultado heridas como consecuencia de balas perdidas. El reporte presentado en junio comparó las noticias de sucesos en 29 países entre los años 2009 y 2013. Hubo en total 550 casos con 617 víctimas de diversa gravedad. Las naciones con mayor cantidad de casos reportados fueron Venezuela (74), Brasil (71), Colombia (57) y México (52). Venezuela fue además el país con la cifra más elevada de muertes por esta razón, con 67, casi el doble que el segundo en este rubro, Colombia (36 fallecidos). El documento advierte que la mayoría de estos casos queda impune debido a la dificultad de investigar homicidios en los que las víctimas resultan ser daños colaterales, es decir, no eran el verdadero objetivo de los tiradores. Recomendaron endurecer sanciones a quienes manejen armas de manera imprudente.

*La jefatura del Estado Mayor de la Guardia Nacional presentó un plan operativo para enfrentar el contrabando. El documento de 50 páginas constituye la guía de las actividades que ese componente despliega actualmente en el país en el marco de la "guerra" declarada por el presidente Maduro contra este delito, especialmente en su modalidad "de extracción". Como hemos visto, poco se habla del contrabando tradicional e histórico, representado por la introducción al país de bienes sujetos a alguna regulación. De eso no se habla, entre otras razones porque es algo que actualmente hace prácticamente todo el que tiene oportunidad de salir de Venezuela, mucho más ante la aguda escasez que padece la mayor parte de la población. Pues bien, el plan de la GN parte de conceptos que reflejan la actual mentalidad de los gobernantes de turno. En primer lugar, establece que las "fuerzas opositoras" en cuanto a la especulación y el contrabando son, respectivamente, las economías formal e informal, y los "grandes productores y distribuidores que se oponen al modelo socialista". A los efectos prácticos, el territorio nacional fue dividido en tres ejes o ámbitos de acción: el central, el fronterizo y el costero. En cada uno, las unidades de la GN deberán desplegar acciones en tres "anillos": el primero, de supervisión, registro y control a centros de producción; luego está en anillo de "control a centros de distribución y circulación de productos", mientras que el tercero consiste en el "control a los lugares fronterizos y de destino final". El panorama, como se puede apreciar, representa prácticamente una criminalización de las actividades productivas y en general de la empresa privada. Todo comerciante o empresario de cualquier ramo deberá permanentemente demostrar su inocencia, si cabe la expresión. En este plan, por cierto, nada se dice sobre la investigación a los militares y aduaneros del Seniat que han permitido el contrabando durante años.

*Hay gato encerrado en el caso de la avioneta Beechcraft King 90, siglas YV1537, hallada por rescatistas del SAR Maracaibo al suroeste de Casigua El Cubo el sábado 20 de septiembre. La aeronave había despegado del aeropuerto de Anaco el día anterior, con destino en Santa Bárbara del Zulia. Se supone que llegaría a esta localidad el viernes 19 a las 6 pm aproximadamente. Pero no fue así. El vuelo fue declarado en emergencia, pero debido a la oscuridad y a la inoperancia de la flota de helicópteros del SAR no se hizo la búsqueda sino hasta el día siguiente, en un helicóptero de la gobernación del Zulia. Los rescatistas se percataron de inmediato de que la avioneta había aterrizado en una pista clandestina por razones desconocidas, y al sufrir un daño en esa maniobra quedó imposibilitada para un despegue inmediato. Entonces, sujetos desconocidos la arrastraron hasta un matorral utilizando un tractor y la incendiaron. Algo similar a los aviones "desechables" que hemos visto en Colombia, Honduras y México. Simultáneamente, un alto funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) enviaba a la prensa zuliana fotos que, aseguró, fueron tomadas por agentes de ese cuerpo en el sitio del suceso. Una vista era de la avioneta parcialmente quemada. La otra mostraba a dos de sus supuestos ocupantes en igual estado. Ninguna de las dos era cierta. Ante esta información, medios locales y nacionales, así como algunos portales web especializados en aviación civil, se apresuraron a dar por muertos a dos ocupantes del vuelo (eran tres). La mentira terminó de derrumbarse cuando los dos "fallecidos"(Efraín Castro y Gerardo Villarroel) se presentaron ante el Grupo Antiextorsión y Secuestros de la GN en Apure, para denunciar que el único pasajero que llevaban intentó secuestrar la nave poco antes de llegar al destino declarado en el plan de vuelo, y que luego de someterlos con un arma los obligó a aterrizar a seis kilómetros al sur de Casigua. Esta versión tampoco inspira mucha credibilidad, pero de todas formas tumba el dato filtrado por agentes de inteligencia, con fines inconfesables.

*Ocho horas fallecido tenía el concejal del partido Redes en Achaguas, Nelson González, cuando encontraron su cadáver en el sector Caño Seco de esa localidad, el viernes en la mañana. Quince días estuvo el edil de 44 años de edad en poder de captores, que inicialmente fueron asociados con el grupo paramilitar Aguilas Negras. González fue ejecutado con dos tiros en la frente. Su cuerpo además mostraba signos de maltrato. Un grupo armado se lo llevó el 9 de septiembre cuando salía del restaurant El Fogón de Nelly, luego de almorzar con una prima. El hombre expresó a sus allegados preocupación por las presiones que supuestamente recibía de sujetos con los que intentaba negociar para que cesaran de extorsionar a la dueña de una finca.

Otra lectura sobre impunidad
*Se lee con avidez la última obra de los colegas Maria Isoliett Iglesias y Deivis Ramírez Miranda, Capítulo Final. El libro es un amplio reportaje sobre los hechos que rodearon los homicidios de la actriz y modelo Mónica Spear y su esposo Thomas Henry Berry. Al finalizar la lectura de esas páginas queda una gran desazón. A pesar de todo el ruido propagandístico que hubo durante las pesquisas sobre este caso, el hombre que tiró del gatillo en forma absolutamente innecesaria contra la pareja y su pequeña hija todavía está en las calles. Este se une entonces al grupo que llamaríamos "homicidas de famosos en libertad". Otro sería el Johny Bolívar, cuyos disparos mataron a la traductora de Venevisión Adriana Urquiola y a su hijo nonato. Ambos casos de este año. No olvidar, por favor.

lunes, 15 de septiembre de 2014

Engaños de marca mayor


*La impunidad y la crisis económica se conjugan para estimular la falsificación de marcas en Venezuela. Ni siquiera se salvan los medicamentos

@javiermayorca

Beats falsos a la vuelta de la esquina
Todos los días, a las 9 am, un hombre en silla de ruedas motorizada se coloca en la esquina de las avenidas Solano con calle El Recreo, justo frente al centro comercial. Sobre una lámina de anime coloca un sinnúmero de audífonos de varias marcas. En la primera hilera, destacan los famosos Beats.
Los dispositivos de la firma recientemente adquirida por Apple Co son vendidos en esta esquina caraqueña a 700 bolívares, equivalentes a aproximadamente 14 dólares en la tasa de cambio Sicad II, la mitad al cambio de mercado libre. En cualquier tienda de Miami, el modelo ofrecido frente al Centro Comercial El Recreo costaría como mínimo 190 dólares.
El vendedor de unos 40 años de edad me permitió probar el producto. Con alguna reticencia, conectó el enchufe a un reproductor de discos compactos y colocó un “quemadito” con una bachata irreconocible. Nada que permitiera apreciar la profundidad de los sonidos, lo que es el atributo principal de los audífonos originales, considerados de "alta gama". Le pedí entonces que cambiara la tonada, pero fue inútil.
Le pregunté luego de dónde venían. El hombre, algo pasado de kilos, alzó la mirada lentamente y asintió cuando le dije que parecían “chinos de Cali”.
-¿Qué garantía tienen?- pregunté acto seguido.
-Después que Ud se los lleva, no hay pataleo –fue toda su respuesta.
Esa fue la excusa perfecta para devolver la mercancía. A cinco cuadras de allí, frente al centro comercial Beco de Chacaíto, otro vendedor tenía los mismos audífonos al mismo precio.
Uno supone que las ventas de productos falsificados tendrían un poco más de competencia. Pero en Venezuela las leyes de oferta y demanda ni siquiera operan con los buhoneros.
En el país los comercios de artículos con marcas falsificadas, o “piratas”, ya se han transformado en parte sustancial del espacio público, tanto en las grandes ciudades como en las más modestas. Un ejemplo son las ventas de videos y discos musicales. Ya prácticamente nadie los adquiere en el mercado legal o convencional, donde los precios son hasta diez veces superiores. Entonces, hasta los centros comerciales de mayor alcurnia en la capital tienen tiendas que ofrecen copias de películas e incluso videojuegos en abierta violación a los derechos de autor.
Las alcaldías y el gobierno central se hacen de la vista gorda en cuanto a la persecución y el control a la piratería de marcas. La impunidad ha propiciado el surgimiento de “zonas de tolerancia” de estos comercios. Ya no se trata del vendedor solitario y temeroso de toparse con algún policía quisquilloso. Por el contrario, en La Guairita así como alrededor y adentro de la Ciudad Universitaria el interesado encontrará enclaves de venta de copias ilegales de cualquier obra de ingenio, a precios irrisorios.
La falsificación de marcas se presenta ante el ciudadano como algo cotidiano y, si se quiere, inocente. Pero en realidad es una lucrativa actividad de la delincuencia organizada. Así lo advierte Interpol, que lleva un monitoreo mundial sobre esta materia.
Desde luego, el vendedor de la esquina poco o nada sabe o entiende de las fortunas que se mueven con su actividad. Son redes tan multitudinarias y extendidas que incluso son capaces de colocar en un mercado una película o un libro antes de que sea formalmente lanzado. Los traen literalmente del otro lado del mundo. Esta es una de las razones por las que Moisés Naím concluye que la batalla contra la piratería de marcas está perdida de antemano.
No obstante, hay motivos para que los estados y las empresas privadas se esfuercen por poner un parado a los falsificadores. En Venezuela han llegado a extremos muy peligrosos, pues comercian imitaciones de una variada gama de medicamentos. Fuentes de la industria farmacéutica indicaron que las áreas fronterizas con Colombia se prestaban en principio para el tráfico de productos que tradicionalmente no requieren de prescripción facultativa. Son analgésicos, antipiréticos e incluso el Viagra y sus equivalentes en otras marcas. De allí pasaron a falsificar antihipertensivos y últimamente se han encontrado reproducciones de remedios oncológicos.
Los departamentos de seguridad de las transnacionales farmacéuticas hacen esfuerzos por detectar y promover las pesquisas junto a las brigadas antipiratería de la policía judicial y la Guardia Nacional. En mayo, por ejemplo, la denuncia procedente de una empresa con sede en Colombia permitió la detención en el país de once personas y el desmantelamiento parcial de un grupo que adulteraba remedios y los revendía a conveniencia en uno y otro lado de la frontera.
Fuentes de la industria advirtieron que se ha detectado un posicionamiento de los falsificadores de medicinas en ciudades fronterizas como San Antonio del Táchira. Evidencias halladas en las últimas investigaciones revelan que los paquetes y envoltorios de las píldoras están siendo fabricados en locales clandestinos de esa ciudad para luego “ensamblar” el producto allí mismo y también en inmuebles de los estados Lara y Zulia. Las copias tienen una presentación cada vez más parecida al original. Pero el ojo entrenado siempre es capaz de detectarlas.
En la Venezuela actual, donde todo escasea, estos productos falsificados tienen fácil colocación. Sirven los puestos informales del Mercado de las Pulgas de Maracaibo e igualmente pequeñas redes de farmacias en manos de gente inescrupulosa. Los famosos "crímenes sin víctimas" en realidad victimizan a toda la sociedad.

Breves

*El 4 de septiembre fueron publicadas en Gaceta Oficial las resoluciones del Ministerio de Relaciones Exteriores que remueven de sus cargos al mayor general del Ejército Hugo Carvajal Barrios y a Rodrigo Chávez, quienes hasta ese día se desempeñaron respectivamente como cónsul designado para Aruba y embajador en Alemania. Carvajal, como se recordará, fue el centro de un escándalo internacional a propósito de una orden de captura emitida por Estados Unidos por supuestos vínculos con el cartel del Norte del Valle. El domingo 14 de septiembre corrió el rumor sobre la muerte del exjefe de Contrainteligencia Militar en una habitación del hotel Tamanaco. Posteriormente desmentido por fuentes policiales. Chávez Samudio, en cambio, fue el autor de una grabación en la que se hacen graves señalamientos contra importantes actores del régimen como el actual Canciller Rafael Ramírez y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Con el cambio de Ramírez desde Energía y Petróleo al MRE los días del embajador en el cargo estaban contados.

*La consolidación de la banda liderada por José Tovar Colina, alias Picure, en los estados centrales del país solamente es explicable por la anuencia de factores del Estado, entre los cuales desde luego cuentan elementos de los cuerpos de seguridad. Un indicio: los participantes en el último “operativo sorpresa” para su captura hicieron una conveniente parada en un restaurant de El Sombrero, donde jefes policiales comieron y reunieron fuerzas para luego protagonizar un rastreo infructuoso. La organización delictiva, mientras tanto, continúa creciendo gracias a la extorsión a los hacendados. En septiembre el GAES procesó la denuncia sobre sujetos que van a las fincas de Guárico en motocicletas para exigir el pago de Bs 150.000 mensuales, a cambio de no atentar contra los dueños de esos terrenos. Igualmente, se investiga la participación de miembros de esta banda en el plagio de Vitalia López, esposa del alcalde de Barbacoas, estado Aragua, Antonio Lugo.

*A propósito de las extorsiones, la Guardia Nacional abrió pesquisas sobre una ola de amenazas a comerciantes y residentes de los sectores Buenos Aires, Mucujepe, El Vigía, Tucani y Nueva Bolivia del estado Mérida. Voces masculinas llaman desde un celular Movilnet para exigir pagos que van desde los 40.000 bolívares hasta 100.000 bolívares. De no cancelarlos, los interlocutores serían víctimas de atentados o secuestros. Según la GN, las llamadas son hechas por reos desde la colonia agrícola de El Dorado, en el estado Bolívar. Supuestamente adquieren los datos de los avisos de ventas de vehículos divulgados en páginas web como www.olx.com. Estos casos generalmente quedan impunes. Una excepción ocurrió durante la primera quincena de septiembre en Lara, donde la policía judicial apresó a una pareja que colectaba el dinero extorsionado por un reo de Uribana, plenamente identificado e imputado. La ausencia de una acción contundente del ministerio de Servicios Penitenciarios le da a los reclusos la posibilidad de continuar delinquiendo. En países centroamericanos, con menos recursos pero más voluntad política para eliminar la impunidad que en Venezuela, el uso de teléfonos desde las cárceles es regulado a través de bloqueadores de señal.

*UNICEF divulgó su primer informe mundial sobre la violencia entre jóvenes. En el estudio fueron comparadas las cifras de mortalidad de 190 países. Venezuela figura en el segundo lugar en cuanto a la tasa de homicidios de varones con edades entre 15 años y 18 años. Al tomar en cuenta la cifra correspondiente a ambos sexos el país queda en el tercer puesto de todo el planeta, solamente superado por El Salvador y Guatemala. Países que están o estuvieron en conflictos bélicos como Afganistán e Irak  tienen tasas de homicidios de menores de edad 60% inferiores en magnitud que la venezolana. Son muchas las reflexiones que se pueden hacer al respecto. Una tiene que ver con la pérdida del principal recurso nacional, que son las personas que apenas entran a la edad económicamente productiva. Esta descapitalización del país ya fue advertida en 2012 por voceros de Cecodap. Si a esto sumamos la acentuada migración al exterior de las personas con mayor formación académica nos daremos cuenta de lo difícil que resultará superar la actual situación económica y política. Otro dato. Según el informe el costo promedio de por vida para las personas de estas edades que sobrevivieron algún abuso es de $210.012. En el caso de los homicidios, el costo para los deudos y la nación es de por lo menos $1,3 millones por víctima.