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domingo, 31 de agosto de 2014

56 años de un plumazo


*La eliminación de la Dirección contra Drogas de la policía judicial fue producto del escaso apoyo institucional y una creciente corrupción interna. Ahora, la investigación en esta materia es cuestión absolutamente militar

Twitter @javiermayorca

El 20 de febrero de 1958, la Junta de Gobierno presidida por el vicealmirante Wolfgang Larrazábal decretó la creación del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, una dependencia del Ministerio de Justicia.
La noticia publicada al día siguiente en El Nacional señala entre otras cosas que la nueva institución contaría con las divisiones de “Medicina Legal, dactiloscopia, fotografía, caligrafía y balística, delitos contra las personas, delitos contra la propiedad y tráfico ilícito de estupefacientes”.
La investigación sobre tráfico de drogas fue, por lo tanto, una de las áreas de acción de la policía judicial desde su creación. Tuvieron que pasar 29 años para que la Guardia Nacional (entonces Fuerzas Armadas de Cooperación) crease un Servicio Antidrogas, posteriormente elevado a la condición de comando en el organigrama del componente.
La policía civil, entonces, tenía un largo camino recorrido para el momento en que a los militares les asignaron competencias de investigación en materia de drogas ilegales. Fueron muchos los casos que la antigua PTJ instruyó en este ámbito, generalmente en cooperación con las agencias internacionales: Lizardo Márquez, Tranca, la conexión Italo-Canadiense, Larry Tovar y la llamada conexión Euroamericana, por citar algunos.
Con la Constitución de 1999, PTJ cambió de nombre a CICPC. Pero mantuvo su nexo histórico con la policía antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés). Ambas operaron en forma mancomunada hasta 2005, cuando el presidente Chávez cesó toda cooperación en cuestiones de lucha antidrogas y fortalecimiento institucional con EEUU.
Era claro que el finado Presidente le prestaba más atención a las afirmaciones de los militares que al trabajo policial. El informe que el general de brigada Frank Morgado entregó al jefe del Estado recordó las viejas rencillas suscitadas a propósito de la investigación que la antigua PTJ desarrolló contra el general Ramón Guillén Dávila (ya fallecido), a propósito de la llamada operación Norte. Como una paradoja, Guillén fue uno de los oficiales que respaldó la protesta militar de la plaza Altamira.
A partir de ese momento, el trabajo antidrogas de la policía judicial entró en picada. A la ausencia de un apoyo institucional desde el Ejecutivo se unió la acción de un grupo de funcionarios, bautizados dentro de la propia policía como Los Magnates, que aprovecharon sus posiciones para enriquecerse a costa de “dejar hacer, dejar pasar”. En el Instituto Nacional de Hipódromos conocen a algunos de ellos. Otros comienzan a ser solicitados por la justicia de Estados Unidos. En el expediente contra Walid Makled se menciona el “tumbe” de un alijo por parte de un grupo de CICPC, al que luego hubo que pagarle una cuantiosa suma con la finalidad de que lo devolvieran.
Las luchas eran entre grupos de funcionarios y con elementos de la GN, el Ejército e Inteligencia Militar. El ambiente dentro de la Dirección contra Drogas se enrareció tanto que un jefe de esa dependencia me confesó en conversación personal que mientras siguiera en ese lugar no asumiría ningún riesgo derivado de investigaciones.
A partir de 2007 la ONA entró en un proceso de militarización que la ha transformado en una plaza más de la Guardia Nacional. Codiciada, además, debido a los ingentes recursos que recibe prácticamente sin controles externos ni rendición de cuentas a través del Fondo Nacional Antidrogas (Fona), que recoge los aportes obligatorios del empresariado. Desde entonces, sus máximos jefes siempre han sido oficiales activos. Es un reflejo de lo que ocurre en todos los aspectos de la seguridad ciudadana del país.
En 2010 ocurrió la cuarta reforma a la legislación sobre drogas durante el chavismo-madurismo. El nuevo texto confiere a la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) el rol de “órgano rector” en la materia, con competencias que van desde la asesoría al Ejecutivo hasta la representación del país en foros internacionales. Asume además la facultad de investigación penal.
La Dirección contra Drogas de CICPC, mientras tanto, moría de mengua. La directiva de la institución aprovechó la circunstancia de una supuesta “reestructuración” ordenada por resolución ministerial desde 2011 para eliminar de un plumazo a esa dependencia. Terminan entonces 56 años de historia. Sin embargo, el problema de las drogas permanece.

Breves

Alias Comba ahora canta
*La acusación contra el exjefe de Contrainteligencia Militar y exviceministro de lucha contra la Delincuencia Organizada,mayor general Hugo Carvajal, fue ventilada en los primeros meses de 2013 ante un Gran Jurado reunido en Miami. Esta figura no existe en el sistema penal venezolano. Pero en Estados Unidos grupos de ciudadanos son convocados para analizar en sesiones a puerta cerrada la solidez de las pruebas que luego serán presentadas en juicios abiertos. En el caso del oficial venezolano, uno de los testigos llamados por la Fiscalía para estas audiencias fue el colombiano Javier Calle Serna, uno de los llamados hermanos Comba, gatillero y traficante de drogas del cartel del Norte del Valle, con el que Carvajal supuestamente operó durante varios años. Calle Serna se entregó a la DEA en Aruba, luego de un ciclo de negocaciones. Ahora, se incorporó al llamado Cartel de los Sapos.

*La División contra Delitos informáticos de la policía judicial procesa dos solicitudes de cooperación del Buró Federal de Investigaciones (FBI), en el marco de una nueva pesquisa internacional contra la transmisión de imágenes de contenido considerado pornográfico, en la que participan niños. Los estadounidenses aportaron dos direcciones de correo electrónico Hotmail que aparentemente pertenecen a la misma persona, utilizadas como vehículo para las referidas gráficas. Quizá para el momento en que estas líneas se den a conocer ya los detectives venezolanos hayan precisado la dirección física del supuesto pedófilo. En otras oportunidades la policía venezolana ha participado en averiguaciones similares junto a cuerpos estadounidenses y españoles.

*La dirección de Auditoría Interna del Tribunal Supremo de Justicia inició una investigación administrativa sobre la supuesta existencia de lo que podríamos calificar como una “nómina fantasma” en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. La pesquisa abarca en total a 99 personas. Hay dos grupos. 41 recibieron beneficios por 2,11 millones de bolívares entre septiembre de 2007 y agosto de 2008. Otros 58 cobraron jubilaciones sin ser funcionarios de ese poder entre enero de 2006 y febrero de 2010. El daño total al patrimonio público fue calculado inicialmente en 31 millones de bolívares. Todo un sistema de favores instaurado dentro del Poder Judicial. Desde luego, parte de la solidaridad implica el retardo de las medidas punitivas. Como vemos, las primeras diligencias comenzaron a hacerse cuatro años y medio después de constatados los ilícitos. Algunos de los investigados fueron citados este mes mediante avisos de prensa.

*En una rueda de prensa del 18 de agosto, el titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Miguel Rodríguez Torres, aseguró que gracias al plan Patria Segura en el país se habría producido una merma del 52% en los secuestros si se compara con los primeros ocho meses de 2013. Quisiéramos que eso fuese así. Pero hay datos que nos hacen dudar. En primer término, el funcionario habló de número de casos procesados solamente por la policía judicial. Allí no están incorporadas las denuncias recibidas y procesadas a través de la Fiscalía ni las del Grupo Antiextorsión y Secuestros de la GN. En Caracas, por ejemplo, los militares iniciaron hasta julio 27 expedientes, lo que implicaría un incremento de 50% con respecto al número procesado por CICPC. En regiones rurales de Barinas, Portuguesa, sur de Carabobo o Guárico, la GN recibe más denuncias que la policía judicial. Esto tampoco está en la relación aportada por el ministro. Además, tan importante como el número de casos es la cifra de víctimas. Por ejemplo, una investigación iniciada por CICPC tuvo 24 cautivos. Fueron motociclistas objeto de un plagio express en El Hatillo. Pero solo fue consignado un nombre. Como vemos, en realidad hay muy poco que celebrar. Pero sí mucha propaganda.

Algunas cámaras funcionaron...
*El tráfico de 1382 kilos de cocaína en un jet de Air France que salió desde Maiquetía a París en septiembre del año pasado sigue dando de qué hablar. Es lógico pues se trata del mayor alijo transportado en un vuelo con pasajeros entre ambos países, vulnerando todos los controles del principal terminal aéreo nacional. Un auténtico problema de seguridad que hasta ahora arroja 28 detenciones. Uno de los componentes de este caso fue la falla del sistema de vigilancia por cámaras. Se desconoce si esto fue producto de una conducta dolosa o si, como argumenta la defensa del teniente coronel Eduardo Mora Carvajal (para el momento Director de Seguridad del aeropuerto), una consecuencia de la inestabilidad del servicio eléctrico. En todo caso, algunas cámaras sí funcionaron. Hay horas de videos en distintos formatos. En la sección EnImágenes de este blog colocaremos los pasajes que consideramos más importantes para comprender lo ocurrido.

viernes, 15 de agosto de 2014

Del Norte del Valle al norte de Suramérica

Con la estrategia de Seguridad Democrática en Colombia y el cese de la cooperación antidrogas entre Venezuela y EEUU, los narcos del Norte del Valle colombiano se instalaron en territorio nacional

Twitter @javiermayorca

Las acusaciones de la justicia estadounidense contra el exdirector de Contrainteligencia Militar y exviceministro de lucha contra la Delincuencia Organizada, mayor general Hugo Carvajal Barrios, y contra el exjuez quinto de control de Miranda Benny Palmeri-Bacchi junto al exjefe de Interpol Caracas comisario jefe Rodolfo McTurk, no se pueden entender sin conocer a fondo las circunstancias que ocasionaron la instalación en territorio venezolano de los líderes de los principales grupos de traficantes de drogas colombianos. Para ser más específicos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el llamado cartel del Norte del Valle.
Entre los años 2002 y 2005 se conjugaron una serie de factores externos e internos que sirvieron como catalizadores de esta migración. La puesta en marcha de la estrategia de Seguridad Democrática durante el gobierno de Alvaro Uribe en Colombia, con su evidente énfasis en la neutralización de la principal guerrilla hizo que los irregulares buscaran refugio en la periferia del territorio neogranadino. Venezuela (lo hemos señalado en algunos trabajos), dejó de ser un aliviadero para convertirse en retaguardia activa, especialmente para los combatientes de los bloques Caribe, Magdalena y Oriental, que están distribuidos a lo largo de toda la frontera.
Simultáneamente, los bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) fronterizos con Venezuela aprovecharon su aparente entendimiento con el Ejército y se erigieron en válvulas para el paso de drogas hacia Venezuela en ciertos territorios. El dominio de los hermanos Mejía Múnera en Arauca y de los componentes del Bloque Catatumbo en el sur del Zulia fueron claros ejemplos.
El cartel del Norte del Valle fue una organización heterogénea, fundida con los paramilitares. Su núcleo nació a finales del siglo pasado en el Valle del Cauca, con remanentes del cartel de Cali y miembros de milicias antiguerrilleras.  Muchos libros se han escrito en Colombia sobre las peripecias de sus principales exponentes. El más completo, aunque inexacto en algunas afirmaciones, lo hizo Andrés López López. El Cartel de los Sapos (2008 y 2011, segunda parte) se llama así por la propensión de los líderes de esta organización a negociar la entrega con las autoridades colombianas y estadounidenses a cambio de tratamientos más suaves en los tribunales, que a la postre les permitiera gozar de las enormes fortunas que habían amasado. Con cada entrega, desde luego, ocurrían delaciones.
Barrera tomó el control al morir Jabón
Esto se hizo en el marco de un proceso que dividió y ocasionó grandes enfrentamientos entre los principales integrantes de este grupo criminal, y que en julio de 2003 desembocó en la firma de un polémico acuerdo en Santa Fe de Ralito. El documento comprometía al Gobierno colombiano y a la cúpula de las AUC, que como bien lo señala Alfredo Serrano en su obra Paracos (2009) servía como paraguas para los traficantes del Norte del Valle.
Mientras se desarrollaba la entrega de los paramilitares los miembros del cartel que seguían en libertad se disputaban el control de los territorios para continuar traficando drogas, hasta que la situación se hiciera insostenible para ellos. Entonces negociarían en forma individual. El acuerdo establecía como fecha tope el mes de diciembre de 2005.
Entonces ocurrió un hecho inesperado. En mayo de 2005, el presidente Hugo Chávez denunció los convenios de cooperación con la Sección de Asuntos sobre Narcóticos del Departamento de Estado (NAS, por sus siglas en inglés). Esta ayuda iba desde las cuestiones meramente policiales (léase la DEA y la unidad especial creada durante la gestión de la entonces presidenta de la Conacuid Mildred Camero) hasta el fortalecimiento de los tribunales de justicia y las aduanas.
Al Presidente le vendieron la idea de que los estadounidenses aprovechaban su presencia en el país para investigar su apoyo al tráfico de drogas de las FARC. Pero el Jefe del Estado no encontró una mejor solución que cesar el cumplimiento de los referidos convenios, y además sacar del país a los agentes de la policía antidrogas estadounidense.
Chávez creyó que con esto enviaba un mensaje de resguardo de la soberanía nacional. Los hechos posteriores demostraron cuán equivocado estaba. Lo que mandó fue un mensaje muy claro a los grupos de delincuencia organizada transnacional en cuanto a que aquí podrían operar con mayor impunidad que en Colombia, donde el Estado contaba y cuenta con apoyo foráneo para perseguirlos. Venezuela, en cambio, quedó aislada, a merced de funcionarios militares y policiales dispuestos a hacerse ciegos y sordos ante el paso de drogas y el consecuente traslado de la violencia criminal.
Los expedientes contra Carvajal, pero especialmente contra el exjuez Palmeri, arrojarán alguna luz sobre lo que fue este proceso. En ambos casos hay señalamientos concretos de que los funcionarios venezolanos brindaban protección y hasta cierto punto impunidad, pues incluso en el caso de Carvajal se indica que el militar se había comprometido a alertar a los traficantes de la facción del cartel del Norte del Valle comandada por Wilber Varela (alias Jabón) sobre cualquier averiguación en desarrollo.
Los funcionarios venezolanos, entonces, se servían de su propio Estado para fungir como reguladores en cuanto al paso de drogas por el territorio nacional. Así como en México, altos miembros de la FANB y de distintas policías favorecían a algunos grupos de traficantes en desmedro de otros. Ya el abogado y expresidente de la Conacuid Bayardo Ramírez observó que a las FARC no se le atacaba. Pero en el caso del cartel del Norte del Valle el juego fue más refinado.
Los militares aprovecharon la diáspora de las AUC para beneficiarse momentáneamente de ciertas operaciones de tráfico. Y cuando los jefes de cada facción se volvían demasiado visibles o incómodos los deportaban. El caso de Varela fue excepcional pues simplemente se permitieron las condiciones para su eliminación en una suite del hotel Fresh Air.
Estas líneas resultan insuficientes para explicar el proceso en todos sus detalles. Pero es claro que alrededor de 2004  comenzaron a producirse alianzas en Venezuela entre elementos que traficaban drogas al mismo tiempo con los guerrilleros y con los paramilitares. Los casos de José María Corredor y Walid Makled son emblemáticos. Todo en aras de los negocios. El más claro exponente de este proceso fue Daniel Barrera, alias el Loco, que mandó drogas a sus anchas desde Venezuela durante un lustro. No importaba si los cargamentos venían de la guerrilla o los paras.
Barrera tomó el control de las operaciones del cartel en Venezuela tras el asesinato de Varela en Mérida, en enero de 2008. Ya tenía varios años instalado aquí, huyendo de los coletazos de Ralito. Todo parece indicar que a Jabón lo mataron miembros de su propia organización, en el transcurso de una cumbre de jefes criminales en la que participaron Barrera, los hermanos Javier y Luis Calle Serna y Diego Pérez Henao, entre otros. Desde entonces, Barrera y sus secuaces se movieron de oriente a occidente del país con total facilidad, hasta que la presión internacional obligó a las autoridades venezolanas a dejar de hacerse las ciegas. En 2006, otro exponente del Norte del Valle, Farid Feris Domínguez, alias el Médico, lo dijo muy claro: en Venezuela policías y militares recibían dinero para dejar hacer, dejar pasar.
"En Venezuela todo se puede, todo tiene un valor", afirmó.
El traslado a Venezuela del mayor general Carvajal sólo retardará el conocimiento público de esta historia. Ya varios capítulos están escritos en los tribunales de Colombia, México y Estados Unidos.

Breves

Rio Negro: mar de fondo
*Mucha repercusión ha tenido el reportaje publicado en El Nacional el lunes 11 de agosto, sobre la red de apuestas ilegales señalada de dopar al purasangre Rio Negro. Hasta junio, este caballo fue el mejor de La Rinconada, con siete carreras ganadas, dos segundos y un tercer lugar. Por este caso la División contra la Delincuencia Organizada de la policía judicial ha detenido a nueve personas, ligadas al mundo de los juegos de azar, así como también propietarios de ejemplares y "pegadores", es decir, sujetos que hacen el trabajo sucio de inyectar a los animales para que no puedan correr o lo hagan en condiciones de inferioridad. De esto siempre se ha hablado en la hípica venezolana, pero es la primera vez que los cuerpos de investigación criminal toman cartas para atacar a las redes de apuestas ilícitas. Una aproximación ocurrió en mayo de 2013, cuando la División Antiextorsión y Secuestros de esa misma institución detuvo al exjinete Lino Manrique y al excaballerizo Carlos Ladera, además de otros tres sujetos, por secuestrar al hijo del palafrenero de la yegua Princessquilla con la finalidad de que perdiera una carrera dominical, como en efecto sucedió. Pero allí no se tocó el tema de las apuestas ilegales. Así, vemos que la policía se ha limitado a intervenciones puntuales. La situación cambió desde el momento en que el ministerio del Deporte, a través de su titular Eduardo Alvarez, manifestó la voluntad política de terminar con este cáncer. Con sinceridad le deseamos éxito. Pero lo visto hasta ahora nos hace recordar el refrán aquel: "Muy poco, muy tarde". Los análisis de telefonía hechos con motivo del caso Rio Negro revelan una red de relaciones que se extiende a los cuatro hipódromos del país y que abarca a por lo menos cincuenta personas, entre entrenadores, jinetes, personal de caballerizas y propietarios. El dopaje, que hace veinte años era un hecho escandaloso y esporádico, ahora se ha convertido en una práctica cotidiana, hasta el punto en que los favoritos de las carreras y los caballos de notable desempeño tienen que llevar escoltas armados mientras circulan por las instalaciones del INH. Un entrenador me resumió la situación de esta forma: "A veces resulta más rentable para uno que el caballo pierda". De esta forma, la actividad hípica queda despojada de un factor sin el que no puede funcionar, que es la confiabilidad.
PS: en un video ubicado en la parte superior derecha de este blog encontrará la explicación del entrenador Ramón García sobre el dopaje de Rio Negro.

*La Oficina de Respuesta a las Desviaciones Policiales de la policía del municipio Caroní, estado Bolívar, adelanta una averiguación a propósito del homicidio de dos civiles, Javier Vicente Medina y Kender Gutiérrez, respectivamente de 29 años y 24 años de edad. Ambos fueron ultimados a tiros y luego quemados dentro de un automóvil el 21 de julio en el sector Minas de Cacahual. El caso habría pasado como uno más del montón a no ser porque uno de ellos fue inmovilizado con esposas, de las que no fue despojado. Eran marca Smith & Wesson serial 079971. Testimonios recabados por la prensa local indican además que Medina y Gutiérrez fueron asesinados cuando transportaban 18 kilos de oro, nunca recuperados. El juez primero de control de la región Florencio Silano confirmó la detención de dos agentes municipales, Dahrlyn Cedeño y Neomar Rondón. Un tercer oficial, Antonio Ruiz, estaría en fuga pues no se ha presentado más en su puesto. Pero las esposas halladas en el sitio del suceso estaban asignadas a otro uniformado de apellido Ramírez, que sigue en libertad. El caso además apunta a una red mucho más amplia. Difícilmente cuatro policías rasos podrían disponer de semejante cantidad de metal precioso sin contar con la anuencia de otros más arriba en la cadena de mando. Hasta ahora, el MRI no ha tomado una decisión. La investigación administrativa además no ha ido más allá que lo dictaminado en el expediente penal.

*Los descuartizamientos o desmembramientos de víctimas de homicidios son hechos de por sí escandalosos. La gente se pregunta qué clase de persona no se contenta solo con quitarle la vida a otra sino que además segmenta su cuerpo y lo esparce por la ciudad. Hay la tendencia de atribuirle a estos homicidas algún trastono de personalidad. ¿Asesinos seriales como los que vemos en la serie televisiva Criminal Minds?¿Miembros de mafias sanguinarias como las que reportan en México, Colombia o el sur de Italia? Esto, desde luego, no se descarta. Pero los casos conocidos durante los últimos dos años en el país indican una realidad distinta. Una revisión de los archivos de prensa revela que en 2013 hubo por lo menos once casos. El lugar donde se presentaron con más frecuencia fue los Valles del Tuy (3), luego localidades de Táchira (2),así como en Lara, Aragua, Zulia, Bolívar, Nueva Esparta y Distrito Capital. Estos crímenes han ocurrido generalmente en sectores rurales o en la periferia de las ciudades. Este año, en cambio, hemos visto tres en Caracas, y por eso el revuelo es mayor. Tenemos en total catorce episodios, aunque podrían ser más. De ellos, tres podrían ser atribuidos a grupos organizados. De resto, los cadáveres son desmembrados como expresión de arrebatos de ira y dolor, e igualmente con la finalidad de retardar o impedir los procesos de identificación, lo que permite al victimario ganar tiempo para alejarse del sitio donde perpetró el crimen. Nada de asesinos en serie ni mafias tex-mex. Por ahora...

*Un nuevo auge está cobrando el "paseo millonario", a juzgar por lo que me escribe el consultor Fermín Mármol García. Advirtió que un grupo de por lo menos seis personas acecha a la gente que va a surtirse de gasolina en las estaciones de servicio ubicadas frente a los centros comerciales San Ignacio y Unicentro El Marqués, entre 5 am y 7 am. Los hampones vigilan a los dueños de vehículos costosos, y los interceptan si creen que no hay peligro, luego "uno de los delincuentes se lleva el auto y la victima es trasbordada a alguno de los vehículos empleados por la banda: se produce un intenso interrogatorio a la víctima, la revisión de sus pertenencias (cartera, maletín, teléfonos móviles, prendas), y el paseo millonario por cajeros automáticos e inclusive el traslado a la residencia de la víctima para saquearla".


*En la última entrega señalamos que el alcalde de Rio Caribe Enrique Franceschi fue el primero en la historia del país ultimado mientras estaba en funciones. Un acucioso lector, Freddy Guerrero (@fredguer503) hizo una pertinente corrección. El primer burgomaestre víctima de la violencia criminal durante su ejercicio fue Lluvane Alvarez, en el municipio Panamericano del estado Táchira, en septiembre de 2009. Así, pues, hasta ahora han sido dos: uno en occidente y el otro en el oriente venezolanos.