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lunes, 30 de junio de 2014

En el país del miedo, o la extorsión como sistema

*En Venezuela el miedo ha dejado de ser solamente un factor que consolida el Poder. Ahora, personas o grupos ligados a él lo usan para sacar un beneficio económico

Twitter @javiermayorca

Los venezolanos vivimos presos de un miedo inducido desde las más altas esferas, cultivado con tesón para desmovilizar a los factores sociales y evitar transformaciones indeseadas por el Poder.
Este miedo tiene inicialmente un propósito político. Su origen sin embargo puede ser atribuido a varios factores. En fin de cuentas, se trata de una condición sicológica que se nutre de percepciones, vivencias y aprendizajes. Es el yo en permanente interacción con la realidad pura y dura. Bloomfield y más recientemente De Becker han señalado que la búsqueda de seguridad, es decir, el logro de condiciones que permitan superar los temores, ha sido uno de los motores de la evolución humana.
Desde luego, una sociedad regida por el miedo no avanza, se estanca. El miedo por regla general paraliza al individuo, y por ende a la suma de todos ellos.
En algún momento, el Poder se percató de que los miedos de los venezolanos podrían rendir un fruto adicional, más allá de la perpetuación del régimen. La violencia o la amenaza de ella podrían ser usadas para algo más terrenal, como es el estricto beneficio económico de personas o grupos.
El 23 de junio, un empresario radicado en Caracas recibió la llamada telefónica de un alto funcionario del Ministerio del Trabajo para exigirle que depositara 30.000 bolívares en una cuenta del Sindicato Nacional de Trabajadores en el Banco de Venezuela. Este dinero serviría para costear la movilización desde oriente de un grupo de obreros oficialistas al desfile del 24 de junio en Caracas. El comerciante accedió, pues de lo contrario sería incorporado la lista de “Empresarios contra Maduro”, una versión de la lista Tascón orientada al ámbito económico.
Dos días después, el mismo hombre recibió otra llamada de sujetos que decían representar al mismísimo Diosdado Cabello, presidente del Parlamento. Le informaron que ahora, una vez incluido en la lista de “Empresarios con Maduro”, debería hacer un nuevo aporte. Esta vez de Bs 50.000. El recordó a su interlocutor que apenas un día atrás había depositado Bs 30.000. El hombre al otro lado de la línea le respondió que eso no importaba, y que si no manifestaba de inmediato su generosidad sería visitado por un tropel de inspectores de organismos públicos que lo multarían y lo pondrían preso. Le indicaron que ahora los beneficiarios serían del Movimiento Cultural Guayana.
Hechos como éste se reproducen a diario en todos los rincones del país. Los ferreteros de Caucagua y los comerciantes de Catia saben lo que esto significa. Es la extorsión, potenciada por grupos ligados a las instituciones del propio Estado. Convertida en sistema para esquilmar al individuo, especialmente a aquel que se atreve a producir alguna riqueza. En Cariaco los empresarios y transportistas lideraron un paro cívico el 16 de junio para protestar precisamente contra esta práctica. Demasiado lejos, demasiado tarde.
La extorsión es uno de los delitos clásicos del crimen organizado. La Cosa Nostra y la Camorra se consolidaron al ejercerla contra los cultivadores de cítricos y olivares. En la práctica, las instituciones oficiales son reemplazadas por grupos que ofrecen la seguridad a la que el ciudadano tiene derecho y que no obtiene del Estado. Ante la aparente ausencia de una alternativa, la víctima termina sometida y entregando lo que tiene en pequeñas cuotas. En este proceso, queda ensartada en un círculo vicioso del que resulta muy complicado salir.
Pero organizaciones delictivas como las italianas e incluso las FARC, el ELN y las bandas criminales (bacrim) colombianas son vistas como ajenas al Estado, aunque en algunos momentos y lugares lo hayan suplantado. En Venezuela este patrón mutó.
Paro en Cariaco: muy lejos, muy tarde
En la antigua Unión Soviética, el comunismo creó un sistema de extorsión cuyos principales actores llegaron a conformar una casta. Eran los Vor-v-zakone, o ladrones en ley. Luego de ochenta años de opresión, fueron la semilla de la llamada mafia rusa. Una mafia (en realidad muchas) alimentada desde el propio Estado. Aquí tenemos quince años en un proceso similar, que ha hecho de la extorsión uno de los delitos más graves y frecuentes. La Encuesta Nacional de Victimización de 2009 reportó 18884 casos en apenas un año. Más de 51 diarios. Cinco años después, la situación se ha potenciado hasta niveles insospechables. Los actores de antaño (presos, guerrilleros o policías de esquina) ahora son rebasados por sujetos que aprovechan posiciones públicas para arrinconar al individuo y obligarlo a despojarse de sus recursos.
Esto está creando un modelo en el que todos los poderes extorsionan. Fiscales que se enriquecen amenazando a los estudiantes y a sus padres con imputarles terrorismo a menos que paguen. Agentes de CICPC que te ofrecen cómoda permanencia en El Rosal a cambio de la debida mordida periódica. De lo contrario, mañana irás a El Rodeo o a Yare. Gobernadores, alcaldes, colectivos...Todos presionan, todos cobran en el País del Miedo.

PS: si desea conocer más en profundidad los mecanismos de la extorsión por parte de policías presione aquí.

Breves

*En un acto semiclandestino, al que solo convocaron a los medios del Sibci, el presidente de la ONA general de brigada Alejandro Kerelis presentó algunos resultados del primer Estudio Nacional de Drogas en Estudiantes Universitarios. Consistió en un sondeo entre 6199 hombres y mujeres que cursan estudios en 82 de los 160 centros de educación superior del país. Se trata de un trabajo importante. El primero en su tipo en el país. La escasa divulgación de los resultados confirma una vez más la invisibilización del tema de las drogas por parte del Gobierno. Aquí algunos datos de relevancia:
1.-En las universidades del país se calcula que hay 129.000 personas que consumen o han consumido alguna droga ilícita.
2.-La marihuana (convencional o genéticamente mejorada) es la droga ilegal más usada por los universitarios. Los estimados llegan hasta las 127.000 personas. La pequeña diferencia entre la cifra referida más arriba y ésta sugiere además que una porción importante de los estudiantes (alrededor de 13.000) tienen o han tenido contacto simultáneo con varias de estas sustancias.
            3.-Los universitarios del estado Mérida fueron los que reconocieron en mayor número tanto el consumo de drogas ilícitas como la existencia de proveedores de ellas en el interior de los planteles.
            4.-Las nociones de riesgo entre los estudiantes que usan drogas están asociadas a las ideas de accidentes, violencia interpersonal y deterioro de la salud. La posibilidad de una detención por parte de las autoridades no figura entre sus temores.
En los próximos días colocaremos el estudio completo como documento para descarga en este mismo espacio. De manera que podrá ser revisado y analizado por todos los que tengan interés en el tema. Esperaremos un poco, a ver si la propia ONA se adelanta.

*Cuando salió la columna anterior, una persona a la que conozco desde hace más de tres lustros me contó los hechos que presenció en una buseta mientras regresaba a su residencia en Terrazas del Club Hípico, la última semana de mayo. Había subido al transporte público en Chacaíto, luego de cumplir con su jornada laboral. Iba sentada en uno de los puestos delanteros, cerca del conductor. En plena autopista, luego de la parada de Santa Fe, un hombre joven sacó lo que parecía ser un revólver e indicó a los pasajeros que entregaran sus pertenencias. Mientras revisaba lo que cada quien tenía, una de sus víctimas se dio cuenta de que la supuesta arma no era otra cosa que un tubo con una cacha con cinta adhesiva. De inmediato, el antisocial fue sometido y golpeado a mansalva. Otros, como la fuente de este relato, vieron impotentes cómo el hombre languidecía en el piso de la buseta, mientras el chofer se desviaba hacia un lugar en Las Minas de Baruta donde creía recordar que estaba un puesto policial. Al llegar al sitio el sujeto ya estaba muerto por el linchamiento. Oficiales de PoliBaruta llegaron al lugar e impidieron que los pasajeros salieran del vehículo. Todos tuvieron que permanecer junto al cadáver durante más de dos horas, hasta que unos fastidiados agentes de CICPC lo levantaron. En ese lapso, los pasajeros temieron por su vida nuevamente pues el transporte también fue rodeado por familiares y amigos del antisocial, quien apenas tenía 18 años de edad. En la estadística oficial, este caso quedó como un “ajuste de cuentas”.

Del reality show a los noticieros
*La prensa de Alemania recogió con cierta frialdad lo que fue un suceso escandaloso, aún para los estándares de la Venezuela actual: el asesinato en el lobby del hotel Eurobuilding de Chuao del empresario Christoph Wilhelm Kleuters, el 19 de junio en la tarde. Los alemanes resaltaron en sus notas que en 2008 la víctima protagonizó un reality show en su país, centrado en la fastidiosa cotidianidad de los jubilados teutones. En cambio, poco dijeron sobre el verdadero propósito de la visita del inversionista de 56 años de edad al tercer país más violento del mundo. ¿Qué hacía atractiva esta convulsa nación para un hombre que gozaba de respeto y una vida acomodada en su lugar de origen? Hay apenas una mención fugaz en la prestigiosa publicación Bild. Kleuters, indica el rotativo, supuestamente viajó a Caracas para conversar con ejecutivos de Petróleos de Venezuela sobre “la financiación de una planta de aceite”. Muy bien. De ser así cabe preguntarse por qué la policía judicial lo identificó en sus primeros documentos como un “visitador médico” y no como lo que realmente era, un negociante ligado a la industria petrolera. Imposible pasar por alto que una semana después fue divulgado el contenido de una grabación atribuida al embajador venezolano en Berlín Rodrigo Chaves Samudio, en la que expresa temor de sufrir algún atentado luego de las denuncias que había formulado sobre corrupción en altas esferas de Pdvsa. Quizá el caso Kleuters y la divulgación del audio del diplomático no tengan relación de causalidad directa. En todo caso, llama la atención la sucesión de hechos y la coincidencia de los ámbitos en los que se desenvolvían sus protagonistas.

domingo, 15 de junio de 2014

Sindicatos y crimen

*Hay un nexo cada vez más evidente entre los sindicatos, la delincuencia organizada y el poder político en el país. A veces, todas estas categorías parecieran fusionarse

@javiermayorca

El nombre de Yorman Pedro Márquez Rodríguez quizá no le diga mucho a la mayoría de los lectores. Gordo Bayón, en cambio, hará sonar algunas campanas en la memoria colectiva.
Hace dos semanas, la muerte de este hombre de 30 años de edad fue noticia fugaz para la prensa independiente. Márquez fue ultimado a tiros el lunes 2 de junio a las 9 pm luego de participar en una reunión en el mismísimo Palacio de Miraflores, centro del poder político venezolano. Los asesinos probablemente le seguían los pasos desde que tomó un avión la semana anterior para negociar en Caracas la incorporación a nómina de los llamados “tercerizados” de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor).
No importó para el Ejecutivo que Márquez tuviese dos medidas cautelares que le impedían salir del estado Bolívar, por su aparente participación en cuatro homicidios. Lo relevante para el poder era su capacidad para aplacar a como diera lugar la conflictividad laboral en una de las llamadas empresas básicas. Declaraciones emitidas con posterioridad por líderes sindicales de la región al sur del país pusieron de relieve que la reunión en Miraflores simplemente no se hubiese llevado a cabo sin la mediación de este hombre.
El cadáver de Márquez fue enviado con premura a Puerto Ordaz, y su sepelio se llevó a cabo con la mayor discreción. Desde luego, este episodio no figuró en la agenda informativa del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (Sibci). Mientras menos sepan, menos explicas.
Nuevamente queda de manifiesto la doble moral. Esa que le impide a líderes de la oposición utilizar vuelos de Conviasa pero que permite el alojamiento de seres con los antecedentes del Gordo Bayón y de sus acompañantes en habitaciones del Venetur Alba Caracas. La que se rasga las vestiduras por un supuesto “golpe continuado” pero que es incapaz de aprehender a homicidas confesos como el que terminó con la vida de Adriana Urquiola.
Márquez: de Bolívar a Miraflores
Hasta el antiguo Caracas Hilton llegaron también los individuos que querían asesinar a Márquez. Tres días antes del homicidio, el viernes 30 de mayo, uno de los sujetos fue avistado por vigilantes del hotel, y cuando intentaron desalojarlo hirió en un brazo a uno de los uniformados. Aún así no desistieron en sus planes. Acaso sabían que su objetivo no hablaría con las autoridades, consciente de que si asomaba la cabeza quedaría detenido. Es la omertá venezolana.
Hay un vínculo cada vez más estrecho y evidente entre la delincuencia organizada, los sindicatos y el poder político. A veces, estas categorías parecieran fusionarse. Algunas centrales obreras aparecen como meras operadoras de organizaciones criminales. Podrá decirse y con razón que eso también existió en la etapa de la democracia venezolana regida por el pacto de Punto Fijo. Lo distinto en esta con respecto a aquella, además de los actores, es sin duda la intensidad de la violencia ocasionada por las disputas por el poder, tanto en lo interno de los sindicatos como entre ellos mismos, todo por las cuotas de las contrataciones que los propios organismos del Estado les proveen.
Luis Villalobos fue víctima de este círculo de criminalidad. Cuatro días después de lo ocurrido con Márquez, a este delegado de Sovica le dieron 16 tiros frente al edificio Trébol de la avenida San Martín, donde residía. En ambos casos, las averiguaciones policiales han tenido pocos avances.
La esposa de Villalobos, Dayana Ramírez, teme que este crimen fue consecuencia de la disputa por la continuación de las obras del distribuidor Ciudad Caribia, en la autopista Caracas-La Guaira. Así será la magnitud del negocio involucrado que las partes en liza bien podían darse el lujo de matar a un delegado sindica, en la capital del país y a plena luz del día.
Si tendemos la mirada un poco más allá, veremos otros ejemplos del nexo entre sindicatos y delincuencia. El grupo armado más estructurado del centro del país, conocido como la banda del Picure, tiene un claro vínculo con las organizaciones que controlan la construcción del ferrocarril en el estado Guárico. A tal punto ha llegado esta fusión que la página de Facebook del grupo criminal se llama Tren del Llano. Desde luego, en la frágil institucionalidad de la Venezuela actual resulta muy conveniente para cualquier sindicato tener a su servicio a bandas de gatilleros como los de José Tovar. ¿Qué empresario o licitador en su sano juicio se negará a pagarles las cuotas que exigen por la continuación de las obras? ¿Qué central obrera disputará el espacio ganado por los aliados del Picure? En los despachos oficiales de Calabozo ya saben lo que esto significa.
La banda tiene entre sus últimas víctimas al jefe policial de Barbacoas Lisandro Marapacuto, de 34 años de edad. Poco a poco, han extendido su área de influencia a los estados circundantes a Guárico, mientras se supone que sus líderes son perseguidos por los cuerpos de seguridad.
En Carabobo, el tendido de la vía férrea también facilitó la consolidación de una banda que, a falta de mejor nombre, fue bautizada por CICPC como los Sanguinarios de El Cambur. Fue allí, en el trecho que une a Puerto Cabello con Valencia, donde uno de sus más jóvenes exponentes mató a la actriz Mónica Spear y a su esposo Thomas Henry Berry, el 6 de enero de este año. Desde luego, el dato sobre la relación del líder del grupo Leonar Marcano Lugo, alias Gordo Danilo, con los constructores del ferrocarril fue convenientemente omitido por la vocería oficial.

Breves

*La División contra la Delincuencia Organizada de CICPC inició una pesquisa sobre un grupo de supuestos funcionarios que llega a comercios del municipio Libertador para hacer inspecciones de constancias del  pago de impuesto sobre la renta y otros tributos. Los sujetos visten chaquetas de la policía judicial y del Seniat. Al encontrar cualquier irregularidad amenazan al dueño del local con cierres y cuantiosas multas. Posteriormente, sugieren un "arreglo" con el pago a un tercero de un porcentaje del monto involucrado en la supuesta irregularidad. La extorsión se ha convertido en una práctica común en el país. Muy pocos casos son denunciados, y menos aún investigados con éxito. A finales de 2013 una abogada denunció en Puerto Cabello que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia le exigían Bs 600.000 para no incautar mercancías que según ellos eran contrabando para una cadena de comercios de Carabobo, propiedad de empresarios chinos. Los agentes siguen operando con impunidad.

*La ausencia de justicia no es una característica única de Venezuela. En Panamá también ocurre. El 12 de junio se cumplieron seis meses desde que asesinaron en la capital del país centroamericano al venezolano Sergio Schael, nieto del expresidente venezolano general Isaías Medina Angarita. El hombre viajó a ese país en diciembre de 2013 para cobrar una deuda de 513.000 dólares. Hasta ahora, las pesquisas indican que a Schael de 32 años de edad lo mataron con un disparo en el tórax mientras estaba en el edificio Paitilla Office Tower, luego de pautar una cita con el deudor. Posteriormente, arrojaron su cadáver en la avenida Juan Pablo II. Los familiares de la víctima se han quejado pues un tribunal panameño acordó un hábeas corpus a favor de dos de los supuestos implicados, aún cuando ellos no han sido detenidos. Se debe señalar que el Ministerio Público venezolano también inició un expediente sobre este caso, toda vez que algunos integrantes de la supuesta red que mató a Schael son de este país. Esta pesquisa tampoco ha avanzado.

*El Center for a Secure Free Society, organización no gubernamental canadiense divulgó este mes el reporte Canada on Guard: Assessing the Immigration Security Threat of Iran, Venezuela and Cuba. La investigación fue hecha por Victoria Henderson, Joseph Humire y Fernando Menéndez.  Advierte que hasta 2011 las autoridades del país norteamericano habían detectado 173 pasaportes emitidos por el Saime (antigua Oni-Dex) para extremistas islámicos. Esto sugiere la existencia de una estrategia para valerse de la Misión Identidad con el propósito de infiltrar individuos en territorio canadiense, que luego desplegarían acciones terroristas en Estados Unidos. Según el documento de 19 páginas un actor fundamental en esta trama sería el actual gobernador de Aragua y extitular de Relaciones Interiores, Tareck el Aissami. Hay preocupación además por el posicionamiento de los círculos bolivarianos en Canadá. Se cree que junto a asociaciones conformadas por iraníes servirían como bases para acciones similares a la ejecutada contra la Asociación Mutual Israelí Argentina (Amia).

*El auge delictivo en el Parque del Este es inocultable. Los antisociales han encontrado que allí pueden operar a su sabor, a pesar de que adentro de ese lugar hay una compañía de la Guardia Nacional, ahora reforzada con elementos de la Policía Militar del Ejército. Aquí el testimonio de una joven que entró en la categoría de víctimas el 4 de junio a las 11 30 am: “ nos encontrábamos dibujando sólo con el bolso de la universidad y el cuaderno de dibujo, después que teníamos como 15 minutos de sentarnos ahí se pusieron dos hombres delante de nosotras bloqueando la vista, como eso me incómodo un poco y decidí pararme para irme a otro sitio pero los hombres se pusieron uno a mi lado y otro al lado de mi amiga como para que no pudiéramos movernos y nos tuvimos que quedar sentadas, entonces ellos empezaron a hablarnos mientras nosotras no le respondíamos ni una palabra, sin embargo, uno de ellos que fue el que habló continuo hablando. Comenzó preguntando que de dónde éramos y qué estudiábamos, también sobre lo que estábamos dibujando, pero a esto yo solo le contesté que ya nos íbamos. Fue entonces cuando el sujeto nos dijo que estaba armado y que tenía varios «muchachos» observándonos desde diferentes puntos del parque por lo que si nos movíamos o gritábamos o teníamos alguna actitud rara nos podían disparar o hacer alguna marca en la cara. También nos dijeron que no querían problemas con nadie, que acababan de salir de la cárcel y no querían volver por lo que teníamos que cooperar. Luego de media hora de psicoterror fue que nos dijo que sacáramos nuestros celulares (que los teníamos en el fondo del bolso) y se los diéramos como si ellos fueran nuestros amigos para que nadie sospechara (…). El señor primero me preguntó si yo tenía mi celular porque no me lo había visto y yo no respondí por miedo. Preferí sacarlo a que el revisara mi bolso y se llevara la cartera o las llaves del carro. Después de esto, los dos se pararon y el que habló todo  nos dijo que no nos moviéramos de ahí como en media hora y que después nos fuéramos derecho a nuestras casas sin decirle nada a nadie”. Vale decir que este relato me fue transmitido por una colega periodista, quien al igual que las jóvenes fue asaltada en el mismo parque, mientras hacía ejercicio.

domingo, 1 de junio de 2014

¿Qué pasa en los cuarteles?

*Las últimas decisiones del Presidente indican que en la Fuerza Armada se viven momentos de tensión. Maduro ha tomado medidas urgentes

Twitter @javiermayorca

Momentos de tensión se viven actualmente en los cuarteles. Desde el alto gobierno podrán negarlo. Mirar a otro lado y decir como lo ha hecho el jefe del Ceofanb Vladimir Padrino que los profesionales de armas se mantienen apegados a la Constitución, o a la particular interpretación que dan de ella. Pero las decisiones hablan mejor que cualquier declaración de lo obvio.
El asunto es tan urgente que obliga al presidente Maduro a cambiar de súbito a los comandantes generales de la Aviación y del Comando Regional 5 de la Guardia Nacional, generales Giuseppe Yoffreda Yorio y Manuel Quevedo respectivamente. Eran decisiones que no podían esperar hasta julio. Simplemente había que tomarlas ya.
Maduro: golpes de autoridad
Yoffreda era el oficial más antiguo del Alto Mando. Graduado en 1983, su tiempo de servicio activo fue extendido en julio del año pasado por decisión del propio Jefe del Estado. Llama la atención por lo tanto que de la noche a la mañana el mismo mandatario decida sacarlo del máximo puesto de comando del componente aéreo para enviarlo a calentar un escritorio en Corpovex. ¿Por qué Maduro perdió la confianza en Yoffreda?
Se debe destacar que durante la gestión de este oficial se produjo la detención de tres generales de su propia fuerza, señalados de instigar a la rebelión. También se adelanta una nueva purga de oficiales subalternos, descontentos con la situación política y social. Este estado de ánimo se expresa en los graffitis que constantemente aparecen en los baños de las escuelas militares y cuarteles así como en las intervenciones durante reuniones como la celebrada en el auditorio de la Academia Militar en abril, para convencerlos de que hay un "golpe de estado continuado" contra el heredero de Chávez.
En esta situación, tal parece que Yoffreda fue sacado de la Comandancia General de la Aviación porque no podía contener el descontento. Su bajo perfil durante esta crisis indica que tampoco estaba muy dispuesto a hacerlo. Está por verse si su reemplazo, el recién ascendido a Mayor General Eutimio Criollo podrá cumplir el mandato. A él tocará ejecutar los consejos de investigación para purgar del componente a excelentes oficiales, hastiados como el resto de los venezolanos por la corrupción, la impunidad y la quiebra del país. Por comentar sobre esto, por cierto, ordenaron un juicio contra los generales Carlos Millán, José Machillanda y Oswaldo Hernández.
La remoción del general de brigada Manuel Salvador Quevedo Fernández del Comando Regional 5 de la Guardia Nacional luce también como una especie de sanción por "déficit de lealtad". Al igual que Yoffreda, fue transferido de un puesto de comando militar a una oscura posición burocrática, para la que no está formado: la presidencia de la Gran Misión Barrio Nuevo.
Durante todo este año Quevedo fue objeto de numerosas críticas en virtud de los excesos cometidos por su tropa al enfrentar a manifestantes en todo el Distrito Capital. Para este oficial la situación fue simplemente incontenible. Las protestas fueron tantas, tan prolongadas y extendidas en la geografía de Caracas y Miranda que fue necesario acudir a uniformados sin conocimiento en materia de orden público, muchos de ellos movilizados de otras regiones. Una cosa es el emplazamiento para Patria Segura y otra asumir el primer frente en lo que, según el análisis del propio comandante general de la institución, general Justo Noguera, es un conflicto asimétrico en desarrollo.
Las presiones sobre este general se evidencian en un detalle: durante sus últimos días en el Core 5 él mismo tuvo que comandar las operaciones en el terreno donde se desarrollaban, e incluso asumir funciones operativas antes que de supervisión.
Para un oficial como Quevedo, la decisión presidencial de removerlo del Core 5 tiene profundas implicaciones profesionales. Pasó de ser el militar encargado de la seguridad ciudadana en la capital del país, con perspectivas a incorporarse eventualmente al Alto Mando de la fuerza, a estar despojado de toda tropa.
Su reemplazo, el general de brigada Fabio Zavarse, viene de estar al frente del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (Conas), unidad especializada y en expansión, que además de investigar los plagios en todo el país destinó importantes recursos a la infiltración de las marchas estudiantiles a partir de febrero de este año. Es un oficial de la promoción 88.
En ambos casos, Maduro ha apostado a la lealtad como valor fundamental, y de allí los cambios. Por esta razón, el nuevo jefe de la Aviación declaró durante la transmisión de mando: "Cuente con la lealtad y el apoyo". ¿Se atreverá a usar los cazas Sukoi para amedrentar a la población civil?
Con la remoción de Quevedo, Madurto sacó de la principal gran unidad de la GN a un oficial egresado de la Efofac en 1987. Es decir, este general obtuvo su grado de subteniente en el mismo patio y el mismo año en el que lo hizo Diosdado Cabello. Este dato es importante pues aunque Quevedo es de la GN y Cabello del Ejército sus estudios y primeros años de carrera se desarrollaron en forma simultánea. Cabello fue segundo de su promoción, Quevedo tercero. Ambos oficiales destacados. Esta contemporaneidad no puede ser omitida en ningún análisis sobre el problema militar en Venezuela, menos aún tomando en cuenta la fusión existente entre el partido de gobierno presidido por Cabello y la FANB.
Las decisiones de Maduro respecto a Quevedo y Yoffreda constituyen por decirlo así dos "golpes de autoridad". Envían un poderoso mensaje a las tropas y a la oficialidad en cuanto a la preeminencia de su mando. Algo que era visto con cierto desdén en los cuarteles. Maduro lo sabía, y por eso en sus primeras intervenciones ante militares recordó permanentemente lo obvio: que además de Jefe del Estado es Comandante en Jefe. En este ámbito, como en ningún otro, las diferencias entre el actual mandatario y su antecesor son patentes.
El Presidente de nuevo ha roto la normalidad institucional. Los cuerpos militares están llenos de rituales y rutinas. En Venezuela se mantuvo la tradición de los ascensos y cambios de mando de las grandes unidades en julio, a pesar de algunos esfuerzos de Chávez en sentido contrario. Estos movimientos en la tercera semana de mayo son por lo menos anormales.
Chávez conocía la vida militar e intentó "normalizar" la ruptura de las prácticas tradicionales, afectando a veces los ciclos de ascensos y retiros. La oficialidad en su mayoría lo aceptó pues veía al teniente coronel como un poderoso caudillo, surgido de sus propias filas. Maduro, en cambio, siempre fue ajeno a los cuarteles. Esta diferencia es clave para entender las reacciones que en un futuro puedan asumir los profesionales de armas.

Breves

*Un factor en común tienen todos los venezolanos considerados como sancionables según las legislaciones que preparan las cámaras del Senado y de Representantes de Estados Unidos: todos son "personas expuestas políticamente" o PEPs de acuerdo con la jerga difundida desde hace más de veinte años por los investigadores sobre lavado de dinero. Inicialmente los PEPs eran solo los funcionarios designados para determinados cargos gubernamentales. Debido al poder que acumularon en determinados momentos (y las permanentes tentaciones que llegan con él), se estableció que debían ser objeto de especial vigilancia en cuanto a la riqueza que podían amasar. Pero la experiencia de los años ochentas y noventas del siglo XX en la pesquisa sobre testaferros hizo que esa vigilancia se ampliara a los círculos íntimos de los PEPs, ya sea por lazos de consanguinidad, afinidad o simplemente por tener una comprobada coincidencia de intereses financieros. Por lo tanto, es de esperarse que la lista inicial de funcionarios sea ampliada con los respectivos entornos. Son ellos los que han manejado desde las sombras el dinero. Esto ha ocasionado mucha preocupación en las filas de un régimen enriquecido a costa de los dineros públicos. En otros términos EEUU golpeará en el bolsillo a los represores del chavismo-madurismo y sus cómplices. Al respecto, el presidente Maduro afirmó que ninguna ley estadounidense podría tener efectos extraterritoriales. Una vez más, se equivoca. Los casos de Pinochet, Ferdinand Marcos y su esposa, y últimamente del expresidente guatemalteco Alfonso Portillo y su círculo de seguridad revelan que cuando hay voluntad política se puede perseguir el dinero de corruptos y violadores de los derechos humanos hasta los confines más alejados del planeta, en virtud de la globalización de su banca y de los acuerdos de cooperación judicial entablados con numerosas naciones en el mundo. Por eso es que ya comenzaron a lanzar puentes a Washington, en una estrategia de reducción de daños. Las sanciones contra altos miembros del Ejecutivo y el resto de los poderes son, simplemente, cuestión de tiempo.

*El año pasado, la Unión Europea entregó a la Oficina Nacional Antidrogas 3 scanners de última generación para detectar si algún pasajero del aeropuerto internacional de Maiquetía lleva psicotrópicos o explosivos. La tecnología, tuvo un costo aproximado de 135.000 euros. En aquel momento, el compromiso del gobierno venezolano fue activarlos y darles mantenimiento con recursos del Fondo Nacional Antidrogas (FONA) en un plazo que finalizaba en enero de 2014. El FONA, como se sabe, nutre sus arcas con los aportes obligatorios de la empresa privada. Una millonada sobre la que se ejercen escasos controles. Recientemente una misión del organismo europeo constató que los detectores aún están en sus cajas, en un despacho de la Guardia Nacional en el referido terminal aéreo. Las revisiones a las maletas se hacen con perros y aparatos de rayos X. Pero siempre queda abierta la posibilidad de que un pasajero aproveche la ausencia de estos aparatos para llevar sus equipajes cargados con cocaína, tal y como hizo Federica Gagliardi, la exsecretaria del mandatario italiano Silvio Berlusconi. Por casos como éste Venezuela ha sido reprobada por ocho años consecutivos en materia de cooperación internacional contra el tráfico de drogas.

*Un comisario ya jubilado de la policía judicial me llamó la atención con respecto al homicidio de dos liceístas de 14 años y 15 años de edad, respectivamente, a manos de un compañero de estudios de la Unidad Educativa Iberoamericano de El Junquito, el19 de mayo. Este exfuncionario observó preocupado que el homicida (también de 14 años) no estará más de un lustro en prisión, en virtud de su edad, tal y como lo dispone la Ley Orgánica de Protección del Niño, la Niña y el Adolescente. El joven que con total alevosía y consciente de sus actos disparó contra sus compañeros estará en las calles otra vez al cumplir 20 años, en el peor de los casos. Como es menor, además, las autoridades no podrán registrar sus antecedentes. De manera que salvo alguna referencia tardía de los medios de comunicación (una vez cumplidos los 18 años de edad) su historial estará totalmente limpio. Algo similar sucederá con los homicidas del teniente coronel Eliécer Otayza y de cinco habitantes un barrio de Los Teques, por mencionar algunos recientes. Las normas venezolanas a veces parecen hechas pensando en el victimario, y no en la mayoría de la población que vive aislada y temerosa debido al permanente estado de indefensión. Mayor impunidad, imposible.

*De acuerdo con la Memoria y Cuenta del ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en 2013 fueron detectados y destruidos 43 laboratorios destinados a la fabricación de clorhidrato de cocaína. Todos ellos en el municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, una zona profundamente influida por la actividad de los frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que operan en Norte de Santander. Supongamos por un momento que esas instalaciones fueron eliminadas cuando apenas tenían dos meses de operaciones. Si cada una producía media tonelada de droga mensual (un estimado conservador) esto pemite concluir que en territorio venezolano se produjeron el año pasado al menos 43 toneladas de cocaína de alta pureza. La sustancia además era cargada en las aeronaves que llegaban a pistas clandestinas detectadas cerca de los laboratorios. Servicio completo. Menos mal que Venezuela es sólo un "país de tránsito" en la industria mundial de las drogas.

*El 22 de mayo el director de Seguridad de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, coronel Luis Fernández Reverol envió una carta al director de la Policía Nacional, general retirado Manuel Pérez Urdaneta para solicitarle la revisión de las credenciales entregadas a los funcionarios que custodian esa institución y sus magistrados. La petición fue hecha al detectarse que un hombre de apellido Flores se hacía pasar por integrante del cuerpo de escoltas utilizando una credencial falsa, con vencimiento en mayo de 2016.