Publicidad

domingo, 18 de mayo de 2014

Un año de Patria Segura



Twitter @javiermayorca

*Ante la inexistencia de una política consistente en materia criminal, el Gobierno prolonga por tiempo indefinido la militarización de las calles de todo el país

El martes 13 de mayo se cumplió el primer año del plan Patria Segura. Un aniversario discreto, casi en silencio. No hubo celebraciones pues en realidad no había nada de que alegrarse. Un dato significativo es que al respecto solo declararon el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y principal promotor de esta iniciativa, mayor general del Ejército Miguel Rodríguez Torres, y otro general, Alejandro Kerelis, presidente de la Oficina Nacional Antidrogas. Lo demás fue el tradicional aluvión propagandístico de los medios del Sibci, que a los efectos es como ruido de lluvia.
Con Patria Segura, el Ejército está en la calle
Patria Segura fue la primera iniciativa concreta anunciada en 2013 por el recién investido presidente Nicolás Maduro. Pero no puede ser considerada como un plan, mucho menos como una política de Estado. En aquel entonces se aclaró que era un sucedáneo de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, destinado a paliar la emergencia planteada por el auge delictivo. En términos prácticos, Maduro asumía la responsabilidad por lo que aparecía (y aparece) en las encuestas como la principal preocupación del venezolano. En esto el mandatario se diferenció desde un comienzo de su antecesor Hugo Chávez, que poca atención prestó al asunto.
La inconstitucionalidad de Patria Segura está de bulto. La Carta Magna y la Ley del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional establecen que la seguridad ciudadana es un asunto de civiles. Esta contradicción, ahora y antes, se intenta salvar desde el Ejecutivo al sugerir la existencia de un permanente estado de necesidad consecuencia de las arremetidas del hampa. Entonces, con el pasar del tiempo, esta creciente militarización se convierte en la prueba más fehaciente del fracaso gubernamental en la materia. Curiosamente, la lógica militarista de este Gobierno lo toma como argumento para profundizar la incorporación de miembros de la FANB en esta actividad. Maduro debería leer el tratado de Norman Dixon sobre la psicología de la incompetencia militar.
Aunque la laudatoria oficialista se refiere a Patria Segura como un plan, en realidad no es más que una excusa para tener a los militares desplegados. A Toda Vida sí fue un plan. Fue estructurado en tres meses por un grupo de criminólogos que entró al gobierno de la mano de Tareck el Aissami. El documento tenía un sustento teórico y áreas de acción, objetivos más o menos claros y lapsos de ejecución. Había un antes y un después, explicado con cifras. Uno podía diferir o estar de acuerdo con algunos de sus planteamientos. Lo más criticable era esa práctica de improvisar sobre la marcha. Hay que recordar que Chávez lo ordenó en respuesta a las intervenciones de diputados opositores durante la presentación de su Memoria y Cuenta en 2012. Fue, por decirlo así, producto de un momento de inspiración en su décimo tercer año de gobierno.
Maduro, en cambio, no planteó antes ni después. Patria Segura fue otra improvisación más. En la mejor tradición militar, costosa y de ejecutorias poco transparentes. Cuando los soldados comenzaron a “desplegarse” en las calles, el ministro Rodríguez Torres afirmó que esta iniciativa no duraría más de seis meses. Pasó el 13 de noviembre, y los uniformados continuaron por doquier. Han transcurrido otros seis meses, y siguen en esta operación.
Como era obvio que este dispositivo no impactaba en las cifras generales de criminalidad violenta, el MRI incorporó sobre la marcha el concepto de los “circuitos de patrullaje inteligente”. A partir de entonces, los militares ya no estarían apostados en sus alcabalas o puntos de control, sino que harían rondas permanentes en trayectos preestablecidos y supervisados. Si la actividad del hampa se había desplazado a la vecindad de al lado con el inicio del plan, ahora lo haría con más intensidad, aprovechando los lugares y las horas en los que las policías y los uniformados se repliegan, en las vías expresas, en los parques nacionales, en los callejones, en las viviendas de la gente. El homicidio y el robo de vehículos se incrementaron, según cifras extraoficiales de CICPC, mientras que el secuestro se ha visto complementado por el robo a las viviendas tras hacer rehenes a sus ocupantes. Nuevamente, sale perdiendo la mayoría de los venezolanos.
Resulta imposible para la ciudadanía evaluar Patria Segura sobre bases firmes. Desde luego, la opacidad ya es crónica en todas las actividades del Ejecutivo. En materia de seguridad ciudadana, uno de los puntos de referencia eran los informes de Memoria y Cuenta del MRI. El presentado en 2013 por el entonces titular del despacho Néstor Reverol tenía algunos datos, en medio de 350 páginas de verborrea. El primero de Rodríguez Torres ni siquiera los tiene. Sólo habla en términos relativos: reducción de homicidios en tanto por ciento, baja en los secuestros de tanto por ciento, etc, con un detalle: muchos de los porcentajes indicados para estos delitos difieren en una y en otras páginas del mismo documento.
Lo único seguro en esto es que los militares continuarán en las calles, especialmente los del Ejército y la Guardia Nacional. A estas alturas, es legítimo preguntarse si el verdadero propósito de este estado de sitio es el combate a la delincuencia o el establecimiento definitivo de un régimen de control político y social a través de los cuerpos armados.

Breves

Gagliardi: otra operación encubierta
*El Ministerio Público aún espera de su contraparte de Italia los informes sobre el decomiso de 24 kilos de cocaína a Federica Gagliardi, alias la Dama de Blanco, quien fuera asistente personal de Silvio Berlusconi durante su mandato en el gobierno de ese país. Gagliardi quedó presa tras el hallazgo en el aeropuerto de Roma. El equipaje cargado con el alcaloide supuestamente le fue entregado a la glamorosa rubia por los empleados de una cafetería ubicada en el área de tránsito del terminal internacional del aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía. La droga llegó hasta allí con el concurso de empleados y guardias nacionales. Italia no ha contestado a la petición, con lo que técnicamente resulta imposible constatar el delito. Aún así se han producido siete detenciones en Venezuela. Esta situación es similar a la planteada en el caso de los 1300 kilos de la misma droga que fueron hallados en el aeropuerto de París. Las autoridades europeas, simplemente, no confían en los fiscales ni en los cuerpos de investigación venezolanos. Además, no quieren admitir que han realizado operaciones encubiertas en el país sin la notificación previa a las autoridades nacionales.

*La Radio Nacional Patria Libre (Ranpal), órgano divulgativo del grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional, difundió a partir del 11 de mayo una entrevista con el secretario de organización del Movimiento Revolucionario Tupamaro de Venezuela Hipólito Abreu. En la conversación el activista negó que sus seguidores hayan participado en ataques a manifestantes a partir del 12 de febrero. “Dimos la orden de que ninguno de nuestros compañeros portara uniforme e insignia”, dijo. Suscribió la idea de que “estamos en un proceso de golpe de Estado, que llaman continuado”. Añadió que la militancia ha sido entrenada en todas las formas de lucha de clases. La entrevista completa puede ser escuchada en http://www.goear.com/listen/e528ced/entrevista-al-movimiento-revolucionario-tupamaro-venezuela-ranpal.

*Para el momento de redactar esta columna suman tres detenidos por el homicidio y robo del teniente coronel del Ejército Eliécer Otayza, cuyo cadáver fue hallado en un barranco de Turgua, utilizado como botadero de basura. Dos de los presos tienen 20 años de edad y el último 17 años. A pesar de las consejas de funcionarios gubernamentales, todavía no se ha constatado que el crimen fuese producto de un complot urdido desde Miami. En cambio, todo apunta a un hecho más del hampa común, que ataca a todos los venezolanos por igual. Así lo indicamos en la columna anterior, y los hechos hasta el momento lo corroboran. Este robo devenido en homicidio no fue la primera vez que el exconstituyentista y exjefe de la Disip fue victimizado por el hampa. En agosto de 2009, él mismo denunció ante la policía judicial que antisociales hurtaron varios bienes de una casa que él poseía en la terraza 11 de la urbanización Bosque Valle. De allí se llevaron cuatro pistolas calibres .32, 380 y 9mm, así como dos subametralladoras y una escopeta calibre 12.

domingo, 4 de mayo de 2014

Cinco víctimas, la misma violencia



*El homicidio del ahora teniente coronel Eliézer Otayza pone de relieve una realidad de hamponato sin freno que el Gobierno no quiere asumir

@javiermayorca

Los homicidios de Mónica Spear y su esposo Thomas Henry Berry; Gustavo Giménez y su amigo Luis Daniel Gómez, y del teniente coronel (Ejército) Eliézer Reinaldo Otayza, todos reportados en 2014, tienen por lo menos un factor coincidente: fueron consecuencia de delincuentes comunes que en cada caso creyeron estar ante oportunidades de obtener ganancias con facilidad.
La “oportunidad” es un criterio que el hampón evalúa permanentemente. Puede ser definida como el conjunto de circunstancias que en un momento determinado se conjugan para hacer que el victimario considere que puede lograr su objetivo.
Spear y su esposo quedaron indefensos cuando el Corolla en que iban en la autopista Puerto Cabello-Valencia sufrió un desperfecto, la noche del 6 de enero. Quedaron varados justo en el sitio donde opera una banda de antisociales. Sus desmanes no importaron mucho a las autoridades hasta que mataron a la actriz internacional y a su compañero. El presidente Maduro cometió días después un nuevo desliz al declarar que el crimen pudo ser por la acción de sicarios.
Otro delincuente que hacía de las suyas sin ningún freno fue el que mató a los ciclistas Gómez y Giménez el sábado 5 de abril aproximadamente a las 5 pm. Desde enero alertamos a través de twitter que en ese sector del parque El Avila operaban sujetos que se hacían pasar por deportistas para vigilar a sus posibles víctimas y esperar el mejor momento para despojarlas de sus pertenencias. Las denuncias iban acumulándose sin que la “autoridad única” del parque hiciera nada.
En este caso, los deudos de Giménez y Gómez guardaron un discreto silencio. Desde la oposición sin embargo se sugirió que este doble homicidio pudo ser el desenlace de una conspiración para amedrentar a quienes adversan al Gobierno, en virtud de las relaciones que ambas víctimas guardaban respectivamente con Lorenzo Mendoza, presidente del grupo de empresas Polar, y con el líder opositor Leopoldo López. No era difícil pensarlo. De hecho, esa fue una de las variables que se investigó. Pero de nuevo la evidencia se impuso.
Ahora, le tocó a Otayza. El ex constituyentista, exjefe de la Disip, el Ince, el Inti y el terminal La Bandera. El entonces mayor del Ejército iba por una carretera oscura, el sábado 26 de abril en la madrugada, según reporte de Polibaruta. Una hora en la que no es prudente circular por allí. No sabía que El Hatillo, especialmente en las zonas rurales fronterizas con Baruta, se ha convertido en un refugio de antisociales que azotan a los residentes de Oripoto y Los Guayabitos. Algunos ya incursionan en La Lagunita. Roban viviendas y vehículos. También secuestran y siguen así, como si nada. El solitario conductor de una costosa Toyota Autana era en apariencia un objetivo fácil y apetecible. Y le cayeron en tropel. Probablemente los atacantes ni siquiera se percataron con precisión de quién se trataba. Vieron que el hombre iba armado, con porte de policía o militar activo (que lo era, además de presidente del Ayuntamiento de Libertador) y optaron por eliminarlo. Nada de dejar cabos sueltos y arriesgarse luego a la búsqueda sin cuartel de los cuerpos de seguridad. Para ganar tiempo, lanzaron el cadáver por un barranco en Turgua, luego de quitarle sus documentos.
Funeral con ascenso y honores
Hasta ahora, el único detenido y presentado ante tribunales por este homicidio es un joven de 20 años de edad, que emigró de Mérida en la década pasada, tras el divorcio de sus padres. Cuando Otayza era director de la Disip, ese muchacho tenía siete años. Su personalidad se formó viendo cómo Venezuela se convertía en un país de oportunidades, pero para quienes quebrantan las leyes.
Por eso es el territorio con la tercera tasa de homicidios más alta del mundo. Con una impunidad endémica, en la que el antisocial no se siente para nada obligado a reparar los daños que de forma consistente inflige a la sociedad.
Esto es lo que no quieren entender en el Ejecutivo. Ni ahora ni antes. Entonces, confrontados con una realidad que tarde o temprano se presentaría (la muerte de un querido militante oficialista a manos del hampa) prefieren pensar que todo eso “huele a conspiración”, tal y como escribió la ministra para Servicio Penitenciario Maria Iris Varela cuando apenas comenzaban las pesquisas. La misma funcionaria que reconoce haber enviado a las calles a más de 4600 presos solo en 2013. Y el jefe del Estado, siguiendo la comparsa, ahora dice que este lamentable hecho forma parte de un complot urdido desde Miami.
Lo peor de todo esto es que mientras no se asuma el problema en toda su magnitud más tardaremos en superarlo.

Nota final: en una semblanza escrita para El Nacional esta semana, indiqué que Otayza había desertado del Ejército luego de la intentona golpista de noviembre de 1992. Algunos militares retirados gentilmente me corrigieron. El entonces teniente efectivamente fue procesado por deserción ante el Consejo de Guerra Permanente de Caracas. Pero no fue luego del segundo golpe fallido del 92, sino cuando estaba en la Escuela de Educación Física del Ejército, a la que fue transferido ante la sospecha de que apoyó el movimiento del 4 de febrero.



Breves

*Vienen noticias en el caso del secuestro de Nairobi Pinto, la jefa de corresponsalías de Globovisión que estuvo cautiva 8 días sin que sus captores pidieran rescate. La periodista de 32 años aún no se ha reincorporado a su puesto de trabajo. En los días previos a su desaparición el domingo 6 de abril la víctima recibió las llamadas de 2 desconocidos abonados Movilnet preguntándole por líderes del movimiento estudiantil. Este dato cobra valor a la luz de lo sucedido posteriormente. La dirigente estudiantil Gaby Arellano reiteró su convicción de que lo ocurrido con Pinto tuvo un fin político. "Quieren quebrar sicológicamente a quienes estamos en esta lucha", sostuvo. Durante una conversación para esta columna le salió al paso a los rumores sobre una supuesta motivación amorosa en este caso, lo que convertiría el secuestro en un rapto. Arellano negó que su relación con Pinto sea más que una amistad. "Si lo fuese no tendría ningún problema en decirlo", aseguró. Hasta el miércoles 30 de abril, Arellano no había recibido la citación anunciada por el rotativo Ultimas Noticias. Tampoco había retomado la intensa comunicación que tenía con su amiga antes del 6 de abril. "Tengo muchas preguntas", confesó.

*Cuando se iniciaron las protestas de febrero, indicamos en este mismo espacio que la Guardia Nacional vigilaba las manifestaciones estudiantiles usando funcionarios de civil. Entonces, el propósito era identificar a los líderes de las acciones callejeras y a las personas que les daban soporte logístico. Las evidencias mostraron que este primer objetivo cambió. Luego, los infiltrados pasaron a otro plano. Ya no se trataba solo de filmar las protestas sino de provocar hechos que ocasionaran el repudio general, al tiempo que pudieran servir para iniciar averiguaciones penales. Los "agentes provocadores", tal y como se les conoce, instigaron y participaron por ejemplo en la destrucción de un módulo del Metro de Caracas en plaza Altamira. Lo que fue convenientemente difundido por los medios del Sibci. En abril se pasó a una nueva fase. Según la abogada de Fundeci Elenis Rodríguez la GN ahora aplica técnicas de operaciones encubiertas para obtener evidencias que posteriormente sean usadas en juicios por delitos previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. El problema es que según esta legislación los agentes deben ser funcionarios debidamente juramentados por un juez de control antes de que se inicie la infiltración. Esto no se está cumpliendo. Por lo menos, no hay evidencia de ello. El Gobierno está acudiendo a informantes civiles, denominados "patriotas cooperantes" en la jerga oficialista, para llevar a cabo esta tarea. Los delatores son identificados en los expedientes con nombres genéricos (Agente 1, Agente 2, etc.), tal y como se hace en las pesquisas sobre terrorismo, tráfico de drogas y delincuencia organizada. Esta fue la receta aplicada para detener a un vecino de Macaracuay conocido como El Aviador, que supuestamente prestaba espacios de su vivienda para almacenar los instrumentos que luego eran usados en las manifestaciones.

*El sistema de delaciones también está siendo aplicado en lo interno de la Fuerza Armada. Hasta la segunda semana de marzo, no había ninguna evidencia concreta sobre los supuestos planes para derrocar por vía de armas al Presidente. Sí corrían muchos comentarios en los cuarteles, como en el resto del país, por el deficiente desempeño del Gobierno. Especialmente en la Aviación y la Armada (componente del que surge la actual ministra de la Defensa). Maduro aprovechó la circunstancia de la reunión de cancilleres de Unasur en la última semana de marzo para iniciar un juicio penal contra tres generales de la Aviación y dos capitanes de la GN (uno de ellos retirado), para así darle nombres y apellidos a la conspiración que él tanto anunciaba. El expediente no tiene pies ni cabeza. Todo se basa en los decires de un teniente coronel contra tres oficiales generales, dos de ellos declarados adeptos al régimen. Tras bastidores les han ofrecido eventual clemencia presidencial si se quedan callados. Ellos lo creen así. Si hablan, serán juzgados por instigación a la rebelión y delitos contra el decoro militar. Por cierto, sin que les hagan el antejuicio de mérito previsto en la Constitución. Simultáneamente avanzan procedimientos administrativos para sacar de las filas militares a oficiales medios y subalternos. Serían aproximadamente 25 profesionales de armas, algunos de ellos primeros de sus respectivas promociones. Así comienza una nueva purga en la Fuerza Armada.