Los
escándalos que involucran a miembros de los colectivos están obligando al
Ejecutivo a cambiar su discurso hacia estas agrupaciones
Entiéndase
bien: los colectivos, especialmente los más evolucionados como La Piedrita,
Tupamaros o Alexis Vive, tienen patrones de organización similares a los que
poseen agrupaciones consideradas terroristas, tales como ETA en el País Vasco o
Hamas en Palestina. Antaño también la tuvo el Ejército Republicano Irlandés. Por
una parte, tienen un ala militar, dedicada a las acciones de choque. Por la
otra, una rama política, encargada de las negociaciones con otros sectores, la
vocería pública y la “acción social”, que les hace ganar adeptos especialmente
en los sectores más desposeídos.
*A
propósito del informe sobre las muertes en el país por “balas perdidas”, referido
en la entrega anterior, el comisario jubilado Luis Godoy, exjefe de la división
contra Homicidios de la policía judicial y miembro de la actual directiva de
PoliChacao me comentó sobre la inutilidad práctica del registro balístico que
supuestamente posee la Dirección de Armas y Explosivos de la FANB (Daex). Allí estarían los datos de todas las personas que poseen porte legal, así
como los de sus respectivas armas de fuego. Pero los militares no han cruzado
esa información con el sistema Ibis de la policía judicial, que posee un
archivo digitalizado de los proyectiles, conchas y armas involucrados en hechos
delictivos. El Ministerio de la Defensa entonces tiene un “jarrón chino” con el
cual nadie sabe qué hacer. Algunos policías incluso dudan de la existencia de
esa base de datos. Llama la atención que poco después de iniciado el lapso para
la entrega voluntaria de armas de fuego el Ministerio de la Defensa emitió una
resolución conjunta con Relaciones Interiores para renovar todos los registros
de las armas. El argumento de Rodríguez Torres fue que el sistema usado para
emitir estos permisos tenía “muchísimas debilidades”, y hubo que implantar uno
nuevo.
Twitter
@javiermayorca
Luego
de la operación policial que dejó cinco muertos en la avenida Sur 4, el
Gobierno se ha visto obligado a matizar su discurso con respecto a los
colectivos, es decir, las agrupaciones civiles que operan en Caracas y en el
resto del país como cuerpos paramilitares y a las que se les ha asignado la defensa armada de la revolución.
El
episodio del martes 7 de octubre fue demasiado evidente. De un lado estaban las
unidades de la policía judicial. Del otro, militantes del colectivo
autodenominado Escudo de la Revolución, con apoyo del Frente 5 de Marzo, una
plataforma liderada por el sargento jubilado de la Policía Metropolitana José
Miguel Odreman Dávila, que pretendía constituirse en punto de fusión de otros
tantos colectivos.
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El sargento Odreman, cuando estaba con el "proceso" |
Desde
CICPC se filtró la información de que la organización liderada por Odreman, de
43 años de edad, estaba vinculada con el homicidio del oficial de la Policía
Nacional Francisco Antonio Viloria, de 24 años, reportado en el barrio José
Gregorio Hernández de Cotiza el 9 de enero. En ese mismo hecho murieron Yohanny
Wilfredo Rojas y Luar Rafael Pérez, de 22 y 23 años de edad, respectivamente.
Igualmente, la sindican de participar en los asesinatos de dos hombres que
fueron hallados en las riberas del rio Guaire, envueltos en bolsas para basura,
así como también en la muerte de Yohan José Alaya Pérez, de 33 años, luego de
que supuestamente fue torturado en el sótano del edificio Manfredir, principal
objetivo del allanamiento.
Nada
de esto fue precisado por el actual director de ese organismo José Gregorio
Sierralta, quien ese día se limitó a emitir mensajes vía twitter desde Valencia
así como una breve rueda de prensa para aclarar que la acción que prácticamente mantenía paralizado al centro de
Caracas no obedecía a las pesquisas sobre el asesinato del diputado Robert
Serra.
En
medio de la confusión, el titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz,
Miguel Rodríguez Torres, así como el propio Sierralta, intentaron hacer una
distinción entre colectivos y bandas delictivas. En ese imaginario, los
primeros se dedicarían al trabajo social en sus comunidades, mientras que los
otros a delinquir.
Este
discurso se fue refinando con el pasar de los días. El sábado, durante un acto
público, Rodríguez Torres hizo esta caracterización: “Un colectivo es expresión
de la organización del poder popular. Los colectivos en Venezuela tienen años
de constituidos, años de trabajo, son para la paz y por la paz, la cultura, el deporte
y la organización popular. Vimos en los twitter de muchos colectivos cómo se
deslindan de la violencia para ejercer la participación política”.
¿Este
Rodríguez Torres es el mismo oficial que, cuando era comandante con oficina en la
Vicepresidencia, contribuyó a orquestar los círculos bolivarianos? Desde
entonces, él ha podido presenciar la evolución de los colectivos. La imagen idílica
que expresó en el acto de la Plaza Caracas no obedece a la realidad actual sino
a la etapa previa a la crisis política de 2002-2003. Desde entonces, los
colectivos han seguido el principio expresado en su momento por el propio Hugo
Chávez, según el cual el proceso político que él lideró era “pacífico, pero
armado”. La realidad demostró que era cada vez menos pacífico y más armado.
Un
reportaje publicado por El Nacional el 14 de septiembre (http://www.el-nacional.com/sucesos/Cotiza-centro-operaciones-colectivos-Caracas_0_482351846.html)
refleja claramente que el Frente 5 de Marzo intentaba seguir este modelo. Es
decir, detrás de la manzana va el garrote.
El
discurso esgrimido por los miembros del Ejecutivo tiene pies de barro,
especialmente cuando se escuchan los testimonios de los familiares del sargento
Odreman y los demás fallecidos en el edificio Manfredir, quienes recordaron que
para el Gobierno ellos sí podían llamarse colectivos cuando defendieron a todo
trance al presidente Maduro durante las manifestaciones de febrero. Cuando siguieron
aquella orden impartida en cadena nacional: “Candelita que se prenda, candelita
que se apaga”. Ahora, desde luego, repudian que los llamen bandas criminales.
La
conducta mostrada desde el régimen hacia los colectivos sugiere la noción de
que hay una violencia buena y otra reprochable. La primera, encaminada a
sostener el estatus político. Allí todo es posible. Se asegura la impunidad,
por ejemplo, cuando miembros de estos grupos irrumpen en urbanizaciones de
Mérida para arremeter contra los residentes que participan en las protestas
antigubernamentales. O ante el robo continuado de motocicletas de la Alcaldía
Metropolitana, a cargo del opositor Antonio Ledezma. Lo que no se puede hacer
es atentar contra el régimen, sus actores y sus intereses. Esa línea no se
puede cruzar.
Breves
*Un
extraño caso de extorsión con lesiones es investigado por la Guardia Nacional
en Nueva Esparta. La víctima es un comerciante de 31 años de edad que poco
tiempo atrás tuvo un local en un centro comercial de Puerto Ayacucho, Amazonas.
El hombre pagaba “vacuna” a la guerrilla colombiana, como hacen muchos
empresarios de la zona para asegurarse de que no les pasará nada a ellos o a
sus familiares. En diciembre de 2012 el emisario de los irregulares le exigió una
cuota extraordinaria, diez veces mayor al monto que mensualmente cancelaba.
Cuando se negó le cortaron la cara, le robaron sus bienes de valor y amenazaron
con matarle a un hijo. El hombre abandonó sus inmuebles allá y se mudó a
Margarita. Ahora, casi dos años después, los mismos guerrilleros tocaron nuevamente
a su puerta para exigirle pistola en mano medio millón de bolívares.
*El
20 de septiembre, un hombre que decía llamarse Comandante Chaca de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia contactó por teléfono a un teniente coronel
emplazado en Amazonas. El guerrillero quería que los militares venezolanos le
pagaran una cuota especial en compensación por un incidente en el que un minero
ilegal venezolano resultó herido en el sector conocido como Yacapana, el día
anterior. Fue identificado como Baudilio Antonio Montoya de 31 años de edad. El
hombre fue detenido con un revólver. Formaba parte de un grupo de custodia en
el que participaban otras cuatro personas. Vigilaban la actividad de unas 50
personas que huyeron al ver que los militares se aproximaban en helicóptero. En
ese enfrentamiento también fueron heridos un alférez de navío y un cabo segundo
de la Armada, quienes fueron atendidos en un ambulatorio de Puerto Ayacucho. De
este episodio está al tanto la fiscal de la jurisdicción Miriam Chacón. Al
notificar la novedad sobre la llamada del líder guerrillero se inició una
pesquisa de inteligencia. El análisis de telefonía reveló que el supuesto
irregular llamaba utilizando un abonado Cantv desde Caracas. Cuando se hizo la
solicitud de información a la telefónica se determinó que el número no había
sido asignado a ningún usuario. Hasta ahí llegó la investigación.
Impunes muertes por balas perdidas |
*Cada
vez son más frecuentes las denuncias sobre extorsión a personas a las que les
han robado o hurtado sus vehículos. Pueden ser motos, carros o camiones. Ocurre
desde el Distrito Capital hasta el estado Sucre. Las informaciones que llegan
parecen calcadas de un mismo patrón. A la persona le desaparecen su vehículo, y
poco después de haber hecho la denuncia en policía judicial es llamada por
alguien que dice tener contactos con los antisociales. Que por un pago que va
desde los Bs 150.000 hasta los Bs 300.000 se lo devolverán. Para la gente común
es como una especie de secuestro. Hay historias en las que el auto
efectivamente es recuperado luego de cancelar lo solicitado. Aún así, siempre falta
alguna pieza. La ganancia para los hampones va por partida doble. No sólo el
suministro de la parte encargada, sino el dinero por la devolución del vehículo.
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Camino a la chatarra rusa |
*Desde
el mes de septiembre hemos tenido información sobre cuatro siniestros aéreos en
el país. Uno en Zulia, dos en Bolívar y otro en Los Roques. Uno de ellos,
ocurrido en selvas del estado Bolívar el 22 de septiembre, dejó saldo de dos
fallecidos. Por fortuna, en los demás casos sólo se han visto a personas
lesionadas. Todos los relatos tienen un factor común. Los rescatistas han
llegado al sitio del suceso gracias a la colaboración de particulares o
gobiernos regionales. La flota de 3 helicópteros Mi-17 de fabricación rusa,
asignados al Servicio Aeronáutico de Rescate (SAR), está inoperante. Permanece
estacionada en La Carlota. Esto lleva a la pregunta de qué se hace con el
dinero que recibe el Gobierno de los pilotos y aerolíneas por concepto de Tasa de Sobrevuelo, y que va a
parar al Fondo de Radioayudas.
*El
jueves 9 de octubre a las 11 pm vecinos del sector conocido como La Invasión en
La Vega lincharon a un residente del lugar. Posteriormente lo impregnaron con
una sustancia inflamable e incendiaron su cadáver. Los restos del sujeto
permanecieron en el lugar hasta la mañana siguiente, cuando fueron levantados
por una comisión de CICPC. En Venezuela este tipo de acciones no es nueva. En
este mismo espacio relatamos cómo un joven de 18 años fue ultimado a golpes por
los usuarios de una buseta en la autopista a Prados del Este, en mayo. El punto
es que las noticias en las que la gente toma justicia por cuenta propia se
hacen cada vez más frecuentes. Tres días antes del incidente en La Vega,
vecinos de Terrazas del Avila casi matan a golpes a dos zagaletones. Fueron salvados por la policía, al igual que un joven de
diecisiete años tomado infraganti cuando asaltaba en Maracaibo. El 6 de octubre, un hombre fue
vapuleado hasta la muerte por habitantes de un caserío entre San Mateo y La
Victoria, en Aragua. Era señalado por la violación de una niña. En julio,
residentes de la urbanización Manoa de San Félix ultimaron y quemaron a un supuesto ladrón de viviendas, de 21 años. En la capital zuliana, pero en febrero,
detenidos en El Marite mataron a golpes a un hombre de 36 años aprehendido por
actos lascivos a dos menores de edad. Una simple revisión de reportes periodísticos
nos revela cinco muertes por este método tipo Fuenteovejuna, así como tres
lesionados, sólo en 2014. Como los fallecidos son por regla general personas
que han cometido algún hecho repudiable o atroz, la policía judicial pone poco
empeño en las averiguaciones. Impunidad total. Una evidencia más de la
involución venezolana.
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