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lunes, 15 de septiembre de 2014

Engaños de marca mayor


*La impunidad y la crisis económica se conjugan para estimular la falsificación de marcas en Venezuela. Ni siquiera se salvan los medicamentos

@javiermayorca

Beats falsos a la vuelta de la esquina
Todos los días, a las 9 am, un hombre en silla de ruedas motorizada se coloca en la esquina de las avenidas Solano con calle El Recreo, justo frente al centro comercial. Sobre una lámina de anime coloca un sinnúmero de audífonos de varias marcas. En la primera hilera, destacan los famosos Beats.
Los dispositivos de la firma recientemente adquirida por Apple Co son vendidos en esta esquina caraqueña a 700 bolívares, equivalentes a aproximadamente 14 dólares en la tasa de cambio Sicad II, la mitad al cambio de mercado libre. En cualquier tienda de Miami, el modelo ofrecido frente al Centro Comercial El Recreo costaría como mínimo 190 dólares.
El vendedor de unos 40 años de edad me permitió probar el producto. Con alguna reticencia, conectó el enchufe a un reproductor de discos compactos y colocó un “quemadito” con una bachata irreconocible. Nada que permitiera apreciar la profundidad de los sonidos, lo que es el atributo principal de los audífonos originales, considerados de "alta gama". Le pedí entonces que cambiara la tonada, pero fue inútil.
Le pregunté luego de dónde venían. El hombre, algo pasado de kilos, alzó la mirada lentamente y asintió cuando le dije que parecían “chinos de Cali”.
-¿Qué garantía tienen?- pregunté acto seguido.
-Después que Ud se los lleva, no hay pataleo –fue toda su respuesta.
Esa fue la excusa perfecta para devolver la mercancía. A cinco cuadras de allí, frente al centro comercial Beco de Chacaíto, otro vendedor tenía los mismos audífonos al mismo precio.
Uno supone que las ventas de productos falsificados tendrían un poco más de competencia. Pero en Venezuela las leyes de oferta y demanda ni siquiera operan con los buhoneros.
En el país los comercios de artículos con marcas falsificadas, o “piratas”, ya se han transformado en parte sustancial del espacio público, tanto en las grandes ciudades como en las más modestas. Un ejemplo son las ventas de videos y discos musicales. Ya prácticamente nadie los adquiere en el mercado legal o convencional, donde los precios son hasta diez veces superiores. Entonces, hasta los centros comerciales de mayor alcurnia en la capital tienen tiendas que ofrecen copias de películas e incluso videojuegos en abierta violación a los derechos de autor.
Las alcaldías y el gobierno central se hacen de la vista gorda en cuanto a la persecución y el control a la piratería de marcas. La impunidad ha propiciado el surgimiento de “zonas de tolerancia” de estos comercios. Ya no se trata del vendedor solitario y temeroso de toparse con algún policía quisquilloso. Por el contrario, en La Guairita así como alrededor y adentro de la Ciudad Universitaria el interesado encontrará enclaves de venta de copias ilegales de cualquier obra de ingenio, a precios irrisorios.
La falsificación de marcas se presenta ante el ciudadano como algo cotidiano y, si se quiere, inocente. Pero en realidad es una lucrativa actividad de la delincuencia organizada. Así lo advierte Interpol, que lleva un monitoreo mundial sobre esta materia.
Desde luego, el vendedor de la esquina poco o nada sabe o entiende de las fortunas que se mueven con su actividad. Son redes tan multitudinarias y extendidas que incluso son capaces de colocar en un mercado una película o un libro antes de que sea formalmente lanzado. Los traen literalmente del otro lado del mundo. Esta es una de las razones por las que Moisés Naím concluye que la batalla contra la piratería de marcas está perdida de antemano.
No obstante, hay motivos para que los estados y las empresas privadas se esfuercen por poner un parado a los falsificadores. En Venezuela han llegado a extremos muy peligrosos, pues comercian imitaciones de una variada gama de medicamentos. Fuentes de la industria farmacéutica indicaron que las áreas fronterizas con Colombia se prestaban en principio para el tráfico de productos que tradicionalmente no requieren de prescripción facultativa. Son analgésicos, antipiréticos e incluso el Viagra y sus equivalentes en otras marcas. De allí pasaron a falsificar antihipertensivos y últimamente se han encontrado reproducciones de remedios oncológicos.
Los departamentos de seguridad de las transnacionales farmacéuticas hacen esfuerzos por detectar y promover las pesquisas junto a las brigadas antipiratería de la policía judicial y la Guardia Nacional. En mayo, por ejemplo, la denuncia procedente de una empresa con sede en Colombia permitió la detención en el país de once personas y el desmantelamiento parcial de un grupo que adulteraba remedios y los revendía a conveniencia en uno y otro lado de la frontera.
Fuentes de la industria advirtieron que se ha detectado un posicionamiento de los falsificadores de medicinas en ciudades fronterizas como San Antonio del Táchira. Evidencias halladas en las últimas investigaciones revelan que los paquetes y envoltorios de las píldoras están siendo fabricados en locales clandestinos de esa ciudad para luego “ensamblar” el producto allí mismo y también en inmuebles de los estados Lara y Zulia. Las copias tienen una presentación cada vez más parecida al original. Pero el ojo entrenado siempre es capaz de detectarlas.
En la Venezuela actual, donde todo escasea, estos productos falsificados tienen fácil colocación. Sirven los puestos informales del Mercado de las Pulgas de Maracaibo e igualmente pequeñas redes de farmacias en manos de gente inescrupulosa. Los famosos "crímenes sin víctimas" en realidad victimizan a toda la sociedad.

Breves

*El 4 de septiembre fueron publicadas en Gaceta Oficial las resoluciones del Ministerio de Relaciones Exteriores que remueven de sus cargos al mayor general del Ejército Hugo Carvajal Barrios y a Rodrigo Chávez, quienes hasta ese día se desempeñaron respectivamente como cónsul designado para Aruba y embajador en Alemania. Carvajal, como se recordará, fue el centro de un escándalo internacional a propósito de una orden de captura emitida por Estados Unidos por supuestos vínculos con el cartel del Norte del Valle. El domingo 14 de septiembre corrió el rumor sobre la muerte del exjefe de Contrainteligencia Militar en una habitación del hotel Tamanaco. Posteriormente desmentido por fuentes policiales. Chávez Samudio, en cambio, fue el autor de una grabación en la que se hacen graves señalamientos contra importantes actores del régimen como el actual Canciller Rafael Ramírez y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Con el cambio de Ramírez desde Energía y Petróleo al MRE los días del embajador en el cargo estaban contados.

*La consolidación de la banda liderada por José Tovar Colina, alias Picure, en los estados centrales del país solamente es explicable por la anuencia de factores del Estado, entre los cuales desde luego cuentan elementos de los cuerpos de seguridad. Un indicio: los participantes en el último “operativo sorpresa” para su captura hicieron una conveniente parada en un restaurant de El Sombrero, donde jefes policiales comieron y reunieron fuerzas para luego protagonizar un rastreo infructuoso. La organización delictiva, mientras tanto, continúa creciendo gracias a la extorsión a los hacendados. En septiembre el GAES procesó la denuncia sobre sujetos que van a las fincas de Guárico en motocicletas para exigir el pago de Bs 150.000 mensuales, a cambio de no atentar contra los dueños de esos terrenos. Igualmente, se investiga la participación de miembros de esta banda en el plagio de Vitalia López, esposa del alcalde de Barbacoas, estado Aragua, Antonio Lugo.

*A propósito de las extorsiones, la Guardia Nacional abrió pesquisas sobre una ola de amenazas a comerciantes y residentes de los sectores Buenos Aires, Mucujepe, El Vigía, Tucani y Nueva Bolivia del estado Mérida. Voces masculinas llaman desde un celular Movilnet para exigir pagos que van desde los 40.000 bolívares hasta 100.000 bolívares. De no cancelarlos, los interlocutores serían víctimas de atentados o secuestros. Según la GN, las llamadas son hechas por reos desde la colonia agrícola de El Dorado, en el estado Bolívar. Supuestamente adquieren los datos de los avisos de ventas de vehículos divulgados en páginas web como www.olx.com. Estos casos generalmente quedan impunes. Una excepción ocurrió durante la primera quincena de septiembre en Lara, donde la policía judicial apresó a una pareja que colectaba el dinero extorsionado por un reo de Uribana, plenamente identificado e imputado. La ausencia de una acción contundente del ministerio de Servicios Penitenciarios le da a los reclusos la posibilidad de continuar delinquiendo. En países centroamericanos, con menos recursos pero más voluntad política para eliminar la impunidad que en Venezuela, el uso de teléfonos desde las cárceles es regulado a través de bloqueadores de señal.

*UNICEF divulgó su primer informe mundial sobre la violencia entre jóvenes. En el estudio fueron comparadas las cifras de mortalidad de 190 países. Venezuela figura en el segundo lugar en cuanto a la tasa de homicidios de varones con edades entre 15 años y 18 años. Al tomar en cuenta la cifra correspondiente a ambos sexos el país queda en el tercer puesto de todo el planeta, solamente superado por El Salvador y Guatemala. Países que están o estuvieron en conflictos bélicos como Afganistán e Irak  tienen tasas de homicidios de menores de edad 60% inferiores en magnitud que la venezolana. Son muchas las reflexiones que se pueden hacer al respecto. Una tiene que ver con la pérdida del principal recurso nacional, que son las personas que apenas entran a la edad económicamente productiva. Esta descapitalización del país ya fue advertida en 2012 por voceros de Cecodap. Si a esto sumamos la acentuada migración al exterior de las personas con mayor formación académica nos daremos cuenta de lo difícil que resultará superar la actual situación económica y política. Otro dato. Según el informe el costo promedio de por vida para las personas de estas edades que sobrevivieron algún abuso es de $210.012. En el caso de los homicidios, el costo para los deudos y la nación es de por lo menos $1,3 millones por víctima.