Publicidad

domingo, 31 de agosto de 2014

56 años de un plumazo


*La eliminación de la Dirección contra Drogas de la policía judicial fue producto del escaso apoyo institucional y una creciente corrupción interna. Ahora, la investigación en esta materia es cuestión absolutamente militar

Twitter @javiermayorca

El 20 de febrero de 1958, la Junta de Gobierno presidida por el vicealmirante Wolfgang Larrazábal decretó la creación del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, una dependencia del Ministerio de Justicia.
La noticia publicada al día siguiente en El Nacional señala entre otras cosas que la nueva institución contaría con las divisiones de “Medicina Legal, dactiloscopia, fotografía, caligrafía y balística, delitos contra las personas, delitos contra la propiedad y tráfico ilícito de estupefacientes”.
La investigación sobre tráfico de drogas fue, por lo tanto, una de las áreas de acción de la policía judicial desde su creación. Tuvieron que pasar 29 años para que la Guardia Nacional (entonces Fuerzas Armadas de Cooperación) crease un Servicio Antidrogas, posteriormente elevado a la condición de comando en el organigrama del componente.
La policía civil, entonces, tenía un largo camino recorrido para el momento en que a los militares les asignaron competencias de investigación en materia de drogas ilegales. Fueron muchos los casos que la antigua PTJ instruyó en este ámbito, generalmente en cooperación con las agencias internacionales: Lizardo Márquez, Tranca, la conexión Italo-Canadiense, Larry Tovar y la llamada conexión Euroamericana, por citar algunos.
Con la Constitución de 1999, PTJ cambió de nombre a CICPC. Pero mantuvo su nexo histórico con la policía antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés). Ambas operaron en forma mancomunada hasta 2005, cuando el presidente Chávez cesó toda cooperación en cuestiones de lucha antidrogas y fortalecimiento institucional con EEUU.
Era claro que el finado Presidente le prestaba más atención a las afirmaciones de los militares que al trabajo policial. El informe que el general de brigada Frank Morgado entregó al jefe del Estado recordó las viejas rencillas suscitadas a propósito de la investigación que la antigua PTJ desarrolló contra el general Ramón Guillén Dávila (ya fallecido), a propósito de la llamada operación Norte. Como una paradoja, Guillén fue uno de los oficiales que respaldó la protesta militar de la plaza Altamira.
A partir de ese momento, el trabajo antidrogas de la policía judicial entró en picada. A la ausencia de un apoyo institucional desde el Ejecutivo se unió la acción de un grupo de funcionarios, bautizados dentro de la propia policía como Los Magnates, que aprovecharon sus posiciones para enriquecerse a costa de “dejar hacer, dejar pasar”. En el Instituto Nacional de Hipódromos conocen a algunos de ellos. Otros comienzan a ser solicitados por la justicia de Estados Unidos. En el expediente contra Walid Makled se menciona el “tumbe” de un alijo por parte de un grupo de CICPC, al que luego hubo que pagarle una cuantiosa suma con la finalidad de que lo devolvieran.
Las luchas eran entre grupos de funcionarios y con elementos de la GN, el Ejército e Inteligencia Militar. El ambiente dentro de la Dirección contra Drogas se enrareció tanto que un jefe de esa dependencia me confesó en conversación personal que mientras siguiera en ese lugar no asumiría ningún riesgo derivado de investigaciones.
A partir de 2007 la ONA entró en un proceso de militarización que la ha transformado en una plaza más de la Guardia Nacional. Codiciada, además, debido a los ingentes recursos que recibe prácticamente sin controles externos ni rendición de cuentas a través del Fondo Nacional Antidrogas (Fona), que recoge los aportes obligatorios del empresariado. Desde entonces, sus máximos jefes siempre han sido oficiales activos. Es un reflejo de lo que ocurre en todos los aspectos de la seguridad ciudadana del país.
En 2010 ocurrió la cuarta reforma a la legislación sobre drogas durante el chavismo-madurismo. El nuevo texto confiere a la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) el rol de “órgano rector” en la materia, con competencias que van desde la asesoría al Ejecutivo hasta la representación del país en foros internacionales. Asume además la facultad de investigación penal.
La Dirección contra Drogas de CICPC, mientras tanto, moría de mengua. La directiva de la institución aprovechó la circunstancia de una supuesta “reestructuración” ordenada por resolución ministerial desde 2011 para eliminar de un plumazo a esa dependencia. Terminan entonces 56 años de historia. Sin embargo, el problema de las drogas permanece.

Breves

Alias Comba ahora canta
*La acusación contra el exjefe de Contrainteligencia Militar y exviceministro de lucha contra la Delincuencia Organizada,mayor general Hugo Carvajal, fue ventilada en los primeros meses de 2013 ante un Gran Jurado reunido en Miami. Esta figura no existe en el sistema penal venezolano. Pero en Estados Unidos grupos de ciudadanos son convocados para analizar en sesiones a puerta cerrada la solidez de las pruebas que luego serán presentadas en juicios abiertos. En el caso del oficial venezolano, uno de los testigos llamados por la Fiscalía para estas audiencias fue el colombiano Javier Calle Serna, uno de los llamados hermanos Comba, gatillero y traficante de drogas del cartel del Norte del Valle, con el que Carvajal supuestamente operó durante varios años. Calle Serna se entregó a la DEA en Aruba, luego de un ciclo de negocaciones. Ahora, se incorporó al llamado Cartel de los Sapos.

*La División contra Delitos informáticos de la policía judicial procesa dos solicitudes de cooperación del Buró Federal de Investigaciones (FBI), en el marco de una nueva pesquisa internacional contra la transmisión de imágenes de contenido considerado pornográfico, en la que participan niños. Los estadounidenses aportaron dos direcciones de correo electrónico Hotmail que aparentemente pertenecen a la misma persona, utilizadas como vehículo para las referidas gráficas. Quizá para el momento en que estas líneas se den a conocer ya los detectives venezolanos hayan precisado la dirección física del supuesto pedófilo. En otras oportunidades la policía venezolana ha participado en averiguaciones similares junto a cuerpos estadounidenses y españoles.

*La dirección de Auditoría Interna del Tribunal Supremo de Justicia inició una investigación administrativa sobre la supuesta existencia de lo que podríamos calificar como una “nómina fantasma” en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. La pesquisa abarca en total a 99 personas. Hay dos grupos. 41 recibieron beneficios por 2,11 millones de bolívares entre septiembre de 2007 y agosto de 2008. Otros 58 cobraron jubilaciones sin ser funcionarios de ese poder entre enero de 2006 y febrero de 2010. El daño total al patrimonio público fue calculado inicialmente en 31 millones de bolívares. Todo un sistema de favores instaurado dentro del Poder Judicial. Desde luego, parte de la solidaridad implica el retardo de las medidas punitivas. Como vemos, las primeras diligencias comenzaron a hacerse cuatro años y medio después de constatados los ilícitos. Algunos de los investigados fueron citados este mes mediante avisos de prensa.

*En una rueda de prensa del 18 de agosto, el titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Miguel Rodríguez Torres, aseguró que gracias al plan Patria Segura en el país se habría producido una merma del 52% en los secuestros si se compara con los primeros ocho meses de 2013. Quisiéramos que eso fuese así. Pero hay datos que nos hacen dudar. En primer término, el funcionario habló de número de casos procesados solamente por la policía judicial. Allí no están incorporadas las denuncias recibidas y procesadas a través de la Fiscalía ni las del Grupo Antiextorsión y Secuestros de la GN. En Caracas, por ejemplo, los militares iniciaron hasta julio 27 expedientes, lo que implicaría un incremento de 50% con respecto al número procesado por CICPC. En regiones rurales de Barinas, Portuguesa, sur de Carabobo o Guárico, la GN recibe más denuncias que la policía judicial. Esto tampoco está en la relación aportada por el ministro. Además, tan importante como el número de casos es la cifra de víctimas. Por ejemplo, una investigación iniciada por CICPC tuvo 24 cautivos. Fueron motociclistas objeto de un plagio express en El Hatillo. Pero solo fue consignado un nombre. Como vemos, en realidad hay muy poco que celebrar. Pero sí mucha propaganda.

Algunas cámaras funcionaron...
*El tráfico de 1382 kilos de cocaína en un jet de Air France que salió desde Maiquetía a París en septiembre del año pasado sigue dando de qué hablar. Es lógico pues se trata del mayor alijo transportado en un vuelo con pasajeros entre ambos países, vulnerando todos los controles del principal terminal aéreo nacional. Un auténtico problema de seguridad que hasta ahora arroja 28 detenciones. Uno de los componentes de este caso fue la falla del sistema de vigilancia por cámaras. Se desconoce si esto fue producto de una conducta dolosa o si, como argumenta la defensa del teniente coronel Eduardo Mora Carvajal (para el momento Director de Seguridad del aeropuerto), una consecuencia de la inestabilidad del servicio eléctrico. En todo caso, algunas cámaras sí funcionaron. Hay horas de videos en distintos formatos. En la sección EnImágenes de este blog colocaremos los pasajes que consideramos más importantes para comprender lo ocurrido.