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viernes, 18 de abril de 2014

Un enigma llamado Nairobi

*En los secuestros con fin político, la víctima puede ser portadora de un mensaje. Pero a veces el mensaje es la propia víctima

@javiermayorca



Uno no puede más que alegrarse ante el regreso de Nairobi Rosalinda Pinto a su casa. Por verla con los suyos, sana y salva. Pero con ella no ha regresado la verdad. Solo silencios y ocultamiento.
La periodista de 32 años de edad se ha tomado un tiempo para meditar sobre lo que le sucedió. Salir del shock, superar el estrés postraumático. Allegados a ella me indican que casi no sale de su residencia en Los Chaguaramos. Al momento de publicar estas líneas, aún no ha vuelto a su trabajo en Globovisión.
Todo eso es consistente con la situación anímica de alguien que pasó una semana en cautiverio. Quizá ella misma ni siquiera sepa con certeza qué fue lo que le sucedió. Salir de ese encierro para decir que se la llevaron por “un tema de inseguridad’’ luce bastante simplista.
Pongamos las cosas en su sitio. Nairobi Pinto ha sido la víctima de secuestro más resonante desde que se llevaron al vicepresidente del Banco Venezolano de Crédito Germán García Velutini en 2009. Un altísimo perfil, propio de banqueros, diplomáticos y representantes de transnacionales. No de una periodista, por más que sea jefa de corresponsalías de Globovisión, recientemente adquirido por capitales afines al oficialismo.
Pinto, luego del trago amargo
Pinto venía del Canal I. Luego de estar en la sección web del canal informativo fue nombrada para la jefatura de corresponsalías, en medio de  una crisis ocasionada por las renuncias de reporteros, molestos por la autocensura. En otros términos, cuando ella llegó al cargo ya el conflicto estaba planteado. Ella no lo ocasionó. Cuando la secuestraron, apenas tenía una semana en esa posición. Por lo tanto, queda descartado que su cautiverio tenga algo que ver con sus decisiones en el ámbito laboral.
La periodista es hija del también comunicador radial Luis Pinto, quien con mucho esfuerzo ha levantado a su familia a pesar de las adversidades. Fue uno de los afectados por el deslave del estado Vargas en diciembre de 1999. Su vivienda en Macuto quedó muy impactada y tuvo que mudarse al edificio Las Brisas de Los Chaguaramos, justo donde secuestraron a su hija el domingo 6 de abril a las 4 30pm. Hasta el segundo gobierno de Rafael Caldera, ese inmueble fue sede central de la Disip. Cuando la policía política se mudó de allí al Helicoide, la estructura fue remozada y revendida por el Centro Simón Bolívar.
La imagen de Luis Pinto el domingo 13 de abril, pidiendo de rodillas por la liberación de su hija, habla de un padre legítimamente angustiado. Fue entonces cuando me permití darle un primer consejo, que no siguió: pedir públicamente una fe de vida. Luego me explicaría que él también pensó hacerlo pero que los funcionarios de Antiextorsión y Secuestros de CICPC le indicaron lo contrario durante una entrevista llevada a cabo el día anterior.
Y llegamos a uno de los puntos clave de este caso: si se trataba de un secuestro extorsivo, es decir, con fines económicos ¿por qué no solicitar una prueba de vida? Es lo básico, elemental y lógico, más aún viniendo de un padre angustiado por no tener noticias de la cautiva.
Ese domingo, el caso de Nairobi Pinto rompió nuevamente los moldes de lo convencional. De los 65 secuestros reportados en el país durante 2014, sólo ocho han tenido más de cinco días de duración. En todos ellos los captores han solicitado sumas millonarias de dinero, incluso en moneda extranjera (dólares, euros y pesos colombianos). Estas peticiones han sido directamente a la familia del cautivo, sin buscar intermediarios que puedan ocasionar un ruido en las negociaciones.
La liberación de la periodista el lunes 14 de abril fue cuando menos sorprendente. Ocurrió cuando 3.000 funcionarios de cuerpos de seguridad (cifra del titular del MRI) hacían la toma de Ciudad Betania 5, un desarrollo urbanístico del Gobierno en Ocumare del Tuy, a 10 minutos en carretera del sitio donde la dejaron.
Datos extraoficiales indican que la víctima fue trasladada por sus captores en un vehículo a alta velocidad por aproximadamente 40 minutos antes de ser abandonada frente a la sede de Protección Civil del municipio Urdaneta, en Cúa. Entonces, si suponemos que los captores se trasladaban a 100 kilómetros por hora promedio es probable que la tuvieran en algún lugar a 65 kilómetros de distancia con respecto al sitio donde la dejaron. ¿Es que los militares y policías que iban al desalojo no pensaron que por allí podría estar la secuestrada que era centro de atención nacional e internacional? ¿Qué clase de “presión policial” es esa en la que realmente no se presiona?
Finalmente, las declaraciones sobre este caso por parte del titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Miguel Rodríguez Torres, solo han contribuido a generar más confusión. Cuando la periodista tenía cinco días cautiva, el funcionario se apresuró a descartar el móvil político para salir al paso a las afirmaciones en ese sentido por parte de la dirigente estudiantil y amiga muy cercana de la víctima, Gaby Arellano. Pero el lunes, luego de la liberación, aconsejó a los periodistas preguntarse a quién convenía este secuestro. ¿Por qué tantas ambigüedades si el fin fuese solamente obtener dinero?
El problema cuando las cosas no se dicen con claridad es que los rumores se multiplican. Llama la atención la actitud discreta del canal para el que Pinto trabajaba. Eso fue motivo de especulación en las redes sociales hasta después de la liberación de la periodista. ¿Es posible que la empresa hubiese recibido una exigencia de rescate por su empleada? Esto es duro de creer, tomando en cuenta el bajísimo perfil de Pinto y su poco tiempo en la organización. Cualquier persona que viva en Venezuela sabe que los medios de comunicación no operan como las transnacionales, que incluso disponen de seguros y partidas para pagos de rescate. Nairobi Pinto, quede claro, no es la primera periodista secuestrada en Venezuela. En el país ningún sector se salva. Pero los casos reportados hasta ahora (incluido un reportero de Globovisión) se han resuelto luego de un máximo de tres días de cautiverio. Ella, en cambio, fue tratada como si fuese depositaria de una gran fortuna.
Pensar en un secuestro con fines políticos, en cambio, nos coloca en otro campo, con referencias totalmente distintas. Si en el plagio extorsivo los captores buscan la mayor ganancia con el menor gasto y riesgo, en los casos políticos la exposición de ellos ante la víctima no importa en demasía. El punto en estos casos es que la persona cautiva se convierta en portadora de un mensaje, una vez en libertad. No necesariamente se trata de un texto escrito, un comunicado, como ocurrió en el caso del futbolista Alfredo Di Stéfano en 1963. A veces, la víctima en sí misma es el mensaje. Y lo recibe con mucha contundencia el sector al que va dirigido, aunque para el resto de la sociedad no sea percibido con claridad.  

Breves

*El ministerio de la Defensa y la Inspectoría General de la FAN emitieron en diciembre de 2013 una directiva sobre la sustanciación de procedimientos administrativos a militares en servicio. El documento de 38 páginas contiene disposiciones que en la práctica le restan poder al Presidente en cuanto a la decisión sobre las averiguaciones administrativas a la oficialidad general, ahora desparramada por toda la administración pública. Anteriormente, el Jefe del Estado en su rol de Comandante en Jefe de la FAN era quien decidía si las averiguaciones a los generales se iniciaban, y si éstas desembocaban en un juicio o procedimiento disciplinario interno, conocido como consejo de investigación. Con esta nueva directiva se abre la posibilidad de que los expedientes sean instruidos por orden del titular de Defensa, del Ceofanb, la Inspectoría General de la FAN o de los componentes, los comandantes de cada fuerza o de las regiones estratégicas de defensa integral o de las zonas de defensa integral. Las cuentas pendientes, por lo tanto, pueden saldarse sin que el titular de Miraflores se entere. Se instituye además la posibilidad de que los militares en ejercicio sean citados a través de un cartel publicado en la prensa escrita. Una práctica que comenzó informalmente durante la purga militar posterior al 11 de abril de 2002.

*El 12 de abril el Grupo Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional detuvo en el estado Zulia a la venezolana Sandra Isabel Alvarado, quien era requerida desde el 24 de noviembre de 2012 por extorsión y apropiación indebida calificada. Alvarado, indicaron fuentes militares, amedrentaba a sus víctimas indicándoles que era representante para la región de Emiro Ropero Suárez, mejor conocido como Rubén Zamora, comandante del Frente 53 de las FARC y uno de los integrantes de la comisión que negocia la paz con el gobierno colombiano en La Habana. Lo raro de este caso es que la unidad que llevó a cabo la captura tardó cuatro días en notificar la novedad al comando general del GAES en Caracas.

*El reglamento de la Ley para el Desarme y el Control de Armas y Municiones, publicado en Gaceta Oficial el 8 de abril, abre la posibilidad de que agentes extranjeros posean armas en el país, previa solicitud formal del gobierno para el que trabajan, cursada a través de las cancillerías. Este punto ha sido centro de controversias en otras naciones. En México, por ejemplo, los agentes estadounidenses deben ir desarmados, aunque en la práctica esta norma no se cumpla a cabalidad. Igualmente, se establecen los parámetros para que los escoltas privados posean armas. En el caso de las cooperativas de seguridad (cuestionadas por la industria de la vigilancia y la protección) las licencias de porte serán emitidas a nombre de reservistas de la FAN debidamente acreditados.

*Hay nerviosismo en filas del oficialismo por las acciones que tomará el gobierno de EEUU contra bienes y cuentas que tienen importantes funcionarios venezolanos en ese país. La administración Obama actuará sobre la base de una legislación especial que se está elaborando luego de los pronunciamientos casi unánimes de republicanos y demócratas en ambas cámaras del Congreso en contra de la represión a los manifestantes y la detención del líder opositor Leopoldo López. Ya corren listas en las que se menciona a ministros, gobernadores de estado y militares,activos y retirados. Recordemos que la Oficina de Control de Bienes en el Exterior (OFAC, por sus siglas en inglés) ya ha emitido órdenes de congelamiento de cuentas y bienes contra ocho venezolanos, entre quienes figuran el diputado Freddy Bernal, los gobernadores de Guárico y Trujillo, Ramón Rodríguez Chacín y Henry Rangel Silva, respectivamente, así como el exjefe de Contrainteligencia Militar, mayor general Hugo Carvajal. Pero estos casos son por las relaciones con las FARC. Ahora sería por violaciones manifiestas a los Derechos Humanos. En este proceso, una fuente de inteligencia me indicó que un ministro del actual gabinete se reunió con representantes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) durante un reciente viaje a México. Aruba es, desde luego, otro punto importante de las negociaciones. Quizá estemos ante una reedición venezolana del Cartel de los Sapos.