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lunes, 8 de diciembre de 2014

Cuatro leyes de improviso

@javiermayorca

De la noche a la mañana, el presidente Nicolás Maduro sacó de la chistera Habilitante cuatro normas relacionadas con temas de seguridad ciudadana. Desde luego, en medio del ahogo ocasionado por un tsunami de 45 leyes, es posible que los venezolanos no hayan digerido bien de qué trata cada una y cuáles son sus pretensiones.
Todos los textos fueron publicados en la Gaceta Oficial extraordinaria 6.156. Tiene fecha 19 de noviembre, pero sabemos que eso es un mero formalismo. Maduro no podía dar aprobación express en días posteriores a las leyes que tenía en agenda, pues ya habría vencido el plazo que le otorgó la Asamblea Nacional para que legislara por su propia cuenta.
Aquí nos referiremos a los decretos con rango, valor y fuerza de leyes sobre el Régimen para la Revisión, Rectificación, Reimpulso y Reestructuración del Sistema Policial y Organos de Seguridad Ciudadana, y del Cuerpo Nacional contra la Corrupción, así como las reformas a las leyes orgánicas sobre Seguridad de la Nación y sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
La lectura a estos textos se hizo desde una perspectiva de periodismo independiente. De manera que algunos elementos podrán quedar en el tintero. Seguramente, un abogado o estudioso de temas legales pondría el acento en otros aspectos.
La primera en la lista es la ley sobre el Régimen para la Revisión, Rectificación, Reimpulso y Reestructuración del Sistema Policial y Organos de Seguridad Ciudadana. Fue hecha a la medida del comisionado para la transformación de los cuerpos policiales, Freddy Bernal. Pero luce como algo totalmente inútil.
Al ex alcalde de Libertador le asignaron la investidura mediante un decreto presidencial. Pero el tiempo que inicialmente le dieron para el cumplimiento de su tarea era perentorio. Si la idea entonces era prolongar sus funciones, como de hecho lo hicieron hasta el 31 de diciembre de 2015, bastaba con otro decreto. No era necesario usar la Habilitante para eso.
Bernal además no podrá pasar sobre lo dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, ni sobre el Estatuto de la Función Policial. Allí por cierto le asignan al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz la función de “órgano rector” en materia policial. En ningún lado de estas normas se habla de comisionados. Por lo tanto, el diputado queda como un simple asesor. Sus decisiones y recomendaciones deberán ser refrendadas por el titular del MRI. Si no cumple con este formalismo, todo lo que haga estará viciado de nulidad.
Otro decreto de la misma gaceta da pie para la creación del Cuerpo Nacional contra la Corrupción. Toda la norma está impregnada de la intención de hacer del sistema de justicia un apéndice del Ejecutivo, especialmente en una materia tan delicada como la lucha contra los ilícitos en la administración de los dineros públicos. Al finalizar su lectura queda la impresión de que fue diseñada precisamente para que la ciudadanía no sepa nada sobre el robo descarado al erario público, o que en todo caso se sepan solo aquellas cosas que se considere apropiadas desde el punto de vista del Gobierno.
El Cuerpo Nacional contra la Corrupción tiene atribuciones de órgano asesor. También es una “superpolicía”. Sus integrantes son seleccionados por el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, pero en última instancia estarán allí con el aval presidencial.
El artículo 5 de la ley indica además que la “identificación y ubicación de sus miembros tendrá carácter confidencial”. Esto habla más de un cuerpo de inteligencia, no de una entidad destinada precisamente a lograr la transparencia de la administración pública. ¿Cómo se exigirá la rendición de cuentas a partir de un despacho que operará desde las sombras?
El cuerpo contará con una Superintendencia Nacional, una Intendencia Nacional y una Policía Nacional contra la Corrupción. Sus integrantes deberán estar articulados con todos los poderes públicos. Habrá que ver qué se entiende por articulación en el contexto de un despacho como este, investido de tantos poderes y con escasos o nulos contrapesos.
La publicidad de las investigaciones efectuadas por este cuerpo no será decidida por los juzgados ni por la Fiscalía. El artículo 20 de la ley atribuye esta función directamente al Jefe del Estado. Más adelante se ordena que el Ministerio Público designe fiscales especiales “a fin de garantizar el carácter reservado, indispensable en estos casos” (artículo 23).
Hay además atribuciones de este cuerpo que se solapan con las de la Contraloría General de la República, como por ejemplo la imposición de sanciones administrativas y la decisión de pasar los casos correspondientes al ámbito penal.
La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación fue reformada en un solo artículo (el 58) con la finalidad de continuar avanzando en la conformación del “estado comunal”, algo que por cierto no está en la Constitución.
En este caso se dispone la creación de un “sistema de protección para la paz”, entendida como la integración de todos los poderes públicos “con el pueblo organizado y las instancias de gobierno comunal”, con la finalidad de incrementar la participación en el diseño de las políticas criminales “y la consecución de los planes en materia de seguridad ciudadana contra amenazas externas e internas a la seguridad de la Nación”. Este planteamiento aún resulta un poco etéreo. La propia ley establece que deberá ser complementado por otras normas. Hasta el momento todo sugiere la apertura de espacios para que los consejos comunales, y a través de ellos los colectivos, participen en la formulación de planes de seguridad ciudadana y, lo que es más grave, en la identificación de lo que habrá de considerarse como “amenaza” para el régimen.
La nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ameritaría una entrega completa en este mismo espacio. En un gobierno militarista como el que tenemos, la norma que rige a la institución castrense debería ser objeto de análisis especiales. Por lo tanto, estas líneas deben ser tomadas como un abrebocas.
Cabe destacar que las últimas dos reformas a la referida legislación (2011 y 2014) no han pasado por el Parlamento. En ambos casos fueron emitidas gracias a los poderes habilitantes. Con ello se omite el debate necesario sobre lo que es y lo que debe ser la Fuerza Armada.
Esta es la quinta modificación a la normativa castrense durante la era de Hugo Chávez-Nicolás Maduro.
Nueva Lofanb: el país-cuartel
Se mantiene el carácter presidencialista y autárquico de la institución militar, con una clara visión expansionista del mundo cuartelario sobre el ámbito civil. Si en 1983 las Fuerzas Armadas tenían seis funciones básicas, ahora tienen 22. Entre ellas la relativa al mantenimiento del “orden interno” y el ejercicio de funciones policiales, a contrapelo de lo establecido en la Constitución.
Se consolida además la incorporación de la Milicia Bolivariana como un componente más, el quinto, tampoco mencionado en la Carta Magna.
Se avanza también en el trazado de zonas estratégicas y zonas operativas de defensa integral, que implican un incremento en la burocracia castrense. Esto explicaría por qué durante el último proceso de ascensos fueron favorecidos 245 oficiales dentro del generalato, cuando hace apenas diez años el promedio anual de generales ascendidos estaba entre 55 y 60.
Otro de los aspectos llamativos tiene que ver con la criminalización de la divulgación de informaciones sobre temas militares. El asunto ahora será considerado un delito conocido por los tribunales castrenses. No se especifica si la norma será aplicable a los civiles que difundan tales datos o a los militares que los hayan suministrado.
Estamos, en fin de cuentas, ante un paquete de normas encaminado a la consolidación de un Estado autoritario y centralista, donde predominan los excesos del Poder en un ambiente de escasa transparencia. Esto quizá no le diga mucho al venezolano común, que ya normalizó la cesión de sus libertades fundamentales.

Breves

Allanamientos sin órdenes
*1386 aeronaves han sido inspeccionadas en el desarrollo de la operación Cielo Soberano, ejecutada por la Guardia Nacional, la Oficina Nacional Antidrogas (que es casi una dependencia del referido componente) y el Seniat. Los militares además han revisado 1280 hangares en nueve aeropuertos. El resultado ha sido la retención de 422 aparatos desde que comenzó esta extraña actividad, el 27 de noviembre. Según el vicepresidente Jorge Arreaza, Cielo Soberano forma parte de una estrategia para impedir el transporte de drogas por el espacio aéreo nacional. Es cierto que Venezuela se ha convertido en un portaviones de la cocaína fabricada en los países andinos. Los vuelos ilícitos o sospechosos ocurren una vez cada tres días, según los cálculos más conservadores. Pero expertos en aviación civil consultados sostienen que todos los días sale o entra de Venezuela una avioneta en forma ilegal, aprovechando los puntos ciegos de los radares de control, o la “ceguera voluntaria” de los militares encargados de impedir este ilícito. Pero estos delitos no pueden ser combatidos desde la ilegalidad. ¿Dónde están las órdenes de allanamiento que justifican la revisión al interior de las aeronaves y de los hangares, que son propiedades privadas? ¿Cuáles fueron las razones de hecho que suscitaron sospechas hacia los 1386 aparatos registrados? Bajo esta premisa, por ejemplo, los militares podrían allanar todas las viviendas de una urbanización donde se desarrolle una protesta antigubernamental. En otro contexto, cualquier juez con criterios de legalidad y debido proceso declararía nulas todas estas actuaciones. Hay otro detalle que llama a suspicacia. Si revisamos las siglas de las aeronaves detectadas este año en procedimientos de interdicción aérea nos daremos cuenta de que la gran mayoría no tiene siglas venezolanas (YV) sino de otros países como por ejemplo Estados Unidos (N) o México (XB). Este dato desde luego lo tiene el Ejecutivo. Se puede pensar entonces en la existencia de un propósito no declarado en esta famosa operación.

*Para continuar con el tema, ¿álguien recuerda el escándalo internacional suscitado a propósito del supuesto derribamiento de un jet Hawker matrícula mexicana XB-MGM, en noviembre de 2013? El caso fue referido en alocuciones públicas por el presidente Maduro como una demostración de la supuesta protección militar a los cielos venezolanos. El aparato había despegado de un aeropuerto mexicano rumbo a Bonaire, con cinco pasajeros más piloto y copiloto. En la isla caribeña el capitán Carlos Chávez Padilla dio un plan de vuelo a Honduras, pero en el trayecto se desvió hacia una pista clandestina en Apure, al norte del río Meta. Pues bien, en un libro del periodista mexicano J. Jesús Esquivel que salió al mercado en agosto, titulado La CIA, Camarena y Caro Quintero, se refiere la declaración de un informante de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) según la cual esa aeronave supuestamente trasladó hasta suelo apureño a uno de los narcos más buscados del mundo, líder del cartel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, quien supuestamente huyó de tierras aztecas junto a su familia. Todos ellos usando falsas documentaciones. Caro, como se recordará, había salido de prisión en agosto tras una controversial decisión tribunalicia que anuló la sentencia de 40 años de prisión por el secuestro y asesinato del agente antidrogas Enrique Kiki Camarena Salazar, en 1985. El jet usado para este viaje, en fin de cuentas, no fue derribado sino abandonado por sus ocupantes. Horas después, los militares lo quemaron. Con la llamas se perdió la evidencia que hubiese permitido la constatación del dato aportado por el informante.

*Un documento que circuló hace meses en la FANB confirma lo que ha sido un “secreto a gritos”: que el estado Apure se ha convertido en una retaguardia activa para el Bloque Oriental de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. En esa región habría seis enclaves de la principal guerrilla suramericana. Tres en el municipio Rómulo Gallegos, uno en Achaguas y el resto en Pedro Camejo. El más importante serviría como albergue ocasional al actual comandante del bloque Jaime Alberto Parra, alias Mauricio Jaramillo o el Médico. Otros han cobijado a elementos del frente 10 de la organización. Las FARC reanudaron las conversaciones de paz en La Habana con el acompañamiento del gobierno venezolano. Estas negociaciones, como se recordará, fueron suspendidas por el secuestro del general Rubén Alzate y dos soldados en Arauca. Los efectivos de tropa revelaron tras su liberación que los irregulares intentaron ocultarlos en territorio venezolano, pero que no pudieron debido al cerco tendido por el Ejército colombiano.  

*Continúa la sangría de policías y militares en Distrito Capital y las principales ciudades del país. Al momento de escribir estas líneas iban 121 uniformados ultimados a tiros en la Gran Caracas. Otros 59 han fallecido en Carabobo y 38 en Aragua. 228 solo en tres regiones del país. Un informe de la Policía de Miranda indica que a partir de 2013 el mayor número de muertos en Caracas lo ha aportado la Policía Nacional (58 en total). Luego figuran la Guardia Nacional (30) y CICPC (26). El informe revela que el 80% de estas muertes ha ocurrido durante el tiempo libre de los funcionarios, y no en actos de servicio. El 5 de diciembre, una circular distribuida entre todos los jefes de delegaciones de la policía judicial, con la firma del director de la institución José Gregorio Sierralta, indicó a los funcionarios que las armas y distintivos de esa institución son “de uso exclusivo en los actos de servicio”. En consecuencia, se ordenó a los agentes abstenerse de acudir a centros o locales donde expendan bebidas alcohólicas, por considerar que eso daña la imagen de la institución y pone en peligro a los propios funcionarios; evitar estados de embriaguez y mantener un comportamiento acorde con la investidura de “garantes de la legalidad”. El texto enfatiza en la necesidad de que los jefes de delegaciones regionales den el ejemplo en esta materia.


*El alto mando de la Guardia Nacional ordenó la elaboración de informes que precisen los lugares y horarios donde se llevaron a cabo con mayor frecuencia los bloqueos de vías públicas conocidos como “guarimbas” a partir de febrero de este año. En Aragua, por ejemplo, fueron las avenidas Casanova Godoy, Constitución y Bolívar. En Carabobo las urbanizaciones Prebo, La Isabelica, Los Tulipanes, Guataparo y Jardines de Mañongo fueron escenario de la mayor conflictividad. En Caracas, otro documento indica que las protestas ocurrieron en Cafetal, Santa Fe, Cumbres de Curumo y Las Mercedes. Chacao no tuvo mención alguna. Fuentes castrenses indicaron que cada reporte fue ilustrado con numerosas fotos para explicar el desarrollo de las protestas en cada localidad. En el Gobierno aparentemente creen que resurgirán las protestas.

domingo, 9 de noviembre de 2014

De inspector a comisionado



Las reformas policiales intentadas en los últimos quince años fueron decididas en reacción a escándalos públicos, con magros resultados. Ahora, el comisionado para esta tarea es el inspector Bernal

@javiermayorca

El presidente Nicolás Maduro designó al diputado e inspector jubilado de la extinta Policía Metropolitana Freddy Bernal para encabezar la Comisión para la Transformación del Sistema Policial, una instancia que según el propio mandatario tendrá la finalidad de “revolucionar” a los cuerpos de seguridad ciudadana.
Esta decisión es una consecuencia directa de la operación ejecutada por la policía judicial en el edificio Manfredir de la avenida Sur 4 el 7 de octubre, que arrojó un saldo de cinco muertos, entre ellos los líderes del Frente 5 de Marzo (una plataforma de colectivos que opera desde la antigua sede de la PM) y del colectivo Escudo de la Revolución.
En medio de una fuerte presión por parte de los grupos armados, Maduro removió al ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Los rumores sobre la destitución de la directiva de CICPC no han cesado, aunque han amainado. Mientras tanto, seis agentes de ese organismo son solicitados por los homicidios, tras imponerse la tesis de que ese día no hubo un enfrentamiento sino ejecuciones extrajudiciales.
En la Venezuela actual, lo escandaloso de esto no es precisamente el número de muertos a manos de policías, sino que las supuestas víctimas formaban parte de las agrupaciones que desde el mandato de Hugo Chávez han sido fomentadas por el propio Ejecutivo para defender el proceso político. En la semana previa al tiroteo en Manfredir 18 personas habían fallecido como consecuencia de supuestos enfrentamientos con efectivos de CICPC, y en ningún caso la Fiscalía se movió con la misma diligencia.
El nombramiento de Bernal marcó entonces el inicio del tercer proceso de transformación de los cuerpos policiales del país a partir de 1999. En todos los casos, el Ejecutivo ha actuado en reacción a situaciones escandalosas, que de alguna manera le ocasionaban desprestigio.
En abril de 2006, Chávez designó a la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol) como una consecuencia directa de la matanza de tres estudiantes de la Universidad Santa María en el sector Kennedy de Macarao, ocurrida en junio de 2005, y el posterior secuestro y asesinato de los hermanos Faddoul Diab en marzo de 2006. En ambos casos los autores materiales eran funcionaros policiales activos, respectivamente de CICPC y de la PM.
Un año después, la Conarepol presentó un documento de 19 páginas con recomendaciones que aún no han sido transformadas en hechos según el criterio de uno de los miembros fundadores de ese grupo, el criminólogo y profesor universitario Andrés Antillano.
En mayo de 2011 otro escándalo involucró a la policía judicial. Tres hombres murieron en los calabozos del Departamento de Aprehensión (antigua División de Capturas) ubicado en El Rosal. Las muertes pusieron sobre el tapete la terrible situación de hacinamiento que vivían entonces los detenidos en esa instalación, lo que además abonaba el terreno para todo tipo de corruptelas.
Al mes siguiente, el Gobierno decretó la reestructuración de la policía judicial. Para ello nombraron una comisión que estudiaría la situación de ese cuerpo y haría las recomendaciones del caso. A propósito de este proceso, CICPC ha tenido algunos cambios cosméticos, pero la situación de fondo se mantiene. La “refundación” de la institución tomó nuevo impulso en agosto de 2013, con un decreto presidencial. A partir de ese momento, el liderazgo del proceso fue encomendado a los directivos del cuerpo. Pero ha sido inútil. Incluso, el hacinamiento de detenidos se ha extendido desde el inmueble de El Rosal hasta todas las oficinas de la policía de investigación.
El aprovechamiento de los escándalos para generar procesos de cambio en las instituciones policiales no es nuevo ni exclusivamente venezolano. Lawrence Sherman (1978) lo observó en un estudio sobre la influencia de estas situaciones en la policía de Nueva York. Una de las conclusiones de su investigación fue que los escándalos suelen ocasionar realineaciones en las estructuras de poder de los cuerpos policiales, y que esas nuevas estructuras son más inestables que las precedentes. Esto no necesariamente es malo o contraproducente. Lo importante, indicó, es que las decisiones que dan origen a esas modificaciones estén basadas en información precisa, algo que a veces es muy difícil de obtener en tales instituciones.
Ahora, le toca a Bernal. A diferencia de las dos reformas anteriores, se trata de un operador político surgido del ambiente policial. Su primera decisión fue nombrar cinco comisiones para hacer un nuevo diagnóstico de los cuerpos de seguridad ciudadana. En esa inestabilidad, uno de los grandes ganadores será nuevamente la Guardia Nacional, que no será tocada por las decisiones del comisionado en virtud de ser un componente militar, aún cuando toda su actividad se despliega prácticamente en el ámbito policial.
Una nueva tarea para el inspector
Otro detalle es que Bernal ha asumido la vocería de los procesos de asistencia técnica e intervención de las policías municipales y estatales, algo que anteriormente hacían los viceministros de Seguridad Ciudadana y del Sistema Integrado de Policía.
¿Podrá Bernal hacer algo distinto que lo realizado por las comisiones que lo precedieron en la tarea? Los miembros de la Conarepol en su mayoría gozaban de credenciales académicas pero tenían escaso ascendente sobre las instancias políticas de decisión. Algo similar ocurrió con la comisión reestructuradora de CICPC. Ahora sucede lo contrario: un hombre surgido de las filas del Psuv intentará llegar a ese objetivo, y está en el proceso de buscar a las mentes esclarecidas que lo ayuden. Empezó mal, al plantearse que al terminar su trabajo las policías venezolanas serán “revolucionarias” y “bolivarianas”. Lo que necesitamos en realidad son cuerpos uniformados y técnicos que sepan hacer su trabajo en el marco que imponen las leyes. Con solo eso el país se dará por satisfecho.

Breves

Detenida luego de una "colita"
*Peculado de uso. El artículo 54 de la Ley contra la Corrupción, vigente desde el 7 de abril de 2003, establece penas de 6 meses hasta 4 años de prisión para el funcionario público que “en beneficio particular o para fines contrarios a los previstos en las leyes, reglamentos, resoluciones u órdenes de servicio, utilice o permita que otra persona utilice bienes del patrimonio público o en poder de algún organismo público”. Desde la última entrega de esta columna funcionarios públicos venezolanos se han visto involucrados en escándalos internacionales que, si tuviésemos una Fiscalía diligente, hubiesen dado pie a averiguaciones por este delito. El primero involucra al actual ministro para las Comunas y ex canciller Elías Jaua. Comenzó el 24 de octubre con la detención en el aeropuerto de Sao Paulo de Jeanette Anza, quien se identificó ante los policías aduaneros de ese terminal como niñera al servicio del importante funcionario. Llevaba un maletín en el que descubrieron un revólver calibre 38 Smith & Wesson y sus municiones. Al ser interrogada, dijo que el arma pertenecía a Jaua. Posteriormente, él mismo se encargó de corroborar esta información en una carta enviada a las autoridades que investigan el caso. Uno podría reflexionar muchas cosas acerca de la doble moral oficialista con respecto al desarme. Pero aquí se pondrá el acento sobre otro aspecto de este caso, y es que la mujer había viajado para acompañar a la esposa del ministro, Natacha Castillo, su mamá y un hijo de la pareja en un jet de Petróleos de Venezuela, pues según la prensa brasileña Castillo está en tratamiento en el hospital Sirio Libanés. Es decir, fue usada por lo menos una aeronave de la estatal petrolera, combustible y personal aeronáutico para llevar a la familia del ministro a tratar un asunto totalmente doméstico. Como si eso no bastara, luego se conocieron las fotos que la propia nana había colocado en su cuenta Facebook, a propósito de sus visitas a otros lugares del mundo. ¿Fueron también producto de estas nuevas “colitas” de Pdvsa? La pregunta es totalmente legítima. Pero este no es el único caso de uso discrecional de los bienes del Estado. Gracias a otro escándalo nos enteramos que los diplomáticos venezolanos destacados en Colombia también lo harían. En la madrugada del sábado 1 de noviembre, el colombiano Aníbal Tapia, hijo de una funcionaria de la embajada de Venezuela en Bogotá, fue el supuesto responsable de un accidente que ocasionó un muerto y catorce personas lesionadas. El hombre de 26 años de edad iba al volante de un BMW con placas diplomáticas venezolanas, luego de una noche de copas. Es decir, el vehículo (o lo que queda de él) es un bien nacional. Un comunicado del Gobierno indicó que Tapia supuestamente tomó el auto de manera “arbitraria e inconsulta”. Una versión poco creíble, hecha a la medida precisamente para desligar al servicio diplomático de este bochorno. Lo peor es que nadie dentro del propio Ejecutivo alce la voz para señalar lo que ya parece una práctica reiterada.

*La “guerra al contrabando y la especulación” se ha prestado para extorsiones de todo tipo. Un ejemplo reciente: el 29 de octubre a las 9 am, una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) se presentó a fiscalizar a un distribuidor de alimentos en San Fernando de Apure. Algo de por sí extraño para la policía política. Los tres agentes no tenían uniforme. Solo una chapa ilegible. El empresario tenía sus documentos en regla, así como la mercancía en existencia.  Antes de irse, los funcionarios advirtieron que iban a llevarse preso a un familiar del comerciante en virtud de un procedimiento previo. Esto dejó entrever las verdaderas intenciones de los policías. La primera suma mencionada para “dejar eso así” fue Bs 200.000. Luego de minutos de negociación la bajaron a Bs 100.000. Pero luego uno de los funcionarios volvió a subirla hasta Bs 150.000. La negociación no se concretó en ese momento, pues nada garantizaba que el pago de semejante suma daría tranquilidad a los propietarios de la empresa.

*Ha transcurrido más de un mes desde la operación policial en el edificio Manfredir de la avenida Sur 4. A pesar de los incesantes rumores, la directiva de la policía judicial sigue intacta. Los cambios tan rumorados no se concretan mediante resolución en Gaceta Oficial. Los colectivos han cesado su exigencia pública de nuevas destituciones. Aparentemente, estarían satisfechos con la salida del general Miguel Rodríguez Torres del gabinete, y la designación del diputado Freddy Bernal para encabezar la “revolución policial”. Quizá incluso les convenga más tener un cuerpo de investigación cooptado por el miedo. El mensaje para los comisarios Sierralta, Rico y el resto de la directiva sería en la actualidad: “No te resbales otra vez”. CICPC claramente ha disminuido su despliegue operativo, con respecto al ritmo que tenía antes del 7 de octubre, cuando sus agentes ultimaron al líder del Frente 5 de Marzo, el sargento jubilado de la PM José Miguel Odreman. Y la almirante Meléndez todavía no se ve asentada en su nueva función.

*El 6 de noviembre, el abogado penalista Alonso Medina Roa solicitó ante el tribunal que sigue la causa contra Lorent Saleh que se identifique plenamente al pirata informático que, actuando supuestamente por encargo del anterior titular del MRI, Miguel Rodríguez Torres, grabó una conversación vía Skype con el estudiante, mientras se encontraba clandestino en Colombia. El hacker, basado en una relación previa con Saleh, lo convenció de que podía aportarle una importante suma en dólares para la adquisición de armamento. Los diálogos fueron grabados y presentados como prueba por la Fiscalía. Medina Roa aparentemente conoce el nombre de este “patriota cooperante”, cuya identidad está siendo protegida por la jueza de control y el Ministerio Público. Una investigación privada sobre este caso concluyó que el verdadero interés de Saleh era quedarse con el dinero que le enviaran, y no la compra de armas para fomentar una revuelta en el país. El tiro le salió por la culata.

De una suite a una celda
*Agentes de la División contra la Delincuencia Organizada de la policía judicial detuvieron al ingeniero industrial venezolano Marcial Antonio García Montiel junto a Hebert Rivera Berbesí, ambos respectivamente de 48 años y 29 años de edad. El procedimiento se llevó a cabo en una lujosa habitación del hotel Chacao Suites, donde el primero de ellos se alojaba. Los policías lo seguían pues él supuestamente se hacía pasar por representante de una Gran Misión A Toda Rueda Venezuela. Entre la documentación incautada hay un nombramiento supuestamente firmado por el presidente Nicolás Maduro, que lo acreditaba para esa representación; una credencial de la Unidad de Defensa Nacional e Internacional de los Derechos Humanos; comisario de la Policía Municipal de Macanao; comisario del Ceofanb, y una tarjeta de presentación de la empresa Kasutai. Este caso se las trae. García Montiel fue señalado en Panamá por ser el supuesto orquestador de un esquema de estafa ponzi, hecho a través de la referida firma, que ofrecía intereses exorbitantes por inversiones en “cupos de petróleo”. En 2012 había sentado base en Perú, tras erigirse en presidente de la Cámara de Comercio e Industria del Mercosur. Con este prestigio, supuestamente engatusó a numerosos inversionistas en el país suramericano. Después volvió a Venezuela. Su acompañante, por cierto, tenía tarjeta de presentación como presidente de Kasutai.


domingo, 26 de octubre de 2014

A merced del hampa


Las destituciones del general Miguel Rodríguez Torres y de casi toda la directiva de CICPC indican hasta qué punto los colectivos también infunden temor en el Ejecutivo

Twitter @javiermayorca

El viernes 24 de octubre el presidente Nicolás Maduro mandó de vacaciones al mayor general (Ejército) Miguel Rodríguez Torres.
El oficial fue hasta ese momento titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y supuestamente uno de los personajes más poderosos del régimen. En algún momento dijeron que si Maduro renunciaba él podría sustituirlo.
Este es el cambio en el Gabinete más importante desde la salida de Jorge Giordani de la cartera de Planificación. En el caso de Rodríguez Torres, está claro que la decisión presidencial obedeció a razones políticas y no a una sesuda evaluación del desempeño del oficial para controlar la criminalidad, una de las dos preocupaciones más importantes de los venezolanos.
La destitución del general fue un fuerte rumor en septiembre, es decir semanas antes del asesinato del diputado Robert Serra. Pero se transformó en un hecho en los días posteriores a la operación policial en el edificio Manfredir, ocurrida el 7 de octubre. El diputado Freddy Bernal asumía que podía ser el reemplazo. Filtró datos en ese sentido a columnistas afines, y a mitad de semana grabó una entrevista con José Vicente Rangel, divulgada por Televén el domingo 26, en la que intentaba abordar temas de seguridad ciudadana. Como para que el Primer Mandatario lo tuviera en su firmamento ministerial.
Maduro, sin embargo, optó por una solución que según fuentes ligadas al oficialismo no será sustentable por mucho tiempo. Sacó a la almirante Carmen Meléndez del ministerio de la Defensa y la envió al MRI. Simultáneamente, transfirió al mayor general del Ejército Vladimir Padrino desde el Ceofanb hasta el cargo que dejaba la oficial de la Armada. Con esta decisión, además, quedan momentáneamente fusionados en un mismo oficial los mandos de las áreas administrativa y operativa del mundo castrense venezolano.
La remoción de Rodríguez Torres lució precipitada, apurada, urgente. El enfrentamiento entre CICPC y los referidos colectivos envió inicialmente un fuerte mensaje al resto de estas agrupaciones. Pero luego, al ver que habían cometido un error, Rodríguez Torres y el ahora destituido comisario Sierralta intentaron matizarlo, tal y como lo explicamos en la entrega anterior.
Sería una equivocación atribuir la decisión de Maduro única y exclusivamente al caso Odreman. Ya desde el Secretariado Revolucionario de Venezuela se aclaró que el sargento jubilado de la PM había sido expulsado de sus filas. El viernes el portavoz de esta plataforma Hermenegildo Barrera (señalado por la muerte de Juan Montoya) divulgó en el semanario Quinto Día del 24 de octubre un comunicado que nuevamente marca distancia con respecto al Frente 5 de Marzo.
Sin embargo, la decisión de atacar al grupo de Odreman y a Escudo de la Revolución podía representar el inicio de un proceso para despojar a todos los colectivos de su poder de fuego. De allí que se hubiese anunciado una manifestación en Caracas por parte de estas agrupaciones para el viernes 24. Algunos de sus promotores desistieron el jueves, supuestamente al conocer que ya Rodríguez Torres iba a ser destituido. Este era el fin básico de la protesta.
Nuevamente, queda al descubierto la inconsistencia de las afirmaciones sobre los colectivos como agrupaciones de acción social que solo pretenderían mejorar la calidad de vida en sus comunidades. De ser así, no se comprende tanta precipitación para sacar a Rodríguez Torres de su cargo. El miedo también invadió Miraflores.
El ahora ex ministro tardó mucho en incorporarse a la retórica incendiaria que atribuía la muerte del diputado Serra y de su asistente a una conspiración urdida desde Miami y Bogotá, y ejecutada por macabros paramilitares con el auxilio de algún diputado de la oposición. Luego cedió. Más tarde, demostró que no se había aprendido bien el libreto, cuando disminuyó en 50% el monto que supuestamente habían cancelado a la banda del PoliCaracas Eduwin Torres para que matara al parlamentario. ¿Fueron $250.000 como dijo él, o los $500.000 dichos por Maduro?
En junta con Alexis Vive, poco y tarde
Rodríguez Torres intentó disminuir las presiones que los colectivos ejercían sobre el Ejecutivo reuniéndose con alguno de ellos. Alexis Vive le dio esa tribuna el 15 de octubre. Pero la jugada no rindió resultados, aunque este encuentro fue convenientemente divulgado por el aparato de propaganda del ministerio.
Más allá de todas estas truculencias, nuevamente queda la sensación de que los ciudadanos seguiremos desprotegidos, a merced de los delincuentes. Hasta el momento, nadie ha podido informar cuál conocimiento o aptitud especial califica a la almirante Meléndez para ejecutar las políticas en materia de seguridad ciudadana, si es que existen. Esto hace presumir la continuidad de las fórmulas militaristas vistas hasta el momento, cuyos resultados quizá no conozcamos en todas sus dimensiones, pero que sin duda continuaremos padeciendo.

Breves

*La trama paramilitar llegó a los cuarteles. A partir del 22 de octubre comenzaron nuevamente los alertas y advertencias. Ese día, las unidades castrenses fueron notificadas sobre una novedad que supuestamente se presentó el 18 de octubre en el fuerte Cayaurima del estado Bolívar con un sujeto vestido de primer teniente, equipado con chaleco de combate. El relato indica que este hombre traspuso la cerca perimétrica de la instalación e inmediatamente ofreció a un centinela una pastilla de diazepam (droga sintética usada como ansiolítico y con efecto narcótico), diciéndole que era para contrarrestar los efectos del dengue. Luego supuestamente se acercó a los polvorines, pero fue detenido. Entonces, indica el reporte, confesó que es un colombiano al que le pagaron para que detectara las vulnerabilidades de los depósitos de armas. La identidad del sujeto no fue revelada. No obstante, en la FANB le dieron plena credibilidad a esta información y se ordenó “extremar las medidas de seguridad” en todas las instalaciones. Esta decisión fue ratificada en un nuevo radiograma, el 23 de octubre. En ese documento incluso se advierte que grupos irregulares podrían atacar tanto las instalaciones como las unidades en comisión.

*El 21 de octubre, el diputado Ricardo Sánchez declaró que durante este año fueron reportados hurtos o robos en cinco parques de armas. Según sus cuentas serían 138 las armas de fuego que habrían pasado a manos de los delincuentes por esta vía. A ello habría que sumar los constantes robos y hurtos de pistolas, revólveres y fusiles a funcionarios, tanto policiales como militares. Sólo en Distrito Capital han matado desde enero hasta la tercera semana de octubre a 107 efectivos de cuerpos de seguridad ciudadana, en la mayoría de los casos para quitarles sus armas de reglamento. Sánchez ha sido el único parlamentario que ha mostrado interés público sobre este tema. Pero se quedó corto. En la relación que suministró no figuraron el hurto de diez fusiles AK 103 del parque de armas del fuerte Paramacay, durante la última semana de septiembre, ni el robo de 30 pistolas al personal de custodia del internado judicial de Tocorón, en Aragua. El total entonces sube de 138 a 178 armas. Casi todos los casos tienen un factor en común, que es la complicidad de funcionarios adscritos a las instalaciones en las que se producen los robos o sustracciones. En el robo de 42 pistolas Beretta en la sede de Polinacional-Guarenas, el 20 de octubre, hubo por lo menos un oficial de ese cuerpo involucrado. Al cierre de esta columna se divulgó una orden general en CICPC según la cual los agentes no podrán salir con sus armas de reglamento mientras estén en sus horas libres.

*Desde la sede del grupo BAE en Caracas, el alemán Bernhard Heidbreder anunció mediante un comunicado que se opondrá con todos los medios posibles a la extradición solicitada por su país natal, donde se le acusa de pertenecer al grupo terrorista Das Komitee. Heidbreder fue detenido en Mérida por agentes de CICPC Interpol el 11 de julio. En su declaración admitió que permanecía en esa ciudad con documentos falsos a nombre de John Londoño. Pero rechazó el mote de terrorista. Aseguró que jamás ha cometido homicidio, aunque sí participó en un complot para destruir una cárcel para inmigrantes ilegales que, según su relato, estaba vacía. Las imputaciones, indicó, vienen de su lucha “política, altruista y solidaria con los inmigrantes indocumentados, contra la violación a sus derechos humanos fundamentales, enmarcado en el accionar de la izquierda alemana indignada”. Expresó que sigue fiel a sus ideales, pero que su deseo en este momento es seguir con su esposa en la ciudad andina. Corresponderá a la Sala Penal del TSJ decidir si acoge los argumentos del detenido o del país que lo requiere.

*El 7 de julio de este año, el diario Ultimas Noticias publicó un remitido suscrito por el venezolano José Angel Cruz Romero, en el que señala directamente al empresario falconiano Simón Alvarez Antúñez de poseer una flota de 56 embarcaciones supuestamente dedicadas al tráfico de gasolina. Cruz Romero, de 44 años de edad, es solicitado internacionalmente mediante una notificación roja de Interpol debido a su aparente vinculación con los homicidios del comerciante Luis Felipe Toledo Thompson y del albañil César Navarro, en una finca de Carirubana en septiembre de 2013. Por este caso fueron capturados en Colombia y esperan extradición a Venezuela los hermanos Angel y Juan Ramón Cruz Brace. Durante las averiguaciones un informante relató a CICPC que el verdadero objetivo de los matones no eran Toledo y Navarro, sino el propio Alvarez. El 21 de octubre, el concejal Humberto Berroterán, secretario general del partido Unidad Popular Venezolana, intervino en esta pugna para denunciar que Cruz Romero supuestamente dirige una organización de 40 personas a las que calificó de paramilitares, quienes recientemente habrían ingresado a Falcón. Según el expediente instruido por CICPC, Cruz se mueve actualmente entre Colombia y Panamá.


Imagen de un auto "vacunado"
*Más sobre las extorsiones por robo y hurto de vehículos. El 20 de octubre, el grupo Antiextorsión y Secuestros de la GN en Guárico apresó en una finca de Valle de la Pascua a dos hombres que estaban en posesión de una camioneta Toyota burbuja 2006 gris, placas NAU46N, robada a su legítimo dueño en la avenida Rómulo Gallegos de esa misma ciudad, el 8 de octubre. A la víctima la llamaron posteriormente usando los teléfonos que dejó en la cabina para exigirle 400.000 bolívares, pues de lo contrario no vería más su camioneta. Los investigadores pudieron rastrear toda la organización delictiva, hasta que llegaron a Jorge Daniel Guerra Valiente y Francisco Javier Muñoz, este último acreditado como agente de la red de “inteligencia comunal” del municipio Infante de Guárico.  En Mérida, mientras tanto, los militares detectaron a una estructura que pide “vacuna” para proteger automóviles, camionetas y camiones. El interesado debe hacer un primer pago de veinte mil bolívares, y luego cancelar cinco mil bolívares cada mes. A los vehículos amparados por este grupo les colocan una peculiar calcomanía que reza: “Refresh your car”. En el caso de los camiones, también pegan en la parte trasera adhesivos con flechas negras y amarillas que apuntan hacia los extremos. Esta forma de extorsión comenzó en el estado Zulia, y al parecer se está extendiendo por los estados occidentales del país, alentada por la escasez de vehículos y sus repuestos.

*El 16 de Octubre, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU acogió los alegatos que sobre la ilegalidad de la detención del capitán retirado de la GN Juan Carlos Nieto Quintero por parte de agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar, el 2 de abril. Esta instancia acordó además enviar los recaudos del caso a la relatoría sobre torturas. Como ocurrió anteriormente con los pronunciamientos de ese mismo grupo en los expedientes de Leopoldo López y Daniel Ceballos, en esta oportunidad el Ejecutivo tampoco acatará el dictamen. Por el contrario lo considera lesivo al principio de no injerencia en los asuntos internos de los países. Nieto es uno de los diez oficiales que permanecen privados de libertad por un supuesto complot para derrocar al presidente Maduro.  La jueza tercera de control militar, teniente coronel (GN) Lariza Theis Ferrer decidió el pasarlos a juicio por un consejo de guerra, aunque Nieto y otro tres implicados ya están en retiro. Como aspecto curioso, las investigaciones solo han tocado a un oficial del Ejército, que es la fuerza de ocupación terrestre. De manera que el supuesto plan para derrocar a Maduro aún no está bien delineado. De hecho, las investigaciones de Contrainteligencia Militar comenzaron después de la fecha mencionada en el expediente para el estallido de la supuesta conspiración.

De Cuernavaca a Guárico
*El 19 de octubre, el nuevo Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López (entonces jefe del Ceofanb) informó por twitter sobre la inutilización de un jet Gulfstream que aterrizó en una pista clandestina de Calabozo, Guárico. La aeronave fue registrada en México con las siglas XB-NKS, un dato importante que no fue informado en su momento por el portavoz militar. Tampoco se dijo que ya había sido decomisada en México por tráfico de drogas, y que inexplicablemente llegó al país en vuelo desde Cuernavaca. En la última semana de septiembre otro jet de siglas estadounidenses se desvió cuando cubría el trayecto entre Acapulco y Aruba para aterrizar en una pista ilegal cercana a Sinaruco. En la maniobra sufrió un desperfecto y los propios ocupantes optaron por quemarlo. Es el tercer caso de un avión que termina incinerado en territorio nacional este año luego de salir de territorio azteca. En junio, los militares hallaron un Citation en otra localidad apureña. La envergadura de los aparatos usados en la actualidad para los vuelos ilícitos hace suponer la existencia de una importante ruta de para el traslado de drogas desde los llanos venezolanos hasta Centroamérica. Solo en un caso (el último) han reportado detenciones. Los presos fueron el venezolano Edilson Braca de 49 años de edad, y  los mexicanos Milton Torres Hernández y Víctor Manuel Cardosa, respectivamente de 49 y 50 años de edad. El primero estaba solicitado por las autoridades de su país debido a que desertó de la Aviación militar. De esta fuerza castrense surgió el temido cartel de los Zetas.