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sábado, 31 de agosto de 2013

La droga en el jet



Twitter @javiermayorca

Con casi un año de retraso se llevó a cabo en el tribunal primero de control de Valencia la audiencia preliminar por el hallazgo de 1400 kilos de cocaína en el aeropuerto de Gran Canarias, España, en un jet Bombardier que despegó en extrañas circunstancias del terminal aéreo de la capital carabobeña la madrugada del 12 de agosto de 2012.
La aeronave siglas 9H-FED salió a las 2 30 am de ese día cargada con la droga en sacos deportivos. Una hora en la que, salvo casos de habilitación por parte de las autoridades, no hay operaciones aeroportuarias. La tripulación estaba compuesta por tres personas (dos hombres y una mujer) a quienes aparentemente les habían secuestrado a sus familiares para asegurar que cumplieran con el trabajo.
Las tomas del circuito cerrado de TV consignadas en un voluminoso expediente así como los testimonios determinaron que el alijo fue metido en el jet directamente por guardias nacionales que lo llevaron en una camioneta Toyota Hylux hasta el hangar del aeroclub Valencia. Una instalación que es vigilada permanentemente por efectivos de ese componente a cargo de un teniente coronel.
El caso nos habla a todas luces de un grupo de traficantes de drogas enquistado en la GN. Ya en la época de Walid Makled (ahora venido a menos) el aeropuerto Michelena de Valencia era punto predilecto de los traficantes de drogas.
El jet, aparcado en Canarias
La Fiscalía inicialmente investigó a 21 personas, entre ellas a un comisario del Sebin, Isaías García Pinto, incriminado debido a los cruces de llamadas telefónicas entre los implicados. Pero este funcionario fue sobreseído, y en la actualidad solo hay 16 detenidos. La investigación, sin embargo, adolece de un aspecto básico: el decomiso del alijo en Gran Canarias no está corroborado desde el punto de vista documental. No se hizo rogatoria para la obtención de informes sobre el procedimiento de las autoridades europeas.
La imputación de los fiscales, además, se sustenta en las afirmaciones de cuatro guardias nacionales que inicialmente estaban en la lista de presos, y que decidieron colaborar a cambio de un trato benévolo a la hora de la sentencia. Los guardias, sin embargo, no tienen mayor conocimiento de las partes altas de la organización. Sólo saben, como uno de ellos afirmó en audiencia, que la orden era "dejar pasar la camioneta" cargada con droga.
No están todos los que son, ni son todos los que están. A una técnico en información aeronáutica Maury Montilla la imputaron por el desvío de la ruta del jet, como si ella fuese la encargada de conducir la aeronave, o de haber permitido su despegue a una hora prohibida. Permanece en Tocuyito, aunque funcionarios judiciales le indican que no jugó rol alguno en los delitos investigados. La sombra del caso Afiuni impide a los jueces y fiscales tomar las decisiones requeridas para impartir real justicia.
En este caso, por lo tanto, falta profundización. 1,4 toneladas de droga no se entregan si no hay la certeza de que saldrán y de que la operación será exitosa, es decir, coronará. ¿Quién estaba en capacidad de ofrecer una "ruta segura" en un aeropuerto vigilado por militares? Hacia allá hay que tender la mirada

Breves

*La Asamblea Nacional sancionó en agosto la Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos Automotores Nuevos o Usados Nacionales o Importados. Se intenta establecer por vía normativa un coto al elevado precio de los autos, camiones y motos en el país. Una vez publicada en Gaceta la ley, ocurrirá en este ámbito lo mismo que en otros rubros de la economía, como por ejemplo en el sector inmobiliario, que es la criminalización de una actividad comercial. Cuando los precios fijados por la superintendencia correspondiente no sean los que exija el mercado comenzarán las operaciones de compra y venta con dobles contabilidades (una para el Registro y la verdadera, mucho mayor), lo que incrementará las posibilidades de estafas con el pago de los adelantos. Otro efecto que ya se está registrando es la disminución de la adquisición de pólizas de seguro. La ley establece que las pólizas no podrán tener una cobertura mayor que el precio fijado por el Ejecutivo, lo que implica una depreciación del vehículo y la posibilidad de que no haya reposición real en caso de pérdida total. Finalmente, los mayores beneficiarios en todo esto serán los delincuentes, pues el mercado legal se secará aún más al no haber oferta. Esto explica por qué a pesar de las reformas legales que endurecen las penas por robo y hurto de vehículo las denuncias al respecto no disminuyen. En Caracas, el promedio de casos conocidos al día es de 40.

*En una columna anterior advertimos sobre el montaje que se estaba gestando con un supuesto complot para asesinar al presidente de la Asamblea Nacional teniente retirado Diosdado Cabello. La semana antepasada, cuando ya la entrega anterior estaba en imprenta, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz mayor general Miguel Rodríguez Torres, informó sobre la detención de dos colombianos en un hotel de Las Tejerías, Aragua, porque supuestamente iban a atentar contra Cabello y el presidente Nicolás Maduro. Una historia que hace recordar a la de los "paracachitos" de la finca Daktari. No obstante, en esta oportunidad, la información de Rodríguez fue precedida por el "confidencial" de José Vicente Rangel relativo a la supuesta adquisición de jets de combate para ocasionar una confrontación entre Colombia y Venezuela. ¿Hacia dónde apunta todo esto? El titular de Carmelitas señaló posteriormente que el supuesto plan de magnicidio fue gestado por el sempiterno Luis Posada Carriles, ya en el ocaso de sus días en EEUU, junto a otros "halcones" y el expresidente colombiano Alvaro Uribe. Los mismos villanos de siempre. Y como siempre, muy poca evidencia.

*El 28 de agosto la Coordinadora Simón Bolívar exhortó a los colectivos que hacen vida en el país a reaccionar ante la posibilidad de una intervención armada de Estados Unidos y el Reino Unido en Siria, en los siguientes términos: "Preparémonos en las estrategias y tácticas de las guerras asimétricas a favor del Pueblo y en contra del imperialismo y sus intereses en nuestro suelo patrio". Ya el 19 de agosto un representante de la embajada siria en Caracas se había reunido con los integrantes de las agrupaciones políticas que operan en el 23 de Enero para analizar el conflicto armado en ese país. El juego está cantado...

lunes, 26 de agosto de 2013

Corrupción y control político

Twitter @javiermayorca

Bandes: primer paso anticorrupción

El presidente Nicolás Maduro solicitó que la Asamblea Nacional le confiera poderes especiales para legislar, como él mismo lo dijo, sobre "todos los delitos de lavado de dinero". La iniciativa tiene un claro sesgo político, que el presidente del Parlamento Diosdado Cabello no se preocupó en ocultar, al sugerir en el mismo acto que las leyes surgidas de esa Habilitante serían usadas para perseguir la corrupción opositora.
La supuesta lucha contra la legitimación de capitales (como se llama al lavado de dinero en las leyes venezolanas) ha sido utilizada tradicionalmente como mecanismo de control social y político en el país. Basta recordar que en marzo de 2003 Hugo Chávez instauró ese mecanismo perverso y costosísimo como ha sido Cadivi, precisamente con el argumento de que iba a controlar el lavado de dinero. Un modelo que desde el punto de vista de su justificación por cierto también ha seguido la presidenta argentina Cristina Fernández al instaurar el control cambiario.
El show montado en el Parlamento con el allanamiento a la inmunidad de Richard Mardo y la filtración al diputado Pedro Carreño de la información contenida en los teléfonos incautados en el allanamiento al apartamento del jefe de despacho del gobernador Henrique Capriles, Oscar López, indican el sentido perverso que trae la "cruzada anticorrupción" adelantada por Maduro, con la comparsa momentánea del bando de Cabello.
¿Qué sentido tiene en este contexto un cambio vía decreto ejecutivo de las normas sobre legitimación de capitales? Además de incrementar las penas administrativas y de prisión (ya bastante duras) es poco lo que se puede hacer. La primera reforma a la ley correspondiente hecha en 2011 incorporó una lista interminable de "sujetos obligados" así como disposiciones que controlan las finanzas de las fundaciones y, lo que es más importante, una definición amplísima de las "personas políticamente expuestas", que perfectamente pudiera ser aplicada en este momento, sin necesidad de una Habilitante, para impedir el desague de las finanzas públicas hacia la cuentas personales de los principales jerarcas del país, tal y como ha pasado con los fraudes detectados en el Bandes. Sólo en dos casos conocidos en esa entidad estatal el robo supera los 150 millones de dólares.
Esta sí es corrupción. Pero el desinterés en atacarla y rescatar los fondos públicos es tal que todavía el Ejecutivo no ha designado a un representante para recuperar los fondos decomisados a los 5 detenidos desde mayo en EEUU por una pesquisa de tres años a los manejos irregulares con los recursos de ese banco.
Sobre este caso, por cierto, haremos una entrega muy pronto.

Breves

*El crimen organizado chino está operando en el país de manera cada vez más abierta. Primero fue el traslado ilegal de emigrantes vía Venezuela hacia EEUU. Luego, la diversificación de los negocios en el país y la solidificación de nexos políticos han traído nuevos campos. En Caracas y Lara se han reportado extorsiones a los comerciantes "paisanos", pero no en español sino en el dialecto de la región específica  de la que salieron las víctimas. Más recientemente, el secuestro. Los chinos son desde 2008 una de las nacionalidades extranjeras preferidas por los plagiarios. Hay aspectos idiomáticos que estimulan esta situación, además de una tradición que evita en lo posible la intervención de las autoridades en estos asuntos. Primero fueron atacados por bandas venezolanas. Pero esto se diversificó. En julio, la policía judicial rescató en Lara a un comerciante chino secuestrado por una organización de su país. Esto ha obligado a la embajada de Pekín en Caracas a hacer campañas que promuevan la denuncia de hechos irregulares y a designar enlaces policiales que cooperen en las pesquisas iniciadas por CICPC o la GN.

*La decisión del gobierno federal estadounidense de iniciar una revisión de su propia legislación en materia de drogas apunta, sin señalarlo directamente, hacia la despenalización de ciertas conductas, como podrían ser la posesión de determinadas dosis. Este anuncio ya fue saludado con beneplácito por voceros de la Organización de Estados Americanos, y en los días venideros seguramente tendrá la misma acogida por parte de académicos, presidentes y expresidentes como Otto Pérez (Guatemala) y Fernando Cardoso (Brasil) que vienen haciendo lobby en esa dirección. En cuestiones de política de control de drogas, la despenalización generalmente se asocia a los regímenes de izquierda liberal. Paradójicamente, el "socialismo de siglo XXI" promovido por Chávez y ahora por Maduro es absolutamente derechista en esta materia. La tendencia de las cinco reformas a la legislación de drogas ha sido hacia el endurecimiento de las penas. El resultado, tal y como sucede en EEUU, es que las cárceles y retenes del país están llenos de personas que deberían ser tratadas como enfermas o en todo caso obligadas a desarrollar trabajos comunitarios.

*Un callado enfrentamiento se desarrolla entre la Fiscalía y la ministra para Servicio Penitenciario, Iris Varela. El problema surge cuando la última intentó usurpar funciones de los juzgados y de la vindicta pública con su denominado Plan Cayapa. La eliminación del retardo procesal es una buena intención, pero simplemente no es función del despacho de cárceles. En cambio, lo es velar por la buena alimentación y el aseo de los reclusos, impedir las riñas,"coliseos" y fugas, y asegurar que las audiencias en los juzgados no sean pospuestas por falta de medios de transporte. Desde luego, siempre es más fácil culpar a los demás de la crisis agudizada por la propia ineptitud.

domingo, 18 de agosto de 2013

¿Una nueva "megabanda"?

Twitter @javiermayorca
Un nueva "megabanda" se formó en el país. La liderada por Oswaldo Martínez Ojeda, que operó en la última década del siglo pasado y la primera de éste, se dedicaba esencialmente al robo de transportes de valores. Esta, en cambio, nació como una organización de homicidas y extorsionadores que opera en la zona limítrofe entre los estados Guárico y Aragua. Los registros policiales disponibles indican que su cabecilla es José Antonio Tovar Colina, apodado Picure, un sujeto nacido en El Sombrero de 24 años de edad y con registros por homicidio y porte ilícito de arma de fuego.
La banda también es conocida como Concha de Mango por el lugar donde viven y se ocultan sus principales miembros. Posee un núcleo "duro" de diez hombres, que supuestamente se conocieron en la Penitenciaría General de Venezuela y otras cárceles del centro del país. Pero hay además otros veinte asociados, sujetos que se incorporan a la estructura para la realización de trabajados específicos.
El grupo ha sorprendido por su capacidad de fuego. Posee fusiles AR-15, FAL y M-16, escopetas, lanzagranadas, ametralladoras y pistolas con cacerinas de 32 cartuchos ("cocosete"). Esto hace presumir que han actuado como escoltas de cargamentos de drogas en zonas del centro del país manejados por el cartel de la Guajira o las FARC.
El núcleo del grupo armado
El 6 de julio fue el "estreno" público de la organización. A las 11 pm comisiones de Poliaragua y CICPC acudieron a un local de Barbacoas ante las denuncias sobre un grupo que celebraba en una licorería exhibiendo sus armas de alto poder. Se inició un enfrentamiento de más de media hora en el que los agentes de la policía regional tuvieron que huir y abandonar una patrulla pues se les acabaron las municiones. Los de la policía judicial tuvieron que pedir refuerzos en Villa de Cura. Para ese momento, los antisociales se habían apoderado de una ambulancia con la finalidad de llevar a tres de sus compinches heridos hasta el hospital de San Juan de los Morros, donde finalmente los detuvieron. Otros huyeron en la patrulla policial, y la quemaron. En el proceso, dos miembros atacaron a tiros la estación de policía regional en Barbacoas.
A partir de entonces, la Brigada de Acciones Especiales de CICPC inició una cacería. Pero contrario a la banda de Martínez Ojeda, los de Picure se mueven con facilidad por las selvas de Aragua y Guárico. En un enfrentamiento el 13 de julio hirieron al oficial de la policía de esa región Yosward Efrén Abaruyo, de 25 años. La semana siguiente, mataron en una emboscada al inspector de CICPC Reny Jesús Mejías, de 35 años. La lista de funcionarios víctimas de esta organización se engrosa con el comisario de policía judicial José Luis Ramos, de 41 años de edad, herido el 6 de abril en El Sombrero.
Luego, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Miguel Rodríguez, ordenó la conformación de un "bloque de búsqueda" para atender el caso. Este grupo, sin duda alguna, dará qué hablar en las próximas semanas. Una de las preguntas clave es quién facilitó a sus miembros las armas y municiones que con tanto orgullo exhiben cada vez que posan ante una cámara. Allí hay de todo.

Breves

*El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Miguel Rodríguez Torres, removió de su cargo a la secretaria general del Consejo General de Policía, Soraya El Achkar, quien ahora se dedicará exclusivamente a la rectoría de la UNES. Con esta decisión el ala "civilista" en materia de seguridad ciudadana dentro del Gobierno perdió a una de sus más notables representantes.

*La semana pasada se notificó sobre la intervención de la policía del municipio Baralt, en Zulia, consecuencia de reiteradas violaciones a los derechos humanos, según reza la resolución del MRI. Este hecho llama la atención. Se trata de la primera noticia al respecto en cuanto a esa policía. En todo caso, ya hay una agenda de medidas similares para el resto del país. La escogencia de este autodenominado "municipio socialista" fue por razones netamente tácticas. El viceministro del Sistema Integrado de Policía, general de división retirado (GN) Marcos Rojas, me indicó que lo hicieron así para evitar comentarios sobre algún sesgo político en las intervenciones. Ya vendrán más cuerpos de seguridad en localidades que como Amazonas son gobernadas por opositores. Una está en Anzoátegui.

*Agentes de la División contra la Delincuencia Organizada de CICPC apresaron en el antiguo Anauco Hilton, hoy convertido a Venetur, a una mujer de 35 años de edad que se hacía pasar por viceministra para las Comunidades Indígenas, Aida Gutiérrez. La mujer fue detectada pues acumuló una deuda de medio millón de bolívares con el hotel, luego de vivir a sus anchas en una suite de esa instalación durante dos meses, junto a una comitiva de 18 personas. En este grupo, el "asesor legal" del ficticio despacho era Gerson Carpio, hombre conocido para la policía judicial pues fue uno de los 27 detenidos por la matanza de estudiantes en el barrio Kennedy de Macarao, en junio de 2005. Entonces, estaba en la nómina de la Dirección de Inteligencia Militar. Ocho años después, otra vez en la calle.

*Mal momento pasó el ganadero zuliano Neuro Chacín, secuestrado en Perijá. En primera instancia, el hombre aprovechó un descuido de sus captores para huir corriendo. Luego de horas de marcha sin parar fue auxiliado por una comunidad yukpa. Mientras le daban comida, los aparentes filántropos notificaron a los plagiarios. Chacín quedó de nuevo en cautiverio. Para su suerte, este lapso permitió a un comando unificado hacer presión sobre sus captores para que lo soltaran el 26 de julio.

jueves, 1 de agosto de 2013

País al revés

Venezuela es un país al revés. Aquí sí es posible que los ratones persigan a los gatos y que la carreta esté adelante del burro.
La semana pasada, asistimos a un episodio que corrobora esta convicción. Comenzó con un procedimiento de rutina por parte de dos oficiales rasos de la Policía Nacional en la Cortada de Catia. Los agentes sospecharon de un sujeto al verlo pasar en un automóvil frente al punto de control donde hacían guardia. Uno de ellos le preguntó si estaba armado y dijo que no. Luego de una inspección hallaron una pistola Beretta FS92 calibre 9 mm, serial P533703Z, solicitada por robo de vehículos en los Valles del Tuy.
Al verse descubierto, Jonathan Alexander Giménez Vaamonde, de 27 años de edad, advirtió que formaba parte del colectivo José Leonardo Chirinos, que opera en la Zona F del 23 de Enero. Es uno de los ocho principales grupos armados que hacen vida en esa parroquia.
Los oficiales detuvieron a Giménez para iniciar un expediente por porte ilícito de arma de fuego. Esto ocasionó una reacción no sólo de los miembros de su grupo sino también de otro que opera en Lídice, Waraira Repano.
Más de 200 personas, algunas de ellas armadas, encapuchadas, con motos o a pie, bloquearon los accesos de la estación Sucre de la Policía Nacional, exigiendo la liberación del detenido. No hablamos de una zona rural y alejada de la civilización, sino de la instalación donde nació el cuerpo policial.
Esta situación se prolongó por horas en una de las principales arterias viales del oeste caraqueño. El asedio fue claro, mucho más que los esgrimidos por la Fiscalía para elaborar los expedientes sobre la supuesta violencia contra centros de salud integral luego de las elecciones del 14 de abril, por cierto desmentidos gracias a inspecciones in situ de la organización no gubernamental Provea.
Sin embargo, se perdió una preciosa oportunidad para enviar un mensaje a estos grupos, en el sentido de que no se permitirán sus actividades violentas. Las autoridades, por el contrario, negociaron temerosas una paz que le permitió a Giménez salir en libertad luego de su presentación ante los tribunales. Una diligente medida cautelar, entre medianoche y gallos nos indica además que el Poder Judicial sigue alineado al Ejecutivo.
Polinacional bajo asedio
También el Poder Moral. La Fiscalía, tan diligente cuando se trata de perseguir a la oposición, ha guardado un silencio cómplice en torno a este caso, confirmando así que guía sus decisiones según el principio de la selectividad represiva.
El impacto simbólico de este episodio va más allá. Vacía de autoridad al gobierno de Nicolás Maduro y confirma que el supuesto plan para el desarme de la población no es más que propaganda.

Breves

*El asedio a Polinacional también forma parte de un proceso continuado de pérdida de autoridad por parte de las instituciones formales del Estado. En este caso, no solo se trata de colectivos armados. Funcionarios, patrullas o instalaciones de ese cuerpo han sido atacados por lo menos cuatro veces desde junio. Los incidentes han sido reportados en Ciudad Caribia, el bulevar de Sabana Grande e incluso en la estación Agua Salud del Metro, donde intentaron quitarle el arma a un uniformado y caerle a batazos.

*En su último informe anual, Provea señaló que la FAN rebasó a CICPC como la institución más denunciada por torturas durante los últimos años. En diciembre de 2012 sus efectivos casi matan a un civil en Puerto Ayacucho, mientras trataban de extraerle una confesión incriminatoria en una pesquisa sobre el supuesto hurto de 2 fusiles AK-103. El Ejército al parecer ha seguido su ejemplo con el asesinato de un hombre señalado por tráfico de combustible en Táchira, el 10 de julio. Las señales están ahí. El problema es que pocos quieren verlas.

*El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz inició la intervención de la Policía de Amazonas. Para justificar la medida se argumentó que esa institución omitió reiteradamente las recomendaciones impartidas desde 2011 por el grupo de asistencia técnica. También se ha señalado que hay más de 140 denuncias por supuestas violaciones a los derechos humanos. En la práctica, uno de los tres gobernadores opositores del país pierde el control de su policía. Es otra prueba más de la selectividad represiva del Estado. Sin entrar a analizar lo pertinente de la decisión, otros cuerpos de seguridad han sido objeto de graves denuncias. Desde mayo, la Policaracas de Jorge Rodríguez ha sido señalada por albergar a grupos de asaltantes y secuestradores. Desde el robo grosero a turistas en Capitolio hasta la extorsión a supuestos traficantes de drogas. Pero esa no se toca.

 *Al cierre el ministro de Turismo Andrés Izarra anunció que iniciarán una campaña para informar a los visitantes cuáles son las áreas de riesgo del país en cuanto a la incidencia criminal. Mejor sería indicarles con precisión en qué parte de la geografía estarán a salvo de asaltantes, secuestradores y militares matraqueros como los que protagonizaron el relato del deportista español Isra García. Por lo demás, Venezuela figura como territorio de alto riesgo en el mapa mundial de los destinos turísticos para los ciudadanos de los países desarrollados, que son precisamente los que interesaría atraer.