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domingo, 14 de julio de 2013

Cinco temas, una columna

Twitter: @javiermayorca

*En esta edición vamos con cinco temas. El primero tiene que ver con la ola de muertes por supuestos “enfrentamientos” o resistencias a la autoridad. Desde que comenzó el plan Patria Segura, es decir en poco más de cinco semanas hemos tenido en Caracas 43 casos. Dos con participación militar. Los demás han corrido por cuenta de la policía judicial. Son acciones quirúrgicas que hacen recordar a los días previos a la masacre en Kennedy del año 2006, cuando mataron por “error” a tres estudiantes de Administración de la Universidad Santa María. En aquella oportunidad, el mayor peso de los crímenes recayó sobre un grupo de agentes de la Dirección de Inteligencia Militar, con la complicidad y el encubrimiento de CICPC. Ahora, los del cuerpo de investigación hacen el “trabajo sucio” completo. Uno se pregunta si eso traerá más paz o seguridad a la ciudadanía. O si en el fondo estamos ante una gran vendetta, en la que los policías aprovechan para saldar viejas cuentas. Liliana Ortega, representante de Cofavic, asegura que en estos casos la investigación posterior es poca o inexistente. De manera que rara vez se puede distinguir entre un intercambio real de fuego entre agentes y hampones, o si en realidad lo que hay es una ola de asesinatos a manos de uniformados.

 *Al cierre las autoridades guatemaltecas preparan la repatriación a Caracas de los restos del venezolano Elio Brito Laricchia, uno de los ocupantes de la avioneta estrellada el 28 de junio en Ixchiguán, Guatemala, procedente de México. El hombre de 30 años de edad, según fuentes policiales, coordinaba de los bombardeos de drogas en las costas orientales del país para un grupo de traficantes mexicanos que posteriormente llevaba los alijos a Centroamérica. El siniestro se produjo por un aparente descuido del piloto mexicano, quien se estrelló contra un cerro en medio de las nubes. El grupo de seis personas iba en un vuelo no reportado hacia Panamá, donde supuestamente harían escala camino a Venezuela. La prensa guatemalteca reportó la semana pasada que ningún familiar se había acercado a reclamar alguno de los cadáveres, por temor a los interrogatorios. Además de los pasajeros, la aeronave iba con seis millones de dólares en efectivo.

*La policía judicial capturó la semana pasada a uno de los autores materiales del asesinato del cacique yukpa Sabino Romero. A este crimen ocurrido el 3 de marzo dedicamos una de las columnas anteriores. La policía judicial sostiene que todo fue por una venganza de hacendados zulianos contra quien consideraban el coordinador de las invasiones de los últimos años, especialmente la de un fundo llamado Las Flores. Angel Romero Bracho, alias Manguera, fue uno de los tripulantes de la moto desde la que le dispararon al líder indígena. Fue detenido y llevado a Caracas. Simultáneamente, agentes de Antiextorsión y Secuestros solicitan la detención de dos hijos de Romero por estar supuestamente implicados en el plagio de un ganadero, poco después del referido asesinato. La divulgación de esta información por quien escribe estas líneas ocasionó indignación en organizaciones no gubernamentales, que ven una especie de vendetta policial contra los deudos del yukpa.

Aún falta parte del audio
*La divulgación de la parte restante del audio del exconductor de La Hojilla, Mario Silva, se ha convertido en una papa caliente para la oposición. Las razones suministradas extraoficialmente para esta tardanza han sido muchas y todas ellas poco convincentes. Se han deslizado tres fechas para que el diputado Ismael García de a conocer el contenido de esta conversación, y nada. Se ha rumorado que Silva plantea en esa conversación la necesidad de asesinar al presidente del Parlamento, teniente retirado Diosdado Cabello, y endilgarle este crimen a la oposición. Todo parece ser una gran olla. Para darle sustento, el 3 de mayo representantes de la dirección de Contrainteligencia Militar se reunieron con miembros de los cuerpos de seguridad del estado Táchira para alertar sobre una conversación telefónica captada en el centro comercial El Tama de San Cristóbal, donde un hombre supuestamente anunciaba que atentarían contra el gobernador de esa entidad José Vielma Mora y contra el propio Cabello, en represalia por el ataque en el hemiciclo de la Asamblea Nacional contra Maria Corina Machado. En la reunión los militares bajo el mando del mayor general Hugo Carvajal presentaron incluso dos fotos del sujeto de marras, de 55 años de edad, tomadas mientras revelaba estos planes a través de su celular.

*Para el jueves de la semana pasada, representantes de los poderes Ejecutivo y Moral, respectivamente el canciller Elías Jaua y la fiscal general Luisa Ortega, habían repudiado la negativa de España y Francia de permitir el aterrizaje del jet en que iba el presidente boliviano Evo Morales, por temor a que llevara como pasajero al exagente de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) estadounidense Edward Snowden, quien permanece como huésped del gobierno ruso. Llama la atención cómo se reacciona en el foro internacional con respecto a decisiones que esas mismas personas avalan en lo interno. Si la vida de Morales corrió peligro por la negativa de permitirle aterrizar, también ocurrió durante la campaña presidencial con Henrique Capriles, a quien le impidieron llegar a dos aeropuertos y tuvo que buscar un tercero de emergencia. En el plano internacional, el 13 de febrero las autoridades venezolanas impidieron que pasara por cielo nacional el jet del Emir de Qatar, un Airbus siglas A7-HHH. Ante estas inconsistencias, uno recuerda aquél refrán: luz en la calle, oscuridad en casa.


sábado, 6 de julio de 2013

Coronar la impunidad

Twitter @javiermayorca

El sábado 15 de junio, el presidente en ejercicio Nicolás Maduro puso el ejecútese a la Ley para el Desarme, el Control de Armas y Municiones. Con esto viene a reemplazar una norma vigente desde 2002, cuya aplicación en el país fue escasa o nula. Prueba evidente de ello son los crecientes índices de homicidios con armas de fuego en el país. Para 2012, 92% de los crímenes reportados en Venezuela fue cometido con una pistola, un revólver, una escopeta o un fusil.
Nada hace pensar que la nueva ley modificará esta realidad de manera sustantiva. Como tampoco han servido las leyes especiales contra el secuestro, el robo y hurto de vehículos, la violencia contra la mujer, etc. "El problema de las muertes con armas de fuego no es de leyes sino de actitud", me comentó el criminólogo de la Universidad de Los Andes Freddy Chacón, quien realiza un estudio comparativo para explicar por qué países con mayor proporción de armas en el mundo, como Estados Unidos o Israel, tienen apenas una pequeña fracción de los homicidios que hay en Venezuela.
Esto debe decirse claramente: el problema de la violencia no es mundial. Ni siquiera latinoamericano, aunque se debe reconocer que en esta parte del mundo hay naciones que figuran en el ránking de las más peligrosas como Honduras, Jamaica, El Salvador y desgraciadamente Venezuela. Pero en países del Cono Sur, donde por cierto hay sólidas industrias armamentistas, la tasa de homicidios es relativamente baja y tolerable. Perú tampoco figura en el mapa mundial de la violencia. En fin, aunque la preocupación por el tema es creciente, las estadísticas crudas y puras reflejan otra realidad.
Colectivos desnudan discurso oficial
En Venezuela, además, hay una gran disparidad entre el discurso y las acciones. El Gobierno por una parte pide el desarme y por la otra se hace de la vista gorda ante los denominados "colectivos" que se apoderaron de importantes zonas de Caracas y del interior del país, imponiendo su ley. En una visita realizada la semana pasasa se pudo constatar que el 23 de Enero es un lugar sin policías. "Aquí no viene Polinacional, y la GN sólo cuando la llamamos", indicó un exjefe civil de la parroquia, que pidió la reserva de su nombre.
Esto ocurre en la antesala del Palacio de Miraflores. Desde el sector más oriental del 23 de Enero se puede lanzar una piedra y cae en el patio de la sede del Poder Ejecutivo. No obstante, nada se hace por recuperar el imperio de la ley. Esta realidad choca con el discurso oficialista, lo descalifica y le quita todo contenido y credibilidad. El desarme, entonces, queda como consigna a aplicarse sólo a una parte de la población. Las normas, nuevamente, tendrán una ejecución diferenciada. Estamos ante una nueva constatación del principio de "selectividad represiva". 14 años ya es mucho tiempo como para no aprender.
Si estuviésemos ante un proceso real de rescate de la institucionalidad y la paz, podría pensarse que la amnistía para la entrega de armas de fuego es una oportunidad para disminuir la violencia imperante en el país. Pero en este marco sólo representa una oportunidad más para que el hamponato corone su impunidad: el arma entregada será destruida sin reseña ni experticias. Es el paraíso de los homicidas. El crimen perfecto.

Breves

*La Coordinadora Simón Bolívar divulgó una carta enviada por el llamado "cantante de las FARC" Guillermo Torres,alias Julián Conrado, al presidente Nicolás Maduro para solicitarle que lo ponga en libertad y le conceda asilo político. Torres está detenido desde 2011, debido a una solicitud cursada por Colombia a través de Interpol. Tanto la fiscal Luisa Ortega como miembros del Consejo de Estado se han pronunciado en contra de la deportación o extradición del guerrillero, quien le sugirió a Maduro enviarlo a Argentina, Uruguay, Nicaragua o Cuba, si es que el asilo se considera inconveniente por "razones diplomáticas". Venezuela participa en las conversaciones de paz entre la guerrilla más antigua de Latinoamérica y el gobierno de Santos en La Habana. Lo hace a petición de las FARC.
*Luego de la liberación en el Cabo de la Vela de dos turistas españoles fuentes policiales advierten sobre la existencia de una banda binacional conformada por miembros de etnia wayúu, que aprovecha las divisiones fronterizas para secuestrar tanto en Colombia como en Venezuela, y enviar a las víctimas al otro lado de la línea limítrofe, e igualmente escapar de la persecución de las autoridades. Esto hace que se prolonguen los lapsos de cautiverio.

*El 18 de junio, la División contra la Delincuencia Organizada de la policía judicial inició una averiguación por supuesta estafa atribuida a la empresa Vialidad y Construcciones Viaconsca, luego de recibir la correspondiente denuncia de la firma brasileña Lena Engenharia e Construccoes CA, representada por Antar Zatar Muna. El señalamiento indica que la compañía venezolana se habría apropiado de 6,22 millones de bolívares bajo "engaños,artificios y artimañas". Estos fondos pertenecen a la Gran Misión Vivienda Venezuela.