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martes, 28 de mayo de 2013

Llegaron para quedarse




Twitter: @javiermayorca

El lunes de la semana pasada Venezuela presenció la activación del vigésimo primer plan de seguridad implantado por el Gobierno desde 1999, cuando asumió el teniente coronel retirado Hugo Chávez.
Patria Segura, en esta fase, implica el despliegue de 3000 militares del Ejército, la Guardia Nacional y la Milicia Bolivariana en cinco parroquias del Distrito Capital. Otros 30.000 han sido movilizados a 6 regiones. Eso para comenzar, pues ya los propios uniformados saben que poco a poco la FAN será incorporada de lleno en labores de seguridad ciudadana. Pasarán los seis meses anunciados por el mandatario como límite del plan,y ellos seguirán allí, plantando alcabalas y verificando que los ciudadanos comunes tengan sus documentos en regla.
Ejército en la calle ¿6 meses?
La puesta en marcha de este plan implica sin embargo la aceptación tácita de la tremenda crisis de criminalidad que vive el país. Esto tiene consecuencias directas en la inseguridad de la población. Venezuela, indica una encuesta realizada recientemente por la firma Gallup, es el país del mundo donde la gente tiene más miedo de salir a la calle (74%).
Maduro, desde luego, trató de justificar su decisión con un matiz político: dos de las cinco parroquias donde fueron emplazados los soldados están en el estado Miranda, gobernadas respectivamente por el líder opositor Henrique Capriles y el director de su última campaña, el alcalde de Sucre Carlos Ocariz.
De las otras tres parroquias, que de hecho ocupan la mayor porción de soldados, nada se habla. Pero no se crea que Antímano, El Valle y El Recreo estás desprovistas de policías. En todas hay amplios contingentes de la Policía Nacional, la Guardia Nacional y la Policía de Libertador. El efecto que tienen allí los militares del plan Patria Segura es permitir la concentración de las otras policías en áreas más pequeñas y fáciles de controlar.
En la práctica, este plan representa una continuación del Dispositivo Bicentenario de Seguridad, instaurado por Chávez en 2011. A pesar de todas las prédicas sobre la existencia de una Constitución garantista, no se observa uno de los principios establecidos en ella, como es la asignación de los asuntos de seguridad ciudadana exclusivamente al poder civil.
Un argumento similar manejaron en el México de Felipe Calderón para sacar a las fuerzas militares a luchar contra las organizaciones criminales: hay una situación de emergencia que llega incluso a desestabilizar el sistema político. A partir de allí ambas situaciones se diferencian. En aquél país, por ejemplo, los mecanismos de verificación y control ciudadanos están mucho más consolidados. Los consejos de Derechos Humanos llevan el pulso a la situación, y han logrado denunciar los excesos de los militares en su accionar. En Venezuela, los militares no se sienten obligados a informar sobre sus ejecutorias, y esto abre un margen de actuación muy peligroso.
Venezuela ya tiene larga en cuanto a la actuación de los militares en cuestiones de seguridad ciudadana. La conclusión es que poco o nada han logrado con la finalidad de disminuir la violencia. Esta, por el contrario, se ha mostrado refractaria a cualquier emplazamiento o táctica de saturación, como la que se plantea en este momento. Cuando Chávez llegó al poder, en 1999, la cifra de homicicios estuvo en aproximadamente 6500 para todo el país. En 2012 fueron 16000. Ahí están los resultados, y sin embargo insisten en las mismas fórmulas, destacando pequeños éxitos sin visualizar el gran cuadro del país que señala un profundo deterioro de la seguridad ciudadana.
Finalmente, mucho se ha dicho en cuanto a lo que este plan representa como mecanismo de control social y político. ¿Realmente, los militares reprimirán al pueblo si éste sale a las calles en una reproducción del Caracazo de 1989? Creo que no. Por el contrario, en una situación como esa quizá afloren los resentimientos hacia el estamento político cubanizado durante los últimos tres lustros.

Breves

*Al cierre de esta edición Ligia Bolívar, representante del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, llamó la atención sobre el asesinato el miércoles 15 de mayo de Roni Barrios, de 17 años de edad, miembro de una familia diezmada en el estado Aragua. Este, de hecho, ha sido el décimo homicidio sufrido por los integrantes de ese grupo. En la mayoría de los casos se ha comprobado la participación de miembros de las fuerzas policiales de esa región. El caso de la familia Barrios fue objeto de consideración por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en noviembre de 2011 declaró la responsabilidad del Estado Venezolano por la ejecución extrajudicial de dos familiares de Roni Barrios, así como también por la falta de aplicación de las medidas cautelares decretadas por esa instancia al resto de los miembros de la familia.

*Miembros de la etnia wayú y empleados de la alcaldía de Paguaipoa bloquearon recientemente la troncal del Caribe para protestar por el robo de vehículos oficiales y su traslado al otro lado de la frontera, en Cúcuta, donde supuestamente son usados con total impunidad. Una situación similar a ésta origió un escándalo durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, gracias al informe emitido por el comisario de la extinta Disip Ramón Iglesias, quien concluyó que los vehículos robados en Venezuela eran legalizados por autoridades corruptas de la Guajira, con la complicidad del cartel de drogas de esa región.

domingo, 12 de mayo de 2013

La partera de la historia



Twitter: @javiermayorca

El presidente en ejercicio Nicolás Maduro inició su administración aplicando un estilo que alguna vez intentó su predecesor Hugo Chávez: el gobierno itinerante, de calle. Uno de sus primeros gabinetes móviles lo llevó a cabo el jueves 2 de mayo en Los Teques, estado Miranda.
El acto tuvo más bien un valor simbólico, pues fue poco lo que realmente se decidió durante su desarrollo. Ya todo estaba "cocinado", por decirlo de alguna forma. Pero al fnal transmitió el mensaje de que Miraflores quería instalarse en la casa de gobierno del opositor Henrique Capriles.
Como era de esperarse, uno de los temas tratados fue el control de la violencia criminal. Miranda, es cierto, se disputa con el Distrito Capital el primer puesto entre las regiones más violentas de un país que según Naciones Unidas está entre los cinco más violentos del mundo. Entonces no es poca cosa.
Es por esto que el tema ameritaría de parte del Primer Mandatario un tratamiento más serio. En las actuales circunstancias nadie en el país está en capacidad de afrontar la criminalidad sin juntar esfuerzos con los demás niveles de gobierno. Pero Maduro, con su estilo pugnaz y contradictorio, dicta la pauta de la división.
Comenzó mal. Sus primeras promesas de campaña tuvieron que ver con el tema de la seguridad, y aún no las ha cumplido. El plan de desarme voluntario y anónimo está listo, pero él no lo aplica acaso porque muy en el fondo no cree en eso, y prefiere hacerse el loco. Sobre Maduro pesa la contradicción tremenda de que lograr la paz en Venezuela realmente no le conviene. Solamente las tensiones, el enemigo común, sirven como elemento unificador en ese saco de gatos que actualmente es el oficialismo.
Borges, una de las víctimas
¿Cómo pedir la paz y el desarme cuando los legisladores llamados a aprobar tales iniciativas tienden emboscadas a los opositores en el propio hemiciclo del Parlamento?
La violencia, por lo tanto, no es un elemento casual en el actual estamento político. Es consustancial. Viendo lo sucedido a los diputados Maria Corina Machado, Julio Borges, Américo de Grazia e Ismael García uno llega a la conclusión de que la violencia será, una vez más, la partera de la historia venezolana.

Breves

*Dos hombres y una mujer son presentados ante los tribunales de control por el asesinato del corredor de bolsa Luis Alejandro Pulgar Corao, ultimado en su propia casa de Altamira en septiembre del año pasado. La parálisis de esta averiguación propició la destitución del jefe de Homicidios, comisario Jesús Ollarves. Uno de los detenidos es un inspector de la sección antiterrorista de la propia central policial. El caso apunta a un complot para cobrarle a Pulgar una cuantiosa deuda en dólares. Curiosamente, las detenciones ocurren casi inmediatamente después de la transferencia del comisario Luis Karabín desde la subdirección de la policía judicial a la dirección de la Policía Nacional.

*Con los cambios en la directiva de CICPC nuevas órdenes han fluido a las partes bajas de la jerarquía institucional. Una de ellas es que los casos "sensibles" sean notificados de inmediato por toda la cadena de mando. Esto incrementa las posibilidades de un control político temprano sobre tales expedientes. La directriz fue divulgada al conocerse las discrepancias entre las conclusiones de las pesquisas policiales y las versiones oficiales dadas a conocer en torno a los supuestos "mártires" del 15 de abril. Muchos de ellos, según determinaron las averiguaciones policiales, en realidad fallecieron en ajustes de cuentas o riñas con personas de su misma tolda política.

*Mucho descontento en las filas de la Policía Nacional. Dos razones: por una parte la directiva aún no se ha puesto al día en el pago de beneficios extrasalariales tales como cestatickets e incremento en la cobertura del seguro. Por el otro, los agentes están sometidos a una creciente presión política, como el resto de los empleados públicos. La semana pasada, nueve de ellos fueron presentados a los tribunales por haber controlado los desórdenes propiciados por un colectivo que opera entre el 23 de Enero y Catia, llamado Ho Chi Min.

*La Fiscalía designó a un funcionario para coordinar las pesquisas sobre la muerte del periodista Johny González, de 33 años de edad, ultimado con tres tiros cuando salía de la nueva sede de la Cadena Capriles en La Urbina, el viernes a la 1:55 am. El colega de la fuente deportiva (cubría boxeo) había terminado su guardia y se dirigía a su residencia. Cuando circulaba por la calle 4 de la referida urbanización fue interceptado por hampones en un automóvil y una moto, con la aparente intención de robarlo o secuestrarlo, aunque no se descartan otros móviles. Su cadáver quedó en el interior del Ford Fiesta Power. Paz a sus restos y mis condolencias más sentidas a todos sus familiares. La inseguridad, de la que siempre hablamos, en estos casos adquiere un cariz mucho más personal, cercano y aterrador. Esperemos que González y sus deudos tengan, por lo menos esta vez, la posibilidad de que se haga justicia.