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domingo, 27 de enero de 2013

Un fracaso llamado desarme



Twiter: @javiermayorca

La Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme terminó sus funciones en diciembre sin pena ni gloria. El propio Gobierno y sus partidarios conspiraron para que así fuera. Más allá de la propaganda, los hechos se han encargado de poner en evidencia esta realidad.
El principal objetivo de la institución era la aprobación de una reforma a la Ley Desarme vigente desde agosto de 2002. La tarea parecía relativamente fácil debido al consenso predominante en toda la sociedad sobre la necesidad de imponer controles al flujo de armas y municiones en el país, especialmente en el medio criminal. El propio Gobierno impidió que la nueva norma fuese sancionada, al introducir un proyecto de ley distinto al que había elaborado la comisión parlamentaria encabezada por miembros del Psuv. El problema de fondo era (y es) que muchos miembros del oficialismo no estaban (ni están) de acuerdo con el desarme.
Barra Bar: cierre obligado
Cuando era evidente que la ley no sería sancionada, la Comisión promovió a través del Miniserio de Relaciones Interiores un conjunto de resoluciones que esencialmente restringen el comercio y el porte de armas. Gracias a ellas nos encontramos con situaciones insólitas. Por una parte, los empresarios privados deben correr con el costo de prevenir e impedir el paso de armas en locales donde haya reuniones públicas o consumo de bebidas alcohólicas. Si no lo hacen se arriesgan a ser clausurados, tal y como sucedió el año pasado en los casos de las discotecas Nikki Beach y Barra Bar. En el segundo episodio, reportado el 30 de diciembre, los hombres armados se abrieron paso a tiros desde la calle con la intención de matar a dos clientes presuntamente vinculados al comercio de drogas.
En todo caso, está bien que los promotores de espectáculos así como los dueños de bares y restaurantes restrinjan el acceso de personas armadas. Pero lo realmente absurdo es que el Gobierno no haya tomado previsiones para imponer esta misma regulación en sus propias instalaciones. Allí debieron aplicar los planes piloto. Allí debían medir las dificultades antes de imponer una norma al resto del colectivo. Los liceos, por ejemplo, habrían sido excelentes para tal fin. Con un poco de sentido común hubiesen prevenido la matanza de una estudiante de quinto año de bachillerato en el patio del plantel Andrés Bello, uno de los más grandes y emblemáticos de Caracas. Los ejecutores del crimen fueron tres estudiantes, dos de ellos de apenas 15 años de edad y el otro un año mayor, que querían saldar a tiros una disputa pasional. Sin problemas introdujeron una pistola en la instalación educativa. En las pesquisas, además, trascendió que desde hace tiempo allí operan a sus anchas bandas armadas.
Otro fracaso más. Pero eso no importa. "El show debe continuar"...

Breves

*Gran revuelo causó en diciembre el avistamiento en el centro comercial Caribbean Mall de Lecherías de un importante líder de la organización separatista vasca ETA José Ignacio de Juana Chaos, quien es buscado en España desde 2008 luego de violentar las restricciones de una medida de libertad bajo palabra. No será el primer integrante de este grupo que se oculta en la región oriental del país. El hombre de 58 años de edad se habría asentado junto a su compañera sentimental, gracias al apoyo de los expatriados etarras en Anzoátegui y Sucre. Un informe del Servicio Bolivariano de Inteligencia elaborado en octubre de 2010 señala la necesidad de mantener la vigilancia sobre los miembros conocidos de ETA en el país para llegar a De Juana. Muchos de los etarras acogidos en el país en 1989 luego de las conversaciones de Argel han violentado durante el gobierno de Chávez una de las normas básicas que les impuso el Estado venezolano: mantenerse alejados de toda actividad política. El ejemplo más patente es Arturo Cubillas Fontán, enlace entre los etarras y la guerrilla colombiana solicitado en extradición por la Audiencia Nacional española.

*La semana pasada, el líder del ala chavista del Movimiento Revolucionario Tupamaro, Alberto Carías, alias el Chino, reiteró en la entrevista para un semanario su disposición de hacer armas contra la oposición si desconocen el gobierno de Chávez, o a quienes digan gobernar en su nombre. Se debe recordar que Carías fue Director de Seguridad de la Alcaldía Mayor durante la gestión de Juan Barreto. El periodista español que escribe con el alias de Antonio Salas relata en el libro El Palestino cómo Carías era uno de los encargados de dar logística y entrenamiento a los grupos armados del 23 de Enero. Sus relaciones con ETA y extremistas del Oriente Medio quedaron al descubierto gracias al trabajo de infiltración realizado por Salas.

*La policía judicial señala como principal autor del asesinato de dos guardias nacionales en la vía de Capacho, Táchira, al líder de Los Rastrojos en esa entidad Walter Raúl Silva, alias Cara é Vieja. Los militares fueron ultimados a tiros en el interior de un vehículo el 28 de diciembre. En este caso resultó herida una efectiva de ese componente militar. En su testimonio a los pesquisas, señaló que sus compañeros estaban tras la pista de Silva. Es de presumir entonces que el jefe paramilitar conocía la situación gracias a una filtración. No será la primera vez. En abril de 2012 el agente de CICPC Oswaldo Francisco Rojas fue enjuiciado por encubrir a Silva con motivo de las averiguaciones sobre un cuádruple homicidio ocurrido tres meses antes en el barrio La Guajira de Ureña. En esa oportunidad las víctimas fueron ultimadas con tiros de fusil AK-47.

*Imposible terminar esta columna sin dedicar algunas líneas a la incertidumbre política generada por la prolongada ausencia del Presidente Electo. Esta situación profundiza la crisis institucional venezolana. Ocurre actualmente una clara usurpación del Poder Ejecutivo gracias al concurso de los otros poderes, especialmente del Judicial. Las masas chavistas, adormecidas gracias a la inmensa propaganda, no se dan cuenta de que defienden un régimen por el cual no votaron. El liderazgo opositor no hace esta denuncia con claridad, a la espera de un parte de defunción que no llega desde Cuba. Pero no señala lo que ya es evidente: Chávez no volverá a gobernar ¿Cuánto tardará el país en darse cuenta del engaño? Aunque esta columna no es para tratar temas políticos, todo periodista tiene un deber ético de oponerse a un régimen cuya ilegitimidad se hace cada día más evidente.

domingo, 13 de enero de 2013

Justicia callejera


Ojo por ojo se hace norma

Twitter: @javiermayorca

Cuando apenas faltaba un día para finalizar 2012 ocurrió en un barrio de San Cristóbal la matanza de tres personas. El caso conmocionó a los habitantes de la capital tachirense, toda vez que una de las víctimas fatales fue una niña de apenas seis años de edad, que luchó contra la muerte durante tres días, a pesar de que había recibido doce disparos. Además, hubo otros tres heridos, niños de 2, 3 y 4 años de edad, respectivamente.
Este caso podría ser tomado como una fiel representación de la forma como se están resolviendo las cosas en la Venezuela actual, donde prevalecen los "mecanismos alternativos de justicia" de los que habló el Observatorio Venezolano de la Violencia en un reporte emitido el mismo día en que ocurrió la masacre.
La tragedia comenzó cuando dos sujetos se bajaron de un Chevrolet Corsa y dispararon a mansalva contra los participantes en una fiesta que se desarrollaba en la vivienda 2-42 del referido sector de San Cristóbal. Dos hombres recibieron la mayoría de los disparos, Jesús Manuel Sánchez y Róbinson Fabián Moreno, de 27 y 23 años de edad, respectivamente. Ambos fallecieron de inmediato. La niña Yailin Rodríguez, de 6 años, murió posteriormente. Todo ocurrió a plena luz del día, lo que permitió a numerosos testigos ver cómo actuaban los asesinos, con las caras al descubierto.
Luego de las primeras entrevistas, la policía judicial los identificó plenamente: Atahualpa Junior Delgado y Albert Leonardo Anceno, de 23 y 20 años de edad, respectivamente.
Fue entonces cuando la justicia se hizo expeditiva. Los agentes aún no terminaban de elaborar la minuta con los nombres de los implicados cuando se recibió una llamada en la central de Emergencias. El 2 de enero, aproximadamente a la misma hora en que ocurrió la matanza, fue hallado en el Parque Metropolitano de la ciudad un automóvil con las mismas características que el usado para huir del sitio de la masacre. En su interior estaban los cadáveres de Delgado y Anceno, ejecutados con tiros de gracia por la nuca.
Hasta ese momento, las pesquisas sólo habían permitido la identificación plena de Delgado, alias Ata, pues había sido vecino de las personas a las que mató y tenía un defecto en el ojo izquierdo que facilitó su reconocimiento por testigos presenciales. Este hombre tenía registros por robo y porte ilícito de arma de fuego. Anceno fue señalado como coautor del hecho sin el debido sustento, gracias a datos supuestamente obtenidos por los pesquisas durante "investigaciones de campo".
Las averiguaciones sobre la masacre, sin embargo, quedaron desvirtuadas con el asesinasto de los supuestos autores, al mejor estilo mafioso. Probablemente, los deudos de la niña y los dos adultos crean que este fue el desenlace adecuado. Ojo por ojo. No obstante, quedan muchísimas preguntas pendientes. La primera, el motivo de la agresión que terminó con tres muertos y tres niños heridos, con sus vidas en vilo.

Breves

*Me llegó una denuncia sobre el negocio montado con la tramitación de dólares para miembros de delegaciones deportivas venezolanas. La información procedente de fuentes tribunalicias indica que una vez obtenida la visa requerida para viajar a EEUU una comisión del Instituto Nacional de Deportes se hace cargo de la tramitación de los dólares para las personas que no poseen tarjeta de crédito, que es la mayoría pues se trata de gente humilde. A los interesados les cobran 2750 bolívares por la gestión del cupo de viajero, que en este caso son 1700 dólares de los 3000 asignados para cada persona por año. En cuanto al cupo para compras por internet les cobran 1000 bolívares. Las divisas son entregadas en efectivo a representantes del IND, y éstos supuestamente también se quedan con un porcentaje. Las cosas han ido más lejos, pues hay personas dentro de la institución oficial que se ofrecen para hacer la gestión ante CADIVI y luego desaparecen.

*El año pasado el gobierno venezolano deportó a 20 personas con solicitudes de captura internacional. Estas expulsiones en su mayoría fueron hacia Colombia, aunque también hubo traslados a Brasil y Grecia. Con esta cifra suman 41 deportaciones en 2 años. La más notable, desde luego, ha sido la de Daniel Barrera Barrera, aka el Loco Barrera, señalado como el mayor traficante de cocaína hasta 2012. Colombia ofrecía 5 millardos de pesos a la persona que aportara los datos sobre su paradero. Otros golpes importantes como el de Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, comportaban pagos de hasta 5 millones de dólares. ¿Este dinero se quedó en Colombia?¿No hubo venezolanos beneficiados con el "tesoro" de estas capturas?

*2012 finalizó en Venezuela con una cifra oficial de secuestros similar a la del año precedente. No obstante, expertos como Fermín Mármol García señalan que la "denunciabilidad" del delito ha disminuido debido a la desconfianza de la población en los cuerpos policiales. La cifra real de plagios en el país, según sus cálculos, supera los 3000. Los registros oficiales revelan que ninguna región quedó exenta de este delito. Los plagiarios actuaron incluso en zonas como Delta Amacuro, donde se llevaron al papá de la gobernadora. Las pesquisas sobre este caso apuntan a grupos ligados a la guerrilla colombiana. Por supuesto, este dato nunca fue admitido públicamente por las autoridades